Participarán compañeros(as) de Argentina, Chile, Paraguay y Perú. Al finalizar la charla se hará un homenaje por el Día del Joven Combatiente (29 de marzo, Chile). Invita: Coordinadora de Solidaridad Entre Pueblos. En el aula E2 en el entrepiso, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Calle 48 entre 6 y 7 A las 20hs.
jueves, 28 de abril de 2011
COMUNICADO DE PRENSA
LOS VECINOS DECIMOS BASTA
Exigimos la desmilitarización del barrio y el traslado definitivo de la Subestación eléctrica Rigolleau a una zona no poblada.
Movilización y corte de vías por tiempo indeterminado en 14 y Lisandro de la Torre, Berazategui, el día jueves 28 de abril a las 8:00 A.M. Concentramos en la esquina de las calles 145 y 21.
La “justicia” ha decidido, descaradamente, respaldar los intereses económicos de la empresa multinacional Edesur con la complicidad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, ignorando los derechos humanos y los derechos constitucionales del pueblo argentino. Haciendo uso de las fuerzas represivas garantizadas por el Estado, la empresa, ha establecido un verdadero estado de sitio militarizando con mas de 400 policías el barrio desde hace 10 días, al mejor estilo de la dictadura militar.
La resistencia vecinal en las calles ha logrado pacificamente frenar esta obra durante 6 años, pidiendo el traslado definitivo de la subestación eléctrica Rigolleau a una zona no poblada, en defensa de la vida y de un medio ambiente libre de contaminación.
Por eso hoy más que nunca, habiendo agotado los vecinos todas la instancias legales, hemos decidido resistir hasta las últimas consecuencias este proyecto de muerte y enfermedad, que cuenta además con el respaldo de la Union Industrial de Berazategui, los intereses inmobiliarios de barrios privados y countris y por de la Empresa Rigolleau, quienes serán beneficiarios directos de esta subestación.
Esta lucha ha sido la lucha de toda una comunidad que ejerce su legítimo derecho a la vida y a una sociedad justa, entendiendo que sin salud no tiene sentido el progreso.
Convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales, religiosas, culturales y ambientales a unirse a esta lucha de los vecinos en su irrenunciable reclamo por la vida.
Exigimos el traslado definitivo de la subestación fuera de toda zona poblada.
Exigimos la desmilitarización del barrio.
No a la represión, fuera las patotas rentadas por las autoridades.
No a la criminalización de los reclamos sociales.
Hacemos responsables de cualquier incidente y todas las consecuencias que deriven de este conflicto, a la empresa Edesur y a las autoridades, a quienes demandamos por no cumplir con sus deberes de funcionarios: garantizar la salud pública y la seguridad de la población.
VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA
Exigimos la desmilitarización del barrio y el traslado definitivo de la Subestación eléctrica Rigolleau a una zona no poblada.
Movilización y corte de vías por tiempo indeterminado en 14 y Lisandro de la Torre, Berazategui, el día jueves 28 de abril a las 8:00 A.M. Concentramos en la esquina de las calles 145 y 21.
La “justicia” ha decidido, descaradamente, respaldar los intereses económicos de la empresa multinacional Edesur con la complicidad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, ignorando los derechos humanos y los derechos constitucionales del pueblo argentino. Haciendo uso de las fuerzas represivas garantizadas por el Estado, la empresa, ha establecido un verdadero estado de sitio militarizando con mas de 400 policías el barrio desde hace 10 días, al mejor estilo de la dictadura militar.
La resistencia vecinal en las calles ha logrado pacificamente frenar esta obra durante 6 años, pidiendo el traslado definitivo de la subestación eléctrica Rigolleau a una zona no poblada, en defensa de la vida y de un medio ambiente libre de contaminación.
Por eso hoy más que nunca, habiendo agotado los vecinos todas la instancias legales, hemos decidido resistir hasta las últimas consecuencias este proyecto de muerte y enfermedad, que cuenta además con el respaldo de la Union Industrial de Berazategui, los intereses inmobiliarios de barrios privados y countris y por de la Empresa Rigolleau, quienes serán beneficiarios directos de esta subestación.
Esta lucha ha sido la lucha de toda una comunidad que ejerce su legítimo derecho a la vida y a una sociedad justa, entendiendo que sin salud no tiene sentido el progreso.
Convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales, religiosas, culturales y ambientales a unirse a esta lucha de los vecinos en su irrenunciable reclamo por la vida.
Exigimos el traslado definitivo de la subestación fuera de toda zona poblada.
Exigimos la desmilitarización del barrio.
No a la represión, fuera las patotas rentadas por las autoridades.
No a la criminalización de los reclamos sociales.
Hacemos responsables de cualquier incidente y todas las consecuencias que deriven de este conflicto, a la empresa Edesur y a las autoridades, a quienes demandamos por no cumplir con sus deberes de funcionarios: garantizar la salud pública y la seguridad de la población.
VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA
Comunicado de prensa
Pacheco, 27 de abril de 2011
AGRESION A RAMON BOGADO
Esta semana fue agredido seriamente Ramón Bogado, dirigente de la lucha de Kraft del 2009, en la puerta de la fábrica. Debió ser atendido en la Clínica , por su gravedad.
Esta agresión es parte de una serie de amenazas que han recibido anteriormente Jorge Penayo y María Rosario. Es un plan de intimidación para impedir que se presenten en las próximas elecciones de comisión interna.
Es evidente que en el caso de Bogado, el agresor es instrumentado por alguien, que lo quiere sacar del medio, tanto por el actual conflicto de paritarias, como para impedir que se presenten en las próximas elecciones.
Repudiamos este hecho y nos solidarizamos con el compañero. Y llamamos al conjunto de los trabajadores a unirnos para impedir que se sigan produciendo hechos como este.
Para comunicarse:
Ramón Bogado: (011)15-69962538
Jorge Penayo: (011)15-57819365
César García: (011)15-54623025
AGRUPACIÓN 1º DE MAYO DE TERRABUSI Y DE LA ALIMENTACIÓN
Esta semana fue agredido seriamente Ramón Bogado, dirigente de la lucha de Kraft del 2009, en la puerta de la fábrica. Debió ser atendido en la Clínica , por su gravedad.
Esta agresión es parte de una serie de amenazas que han recibido anteriormente Jorge Penayo y María Rosario. Es un plan de intimidación para impedir que se presenten en las próximas elecciones de comisión interna.
Es evidente que en el caso de Bogado, el agresor es instrumentado por alguien, que lo quiere sacar del medio, tanto por el actual conflicto de paritarias, como para impedir que se presenten en las próximas elecciones.
Repudiamos este hecho y nos solidarizamos con el compañero. Y llamamos al conjunto de los trabajadores a unirnos para impedir que se sigan produciendo hechos como este.
Para comunicarse:
Ramón Bogado: (011)15-69962538
Jorge Penayo: (011)15-57819365
César García: (011)15-54623025
AGRUPACIÓN 1º DE MAYO DE TERRABUSI Y DE LA ALIMENTACIÓN
miércoles, 27 de abril de 2011
A 20 años, yo no me olvido de Walter!
Walter David Bulacio fue asesinado por agentes de la Policía Federal Argentina y se convirtió en un caso emblemático contra la brutalidad policial, llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bulacio se encontraba entre la concurrencia del recital que la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ofrecía el 19/05/91 en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. Una razzia del personal de la Seccional 35ª, a la sazón a cargo del comisario Miguel Angel Espósito. Bulacio fue retenido en la comisaría y saldría de allí a la mañana siguiente, rumbo al Hospital Pirovano. Le fue diagnosticado traumatismo craneano, y dijo al médico que lo atendió haber sido golpeado por la policía. Murió cinco días más tarde, la autopsia encontró huellas de golpe con objetos contundentes en miembros, torso y cabeza.
A 20 años de su asesinato, no hay culpables condenados.
Mucha tropa riendo en las calles
con sus muecas rotas cromadas
y por las carreteras valladas
escuchás caer tus lágrimas
...Nuestro amo juega al esclavo
de esta tierra que es una herida
que se abre todos los días
a pura muerte, a todo gramo.
-Violencia es mentir-
Bulacio se encontraba entre la concurrencia del recital que la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ofrecía el 19/05/91 en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. Una razzia del personal de la Seccional 35ª, a la sazón a cargo del comisario Miguel Angel Espósito. Bulacio fue retenido en la comisaría y saldría de allí a la mañana siguiente, rumbo al Hospital Pirovano. Le fue diagnosticado traumatismo craneano, y dijo al médico que lo atendió haber sido golpeado por la policía. Murió cinco días más tarde, la autopsia encontró huellas de golpe con objetos contundentes en miembros, torso y cabeza.
A 20 años de su asesinato, no hay culpables condenados.
Mucha tropa riendo en las calles
con sus muecas rotas cromadas
y por las carreteras valladas
escuchás caer tus lágrimas
...Nuestro amo juega al esclavo
de esta tierra que es una herida
que se abre todos los días
a pura muerte, a todo gramo.
-Violencia es mentir-
Los límites del testimonio.
Una y otra vez tienen que repetir experiencias terribles frente a sus torturadores, en causas que superponen torturas y aberraciones. El fiscal Crous, del Tribunal Federal Oral N0 4, logró que los testimonios de víctimas del Vesubio sean leídos. El problema de sentar “excepciones”.
por Alejandra Dandan
La pregunta atraviesa buena parte de los juicios de lesa humanidad: ¿es necesario que las víctimas vuelvan a contar lo que pasaron? Semanas atrás, a pedido del fiscal Félix Crous, el Tribunal Oral Federal N0 4 aceptó incorporar por lectura los testimonios de algunas víctimas del Vesubio que están con vida, pero no en condiciones de declarar por distintas razones. Eso es una excepción para la lógica penal, ya que el testimonio forma parte del derecho de un juicio justo para los acusados. Aun así, y pese al carácter excepcional, la decisión del TOF fue celebrada porque acelera un debate no sólo sobre el presente de los juicios sino sobre los que están por venir: las segundas partes de los juicios orales ya terminados y en donde si todo sigue así, podría darse el absurdo de que los mismos testigos tengan que volver a decir todo de nuevo, pero para acusar a otros represores.
Crous planteó el pedido en una audiencia. “Voy a ingresar en un tema que aparece en todos estos juicios –dijo– y que es qué valor tiene, y si hay que atenerse a una virtual inexistencia o inutilidad de las declaraciones que han brindado los testigos en un cuarto de siglo de impunidad, en la medida en que sigan vivos, o si debemos conformarnos con la siniestra paradoja de que su testimonio vale si muere”, explicó en referencia a que tal como está el derecho, un testimonio vale “por lectura” cuando un testigo está muerto. Los testigos en cuestión no están en condición de declarar por razones de salud física o psíquica. Crous habló de preservar la “integridad personal”, y dijo: “Entendemos que es un modo de resguardar el derecho de las personas a no ser revictimizadas y esto no afecta el derecho de los imputados: pedimos una medida de protección excepcional para estos procesos particulares y pedimos que se repare que estamos en procesos excepcionales”. En esa línea, en un planteo en el que habló de la responsabilidad del Estado, punzó al Tribunal para instarlo a discutir políticas a “riesgo de parecer lisonjero”. Y un dato: “Que las víctimas en momentos de absoluta imposibilidad muchas de ellas además de llevar la carga culposa de haber sobrevivido no tengan que cargar la carga culposa de no haber podido declarar”.
El TOF 4 aceptó. No fue el único ni la primera vez. Pero la decisión, dice Crous, aparece en un momento en el que empieza a discutirse, entre el ministerio público fiscal y los querellantes, qué hacer con las segundas partes de los juicios que se están desarrollando en este momento o que ya terminaron. En ellos va a juzgarse a nuevos represores por los mismos casos. Con esa lógica, cada uno debería volver a declarar todo de nuevo. Uno de los fundamentos es el llamado fallo Benítez: “En el fallo se declaró la nulidad de la sentencia condenatoria porque estaba basado sólo en declaraciones incorporadas por lectura sin el control de la defensa”, explica en este caso Guillermo Friele, fiscal de la causa Orletti, en referencia a ese fallo que es uno de los argumentos de estos debates. “La Corte entendió que de esa manera se estaba vulnerando el legítimo derecho de defensa en juicio, ahora bien –agregó–, la cuestión radica en cómo es interpretado ese precedente jurisprudencial.”
En Orletti, por ejemplo, no sucedió lo que sucedió en el juicio del Vesubio, ni lo que había sucedido antes en el juicio del circuito Atlético-Banco-Olimpo en los que se aceptaron las excepciones. “Yo tuve que desistir de varios testigos que no querían venir a declarar”, dice Friele a Página/12. “El más paradigmático fue el caso de G. V., que se había fugado a los tiros del centro clandestino. Ella no quiso prestar declaración por distintos motivos, aunque el principal era que tenía un problema psicológico por el cual temía enfrentarse con los represores que la tuvieron cautiva”, indicó. El problema se agravó en ese caso porque la fiscalía pidió incorporar un certificado médico y sobre esa base pidió la incorporación por lectura del testimonio. La defensa se opuso: pidió que a la mujer la revisen los peritos del Cuerpo Médico Forense; el Tribunal –en ese caso el TOF 1– aceptó pero la mujer se negó al chequeo y entonces el Tribunal rechazó incorporar por lectura su testimonio. “Como se puede ver –continúa el fiscal–, las interpretaciones varían según los Tribunales, pero mi opinión personal es que en estos juicios, por las características especiales que tienen, debería hacerse lugar a la incorporación por lectura.” Para Friele, el TOF de Vesubio abrió con la decisión una nueva “posibilidad jurisprudencial” para interpretar una excepción más a la prohibición de hacerlo.
Gabriela Sosti es fiscal adjunta de Alejandro Alagia, impulsor de la acusación en el juicio ABO (Atlético-Banco-Olimpo). Ella piensa que éste es uno de los temas que desvelan a fiscales y querellantes. “La mayoría le damos vueltas y vueltas al tema. Se lo está pensando, hay consideraciones técnicas muy variadas y de difícil solución. Creo que la argumentación tiene que seguir ahondando en las particularidades de este tipo de juicios. Pasó algo similar con el tema del plazo razonable con las prisiones preventiva y finalmente Casación mayormente interpreta estas normas hoy día de otra manera. Nosotros también tuvimos casos de personas enfermas y con certificados que acreditan esas dolencias y el Tribunal los ha incorporado por lectura”. Y dice: “El tema no es ese sino el de las futuras nuevas convocatorias a sobrevivientes que han declarado tantas veces y que si bien no manifiestan problemas psíquicos o físicos, lo cierto es que están hartos de que el Estado los revictimice una y otra vez en pos de cumplir un requisito formal no carente de hipocresía y ficcionalidad excesiva”.
Los límites
Quienes están en esta posición, están analizando ahora alternativas. Entre otras, la posibilidad de usar por ejemplo las grabaciones que hace el Incaa de las audiencias, o usar los testimonios escritos. En ese contexto, el testigo podría ser llamado a declarar sólo para agregar información puntual sobre el nuevo imputado, y para responder preguntas de los defensores. Pero eso es sólo parte del comienzo de una discusión larga y compleja en la que las partes están esperando además algún tipo de intervención de la Corte de Justicia de la Nación como para fijar algunos criterios.
Sobre esa base, existen posturas disidentes o un poco distintas. Especialmente sobre la decisión de pensar plantear estos juicios con carácter “excepcional”. Uno de ellos es Javier de Luca, integrante del equipo de fiscales de la causa a Luis Patti. “En mi opinión dice si un testimonio se corresponde con otras pruebas, el asunto pasa a ser de valoración de las pruebas y no de invalidez de tomar esa prueba para valorarla”. Pero sostiene de todos modos que “es un tema muy delicado y nada tiene que ver que las víctimas sean de delitos de terrorismo de Estado, porque el problema sigue siendo del Poder Judicial y del Ministerio Publico Fiscal, que tenemos la obligación de apurarnos y de poner todas las pruebas sobre la mesa para que la defensa las controle. Las víctimas de cualquier delito tienen los mismos derechos que los de estos casos.”
Rodolfo Yanzón es querellante. Integra el equipo de Kaos, a cargo de la acusación en juicios como ABO, Esma y Orletti. Yanzón está entre quienes vienen pensando alternativas hace tiempo. Evalúa incluso la idea de usar las grabaciones del Incaa en próximos debates. Pero como su compañera Carolina Varsky del Cels advierte los problemas del carácter de “excepción”. “Esto se viene dando hace tiempo con estos juicios”, dice. “Nosotros ya en 2007, con el juicio a Febres, lo habíamos planteado. Es un tema realmente delicado porque se trata de conciliar el interés de las víctimas y el de los imputados, con el agregado de que protegiendo el derecho de los imputados estamos protegiendo el futuro de estos juicios, cosa que muchos, lamentablemente, no ven o no pueden ver”. Su postura, explicó, “es que la regla es que si la defensa se opone a la incorporación por lectura de una declaración testimonial en un juicio oral, la declaración no se incorpora. Como excepción, y sólo como excepción, la regla cede frente al derecho de una víctima sólo si se trata de una persona que no está en condiciones de afrontar el trance de la declaración en juicio oral de modo verificable y si se trata de un testimonio relevante, es decir que tenga carácter de único”. Para Yanzón, deben darse los dos elementos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-166903-2011-04-24.html
La pregunta atraviesa buena parte de los juicios de lesa humanidad: ¿es necesario que las víctimas vuelvan a contar lo que pasaron? Semanas atrás, a pedido del fiscal Félix Crous, el Tribunal Oral Federal N0 4 aceptó incorporar por lectura los testimonios de algunas víctimas del Vesubio que están con vida, pero no en condiciones de declarar por distintas razones. Eso es una excepción para la lógica penal, ya que el testimonio forma parte del derecho de un juicio justo para los acusados. Aun así, y pese al carácter excepcional, la decisión del TOF fue celebrada porque acelera un debate no sólo sobre el presente de los juicios sino sobre los que están por venir: las segundas partes de los juicios orales ya terminados y en donde si todo sigue así, podría darse el absurdo de que los mismos testigos tengan que volver a decir todo de nuevo, pero para acusar a otros represores.
Crous planteó el pedido en una audiencia. “Voy a ingresar en un tema que aparece en todos estos juicios –dijo– y que es qué valor tiene, y si hay que atenerse a una virtual inexistencia o inutilidad de las declaraciones que han brindado los testigos en un cuarto de siglo de impunidad, en la medida en que sigan vivos, o si debemos conformarnos con la siniestra paradoja de que su testimonio vale si muere”, explicó en referencia a que tal como está el derecho, un testimonio vale “por lectura” cuando un testigo está muerto. Los testigos en cuestión no están en condición de declarar por razones de salud física o psíquica. Crous habló de preservar la “integridad personal”, y dijo: “Entendemos que es un modo de resguardar el derecho de las personas a no ser revictimizadas y esto no afecta el derecho de los imputados: pedimos una medida de protección excepcional para estos procesos particulares y pedimos que se repare que estamos en procesos excepcionales”. En esa línea, en un planteo en el que habló de la responsabilidad del Estado, punzó al Tribunal para instarlo a discutir políticas a “riesgo de parecer lisonjero”. Y un dato: “Que las víctimas en momentos de absoluta imposibilidad muchas de ellas además de llevar la carga culposa de haber sobrevivido no tengan que cargar la carga culposa de no haber podido declarar”.
El TOF 4 aceptó. No fue el único ni la primera vez. Pero la decisión, dice Crous, aparece en un momento en el que empieza a discutirse, entre el ministerio público fiscal y los querellantes, qué hacer con las segundas partes de los juicios que se están desarrollando en este momento o que ya terminaron. En ellos va a juzgarse a nuevos represores por los mismos casos. Con esa lógica, cada uno debería volver a declarar todo de nuevo. Uno de los fundamentos es el llamado fallo Benítez: “En el fallo se declaró la nulidad de la sentencia condenatoria porque estaba basado sólo en declaraciones incorporadas por lectura sin el control de la defensa”, explica en este caso Guillermo Friele, fiscal de la causa Orletti, en referencia a ese fallo que es uno de los argumentos de estos debates. “La Corte entendió que de esa manera se estaba vulnerando el legítimo derecho de defensa en juicio, ahora bien –agregó–, la cuestión radica en cómo es interpretado ese precedente jurisprudencial.”
En Orletti, por ejemplo, no sucedió lo que sucedió en el juicio del Vesubio, ni lo que había sucedido antes en el juicio del circuito Atlético-Banco-Olimpo en los que se aceptaron las excepciones. “Yo tuve que desistir de varios testigos que no querían venir a declarar”, dice Friele a Página/12. “El más paradigmático fue el caso de G. V., que se había fugado a los tiros del centro clandestino. Ella no quiso prestar declaración por distintos motivos, aunque el principal era que tenía un problema psicológico por el cual temía enfrentarse con los represores que la tuvieron cautiva”, indicó. El problema se agravó en ese caso porque la fiscalía pidió incorporar un certificado médico y sobre esa base pidió la incorporación por lectura del testimonio. La defensa se opuso: pidió que a la mujer la revisen los peritos del Cuerpo Médico Forense; el Tribunal –en ese caso el TOF 1– aceptó pero la mujer se negó al chequeo y entonces el Tribunal rechazó incorporar por lectura su testimonio. “Como se puede ver –continúa el fiscal–, las interpretaciones varían según los Tribunales, pero mi opinión personal es que en estos juicios, por las características especiales que tienen, debería hacerse lugar a la incorporación por lectura.” Para Friele, el TOF de Vesubio abrió con la decisión una nueva “posibilidad jurisprudencial” para interpretar una excepción más a la prohibición de hacerlo.
Gabriela Sosti es fiscal adjunta de Alejandro Alagia, impulsor de la acusación en el juicio ABO (Atlético-Banco-Olimpo). Ella piensa que éste es uno de los temas que desvelan a fiscales y querellantes. “La mayoría le damos vueltas y vueltas al tema. Se lo está pensando, hay consideraciones técnicas muy variadas y de difícil solución. Creo que la argumentación tiene que seguir ahondando en las particularidades de este tipo de juicios. Pasó algo similar con el tema del plazo razonable con las prisiones preventiva y finalmente Casación mayormente interpreta estas normas hoy día de otra manera. Nosotros también tuvimos casos de personas enfermas y con certificados que acreditan esas dolencias y el Tribunal los ha incorporado por lectura”. Y dice: “El tema no es ese sino el de las futuras nuevas convocatorias a sobrevivientes que han declarado tantas veces y que si bien no manifiestan problemas psíquicos o físicos, lo cierto es que están hartos de que el Estado los revictimice una y otra vez en pos de cumplir un requisito formal no carente de hipocresía y ficcionalidad excesiva”.
Los límites
Quienes están en esta posición, están analizando ahora alternativas. Entre otras, la posibilidad de usar por ejemplo las grabaciones que hace el Incaa de las audiencias, o usar los testimonios escritos. En ese contexto, el testigo podría ser llamado a declarar sólo para agregar información puntual sobre el nuevo imputado, y para responder preguntas de los defensores. Pero eso es sólo parte del comienzo de una discusión larga y compleja en la que las partes están esperando además algún tipo de intervención de la Corte de Justicia de la Nación como para fijar algunos criterios.
Sobre esa base, existen posturas disidentes o un poco distintas. Especialmente sobre la decisión de pensar plantear estos juicios con carácter “excepcional”. Uno de ellos es Javier de Luca, integrante del equipo de fiscales de la causa a Luis Patti. “En mi opinión dice si un testimonio se corresponde con otras pruebas, el asunto pasa a ser de valoración de las pruebas y no de invalidez de tomar esa prueba para valorarla”. Pero sostiene de todos modos que “es un tema muy delicado y nada tiene que ver que las víctimas sean de delitos de terrorismo de Estado, porque el problema sigue siendo del Poder Judicial y del Ministerio Publico Fiscal, que tenemos la obligación de apurarnos y de poner todas las pruebas sobre la mesa para que la defensa las controle. Las víctimas de cualquier delito tienen los mismos derechos que los de estos casos.”
Rodolfo Yanzón es querellante. Integra el equipo de Kaos, a cargo de la acusación en juicios como ABO, Esma y Orletti. Yanzón está entre quienes vienen pensando alternativas hace tiempo. Evalúa incluso la idea de usar las grabaciones del Incaa en próximos debates. Pero como su compañera Carolina Varsky del Cels advierte los problemas del carácter de “excepción”. “Esto se viene dando hace tiempo con estos juicios”, dice. “Nosotros ya en 2007, con el juicio a Febres, lo habíamos planteado. Es un tema realmente delicado porque se trata de conciliar el interés de las víctimas y el de los imputados, con el agregado de que protegiendo el derecho de los imputados estamos protegiendo el futuro de estos juicios, cosa que muchos, lamentablemente, no ven o no pueden ver”. Su postura, explicó, “es que la regla es que si la defensa se opone a la incorporación por lectura de una declaración testimonial en un juicio oral, la declaración no se incorpora. Como excepción, y sólo como excepción, la regla cede frente al derecho de una víctima sólo si se trata de una persona que no está en condiciones de afrontar el trance de la declaración en juicio oral de modo verificable y si se trata de un testimonio relevante, es decir que tenga carácter de único”. Para Yanzón, deben darse los dos elementos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-166903-2011-04-24.html
martes, 26 de abril de 2011
Golpe militar: el papel de las grandes empresas.
Desde los años previos a la instauración de la dictadura militar, pero con mayor intensidad a partir del 24 de marzo del ’76, se generó una estrecha relación entre las patronales y las fuerzas represivas del estado. Empresas como Acindar, Ford, Siderca, Ledesma, Mercedez Benz y muchas más, impulsaron y sostuvieron con aportes y logística la represión contra los sectores trabajadores.
Por ANRed- E (redaccion@anred.org)
“Hubo un modus operandi común en el accionar de las empresas durante este período. Acindar es un caso ilustrativo. El 20 de marzo de 1975 esta empresa llevó adelante una medida ejemplificadora contra el movimiento obrero, al hacer ingresar y tomar control de la fábrica a las Fuerzas Armadas, policiales y parapoliciales” comentó Victoria Basualdo en conversación con integrantes de la RNMA.
“La represión implicó la persecución y encarcelamiento de tres camadas de dirigentes sindicales y la instalación de un centro de detención clandestino dentro de la empresa” agregó Basualdo, quien realizó una investigación específica sobre la participación de algunas empresas en la implementación del modelo económico propio de la dictadura.
Una de las características principales de la relación entre Acindar y las FF.AA. es la persona de Martinez de Hoz, quien fue ejecutivo de la empresa hasta la instauración del golpe militar, dónde desempeño el cargo de Ministro de Economía.
El caso de Acindar también es paradigmático por la fuerte organización de los obreros metalúrgicos, así como su relación en ese tiempo con otros sindicatos. Basualdo ratificó en la transmisión en vivo que la RNMA realizó por los 35 años del golpe genocida que “a la fecha, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución está intentando iniciar un proceso contra Martinez de Hoz por su participación en la organización intelectual de la represión y desaparición de trabajadores de esa empresa”.
Según la investigadora de FLACSO Argentina - CONICET “esclarece aun más la relación entre patronales y FF.AA. el hecho de que mientras en el país se producía un proceso de desindustrialización de la economía, con una reducción del 10% de la producción, estas empresas tienen una participación positiva y de concentración económica en esos años”.
En los casos de las industrias automotrices Basualdo asegura que “Ford también tuvo un centro de detención dentro de la fábrica y en Mercedes Benz desapareció la comisión interna gremial que organizaba a los obreros.
Hacia el final de la entrevista realizada mientras la marcha por Avenida de Mayo empezaba a circular, Basualdo recordó un documental llamado “Milagros no hay” en el que la periodista alemana Gaby Weber interroga a Un ejecutivo de Mercedez Benz de esos años que al ser interpelado sobre el crecimiento de la empresa durante los años del golpe, expresó que “milagros no hay”, en clara alusión a la represión e imposibilidad de protestar de los trabajadores.
Por ANRed- E (redaccion@anred.org)
“Hubo un modus operandi común en el accionar de las empresas durante este período. Acindar es un caso ilustrativo. El 20 de marzo de 1975 esta empresa llevó adelante una medida ejemplificadora contra el movimiento obrero, al hacer ingresar y tomar control de la fábrica a las Fuerzas Armadas, policiales y parapoliciales” comentó Victoria Basualdo en conversación con integrantes de la RNMA.
“La represión implicó la persecución y encarcelamiento de tres camadas de dirigentes sindicales y la instalación de un centro de detención clandestino dentro de la empresa” agregó Basualdo, quien realizó una investigación específica sobre la participación de algunas empresas en la implementación del modelo económico propio de la dictadura.
Una de las características principales de la relación entre Acindar y las FF.AA. es la persona de Martinez de Hoz, quien fue ejecutivo de la empresa hasta la instauración del golpe militar, dónde desempeño el cargo de Ministro de Economía.
El caso de Acindar también es paradigmático por la fuerte organización de los obreros metalúrgicos, así como su relación en ese tiempo con otros sindicatos. Basualdo ratificó en la transmisión en vivo que la RNMA realizó por los 35 años del golpe genocida que “a la fecha, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución está intentando iniciar un proceso contra Martinez de Hoz por su participación en la organización intelectual de la represión y desaparición de trabajadores de esa empresa”.
Según la investigadora de FLACSO Argentina - CONICET “esclarece aun más la relación entre patronales y FF.AA. el hecho de que mientras en el país se producía un proceso de desindustrialización de la economía, con una reducción del 10% de la producción, estas empresas tienen una participación positiva y de concentración económica en esos años”.
En los casos de las industrias automotrices Basualdo asegura que “Ford también tuvo un centro de detención dentro de la fábrica y en Mercedes Benz desapareció la comisión interna gremial que organizaba a los obreros.
Hacia el final de la entrevista realizada mientras la marcha por Avenida de Mayo empezaba a circular, Basualdo recordó un documental llamado “Milagros no hay” en el que la periodista alemana Gaby Weber interroga a Un ejecutivo de Mercedez Benz de esos años que al ser interpelado sobre el crecimiento de la empresa durante los años del golpe, expresó que “milagros no hay”, en clara alusión a la represión e imposibilidad de protestar de los trabajadores.
LA CONDENA A PATTI.
Esta semana el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín condenó a prisión perpetua en cárcel común a varios represores de la dictadura, incluido Luis Abelardo Patti.
Esta demorada sentencia contra Patti es una buena excusa para reflexionar sobre un par de cosas. Primero, tenemos que recordar bien, con el prontuario completo, quién es el ilustre condenado.
Porque hoy es fácil ponerse contento por esta sentencia, y tratar de apropiarse de un poquito del mérito de la condena. No faltó nadie que dejara de festejar la noticia. En primerísimo lugar, hizo su autobombo el gobierno. Desde el secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, pasando por su aliado, el diputado Jorge Rivas, hasta el jefe de los diputados oficialistas Agustín Rossi, todos celebraron la noticia y compitieron para elegir los términos más duros para referirse al nuevo condenado.
Ni que hablar de los bastiones oficialistas en los extintos organismos de DDHH, como Madres y Abuelas, o de los ex kirchneristas, hoy alineados en otras variantes “progres” del peronismo, como Victoria Donda y el resto de los ex Libres del Sur.
Pero, decíamos, primero hay que acordarse bien de quién estamos hablando. Este tipo que hoy está internado en la clínica Fleni de Escobar porque tuvo un accidente cerebrovascular, ya era policía en 1975. Trabajaba en el destacamento policial "Otero", en Victoria, en el que funcionaba un centro clandestino de detención. Sus superiores eran hombres del círculo íntimo del Gral. Ramón Camps.
Corría 1977 cuando, ya afincado en Escobar, la ciudad que 18 años después lo elegiría intendente, Patti intervino en el fusilamiento de tres chicos que jugaban al metegol de un bar de la zona. El militante comunista que denunció el hecho a un diario local, todavía está desaparecido.
Un poco más tarde, cerca del ocaso de la dictadura, Patti secuestró y mató a Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, militantes montoneros, causa por la que fue condenado. Pero en los primeros años después del ’83, no sólo los apologetas explícitos de la dictadura ayudaron a demorar la imputación penal. Sus principales defensores, por aquellos años, fueron Carlos Menem y Eduardo Duhalde, que se cansaron de repetir que había sido “un enfrentamiento”.
En enero del ’90, en Garín, Patti encabezó la partida policial que fusilo al joven Luis Selaye. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38, como siempre. Un policía “arrepentido”, es decir, enfrentado con Patti en la interna policial, declaró el 5 de enero de 1996 al diario Página/12 que antes del operativo, ese revólver estaba "en el despacho del subcomisario Patti, que siempre hablaba que debía ser utilizado para justificar un enfrentamiento". El ex subcomisario nunca fue procesado por este caso.
En septiembre de 1990, Patti dos presos comunes, Miguel Guerrero y Mario Barzola, denunciaron que Patti los había torturado. El Juez de San Isidro Raúl Borrino ordenó una serie de pericias, y comprobó que los presos habían sufrido tormentos por golpes, quemaduras, submarino seco y picana eléctrica. Lo mandó detener.
El escándalo fue mayúsculo. En medio de una campaña mediática dirigida a desacreditar la denuncia, la Cámara Penal de San Isidro, en un fallo memorable, "bajó" la carátula de tormentos a apremios ilegales. Patti fue inmediatamente excarcelado, la causa entró en el túnel que preanunciaba la prescripción, y la “gente de bien” respiró tranquila. El adalid de la seguridad, estaba seguro.
“Voy a ser claro para que se entienda -le dijo Patti al Diario Clarín en octubre de 1990- la policía, para esclarecer un hecho tiene que cometer no menos de tres o cuatro hechos delictivos. De lo contrario no puede esclarecer absolutamente nada. Esto ocurre en la Argentina y en cualquier parte del mundo. ¿Cuales son estos delitos? Privación ilegal de la libertad, apremios y violación de domicilios, entre otros. Y no queda otro camino que hacer eso. Cuando los comisarios no esclarecen hechos es porque, como se dice en nuestra jerga, no se la juegan”.
Ningún fiscal lo acusó por esas declaraciones, que, en cambio, aportaron una sonrisa a los mismos que hoy piden más seguridad.
Así, mientras iba a fiestas con su novia fashion, Liliana Caldini, y era enviado como si fuera el Inspector Gadget a investigar el crimen de María Soledad Morales en Catamarca, Patti fue dejando en el olvido sus andanzas de juventud en la dictadura, y se recicló como “policía de la democracia”.
El martes 13 de agosto de 1996, de nuevo en Página 12, Patti, ya todo un símbolo de la “lucha contra la inseguridad”, declaró que estaba en contra de “los policías que no hacen nada porque no tienen orden del juez” y les aconsejó “pegar una buena patada en el trasero a los sospechosos para obtener prueba”.
Su alianza con el partido justicialista le garantizó la intendencia de Escobar, y luego una banca de diputado, en 2005, que ya no pudo ocupar, porque los aires habían cambiado, y el viejo policía descubrió que, como decimos siempre, la lealtad no figura en el diccionario de la burguesía. Sus antiguos amigos lo abandonaron, e hicieron fila para pegarle. Total, su aparato represivo ya estaba dirigido por otros.
Entonces, hoy pueden condenar a Patti a perpetua y festejarlo, mientras sostienen con las dos manos la impunidad de los que hoy, con el mismo uniforme, cumplen esa tarea, la misma que el internado en Fleni ya no les puede garantizar.
CORREPI (nota del boletín informativo nº604)
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar
Asamblea para discutir que docentes nos forman en la facultad.
NO MAS FUNCIONARIOS DANDO CLASES EN DERECHO!!NO MAS SORIA EN LA FACULTAD!!
Discutiremos la denuncia que va a presentar el consejero estudiantil por la minoria, para que se realice un juicio académedico a Pedro L. Soria, de acuerdo al Estatuto de la Universidad.
_ Debatir el fallo discriminatorio del profesor Daniel H. Piombo, para que en la sesión el Consejo Directivo se expida sobre esto.
Participemos todos los estudiantes en nuestras desiciones!!
Jueves 15hs Asamblea en la facultad
17hs vamos todos al Consejo
Juicio VESUBIO-Tribunal Oral Federal Cuatro (TOF 4)
Lunes 25 y Martes 26 de Abril de 2011-10.30 horas: (en el SUM de C. Py 2002), las Dras. Liliana Mazea y Sabrina Dentone alegarán por la querella JusticiaYa! en el juicio por algunos de los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como “el Vesubio”. El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 4 tiene a su cargo el proceso contra ocho genocidas por 156 casos.
LOS GENOCIDAS
Estos son los ocho represores a quienes se sigue el juicio:
- Héctor Humberto Gamen, 85 años, general de brigada retirado. Era segundo comandante de la Brigada de Infantería.
- Hugo Idelbrando Pascarelli, 82 años, coronel retirado. Era el jefe del área militar 114, donde funcionaba Vesubio.
- Pedro Alberto Durán Sáenz, 75 años, oficial de inteligencia de la Brigada. Era el jefe del centro clandestino. Se hacía llamar “Delta”.
- Ramón Antonio Erlán, 65 años, penitenciario (R), alias “Pancho”.
- José Néstor Maidana, 59 años, penitenciario (R), alias “el Paraguayo”.
- Roberto Carlos Zeoliti, 63 años, ex penitenciario, alias “Sapo”.
- Diego Salvador Chemes, 57 años, ex penitenciario, alias “Polaco”.
- Ricardo Néstor Martínez, ex penitenciario, alias “Pájaro”.
ALGUNOS REPRESORES POR ALGUNAS VÍCTIMAS
En este juicio, estarán sólo ocho genocidas por crímenes cometidos contra 156 compañeros, aunque por el CCDTyE Vesubio pasaron otros cientos. En diciembre de 2009, Justicia YA! aportó un listado de 200 víctimas que estuvieron secuestradas en ese campo de concentración indicando los testigos que lo prueban, así como una nómina de otros quince compañeros que también pasaron por ese centro clandestino y solicitó al juez Daniel Rafecas, a cargo de la instrucción, que tome medidas para probarlo. Estos datos así como los nombres de los 58 represores que nunca fueron indagados por los crímenes cometidos en El Vesubio surgieron de los testimonios que integran la causa.
Contactos de Prensa:
Guillermo Lorusso, AEDD, 15- 5179- 8041
Dra. Liliana Mazea, FIDELA, 15-5816-9178
Dra. Claudia Ferrero (APEL): 1556045905
Dra. Elea Peliche (AEDD): 1554287881
Dra. Liliana Molinari (CODESEDH): 1551766480
Convoca – Contacto:
Justicia YA! Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.
LOS GENOCIDAS
Estos son los ocho represores a quienes se sigue el juicio:
- Héctor Humberto Gamen, 85 años, general de brigada retirado. Era segundo comandante de la Brigada de Infantería.
- Hugo Idelbrando Pascarelli, 82 años, coronel retirado. Era el jefe del área militar 114, donde funcionaba Vesubio.
- Pedro Alberto Durán Sáenz, 75 años, oficial de inteligencia de la Brigada. Era el jefe del centro clandestino. Se hacía llamar “Delta”.
- Ramón Antonio Erlán, 65 años, penitenciario (R), alias “Pancho”.
- José Néstor Maidana, 59 años, penitenciario (R), alias “el Paraguayo”.
- Roberto Carlos Zeoliti, 63 años, ex penitenciario, alias “Sapo”.
- Diego Salvador Chemes, 57 años, ex penitenciario, alias “Polaco”.
- Ricardo Néstor Martínez, ex penitenciario, alias “Pájaro”.
ALGUNOS REPRESORES POR ALGUNAS VÍCTIMAS
En este juicio, estarán sólo ocho genocidas por crímenes cometidos contra 156 compañeros, aunque por el CCDTyE Vesubio pasaron otros cientos. En diciembre de 2009, Justicia YA! aportó un listado de 200 víctimas que estuvieron secuestradas en ese campo de concentración indicando los testigos que lo prueban, así como una nómina de otros quince compañeros que también pasaron por ese centro clandestino y solicitó al juez Daniel Rafecas, a cargo de la instrucción, que tome medidas para probarlo. Estos datos así como los nombres de los 58 represores que nunca fueron indagados por los crímenes cometidos en El Vesubio surgieron de los testimonios que integran la causa.
Contactos de Prensa:
Guillermo Lorusso, AEDD, 15- 5179- 8041
Dra. Liliana Mazea, FIDELA, 15-5816-9178
Dra. Claudia Ferrero (APEL): 1556045905
Dra. Elea Peliche (AEDD): 1554287881
Dra. Liliana Molinari (CODESEDH): 1551766480
Convoca – Contacto:
Justicia YA! Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.
Chile: Cuestionable decisión de la Justicia
24/04/2011
DDHH consideran una burla la libertad de militares condenados.
Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó como "una burla para las víctimas" la decisión de la Corte Suprema de permitir que cinco militares condenados por violaciones a los derechos humanos cumplan sus penas en libertad.
Los militares Angel Custodio y Sergio Arredondo fueron condenados a cinco años de cárcel remitidos; mientras que Francisco Pérez, Leonardo Quilodrán y Daniel Walker recibieron una sentencia de cuatro años bajo el régimen de libertad vigilada. Todos ellos fueron procesados y condenados por la muerte de nueve opositores a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Según García, esta decisión de la Corte Suprema es una incongruencia por parte del Poder Judicial. Por su parte el diputado comunista Hugo Gutierrez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que las sanciones judiciales no tienen relación con la gravedad de los hechos. La Corte Suprema decidió, asimismo, que tres de los condenados deberán indemnizar con 30 millones de pesos (unos 64.000 dólares) a cada una de las familias de las víctimas.
Los militares Angel Custodio y Sergio Arredondo fueron condenados a cinco años de cárcel remitidos; mientras que Francisco Pérez, Leonardo Quilodrán y Daniel Walker recibieron una sentencia de cuatro años bajo el régimen de libertad vigilada. Todos ellos fueron procesados y condenados por la muerte de nueve opositores a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Según García, esta decisión de la Corte Suprema es una incongruencia por parte del Poder Judicial. Por su parte el diputado comunista Hugo Gutierrez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que las sanciones judiciales no tienen relación con la gravedad de los hechos. La Corte Suprema decidió, asimismo, que tres de los condenados deberán indemnizar con 30 millones de pesos (unos 64.000 dólares) a cada una de las familias de las víctimas.
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