EL GENOCIDA RAFAEL MOLINA (alias “Charly” o “Charles Bronson”) APARTADO DE UN JUICIO POR “RAZONES DE SALUD”
Riojano. 67 años. Retirado de la FuerzaAérea , L.E. Nº 5.331.277, con último domicilio en la calle Figueroa Alcorta Nº 447, Barrio Poluyán de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba y, a junio 2010, alojado en laUP 44 del Servicio Penitenciario Bonaerense de Batán.
Molina fue subjefe de la Base Aérea de MDP, y como tal juzgado en esa ciudad en 2010, en la causa por los hechos de “La noche de las corbatas”, acusado de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, privación ilegítima de la libertad agravada por ser perseguidos políticos (38 hechos) e imposición de tormentos a los presos agravado por ser éstos perseguidos políticos (38 hechos), en grado de coautoría, todos los cuales concurren materialmente entre sí. Además, estaba acusado como autor penalmenteresponsable de los delitos de violaciones reiteradas agravadas contra varias detenidas. Todos los casos por su actuación en el Centro Clandestino de Detención “ La Cueva ”. Varios sobrevivientes del CCD, así como subordinados de este genocida lo describen como un “borracho violento y militarista”.
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En Junio de 2010, los jueces Juan Velazquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos Paris, del TOF de Mar del Plata lo sentenciaron a prisión perpetua, convirtiéndolo así en el cuarto integrante de la Fuerza Aérea condenado desde la reapertura de las causas contra los genocidas, tras la condena a Barda, Comes y Mariani en causa “Área Mar del Plata-Mansión Seré”, llevada a juicio en 2008.
Casi como una mala broma de la “Justicia”, esta semana los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto y ElvioOsores Soler, del nuevo Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, lo apartaron del juicio oral que se realiza en aquella ciudad desde junio pasado y que investiga delitos cometidos en dos centros clandestinos de detención, en perjuicio de 85 víctimas. El argumento esgrimido fue “problemas de salud del acusado”, y lo beneficiaron con la impunidad sobre hechos en perjuicio de 85 víctimas ocurridos en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Mar del Plata y el Centro Clandestino de Detención “ La Cueva ” (ex radar Base Aérea Mar del Plata), así como también en la Comisaría Primera y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.
El juicio continúa con las imputaciones sobre los represores Leandro Edgar Marquiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Maspero, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio, Nicolás Miguel Caffarello,
Marcelino Blaustein, Ernesto Orosco, Adriano Argüello, Fortunato Valentín Rezett, Aldo José Sagasti, Héctor Carlos Cerutti, Mario Jorge Larrea y Héctor Francisco Bicarelli, algunos de ellos ya condenados en otros juicios recientes.
Las dilaciones alrededor del juzgamiento de Molina no son nuevas:
- El tribunal que lo debía juzgar en 2010, que tardó 3 años en juzgar a Molina desde que la causa se había elevado a juicio, presentó un
- Ante ello, el Fiscal Daniel Adler, presentó una queja por retardo de justicia ante la Cámara de Casación, al considerar que “el trámite de la causa y el tiempo que aún resta para la realización del debate oral fijado por el Tribunal, atenta contra la razonabilidad del plazo en el que debe llevarse a cabo el proceso penal”.
- En respuesta, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal anuló la resolución del Tribunal, que pretendía estirar el inicio del juicio, y le ordenó al tribunal fijar una nueva fecha “en el más breve plazo”.
- Justamente, en su presentación, el Fiscal Adler había sostenido que los cuatro meses en que el tribunal pretendía estirar el comienzo del debatepodrían frustrar los fines del proceso en caso de agravarse el estado de salud de Molina. Esa previsión se hizo realidad por la tardanza de los jueces.
Del total de 1464 imputados registrado en 2010, sólo 1179 se encontraban con posibilidades de enfrentar un proceso penal. Los 243 restantes fallecieron o fueron declarados incapaces.
Este nuevo hecho es una tomada de pelo más a la lucha por Justicia de los organismos de DDHH, y confirma que tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 47 juicios orales con sentencia en todo el país. En ellos fueron enjuiciados sólo 224 represores (algunos represores en varias causas), donde hubo 207 condenas y 17 absoluciones por un universo de 975 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue condenado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Pero además, si bien hay otros 400 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad, o gozando de la domiciliaria; además de haber 37 represores prófugos de la justicia y 260 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia. Los últimos tres, genocidas tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés” , Rubén Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, y Pedro Durán Sáenz, jefe del CCD “El Vesubio” muerto impune durante el transcurso del juicio que este jueves 14 de julio llega a su fin.
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