NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 28 de julio de 2015

Conferencia de Prensa en el Acampe Qo.Pi.Wi.Ni

Miércoles 10hs Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio – Ciudad de Buenos Aires


Invitamos a periodistas y medios de comunicación a una conferencia de prensa este miércoles 29 de julio a las 10 en el Acampe Qo.Pi.Wi.Ni ubicado en la intersección de las avenidas De Mayo y 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires.

Las comunidades de los pueblos originarios que conforman la organización QO.PI.WI.NI, desde más de cinco meses sostienen un acampe en pleno centro porteño (Avenida de Mayo y 9 de Julio) en protesta contra el despojo continuo de sus milenarias tierras. Al día de la fecha, después de tanto tiempo de acampe en condiciones precarias y clima adverso, no han recibido respuesta alguna por parte del Gobierno tanto nacional como provincial.
Debido a esto, este jueves 30 desde Formosa saldrá una caravana de más sesenta hermanos de distintas comunidades para dar su apoyo y sumar su fuerza al Acampe Qo.Pi.Wi.Ni y llegará a Buenos Aires para recibir el Día de la Pacha Mama. Estarán exigiendo una respuesta concreta y efectiva al Gobierno y la Justicia Nacional ante la permanente expropiación de sus legítimas tierras. El gobierno provincial de Gildo Insfrán les ha arrebatado más de tres cuartas partes de su territorio. Esta práctica se ve acompañada de la persecución y asesinato de integrantes de las comunidades, y el silencio de los medios de comunicación y las autoridades judiciales en ningún ámbito.
Las comunidades originarias, con el apoyo de organizaciones sociales, partidos políticos, referentes de los Derechos Humanos y la Cultura, y personas no agrupadas solidarias  convocan a participar y difundir la recepción de la caravana en Buenos Aires.
Acampe Qo.Pi.Wi.Ni

Contactos de Prensa:
Félix Díaz: (011) 15 3019-5014 ó (011) 15 2275-2676
Jorge Palomo: (011) 15 3423-4660
Pablo Gonzalez: (011)15-5379-9137

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jueves, 23 de julio de 2015

A 39 AÑOS DEL APAGÓN DEL TERROR.

Un análisis crítico de la causa Blaquier/Lemos.

(Vale más que mil palabras...)

La causa judicial Contra Blaquier y Lemos

La causa fue una prueba de cómo el Poder Judicial Federal de Jujuy impidió durante años que avanzaran las causas de lesa humanidad, que se allanaran los edificios del Ingenio Ledesma y que se llamara a indagatoria a Carlos Pedro Blaquier, presidente del Directorio de la empresa, y su Administrador General, Alberto Lemos. El complejo entramado que significa esta causa, con infinidad de acusaciones, recusaciones y palos en la rueda desplegados por Blaquier, dan cuenta de la capacidad de presión y la llegada al poder político y judicial de ayer y de hoy, que desde hace más de 100 años tiene la empresa.
Luego de una tarea larga y paciente, en la que hubo que destrabar a la camarilla judicial que protegía al empresario, trabajar en la querella judicial, pero también en la movilización popular y la presión política, se fueron acumulando elementos para acusar a las autoridades del Ingenio por un grupo de secuestros de entre marzo y agosto de 1976, de militantes que fueron secuestrados y trasladados bajo tortura a diversos lugares de detención con medios de transporte de la empresa Ledesma.

2012
En medio de una disputa para que finalmente el juez Subrogante del Juzgado Federal no 2 de Jujuy, Fernando Poviña, tome indagatoria a Blaquier en Jujuy, a lo que se oponía la defensa del empresario, Blaquier pidió el apartamiento del fiscal “ad hoc” Pablo Pelazzo por supuesta “falta de imparcialidad”, lo que fue rechazado en agosto por el juez de instrucción y por la Cámara de Apelaciones de Salta (jueces Rabbi-Baldi Cabanillas, Villada y Loutayf Ranea).
También en agosto de 2012 se indagó a Blaquier, pero finalmente en Buenos Aires, y en su declaración reconoció que el Brigadier Teodoro Álvarez trabajó en la Empresa como Gerente de Relaciones Humanas una vez retirado de las Fuerzas Armadas, habiendo sido nombrado por el presidente anterior de la Empresa, Herminio Arrieta.
Respondió, también, que el ex Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz nunca formó parte del Directorio de Ledesma, y dijo no conocer al ideólogo del golpe Jaime Perriaux ni al director del Liceo Militar e introductor de la Doctrina Francesa en nuestro país Alcides López Aufranc. Sin embargo admitió que existieron informes de inteligencia del Ejército que monitoreaban de modo especial a los integrantes de las organizaciones gremiales que no respondían a la conducción del sindicato. Pero dijo que pese a la comunidad de intereses, el Ejército, Gendarmería y la Policía “contaban con todos los recursos materiales y la logística necesaria para ejecutar su plan clandestino y no necesitaban colaboración particular”. Y acusó que las imputaciones las hacen “organizaciones sociales que más que aportar pruebas critican públicamente mi pensamiento político”.
En su indagatoria de mayo de 2012 Lemos dijo que sólo hizo tareas de “ayuda social” como otorgar créditos y donar hectáreas para construir viviendas y hospitales, lo que calificó como una tareas de “responsabilidad social” de la empresa. Aún así, reconoció que desde el gobierno de Illia hasta la actualidad, Ledesma facilita inmuebles, medios de movilidad, cupos de nafta y demás medios para el sostenimiento de la Sección local de Gendarmería.
En noviembre el juez Poviña procesó a Blaquier como cómplice primario y a Lemos como cómplice secundario en dos causas. Por un lado, en la causa “Aredez y otros”, por privación ilegal de la libertad agravada de Luis Aredez (primera detención), Omar Gainza y Carlos Melián. Además se declaró la falta de mérito de ambos en los casos de Ramón Bueno y Antonio Filliu, secuestrados en los mismos operativos que las otras víctimas.
Poviña entendió por probada la facilitación de vehículos como “actos preparatorios” y en un aporte indirecto y necesario para los secuestros, lo que no podría haberse dado sin una orden de Blaquier, cuyo ejecutor fue Lemos.
En simultáneo, se resolvió procesamientos en la causa “Burgos y otros”, que incluye 44 casos de secuestros y torturas y donde se juzga hechos de la denominada “noche del apagón”, en que las víctimas fueron secuestrados y trasladadas bajo torturas con vehículos de la empresa Ledesma a distintas comisarías de Libertador, Calilegua, sede de Gendarmería del Ingenio, Dirección de Investigaciones de San Pedro, el CCD de Guerrero y el penal de Gorriti, para ser luego liberados desde distintas unidades policiales y penitenciarias. Del grupo, 8 se encuenran desaparecidos: Salvador Cruz, Germán Córdoba, Guillermo Díaz, Domingo Garnica, Miguel Garnica, Román Rivero, Jhonny Vargas Orozco y Luis Alfaro Vasco.
Poviña los procesó, también con la figura de cómplices, en 26 de los 44 casos y dictó la falta de mérito en los otros 18. Además les mantuvo la libertad y les prohibió salir del país.

2013
En marzo se inhibió de continuar participando en la causa el juez Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, amigo personal de Blaquier y cuñado de un represor de Bahía Blanca, con los argumentos de que las denuncias de las recusaciones planteadas por las querellas por firmar un petitorio contra una “campaña de persecución” al empresario le causaban “agravio moral”. El apartamiento fue aceptado por la Cámara federal de Salta.
La defensa de Blaquier y Lemos apelaron la inhibición a la Cámara Federal de Casación, y en mayo los jueces Hornos, Borinsky y Gemignani rechazaron el pedido, argumentando que la investigación podía seguir su curso.
A su vez, Blaquier recusó al Juez instructor, Fernando Poviña, por supuesta “Falta de objetividad” por haberse reunido con funcionarios y dirigentes, recurso rechazado de plano tanto por el juez subrogante y por la Cámara Federal de Salta.

Por otra parte, en agosto la Cámara Federal de Salta (jueces Villada, Loutayf Ranea y Díaz) confirmó el procesamiento de Blaquier y Lemos por los casos Aredez, Gainza y Melián. Los jueces Villada, Loutayf Ranea y Díaz rechazaron las apelaciones de las defensas de los imputados que alegaban falta de pruebas, arbitrariedad en las imputaciones y anti-juridicidad de las medidas.
La Cámara afirmó que estaba acreditado con el grado de probabilidad requerido en la etapa procesal, que la empresa colaboró en la ocasión con el aporte de los vehículos. Dijo que
existían antecedentes de que Ledesma fue denunciada por préstamo de vehículos a la policía para el traslado de gremialistas detenidos durante la huelga de marzo de 1975; y que ese tipo de colaboración “en el desenvolvimiento de un Golpe de Estado para privar de la libertad a personas en forma ilegal y violenta permite inferir prima facie el dolo de participar en tales actos”.
Por otra parte, aclaró que Blaquier y Lemos son “partícipes” (o cómplices, ya que complicidad equivale a participación propiamente dicha) porque contribuyeron a la producción del delito sin realizar la ejecución del hecho y sin ser punibles como autores.
Con ello rechazaron los planteos de las querellas de Aredez y de la Fiscalía que pretendían recaratular la imputación como partícipes necesarios, incluir los casos Bueno y Filliu, dictar la prisión preventiva y ampliar la acusación hacia la violación de domicilio y tormentos; planteos que ya habían realizado ante Poviña.
Conceptuándolos como cómplices, no como coautores o partícipes, la Cámara salteña también confirmó los procesamientos en la causa “Burgos”, pero sólo por 20 de los 26 casos imputados originariamente, y con continuidad de la libertad de la dupla en esta instancia, con las condiciones puestas originalmente por Poviña.
A se vez, en diciembre la Cámara salteña confirmó el rechazo al apartamiento de la causa del juez Poviña, por entender que la recusación de la defensa de Blaquier fue presentada fuera de término y no existían causales para acceder al recurso.

La resolución dela Cámara fue apelada por el fiscal General, Eduardo Villalba, quien entendió que al no atender los pedidos del Ministerio Público y las querellas, la resolución no estaba debidamente fundamentada e incurría en una contradicción: si Blaquier y Lemos conocían la finalidad del préstamos de vehículos, sólo les imputaban los secuestros, dejando de lado el “modus operandi” para realizar el plan criminal, es decir la violación del domicilio, la detención ilegal, las torturas y, en algunos casos, el homicidio. Además, Villalba sostuvo que los imputados no podían desconocer la dinámica de los operativos, por lo cual no es suficiente para descartar la imputación de torturas que no se hayan producido por personal e la empresa o en sus móviles. A su vez, argumentó que la mayoría de los desaparecidos ingresaron con vida al CCD de Guerrero, al que fueron trasladados con móviles de la empresa, por lo cual se podría tener por probado el aporte hecho para sus homicidios. Criticó, por último, que fueran apartados los 6 casos de detenciones que no se realizaron en los operativos del Apagón, sino en presentaciones voluntarias a la policía, cuando se sabe que la empresa era activa colaboradora en varios operativos a través del tiempo.
Como era de esperar, la defensas de Blaquier y Lemos apelaron la medida a la Cámara Federal de Casación.

2015
Retomando los argumentos del fiscal Villalba, el fiscal ante la Cámara de Casación, Ricardo Wechsler, confirmó aquellos planteos ante el tribunal casatorio, con la adhesión de la querella de las familias Garnica, Córdoba y Figueroa.
En marzo de este año, la Sala IV del Tribunal de Casación resolvió las apelaciones con un fallo insólito que no solo desestimó lo resuelto por el juez de instrucción jujeño y la Cámara salteña, sino que pretendió argumentar en contrario. Los jueces Riggi, Hornos y Gemignani dictaron la falta de mérito y el desprocesamiento de Blaquier y Lemos con argumentos de impunidad, cuando debían revisar si se ampliaba o no la acusación inicial.
Hornos votó diciendo que ante el planteo de las defensas de Blaquier y Lemos entiende que “no se han recabado elementos de prueba” que permitan estimar que los imputados “estaban aportando a la conducta dolosa de miembros de las fuerzas de seguridad” que iban a secuestrar personas. Pero lo curioso es que, retomando los argumentos de la Cámara salteña para negar la ampliación de la imputación, de PIL a violación de domicilio-tormentos-homicidio, Hornos desechó incluso la participación de Blaquier y Lemos en las privaciones de la libertad, y dijo que “no existe mérito” para sostener la acusación por o por otra cosa.
Riggi opinó revocando los procesamiento de Blaquier y Lemos y dictando falta de mérito por los secuestros por “no haberse comprobado el dolo típico exigido a la participación criminal”. Y como no habría voluntad de secuestrar, tampoco la habría de violar domicilios, torturar y asesinar.
Pero el peor voto es el de Gemignani, quien se animó a sostener que “si bien es cierto que el préstamo de las camionetas es un hecho suficientemente acreditado , ello no constituye sino una prestación socialmente ubicua”. En criollo, opinó que lo que se hizo con las camionetas sólo puede ser reprochado a quien las recibió y uso, pero nunca al dueño ni al representante de la empresa. La posición de este juez implica un profundo desconocimiento de la forma en que se organizó y operó el Terrorismo de estado en nuestro país, y en particular en el feudo de la empresa Ledesma. A través de fallo y con tal argumento, Gemignani pretendió lucirse citando jurisprudencia del derecho alemán en la temática y dijo que “difícilmente exista en otro universos de casos de la dogmática contemporánea una valoración unánime excluyente de responsabilidad” como en la referida a las prestaciones socialmente ubicuas. Todo para concluir diciendo que resulta superfluo discutir si conocían o no el destino que se les otorgaría a las camionetas prestadas, porque aunque lo supieran no pueden ser imputados.
Los jueces de la sala IV tienen interesantes prontuarios para fallar como lo hacen:
- Eduardo Riggi fue juez del “Camarón”, la Cámara Penal creada en la dictadura de Lanusse para juzgar delitos de “terrorismo”. Luego fue designado juez en la última dictadura militar. Promovido a Casación por Menem, y por si fuera poco, está imputado por intentar cobrar coimas para liberar a José Pedraza y su patota en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.
- Gustavo Hornos fue promovido a su cargo por el gobierno de Menem, es hijo de policía, ex docente en la Academia de la Policía Federal y en la Universidad Católica.
- Juan Carlos Gemignani fue ayudante en la cátedra de Raúl Zaffaroni en la UBA y ex integrante del Consejo de la magistratura en el menemato. Promovido a juez por el kirchnerismo en 2008, debió bajarse de la candidatura porque su padre era integrante del jurado. Nuevamente promovido a juez de Casación por el Poder Ejecutivo en 2011.

La resolución de faltas de mérito de la Sala IV de Casación fue recientemente apelada por el fiscal Wechsler ante la Corte Suprema, porque paraliza la investigación e impide generar nueva prueba. EL fiscal señaló la contradicción de Casación, que ante la queja de la defensa de Blaquier y Lemos había avalado todas las actuaciones de Pelazzo en la causa, no obstante lo cual revocó los procesamientos, ya confirmados en dos instancias anteriores.
Wechsler explicó que la falta de mérito significa "la consagración de un estado de duda indefinida sobre la participación de los posibles responsables en el hecho investigado y se traduce, en los hechos, en la imposibilidad de avanzar con el proceso hacia la etapa de juicio oral".
Además señaló que debe intervenir la Corte Suprema porque "la complicidad en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio es punible, según distintos tratados suscriptos por la República, y en la causa se encuentra en juego la inteligencia y alcance de ese concepto de complicidad en los pactos internacionales que conforman el derecho de internacional".

La falta de mérito a Blaquier y Lemos abre la discusión sobre la posibilidad o no de imputar a los cómplices del genocidio.
Hace poco la Corte Suprema avanzó en la discusión al convalidar un fallo de 2014 de la Sala II de la Cámara de Casación en causa ESMA II, que se basa en la doctrina de la “empresa criminal conjunta” y que permite condenar a todos los partícipes de un delito como autores, aunque estén distantes del lugar de un hecho puntual.
La sala II de Casación plantó en el fallo que “lo importante es el conocimiento que tiene cada partícipe en el plan criminal colectivo” y no del “evento” en sí mismo. Lo que aporta esta teoría es que lo que hay que probar es que la persona conocía el plan. “El dato central es definir la atribución de responsabilidad en casos de crímenes organizados, en los que es imposible acreditar la participación específica de cada uno en el evento particular, pero lo que es importante probar entonces es su conocimiento, su dolo, en el plan criminal general.”
Para los jueces de la Sala II, a diferencia de los de la Sala IV, el acusado puede estar lejos, pero está cerca del ejecutor de distintas maneras: porque dio una orden, porque pudo aportar la logística necesaria, información o recursos. Los camaristas de Casación dicen que quien aporta está cerca del ejecutor porque, por ejemplo, aportó camionetas para los traslados ilegales, como Blaquier.
Este criterio es promisorio para destrabar la causa Blaquier, y en casos futuros, porque quedará categórica e indiscutiblemente atrás cualquier cuestionamiento respecto de la responsabilidad de un individuo que, pese a encontrarse distante geográficamente de la comisión del crimen, se encuentra próximo al ejecutor directo mediante la impartición de órdenes y directivas o aportando materiales tendientes a la comisión de esos crímenes.

HIJOS La Plata
Julio de 2015

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jueves, 16 de julio de 2015

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miércoles, 15 de julio de 2015

CÁRCEL A TODOS LOS CÓMPLICES CIVILES DE LA DICTADURA: EMPRESARIADO, RELIGIOSOS Y BURÓCRATAS SINDICALES.


La causa judicial contra Blaquier fue una prueba de cómo el Poder Judicial Federal de Jujuy y Salta impidió durante años que avanzaran los juicios de lesa humanidad, que se allanaran los edificios de Ledesma y que se llamara a indagatoria a Blaquier, presidente del Directorio de la empresa, y a su Administrador General, Alberto Lemos.
Luego de una paciente tarea, en la que hubo que desterrar a la camarilla de jueces que protegían al empresario, trabajar en la querella judicial, pero también en la movilización popular y la presión política, se fueron acumulando elementos para acusar a las autoridades del Ingenio como cómplices. So logró imputarlos en las causas “Aredez” y “Burgos”, por sólo un grupo de los secuestros y desapariciones. Pero para impedir ser procesado, Blaquier recusó a jueces y fiscales, y hasta logró que su indagatoria fuera no en Jujuy sino en Buenos Aires.
La querella de la familia Aredez, junto con la Fiscalía, pretendieron ampliar la imputación de cómplices a partícipes necesarios, por entender que sobran elementos que los ponen como colaboradores activos, más que como meros colaboradores de la represión.
En 2013 la Cámara Federal de Salta rechazó estos planteos y afirmó que Blaquier y Lemos sólo contribuyeron a la producción del delito sin realizar la ejecución del hecho y sin ser punibles como autores.
La resolución de la Cámara fue apelada por el fiscal General, Eduardo Villalba, quien entendió que la resolución no estaba debidamente fundamentada. Pero en marzo de este año, la Sala IV del Tribunal de Casación resolvió las apelaciones con un fallo insólito que no solo desestimó lo resuelto por el juez de instrucción jujeño y la Cámara salteña, sino que echó atrás todo lo que se había conseguido. Los jueces de Casación Riggi, Hornos y Gemignani dictaron la falta de mérito y el desprocesamiento de Blaquier y Lemos con argumentos de impunidad, cuando en verdad debían revisar si se ampliaba o no la acusación inicial.
La falta de mérito a Blaquier y Lemos abre la discusión sobre la posibilidad o no de imputar a los cómplices del genocidio, quedando demostrado una vez más, que la justicia cómplice absuelve y encubre al poder económico partícipe de la sangrienta dictadura genocida. Poder económico que es aliado del actual gobierno.
Estos jueces de Casación resumen 50 años de un Poder Judicial que siempre actuó para los poderosos y que fue ejecutor de la represión a las luchas populares.
El juez Eduardo Riggi es un juez de las 2 últimas dictaduras: fue Juez del “Camarón” en la dictadura de Lanusse, creado para delitos de “terrorismos” y, cesanteado en 1973, fue designado juez en la última dictadura. Además está imputado por tráfico de influencias (coimas) para liberar a José Pedraza en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.
El juez Gustavo Hornos es un juez del menemato: fue promovido a Casación por Menem. Es de familia de policías, y fue docente en la academia de la Policía Federal y en la Universidad Católica. Ha fallado confirmando el fraude montado por la policía para encubrir su responsabilidad criminal en la masacre de Pompeya y que condenó por segunda vez a Fernando Carrera.
Pero cuidado, también hay un kirchnerista entre los que liberaron a Blaquier y Lemos. El juez Juan Carlos Gemignani fue ayudante en la cátedra de Zaffaroni en la UBA. Fue integrante del Consejo de la Magistratura menemista y promovido a Juez por el kirchnerismo en 2011, y junto al juez Hornos ha revocado fallos que sobreseían a luchadores populares por corte de ruta, argumentando que tal acción de lucha es un delito.
En la causa Blaquier Hornos votó diciendo que “no existe mérito” para sostener la acusación, ni por los secuestros ni por los tormentos y homicidios. Riggi opinó que aunque prestaron vehículos, Blaquier y Lemos no tenían voluntad de secuestrar, por lo tanto tampoco de violar domicilios, torturar y asesinar.
Pero el peor voto es el de Gemignani, el juez kirchnerista, quien se animó a sostener que “si bien es cierto que el préstamo de las camionetas es un hecho suficientemente acreditado, ello no constituye sino una prestación socialmente ubicua”. En criollo, opinó que lo que se hizo con las camionetas sólo puede ser reprochado a quien las recibió y usó, pero nunca al dueño ni al representante de la empresa. La posición de este juez implica un profundo desconocimiento de la forma en que se organizó y operó el Terrorismo de estado en nuestro país, y en particular en el feudo de la empresa Ledesma.
En Jujuy hubo en estos años sólo 3 juicios por delitos de lesa humanidad que llegaron a sentencia, con 19 represores condenados, sólo 5 a cadena perpetua. El último juicio llegó a sentencia este mes y juzgó los vuelos de traslado de 90 detenidos ilegales del penal de Villa Gorriti al aeropuerto de El Cadillal, y de ahí a la Unidad 9 de La Plata. En las audiencias los sobrevivientes contaron que el Obispado jujeño aportó las instalaciones para el Centro Clandestino de Guerrero, y que tras el traslado en un avión Hércules, mientras se encontraban detenidos en la U9 de la Plata, los supervisores de la empresa Ledesma iban hasta La Plata acompañados por los genocidas para obligarlos a firmar papeles laborales.
Ese fue el nivel de coordinación que tuvo la empresa Ledesma con el Genocidio.
Lo que tratan de encubrir con este fallo que absuelve a Blaquier y a Lemos es que hubo distintas maneras de aportar al Genocidio: dando una orden, aportando información, prestando la logística necesaria, sumado recursos para cometer los crímenes.
Desde aquí repudiamos a esta justicia cómplice, y vemos con preocupación que se han sucedido otros casos donde sigue imperando la impunidad, como son el sobreseimientos del empresario periodístico Vicente Massot en Bahía Blanca, la negativa a tomarle indagatoria a los dueños de Clarín en la causa Papel Prensa, o la falta de mérito dictada a los directores de la Editorial Atlántida en el caso de la compañera e hija de desaparecidos Alejandrina Barry.
Repudiamos a esa justicia cómplice, que protege a los empresarios que han sido cómplices civiles de la represión. Pero no nos engañemos. La patronal siempre fue nuestro enemigo de clase y actuó como tal. Pero no debemos olvidarnos del rol que jugaron las burocracias sindicales en la aniquilación de las luchas de los sectores revolucionarios de la clase obrera organizada. Aquellos que actuaron aportando la información para marcar a los compañeros, que integraron las patotas para-estatales que entregaban a los compañeros más combativos. Así pasó en la Ford, la Mercedes Benz, en Molinos, en el frigorífico Swift, en Acindar, en Propulsora y otras empresas privadas. Pero también en empresas de Estado como el Astillero Río Santiago, la Petroquímica YPF y ENTel, Segba, Obras Sanitarias y otras.
Muchos de esos burócratas murieron impunes como José Rodríguez del Smata, Rubén Diéguez de la OUM y Juan Horvat de ATE. Pero otros siguen es puestos de poder en los sindicatos, como Gerardo Martínez, agente civil de inteligencia del Batallón 601 y todavía secretario general del sindicato de la construcción en alianza con el gobierno kirchnerista.
Esas burocracias también fueron cómplices del Terrorismo de Estado, y del período represivo previo durante el gobierno de Isabel Perón. Las causas penales por la participación de esas burocracias sindicales en los crímenes contra el movimiento obrero están paralizadas, o avanzan a paso lento con todos los artilugios legales que se puedan imaginar.
Hace tiempo escuchamos hablar de que hay que ir por los cómplices civiles de la dictadura, como si los responsables de uniforme militar, policial o penitenciario ya estuvieran todos procesados o condenados.
Sabemos que en la dictadura hubo más de 200 mil efectivos encargados de la represión tanto de las Fuerzas Armadas como de seguridad nacionales y provinciales. En 12 años de anuladas las leyes de impunidad sólo se ha procesado a 2 mil represores, es decir el 1% del real actuante. Y de esos 2 mil, se ha condenado sólo a 600, es decir 1 represor por cada uno de los 600 Centros Clandestinos de Detención que existieron en todo el país. Además hubo en estos 12 años más de 400 represores que murieron impunes, procesados o libres antes de llegar a juicio. Y de los 600 condenados, casi el 50 % cumple condena con el beneficio de la domiciliaria. Faltan casi 400 jóvenes apropiados por restituir, y no tenemos justicia por Jorge Julio Lopez ni por Silvia Suppo.
Así planteados, los juicios a los genocidas, y a sus cómplices civiles empresariales - religiosos - burócratas sindicales, reproducen la impunidad. La gestión que dijo ser “El Gobierno de los Derechos Humanos” y que administró su tercer mandato con un genocida al frente del Ejército, pretende cerrar una etapa de la historia argentina. Pero lo que lograrán es clausurarla, porque dejarán a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo.

HIJOS La Plata
Julio de 2015

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jueves, 9 de julio de 2015

ESCRACHE A LEDESMA EN C.A.B.A.


Hace 39 años en el departamento de Libertador General San Martín, Jujuy, policías, militares y gendarmes secuestraron en vehículos de la empresa Ledesma a más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales, para ser llevados a centros clandestinos de detención, donde fueron salvajemente torturados, y muchos de ellos asesinados y desaparecidos. 
Carlos Pedro Blaquier dueño del Ingenio Ledesma, el más grande de Latinoamérica, que desde hace más de 100 años se enriquece con la sangre y el sudor de todo un pueblo, forma parte de los grandes grupos económicos que además de ser instigadores ideológicos, participaron activamente en la articulación del aparato represivo y la desaparición de personas. 
La causa judicial contra Blaquier fue una prueba de cómo el Poder Judicial Federal de Jujuy impidió durante años que avanzaran los juicios de lesa humanidad, que se allanaran los edificios de Ledesma y que se llamara a indagatoria a Blaquier, presidente del Directorio de la empresa, y a su Administrador General, Alberto Lemos. 
Luego de una paciente tarea, en la que hubo que desterrar a la camarilla judicial que protegía al empresario, trabajar en la querella judicial, pero también en la movilización popular y la presión política, se fueron acumulando elementos para acusar a las autoridades del Ingenio como cómplices en las causas “Aredez” y “Burgos”, por sólo un grupo de los secuestros y desapariciones. Para impedir ser procesado, Blaquier recusó a jueces y fiscales, y logró que su indagatoria fuera no en Jujuy sino en Buenos Aires. 
Por otra parte, en 2013 la Cámara Federal de Salta rechazó los planteos de las querellas de Aredez y de la Fiscalía, que pretendían recaratular la imputación a partícipes necesarios, y afirmó que Blaquier y Lemos sólo contribuyeron a la producción del delito sin realizar la ejecución del hecho y sin ser punibles como autores. 
La resolución de la Cámara fue apelada por el fiscal General, Eduardo Villalba, quien entendió que la resolución no estaba debidamente fundamentada. 
Pero en marzo de este año, la Sala IV del Tribunal de Casación resolvió las apelaciones con un fallo insólito que no solo desestimó lo resuelto por el juez de instrucción jujeño y la Cámara salteña, sino que pretendió argumentar lo contrario. Los jueces Riggi, Hornos y Gemignani dictaron la falta de mérito y el desprocesamiento de Blaquier y Lemos con argumentos de impunidad, cuando debían revisar si se ampliaba o no la acusación inicial. 
La falta de mérito a Blaquier y Lemos abre la discusión sobre la posibilidad o no de imputar a los cómplices del genocidio, quedando demostrado una vez más, que la justicia cómplice absuelve y encubre al poder económico partícipe de la sangrienta dictadura genocida, mientras el poder político K le gestiona negocios a Blaquier y la empresa Ledesma. 

-  CÁRCEL YA A CARLOS PEDRO BLAQUIER Y TODOS LOS CÓMPLICES CIVILES DEL GENOCIDIO. 
-  JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS 
-  INDAGATORIA YA A MILANI. NO A LA RECONCILIACIÓN. 
¡¡¡SI NO HAY JUSTICIA HAY ESCRACHE!!! 


JUEVES 16/07 - 15 HS Radio Abierta en Tribunales, 
luego a las 17 hs. Escrache en las oficinas de Ledesma (Av. Corrientes 415 - CABA)


COORDINADORA ANTIRREPRESIVA DE ZONA SUR - en el ENCUENTRO NACIONAL ANTIRREPRESIVO 

CORREPI 
HIJOS LA PLATA 
BANDERA NEGRA/TENDENCIA ESTUDIANTIL LIBERTARIA. 
ASAMBLEA NO ENTREGA DE LA COSTA QUILMES, BERNAL, AVELLANEDA. 
MOVIMIENTO POPULAR LA DIGNIDAD. 
IZQUIERDA REVOLUCIONARIA. 
FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN. 
FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN Corriente Nacional. 


coordinadoraantirrepresivasur@yahoo.com.ar
Facebook: Coordinadora Antirrepresiva Sur.

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viernes, 3 de julio de 2015

BASTA DE AMENAZAS A LA FAMILIA DE ANDRÉS NUÑEZ

COMUNICADO DE PRENSA


Los familiares y amigos de Andrés Nuñez, y las organizaciones abajo firmantes denunciamos una creciente ola de amenazas e intimidaciones que por distintos medios viene sufriendo la viuda de Andrés y su entorno.

A los varios hechos de amenazas, intimidaciones y seguimientos policiales que sufrió la familia durante estos 25 años de lucha, se han sumado nuevos hechos que creemos necesario dar a conocer públicamente.
Durante el pasado mes de mayo, tras salir de su trabajo y realizar algunos trámites, la viuda de Andrés Nuñez vio que imprevistamente, mientras caminaba por calle 10 entre 60 y 61, zona céntrica de La Plata, apareció un auto color rojo con vidrios oscuros que se acercó al cordón y su conductor le manifestó: “Vos mejor dejate de joder porque vas a terminar como un Julio Lopez más”. Luego de esto el vehículo arrancó y huyó del lugar.
A las dos semanas de ese hecho, cerca de las 7 de la tarde y cuando salía de su casa, vio que había un patrullero parado en la esquina, a pocos metros de su casa. Su hijo se encontraba en el balcón de la vivienda, y sin mediar ningún hecho relevante, fue preguntado por personal policial, en una actitud no amigable sino temeraria, si estaba bien o pasaba algo. Lo mismo le preguntaron a ella cuando se asomó: “¿Está todo bien o pasa algo?”.
La familia Andrés realizó la denuncia penal en junio pasado ante la Fiscalía de Cámara del Departamento Judicial de La Plata, y recayó sobre la UFI 11 a cargo de la Dr. Álvaro Garganta.

Ponemos estas amenazas en el contexto de los pequeños avances que con lucha hemos conseguido en la causa:
En 2010 logramos el juicio y castigo a perpetua por tortura seguida de muerte para los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González. En el juicio surgió la complicidad directa del ex juez Amilcar Vara, destituido en jury en 1998 por connivencia con la policía en más de 20 casos de gatillo fácil y torturas, y quien estuvo presente en la Brigada la noche en que asesinaron a Andrés. Iniciada la investigación por el fiscal Paolini, Vara murió impune en marzo de 2014.
Desde hace tres años venimos impulsando la fijación de fecha al represor Luis Raúl Ponce, comisario de la Brigada de Investigaciones de La Plata y jefe del grupo operativo que secuestró, torturó, asesinó y escondió el cuerpo de Andrés. Ponce, que estuvo más de 20 años prófugo, fue detenido por error por la PSA en agosto de 2012, y desde entonces esperamos que se fije fecha del juicio oral. Ponce también está procesado e irá a juicio por la primera desaparición forzada de Jorge Julio López, ya que en dictadura integró las patotas de la Comisaría 5ta que asolaron la zona sur de la ciudad como parte del Terrorismo de Estado.
A su vez, venimos insistiendo infructuosamente a distintas autoridades del Ministerio de Justicia de Nación para que incluyan en el programa “BUSCAR” el caso de Pablo Martín Gerez Duhalde, prófugo hace 25 años en el caso, y que hasta se dio el gusto de firmar de puño y letra sin ajustarse a derecho presentaciones de sus abogados pidiendo la prescripción de la causa. El primo de Gerez era cuidador del campo de General Belgrano donde quemaron e inhumaron los restos de Andrés. Tras el crimen fue protegido directamente por uno de los capos de la “Maldita Policía” bonaerense de los '90, el jefe de la Brigada de Investigaciones de La Matanza, Mario “Chorizo” Rodríguez. Para completar el cuadro, su madre es pariente de la familia del mafioso ex gobernador Eduardo Alberto Duhalde.
En 2013 logramos un fallo de la Suprema Corte Bonaerense que declaraba que, si bien el crimen de Andrés no es un delito de Lesa Humanidad, el caso no puede prescribir por ser una “grave violación a los Derechos Humanos” y se debe continuar la investigación sobre el grupo de 5 policías que encubrieron el hecho. Los agentes Ernesto Zavala, Oscar Silva, César Carrizo, Pedro Costilla y Gustavo Veiga, habían sido imputados desde el inicio de la causa como encubridores del crimen de Andrés Nuñez, porque siendo efectivos de la Brigada, y encontrándose presentes en el lugar en el momento del hecho, no denunciaron lo que sabían.
Silva murió impune este año. Y en abril pasado la jueza de instrucción, Marcela Garmendia, emitió una resolución que prescribe la acción penal sobre los otros cuatro represores. Apoyándonos en el fallo anterior de la Suprema Corte bonaerense, rechazamos esa medida y la apelamos.
La lucha de Justicia por Andrés seguirá en pie. No nos van a amedrentar con acciones mafiosas. Hacemos responsables de la seguridad e integridad física de la viuda de Andrés y de su entorno familiar al Gobernador Scioli, a sus ministros de Seguridad y Justicia, Alberto Granados y Ricardo Casal, y a los respectivos ministerios nacionales a cargo de Julio Alak y Cecilia Rodríguez. Si dicen defender los Derechos Humanos, que investiguen al entorno de Ponce, Gerez y los demás asesinos.

Por todo esto, la lucha por justicia por Andrés sigue vigente.
- BASTA DE AMENAZAS A LOS QUE LUCHAN CONTRA LA IMPUNIDAD.
- NO QUEREMOS CUSTODIA POLICIAL, QUEREMOS JUSTICIA.
- CÁRCEL YA A TODOS LOS ASESINOS Y CÓMPLICES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE ANDRÉS NUÑEZ.
- JUICIO YA A LUIS RAÚL PONCE. PROGRAMA DE BÚSQUEDA AL PRÓFUGO PABLO MARTÍN GEREZ. PROCESAMIENTO CON PREVENTIVA YA DE ZABALA, CARRIZO, COSTILLA Y VEIGA.

FAMILIARES Y AMIGOS DE ANDRÉS NUÑEZ.
HIJOS LA PLATA.
CASA POR LOS DERECHOS HUMANOS HERMANOS ZARAGOZA.

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