NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

lunes, 6 de junio de 2011

“EL ANARQUISMO EN LAS LUCHAS SOCIALES ACTUALES”.

10/06-18hs. Anarquistas a Pringles 1232, San Miguel. La FACA


Sobre experiencias de organización Sindical y Territorial.

El proceso de lucha iniciado en la Argentina en los últimos 15 años nos encontro a una generación de militantes anarquistas participando en diversos Movimientos Sociales. La necesidad de construir desde abajo y por fuera del Estado y la perspectiva de generar una estrategia propia de los anarquistas nos llevó a una búsqueda de espacios de encuentro. La FACA es fruto de ese proceso aun en marcha.

Porque creemos en un anarquismo interviniendo y con nuevas posibilidades de interpelación social. Porque es un anarquismo de disputa y ruptura con las instituciones del sistema vigente…

Participación de compañeros de Chaco, Rosario y Buenos Aires.

Sindicato de Trabajadores Municipales calle Pringles 1232, San Miguel (Buenos Aires), Argentina.

Federación Anarco-Comunista de Argentina. Columna Buenaventura Durruti www.lafaca.org

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Las desapariciones forzadas y la llamada “democracia colombiana”

SÁBADO 4 de junio de 2011

Durante la última semana de mayo se celebró en Colombia la “Semana contra la Desaparición Forzada”. El evento reunió en Bogotá a varias organizaciones sociales del pueblo colombiano, a representantes de organismos internacionales, a periodistas y, por supuesto, a familiares de víctimas. Colombia es trágico ’record’ en el crimen de Estado de la desaparición forzada: del informe de Medicina legal y del de la Fiscalía se deduce un promedio de 13.000 desaparecidos al año, perpetrados entre fuerza pública y herramienta paramilitar. Por Azalea Robles

Por ANRed - L (redaccion@anred.org)

El crimen de Estado de la desaparición forzada de la "democracia" colombiana rebasa las dramáticas cifras de las dictaduras del Cono Sur

En la “Semana contra la Desaparición Forzada” estuvieron presentes el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Asfaddes (Asociación de familiares de detenidos desaparecidos), las Madres de la Candelaria, las Madres de Soacha, y muchos más. El encuentro contó con exposiciones, Galerías de la Memoria, conferencias, talleres, testimonios, intervenciones de funcionarios internacionales, representaciones artísticas, etc.

Durante los testimonios, las ponencias y los talleres quedó evidenciada esta terrible realidad: el Crimen de Estado de la desaparición forzada de la "democracia" en Colombia rebasa las dramáticas cifras de las dictaduras chilena y argentina. La cifra del informe de Medicina Legal de 38.255 desaparecidos en 3 años (1) evidenció una realidad que no se puede seguir esquivando: Colombia es trágico ’record’ en el Crimen de Estado de la desaparición forzada.

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia (2), lo que es un reconocimiento por años esperado, aunque obviamente no refleja la amplitud del drama y se presuponen muchos más desaparecidos, como el mismo comisionado lo reconoció. No obstante, la cifra de La ONU de 57.200 desaparecidos permite darle un reconocimiento internacional a las víctimas; aunque evidentemente la estimación se queda corta, a la luz incluso de los informes de las propias entidades estatales que permiten una estimación muy superior; y se queda corta con relación a las víctimas, que buscan centenares de miles de desaparecidos. Más adelante en este texto ahondaremos en la cuestión de las cifras y la dificultad que enfrentan las víctimas de obtener reconocimiento.

Salazar señaló que los hechos involucran a "agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos" y agregó "por décadas, miembros de la fuerza pública cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas" (Ibíd.). El informe de mayo 2011 del CINEP revela que los asesinatos de civiles a manos de militares, los mal llamados “ejecuciones extrajudiciales” o “falsos positivos”, lejos de disminuir bajo la presidencia de Santos, han aumentado: el genocidio de intensifica (3).

Uno de los momentos más estremecedores de la reivindicación de la “Semana contra la Desaparición Forzada” fue la caminata de los familiares, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y varias organizaciones sociales que reclamaron a los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín: las víctimas de la Operación Orión. Orión fue una acción de muerte, tortura y desapariciones perpetrada por la combinación de militares y la herramienta paramilitar. Los familiares y organizaciones caminaron por la comuna 13 pese a las amenazas paramilitares: con flores, recitando poemas y exponiendo la realidad, invitaron a la vecindad a sumarse a la caminata. Algunos de los poemas y reivindicaciones declamados fueron:"Te quieren borrón en la memoria... una vieja sabia de la aldea enseña a deletrear alfabetos de justicia y solidaridad mientras escarbamos en escombreras, en fosas, debajo de las piedras de la infamia... En la roca de la historia vamos a grabar sus nombres".

"¡Somos familiares de desaparecidos y asesinados en la Comuna 13: Escarbando la Verdad, desenterrando la Justicia!”. "Durante el 2002, la Operación Orión contó con más de MIL hombres de la fuerza pública, que permitieron la conquista definitiva de Medellín por los paramilitares y la imposición del miedo y el terror (4).

Las Galerías de la Memoria fueron expuestas en lugares como la Universidad pedagógica de Bogotá, generando interacción con el estudiantado de un país muy golpeado por la censura y manipulación mediática, la invisibilización de las víctimas y la persecución al pensamiento crítico. Varios estudiantes y profesores han sido víctimas de desaparición forzada, asesinatos o encarcelamientos para callar sus denuncias. El Colectivo Semillas de Dignidad y Memoria invita a las exposiciones de las galerías de la Memoria, con este poema: “Son tantos día a día los que simplemente no aparecen, que un día no cabrán en el suelo y brotarán y cubrirán todo este territorio. Y en un macabro recorrido exhibirán el verdadero rostro de la patria”.

Los desaparecidos son invisibilizados por un estado que quiere perpetuar el mecanismo genocida de acumulación de capital en pocas manos, bajo el manto de la impunidad. Un estado que pretende perpetuar la práctica del genocidio como viabilización del saqueo de los recursos, mediante constantes desapariciones de personas: estudiantes, campesinos, indígenas, sindicalistas, maestros, periodistas, artistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos... todo aquel o aquella que reivindique contra la aberración que constituye que siendo Colombia unos de los países más ricos del mundo, su población sufra hambre. Arriesga su libertad y su vida aquel o aquella que alce su voz contra la injusticia social que arroja que 20.000 niños menores de cinco años mueren anualmente por desnutrición y carencia de acceso al agua potable en el 4to país con más riqueza hídrica del mundo. Colombia tiene índices de desigualdad social (coeficiente GINI) que la sitúan entre los países más desiguales del mundo, según datos de Naciones Unidas. Según Samuel Azout, alto consejero para la Prosperidad, Colombia sería hoy el cuarto país del mundo en desigualdad , con un índice Gini de 0,58. (5)

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Cine documental.

Los invitamos a la presentación del documental “Yo sabía que a Walter lo mató la policía” al cumplirse 20 años de la detención y muerte de Walter Bulacio, un pibe de 17 años apaleado en una comisaría de Buenos Aires después de ser detenido junto a otros jóvenes en un recital de rock en el estadio Obras.
El caso Bulacio, de enorme influencia en la lucha antirrepresiva , se convirtió en un emblema de la denuncia y la pelea contra las detenciones policiales, los fusilamientos del gatillo fácil y la tortura, y no fue un caso aislado sino consecuencia del accionar sistemático de las fuerzas represivas de este estado que asesina a alguien cada 28 horas.

Con la presencia de la compañera María Del Carmen Verdú de CORREPI abogada de la familia de Walter, Valeria Mustoni también de CORREPI y Alicia Bernal de CADH.
Teléfono de guardia: (341) 155882788
24/06-19hs. En Catamarca 2330, Rosario. "yo sabia...". convoca: CADH.


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Centro Cultural Almagro: El desalojo fue declarado ilegal.

JUEVES 26 de mayo de 2011

"El equipo de abogados comandado por Omar Dib y Gerardo Echeverri y los testimonios esgrimidos por los imputados, junto con la solidaridad y apoyo de un sin fin de organizaciones sociales, demostraron, no sólo que no hubo una usurpación, sino que detrás del desalojo y detención de los militantes y docentes se ocultaba la intención de amedrentar y encarcelar a quienes venían denunciando a la Comisaría 9° de la Policía Federal por casos de coima, proxenetismo y venta de drogas" expresaron los integrantes del Centro Cultural Almagro.

Por ANRed- E (redaccion@anred.org)

A dos años del brutal e ilegal desalojo, el juez actual se expidió en favor de los docentes y militantes procesados.

Durante más de cinco horas de audiencia, los abogados del Centro Cultural desentramaron y dejaron en evidencia uno a uno los ardides, que el Fiscal Walter López había utilizado para el armado de la causa.

El equipo de abogados comandado por Omar Dib y Gerardo Echeverri y los testimonios esgrimidos por los imputados, junto con la solidaridad y apoyo de un sin fin de organizaciones sociales, demostraron, no sólo que no hubo una usurpación, sino que detrás del desalojo y detención de los militantes y docentes se ocultaba la intención de amedrentar y encarcelar a quienes venían denunciando a la Comisaría 9na de la Policía Federal por casos de coima, proxenetismo y venta de drogas.

También pudieron desenmascarar el gran negocio para la mafia inmobiliaria que significó el desalojo. En el marco del grave problema habitacional de la ciudad de Bs. As., la justicia macrista y la policía federal realizaron un desalojo express e imputaron a los docentes y militantes, para que rápidamente se levante un edificio ligado a inmobiliarias privadas. Lo que era un espacio cultural y social de uso público, potenciador de la fuerza popular y mejorador de las condiciones de vida, se transformó así en una fuente de lucro individual.

El Juez Bujan luego de escuchar atentamente a las partes resolvió declarar ilegal el procedimiento mediante el cual la policía con la connivencia del “fiscal” y el “juez” Carlos Bentolila, desalojó el Centro Cultural. El armado de la causa había comenzado a desmoronarse hace algunas semanas cuando la sala II de la cámara había recusado por parcialidad al “juez” Carlos Bentolila.

En la audiencia se pudo ver a un nervioso Walter López, quien minuto a minuto se empantanaba más en sus propias mentiras, intentando sostener pruebas sin fundamento. Ahora los docentes y militantes del Centro cultural reclamarán ante la justicia por la restitución del inmueble.

Inmediato sobreseimiento!
Restitución del Centro Cultural Almagro!
Basta de fiscales que arman causas contra trabajadores y militantes sociales!

Centro Cultural Almagro

Contacto:
Rafael: 1563844636
Leandro: 155847643

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Trabajadores rurales denuncian a fiscal por considerar "usurpadores" a familias campesinas

Difundimos el siguiente comunicado de prensa: Jocolí-Mendoza
Publicado en: ANRed

USURPADORES DE SUS PROPIAS TIERRAS

Desconociendo los derechos de las familias campesinas, la fiscal María Luisa Canata entiende que una familia que vive y produce por más de 60 años en un lugar es usurpadora de sus propias tierras. Del otro lado, la empresa española, radicada hace poco más de 5 años, que derrumbó con topadoras la vivienda de esta familia es, para esta fiscal, quien tiene derechos sobre estas tierras.

Luego de haber sufrido, este 24 de mayo, el derrumbe de sus ranchos, ramadas y cisternas para el acopio del agua, la familia Sarmiento, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), junto a otros campesinos de la zona, resiste en una carpa en el lugar para evitar que la empresa española Argenceres S.A. continúe con el atropello.

Desoyendo las presentaciones legales de la familia Sarmiento al punto de no querer recibirlas, la fiscal María Luisa Canata de la Oficina Fiscal Nº 7 de Lavalle, imputó, el martes 31 de mayo, por usurpación a Pablo, Pablo (h) y Facundo Sarmiento, nacidos y criados en el campo en cuestión. La presentación que se realizó cuenta la historia de la familia en el campo y puesto, desde la década del ‘40 y ofrece testigos y pruebas para demostrar la posesión campesina.

Previo a esto, la familia recibió una visita intimidatoria del personal policial de la Sub Comisaria El Porvenir (Jocolí) para presentarse ante la fiscal sin esgrimir las causas de dicha citación.

Cabe destacar que la UST viene trabajando desde unos años con la DOADU (Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano), dependiente de la Secretaría de Ambiente de la provincia, en acuerdos sobre la Ley de Arraigo de Puesteros (Nº 6086). La organización campesina presentó en marzo de este año un listado de tierras sobre las que había que regularizar la situación. El campo de la familia Sarmiento está dentro de este listado.

La familia Sarmiento, junto a otras familias campesinas de la UST iniciará acciones legales para defenderse de esta situación de atropello. Además se continuará con la defensa efectiva en la Carpa de la Lucha por la Tierra, donde estaba el rancho derribado por las topadoras extranjeras.

¡Ni un metro más! ¡La tierra es nuestra!
¡Soberanía Alimentaria ya!
¡Somos Tierra para alimentar a los pueblos!
Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza
Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina

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Argentina: 6,7,8, razones para cambiar el Modelo. Claudio Lozano

Claudio Lozano

El veterano dirigente del sindicalismo obrero democrático argentino y diputado nacional Claudio Lozano presentó de manera original una serie de razones para cambiar el modelo, tomando como punto de partida el emblemático programa kirchnerista de la TV Pública argentina, 6, 7, 8: "Queremos que estas 6, 7, 8 razones para cambiar el modelo permitan avanzar en el necesario cuestionamiento al consenso gubernamental como condición de posibilidad de construir una Argentina más Igualitaria", expresó Claudio Lozano al presentar su original informe.






En la Argentina de hoy:
a) 6 de cada 10 hogares tienen problemas para llegar a fin de mes.
b) 7 de cada 10 grandes empresas son extranjeras.
c) 8 de cada 10 jóvenes económicamente activos están precarizados.

En la Argentina de hoy:
a) 6 de cada 10 muertes de niños menores a un año ocurren por causas evitables.
b) 7 de cada 10 personas que nacieron entre 2006 y 2010 son indigentes.
c) 8 de cada 10 jubilados perciben haberes iguales o inferiores al mínimo.

En la Argentina de hoy:
a) 6 de cada 20 niños, niñas y adolescentes no tienen el derecho a una Asignación Familiar, a pesar de la Asignación "universal".
b) 7 de cada 10 dólares que provienen de las exportaciones se concentran en apenas 30 firmas.
c) 8 de cada 20 personas habitan en viviendas sin cloacas.

En la Argentina de hoy:
a) 6 de cada 10 personas pobres son ocultadas por el INDEC.
b) 7 de cada 10 pesos de producción de la cúpula empresarial lo realizan solo el 20% de estas firmas.
c) 8 de cada 20 asalariados están en negro.
BONUS TRACK:
d) 8 de cada 10 personas indigentes son ocultadas por el INDEC

En la Argentina de hoy:
a) 6 de cada 10 embarazadas quedan por fuera de la Asignación Universal por Embarazo para la Protección Social.
b) 7 de cada 30 jóvenes no estudian ni trabajan.
c) 8 firmas de la cúpula se llevan el 26% de las utilidades obtenidas por la misma.

En la Argentina de hoy:
a) 6 de cada 10 pesos de utilidades de la cúpula empresaria se lo llevan apenas 50 firmas.
b) 7 de cada 16 trabajadores ganan por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
c) 8 de cada 40 jóvenes desocupados están buscando empleo hace más de un año y no lo consiguen.

En la Argentina de hoy:
a) 6 de cada 20 familias que recibían algún plan social en 2009 quedaron por fuera de los mismos después de la AUH, sin traspasar tampoco a la nueva prestación
b) 7 de cada 15 pibes son pobres.
c) 8 de cada 10 pesos de ganancias de las empresas de la bolsa se concentraron en apenas 10 firmas

En la Argentina de hoy:
a) Apenas $6 más por día significó el último aumento para los jubilados.
b) 7 millones de pesos cada 8 horas ganaron las empresas pertenecientes al rubro de alimentos y bebidas desde 2007.

Claudio Lozano es un veterano dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y diputado nacional por la coalición de izquierda Proyecto Sur.

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domingo, 5 de junio de 2011

El franquismo y los “padres” del robo de bebés

Publicado el 5 de Junio de 2011

Antonio Vallejo-Nágera fué el jefe de los Servicios Psiquiátricos del ejército de Francisco Franco, autor entre 1938 y 1939 de cinco informes que tituló Biopsiquismo del fanatismo marxista.

Los textos analizan “las relaciones entre las cualidades biopsíquicas del sujeto y el fanatismo político-democrático-comunista”, y fueron el “marco científico” en el que el dictador español se basó, no sólo para eliminar a sus enemigos políticos en la Guerra Civil, sino además perpetuar ese dominio a sus hijos, encarcelando a mujeres embarazadas y apropiándose de miles de criaturas nacidas en cautiverio para “mejorar la raza” y “reinsertar a esos individuos en la hispanidad”.
Padre de la psiquiatría española, el médico ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar en 1910. Durante la primera Guerra Mundial, cumplió el rol de agregado militar en la embajada en Berlín, donde experimentó por primera vez en campos de prisioneros. Ya con el franquismo en el poder, uno de sus trabajos sostenía que “la medicina exige una política, el marxismo es una enfermedad y en nuestras manos está en gran parte su tratamiento”.
En 1937, en su libro Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza, pide agradecer “a Nietzsche la resurrección de las ideas espartanas acerca del exterminio de los inferiores orgánicos y psíquicos, a los que llama parásitos de la sociedad. La sociedad moderna no admite tan crueles postulados en el orden material, pero en el moral no se arredra en llevar a la práctica medidas incruentas que coloquen a los tarados biológicos en condiciones que imposibiliten su reproducción y transmisión a la progenie de las taras que les afectan. El medio más sencillo y fácil de segregación consiste en internar en penales, asilos y colonias a los tarados, con separación de sexos.” Ideas que, finalmente, Franco llevó a la práctica en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña, durante la época de la República.
En la dictadura argentina, uno de los que apoyó la teoría del psiquiatra fue el general Agatino Di Benedetto, médico subdirector del Hospital Militar de Campo de Mayo entre 1976 y 1977, y a cargo de su Dirección entre 1978 y 1979. Campo de Mayo operó bajo el Comando de Sanidad Militar.
Di Benedetto también fue uno de los que reconoció durante los juicios a los represores que existieron decretos y órdenes de qué hacer con las mujeres embarazadas, y cómo proceder con los recién nacidos clandestinamente. Con una premisa que era de cumplimiento obligatorio: separar inmediatamente al niño de su madre, aniquilar a la mujer e ingresar a las criaturas a un sistema de listas para su entrega posterior.

Fuente: Tiempo Argentino

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El caso del "buchón" de los represores: "A Simone no lo echamos para no hacer lo mismo que la dictadura".

La nómina fue elaborada por el Archivo Nacional de la Memoria.

Oscar Alfredo Simone aparece en la lista de informantes civiles del Archivo Nacional de la Memoria, órgano que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su nombre figura en la página 80 del documento, junto con su DNI. (Ingresá a la nota y bajá la lista.)

Fue tema central de debate a mediados del año pasado: a comienzos de agosto, la revista Veintitrés publicó una lista de informantes civiles de la dictadura donde apareció el, por entonces, coordinador de la Inspección General de Vías y Medios de Transporte, Oscar Alfredo Simone. Sorpresivamente, el "acusado" sugirió que se trataba de otra persona y el tema quedó en "stand by".

"Simone, Oscar Alfredo", en la nómina del ANM.
Sin embargo, en el sitio oficial del Archivo Nacional de la Memoria (ANM, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) aparece una nómina del personal civil de Inteligencia que colaboró con la dictadura donde se observa el nombre del funcionario junto con su DNI.
Ante este nuevo material, el ministro de Gobierno de la provincia, Félix González, instruyó a la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini, para que se acelere el sumario que inició interinamente el Ministerio de Infraestructura contra Simone. Ubaldini también preside la Comisión Provincial de la Memoria, encargada de suministrar información al Archivo Nacional de la Memoria.
El ANM fue creado en 2003 tras la asunción de Néstor Kirchner. Un año más tarde, el 25 de mayo de 2004, el expresidente decidió que el organismo funcione en el viejo edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). El Archivo, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, elaboró un listado de víctimas de desaparición forzada y una nómina del personal civil de Inteligencia en la dictadura.
Ingresá a este link para ver y/o guardar el archivo; "Simone, Oscar Alfredo" aparece en la página 80.

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Justicia incapaz de investigar

A través de un comunicado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche dijo que el Poder Judicial de la provincia de Río Negro es incapaz de investigar con seriedad los crímenes que se cometen desde el poder del Estado.(…)

La burocracia judicial realiza formalismos y simula operatividad, sin poder ocultar que el sistema penal es un fracaso en todas sus dimensiones”.
Lo dijo en relación a la investigación del caso de Guillermo Garrido, el joven que apareció muerto en la comisaría de El Bolsón, en enero pasado, apenas una hora después de haber sido detenido por un accidente de tránsito. El doctor Ricardo Calcagno consideró que no hay delito, que Garrido “se suicidó” y cerró la causa. En tanto, sus familiares insisten en que el joven no tenía motivos para suicidarse y exigen que se siga investigando hasta hallar a los responsables.
Al respecto, la APDH señaló que “ya sea por su escandalosa selectividad para criminalizar tan sólo a los sectores más vulnerables, como por su favorecimiento a quienes delinquen desde las estructuras del poder del Estado, el archivo de la causa en la cual apenas se investigó la muy dudosa muerte del joven Garrido en el interior de una celda de la Comisaría de El Bolsón es otra muestra más de esa ceguera y esa complicidad”.
La abogada de la familia de Garrido, Marina Schifrin, apeló la decisión de archivar la causa (apelación que ahora debe resolver la cámara segunda). La letrada manifestó irregularidades desde la misma detención del joven: “Hay choques mucho más importantes por los cuales no dejan a la gente detenida”. Aclaró además que ya estaba resuelto el tema del seguro del auto y afirmó que “por una cosa así, es raro que alguien se suicide, no alcanzó a estar una hora en la comisaría”. Respecto al cierre de la causa, Schifrin aseguró: “Nunca veo que en tres meses pasen a archivo, tenemos una batería de medidas probatorias para ofrecer y nos cierran en las narices la causa. El 5 de abril el juez ordena el archivo y el 8 de abril recién pudimos ver el expediente”.

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Y en Chubut también…

En setiembre de 2010, el cuerpo sin vida de Gonzalo Julián Antillanca, de 19 años, fue arrojado desde un auto en plena calle del barrio UPCN de Trelew.

La policía dijo en un primer momento que el joven había muerto producto de un coma alcohólico.
Pero la versión empezó a caer, cuando una testigo de identidad reservada denunció que vio cómo el cabo Martín Solís, de la seccional cuarta de Trelew, le ordenaba al chofer de un patrullero que bajara el cadáver de Julián que estaba en el baúl.
A su vez, el padre del joven logró que se hiciera una autopsia que determinó que el motivo de la muerte no fue un exceso de alcohol sino fuertes golpes en la nuca. Además, un estudio complementario encontró, en el patrullero, muestras de tejido con el ADN de Antillanca.
Según denuncia la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, desde el gobierno provincial y la cúpula policial, se intentó desviar la investigación presentando testigos falsos y permitiendo que manejara la investigación la misma fuerza acusada, es decir la policía.
Actualmente, están imputados en la causa el cabo Martín Solís, con los cargos de partícipe primario y encubrimiento del homicidio; y el comisario Carlos Sandoval con los cargos de encubrimiento del homicidio y falsificación de documento público. Todas las acusaciones son agravadas por la función pública que ejercían. Solís además está bajo arresto domiciliario (detenido en una cárcel ya sería demasiada justicia…)
La familia de Julián realizará el próximo 24 de mayo una marcha en Trelew para exigir justicia. Ese día, Julián cumpliría años.

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