La casa del odontólogo Barreda se tiñó de violeta, el color que identifica al feminismo

CONTRA EL MACHISMO

El frente de la casa de Ricardo Barreda fue pintado ayer de violeta por un grupo de militantes feministas que reclama el cumplimiento de la Ley de atención a las víctimas de la violencia de género

El frente de la casa de Ricardo Barreda fue pintado ayer de violeta por un grupo de militantes feministas que reclama el cumplimiento de la Ley de atención a las víctimas de la violencia de género, denuncia el machismo que festeja los asesinatos cometidos por el odontólogo y exige a los hombres un papel de compañero en la denuncia de la violencia que ejercen contra las mujeres. La casa de Barreda es, ahora, del color del feminismo.

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Los militantes se reunieron a las 15.30 en 48 entre 10 y 11, donde organizaron un rápido operativo que incluyó la limpieza del frente de la casa, tapado con carteles políticos y sindicales. Luego, mezclaron la pintura y pusieron manos a la obra. En poco más de media hora habían alcanzado su objetivo y se retiraron rápidamente, ante la vista de un par de vecinos que observaron curiosos sus movimientos.

La intención era pintar todo el frente, incluso la planta alta, para lo que llevaron una escalera, pero en el lugar advirtieron que quedarían muy expuestos a una incursión policial y pintaron sólo lo que pudieron. Con un aerosol amarillo, escribieron sobre el color violeta de la pared una de sus consignas: “Barreda asesino de mujeres. La sociedad te condena”.

“La libertad condicional que le otorgó la Justicia, incluso después de que hubiera violado la prisión domiciliaria, le permitirían hacerse de los bienes de las mujeres a las que asesinó, aunque hay una sobrina que se interpuso”, contó una de las jóvenes.

La intención de los militantes es relacionar la casa con la violencia de género y apropiarse del lugar, sobre todo ante la aparición del Instituto Nacional de Hombres contra el Machismo (INAHCOM), que reclamó a la legislatura bonaerense la expropiación de la casa en la que Barreda mató a escopetazos a sus hijas, su mujer y a su suegra, para que funcione allí un centro de referencia nacional e internacional que combata la violencia de género. “Está bueno que los hombres se hagan cargo de la violencia de género, y en nuestras organizaciones también hay compañeros varones, pero no hablan por nosotras, nos acompañan”, describió una militante.

“La casa tiene que ser de las organizaciones de mujeres y de ninguna manera puede ser cedida en un contexto electoralista”, advirtió otra de las feministas, que recordó el acto de la campaña “260 hombres contra el machismo”, al que asistió el intendente Pablo Bruera, entre otros varones de la ciudad, y con el que se recordó a las 260 mujeres asesinadas en 2010, según una estadística realizada a través de los casos aparecidos en la prensa.

La joven explicó que “los femicidios de Barreda fueron un acto de machismo programado” y criticó a quienes “ensalzan al asesino”, aunque destacó también que “hay espacios que entienden que la violencia de género no es un chiste”.

Según las portavoces del grupo, quienes resguardaron su identidad, “la casa tiene que ser expropiada, pero hay que ver para qué y quién se puede hacer cargo. Es un espacio que tendría que ser pensado por mujeres, para mujeres”.

Diagonales-La Plata 30.05.2011

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“Tenemos que estar atentos a la situación de Honduras”

Lunes 30 de mayo de 2011

Entrevista a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

A casi dos años de haber sido derrocado por un golpe de estado el ex presidente Manuel Zelaya Rosales regresó a Honduras el sábado 28 y fue recibido por miles de trabajadores, campesinos, indígenas y estudiantes llegados desde diferentes puntos del país.
La semana pasada había sido firmado el Acuerdo para la Reconciliación Nacional entre el actual presidente Porfirio Lobo, el ex mandatario, Manuel Zelaya y la mediación de los presidentes de Venezuela y Colombia, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos. El documento tiene como objetivo principal el regreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA) ya que Honduras fue suspendida del organismo una semana después que el gobierno de Zelaya fuera derrocado. Además, apunta a garantizar la seguridad y derechos de Zelaya y de sus ex funcionarios en suelo hondureño, y la puesta en marcha de un proceso constituyente.
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Otros puntos destacados del acuerdo son el reconocimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular como partido y la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

Como parte de la Comisión de Verdad que trata los abusos cometidos durante y después del golpe en Honduras, Pérez Esquivel explicó a RAP, “venimos trabajando y acompañando el retorno del ex presidente Manuel Zelaya. En cuanto a las perspectivas de la política hondureña, aclaró “vamos a ver cómo vienen estos acuerdos y cuál va a ser el margen de maniobra” y que se considera como condiciones de seguridad física y jurídica de Manuel Zelaya". También destacó la necesidad de contar con las garantías de las próximas elecciones para presentarse.

El 28 de junio del 2009 Zelaya Rosales había sido sacado por la fuerza de la casa presidencial por un comando militar que lo subió a un avión y lo traslado hasta Costa Rica, desatando una intensa movilización popular nacional que exigía su regreso. Después del golpe de estado los poderes económicos y políticos instalaron como presidente al líder del congreso Roberto Michelleti, quien convocó a elecciones en las cuales resaltó el alto abstencionismo y la falta de participación de sectores de oposición. La dictadura declaró ganador a Porfirio Lobo, actual presidente del país hondureño.

rapencolectivo.com.ar/Esquivel/regreso de Zelaya

http://radiofuturalaplata.blogspot.com/2011/05/tenemos-que-estar-atentos-la-situacion.html

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Memoria recuperada

Por Alejandra Dandan

Jesús Bonnet tiene 51 años. A los 16 lo secuestraron, torturaron y lo sometieron a simulacros de fusilamiento en la comisaría de Escobar. Estuvo encerrado con Gastón Goncalves y otras víctimas de Luis Abelardo Patti. Recorrió otros centros clandestinos y casi dos años después terminó obligado a un exilio en España, donde se casó. Años después volvió a la Argentina –en lo que los psicoanalistas describen como un regreso al espacio sintomático–, donde cometió un delito por el que desde hace 18 años está detenido en una Unidad Penal del neuropsiquiátrico Melchor Romero por una medida de seguridad.
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Jesús declaró en los últimos meses en la causa Patti. Su testimonio fue evaluado por los fiscales, querellas y luego validado por el Tribunal. El caso ilumina las complejidades del terrorismo de Estado, dice Fabiana Rousseaux.

Durante los primeros años de encierro, sólo lo visitaba su madre. Ella empezó a hacer el trámite de reparación por su detención durante la última dictadura, pero cuando iba cobrar se murió. Sospechosamente, alguien cobró en nombre suyo, a pesar de que él estaba privado de la libertad y curiosamente los documentos en manos del Servicio Penitenciario Federal, recapitula la funcionaria que está siguiendo el caso con la abogada Ana Oberlín y los hijos de Gastón Goncalves.

Sus compañeros de militancia lo dieron por muerto o desaparecido o preso hasta meses atrás, cuando en medio del juicio a Patti la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y Oberlín lo ubicaron en el penal. “Las querellas lo van a ver y se encuentran con una persona con una memoria intacta de lo que había sucedido –dice Rousseaux– y que daba elementos que constaban en escritos y que nadie podía rememorar”. Los testimonios se analizan en relación a la concordancia que tiene con otras pruebas y la coherencia interna del relato: Jesús contó todo sin una sola duda y en ningún momento tuvo contradicciones.

Dicen que en todos esos años, cuando encontraba a Patti en televisión, Jesús decía que era la persona que lo había torturado. Cuando lo hacía, le inyectaban Halopidol y deliraba: “En 18 años nadie le creyó que él había sido torturado por Patti y tiene todo el deterioro en el cuerpo”, dice la funcionaria. Cuando Jesús declaró en la audiencia subió al escenario con las manos esposadas. Los represores estaban con las manos libres. Era la primera vez en 18 años que salía a la calle. Cuando terminó, bajó las escalinatas llorando y vio a sus viejos compañeros que lo saludaban con las manos en alto. “Se fue muy emocionado –cuenta la funcionaria que estuvo con él–, y yo vi su dignidad, porque me dijo: ‘Yo me responsabilizo por lo que hice, cometí un crimen, y por esto tengo que estar acá’, y Patti en el mismo escenario dice: ‘Yo no hice nada’.”

Jesús “hace un uso de la memoria que nadie podría comprender jamás si no fuera porque se trata de un hombre que durante 18 años había estado sometido al olvido y a la indignidad de perder el valor de su palabra –escribió Rousseaux en un texto sobre Jesús–, convirtiéndose en un sujeto que no puede responsabilizarse ni de sus actos, ni de sus dichos, ni de sus dolores, y ante lo cual cada demanda y cada opinión fueron acalladas del modo más duro”.

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Testigos y víctimas

El Centro de Asistencia Fernando Ulloa trabaja con las consecuencias que una citación judicial puede provocar en quienes fueron víctimas de la última dictadura. Fabiana Rousseaux, su directora, habla de los problemas que aparecen a medida que avanzan los juicios. A partir de esa experiencia, trabaja en un protocolo para ser distribuido en los juzgados.

Por Alejandra Dandan [+]
Son la cara visible de los juicios. Y a la vez, protagonistas de una trama invisible. Los testigos. Los que llegan a declarar a los juicios de lesa humanidad y producen sentidos sobre el pasado. Pero también están los que no pueden hacerlo. Los que no continuaron conectados con ninguna de las redes u organizaciones que los vinculan y que, de pronto, escuchan el llamado de un juzgado que tan de repente les dice que deben ir a declarar por lo que sucedió hace más de 35 años. Les ponen fechas, cortan y ellos, en ese instante, vuelven a caer al pozo del que salieron años atrás. Son muchas y variadas las situaciones en torno del universo de las víctimas del terrorismo de Estado. Fabiana Rousseaux trabaja sobre la tensión entre la lógica penal que los considera “testigos-prueba” y la lógica subjetiva que intenta pensarlos como víctimas. Directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Fernando Ulloa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, mapea constantes y singularidades de las víctimas en todo el país.

“Nuestro trabajo es mantener la mirada de la dignidad de la víctima y de lo que significa el testimonio de estas personas, que no es un testimonio de lo que les ocurrió a ellos solamente como podría suceder en cualquier otra causa, sino que dan testimonio de lo que ocurrió a nivel social.”

El Centro Ulloa está preparando un protocolo de atención a las víctimas del terrorismo de Estado para ser distribuido en los juzgados de todo el país. Los diagnósticos surgen de datos en ocasiones estremecedores, experiencias que se repiten detrás de cada una de las escenas de los juicios.

El Centro trabaja con los testigos antes, durante y después de las declaraciones y generalmente lo hace sólo en los casos en los que alguno de los operadores judiciales les pide intervención. Antes, por lo que una llamada puede disparar en las víctimas. Después, para trabajar con lo que “resuena” en ellas, dice Rousseaux, lo que queda semanas después de enfrentarse a los jueces y se manifiesta en sueños, pesadillas o miedos.

El interior

El Centro empezó el trabajo en serio tras la desaparición de Julio López. Entonces era un programa recién nacido. El día de la de- saparición, mientras hacían un seminario sobre las huellas del terrorismo de Estado, empezaron a preguntarse por las herramientas que el Estado debía proporcionar a las víctimas en ese contexto.

La mirada está puesta sobre los testigos. Y lo primero que aparece es una distinción entre los testigos de Capital Federal y las provincias. Hay lugares donde aún no hubo juicios, como Jujuy, Formosa, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja o San Juan. En esos lugares aún existe una “imaginería” sobre un juicio oral, como si no se lo pudiesen representar socialmente. En los lugares donde sí los hubo, el testigo aparece sujeto, en ocasiones, a Tribunales que parecen estar a punto de incriminarlo.

Sobre su escritorio, Rousseaux extiende un mapa con la distribución de los centros clandestinos de todo el país. Se detiene en Tucumán, uno de los lugares más inundados de puntos rojos pero desde donde la Secretaría de Derechos Humanos recibió menos testimonios de supervivientes de los campos. “Probablemente –dice la funcionaria– muchos eran campesinos, y muchos no sólo no saben que se están llevando adelante juicios o que pueden ser citados porque lo que no saben es que lo que les sucedió está vinculado con lo que se enjuicia en Argentina.” . Hay pueblos que estuvieron tomados enteros como centros clandestinos.

–¿Qué significa? ¿Hubo un centro en cada pueblo?

–No –dice Rousseaux–. Fueron tomados los pueblos. Famaillá, por ejemplo, es el caso más conocido donde estaba la escuela, pero el resto de los pueblos fueron directamente intervenidos militarmente.

–¿Qué significa?

–Los militares se instalaron en las casas de la gente. Cuando fuimos hace un tiempo, la gente del lugar nos mostraba el álbum familiar de un cumpleaños de 15 y ese álbum estaba intervenido por las Fuerzas de Seguridad. Si cumplía años una niña, iban a la casa, tomaban la casa e iban a las fiestas porque eran los dueños del pueblo. Vivían en las casas que querían; usaban a las mujeres que querían; en la fiesta soplaban las velitas, se metían en las fotos, abusaban a la niña, y obligaban a las familias a sacarse fotos con ellos. En otros lugares, los testigos tienen ciertos temores sobre qué declarar.

–¿La idea de presentarse como militantes tiene que ver con eso?

–Totalmente –insiste Rousseaux–. En el primer juicio oral en Salta, por ejemplo, a un juez se le ocurrió hacer un careo entre una víctima y un genocida. Es cierto que no hay una legislación que lo prohíba y ellos se ciñen a la lógica judicial de la prueba, pero lo que no se entiende es qué están trabajando. En Tucumán, por ejemplo, (Antonio Domingo) Bussi interpeló directamente a un testigo. Hubo que pararlo, pero el Tribunal no se lanzó a pararlo. ¡Lo dejaron!

En la ciudad de Buenos Aires el relato de los testigos parece enfrentarse con una sociedad más “audible”. “Aparecen elementos más complejos porque hay un social que está dispuesto a escuchar una mayor complejidad como pasa en este momento en la causa ESMA”, dice.

–Poder hablar del nodo central de ESMA, lo que significó el staff, el ministaff o ser mujer en ESMA, este modo tan particularmente perverso de matar al esposo de una mujer y a la noche llevarla a bailar a Mau Mau y vestirla y regalarle ropa. Lo que significó ese espanto y que muchas mujeres hayan testimoniado y hayan dicho: `Sí, yo estuve ahí pero yo no fui responsable de nada de eso porque yo estuve detenida en todo este tiempo’; llegar a decir eso era impensable cuando se reabrieron las causas.

En ese escenario novedoso, aparecen también los problemas. Como si esa complejización no encajara o se chocara con la lógica con la que evalúa la Justicia un testimonio.

Una de las preguntas que se hace Rousseaux –psicoanalista, además– es ¿qué es una memoria 35 años después? ¿Y qué memoria se le exige al testimonio?

En el juicio oral por los crímenes del centro en Automotores Orletti declaró a Carla Rutila Artés, apropiada por el parapolicial Eduardo Ruffo en el campo de exterminio. Carla tenía alrededor de un año cuando la separaron de su madre. Durante su testimonio recordó ese momento. Un juez le preguntó cómo estaba vestida la persona que la separó de su madre. “¿Por qué se le pide ese recuerdo?”, dice Rousseaux y agrega: “Lo peor y lo mejor es que Carla respondió”.

Poco después, el fiscal de la causa le preguntó a Rousseaux sobre ese momento. Quería saber cómo funciona la memoria histórica desde la perspectiva de un niño que no tiene la edad de recordar: ¿el recuerdo puede ser tomado como prueba?

–¿Usted qué respondió?

–Nosotros no tenemos una mirada biologicista sobre la memoria, la memoria es una reconstrucción y está muy estudiado y publicado lo que significan los procesos de memoria y olvido y de reconstrucción. En estos procesos de reconstrucción no es el testigo solamente el que reconstruye, sino que hay una memoria social.

–¿Una memoria social que habla a través del testigo?

–Muchos de ellos han planteado dos problemas. Uno es el temor al olvido de cuestiones que fueron centrales: aquello de lo que fueron depositarios, el nombre de los compañeros, ese deber memorístico que los aplasta porque se prometieron que quienes sobreviviesen iban a dar testimonio, y eso juega. Se desesperan porque piensan que la memoria puede fallar. Temen decir un nombre y no otro. Pero también les pasa que durante el testimonio empiezan a aparecer recuerdos que no habían aparecido nunca en 35 años.

Isabel Fernández Blanco, por ejemplo, declaró en varias oportunidades desde la Conadep en adelante. El año pasado la convocaron como sobreviviente del circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo), un juicio en el que se juzgaba a ejecutores directos de los centros clandestinos, represores que estuvieron en contacto con los detenidos. En el juicio se los juzgaba por una cantidad de víctimas, Isabel, entre ellas. Ella suele decir que por primera vez sintió que iba a declarar por “su caso”, a individualizarse frente a la represión. Eso activó de un modo distinto la memoria. Así, habló de su rol en el área de prensa de Montoneros y de datos que hasta ese momento nunca había contado. “El juicio oral tiene efectos impactantes –dice otra vez Rousseaux–. No es lo mismo la instrucción que un juicio oral con un social que escucha: en instrucción uno recuerda, y cuando uno declara en el juicio oral, revive, nos decía un testigo.”

Otro de los efectos de los juicios entre los testigos es el poder de lo que se habla en las audiencias. “Se da el caso de mujeres que testimonian sobre su violación por primera vez frente a sus hijos en el contexto del juicio”, dice la funcionaria. “Hubo una persona que lo hizo, sus hijos estaban presentes en la sala, ella recordó que cuando la torturaban le decían: `Vos no vas poder tener hijos, ¡hija de puta!’. Estaban ahí ellos. Eso fue tremendamente fuerte para ellos, presenciar ese relato que a lo mejor en la intimidad familiar aparece descontextualizado del proceso donde eso va a quedar penalizado y donde el reconocimiento social le da otro sentido, dignifica. En el ámbito de lo familiar eso mismo puede sonar un poco indigno, por decirlo de alguna manera.”

Una de las preguntas que se abren con los testigos es sobre los efectos del reingreso al horror. ¿Qué despierta la situación del juicio? ¿Cuánto puede movilizar la llamada de un juzgado? Mientras explica que una de las víctimas de Orletti, cuando recibió el llamado del Tribunal se encerró seis meses en su casa con un cuadro de fobia, Rousseaux insiste en que la preocupación del Centro es cómo hacer para evitar el reingreso al agujero. “Nosotros somos muy insistentes con eso, y si un testigo –como sucedió en Orletti– no puede presentarse porque tiene terror de ver a los represores adelante, ¿por qué tiene que declarar igual?”

–¿Cuáles son los problemas que el testigo experimenta después de una declaración?

–Hay sueños o se abre la necesidad de contar lo que nunca se contó, pero también suceden otras cosas. Una de las hijas apropiadas por un represor que declaró en un juicio, alguien que fue abusada desde los tres años por el apropiador, entró a la sala de audiencias con un audífono porque él la dejó sorda de los golpes que le pegaba cada vez que aparecía la familia buscándola en televisión. El le daba la cabeza contra la pared, siendo una niña y la culpaba de eso. Ella quiso contar eso en la declaración, y en ese momento se dio un debate entre las partes.

-¿Por qué?

–Algunos decían que era someterla a una nueva victimización y el testimonio a su vez tampoco aportaba demasiado a la causa. No había sucedido en el marco del centro clandestino, sino en el marco intrafamiliar.

–¿Y cuál es la respuesta?

–El asunto es que finalmente ese es el debate, y no había acuerdo. Y lo que decía ella era que había esperado todos estos años para volver a cruzarse con la mirada de él, con un Tribunal atrás. Finalmente, el Tribunal le propuso terminar la declaración en instrucción. Tres días más tarde nos juntamos y ella me dice que no sabía qué hacer con recuerdos buenos respecto de su apropiador que habían emergido luego del testimonio.

–Esa zona gris aparece también en otros relatos de quienes fueron apropiados.

–Aparece todo el tiempo, es terrible, pero es así. Mariana Zaffaroni, por ejemplo, a los 17 años supo que no era hija de los Furci y a los 34 decide enterarse de su historia, pero le llevó 17 años poder hacerlo. En la audiencia de robo de bebés, Victoria Montenegro declaró algo que es muy importante: “Yo tengo derecho a mis contradicciones, también en esta declaración”.

Estas cuestiones que aparecen una vez que el testigo abandona la sala también es material de trabajo para Rousseaux: “El cómo hacer para frenar a los fantasmas”.

Memoria recuperada

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Renuncia y polémica en la fundación
Los jueces
http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-169068-2011-05-29.html

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FILMUS Y TOMADA. PRONTUARIOS

Daniel Filmus

En 1989, con 34 años, asumió como Director General de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en el gabinete del intendente menemista Carlos Grosso. Era la época de las “escuelas shopping”, cuando se licitaban partes de colegios públicos para ser utilizadas como locales comerciales. [+]

Cuando Susana Decibe asumió como ministra de Educación, en 1995, Filmus se integró a su gabinete de asesores. Fue uno de los “especialistas” que impulsaron la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior. [1]

En el 2000, Aníbal Ibarra lo nombró Secretario de Educación de la Ciudad. Se mantuvo en el cargo incluso cuando miles en las calles gritábamos “que se vayan todos” y De la Rúa escapaba por los aires.

Con la llegada de Kirchner, en 2003, se convirtió en Ministro de Educación. Desde entonces no se cansó de despotricar contra “los ’90”. Y hasta impulsó una nueva reforma educativa, tan privatista e inequitativa como la anterior, aunque defendida con un discurso “nacional y popular”.

Filmus recibió algunos premios y reconocimientos internacionales. Entre ellos se destaca la “Orden Wissam Al Alaqui, en el Grado de Gran Oficial”, entregada en 2004 por… la monarquía de Marruecos.


Carlos Tomada

En 1987, con 39 años y a pesar de ser peronista, Alfonsín lo nombró Director Nacional de Relaciones del Trabajo.

Durante veinte años fue abogado de la CGT y de varios gremios como la Unión Ferroviaria, la UOM y el sindicato de la Alimentación, estrechando lazos con lo más granado de la burocracia. [+]

Siendo abogado de la CGT, en 1998 fue denunciado por cobrar U$S 150 mil de la Unión Ferroviaria en beneficio de T&C, consultora privada que él presidía.

Ese mismo año, junto a Néstor Kirchner, Alberto Fernández y otros peronistas, conformó el Grupo Calafate, cuya primera tarea fue apoyar la candidatura de Eduardo Duhalde para las presidenciales de 1999.

Cuando en enero de 2002 Duhalde fue nombrado presidente, designó a Tomada como secretario dentro del Ministerio de Trabajo comandado por Alfredo Atanasoff. Era el gobierno que atendía las demandas de pan y trabajo de los desocupados a sangre y fuego, como en el Puente Pueyrredón, donde asesinaron a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

En 2003 Kirchner lo nombró ministro de Trabajo, cargo que ocupa hasta hoy.

Ser funcionario no le impidió mantener su estudio jurídico abierto, cosechando clientes de peso. Como Juan José Zanola, el capo de La Bancaria, a quien uno de sus socios del estudio defendió en varias causas.

No casualmente es el ministro kirchnerista que más duró. Él fue uno de los garantes de este “modelo” basado en la precarización laboral, la productividad sostenida en la superexplotación y la mitad de los asalariados trabajando en negro. Sin ir más lejos, tres de cada cuatro empleados del propio Ministerio de Trabajo trabajan contratados bajo diversas modalidades de precarización desde hace años.

Tomada es el ministro del “modelo” de las superganancias para los capitalistas y del fortalecimiento de la burocracia sindical. El “modelo” que no tolera que los trabajadores y sus delegados de base luchen y no se resignen a las migajas.

Siempre fue cómplice de la burocracia sindical. En sus traiciones, sus negociados y también en sus crímenes. Y lo demostró claramente cuando José Pedraza y sus secuaces mataron a Mariano Ferreyra. Como buen amigo de los traidores, Tomada dejó grabadas (sin querer) las definiciones de un verdadero enemigo de los obreros. Fue en enero de este año, cuando conversando por teléfono sobre los tercerizados ferroviarios que estaban pasando a planta permanente, el ministro le dijo a Pedraza que “hay que hacer un laburo sindical sobre estos tipos que entran porque no son todos del PTS (…). Hay un montón que se los puede ganar (…), meterlos en una especie de curso de capacitación y empezar a hacerles la cabeza…”.

¿Será por esa seguridad y empeño que Cristina acaba de designar a Tomada como compañero de fórmula de Filmus?

[1] Ese momento de su vida política no figura, curiosamente, en el currículum publicado en su sitio oficial www.danielfilmus.com.ar, como tampoco es sencillo hallarlo en fotografías junto a la ministra Decibe y a Carlos Menem. Pero que las hay… las hay.

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Más civiles involucrados con los “vuelos de la muerte”.

La Justicia busca terminar con pactos y represores reciclados.

La detención de uno de los habituales empleados del Aeropuerto de Mendoza –contratado por la empresa Aerolíneas Argentinas–, el “Colorado” Ricardo Rubén Ormello, sorprendió a los mendocinos el pasado 10 de mayo. La orden la dio el juez federal Sergio Torres y quien se ocupó de hacerla cumplir en la provincia fue el juez federal de Mendoza Walter Bento. [+]

No fue el único apresado, junto a él capturaron a Alejandro Domingo D’Agostino, Enrique José de Saint Georges y Mario Daniel Arru, quienes habrían piloteado uno de los llamados “vuelos de la muerte”. La causa es un desprendimiento de los crímenes de la ESMA y tiene por objeto investigar “el sistema de eliminación física de personas utilizado en la última dictadura militar para deshacerse de las víctimas del terrorismo de Estado”.

Esos vuelos consistían en arrojar desde aeronaves en pleno vuelo al Río de la Plata o al Mar Territorial Argentino a personas que habían sido privadas de su libertad por el Grupo de Tareas, que operaba en lo que inicialmente fue creado como un instituto de formación naval. Estamos hablando de la puesta en marcha de un dispositivo que requería de una aceitada coordinación entre centros ilegales de detención y distintos aeropuertos del país o bases militares que contaban con pista de aterrizaje.

Cada embarque de prisioneros constituía de por sí una acción conjunta y sistemática, pergeñada en el marco de la denominada “lucha contra la subversión”. Fue Adolfo Scilingo quien la puso de manifiesto en 1995 en una serie de entrevistas que le hiciera el periodista Horacio Verbitsky, autor de un texto periodístico fundamental: El vuelo. Confesiones de un oficial de la armada.

Hasta ese momento ningún protagonista había revelado cómo era eso de arrojar al menos unas 2.000 personas al mar. Scilingo reveló que se los trasladaba con vida, se les inyectaba una dosis de pentotal para mantenerlos adormecidos y ya a bordo del avión se les iba quitando la ropa y empujando al vacío. Cuando confesó esa secuencia siniestra, Scilingo, que estaba en libertad, señaló que él había escrito cartas al ex dictador Jorge Videla, al ex presidente Carlos Menem, solicitándoles que se informara al país sobre el tema, y a modo de protesta consignó: “Me ordenaron actuar al margen de la ley y me transformaron en delincuente”.

Antes de semejante confesión, en Mendoza ya alguien había puesto por vez primera en entredicho el silencio pactado entre los integrantes de las fuerzas de seguridad durante los años de plomo. Se podría decir que fue la primera confesión judicializada. Ocurrió a comienzos de la democracia, cuando la justicia federal abarcaba toda la zona de Cuyo y desde San Luis llegaban noticias sobre la existencia de un testigo llamado Jorge Vázquez.

El hombre relataba que había trabajado como policía y que se abrió de eso poco después. Murió en circunstancias sospechosas hace varios años. Hubo dudas sobre si se trataba de un arrepentido. Lo cierto es que debido a los datos que aportó con su testimonio, el juez federal González Macías pudo determinar el sitio preciso donde la patota del coronel Carlos Plá había escondido los cuerpos asesinados de los militantes de la Juventud Peronista de San Luis, entre ellos, el de Graciela Fiochetti, una joven estudiante que vivía en el pueblo de La Toma. Sus restos fueron devueltos a su madre en 1986, todo el pueblo de La Toma se movilizó hasta el cementerio del lugar dando muestras de apoyo y afecto. El caso llegó a las tapas de los diarios nacionales ya que Plá se atrincheró en el Ministerio de Defensa, diciendo que resistiría cualquier orden de detención con su pistola Browning 9 mm.

El caso del suboficial Rubén Ricardo Ormello reabre el mismo interrogante que pendía sobre Vázquez, es una duda razonable ya que no todo aquel que se decide a hablar es un arrepentido. Una cosa es hablar en un contexto de impunidad, y otra muy distinta es hacerlo cuando la Justicia está avanzando. De acuerdo con las últimas informaciones, Ormello negó haber participado de los vuelos de la muerte y negó también haberles relatado los pormenores de los mismos a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, lo hizo años atrás, cuando regían las leyes de impunidad. Y el caso es que dichos testimonios llegaron a oídos del juez federal Sergio Torres. De acuerdo con Página 12, la escena de las confesiones fueron los hangares de Aeroparque de la empresa Aerolíneas Argentinas y los militares de Ezeiza. Básicamente Ormello había contado que él era cabo segundo en la Armada, con 21 años y oficio de mecánico motorista. Que se colocaba un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Que venía un “tordo” con un maletín y se paraba en el portón del avión y era ahí que a los prisioneros se los bajaba “medio en bolas y como en pedo” y con los ojos tapados. Ellos los sentaban en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval (sic). Los apilaban adelante y cuando ya estaba listo salían a volar. Cuando les avisaban, empezaban a arrastrar los cuerpos y a tirarlos por el portón. Todo esto lo contaba de lo más distendido, con naturalidad, como quien se había limitado fríamente a cumplir una orden. Hasta su aprehensión, Ormello estuvo viviendo en Godoy Cruz, la única imagen que se tiene de él es la que subió él mismo a su perfil de Facebook rodeado de su familia.

Stuhldreher, marca registrada. Otra novedad surgida en los últimos días es el procesamiento del ex oficial del Ejército Luis Alberto Stuhldreher. Pieza clave de la represión ilegal en San Rafael –fue el primer intendente de la dictadura militar por decreto de Jorge Rafael Videla– y ex socio de la dirigencia radical entre 1999 y 2005. La historia de esa sociedad se remonta a 1971, cuando pasó a revistar al Liceo Militar General Espejo. Fue instructor de varias camadas de cadetes, entre ellos, Julio Cobos y Roberto Iglesias.

Más tarde las relaciones se profundizaron. Cobos le dio un lugar en el Ministerio de Seguridad. Más precisamente en la Dirección de Logística, cargo que ocupó desde el 2003 hasta el 2005. No se trató de una designación sin más, ya que ninguno de los dirigentes radicales ignoraba el pasado de torturas y secuestros del oficial retirado.

Tres años atrás, el periodista Jorge Fernández Rojas revelaba que Stuhldreher había sido el encargado de la seguridad de distintos organismos municipales entre 1999 y 2002 siendo su destino principal el bastión radical: la capital de Mendoza. Como prueba concreta de sus nexos políticos consta que tanto el oficial retirado como Roberto Grillo, ministro de Seguridad de Julio Cobos, compartían la representación legal de una misma firma de seguridad privada en Mendoza: ASIFAR, Agencia de Seguridad e Informaciones Fabril de Rosario. Mientras esa empresa estuvo bajo el mando de Stuhldreher, toda la custodia de los “objetivos” municipales de la capital fueron adjudicadas a él, incluso los actos radicales, como por ejemplo el lanzamiento de la candidatura de Víctor Fayad a diputado nacional. Hay que decir que Grillo no sólo inició uno de los peores ciclos en la política de seguridad mendocina (antirreformista y de neto cuño represivo) sino que además usó su investidura para defenestrar la defensa de los derechos humanos (continúa en esa misma línea, esfuerzo que despliega vía Twitter).

Stuhldreher estiró como pocos los tiempos de la impunidad. No sin ayuda de otro funcionario radical. La historia remite al 2007, cuando el juez federal Raúl Acosta pidió su detención. Estaba implicado en una veintena de desapariciones producidas durante su mandato en San Rafael, entre ellas la de Héctor Aldo Fagetti. Ahí es cuando entra en acción su abogado, el doctor Eduardo Mestre Brizuela, ex camarista federal y hermano del radical cordobés Ramón Mestre (interventor de Corrientes y ministro del Interior durante el gobierno de De la Rúa).

Eduardo Mestre Brizuela logró desligar a Stuhldreher de la causa presentando un escrito de falta de mérito ante la Sala de la Cámara Federal de Apelaciones que antes él mismo había integrado. O sea, quienes debían decidir eran sus anteriores colegas; ninguno de ellos se apartó pese a la evidente falta de ética. Julio Petra, Enrique Sosa Arditi y Carlos Pereyra González fueron los camaristas que le dieron lo solicitado al representante de Stuhldreher, esto es, la falta de mérito en uno de los hechos. Y como quien no quiere la cosa, accedieron a lo pedido en otro escrito para hacer extensiva esa falta de mérito a una decena más de causas, todas originadas en hechos criminales diversos. Se trata de una barbaridad jurídico-penal pocas veces vista en el derecho.

Una cosa así sólo es entendible en razón de los lazos y los compromisos posdictadura.

En 1987, Mestre Brizuela era el camarista que archivaba el expediente por el caso del matrimonio Manrique-Terrera, desaparecidos desde 1976. Lo hizo en nombre de la Ley de Obediencia Debida cuando esta no debía aplicarse a los casos en los que había bebés involucrados. Precisamente en el caso Manrique Terrera había un bebé de 8 meses involucrado, era Celina, la hija del matrimonio desaparecido, recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo en el 2007.

Pese a este antecedente, a finales del 2001 Mestre –jubilado luego de una larga trayectoria judicial– pasó a conducir el Instituto de Seguridad Pública, organismo creado por la Reforma Policial de 1999, destinado a la formación de los nuevos policías. Con el fracaso de Roberto Grillo al frente del ministerio, arribó Miguel Bondino, quien nombró a Mestre Brizuela en la Dirección de Inteligencia Criminal. Durante ese período, se sucedieron graves violaciones a los derechos humanos, el gatillo fácil se cobró la vida de tres jóvenes y otros tantos eran arrestados por protestar por el lamentable estado de las escuelas.

Más que una retórica represiva. En el 2007, la revista Veintitrés sacaba a la luz quién era el interlocutor del gobierno de Cobos con la cámara empresarial que agrupa a las agencias de seguridad privada. Se trataba de Fernando Morellato, un ex policía imputado por torturas. Las habría cometido en noviembre de 1976 en la Comisaría 25 y lo curioso es que escribió con su propia mano una nota que podría calificarse de tragicómica, pidiéndole prestada a la Policía Federal “una picana eléctrica para interrogar a Oscar Ramos y Daniel Iturgay”, los dos desaparecidos. Tiempo después Morellato se hizo conocido como presidente de un club de fútbol local (Atlético Argentino) y se dedicó, como Stuhldreher y otros ex policías expulsados de la fuerza –mano de obra desocupada como Ignacio Medina, Alfredo Siniscalchi, Eduardo Smaha Borzuk– al negocio de la seguridad privada. Al asumir Alfredo Cornejo, actual intendente de Godoy Cruz pero por entonces ministro de Seguridad de Julio Cobos, le estrechó la mano a Morellato como gesto de celebración del convenio que se acaba de firmar entre el Poder Ejecutivo y las empresas privadas de seguridad. La “filosofía” de ese acuerdo pergeñado por Cornejo era que esas agencias privadas colaborasen en todo momento y lugar en la aprehensión de cualquier sujeto que pueda ser un “sospechoso”.

También el cargo que ocupó durante casi toda la democracia Luis Miret –el camarista procesado por complicidad con delitos de lesa humanidad– en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo fue por un designio del radicalismo gobernante en 1985. El pasado 29 de abril se realizó una audiencia pública a la que asistió Miret para hacer uso de su derecho de defensa ante el tribunal y en su larga exposición intentó convencer a los mendocinos de que él recién se enteró de que había desparecidos con la realización del Juicio a las Juntas Militares, o sea en 1985. También aseguró que tuvo la oportunidad de hablar con muchos abogados de personas detenidas durante la dictadura y que con ellos coincidía en que era improducente (sic) investigar las denuncias que se hacían por torturas las cuales en 1976 eran absolutamente inverosímiles.

Otro que aportó su granito de arena en esta historia es el senador nacional de la UCR Ernesto Sanz, quien negó el año pasado la destitución del camarista Julio Petra. Por entonces Sanz integraba el Consejo de la Magistratura y debía entender una acusación contra Petra por una causa ocurrida durante la última dictadura militar. Todos los consejeros del oficialismo se volcaron por el enjuiciamiento ya que las pruebas eran claras: Petra había excarcelado al sargento Osvaldo Martel a pesar del contundente relato de una de sus víctimas, la jueza Margarita Camus, hija del ex gobernador sanjuanino Eloy Camus. En su momento, el dictamen del Consejo se volcaba a favor de la destitución de Petra, ya estaban decididos a ello los consejeros oficialistas Carlos Kunkel, Diana Conti y Nicolás Fernández, pero quien no dio su aval fue el radical Ernesto Sanz. De igual modo, desde entonces más denuncias se han realizado contra el juez Petra, quien ya está procesado por Walter Bento por proteger a represores y obstaculizar el avance de las causas por los crímenes de lesa humanidad durante los años ’70.

veintitres.elargentino.com

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Juicio oral a los trapitos de Rafaela

SANTA FE: SE DESDOBLO LA INVESTIGACION JUDICIAL DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO

El juez Rodríguez recibió el expediente que había tramitado su colega de Rafaela, Alejandro Mognaschi, tras el asesinato de Suppo y desglosó la parte del supuesto crimen por encargo y despachó el resto al Tribunal Oral de Santa Fe.
Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, desdobló la investigación del asesinato de Silvia Suppo. Elevó al Tribunal Oral de Santa Fe una parte de la causa para que sean juzgados los dos detenidos por el homicidio, un trapito de Rafaela, Rodrigo Sosa, de 19 años, y su primo, Rodolfo Cóceres, de 21, y resolvió seguir investigando por cuerda separada la hipótesis del crimen por encargo, como le ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el debate, el tribunal estará integrado por los jueces santafesinos María Ivón Vella y José María Escobar Cello, más un tercer magistrado de Rosario o de Paraná que deberá designarlo la Cámara Nacional de Casación Penal en las próximas semanas, mientras que los dos imputados, Sosa y Cóceres, serán asistidos por el defensor oficial, Fabio Procajlo, el mismo que defendió al ex juez Víctor Brusa y a otros represores de la dictadura.

El doctor Rodríguez elevó la causa a juicio oral sin muchas diligencias. Recibió el expediente que había tramitado su colega, el juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi, tras el asesinato de Suppo, el 29 de marzo del año pasado, desglosó la parte del crimen por encargo y despachó el resto al Tribunal Oral de Santa Fe.

Antes del fallo de la Corte que radicó la causa en el juzgado de Rodríguez, el juez Mognaschi estaba a punto de elevar la investigación a juicio oral en los Tribunales de Rafaela. Incluso, la fiscal Cristina Fortunato había hecho el requerimiento de elevación a juicio, cuando se planteó el conflicto de competencia y Mognaschi tuvo que elevar el expediente a la Corte nacional. Por lo tanto, vale repasar los últimos movimientos de la causa:

*1º de febrero. La fiscal de Rafaela firma la requisitoria de elevación a juicio para que Sosa y Cóceres sean juzgados por un tribunal de Rafaela.

* 21 de febrero. El procurador general de la Nación subrogante, Luis Santiago González Warcalde, dictamina que es competente en la causa el juez Mognaschi.

* 29 de marzo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación "comparte y hace suyos la descripción de los hechos y del trámite de la contienda de competencia", pero como "no puede descartarse que la muerte de Silvia Suppo" esté vinculada a su condición de víctima y testigo de delitos de lesa humanidad, ordena que la causa quede radicada en el juzgado de Rodríguez. El fallo fue votado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y sus colegas Elena Higth de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zafarroni.

*1º de abril. La Corte notifica al juez Mognaschi.

* 6 de abril. Mognaschi remite el expediente a Rodríguez.

* 11 de abril. El juez Rodriguez recibe el expediente el 325/10 "Cóceres, Rodolfo y Sosa, Rodrigo s/homicidio agravado", se avoca "al conocimiento de la causa" y resuelve tramitar por cuerda separada otro expediente Nº 325 Bis/10 para investigar la hipótesis del crimen por encargo, que cuando se planteó el conflicto de competencia con Mognaschi se negó a profundizar dos veces.

* 20 de mayo. El Tribunal Oral de Santa Fe recibe el expediente 325/10, reserva las pruebas en la Secretaría de Derechos Humanos y le pide a la Cámara Nacional de Casación Penal que "designe un juez ad hoc para integrar el tribunal en la presente causa".

Esto significa que la investigación llega a juicio oral, tal como la había dejado el juez Mognaschi y con la requisitoria de elevación a juicio que firmó la fiscal Fortunato, el 1º de febrero, en un escrito de dieciocho fojas.

Según la fiscal, las confesiones de Sosa y Cóceres de haber asesinado a Suppo "son verosímiles" y se ensamblan con "las pruebas reunidas de la causa". Y entendió que "se encuentra acreditado con el grado de probabilidad necesaria, no sólo la responsabilidad de los autores, sino la mecánica del hecho, excediendo con creces una sospecha o mera "posibilidad", siendo los elementos incriminantes positivos superiores y preponderantes a los negativos".

"La voluntad realizadora de los imputados ha estado directamente encaminada a la producción del resultado, quedando así evidenciado su claro desprecio por la vida humana que constituye entonces el motivo de la agravación de la figura penal seleccionada", el homicidio agravado. "La poca importancia que los autores le han otorgado a la vida, subestimándola al punto de sacrificarla sin miramientos en aras de alcanzar el éxito en la consumación del delito conexo robo al que consideraron de mayor importancia para salvaguardar su impunidad se presenta aquí en forma diáfana", concluyó Fortunato.

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Quienes saludaron al médico Savioli, sospechado por delitos de lesa humanidad

25 de Mayo de 2011

El juicio por la Subzona 14. El médico Savioli estaba sospechado.

El ex médico policial Juan Héctor Savioli no podrá ser juzgado por los delitos de lesa humanidad por el más implacable e irrevocable suceso dentro de una causa judicial: su muerte.

Pero a pesar de que se sumaron testimonios y pruebas en su contra, su muerte desató una decena de participaciones, como si se tratara de un prestigioso profesional, entre las que se cuentan las del Colegio Médico y de la diputada nacional del PJ Cristina Regazzoli.

Las pruebas contra Savioli por su actuación con torturados de la Subzona 14 se sumaron en el juicio realizado el año pasado. Por eso en el decimocuarto punto del fallo que emitió el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa (integrado por los jueces José Mario Tripputi, Armando Márquez y Eugenio Krom) se ordenó, entre otros policías y miembros del grupo de tareas de la Subzona 14, investigar al médico Juan Héctor Savioli.

El punto decimocuarto del fallo decía: “Décimo cuarto: disponiendo se extraigan testimonios de las declaraciones brindadas por Máximo Pérez Onetto, Juan Héctor Savioli, Miguel Ángel Gauna, Carmelo Carnovale, Oscar López y Humberto Riffaldi ante el Tribunal y otras sedes, para su remisión al Juzgado Federal de esta ciudad, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los nombrados...”.

Es decir que los elementos reunidos en esta fase al Tribunal Oral lo convencieron de que había una sospecha contra Savioli.

Además, el militante e investigador Marcelino Acosta, en base a la reconstrucción de los testimonios en el sumario administrativo, en las causas abiertas y en su investigación, pidió al Colegio Médico sea sancionado (juntos a otros médicos policiales y militares), lo que nunca ocurrió.

Testigos

Una de las testigos y víctimas de la Subzona 14 fue la estudiante de la UTN de General Pico Graciela Espósito. Ubicó a Juan Héctor Savioli en las celdas de la Seccional Primera. Fue ese médico quien le recetó pastillas, que por la grave situación de torturas vividas le provocaron una adicción de por vida.
También Zelmira Regazzoli (quien también suscribió una participación) ubica a Savioli en las celdas de tortura. Pero se trata de una situación compleja: Savioli era el médico de la familia Regazzoli y a pesar de eso Miyi sufrió graves torturas sicológicas ya que fue obligada a presenciar torturas de otras presas, entre ellas las estudiantes de la UTN de General Pico. Luego de recibir esas torturas (de índole sicológica) fue atendida por el médico Savioli.

Diputada

Cristina Regazzoli tuvo una comentada aparición en el juicio por la Subzona 14. A pesar de que nunca se la identificó con acciones y reclamos por los derechos humanos y por las víctimas, en el juicio protagonizó una suerte de puesta en escena: se paró delante de los represores y los miró durante unos segundos. Luego siguió su camino.
Ahora la diputada nacional Cristina Regazzoli publicó, por la muerte del médico Savioli, una breve participación: “María Cristina Regazzoli participa con pesar su fallecimiento”.

Otras participaciones

Pero hubo otras instituciones que, desconociendo lo actuado por la Justicia Federal y los testimonios de las víctimas de la represión, expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Savioli como si hubiera muerto un prestigioso profesional y no un ex funcionario sospechado de delitos de lesa humanidad.

El listado de las instituciones que firmaron las participaciones por el médico sospechado incluye al Colegio Médico de La Pampa, a la Fundación Colegio Médico y al Consejo Superior Médico de La Pampa. Se desconoce si esas instituciones consultaron a todos sus afiliados y asociados para expresar el pésame por tan nefasto personaje.

Es más: en esas instituciones hay pedidos para que tomen medidas contra Savioli y los otros médicos, Máximo Pérez Onetto, Atilio Cornachione y Miguel Aragón. Estos dos últimos no fueron acusados por el Tribunal Oral Federal, pero sí por organismos de derechos humanos.

El Colegio Médico, el Consejo Superior Médico y la Fundación Colegio Médico están integrados por profesionales que juraron defender la vida. Savioli integró -reveló el juicio- una maquinaria que cometió delitos de lesa humanidad: el juicio pendiente debía esclarecer su grado de participación.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Pampa ya expresó su postura por los cuatro médicos: pidió que el actual jefe de Sanidad, Miguel Aragón, sea apartado y señaló a los otros tres: Savioli, Cornachione y Pérez Onetto.
Pero no fue el único caso en el sistema de salud que amparó a quienes participaron en la represión durante la dictadura militar. La misma situación se produjo con el médico Eduardo Pinchevsky (funcionario durante la gestión del ex gobernador Carlos Verna), de quien se supo que fue delator en el centro clandestino La Perla, que funcionó en cercanías de la ciudad de Córdoba. Durante muchos años estuvo en Toay, un lugar de fuerte arraigo militar, en cuyas unidades estuvieron emblemáticos represores, como por ejemplo el coronel Horacio Losito (fue jefe en Toay y ahora condenado por la Masacre de Margarita Belén).
También estaba en el sistema público de salud el enfermero Daniel Mario Bazán, quien actuó en el ataque a la casa del hijo de “Chicha” Mariani donde secuestraron a su nieta Clara Anahí, un operativo en el que intervinieron el ex comisario Miguel Etchecolatz y el ex comisario Ramón Camps.

www.eldiariodelapampa.com.ar

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El Máximo Tribunal rechazó un planteo de Jorge Rafael Videla por su prisión preventiva

Fue ante una presentación de la defensa del ex presidente de facto en la causa por el secuestro de los hermanos Gutheim. Además, la Corte Suprema de Justicia rechazó planteos similares de otros imputados por delitos de lesa humanidad

Videla s/prórroga prisión preventiva 8.37 Kb.

Videla por secuestro extorsivo 8.14 Kb.

En los expedientes V.6.XLV y V.428.XLVI, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por mayoría los recursos extraordinarios federales interpuestos por la defensa de Jorge Rafael Videla. En estos legajos se cuestiona el mantenimiento de la prisión preventiva de Videla en el marco de la causa Nº 27.241, que se instruye por el delito de secuestro extorsivo reiterado en perjuicio de Federico Guillermo y Miguel Ernesto Gutheim, ocurridos durante el último gobierno militar. Para decidir de esa manera los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni, se remitieron a un precedente del Tribunal (Fallos 330:5082 “Guerrieri”) que había desestimado un planteo similar.

En tanto, en los expedientes R.35.XLVII, G.113.XLVII, C.111.XLVII, D.25.XLVII, M.109.XLVII y P.44.XLVII, el Tribunal desestimó las quejas articuladas por las defensas de Luis Alberto Ricchiutti, acusado como coautor de los delitos de retención, ocultamiento y supresión de identidad de un menor de 10 años, en concurso ideal entre sí, los que a su vez concurren en forma real con falsedad ideológica de documento público y documento público destinado a acreditar la identidad de las personas bajo la modalidad “hacer insertar”; Carlos Orlando Generoso, acusado en la causa ESMA; Juan Andrés Cabrera, acusado como autor de delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de tormentos en 19 oportunidades en concurso real con homicidio en 14 oportunidades; Adolfo Miguel Donda, Catalino Morel y Jorge Luis Peratta, estos últimos también acusados por la comisión de delitos de lesa humanidad sucedidos durante el último gobierno militar. En el fallo, los ministros Highton de Nolasco, Petracchi, Zaffaroni y Argibay consideraron que la pretensión era inadmisible (art. 280 del CPCyCN).

Por otra parte, en el expediente A.1121.XLVI, el Tribunal decidió desestimar el recurso extraordinario federal articulado por la defensa de Juan Carlos Avena, Raúl Antonio Guglielminetti, Julio Héctor Simón, Guillermo Víctor Cardozo, Raúl González, Luis Juan Donocik, Eduardo Emilio Kalinec, Oscar Augusto Isidro Rolón, Ricardo Taddei y Eugenio

Pereyra Apestegui, que venía cuestionando la decisión del TOF Nº. 2, que había prorrogado sus prisiones preventivas. Los jueces Highton de Nolasco, Petracchi, Zaffaroni y Argibay consideraron que la pretensión era inadmisible (art. 280 del CPCyCN).

www.cij.gov.ar

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Nuevo impulso para el enjuiciamiento de los responsables de la Masacre de Trelew

Gentileza de Radio Futura 90.5 (La Plata)
www.fmfutura.com.ar

Lunes 16 de mayo de 2011

Entrevistas a Alicia Leichuk de Bonet, esposa de una de las víctimas fatales de los asesinatos, y a Mariana Arruti, guionista y directora de la Película Trelew

A comienzos de mayo, la Corte Suprema de la Nación rechazó un planteo de los militares implicados en la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972. En este sentido, el ex capitán de Fragata Sosa y el contraalmirante retirado Mayorga pretendían que el expediente caratulado como “Ministerio de Defensa –C.S.F.A.– s/investigar la actuación del personal militar a raíz de la tentativa de evasión del grupo subversivo alojado en la base aeronaval Almirante Zar” fuera cerrado por “extinción de la acción”.

El fallo de la Corte no solo negó el pedido de los acusados sino que consideró que estuvo “mal concedido”, pues debió haber pasado antes por el “tribunal intermedio”, es decir la Cámara Nacional de Casación Penal, donde la pretensión de los militares acusados debió haberse agotado.

A partir de ahora, el camino para el enjuiciamiento de los responsables de la Masacre de Trelew quedó allanado y podría ser inminente el inicio del juicio en los tribunales de Rawson. Alicia Leichuk de Bonet, esposa de Rubén Bonet que fuera uno de los fusilados en la base Almirante Zar de Trelew, señaló a RAP que uno de los máximos impulsores del avance judicial de la causa fue el propio ex presidente Néstor Kirchner, quien durante su mandato se comunicó personalmente con ella y otros familiares de las víctimas del 22 de agosto de 1972.

Alicia Leichuk, que vive en Francia desde 1974, relató los detalles de las jornadas posteriores a los asesinatos de presos políticos y aseguró que los familiares de las víctimas, así como muchos habitantes de Rawson, Trelew y poblaciones aledañas que repudiaron los hechos, fueron maltratados y perseguidos por las sucesivas dictaduras que culminaron en 1983.

Por otra parte, Mariana Arruti, guionista y directora de la película “Trelew”, señaló, en comunicación telefónica con RAP, que en 2006 fueron descubiertas actividades de espionaje sobre población civil que todavía siguen realizándose en la base naval Almirante Zar. A 39 años de la masacre, los mecanismos ilegales continúan funcionando en gran medida, al menos en la implementación de dispositivos de inteligencia en el marco del Estado de derecho.

Escuchar Alicia Leichuk, ex esposa de Rubén Bonet, una de las víctimas fatales de los asesinatos.
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4

Escuchar Mariana Arruti, guionista y directora de la Película Trelew.
Parte 5
Parte 6

Rap, Colectivo de colectivos - Lunes a viernes de 10 a 12 hs

http://radiofuturalaplata.blogspot.com/2011/05/nuevo-impulso-para-el-enjuiciamiento-de.html

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