DS

DS son las siglas que se utilizaba en la jerga de la PBA / DIPBA (dirección de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), para catalogar a los luchadores.

Desde este espacio de discusión y difusión se intenta aportar material para un análisis comparativo sobre como en los distintos momentos de nuestra historia se denomino a los luchadores, se los demonizó y criminalizó mediante leyes que se fueron adaptando a medida de los actos y métodos de la protesta social.

La relación con la actualidad es innegable, con la ley antiterrorista y los conocidos informes de inteligencia que investigan a los sectores disidentes y en lucha.

En esta columna se realizaran informes, notas, comentarios, entrevistas, documentos, ilustraciones y otros elementos que ayuden a la construcción de la idea que tiene el Estado Argentino y su aparato represivo sobre el que lucha por sus derechos.

		HIJOS LA PLATA
Sobre el informe realizado por el EMVJ En un total de 2238 casos, los sectores más criminalizados fueron el sindical (31,6%) y los pueblos originarios (31,4%). Las organizaciones partidarias siguen con el 11,5%. El 63% de los reclamos sobre territorio y derecho al trabajo tienen como respuesta la represión, criminalización y hasta se suelen "resolver" con algun muerto del lado de los que manifiestan o exigen sus derechos. "En coincidencia con los datos reflejados en el punto anterior, queda evidenciado que estos conflictos que expresan la lucha por los derechos más elementales son aquellos a los que el Gobierno no ha dado respuesta en todos estos años, y sobre los que ha descargado con mayor crudeza su política de persecución y criminalización”, se señala en el informe. En 2221 casos que cuentan con datos específicos sobre el lugar donde ocurrió el conflicto, en 19 de las 24 provincias del país se criminalizó la protesta. La provincia y la ciudad de Buenos Aires concentraron el 48% de los casos registrados (1066), seguida por Río Negro (23,4%=520) y Neuquén (5,8%=129). En tan solo 8 años (periodo entre el 2003 al 2012) se condenaron 6-7-8 veces mas los "delitos" derivados de la protesta social que los CRIMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS DURANTE LA DICTADURA GENOCIDA. En cuanto a la investigación y procesados esta comparación da un total de mas de 4000 luchadores populares procesados y 167 organizaciones criminalizadas contra apenas 850 genocidas procesados en todo el país (derivado de los testimonios de los ex detenidos) sin ninguna investigación por parte de los órganos del estado. Recordando el período en que Néstor Kirchner estuvo en el poder y los años de mandato de Cristina Fernández, presidente por segunda vez, las organizaciones afirman que la impunidad continúa siendo una política de Estado y la criminalización de la protesta social una herramienta necesaria para sustentar el sistema que privilegia a pocos en detrimento de las necesidades de muchos. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes.

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