ALFREDO GALARZA BALBUENA: Investigador de la colonización y genocidio a los pueblos originarios en el Chaco. Autor del libro "Colonialismo y resistencia en el Gran Chaco".
PATRICIO de HIJOS La Plata.
martes, 24 de abril de 2018
AUDIOS de CHARLA DEBATE: TERRITORIO, REPRESIÓN Y PUEBLOS ORIGINARIOS.
ALFREDO GALARZA BALBUENA: Investigador de la colonización y genocidio a los pueblos originarios en el Chaco. Autor del libro "Colonialismo y resistencia en el Gran Chaco".
PATRICIO de HIJOS La Plata.
jueves, 1 de marzo de 2018
DOCUMENTO DE LA MULTISECTORIAL A DOS MESES DE LA DOMICILIARIA AL GENOCIDA MIGUEL OSVALDO ETCHECOLATZ
La Multisectorial La Plata – Berisso- Ensenada repudia el fallo del Tribunal Oral Federal 6 de Capital Federal que hace dos meses otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al probado genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la última dictadura y responsable de miles de crímenes aberrantes. Con ese fallo, uno de los máximos asesinos de la dictadura salió de la cárcel y fue alojado en su chalet del Bosque Peralta Ramos en la ciudad de Mar del Plata.. El caso de Etchecolatz es paradigmático, ya que se trata del principal responsable, que permanece con vida, de la bonaerense del Circuito Camps. Condenado 4 veces a perpetua y varias a penas de hasta 25 años de prisión, el asesino se encuentra a la espera de otros juicios orales y más acusaciones. Sin embargo, los jueces de distintos tribunales le otorgaron la domiciliaria en numerosas causas y dictaron el cese de prisión en otras.
Recordamos que Etchecolatz llegó al primer juicio (en 2006) con el beneficio de la domiciliaria, pero este le fue quitado por encontrarse en su casa un arma de grueso calibre. Durante ese juicio, el primero tras la anulación de las leyes de impunidad y en el que este genocida fue condenado a perpetua, fue desaparecido por segunda vez Jorge Julio López. De la desaparición del compañero nada se ha investigado, ni esclarecido, y lo que siguió fue una larga cadena de impunidad para ocultar a los autores materiales e intelectuales del secuestro y para encubrir la complicidad estatal en todas sus instancias, ya que todos los gobiernos desde el kirchnerismo a la actualidad macrista cubrieron y continúan cubriendo con un manto de silencio el caso e hicieron todo lo necesario para que a 11 años el compañero siga desaparecido y no haya ni un solo culpable preso ni procesado, transformándose en cómplices del encubrimiento.
Desde un primer momento denunciamos la relación directa de la desaparición de López con su importante declaración en ese juicio. Al mismo tiempo denunciamos que hoy, a más de 34 años de finalizada la dictadura, y tras el paso de todos los gobiernos constitucionales, la estructura represiva de la dictadura no fue desmantelada. Desde la bonaerense seguían considerando a Etchecolatz como jefe (así lo llamaban los propios guardias que debían custodiarlo), y para el año 2006 la capacidad operativa de este genocida se mantenía intacta con la posibilidad cierta y nunca investigada seriamente, de planificar y ordenar el secuestro y segunda desaparición de Jorge Julio López.
Hoy volvemos a denunciar que la estructura central de ese aparato represivo no sólo no ha sido desactivada, sino que desde el gobierno nacional se llevan adelante medidas materiales y simbólicas de apoyo a los genocidas y a las fuerzas represivas con licencia para matar en contra de nuestro pueblo.
Por eso denunciamos que estos fallos no son aislados. La domiciliaria a Etchecolatz es un signo claro que da este gobierno, a través de funcionarios judiciales, magistrados y ministros siempre serviles al poder de turno, asignando el papel de garantes a las FFAA y represivas para llevar adelante este plan neo-liberal de sometimiento, hambre y represión. Esta domiciliaria al igual que el aval explícito al gatillo fácil, se constituye en la garantía para que la represión no se sienta limitada en sus métodos y así cumplir con el rol asignado, al igual que en la dictadura genocida por mano de muchos Etchecolatz, cuando no se “reparo” en asesinar, desaparecer, secuestrar, torturar, violar , robar hijos e hijas de compañeros, etc, etc, con el fin de desaparecer al sector que se oponía a sus planes, políticos económicos y sociales.
Hoy venimos a denunciar que las domiciliarias a personajes como Etchecolatz, el negacionismo a reconocer la responsabilidad del estado en el plan sistemático de la dictadura, el constante intento de “reconciliación”, el 2x1, junto al plan de inserción de las FFAA en la represión interna, la aplicación de la ley no escrita de Bullrich-Macri sobre la pena de muerte de hecho con el gatillo fácil, configuran el embrión de la continuidad del plan genocida de la dictadura. No es ajeno a este entramado el intento de poner en ejecución un nuevo plan Cóndor: en el día de hoy comenzó un segundo e ilegal nuevo juicio para extraditar hacia Chile a Facundo Jones Huala, so pretexto de un plan terrorista de los hermanos mapuche, que solo exigen el respeto a sus tierras, a su identidad y costumbres. No podemos olvidar que en la exigencia por la libertad a Jones Huala es desaparecido y asesinado por la gendarmería, bajo órdenes directas de la ministra Bullrich, el compañero Santiago Maldonado. No podemos olvidar que la Prefectura a cargo de Bullrich fusiló por la espalda a Rafael Nahuel el 25 de noviembre, el mismo día que se velaban los restos de Santiago.
No es la primera vez que un gobierno a través de sus dichos o actos pretende negar la responsabilidad del estado en el plan sistemático y el carácter genocida de la dictadura, las leyes de obediencia debida y punto final, los indultos, la imposición del estado de sitio, las leyes antiterroristas y el nombramiento de Cesar Milani, un genocida como jefe del ejército, son solo algunos ejemplos y antecedentes a este objetivo.
Sin embargo y sin dejar de denunciar lo emblemático que significa la libertad otorgada a Etchecolatz, también denunciamos que recientemente fueron beneficiados con el mismo privilegio dos de sus laderos: Julio Cesar Garachico, mencionado por Julio López como uno de los picaneadores del CCD de Arana, y el médico policial Jorge Vidal, que estuvo prófugo más de 5 años y había sido hallado en un entrepiso de la misma casa del Bajo Flores adonde ahora la justicia lo devuelve. Hoy suman más de 535 represores gozando del beneficio de la domiciliaria. Ello representa más del 50% de los genocidas detenidos, siendo que gran parte de ellos ya cumplía arresto domiciliario durante el gobierno anterior.
Intentamos que este y los futuros actos y marchas sean un eslabón en la lucha contra la impunidad. Somos parte de las manifestaciones callejeras donde salimos codo a codo dispuestos a no admitir ningún beneficio a los genocidas, convirtiendo esa decisión en la más grande respuesta en unidad que dio nuestro pueblo durante este gobierno, cientos de miles nos manifestamos ante el intento de aplicación por parte de la corte macrista del 2x1 logrando hacerlo retroceder. Apelamos a esa unidad, la misma que nos vio exigiendo aparición y justicia por Santiago Maldonado, la del 14 y 18 de diciembre oponiéndose a la reforma previsional, la misma que debemos recorrer para lograr justicia por el asesinato a Rafael Nahuel. Esta unidad en las calles el único camino eficaz para parar ésta y todas las domiciliarias, devolviendo a los genocidas al único lugar que les corresponde, la cárcel común, perpetua y efectiva, hasta sus últimos días.
Por todo esto decimos:
NO A LA DOMICILIARIA DE ETCHECOLAZ Y DE NINGÚN GENOCIDA!
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APARICÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ. JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES!
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JUSTICIA X SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL!
LIBERTAD Y DESPROCESAMIENTO DE LOS PRESOS X LUCHAR!
- LIBERTAD Y NO EXTRADICIÓN A FACUNDO JONES HUALA
- BASTA DE REPRESIÓN FUERA BILLRICH!
- CÁRCEL COMUN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS
30.000 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS Presentes!!
NO OLVODAMOS. NO PERDONAMOS. NO NOS RECONCILIAMOS!
MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA.
BASTA DE ATAQUES FASCISTAS AL ARTE CALLEJERO POPULAR
A 3 meses de que realizaramos el mural en la calle 1 y 33 en La Plata, el mismo ha sido arruinado por fascistas que borraron los rostros de desaparecidos y asesinados por el Estado en democracia, escribiendo encima la consigna "Segunda República".
Ese partidito, conducido por elementos como Adrián Salbuchi y Héctor Guiliano, que se presenta como "nacionalista", antiabortista, que pretende "recuperar las fuerzas armadas y de seguridad para la Nación" y hasta lanza campañas de protección de animales, no puede hacer otra cosa que vandalizar nuestro trabajo porque su prédica no tiene llegada al pueblo trabajador.
Ese grupúsculo sin representación ni tareas de base piensa que los mapuches son "destructores del territorio" y que la diversidad sexual es contraria a la "moral nacional". Nos ahorramos comentarios sobre tales disparates políticos.
Si les molestan las consignas del mural es porque la derecha nazi-onal siempre se dedicó a promover, ocultar y encubrir los crímenes del Estado, como las desapariciones forzadas en democracia que allí denunciábamos.
Repudiamos fuertemente este hecho y anunciamos que restauraremos el mural a la brevedad y cuantas veces sea necesario.
JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL.
LIBERTAD A FACUNDO JONES HUALA.
BASTA DE REPRIMIR AL PUEBLO MAPUCHE.
VIVA LA LUCHA POR LA TIERRA, LA CULTURA Y LA VIDA DE NUESTROS ORIGINARIOS.
COMITÉ DE SOLIDARIDAD SANTIAGO MALDONADO - LA PLATA
lunes, 26 de febrero de 2018
ESTO NO ES NUEVO!!!
El aval político a los asesinos de uniforme no es nuevo. La vieja escuela noventista de “salir a meter bala a los delincuentes” del ex gobernador Carlos Ruckauf fue actualizada en la gestión de Daniel Scioli y su ministro de Inseguridad Alejandro Granados. Los resultados a la vista: el gobierno bonaerense con mayor cantidad de casos de gatillo fácil en tres décadas. Más de 5 mil son los casos que esa doctrina se viene cobrando desde concluida la dictadura militar y comenzada la democracia de represión como control social. Más de 215 casos de desaparición forzada desde 1983 a la fecha. Macri, Bullrich y Ritondo quieren crear miles de Chocobar para contener el conflicto social que su política económica está agravando.
SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN DE ESTADO.
BASTA DE GATILLO FÁCIL.
jueves, 28 de diciembre de 2017
LA ESTOCADA FINAL DE LA IMPUNIDAD
OTORGAN DOMICILIARIA EFECTIVA AL GENOCIDA MIGUEL OSVALDO ETCHECOLATZ
Desde HIJOS La Plata repudiamos el fallo del Tribunal Oral Federal 6 de Capital Federal que este 27 de diciembre decidió otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria al probado genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la última dictadura y responsable de miles de crímenes aberrantes, así como principal sospechoso de ser el ideólogo de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Lo hizo en la causa por los CCD CCD Puente 12 y Comisaría de Monte Grande. Así uno de los máximos asesinos de uniforme de nuestra historia será alojado en su chalet de calle Nuevo Boulevard del Bosque, entre Guaraníes y Tobas, Bosque Peralta Ramos, ciudad de Mar del Plata.
El caso de Etchecolatz es paradigmático en varios sentidos, ya que se encuentra condenado por la apropiación de Carmen Gallo Sanz en 2004, en el proceso realizado en La Plata en 2006, en la causa “Circuito Camps” de 2012, por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en 2014 y en la causa “Favero-Álvarez” de 2016. Pero además estaba detenido a la espera de juicio en las causas “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield”, “Brigada de San Justo”, residual de “Pozo de Arana” y por el secuestro y las torturas al ex diputado provincial del Frejuli Mario Medina. Completan su prontuario las causas que lo tienen, por un lado en juicio ante el TOF 6 de Capital Federal (por los CCD Puente 12 y Comisaría de Monte Grande), y el expediente 7421 en instrucción en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora.
Un total de 12 causas en las cuales obtuvo la domiciliaria en 5 y el cese de prisión preventiva en 4, encontrándose hasta ahora detenido sólo en las causas obrantes en CABA y Lomas de Zamora.
Con este fallo la justicia argentina termina de coronar un derrotero infame de dos años en los que el genocida venía consiguiendo parcialmente el beneficio de irse a su casa en algunas causas, y que no se hacía efectivo porque aún conservaba la prisión preventiva en la causa que ahora nos ocupa.
La causa por los CCD Brigada de Monte Grande y “Puente 12” fue instruida por el juez Daniel Rafecas, quien la elevo a juicio al TOF 6 de CABA en diciembre de 2013 con 12 procesados, entre ellos Etchecolatz. Rafecas ya había negado el pedido de domiciliaria en esa causa recordando las condenas que recibió Etchecolatz en La Plata, sumadas a las imputaciones por el CCD “Protobanco”, donde dijo que “el estadío de desarrollo de la pesquisa y las pruebas pendientes de sustanciación, en especial, la relacionada con víctimas sobrevivientes y demás testigos, sin dudas vulnerables ante posibles maniobras destinadas a frustrar el avance en la búsqueda de la verdad judicial”. En esa oportunidad Rafecas destacó que un informe de abril de 2016 del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema señalaba claramente que el represor “presenta buen estado de salud aparente, sin signos de descompensación, ni de proceso agudo en evolución. Padece patologías clínicas compensadas y tratadas adecuadamente” y que “en tanto y en cuanto se cumplan las indicciones médicas en tiempo y forma, su salud no se verá afectada por deficiencias en atención”. Sin embargo, los jueces del TOF 1 de La Plata primero, de la Sala I de la Cámara Criminal y Correcional Federal de CABA después, y el TOF 6 de la capital ahora, compraron el argumento de la “razón humanitaria”.
La campaña de los abogados de Etchecolatz por su definitiva y efectiva domiciliaria no cesó nunca: pese a haber perdido el beneficio en pleno debate oral en 2006 por guardar en su casa un arma no declarada, la solicitaron en todas las instancias que atravesó el reo y hasta llegaron a presentar un recurso de Habeas Corpus donde curiosamente reconocían que la situación del genocida se había agravado en 2016 “a raíz de una huelga de hambre” que había realizado para manipular su situación física. Pese a que el Habeas fue rechazado por la Cámara Federal de La Plata en agosto pasado, el informe médico que derivó de esa jugada sucia de la huelga de hambre comenzó a ablandar los criterios de los jueces hacia el argumento de la razón humanitaria. Desde entonces empezó a pesar el hecho de que si bien se lo podía tratar de sus afecciones intramuros, se lo beneficiaba por consideraciones humanitarias o bien porque sólo con tener más de 70 años alcanza y sobra. En la causa que resolvió ahora el TOF 6 de CABA, sus abogados lo presentaron como “el geronte con mayor edad en institución carcelaria en todo el ámbito penitenciario federal”. Con todos los informes médicos en contra, que incluso detallan que sufrió un ACV, pero controlado hace 17 años, y su hipertensión y próstata pueden ser tratadas intramuros o en derivación a hospital externo, la impunidad ganó la batalla.
El pasado 11 de diciembre el TOF 1 de La Plata había rechazado el pedido de libertad condicional realizado por los abogados del genocida en la causa que lo condenó a perpetua en 2006. Si bien podía objetivamente acceder a la libertad condicional desde el 28 de noviembre de 2017, el juez Castelli había opinado que “ninguna pena que se imponga en el futuro en causas en las que se encuentra con prisión preventiva podrá ser más grave que la impuesta en aquella causa a prisión perpetua”. Ahora la situación se destrabó a favor del genocida, ya que el único proceso en que tenía medida privativa de la libertad se resolvió a su favor. Los jueces Fernando Canero, Julio Panelo y José Martínez Sobrino del TOF 6 de CABA entendieron que impera el “deterioro constante e irreversible” que presentaría la salud del genocida, y que es suficiente para enviarlo a su casa. Eso sí, con “vigilancia mediante un dispositivo de monitoreo electrónico”.
Se confirma con esto la investigación difundida por el portal "La Retaguardia", de un listado de 110 genocidas mayores de 70 años (Etchecolatz figura Nº 5 en la lista) que el Servicio Penitenciario Federal sugiere enviar a sus casas con tobilleras electrónicas, con la excusa del agravamiento de las condiciones de detención que, para ser justos, existen pero los genocidas son los que nunca las sufren. Recientemente fueron beneficiados con aquel privilegio dos laderos de Etchecolatz: Julio Cesar Garachico, mencionado por Julio López como uno de los picaneadores del CCD de Arana, que se irá a su chalet del Mar Del Plata; y el médico policial Jorge Vidal, que estuvo prófugo más de 5 años y había sido hallado en un entrepiso de la misma casa del Bajo Flores adonde ahora la justicia lo devuelve.
Pensemos que actualmente hay más de 535 represores, entre procesados con preventiva y condenados, que gozan del beneficio de la domiciliaria. Ello representa más del 50% de los genocidas detenidos. Pensemos que el comisario Etchecolatz, símbolo de la represión de la bonaerense en dictadura, fue condenado en el primer juicio iniciado tras la anulación de las leyes de impunidad, donde fue desaparecido por segunda vez López y donde todas las sospechas apuntan al propio Etchecolatz. Por eso decimos que esta situación debería hacer reflexionar sobre el peligro real que enfrenta la ejecución de condena en este tipo de procesos por crímenes gravísimos e imprescriptibles: ser una mera formalidad.
martes, 26 de septiembre de 2017
A 27 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN FORZADA - JUSTICIA POR ANDRÉS NUÑEZ
Andrés Alberto Nuñez fue secuestrado en su casa de 119 y 78 la madrugada del 28/9/90 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y con la excusa del robo de una bicicleta fue llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, en la Estancia El Roble, donde lo incineraron dentro de un tanque australiano en desuso.
El caso de Andrés fue símbolo de continuidad de las prácticas represivas con que la Maldita Policía Bonaerense de la dictadura siguió actuando durante la gestión del gobernador Eduardo Duhalde, del jefe Pedro Klodzyck y del comisario Mario “Chorizo” Rodríguez en los ’90.
En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González fueron condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte, sentencia confirmada en agosto de 2012. Pero no actuaron solos. Durante 20 años el coautor del crimen, Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo de la justicia. Capturado en agosto de 2012 con identidad falsa en Neuquén, Ponce fue condenado el pasado 31 de marzo a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua como coautor funcional de la privación ilegal de la libertad, en concurso real con torturas seguidas de muerte, provocadas a Andrés. La sentencia fue apelada por la defensa del asesino y el 12 de octubre habrá una audiencia de la partes ante la Sala 5 del Tribunal de Casación Penal, integrado por los jueces Jorge Celesia y Martín Ordoqui.
Además el ex juez Amílcar Vara, destituido en 1998 en juicio político por encubrimiento en las causas Nuñez, Bru y en otros de 25 casos de crímenes policiales, murió impune en marzo de 2014.
Pese al intento de cerrar la causa, en mayo de 2013 la Suprema Corte bonaerense dijo que el caso de Andrés es una “grave vulneración a los DD.HH.” y resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 4 policías responsables del encubrimiento del caso: Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Ese tramo del expediente está en instrucción, pero la última jueza de la causa, la Dra Marcela Garmendia, se apartó del expediente aduciendo que entiende que la causa está prescripta. Rechazado el planteo por la Cámara Penal platense, se debe sortear un nuevo magistrado que complete la investigación.
Pero además, pasados 27 años de los hechos la justicia no ha mostrado una estrategia real de búsqueda y detención del ex policía Gerez, imputado y prófugo desde hace más de 25 años en la causa Nuñez.
Pablo Martín Gerez, DNI 14.907.946, fue oficial inspector de la Brigada de La Plata, y como tal comandó el grupo operativo que en septiembre de 1990 secuestró, torturó y desapareció a Andrés de su casa de Villa Elvira. Oriundo de General Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, proveer el campo de aquella localidad donde descuartizaron, quemaron y enterraron a Andrés, y que era custodiado por un primo suyo.
La familia de Andrés ha aportado información sobre los contactos de este criminal, especialmente sobre su madre, que vive en General Belgrano. Se ha pedido reiteradamente que el Estado se haga cargo de su responsabilidad para encontrarlo y ponga a disposición herramientas para una investigación seria para detenerlo.
En una fenomenal tomada de pelo, en 2009 una abogada se presentó en la causa a nombre de Gerez que, aún prófugo, reclamaba la prescripción de la imputación y firmaba de puño y letra el recurso. Ocupada en otros urgentes menesteres, ninguna estructura de inteligencia policial ni judicial tiró de esa piola para ubicar a Gerez. La tardanza del Estado en llevar a juicio a estos criminales sólo genera más impunidad.
Desde el caso del joven de 23 años Néstor `Lito` Gutiérrez, detenido por la Policía de Neuquén en diciembre de 1984 y cuyo cadáver apareció golpeado en las aguas del río Limay; hasta el caso de Santiago Maldonado, detenido por la Gendarmería Nacional en una represión abierta en la Lof de Cushamen – Chubut, se han producido en Argentina al menos 215 casos de desaparición forzada de personas entre 1984 y 2017. La continuidad de la práctica de desaparecer personas tras detenerlas de parte de las fuerzas de inseguridad de Argentina se comprueba con el dato de que en 30 de los últimos 34 años de democracia se han producido este tipo de casos. Digno de su “Maldita Policía” que nunca dejó de actuar, la provincia de Buenos Aires registra más de un 70% de los casos. Y pese a la continuidad de los gobiernos constitucionales, tantas veces defendida como garantía suficiente del respeto a la vida y la libertad ambulatoria, la protección frente a las detenciones arbitrarias y las torturas, con los años los casos han seguido creciendo. En cuanto a los gobiernos nacionales las tres últimas gestiones conjuntas de Néstor y Cristina Kirchner, autodenominado “Gobierno de los Derechos Humanos”, son los que concentran la mayor cantidad de casos (39%).
A 27 años del secuestro, asesinato y desaparición de Andrés, sus familiares y amigos ratificamos nuestra voluntad inquebrantable de buscar verdad y castigo a todos los responsables de los hechos.
¡LA LUCHA CONTINÚA!
¡QUEREMOS NUEVO JUEZ EN LA CAUSA!
¡BUSQUEN AL PRÓFUGO PABLO MARTÍN GEREZ YA!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS ENCUBRIDORES COSTILLA, VEIGA, ZAVALA, Y CARRIZO!
¡JUSTICIA POR ANDRÉS NUÑEZ Y POR TODOS LOS DESAPARECID@S EN DEMOCRACIA!
¡APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO!
¡APARICIÓN CON VIDA YA DE JOHANA RAMALLO!
¡SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN DE ESTADO!
FAMILIARES Y AMIGOS DE ANDRÉS NUÑEZ
HIJOS LA PLATA
COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL
CONTACTO:
MIRNA (ESPOSA DE ANDRÉS) 0221- 5968507
JULIO (HIJOS) 0221- 5892221
martes, 19 de septiembre de 2017
DECIMOCUARTO audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata.
PERPETUAS A LA VISTA
En una nueva jornada del juicio a los represores Carlos Castillo y Juan José Pomares, con algunas desmemorias políticas y notables tibiezas del derecho el fiscal Juan Martín Nogueira pidió perpetua para ambos genocidas. La ausencia crónica del “Líder” en la aquiescencia de las bandas de derecha para cometer delitos de lesa humanidad. El debate está llegando a la etapa final: restan alegatos de querellas y defensas. Se espera sentencia, con suerte, para fines de octubre.
Por HIJOS La Plata
Tras una breve audiencia 13 donde se decidió la incorporación por lectura al debate de prueba varia como el libro de detenidos de la comisaría 8va, donde estuvieron alojados varios CNU presos en abril de 1976, y los testimonios brindados por Alfredo Lozano, policía e integrante de la banda de Castillo, en la audiencia 14 se escuchó el alegato del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Juan Martín Nogueira.
CONTUNDENTE EN LO MATERIAL
El fiscal pidió prisión perpetua para ambos represores, acusados por los casos de 7 víctimas en 3 hechos represivos distintos. Para el fiscal los hechos del juicio son crímenes distintos de los juzgados hasta ahora, tanto por ser parte de una dinámica anterior al golpe de Estado como por ser dinámicas represivas diferentes al sistema concentracionario de la dictadura, además de tratarse de civiles actuando en organizaciones para-estatales. La fiscalía calificó los hechos, en rigor secuestros, torturas y homicidios cometidos entre febrero y abril de 1976, como crímenes de lesa humanidad, puesto que la CNU "actuó bajo el amparo del Estado o cuanto menos con su anuencia" y porque "fueron parte de un ataque contra la población civil en el contexto de una práctica generalizada y sistemática".
Castillo fue acusado como autor de la privación ilegal de la libertad agravada y el homicidio agravado del secretario general del Sindicato de Empleados por Reunión del Hipódromo de La Plata, Carlos Antonio Domínguez, y en la privación ilegal de la libertad del vocal de esa organización, Roberto Fiandor, ocurridos el 12 de febrero de 1976; y en la privación ilegal de la libertad agravada y el homicidio agravado del trabajador de la empresa Limpiolux y ya para la época ex militante del PCR, Leonardo Guillermo Miceli, del 19 de abril del mismo año. Tanto Castillo como Pomares fueron imputados como autores de la privación ilegal de la libertad agravada y el homicidio agravado de Néstor Dinotto y Graciela Martini y por la privación ilegal de la libertad agravada de Daniel Pastorino y de Adelaida Barón, los cuatro militantes por entonces de la Juventud Peronista, hechos que tuvieron lugar entre el 3 y 4 de abril de 1976 entre Villa Elisa y las afueras de La Plata. Respecto a los tormentos, los represores fueron acusados por el fiscal en grado de partícipes necesarios por la aplicación de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de este último grupo de víctimas. La fiscalía explicó que al momento del hecho la norma aplicable preveía su efecto sólo para agentes estatales, pero al haber actuado con la aquiescencia del Estado, los dos civiles pueden y deben ser condenados por esas conductas.
Tanto Castillo como Pomares fueron señalados directamente por los testimonios de los sobrevivientes, que los reconocieron durante los secuestros. La esposa de Miceli, Ana María Bossio, señaló a Castillo como quien le realizó por detrás un simulacro de fusilamiento en el momento en que se llevaron a su esposo, que apareció acribillado en un arroyo en Avellaneda. Por su parte en el debate los sobrevivientes Pastorino y Barón sindicaron tanto a Castillo como a Pomares como integrantes de la banda que los secuestró en Villa Elisa y los torturó en una casilla rodante en calle 64 y diagonal 113, junto a sus compañeros luego asesinados Dinotto y Martini. En el caso de Domínguez y Fiandor, la prueba que vinculó directamente a Castillo con los hechos fue el hallazgo en su domicilio de una máquina de escribir Engadine 44, un regalo que le había hecho el dirigente gremial a su hija Silvia para los 15 años que fue robado entre tantos objetos en la madrugada de su secuestro.
En un importante tramo del alegato, el fiscal Nogueira se encargó de descartar las alegaciones de los genocidas de que ya fueron juzgados por estos hechos y que ellos también fueron víctimas de la dictadura y destacó que fueron presos por delitos comunes. El fiscal realizó un pormenorizado análisis de la detención que sufrieron en abril de 1976 y de la causa penal Nº715 que pesaba sobre ellos. Destacó que fueron presos por delitos comunes y siempre estuvieron a disposición de un juez y con abogado que los representara, a diferencia de los perseguidos políticos que estaban bajo la órbita del área operacional 113 y, si sobrevivían, luego legalizados a disposición del PEN. De hecho, destacó el fiscal “terminaron condenados, aunque con penas mínimas, por los delitos de robo y asociación ilícita durante el mismo período abarcado por la dictadura”. Castillo recibió cinco años de prisión y Pomares cuatro. Por este dato la Fiscalía decidió no sostener la acusación por el delito de robo por el que había llegado a juicio Castillo. Los represores salieron de la Unidad 9 en 1979. No fueron caso como víctimas en el juicio de Unidad 9 de 2010, ni fueron mencionados como víctimas de tortura por ningún ex preso político víctima en esa causa.
Nogueira recordó que en una de las causas de los CNU en dictadura, por tenencia de armas de guerra y explosivos, el juez Adamo quiso enviar el expediente a un Consejo de Guerra, es decir un tribunal militar que intervenía frente a los denominados "delitos subversivos" y que el órgano rechazó la competencia y determinó que ni las acciones de la banda ni sus integrantes entraban en la categoría de lo que los genocidas y sus jueces concebían como "subversivos", sino que eran delitos comunes cometidos en provecho personal. Nogueira señaló que las detenciones de los miembros de la CNU durante la dictadura se explican porque "dejaron de ser funcionales como mano de obra represiva, lo que no implica que no lo hayan sido en el momento de los hechos".
La Fiscalía señaló que la Policía bonaerense conocía muy bien la acción de la CNU, cuyo despliegue fue registrado por su Dirección de Inteligencia, y que la organización estuvo integrada por miembros de fuerzas armadas y de seguridad. Consideró entonces acreditado el respaldo estatal con el que actuó la CNU con "la prueba que demuestra el conocimiento que tenía la propia Policía de la provincia de Buenos Aires respecto de la existencia y el actuar" del grupo y, asimismo, "de la actuación conjunta de la Policía, el Ejército y la CNU”. Pero la aquiescencia estatal para actuar no concluía allí. Nogueira recordó la afinidad con el grupo por parte del gobernador bonaerense Victorio Calabró, por la necesidad que este tenía de controlar el conflicto gremial dentro del Hipódromo platense, donde trabajaban varios miembros de la organización, como Pomares, que fue dejado cesante a partir de su detención en abril de 1976. Indicó que la CNU garantizaba al gobierno provincial el control de los recursos que se generaban allí y que "a cambio obtenía el amparo estatal para poder seguir operando". En el juicio fue central el testimonio de Silvia Domínguez, la hija del asesinado dirigente gremial del turf, que relató que su padre había sido amenazado para fines de 1975 y sus compañeros sabían que lo andaban buscando, cuando sufrió un secuestro con su esposa para ser amenazados directamente por el gobernador: "fueron levantados, subidos a un coche y llevados al despacho a ver al gobernador Calabró, quien le dijo que se dejara de joder con la huelga porque era boleta". La Fiscalía también recordó la inserción y el accionar de la CNU en la Universidad Nacional de La Plata, en los colegios secundarios y en los ministerios de provincia.
TIBIO EN LO POLÍTICO
En contrasta con una prolija acusación técnica, entrados al terreno político empezaron los dislates del fiscal. Nogueira aclaró que "si bien los hechos se producen entre febrero y abril de 1976, es decir en una suerte de continuidad entre una etapa y otra, están afiliados a la sistemática represiva generada en el final del gobierno de Isabel Perón". El fiscal remarcó que la génesis del terrorismo de Estado la constituyeron los "decretos de aniquilamiento" dictados en 1975 por el gobierno de Isabel Martínez, pero se remontó al golpe de Estado de 1955 para definir los antecedentes del marco que intensificó las acciones de un Estado represivo que derivó en la década del '70 en el terrorismo de Estado: "De acuerdo a las distintas fuentes históricas consultadas y los testimonios que hemos escuchado en este debate, a partir de esa época, 1955, comienza en nuestro país una escalada de violencia y divisiones de la sociedad hasta entonces extraña”.
Resulta extraño que para valorar la especificidad de los crímenes de las bandas paraestatales de la derecha peronista se olvide precisamente la actuación de la derecha peronista. Además, para valorar esta especificidad no es necesario remontarse al origen del Terrorismo de Estado en nuestro país, que Nogueira ubica en 1955 pero que bien debería compendiar apreciaciones sobre la capacidad instituyente de la “Legión Infernal” en el inicio del Estado Nación, sobre las disciplinarias exhibiciones de las cabezas de los caudillos populares en la punta de una pica de parte del Ejército de Sarmiento y Mitre, sobre el alcance civilizatorio del régimen de oferta de 1 patacón por cada par de orejas de Tehuelche en la avanzada genocida del Ejército de Roca, sobre el ejemplificador fondeo de anarquistas en el Riachuelo como práctica de la llamada “Ley Fernández Bazán” en la década infame, o bien sobre de la silenciada persecución y cárcel de militantes socialistas y comunistas en el primer gobierno peronista.
Nogueira señaló que el Terrorismo de Estado tuvo dos etapas. Una antes del golpe de Estado y otra posterior a aquél: "Lo cierto es que en la primera etapa del plan que comprende a los hechos, suscitada por la implementación de un sistema que desde el propio Estado Constitucional habilitó una persecución a enemigos subversivos delegando en las fuerzas armadas esa tarea, se afiliaron a ese plan organizaciones paraestatales como la Triple A y la CNU en la que participaron los acusados, entendiéndose que el cambio de metodología por la de los centros clandestinos instaurada por el gobierno de facto supuso la innecesaridad de grupos como los que integraban los acusados". ¿Cuándo empezó entonces el último Genocidio en nuestro país? Sucede que responder eso implica horadar en los secretos más profundos sobre los crímenes de Estado cometidos en el tercer gobierno peronista, y no todos los sectores políticos están dispuestos a hacerlo. En más 40 años de impunidad de esos crímenes se ha elaborado un relato desde el peronismo “oficial” que exculpa a Perón de todo compromiso con el aniquilamiento de opositores cuando ejercía la presidencia de la Nación. Las narraciones que buscan deslindar al líder de la represión fueron abonadas en varios sentidos: que Perón trató de evitar que se generaran las condiciones que sirvieron de excusa al posterior genocidio, pero que su fallecimiento abortó esa iniciativa; que la violencia política con aquiescencia estatal comenzó después del 1 de julio del `74, o como señaló la fiscalía en su alegato “en las postrimerías del gobierno de Isabel Martínez”; que el fuerte apego institucional del líder lo aleja de cualquier iniciativa política ilegal; que Perón contempló acciones ilegales pero nunca violentas; o bien que el armado y funcionamiento de la Triple A se circunscribe a un plan ejecutado por exclusivamente por López Rega y la CIA; y que el lopez-reguismo había realizado un cerco sobre el presidente para conducir y ocultarle la represión en curso. Sin embargo a esta altura hay suficientes material documental para acreditar la combinación de una política legal con una ilegal en el gobierno de Perón, que habilitaba el uso de la violencia y produjo más de 500 homicidios, como parte de su intento para disciplinar a distintos sectores políticos, ideológicos y sociales en el marco de su intento de Pacto Social.
Por ejemplo, el Dr. Nogueira olvidó mencionar el el llamado “Documento Reservado” del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista del 1 de octubre de 1973, hecho político en respuesta al asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci, producido poco tiempo antes. Esa iniciativa se dio en el órgano político central del peronismo, donde tenían expresión las ramas política, juvenil, sindical y femenina del movimiento. Y en la reunión de acuerdo del Documento estuvieron presentes Raúl Lastiri (en ese momento presidente interino de la Nación); los ministros del Interior, Benito Llambí, y de Bienestar Social, José López Rega, los gobernadores y vicegobernadores y el senador nacional y secretario general del PJ, José Humberto Martiarena. El Documento significó la aceleración del proceso de “depuración ideológica” del peronismo. A la par de ello se creó a la vista de toda la sociedad un Estado al margen de la ley dentro del propio estado de derecho. Porque además el Documento resultó una carta abierta a la cacería de todo aquel militante que no encuadrara en las definiciones del momento, definiendo la situación como “estado de guerra”, estableciendo directivas específicas en tareas de inteligencia y delación de los denominados “infiltrados” o “marxistas”, extendiendo los medios de lucha a la violencia armada y determinando acciones precisas y conjuntas tanto de los integrantes del movimiento peronista como de funcionarios del gobierno.
Finalmente el fiscal Nogueira hizo saltar de su silla a más de una de las personas presentes en la sala de audiencias al hacer una extraña valoración antes de realizar el pedido de penas. Dijo que “en consonancia con una buena doctrina, las escalas penales son solo un marco de referencia a los fines de guiar el principio de proporcionalidad”, ya que “si la referencia legal es desproporcionada corresponde no aplicarla por imperativo constitucional”. Entonces generó un momento de tensión sobre qué pena iba a pedir, cuando afirmó que “no obstante la pena perpetua que preceptúa la ley, he valorado todas aquellas defensas y circunstancias que han surgido en este debate. Es así que he valorado la edad de los acusados en el momento de los hechos, 20 años Pomares, 23 Castillo; también el hecho del tiempo que han estado detenidos, como asimismo otros argumentos referidos a su inserción en la vida democrática”. Olvidó con esto último al Pomares refugiado con el PJ en la Legislatura bonaerense y al Castillo del Modín en los ’80 con 7 causas por tenencia de explosivos, armas y robos varios. Sin embargo, con el público en máxima tensión, prevaleció la cordura y Nogueira aclaró que “todas esas atenuantes considero que no tienen capacidad de modificar ni justificar salirse del criterio legal, quedando a mi entender absolutamente justificada la pena perpetua”. Al final el fiscal se reivindicó mencionando “la extensión del daño y la dimensión que tiene este en el caso, para las víctimas y sus familiares, un daño inconmensurable que escapa a cualquier posibilidad jurídica de reparación en los niveles humanos y existenciales de lo que ello produce”.
Como dijimos el juicio está llegando al final, quedando para el lunes 25 de septiembre los alegatos de la acusación de la Secretaría de DDHH y de la querella de la Unión por los DDHH. El espacio Justicia YA La Plata alegaría el lunes 2 de octubre y luego de ello sería el turno de las defensas de los genocidas. Con todo ello se espera sentencia para fines de octubre o comienzos de noviembre.
LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL LUNES 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:30 HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.
11 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ.
11 AÑOS DE IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO ESTATAL.
Por HIJOS La Plata
Jorge Julio López fue desaparecido por segunda vez hace 11 años, en las vísperas de los alegatos del primer juicio oral que condenó al genocida Miguel Etchecolatz, Director General de Investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura. López fue un testigo fundamental para probar los crímenes cometidos por Etchecolatz y otros integrantes de la bonaerense en los Centros Clandestinos de Arana, Comisaría 5ta, Comisaría 8va y en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Desde aquel 18 de septiembre de 2006 la lucha y la movilización por su aparición con vida ha sido incesante. La causa judicial que estuvo cargo de los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco, en cambio, acumula millares de fojas y expedientes paralelos con cientos de declaraciones, sin ningún resultado. Por su parte, el gobierno de Néstor Kirchner y luego el de Cristina Fernandéz, cubrió con un manto de silencio el caso, transformándose en cómplices del encubrimiento, junto a los gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli, y el Poder Judicial.
Con el secuestro de López los genocidas intentaron hacer caer los alegatos e impedir la condena de un fallo histórico. No pudieron. Intentaron reinstalar el miedo para que los juicios no continuaran. No pudieron. No solo fue la desaparición de López, también asesinaron a Silvia Suppo y hubo una avalancha de amenazas a sobrevivientes, jueces, miembros de organizaciones sociales y políticas.
Ninguno de estos hechos fue esclarecido. Lo que siguió fue una larga cadena de impunidad para ocultar a los autores materiales e intelectuales del secuestro y para encubrir la complicidad estatal en todas sus instancias. Hicieron todo lo necesario para que a 11 años el compañero siga desaparecido y no haya ni un solo culpable preso ni procesado. Sin embargo ninguna amenaza fue suficiente para frenar el reclamo en los tribunales y en las calles exigiendo Justicia.
CONTINUAMOS LA DENUNCIA
Además de estar todos los 18 en las calles de La Plata, en Mayo de 2014 desde el espacio Justicia Ya La Plata, que nuclea a organismos de Derechos Humanos independientes del Estado y los gobiernos, llevamos la causa López ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Agotadas las vías locales, al año siguiente repetimos el reclamo en el sistema internacional de DDHH, ante el grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU con una lista detallada de los más de 210 casos de desaparición forzada en desde el '83 a esa fecha.
En ambas presentaciones afirmamos que el Estado argentino no aseguró las condiciones necesarias para avanzar en la obligación de asegurarles a las víctimas una investigación seria y objetiva que permita determinar todas las responsabilidades del caso vinculadas con el accionar ilegítimo por parte de los distintos funcionarios públicos.
El 28 de agosto pasado, tras 3 años de plazo, la CIDH notificó que se remitió nuestra denuncia al Estado Argentino, por el plazo de 90 días para que responda qué hizo en la causa Lopez desde 2006 hasta ahora. El macrismo seguramente eludirá el tema y dirá que fue parte de la “herencia recibida”. Sin embargo hoy deben responder como titulares del poder de turno.
El Estado argentino posee dos condenas clave de la CIDH en cuanto a crímenes cometidos por sus fuerzas de seguridad: en 2003 por el caso Walter Bulacio y la continuidad de las detenciones policiales arbitrarias; y en 2011 por el caso de Iván Torres y la continuidad de las desapariciones forzadas en gobiernos constitucionales. Ambos casos tuvieron consecuencias tardías y ambiguas: en el caso Bulacio una condena mínima al responsable de la razzia, Comisario Miguel Espósito, por la detención y no por las torturas seguidas de muerte a Walter, y la puesta al descubierto de la persistencia e incremento de normas y prácticas que facultan a la policía a detener personas más allá de la flagrancia o la orden judicial. En el caso Iván Torres un juicio fragmentado, al que su madre denuncia como una farsa, y la condena con penas mínimas (aunque sí por el delito de desaparición forzada de persona) a sólo 2 de los policías de Chubut que desaparecieron a Iván, más la modificación obligada del Código Penal incluyendo en el artículo 142 ter la figura de desaparición forzada de persona.
A 34 años de concluida la dictadura el Estado argentino sigue propiciando las condiciones para que se produzcan las desapariciones forzadas, esto es, sigue favoreciendo las detenciones ilegales y arbitrarias, y la negación de esas detenciones.
Este año nos encontró enfrentando la provocación del gobierno ajustador macrista de, además de convalidar con su Corte Suprema el 2x1 a los genocidas, intentar darle la libertad de irse a su casa al asesino Miguel Etchecolatz. La inmediata denuncia y la masiva respuesta popular puso al desnudo la maniobra de otorgar semejante beneficio a este genocida. El gobierno y la justicia tuvieron que retroceder. Haber frenado la domiciliaria a Etchecolatz es un gran triunfo porque si pasaba abría la puerta para que se la den a muchos represores más. Más de los 530 que ya gozan de ese beneficio. Hasta ahora tuvimos una política de juicios fragmentados y a cuenta gotas, por pocos casos y contra pocos genocidas, llegando a que los represores mueran sin condena. Esto es la impunidad biológica. Ahora quieren imponer la impunidad de las domiciliarias, donde no va a importar si los genocidas son condenados porque van a estar tranquilos en sus casas. Si esto ocurre, los juicios se transformarán en un mero trámite simbólico sin mayores consecuencias para los peores asesinos de nuestra historia.
Sumado a esto, tuvimos que asistir también a la repudiable decisión de la corte macrista que quiso otorgarles a los genocidas el beneficio del 2 x 1, premiándolos con la reducción de sus condenas. Pero una vez más con las masivas movilizaciones en todo el país los jueces debieron revocar el escandaloso fallo.
LA HISTORIA SE REPITE
Hace más de un mes que Santiago Maldonado fue desaparecido por el Estado, luego de la brutal represión de Gendarmería al interior de la Lof en ResistenciA de Cushamen (Chubut).
Desde el primer momento que a Santiago lo secuestró la gendarmería, y que por lo tanto el Presidente Macri, la Ministra Patricia Bullrich, el Jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, y el juez Federal Otranto, que mandó el operativo y ahora dice investigarlo, son los responsables directos de su desaparición forzada.
Es completamente repudiable el rol que cumplió la Ministra desde que sucedió el hecho, defendiendo impunemente a la gendarmería y a su propia política represiva que tanto ella como Noceti llevaron adelante en la comunidad Mapuche.
Los mecanismos de encubrimiento con los que el gobierno trata de tapar lo sucedido, son iguales a los que utilizó el Kirchnerismo para encubrir la desaparición de Jorge Julio López: la negación, el silencio y el encubrimiento. Se plantan continuamente todo tipo de pistas falsas, se investiga a Santiago en lugar de investigar el accionar de la Gendarmería. Se orquesta una tremenda operación de prensa que apunta a deslindar la responsabilidad que tiene el gobierno en la desaparición de Santiago. Y se estigmatiza a las comunidades Mapuches de usurpadores y terroristas, lo cual no hace más que acudir una vez más a la teoría de los dos demonios.
SEGUIMOS LA LUCHA
Nuevamente la respuesta del pueblo ante la gravedad que implica la desaparición forzada de una persona en un acto represivo de tal magnitud como el que se dio en Chubut fue implacable, saliendo cientos de miles de personas a las calles a exigir la aparición con vida ya de Santiago. La fuerte presión social y el contundente pedido de la familia promovió que la Fiscalía subrogante que tiene a cargo la investigación sobre el paradero de Santiago Maldonado re-caratule la causa 8232/2017 a “desaparición forzada” de persona.
Santiago Maldonado no es el primer desaparecido en democracia, ni tampoco el primero después de Jorge Julio López.
La continuidad de la práctica represiva de desaparecer personas tras detenerlas ha sido moneda corriente en todos los gobiernos durante los últimos 34 años de “democracia”. Desde 1983 hubo más de 215 casos de desaparición forzada en todo el país. Siendo la provincia de Chubut, en la que desapareció Santiago, una de las que cuenta con mayor índice de desapariciones forzadas, con 15 casos desde 1983 a 2017.
Varios son los “casos testigo”, en los que el desprecio por la vida, la selectividad represiva, la desidia investigativa y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad como una corporación encubridora son el eje conductor.
En casos como los de Andrés Nuñez (La Plata 1990), Miguel Bru (La Plata 1993) e Iván Torres, (Chubut 2003) la pretendida denuncia de un delito menor se convirtió en secuestro, seguido de torturas en sede policial y ocultamiento del cuerpo para encubrir los hechos anteriores. En otra modalidad típica, como los casos de Daniel Solano (Rio Negro 2011) y Mario Golemba (Misiones 2008), la detención arbitraria y la eliminación de las víctimas se realizó por agentes del Estado en combinación con grupos económicos sobre conocidos referentes de organización sindical de base que luchaban contra situaciones de explotación laboral.
En casos como los de Luciano Arruga (La Matanza 2009) y Jonathan “Kiki” Lezcano (2009), la persecución previa de la policía da paso a las detenciones, que se suceden en torturas, homicidio y ocultamiento del cuerpo ”blanqueándolo” en el sistema formal de Hospitales, Morgues y Cementerios con la complicidad de toda la estructura estatal de gestión de la muerte.
En el caso de Santiago Maldonado la responsabilidad estatal es evidente, ya que fue detenido por una fuerza nacional en el marco de una represión abierta.
Por eso desde HIJOS La Plata decimos que Santiago no es solo un “artesano” y un “tatuador”, como le describen despectivamente los medios de comunicación. Santiago, “EL LECHUGA”, es sobre todo un conocido compañero militante anarquista oriundo de 25 de Mayo e instalado en La Plata, solidario y comprometido con todas las luchas populares que en nuestra ciudad ha desarrollado experiencias de trabajo comunitario, educación popular y lucha antirrepresiva. Al “Lechuga” NO SE LO LLEVARON porque sí, por mera casualidad. Al Lechuga se lo llevaron por sus consecuentes convicciones políticas, por atreverse a ponerle el cuerpo al hecho de insurrección que significa la defensa de la justa causa del pueblo Mapuche. Asi como López quedará en la memoria social de nuestro pueblo por haberse animado a denunciar 30 años después a los verdugos de la peor dictadura de nuestra historia, por eso lo desaparecieron.
Hoy más que nunca debemos sembrar conciencia de que los responsables de la desaparición forzada en el país de los 30 MIL son siempre los agentes del Estado. Por acción o por omisión. Es siempre el accionar del Estado, en el que algunos hoy están y otros que hoy se rasgan las vestiduras democráticamente planchadas estuvieron hasta hace un par de años. El caso de Santiago nos muestra que el aparato represivo sigue intacto y con renovadas modalidades.
En esta fecha seguiremos exigiendo que se esclarezca qué fue lo que pasó con López, con Maldonado y con todos los desaparecidos en democracia. Por el juicio y castigo a los responsables de todos estos crímenes.
-¡APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ!
-¡BASTA DE SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD!
-¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE SU SEGUNDA DESAPARICIÓN!
-CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS! NO AL 2 X 1! NO A LAS DOMICILIARIAS!
-¡APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO! ¡FUERA PATRICIA BULLRICH!
-JORGE JULIO LOPZ PRESENTE!
-SANTIAGO MALDONADO PRESENTE!
-30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES!
miércoles, 6 de septiembre de 2017
DOCEAVA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata
LA BESTIA HABLA
En una nueva jornada del juicio a los represores Carlos Castillo y Juan José Pomares, el “Indio” Castillo pidió hablar y demostró su soberbia de asesino impune, un verdadero eslabón entre Terrorismo de Estado entre el tercer gobierno peronista y la dictadura genocida. Justificó su accionar como una “guerra”, citó a Perón y trató de defenderse de acusaciones puntuales pero sólo consiguió mostrarse impertinente frente al tribunal. El debate está llegando a la etapa de alegatos y se espera sentencia para octubre.
Por HIJOS La Plata
Fotos Juan Cicale
Carlos Ernesto “El Indio” Castillo es sin dudas el símbolo de la continuidad en nuestra zona de la represión del Terrorismo de Estado entre el tercer gobierno peronista y la dictadura genocida. Pero es también el símbolo de la soberbia impune de esos crímenes y su continuidad en 33 años de democracia.
Visiblemente molesto por la decisión del Tribunal 1 de retirar el crucifijo de la sala de audiencias al inicio del juicio, medida realizada a pedido de la querella de Justicia Ya, Castillo comenzó su ampliación de declaración indagatoria en tono profético. Al primer llamado de atención del juez Castelli de que se ciña a su defensa contestó: “Esto tiene mucho que ver, porque hay un conflicto de hace 2 mil años por condenar a un inocente”. A continuación leyó una cita del llamado “Juicio del Estado Soviético contra Dios”, y agregó que “100 años después la juzgada es la Constitución Nacional porque los juicios de lesa humanidad son ilegales”.
“Hoy se falsifica la historia para justificar el presente”, continuó leyendo el asesino, “se ha llegado al absurdo de sentar aquí a acusarme a verdaderos aficionados, a auto-titulados historiadores que no leyeron ni el Billiken. Nos quieren contar que hubo muchos que luchaban por un mundo mejor, cuando entre 1973 y 1975 había pleno empleo, poca pobreza y una república en todo su esplendor. Después del golpe del ’76 liquidaron el país y nos llevaron a índices peores que los países africanos”. En el intrincado esquema del jefe de la patota de la CNU La Plata “para eso sirvió el baño de sangre, y también para que bandas organizadas al amparo de las empresas de Derechos Humanos llenen sus bolsillos fabricando victimarios a costa del erario público”. Es notable la coincidencia con el planteo del actual gobierno sobre “el curro” de los Derechos Humanos.
A continuación Castillo abandonó la lectura y comenzó a intentar responder cuestiones puntuales sobre la acusación. Insistió varias veces en que ya fue juzgado en 1979 por los delitos que cometió, lo cual no es cierto ya que nunca recibió una condena por los secuestros y homicidios cometidos como miembro de la CNU.
Puesto a repasar su pasado, “El Indio” pretendió esbozar una singular sociología al decir que “la ciudad de La Plata era una ciudad que estaba viva en los años setenta: 80 mil estudiantes por año, con centros de estudiantes, peñas, fiestas. Infinidad de cosas que la hacían una ciudad vivible más allá de la violencia, que estaba limitada a aquellos que enfrentaban entre sí más allá de la gente común que seguía haciendo su vida. Nadie salía a la calle con chaleco antibala ni con casco y a nadie le pasaba nada más allá de las organizaciones que activaban en la ciudad”. No explicó con ello los actos de romper asambleas estudiantiles, de aprietes a referentes políticos de la izquierda, ni los 60 operativos en banda de secuestros, torturas y asesinatos de víctimas indefensas que cometió su grupo con connivencia policial. De hecho Castillo sintió la necesidad de aclarar la pertenencia de su padre a La Bonaerense y dijo: “Sí, mi padre era policía e integraba los servicios administrativos. Era más civil que una alpargata, no usaba arma ni uniforme. No tenía estado policial. En el año ’72 renuncia a la fuerza. Era técnico de laboratorio en la Facultad de Agronomía y por eso tenía una vivienda en una estación experimental en los fondos de la Facultad”. Aunque Castillo no lo reconozca completo, este dato es importante, ya que más que como técnico como un simple vigilante Castillo padre tenía a su cargo la custodia de los predios de Agronomía y Veterinaria. Y fue el trabajo de vigilancia en esas facultades la vía por la cual se incorporaron a la CNU a los policías Alfredo Lozano y Vicente Ernesto Álvarez, también vigilantes del predio de la UNLP. Además no casualmente la casa de la familia de Castillo, ubicada en calle 64 y diagonal 113, fue utilizada como lugar operativo de la banda paramilitar que comandaba este asesino. Ese lugar es presumiblemente, el sitio donde fueron llevadas 4 de las víctimas de este proceso para ser torturadas: Néstor Dinotto, Graciela Martini, Adelaida Barón y Daniel Pastorino. En marzo de 2016 la casa de estudios resolvió preservar por su vinculación con el accionar de la CNU la vivienda, ubicada en la finca que ocupa hoy el Instituto Nacional de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA).
El afán de Castillo por despegarse de la acusación y presentarse como una víctima de la situación abarcó varios tópicos: se quejó de que se citaran archivos de inteligencia policial para acusarlo y afirmó que lo único que tiene la DIPPBA de él es “que era ‘facho’ y tenía relación con los sindicatos, lo cual es cierto”. Además reconoció que la CNU tenía postas sanitarias en los sindicatos metalúrgico y de la construcción, para atenderse si sufrían bajas o heridos en los operativos. Y trató de justificar que iba al Hipódromo porque su mujer trabajaba allí y la pasaba a buscar. Sin embargo se ufanó de un manejo preciso de la conflictividad gremial que allí existía durante el gobierno de Victorio Calabró al decir: “Los que hicieron la huelga tenían menos poder de movilización que una manifestación de porteros adentro de un ascensor. Le hacían huelga a un gobierno democrático elegido por el 62% de los votos. Fueron una manga de papanatas que cuando vinieron los militares hacían cola para juntar la bosta con la mano. ¿Esos son los heroicos combatientes?”. Varios trabajadores del turf sufrieron la bestialidad de la CNU como Luisa Marta Córica, Eduardo Julio Giaccio, Enrique Rojas y los hermanos Gerardo y Raúl Arabel, todos asesinados por la patota. Una de las víctimas de este juicio, Carlos Domínguez, era secretario de la Agremiación de Empleados por Reunión del Hipódromo y fue secuestrado y asesinado por la patota de Castillo en febrero de 1976, en el mismo operativo que Roberto Fiandor, sobreviviente del hecho pero ya fallecido. Castillo relativizó su participación en el hecho de una manera cínica: afirmó que era vecino de la familia de Domínguez (sin mencionar el apellido) ya que “viví en 8 entre 32 y 33. Paseábamos el perro juntos y compartíamos la cochera. Los conocía desde el año ’71. Yo no mato a mis amigos, muchos menos a mis enemigos. De eso se encargan otros”. No explicó Castillo quiénes eran esos otros y en todo caso por qué se secuestraron en los allanamientos a su casa y la de su familia objetos robados a la familia Domínguez en el operativo, como la máquina de escribir con las iniciales de la hija del sindicalista y que le habían regalado al cumplir los 15 años.
A esta altura del relato, iba apareciendo de a poco el verdadero Castillo, un tipo rudo y amigo de las armas, que se hace cargo de parte de lo actuado. “El Indio” reconoció que antes que cayera toda la banda en mayo del ’76 hubo algunos CNU presos por robarle un cargamento de armas a la Fuerza Aérea en un desarme de aviones en Quilmes. “Eran dos de los compañeros que estaban en el taller mecánico con parte de esas armas, tratando de emplazarlas en una camioneta”, afirmó tranquilo,” fueron detenidos por la policía, que estaba haciendo un operativo por autos robados y se encontraron con ametralladores 12,7 ametralladoras 20 mm, 12,50 mm y calibre 757. Cumplieron su condena en la Unidad 9. Uno de ellos fue el hermano del coronel Guillermo Ernesto Trotz, posteriormente subjefe de policía, que no movió un pelo para sacarlo”.
A continuación instaló una versión propia de la teoría de los dos demonios al relatar: “Yo me encontré con algunos jefes montoneros en la década del ’80. Y después de tomarles un rato el pelo por su mala puntería nos fuimos a tomar café y terminamos siendo grandes amigos. La guerra ya había terminado. Por eso en el ’89 gente de las Fuerzas Armadas y de las organizaciones armadas firmamos un documento en aras de la pacificación”. Y hablándole directamente al presidente del Tribunal, Germán Castelli, continuó: “Yo le quiero hacer entender que hoy no hay razón para sostener un odio hacia nadie. La justicia es el fracaso de la civilización, porque usted puede encontrar un culpable, pero no obtener la pacificación”. No explicó Castillo por qué en su código de guerra estaba la técnica autodenominada “la virgencita”, consistente en colocar explosivos debajo de los cuerpos de las víctimas ya acribilladas para hacerlas volar por los aires. Tampoco detalló por qué causa luchaba en la década del ’80, cuando tuvo varias entradas y salidas de prisión por delitos contra la seguridad y el orden público, en sendos procesos por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y falsificación de documento, tenencia ilegal de armas, violación de domicilio y amenazas. Sólo reconoció el incidente de 1991 con el juez federal de San Isidro, Alberto Piotti, que lo declaró en rebeldía en una causa por infracción al artículo 213 bis del código, esto es una asociación ilícita para imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. “Sólo me condenaron por tenencia de armas de guerra”, minimizó Castillo. En realidad, para diciembre de 1997, acumulaba 6 autos de prisión preventiva y 1 auto de rebeldía. Por entonces se desempeñaba como asesor de la Comisión de Drogadicción en la Cámara de Diputados de la Nación y como subsecretario general del partido MODIN, fundado por el militar carapintada Aldo Rico y el mayor del Ejército Ernesto Barreiro alias “El Nabo”, hoy condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército en Córdoba. En este sentido, Castillo se quejó de la paradoja que le arrojó el destino: “Yo estuve preso con los terroristas y ahora estoy preso con los militares”. Obvió mencionar que el proceso penal por el cual se los detuvo en el ’76 fue por la comisión de delitos comunes que realizaban haciéndose pasar por policías, no por sus crímenes políticos, que son los que recién hoy estamos juzgando.
“Nosotros jamás tuvimos zona liberada por la policía. No tuvimos vínculos con los militares. Yo no fui empleado de los militares, con los militares fui preso. Si salimos tirar petardos fue para defender un gobierno democrático”, señaló Castillo, ya acalorado. Y citó la ley 21.325 del ‘76, a través de la cual la junta militar declaraba la ilegalidad de más de 30 organizaciones políticas, entre ellas la CNU. El objetivo de la ilegalidad de la CNU fue notoriamente distinto a la ilegalidad de las organizaciones de izquierda, ya que por un lado la dictadura cívico-militar constituyó un nuevo modus operandi represivo, ya no se aniquilaba con 40 balazos a plena luz del día, sino que se optó por las detenciones-desapariciones. Los integrantes de la CNU se incorporaron a los grupos de tareas de la dictadura, pero continuaron realizando operativos por su cuenta con el modus operandi tradicional de la organización, es decir, desconocieron en parte el método de los operativos que diseñó la dictadura. Con lo cual la ilegalidad de la organización respondió a una forma de disciplinamiento por parte de la dictadura por desconocer sus directivas, no por ser perseguidos por la misma. Muestra de ello, es que fueron detenidos en un operativo de allanamiento y secuestro con la anuencia policial, pero no militar.
“El Indio” no perdió tiempo para defender a la CNU como parte del movimiento justicialista, y dijo “Nosotros estábamos al margen de la pelea entre izquierda y derecha, éramos los terceros en disputa. El Justicialismo fue siempre un movimiento popular, occidental y cristiano. Muchos intentaron infiltrarse y ser vanguardia en el movimiento peronista, pero no pudieron”. En su defensa cerrada del peronismo como “tercera posición” Castillo leyó la famosa carta de Juan Perón a los efectivos de la Guarnición de Azul, tras el ataque del ERP a la sede en enero del ‘74. Allí Perón les aclara que les habla “como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y soldado experimentado” y los felicita “por el heroico y leal comportamiento con que han afrontado el traicionero ataque”. La intencionalidad de Castillo iba al punto donde Perón afirma que “la lucha en que estamos empeñados es larga y requiere en consecuencia, una estrategia sin tiempo” para lo cual recomienda “actuar profundamente sobre las causas de la violencia y la subversión quedando la lucha contra los efectos, a cargo de toda la población, las fuerzas Policiales y de Seguridad, y si es necesario de las Fuerzas Armadas”, y donde sentencia que “el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la República”. A semejante confesión del empleo de la fuerza estatal en prácticas terroristas, se montó Castillo para esgrimir una tesis disparatada: “Perón se estaba defendiendo legítimamente. El estado no puede ser terrorista porque ejerce el poder de la mayoría, y el terrorismo es la acción de una minoría contra la mayoría. El concepto de Terrorismo de Estado es un concepto fallido. Hay estados que hasta habilitan los interrogatorios de 3er grado, es decir con violencia física, psicológica y moral”.
Finalizando el testimonio Castillo volvió a quejarse por los sufrimientos que este proceso le habría causado tanto a su familia como a él, que supuestamente denunció, según dijo, “ante los Tribunales de La Haya”. “Llevo 6 años de sufrimiento. Para ustedes yo soy culpable y para La Haya los delitos están prescriptos”. Entonces el juez Castelli le aclaró: “Nosotros lo estamos juzgando, todavía no emitimos fallo”. “El Indio” contestó con toda su soberbia: “¿A título de que legislación? Ustedes defiendan su negocio que yo defiendo mi libertad”. El juez Castelli intervino en seco: “Sr. Castillo, esa impertinencia no se la voy a permitir. Nosotros somos jueces de la Constitución”. El imputado ya se animaba a interrumpir al Tribunal: “Tengo el derecho de enojarme y de enojarme mucho. Ustedes tienen que ser jueces y punto. No juzgan por la Constitución”. El asesino Castillo, símbolo de 40 años de la represión y los grupos armados de la derecha en nuestro país terminó su intervención abruptamente: “le digo una sola frase y me callo la boca porque ya me hartó. Los árboles podridos sólo dan frutos podridos”.
Como anticipamos en la nota anterior de esta serie de crónicas, el juicio está llegando a su etapa final ya que, según lo estipulado por el tribunal, el lunes 4 de septiembre se decide la incorporación de algún testigo restante y de documentación complementaria requerida por las partes y el 11 dará inicio el alegato de la fiscalía.
LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:30 HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.
martes, 22 de agosto de 2017
NO LO NIEGUEN MÁS!!!
SANTIAGO ESTÁ DESAPARECIDO, NO EXTRAVIADO.
En una muestra más de cinismo, el Ministerio de Seguridad que conduce la ministra Patricia Bullrich, difunde en el área de "Personas Buscadas" de su blog una imagen de Santiago Maldonado ofreciendo una recompensa de 500 mil pesos y con la leyenda "extraviado".
Lo decimos una y otra vez: SANTIAGO MALDONADO ES UN DETENIDO-DESAPARECIDO!!! No está extraviado ni perdido!!!
La definición estricta de la desaparición forzada de personas vigente en la Ley 26.679 es “la privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad”. Recordemos que el Artículo 142 ter del Código Penal, modificado por esa ley, no hace exclusivos en la definición de este delito a los casos con resultado de muerte probada o presunta, sino que pone el acento en la concurrencia de la complicidad estatal y la negativa a reconocerla o informarla debidamente.
Las pruebas son concluyentes, cada vez más testigos confirman que Santiago fue cercado por agentes de Gendarmería, golpeado, subido a una camioneta y luego trasladado con rumbo desconocido.
APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO!
CON VIDA TE LLEVARON, CON VIDA TE QUEREMOS!
FUERA LA GENDARMERIA DE CUSHAMEN!
MACRI, P.BULLRICH Y NOCETI SON RESPONSABLES!
LIBERTAD YA A FACUNDO JONES HUALA!
HIJOS LA PLATA
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