| Miércoles, 22/02/12 | ||
|---|---|---|
| Comunicado de prensa. En noviembre de 2011, con el patrocinio de CORREPI y CeProDH, delegados antiburocráticos de Kraft y otras organizaciones denunciaron ante la justicia federal que personal de Gendarmería Nacional realiza tareas de inteligencia sobre militantes gremiales, estudiantiles, políticos y sociales. La denuncia relataba cómo confirmamos, a través de declaraciones testimoniales de gendarmes e informes de la fuerza, incorporados en diversas causas penales contra compañeros, lo que todos los militantes sabemos, porque forma parte de nuestra cotidiana experiencia: Que en las movilizaciones hay presencia de personal de las fuerzas de seguridad, sin uniforme, que, caracterizados como “periodistas”, o intentando fundirse con los manifestantes, obtienen registros fotográficos, de video o grabaciones, que se almacenan en bases de datos, y se utilizan para aportar “pruebas” en las causas judiciales con las que se represalia a las organizaciones populares y sus integrantes. | ||
| Esta semana, la respuesta del jefe de la Gendarmería al requerimiento del juez federal Oyarbide para que informara sobre tales prácticas, causó conmoción. Es que el comandante Héctor Bernabé Schenone, que dirige Gendarmería desde 2005, respondió, con inusitada sinceridad, que, efectivamente, la fuerza a su cargo destina hombres y mujeres a infiltrarse en movilizaciones, manifestaciones, asambleas y otras actividades, y registran datos que son luego volcados a una base centralizada, todo en el marco de un protocolo de actuación denominado “Projecto X”. La franqueza del informe, además de mostrar que no se trata de una iniciativa propia de la fuerza, a escondidas, sino del estricto cumplimiento de las órdenes del ministerio de Seguridad, es decir, del gobierno nacional, no es ninguna novedad para la militancia. Sabemos, y denunciamos hace décadas, que, sistemáticamente, el aparato estatal nos espía, nos manda infiltrados, nos hace seguimientos, escucha nuestras conversaciones, nos filma y fotografía, y que esa “información” es luego utilizada por el aparato judicial para dar cuerpo a las causas con las que se nos persigue. En los ’80, trascendieron las tareas de inteligencia sobre militantes populares realizadas por el DEPOC (Departamento de Protección al Orden Constitucional) de la Policía Federal, luego reconvertido en la División Operaciones del Departamento Seguridad de Estado. En los ’90, fue este organismo el principal protagonista del espionaje sobre las organizaciones populares, aunque no el único. Por caso, en 1995, el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, denunció ante la justicia federal a un conjunto de militantes y organizaciones por una serie de graves “delitos”. La prueba acompañada, que sirvió al juez Liporace, después de tener la causa en secreto de sumario por casi dos años, para dictar procesamientos y órdenes de detención, eran un video y “dos carpetas conteniendo información de inteligencia” (sic) encuadernadas con tapas azules. El video contenía imágenes editadas, confusamente mezcladas, subtituladas y ¡musicalizadas! en las que se observaban rostros de dirigentes de las agrupaciones denunciadas en distintas actividades y protestas, como movilizaciones en el aniversario de Walter Bulacio, manifestaciones estudiantiles contra la Ley Federal de Educación y marchas de los jubilados en Congreso. Las carpetas, que comenzamos a llamar “Libro Azul” a falta de otro nombre, contenían información política y personal sobre más de 250 personas de casi todo el arco militante de la izquierda (no sólo de los denunciados). Las más de 500 fojas eran fotocopias de un original que nunca se entregó, en las que se habían eliminado sellos, firmas y todo signo que pudiera identificar al “servicio” que recabó la información. Buena parte de los datos se referían a reuniones cerradas en locales o domicilios privados, por lo que se los debió obtener “pinchando” teléfonos, introduciendo micrófonos o mediante agentes encubiertos infiltrados en las agrupaciones. En posteriores investigaciones judiciales, la Policía Federal, la SIDE y el ministerio del Interior, negaron tajantemente haber confeccionado esas carpetas, lo que motivó que en 1997 se iniciara una causa contra Carlos Corach, para determinar el origen del “Libro Azul”. Esa causa, instruida por la jueza federal Servini de Cubría, fue debidamente archivada un par de años más tarde, a pesar de los esfuerzos de los denunciantes. Similares “informes de inteligencia” son habitualmente provistos por personal de la Policía Federal, la SIDE y otras dependencias oficiales en múltiples causas, como la seguida hace unos 10 años contra los integrantes de un comedor popular en el barrio del Abasto, en la ciudad de Buenos Aires, donde los espías hablaban de “vínculos con Sendero Luminoso” porque, entre los concurrentes al comedor, había ciudadanos peruanos. En 2001, intervinimos como defensores en la causa nº 22.944 del Juzgado Correccional nº 8, secretaría nº 61 de la Ciudad de Buenos Aires, iniciada como consecuencia de la movilización a la Casa de la Provincia de Salta el 18 de junio de 2001, en repudio de los asesinatos de José Barrios y Carlos Santillán. Allí, el Comisario José Antonio Portaluri, jefe de la División Operaciones del Departamento Seguridad de Estado de la PFA, remitió al juzgado un informe de “inteligencia” en el indicaba a la jueza a quiénes se debía procesar. Con fotos, nombre y apellido, número de documento y domicilio, el informe identificaba a tres personas, dos muchachas veinteañeras integrantes de una de las organizaciones movilizadas, y un simple adherente que ni siquiera había concurrido a la movilización. Al final del informe, el comisario lamentaba que no pudiera dirigirse la acción penal contra un referente piquetero en particular, porque ese mismo día estaba en otra provincia, donde había hecho declaraciones a la prensa. También en 2001, descubrimos que los militantes de CORREPI éramos foco de interés de los servicios del Servicio Penitenciario Bonaerense. Una compañera abogada, que concurrió a un penal provincial, notó que, antes de autorizar su ingreso, el guardiacárcel consultaba un listado. Con cierta ingenuidad, el uniformado le pidió disculpas por la demora, explicándole que “si vienen los abogados que están en este memo, tenemos que avisar a la superioridad”. En el marco de una acción de habeas data, confirmamos la existencia del "Despacho 02/01", que ordenaba al personal de todas las unidades penales de la provincia, comunicar a la Secretaría de Informaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense la visita de los abogados de nuestra organización antirrepresiva, incluyendo los nombres de los internos entrevistados. El Inspector Mayor del SPB Carlos A. Scheffer, titular de esa secretaría, y firmante de la directiva, declaró ante el titular del juzgado nº 19 de La Plata que el despacho había sido dictado en atención a que había recibido una nota anónima que acusaba a los militantes de CORREPI de “fomentar y facilitar motines y fugas en los penales”. Explicó que, aunque el anónimo “carecía de todo viso de seriedad”, decidió redactar y firmar la orden interna, a través de la cual se registraban todas las concurrencias a cárceles de los integrantes de la organización, así como los nombres de los visitados, en su mayoría presos políticos. Ya en 2004, verificamos, nuevamente, la existencia de estas tareas de inteligencia en la causa iniciada tras la represión a la movilización del 31 de agosto de ese año, en Plaza de Mayo. Además de muchos heridos, fueron detenidos 102 compañeros, siete de los cuales fueron procesados con prisión preventiva, hasta diciembre de 2004. La principal “pieza acusatoria” era un “informe” emanado del Departamento Seguridad de Estado de la PFA, basado en tareas de inteligencia seguidas contra varias agrupaciones, en el que, por el sólo hecho de “haber participado” de determinadas movilizaciones o de “haber reivindicado” hechos de protesta antiimperialista, se identificaba a varios dirigentes de esas organizaciones, acompañando material fotográfico y “fichas” personales. Además de esos datos, el informe, firmado por el comisario Cantalicio Bobadilla, contenía su propio “análisis” de la información, que concluía que, en realidad, todas esas agrupaciones eran simples “frentes de masas” de una única organización clandestina, que tenía por objeto desestabilizar el sistema democrático. El juez a cargo, Juan José Galeano, no sólo incorporó el informe y le dio entidad como prueba válida, sino que, en otra causa que simultáneamente instruía por un escrache a la petrolera Repsol, ordenó a la policía federal que intensificara sus medidas de inteligencia sobre los manifestantes y sus organizaciones. Después de las masivas movilizaciones antiimperialistas en Buenos Aires y Mar del Plata durante la Cumbre de Presidentes de noviembre de 2005, más informes de inteligencia fueron utilizados para criminalizar a los manifestantes. En el caso de Mar del Plata, el juez federal Castellanos recibió un “informe de inteligencia” elaborado por el ministerio de Seguridad bonaerense. El informe incluía precisos datos de todo el arco político que se movilizó contra Bush en Mar del Plata, y no estaba firmado por un comisario ni un comandante de gendarmería, sino por el ministro León Arslanián. Además de estos ejemplos de “inteligencia” federal y bonaerense, en tiempos nada lejanos se verificó, también, que la Armada hacía lo propio en la ciudad de Trelew. Y si dispusiéramos de más espacio, podríamos abundar con otros ejemplos concretos. En este marco, no puede sorprender que Gendarmería sea la fuerza que hoy se especializa en espiar a la militancia. Desde que, a mediados de los ’90, por órdenes del gobierno menemista, los gendarmes irrumpieron en el ámbito urbano, custodiando objetivos fijos, esa fuerza ha incrementado fuertemente su presencia. Por una parte, el gobierno kirchnerista –cuando recurre a los uniformes, y no a las patotas- ha dado a los gendarmes un protagonismo casi excluyente en la represión directa a las luchas de los trabajadores, como lo vimos en Las Heras, en el Hospital Francés, en Kraft y en movilizaciones de prácticamente todo el país desde 2005. Por la otra, con iniciativas como el Cinturón Sur o el Operativo Centinela, les ha encomendado buena parte del patrullaje urbano para el control social. Es simplemente natural que sean, también, los herederos de Coordinación Federal, del DEPOC o del Depto. Seguridad de Estado de la PFA. Para ingenuos, o para los amigos del gobierno, quedan las huecas frases de la ministra Garré, jefa política de todo el aparato represivo de uniforme, gendarmería incluida. Como para que quede bien claro a qué “sociedad” se dirige, la Dra. Garré escribió en escuetos 140 caracteres en Twitter que el gobierno de Cristina Fernández sostiene “una clara posición respecto a la no criminalización de la protesta social y límites a la acción policial”, agregando luego un clásico de los políticos burgueses en apuros: “Antes de aventurar conjeturas, ordené una auditoría del Proyecto X, que es en realidad un software, para evaluar qué contiene”. Pobre intento de desligarse de lo que sólo ella, ministra de Seguridad, pudo ordenar a la fuerza que firmemente dirige. Lo mismo cabe para el comunicado, igualmente escueto, emitido por el ministerio a su cargo, donde se afirma que: “el Gobierno nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad”. Claro que no lo hizo, si la ley es lo que ellos quieren que sea, para garantizar los intereses que deben defender. Más claro fue el senador Aníbal Fernández, que algo de espías, seguimientos, escuchas e infiltrados conoce, después de tantos años comandando férreamente las fuerzas de seguridad: La policía y la gendarmería, dijo, “no hacen un trabajo de inteligencia, sino un trabajo inteligente...el Plan X no existe... desde el Gobierno nacional se le pide al personal de la fuerza de seguridad que se acerque para morigerar el conflicto... el uniformado va, habla con los manifestantes y trata de encontrar una salida para resolverlo.”. Por más que pongan caras de asombrados, y se quieran lavar las manos manchadas con la sangre de 17 asesinados en la protesta social desde 2003, y de casi 2.000 muertos por el gatillo fácil y la tortura en el mismo lapso, una vez más se confirma que éste es el gobierno más represor desde 1983, y, también, el que mejor ha desarrollado tácticas de propaganda y cooptación para disimularlo. Para el que quiera sostener el mito del “gobierno de los DDHH”, hay infinidad de lugares en las tribunas oficiales, que prometen (y otorgan) cargos, contratos, subsidios y prebendas del tipo que sea. Pero para el que quiera ver las cosas como realmente son, ahí están los hechos, indiscutibles, y confesos, en este caso. Nosotros, elegimos mirar con atención, denunciar la verdad, organizarnos y luchar. Visitá nuestra weB: WWW.correpi.lahaine.org ¡Buscanos en www.facebook.com/correpi ! Comunicate con nosotros para colaborar con CORREPI. Visitá nuestro local en Carlos Calvo 2499 y Alberti, Monserrat. CORREPI. Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Ciudad de Buenos Aires • Argentina correpi@fibertel.com.ar  | ||
 | ||
miércoles, 22 de febrero de 2012
Proyecto X: Lo de siempre, con nombre nuevo.
NI UN FEMICIDIO MAS.
| Miércoles, 22/02/12 | ||
|---|---|---|
| Mañana, miércoles 22 de febrero, al cumplirse cinco años del Femicidio de Sandra Ayala Gamboa habrá una movilización a los tribunales platenses, en calle 7 entre 55 y 57, además de una radio abierta en ARBA, en 7 entre 45 y 46. 17/02/12_MARCHA POR SANDRA AYALA Incógnitas del caso Sandra Ayala Gamboa |    | |
| Reproducimos: POR QUÉ ASEGURAMOS QUE FUERON FEMICIDIOS? 22 de Febrero 2012 •A 5 AÑOS del FEMICIDIO DE SANDRA AYALA GAMBOA •A 3 MESESDE LOS FEMICIDIOS DE BÁRBARA SANTOS, MICAELA GALLE, SUSANA DE BARTTOLE, MARISOL PEREYRA Y SANDRA GAMBOA. La prensa los denomina crímenes pasionales; los describe como problemas de pareja, se los adjudica a “locos” sueltos, violadores seriales, lo reducen al ámbito doméstico e individual, con la peligrosa consecuencia que las acciones de los violadores -victimarios / femicidas- sean explicadas en el marco de la “emoción violenta”, “no conciente de sus actos” y así iniciar el camino hacia la inimputabilidad y/o impunidad. Suele decirse que la mató porque la quería, que la mató porque le era infiel, que la mató porque no quería casarse con él, que la mató porque no quería ser la madre de sus hijos/as.... No quería, no hacía, no obedecía. Siempre que la autoridad masculina, el deseo del varón no es correspondido, la supremacía masculina es desafiada, la violencia aumenta y se convierte en un mecanismo de control, de disciplinamiento. Las mujeres vivimos bajo este terror, luchemos contra el o no. Nadie mata por amor. Quitar la vida a un semejante es un delito, hacerlo por amor es la mayor de las incongruencias. La violencia hacia las mujeres está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, en esta cultura patriarcal / machista, que perpetúa la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino. La violencia es necesaria para mantener estas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, cuando la socialización y otras formas de integración social no son suficientes. Cuando una mujer es asesinada por el sólo hecho de serlo, dejamos de hablar de homicidio para hablar de femicidio, poniendo así nombre a la violencia extrema ejercida por razones de género. Las integrantes de la Casa de la Mujer pensamos que femicidio es la palabra que mejor describe los asesinatos de mujeres por parte de los varones motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad sobre ellas. Ponemos el acento en la estructura de una sociedad que jerarquiza las diferencias, que naturaliza la violación del derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia. El femicidio es el resultado final de un ciclo de violencia. Violencia emocional, destacándose la manipulación afectiva y el control, agresión verbal, golpes, violación, maternidad forzada, esclavitud sexual, tortura. Un espiral que gira hasta terminar con la vida de una mujer. Cuando un femicida ejerce violencia sobre las mujeres sus cuerpos son mutilados, marcados, destrozados como una marca del odio que lo inspira. Todos los femicidios tienen en común la idea de que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres. También afirmamos que los femicidios se reiteran cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando no se los investiga y quedan impunes. Desde la década de los 70’ las feministas parimos un lema propio: “lo personal es político, lo sexual es político”, para visibilizar las violencias que nos violentan a las mujeres por el solo hecho de serlo. Cuando una mujer es asesinada, ese femicidio tiene un significado político contundente para otras mujeres, pues paraliza su oposición a normas sexistas y tiene la función de controlar, disciplinar y castigar a las mujeres, desde el momento en que ocurre la ejecución de una mujer, hasta el tratamiento posterior por los medios de comunicación y los organismos encargados de impartir justicia. Las integrantes de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor afirmamos que la violencia que se ejerce sobre las mujeres, cuando se tolera y queda impune, es un recurso disciplinador que refuerza el rol de objeto y no de sujeto de derecho de las mujeres. Por eso exigimos: - Esclarecimiento de los femicidios Bárbara Santos, Micaela Galle, Susana de Barttole, Marisol Pereyra y Sandra Gamboa.y de todos los ún no resueltos. - Políticas públicas contundentes que sancionen y condenen la violencia contra las mujeres. Es responsabilidad indelegable del Estado asegurar la asistencia y prevención de la violencia de género, así como disponer de los recursos económicos y humanos para la capacitación, fortalecimiento de los Servicios de Atención en sus distintas modalidades, y, dispositivos de protección que sean necesarios. - Acciones concretas y eficaces que desnaturalicen la violencia contra las mujeres. - Acciones jurídicas que castiguen a l@s responsables - Un compromiso social para que no se repita Como feministas gritamos los nombres de Liliana Tallarico Ana María Rossi Gabriela Spotti Cintia Saavedra Claudia Dozo Adriana Rodríguez Analía Escamochero Marcela Aravena Irma Bernarde Adriana Barreda Cecilia Barreda Elena Arreche Gladis Mac Donald Silvia Garriador Paula Polichinella Fabiana Morel Griselda Nair Pared Martínez Betty dos Santos Roxana Chen Fhu Yin Mónica Bauza Fátima Catan Angélica Pacheco Victoria Bertoa Tedeschi María, Soledad Canteros Saubidet Yamila Merani Alicia María Martina Santa Cruz Segovia Daiana Alfaro Aragón, Ana María Ángela María Guzmán Gabriela Cáceres Miere Cristina Soledad Mancini Todas ellas asesinadas aquí en La Plata. Por ANRed- E (redaccion@anred.org) | ||
| ||
Presentación del libro “15 mitos y realidades de la minería trasnacional en la Argentina”.
| Martes, 21/02/12 | ||
|---|---|---|
| El material creado por el colectivo Voces de Alerta es una guía para destrabar ideas instaladas sobre la minería. En la Conferencia de prensa donde se presentó el libro, hablaron Asambleístas de Famatina, Chilecito e investigadores: “la mega minería es un capítulo más del libro de Eduardo Galeano, las Venas Abiertas de América Latina”. |  | |
| Asambleístas de Famatina y Chilecito, junto con el colectivo Voces de Alerta y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, realizaron el 15 de Febrero en el hotel Bauen una conferencia de prensa en la que Maristella Svampa y Enrique Viale presentaron el libro "15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina". Allí se actualizó información sobre la represión que se está sufriendo en pueblos que protegen los recursos naturales. y se cuestionó fuertemente la posición del gobierno nacional y los gobiernos provinciales que anunciaron la creación de la Organización Federal de Estados Mineros(OFEMI). Enrique Viale, Abogado ambientalista, denunció que la ciudad de Andalgalá estaba en un "estado de sitio de hecho", a cargo de grupos parapoliciales apoyadas por la minera Bajo La Alumbrera y el gobierno local. Controlan los accesos del pueblo y patrullan las calles, expulsando del pueblo a todo aquel que tenga aspecto de "hippie", estudiantes o aparente ser alguien que pueda estar en contra de la mega minería. Famatina La Asambleísta de Famatina, Carina Díaz Moren, salió a cuestionar este nuevo "pacto federal minero". Hizo un reclamo hacia el gobierno nacional, pidiendo que escuche a los pueblos, que vienen discutiendo del tema hace años, y se los está subestimando cuando la presidenta pide un "debate serio". Recordó que la presidenta ya había tenido 3 reuniones con la Barrick Gold, “y nunca recibió a los asambleístas”. A su vez, realizó un llamado desesperado al pueblo argentino para que se haga responsable y se apropie del reclamo, porque lugares como Famatina "también les pertenece a ustedes". Manifestó preocupación por que se deje de prestar atención al problema a raíz de las discusiones por las Islas Malvinas, ya que la posición del gobierno para las islas es totalmente contradictoria con la política de entrega de los recursos naturales a las multinacionales mineras. En su intervención también relató cómo el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, dos días después de ganar las elecciones con promesas antimineras, rompió con su palabra. “El 31 de agosto del 2011 Beder Herrera cerró trato con la OSISKO y desde noviembre hasta ahora hay todo tipo de aprietes y favoritismos con electrodomésticos, muebles y materiales de construcción es su táctica de cooptación.” El 15 de diciembre el pueblo le hizo un escrache al gerente de la OSISKO que huyó y dejó una carpeta con listas negras de los asambleístas y con investigaciones sobre el agua. Esto generó una gran indignación, al punto de comparar estas situaciones con un estado dictatorial. El 17 de diciembre, mientras el gobernador preparaba un gran banquete, trayendo gente de otros pueblos, se realizó una asamblea que votó iniciar el corte en el Alto Carrizal el 2 de enero. El pueblo está a solo 20km de donde piensan destruir todo y de donde está la producción de frutales, hortalizas vinos y nueces. Chilecito Marcela Crabbe, asambleísta de Chilecito, analizó como en toda la economía que se basa en la agricultura, hay más de 2000 trabajadores. “La agricultura y el turismo es el sustento del pueblo que quedaría destruido con el avance de la mega minería. ¿De que sirven las regalías de las mineras si el pueblo se queda sin agua?¿Que será del futuro de sus hijos y del pueblo?” fueron las preguntas que pusieron blanco sobre negro de las preocupaciones de los vecinos del lugar. En el intercambio de preguntas y respuestas fueron apareciendo nuevos datos sobre la cantidad de riqueza que las trasnacionales se llevan del país con magnitudes similares a la deuda externa. El gasto del agua de una de las empresas equivale a todo el consumo de Catamarca: Minera Alumbrera obtuvo del gobierno de Catamarca un permiso de extracción de 1200 litros de agua por segundo. Sólo en 2003, Alumbrera consumió, un 170% del total del resto de la provincia de Catamarca y el 87% de Tucumán Maristella Svampa, Licenciada en Filosofía y participante del libro, señaló que este problema no es solo argentino: existen 120 conflictos en América Latina vinculados a la megamineria. Y remarcó que hay numerosas investigaciones científicas que avalan los reclamos de los pueblos. Agregó que “los proyectos mineros al inicio prometen muchísimos puestos de trabajo, pero son exclusivamente para la fase inicial de los mismos. Por otro lado, la megamineria a cielo abierto es una actividad capital-intensiva y no trabajo-intensiva”, desactivando el mito de la generación de trabajo directa. Datos y Mitos El libro es un material que relata 15 mitos relacionados a las consecuencias de la Mega Minería: Mito 1: Son fundamentalistas, están en contra de todo tipo de minería Mito 2: La minería es un ‘motor de desarrollo’ que impulsa la economía nacional Mito 3: La minería genera empleo y crecimiento económico local Mito 4: La minería crea muchos puestos de trabajo indirectos Mito 5: La minería se instala en zonas postergadas, crea un círculo virtuoso, genera desarrollo y eleva el nivel de vida de la población Mito 6. Los beneficios de la minería se quedan en los países donde se extraen los minerales, y las empresas contribuyen con el pago de diferentes impuestos en el desarrollo del país Mito 7: La minería puede ser limpia, no contamina el ambiente, y se puede hacer sin riesgos ambientales. Hay una solución técnica para cada problema ambiental. Mito 8: Los emprendimientos cumplen con exigentes regulaciones ambientales y la minería es la única actividad regulada por una ley ambiental en nuestro país. Mito 9: Ningún proyecto minero se hace sin el consentimiento previo de las comunidades involucradas. Mito 10: La minería fortalece el tejido social, reduce la migración y la descomposición de las comunidades. Mito 11: Las empresas transnacionales garantizan transparencia y libertad de opinión en cuanto a la evaluación de sus actividades Mito 12: Cada país es autónomo y soberano en sus relaciones con empresas mineras transnacionales. Las empresas mineras transnacionales respetan el marco legal de los países donde operan. Mito 13. Las empresas transnacionales se comportan con responsabilidad social empresarial, robusteciendo el tejido socioeconómico de la zona. Mito 14. Los que se oponen a la minería a gran escala, nacional o trasnacional, no tienen alternativas de desarrollo. Mito 15: América tiene un destino mineral. Sin desarrollo minero, no hay futuro para nuestras sociedades La presentación del libro "15 mitos y realidades de la Mega Minería en la Argentina" es una muestra contundente de ello. Este material muestra una cantidad inconmensurable de datos sorprendentes y bien ocultos por los quienes codician nuestros bienes naturales. (Por ANRed) Por RedAcción - LP | ||
| ||
Ajuste y represión K
| DOMINGO, 19/02/12 | ||
|---|---|---|
| Al margen de tensiones entre grupos y fracciones de la clase dominante, la orientación profunda del gobierno K está determinada por intereses de clase precisos, que no son precisamente los del trabajo. Cuando se está apretando el cinturón de los trabajadores, el conflicto social debe ser desactivado-reprimido-desviado. Para este fin, todo vale: inteligencia e intimidación sobre activistas y dirigentes de izquierda; agitación del nacionalismo y propaganda por la “unidad nacional”; aislamiento de los elementos “anti-patria” y subversivos; palos, gases y procesamiento de manifestantes; amenazas de despidos por parte de las patronales; mantenimiento del trabajo en negro y precarizado para amplios sectores; y un 6,7,8 hablando de cualquier cosa menos del conflicto. Por Rolando Astarita. Por ANRed-L (redaccion@anred.org) |   | |
| Paulatinamente, se ha ido instalando y consolidando una mayor represión por parte del gobierno, el estado nacional y los estados provinciales, contra las protestas sociales. Sin ánimo de ser exhaustivo, y tomando solo los dos últimos años, aquí van algunos recordatorios. - Enero 2010, represión a trabajadores agrarios en Entre Ríos; hubo heridos, detenidos y denuncias de golpizas y torturas en comisarías. - Enero 2010, represión violenta en Salta a estudiantes que protestaban contra el aumento del boleto. - Marzo 2010, represión en Neuquén a una marcha de los organismos de derechos humanos; heridos y detenidos. - Mayo 2010, violenta represión a unos 200 pobladores que exigían la libertad de un dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados, que había sido detenido por la policía. - Junio 2010, un muerto y numerosos heridos en la represión a los manifestantes que protestaban por el asesinato, a manos de la policía, de un joven de 15 años, en Bariloche. - Junio 2010, represión a pobladores indígenas que reclamaban contra los desmontes (destinados a aumentar el área sojera); detenidos y heridos. - Octubre 2010, asesinato de Mariano Ferreyra, con la complicidad de la policía. - Diciembre 2010, tres muertos y varios heridos en el Indoamericano. - Diciembre 2010, represión a estudiantes que protestaban contra la nueva ley de educación provincial, en Córdoba. - Febrero 2011, asesinato de dos jóvenes por la policía, en José León Suárez. - Febrero 2011, violenta represión a ambientalistas y pobladores que protestaban por las mineras, en Catamarca. - Junio 2011, represión a docentes que se manifestaban en reclamo de mejoras, en Santa Cruz. - Julio 2011, represión para desalojar a familias que habían ocupado tierras del ingenio Ledesma, con el resultado de cuatro muertes (algunos militantes de la CCC). - Agosto 2011, represión en Salta contra gente que intentaba ocupar tierras, con cinco heridos y varios detenidos. - Agosto 2011, violenta represión en Tucumán contra pobladores que intentaron ocupar tierras; heridos y detenidos. - Octubre 2011, represión a los jujeños que habían hecho un acampe en Avda de Mayo y 9 de Julio, en Capital, con heridos y detenidos. Los manifestantes protestaban por el estado de terror y la represión que sufrían en su provincia. - Octubre 2011, el gobierno nacional intenta, con la ayuda de un juez, armar una causa contra el dirigente ferroviario de izquierda “Pollo” Sobrero. - Noviembre 2011, un muerto durante la represión a los qom, para desalojarlos de tierras, en Formosa. - Noviembre 2011, también en Formosa, violenta represión, con un saldo de unos 20 heridos, y detenidos contra trabajadores de la Unión del Personal Civil de la Provincia, que protestaban contra el ajuste. - Diciembre 2011, represión a trabajadores que se manifestaban contra el ajuste, en Santa Cruz. - Enero y febrero 2012, represión a trabajadores camioneros en Santa Cruz, con el saldo de numerosos heridos. Represión, con heridos y detenidos, manifestantes (pobladores, activistas ambientalistas, militantes y dirigentes políticos) en Catamarca y Tucumán. Andalagá virtualmente cercada por grupos de choque pro-minería. También represión en Chilecito, La Rioja, donde la gente que festejaba la tradición chaya, y participa de las manifestaciones contra las mineras, fue agredida por la policía con bastones y balas de goma; 20 heridos. Represión en Mar del Plata a militantes de CTA que manifestaban contra el aumento del boleto del transporte público. Cada uno de estos episodios suma gente a la lista de procesados por la Justicia. Decenas de activistas y luchadores tienen en estos momentos causas abiertas. Por otra parte, en diciembre de 2011 se aprobó la ley antiterrorista. Esta ley considera que es agravante para cualquiera de los delitos contemplados el que hubieran sido realizados con el fin de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades nacionales, o gobiernos extranjeros, o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Los críticos señalan que el uso de un lenguaje excesivamente abstracto y de conceptos imprecisos genera el riesgo de que la Ley se aplique contra las protestas sociales. Los defensores por izquierda de la ley dicen que se introdujo una cláusula según la cual los agravantes previstos no se aplicarán cuando el hecho del que se trate tuviera lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos o sociales, o de cualquier otro derecho constitucional. Pero esto sigue siendo vago (¿cuándo y quién determina si se están defendiendo derechos constitucionales?), y da amplio margen para la criminalización de la protesta social. Vinculado a lo anterior, acaba de conocerse el llamado “Proyecto X”, una red de espionaje montada por la Gendarmería para detectar y recoger información sobre militantes sociales y políticos. Su existencia fue reconocida por el mismo jefe de Gendarmería, Héctor Schenone. Es que Schenone presentó un escrito dirigido al juez Oyarbide, en diciembre pasado, en el marco de la causa que se está llevando contra dirigentes obreros del pasado conflicto de Kraft. Allí explicó que Gendarmería recopila datos sobre dirigentes, militantes y luchadores gremiales, estudiantiles, políticos. La información recopilada incluye inmuebles, recursos financieros o bancarios, documentos personales y hábitos. Asimismo, los gobiernos de La Rioja y Catamarca han defendido la “necesidad” de hacer inteligencia sobre militantes políticos y ambientalistas (para detectar a los “infiltrados” que vienen a molestar en la provincia, etc.). ¿Qué explicación? a) Una K explicación En principio, hay dos maneras fundamentales en que podría explicarse esta sucesión de hechos. Una de ellas, común entre los defensores del gobierno K, consiste en tomar cada caso por separado, o a lo sumo, estableciendo alguna conexión meramente externa entre ellos. La situación política se evalúa poniendo los + y - para operar aritméticamente con los “datos”. Siempre aislados, existentes cada uno en sí mismo, sin posibilidad de que perturbe a los otros. Y lo más importante, sin que ningún hecho “negativo” conecte con la esencia K-liberadora. Así, se garantiza que la cuenta siempre salga bien. Por ejemplo, cada represión en las provincias se explica por las características específicas de los gobiernos o de los policías y jueces involucrados en los episodios. Hace poco Sabatella presentó este argumento; el gobierno nacional estaba libre de cualquier sospecha. Otros casos, (como el Indoamericano), no necesitan muchas vueltas, ya que derivan de la esencia fascista de Macri. En cuanto a la aprobación de la ley antiterrorista, se explicará por las exigencias de la lucha contra el narcotráfico, más alguna imperfección, propia del apuro para votar la ley (nadie es perfecto). Y la inteligencia que hace Gendarmería sobre los luchadores, es un problema de Gendarmería. ¿A quién se le ocurre que la ministra Garré pueda estar involucrada? Una cosa es la ministra de Seguridad, y otra completamente distinta es la Gendarmería. Hay comunicación, pero seguramente será para hablar del tiempo, o de los problemas que tiene River para ascender a la A. Sólo a la prensa desestabilizadora, y a la izquierda funcional a la derecha, se le puede ocurrir establecer alguna conexión. Pero además, los errores y problemas hay que interpretarlos en el marco de la batalla empeñada contra la “derecha enquistada y retrógrada” (léase Scioli y su banda, intendentes del Gran Buenos Aires, el “aparato” del PJ, y similares). O, alternativamente, en el cuadro de la épica batalla contra los “grupos económicos” (la Barrik no es un “grupo”) y contra el imperialismo en Malvinas. Por eso, y frente a estas descomunales tareas, ¿qué importancia tiene que Gendarmería haga un poquito de inteligencia sobre los troskos? Y así pueden seguir muchos argumentos, igualmente inteligentes. Lo fundamental es mantenerse en el método analítico. Y cuando no se pueda, siempre quedará el recurso de escribir alguna Carta-intelectuales-K, que con su habitual claridad conceptual, despejará cualquier duda de los indecisos. b) Una explicación desde el marxismo Frente a lo anterior, habría otra explicación que intenta buscar un “universal” que permita comprender que los particulares y singulares (las políticas ante las manifestaciones ambientalistas, el espionaje X-K, etc.) no son arbitrarios, ni están desconectados. Me apresuro a aclarar: no significa que no haya matices y diferencias. Pero las diferencias (entre Scioli y Garré, por caso) se establecerán en el marco de una identidad común. Esto es, las formas particulares y los singulares tienen que comprenderse a partir de algún principio unificador, que conecta lo que puede aparecer a primera vista como aislado, inconexo. Pues bien, esta explicación alternativa dice que nuestra sociedad está atravesada por el antagonismo entre el capital y el trabajo. Esto diferencia por el vértice este enfoque del que defienden el gobierno y los militantes K, los partidos de la oposición burguesa y de la clase media semi-izquierdista (estilo partido Comunista). Todos ellos tratan de conciliar al capital y el trabajo. En cambio, y en palabras de Marx, partimos de que “los intereses del capital y del trabajo asalariado son opuestos diametralmente”. Sin embargo, esto todavía es demasiado general. Por razones que he explicado en otras notas, hoy el conflicto se da en condiciones específicas. El capital necesita bajar los salarios para recuperar competitividad en el mercado mundial, dada la erosión del “modelo” basado en el tipo de cambio alto. La quita de subsidios, el tope a los aumentos que puedan establecerse en paritarias, el veto al salario mínimo logrado por los trabajadores rurales y la negativa a aumentar el mínimo no imponible a las ganancias (impuestos a los salarios), obedecen a esta necesidad. Remarco que es una necesidad del capital “en general”, al margen de que sea argentino o extranjero. No es un conflicto establecido en términos “nacionales” (como pretende Pino Solanas), sino de las dos clases sociales fundamentales. De ahí la conformidad general de la Unión Industrial con el gobierno. Ahora bien, ¿qué decir del rol del Estado en todo esto? Según la visión “atomista”, el Estado no está conectado (o vinculado) necesariamente al capital, ni a sus intereses. Puede estarlo, como no estarlo; la relación es externa, en este enfoque. La política estatal no está marcada por la necesidad sino, en última instancia, por el personal a cargo (por eso, nada mejor que un izquierdista puesto a funcionario, dirán algunos). Como muchos ya imaginan, mi visión es opuesta. Bajo el modo de producción capitalista el Estado es, necesariamente, capitalista, y no puede no ser capitalista. Bajo el capitalismo, “el Estado es el instrumento de dominación del capital sobre la clase de los trabajadores” (Altvater, p. 89). Y aunque la adecuación del Estado -sus formas, instituciones, funcionamiento- a las necesidades del capital siempre es problemática, es un hecho también que “el carácter del Estado como Estado burgués impregna -satura- todas sus funciones” (ídem, p. 101). Entre ellas figura, en primer lugar, salvaguardar y mejorar en lo posible las condiciones de explotación del trabajo. Y los funcionarios, aunque reciten la teoría de la plusvalía, actuarán en consonancia con la lógica general. Lo anterior explica por qué el Estado argentino hoy está desplegando una política acorde con la necesidad del capital. Lo cual no quiere decir que todo lo que hace el Estado (o el gobierno de CK) es simple y directamente funcional a los intereses del capital de conjunto. Por ejemplo, la política de Moreno con respecto a las importaciones es cuestionada por muchos empresarios. Pero no debería concluirse de aquí que el gobierno K está enfrentado al capital (y por eso reprime a los ambientalistas, etc.). Para explicarlo con un ejemplo histórico: el gobierno de Isabel Perón y López Rega fue muy criticado por la clase capitalista, a pesar de que desarrollaba una política ferozmente anti-obrera y de derecha. De la misma manera, hoy decimos que, al margen de tensiones entre grupos y fracciones de la clase dominante, la orientación profunda del gobierno K está determinada por intereses de clase precisos, que no son precisamente los del trabajo. Cuando se está apretando el cinturón de los trabajadores, el conflicto social debe ser desactivado-reprimido-desviado. Para este fin, todo vale: inteligencia e intimidación sobre activistas y dirigentes de izquierda; agitación del nacionalismo y propaganda por la “unidad nacional”; aislamiento de los elementos “anti-patria” y subversivos; palos, gases y procesamiento de manifestantes; amenazas de despidos por parte de las patronales; mantenimiento del trabajo en negro y precarizado para amplios sectores; y un 6,7,8 hablando de cualquier cosa menos del conflicto. En el mismo sentido, reprimir las protestas ambientalistas es esencial, no solo para mantener los negocios mineros, sino también para desactivar toda forma de organización popular (u obrera) que ponga en cuestión el derecho de la clase dominante de decidir qué negocios convienen. Con esta perspectiva también podemos leer otros conflictos. Por ejemplo, el deseo de sectores pro-K (incluidos funcionarios) de cambiar los métodos de la policía bonaerense no necesariamente está en contradicción con lo que hemos explicado. Una policía que no ampare las redes de prostitución, o no asesine chicos de los barrios pobres, puede tener mayor legitimidad, a los ojos de la población, a la hora de reprimir una manifestación de trabajadores. De la misma manera, se puede entender que algunos hechos son lógicos. Por ejemplo, se ha afirmado que hay una contradicción entre el aumento del 100% de las dietas de los legisladores, y el ajuste (o topes) sobre los salarios que promueve el Gobierno. Pero esto es no entender de qué estamos hablando. El ajuste se hace para aumentar las ganancias de la clase capitalista. Por lo cual, el aumento de los ingresos de los representantes del capital es coherente con la orientación global. No todos somos lo mismo, como se encargó de enfatizar un diputado, en defensa de sus aumentados ingresos. Difícil coyuntura En base al análisis precedente, podemos pronosticar que, en la medida en que se incremente el conflicto por el reparto del ingreso, la línea represiva va a continuar, a menos que haya un ascenso de luchas y movilizaciones en defensa de las libertades democráticas. Algunos han señalado que acciones como la encarada por Gendarmería están prohibidas por ley y por la Constitución, y que se puede accionar legalmente. Pero estos son papeles. Lo que suceda efectivamente va a depender de relaciones de fuerza, sociales y políticas. En especial, del grado en que el problema sea asumido por las masas trabajadoras y el pueblo, las únicas que pueden transformar una idea, o una consigna, en “fuerza material”. De todas formas, hay que ser consciente del punto en que estamos: no solo el Gobierno tiene un amplio respaldo de la población, sino también el apoyo militante de mucha juventud y de sectores que, en otras circunstancias, se hubieran movilizado en defensa de las libertades democráticas. El caso paradigmático es el de Madres de Plaza de Mayo (Bonafini); pero dista de ser el único. Hay que remar entonces desde una posición muy desfavorable (seguramente este mismo texto será considerado por muchos progresistas poco menos que “contrarrevolucionario”). En estas condiciones, la unidad de acción en defensa de libertades democráticas me parece esencial. Aquí no habría que abrigar ningún tipo de sectarismo. Texto citado: Altvater, E. (1988), “Notas sobre algunos problemas del intervencionismo del Estado”, en El Estado en el capitalismo contemporáneo, Sonntag y Valecillos (edit.), pp. 88-133. Fuente: www.rolandoastarita.wordpress.com | ||
| ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)