NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

viernes, 9 de marzo de 2012

La vigencia de la impunidad

Jueves, 08/03/12
Las constantes agresiones, detenciones arbitrarias, suspensiones de juicios por casos de gatillo fácil, asesinatos y persecuciones son hechos que dan cuenta que las policías, tanto federal como provinciales, tienen vía libre por parte de los poderes del Estado para actuar en contra del pueblo.
Ayer a la tarde los canales de televisión y sitios web de noticias comenzaron a difundir la existencia de una “batalla campal” entre vecinxs del barrio porteño de Balvanera y la policía. Daban pocos datos, solo cuántos patrulleros y ambulancias había en el lugar. Con el correr de los minutos cobró fuerza la versión “oficial” de que un grupo de personas que hacía un asado en plena calle, agredió a efectivos cuando éstos se acercaron. Cifras de heridos y detenidos, y listo.
Pero lo cierto fue que los efectivos de la Comisaría 8° de la Policía Federal reprimieron a familiares de víctimas de gatillo fácil y a vecinxs que se acercaron a solidarizarse. Los agredidos integraban las familias de John Camafreitas y de Marcelo Sepúlveda.
John fue asesinado de un disparo en la nuca a fines de enero por el cabo de la 8ª Martín Alexis Naredo; Marcelo fue torturado hasta la muerte por policías de la localidad de Benavidez (partido de Tigre) y vigiladores privados de la empresa Securitas, a principios de este año.
Desde los asesinatos, ambas familias fueron continuamente hostigadas por las Comisarías 6ª y 8ª, y la empresa Securitas. De hecho, hay una denuncia por amenazas calificadas formulada el 17 de febrero, que está siendo tramitada en el Juzgado de Instrucción nº 41.
A diferencia de lo informado por los medios masivos de comunicación, lo sucedido ayer por la tarde comenzó cuando varios policías de la 8ª atacaron a Sabrina Castro, prima de John y Marcelo, mientras paseaba con sus hijos. Vecinxs y familiares se acercaron a ayudarla y la policía los reprimió a ellos también.
Los hostigamientos y amenazas a familiares y amigos de víctimas de gatillo fácil por parte de policías son, lamentablemente, muy comunes, y tienen su claro origen en la total impunidad con la que pueden actuar los uniformados.
Un contundente ejemplo de esta situación es el de Fabián Gallardo, uno de los mejores amigos de Diego Bonefoi, asesinado en junio de 2010 en Bariloche de un disparo por la espalda efectuado por el cabo Sergio Colombil (condenado luego a 20 años de prisión). En su momento, el asesinato de Diego generó una gran movilización de vecinos de El Alto de Bariloche, que denunciaron los constantes atropellos de la Comisaría 28°. Pero la respuesta policial fue más represión, en la que mataron a otros dos jóvenes: Nicolás Carrasco de 16 años y Sergio Cárdenas de 29 (sus crímenes permanecen impunes).
Ahora, una vez más, la policía de Río Negro golpeó ferozmente a Fabián. Efectivos se acercaron a él recriminándole ser amigo de “Los Bonefoi”. Lo esposaron, patearon, cortaron, escupieron e insultaron, en presencia de su hermana. Cuando la madre del joven llegó al lugar, alertada por su hija, fue insultada también por los mismos oficiales.
Fabián fue atendido en el Hospital público, y los certificados y exámenes médicos constatan la gravedad de las heridas y confirman que estuvo inconsciente.
Fabián ya había denunciado agresiones y detenciones arbitrarias en julio de 2011. En aquella oportunidad fue llevado a la Comisaría 2da, donde lo dejaron tirado en un pasillo frente a un calabozo, sin permitirle llamar a su madre, golpeándolo y burlándose de él. Unos días antes, el menor también había sido bajado de un colectivo y golpeado fuertemente por una docena de efectivos.
Un par de meses más tarde, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche debió presentar un habeas corpus por la integridad física de Fabián, luego de ser nuevamente amenazado por haber denunciado penalmente a los policías que lo habían golpeado en julio.
Obviamente, el caso de Fabián no es el único en Bariloche. Actualmente, existe una causa iniciada en contra de varios efectivos de la Comisaría 2da. En este marco, se realizó una Cámara Gesel, que permitió que una de las víctimas identificara a uno de los agresores, lo que motivó que recibiera amenazas de muerte de parte de encapuchados.
Ante la sistemática persecución contra jóvenes de El Alto en Bariloche, la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad emitió un comunicado dirigido al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y a su Jefe de Policía, Jorge Uribe. Entre otras cosas señalan: “Sr. Gobernador, señor Jefe de Policía, los cambios en las filas de la policía no pueden hacerse esperar, están corriendo graves riesgos las vidas de los jóvenes provenientes de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Señor Uribe usted habló de identificar los problemas de cada localidad, le recordamos que uno de los problemas más graves de nuestra ciudad es no saber quién o quiénes mataron a Nicolás Carrasco y a Sergio Cárdenas el 17 de Junio de 2010 y no saber quién o quiénes fueron cómplices de intentar ocultar el homicidio de Diego Bonefoi en la madrugada de ese mismo día. ¿Serán los mismos policías que salvajemente golpean nuevamente a Fabián Gallardo? ¿Serán los mismos a los que Ud. pretende más profesionalizados?” Desde ya que Río Negro no es la única provincia con policías represoras. Tan solo por citar un ejemplo, en la localidad salteña de Apolinario Saravia, en el Departamento de Anta, vecinxs denunciaron el violento e incorrecto proceder de la fuerza de seguridad local; particularmente del personal de la Subcomisaría “El Dorado”, a cargo del Comisario Bogarini; quienes detienen e incomunican continuamente a jóvenes, e incluso menores, provocándolos con insultos, golpeándolos, esposándolos y en algunos casos disparándoles balas de goma.

Suspensión fácil
El lunes pasado se suspendió a último momento el inicio del juicio a los policías Luciano Principi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez y al ex ayudante de guardia Leandro Antonelli, por el asesinato de Christian Domínguez y su posterior encubrimiento.
Christian fue detenido ilegalmente el 5 de febrero de 2005 por personal de la Comisaría Primera de Berisso (en la zona sur de la provincia de Buenos Aires), a la que se había acercado para denunciar el robo de una campera. No tenía antecedentes penales, ni contravencionales y no había pisado una comisaría previamente. Poco después de ser detenido apareció muerto en un calabozo. La policía dijo que se había suicidado colgándose con su cinturón. En ese momento, estaba de turno la Fiscalía a cargo del Dr. Leandro Heredia, quien no se presentó en el lugar y delegó la investigación en los mismos sospechosos, lo que les dio la posibilidad que armaran la escena del crimen, para instalar la versión del suicidio. De hecho, una primera autopsia, efectuada por médicos forenses de la misma policía bonaerense, ratificó esta versión. Pero la realización de una segunda autopsia, esta vez por forenses judiciales y el Dr. Miguel Ángel Maldonado-perito de parte de la Asociación Miguel Bru-, determinó que en realidad Christian fue estrangulado y que falleció “a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”. Además, varios testigos confirmaron que Christian sufrió torturas, hostigamiento y sufrimiento psicológico, mientras pedía que lo dejaran realizar un llamado y lo liberaran, ya que nada justificaba su detención.
La causa fue elevada a juicio en 2009 y desde el principio hubo irregularidades, tres fiscales fueron removidos por no investigar ni cumplir con sus deberes de funcionario público.
El juicio debía comenzar el lunes, pero uno de los magistrados del Tribunal Oral Criminal N°2, Patricia de la Serna, renovó un pedido de licencia médica que tiene desde fines de 2011. El viernes, se había sorteado un nuevo juez para completar el Tribunal, pero el designado, Claudio Bernard, se excusó porque tiene un juicio oral en curso.
La familia y abogados de Christian sabían que esto podía suceder, por lo que la semana pasada ya habían presentado un recurso ante la Suprema Corte de Justicia solicitando que se arbitraran todos los medios para garantizar el inicio del proceso. Denunciaron además la “inexcusable mora en la tramitación de las referidas actuaciones que han significado un real y perjudicial trastrocamiento del proceso, en general, y que pone en juego la realización del debate”.
Ahora debe esperarse la designación de un nuevo juez, para lo que no hay un tiempo consignado. Ante esta situación, los tres policías acusados, que por el momento permanecen detenidos, podrían pedir la morigeración de la prisión preventiva (con una prisión domiciliaria, por ejemplo), ya que llevan más de cuatro años y medio detenidos sin sentencia, por lo que existe la opción de que lleguen libres a una nueva fecha de inicio del juicio. Esto genera altas posibilidades de fugas o incidencias en la investigación. Lo concreto es que aún estando los tres detenidos, la policía ha perseguido y amenazado a testigos del juicio. Así lo denunció Pedro, el papá de Christian, quien relató que uno de ellos fue interceptado por un ex-compañero de los procesados que le dijo “ojo con lo que vas a decir”. A esto debe sumarse que muchos testigos no han declarado nunca en la causa justamente por temor a las consecuencias. Una clara muestra de la vigencia de la impunidad.


Fuentes: Asociación Civil Miguel Bru / Anred / Correpi / Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche

La vigencia de la impunidad
Red Eco Alternativo

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Gatillo fácil de Christian Dominguez en Berisso.

Martes, 06/03/12
Suspenden el juicio por el caso de Christian Domínguez

Después de siete años de espera, fue suspendido ayer -a último minuto- el juicio por el caso de gatillo fácil de Christian Domínguez -un joven que apareció muerto en un calabozo de la comisaría Primera de Berisso (Gran La Plata)-. Una de las jueces sacó carpeta médica y el juez que la debía sustituir se excusó. La postergación favorece a los tres policías acusados, que ahora podrían llegar libres a la nueva fecha del juicio. Christian Domínguez había ido a la comisaría a denunciar el robo de su campera ,en febrero de 2005. La policía dijo que se había suicidado colgándose con su cinturón y una autopsia -realizada por los médicos forenses de la misma bonaerense- ratificó la versión. Pero una segunda autopsia, ahora realizada por forenses judiciales, determinó que en realidad fue estrangulado y falleció “a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”.

Indignación, dolor, lucha y justicia. Son las banderas que acompañaron los últimos años la causa llevada adelante por Pedro y Norma Domínguez, los padres de Christian, un joven de 30 años que en febrero de 2005 apareció muerto en un calabozo de la comisaría Primera de Berisso (Gran La PLata, Bs. As.) -a donde había ido a denunciar el robo de su campera-. Por aquel entonces, la policía dijo que se había suicidado colgándose con su cinturón y una autopsia -realizada por los médicos forenses de la misma bonaerense- ratificó la versión. Pero una segunda autopsia, ahora realizada por forenses judiciales, determinó que en realidad fue estrangulado y falleció “a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”.

Ayer debió ser un día donde comenzar a cosechar los siete años de lucha, al iniciarse el juicio oral por el que serán juzgados los policías Luciano Principi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez -acusados de “torturas seguidas de muerte”, todos detenidos- y el ex ayudante de guardia Leandro Antonelli, por el delito de encubrimiento y de falsedad documental. Pero nada de eso ocurrió y un nuevo episodio de impunidad se sumó a una causa que acumula varias irregularidades.

La excusa, en esta oportunidad, fue burocrática. La suspensión se debió a que uno de los magistrados del Tribunal Oral Criminal N°2, Patricia de la Serna, renovó hace pocos días un pedido de licencia médica que viene pidiendo desde fines de 2011. El viernes, se sorteó un nuevo juez para que complete el Tribunal y salió designado Claudio Bernard, pero se excusó porque tiene un juicio oral en curso.

“Nos están faltando el respeto y seguimos siendo torturados”, lanzó indignada Norma Domínguez, la madre del joven, acompañada por su esposo Pedro y de Rosa Brú, la titular de la Asociación Miguel Bru, patrocinante del caso. “Desde diciembre sabemos que podía faltar un juez y siempre quisimos resolverlo, pero la Justicia no nos dio bolilla”, expresó Rosa al respecto.

La semana pasada presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia solicitando se arbitren todos los medios para garantizar el inicio del juicio y denunciando la “inexcusable mora en la tramitación de las referidas actuaciones que han significado un real y perjudicial trastrocamiento del proceso, en general, y que pone en juego la realización del debate”. Pero la única respuesta recién llegó hoy, cuando se presentaron en el Tribunal y se anoticiaron de la suspensión. “Ahora habrá que esperar la designación de un nuevo juez, lo que aplaza los tiempos”, señaló Ernesto Martín, uno de los abogados de la familia Domínguez.

“Estábamos confiados que empezaba hoy (por ayer 5 de febrero)). Hace 7 años que estamos esperando el juicio, pero no nos van a cansar, vamos a seguir”, dijo Pedro, que sigue firme junto a su esposa.

La decisión aparece a las claras como una nueva muestra de complicidad de la justicia bonaerense con los distintos casos de gatillo fácil que atraviesan la realidad provincial de punta a punta. Ahora, los tres policías acusados por el crimen, que por el momento permanecen detenidos, podrían llegar libres a la nueva fecha del juicio, ya que llevan más de cuatro y medio detenidos sin sentencia, y podrían pedir la morigeración de la prisión preventiva -por ejemplo, obteniendo una prisión domiciliaria-, lo que podría significar una clara posibilidad para que se fuguen o para que incidan en la investigación.

“La policía ha perseguido a testigos del juicio y los ha amenazado”, denunció Pedro, que comentó que hace pocos días, uno de ellos fue interceptado por un ex-compañero de los policías procesados y les dijo “ojo con lo que vas a decir”. Asimismo, hay muchos otros testigos que nunca declararon, por temor a represalias.

Gatillo fácil en Berisso
ANRed La Plata

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Caranchos en la Subsecretaría de DDHH

Jueves, 01/03/12
La historia oculta de Fernando Cano, ex subsecretario de DDHH de la Provincia de Buenos Aires. La jugada de Daniel Scioli tras las irregularidades y los aprietes sufridos por los trabajadores disidentes con la política oficial.
En el ajedrez, el enroque es una jugada que se realiza para proteger al rey. En la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli estaba siendo jaqueado por las denuncias de los trabajadores que habían cobrado estado público, las editoriales de Horacio Verbitsky en Página 12 y porque su vice, Gabriel Mariotto, había recibido a los críticos de Sara Derotier de Cobacho y su hijo político, Cano. Vale recordar que la Secretaria es la madre de dos jóvenes militantes de Montoneros, desaparecidos en los setenta, uno a mano de la Triple A y otro durante los años dictatoriales cuya nieta, Amanda Danielis, está casada con Cano y también trabaja en esa dependencia estatal. Ante el inminente jaque del cristinismo más recalcitrante, Scioli protegió a su reina Cobacho quien negoció un enroque que dejó a los empleados desplazados y a los apretados, con sabor a poco.

El enroque diseñado por el gobernador con el beneplácito de una Sara Derotier convertida en una especie de Hebe de Bonafini de Cano en los tiempos en que la Madre apañaba en todos sus caprichos al Hijo, consistió en reubicar a Cano como director de la Escuela de Gobierno de la Jefatura de Gabinete Provincial mientras sin eyectarlo de la estructura estatal. El funcionario que ocupaba ese lugar pasó a ocupar el de Cano. Se trata del sociólogo Gustavo J. Nahmias, un hombre sin antecedentes en materia de militancia en la defensa de los derechos humanos, con un claro perfil técnico y con un currículo generoso en títulos aniversarios y sin escándalos de corrupción, algo destacable en los tiempos actuales. Sin embargo, los trabajadores denuncian que la estructura diseñada por Cano y Sara Derotier aun permanece inalterable, esto es, parientes, amigos y una red de abogados con un pasado relacionado con el mundo de los caranchos.

La historia es de película pero aquí no están Ricardo Darín ni mucho menos Martina Gusmán, aunque la trama guarda varias similitudes. El pasado oscuro del, hasta hace una semana, subsecretario de Derechos Humanos, se relacionaba con el submundo del delito y de la estafa, en relación con el aprovechamiento de las víctimas de accidentes de tránsito inventando, muchas veces, tales siniestros, como así también de estafas a ancianas desamparadas herederas de jugosas fortunas como fue el caso de la familia Casadey asentado en tres expedientes que descansan en los despachos de la justicia tucumana en los expedientes 3843/72, 6534/06 y 31/86. Según Francisco Casadey, Cano estafó a su familia en la sucesión de sus bienes compuesto por siete propiedades en Tucumán y distintas cuentas bancarias en Córdoba. En el año 2002, el heredero Casadey y su madre, Clelia, le otorgaron un poder a Cano y a su socio Héctor Gabriel Martín para ocuparse de la sucesión de los bienes de su padre.

Misteriosamente, Francisco Casadey comenzó a ser investigado por la justicia tucumana quien lo acusaba de no administrar correctamente sus bienes mientras que su representante legal se presentaba como heredero de una de las propiedades de mayor valor, un hotel situado sobre la Avenida Córdoba al 2000 en Capital Federal, merced a un supuesto papel firmado por la convaleciente Clelia quien, poco después, fallecería. Según las denuncias presentadas por Francisco Casadey, fallecido el año pasado, y reflejadas en un libro La Injusticia al Poder (Ediciones Alfafuerte, 2010) que se puede bajar gratuitamente desde la web, Cano, Martin y otro abogado tucumano de apellido Mena engañaron a su madre, la tuvieron secuestrada, usurparon las propiedades y, con complicidad de un juez de la dictadura que aún dicta justicia en Tucumán, se quedaron con la herencia de su padre.

El hecho que lo colocó en las portadas de medios digitales de la provincia a Fernando Cano y a Sara Derotier fue cuando ambos denunciaron un faltante de dinero de sus oficinas hace dos años. Germán Córdoba, ex integrante de la secretaría, comenzó a sospechar de las supuestas víctimas. Se hablaba de 190 mil pesos, luego de 160 mil, cuando la caja chica que se guardaba en la caja fuerte de la oficina no superaba los 30 mil pesos. Cobacho decía que le habían robado el dinero de su jubilación como senadora provincial pero a Córdoba no le cerraba, ni el monto, ni que la funcionaria cobrase el grueso de sus ingresos para dejarlos todo un fin de semana en una caja fuerte del organismo público. Imaginó las posibilidades de extraer tanto dinero junto y le cuestionó a Cobacho sus dichos. Cuánto más cuestionó la verosimilitud de la versión oficial, más lo alejaron del caso al igual que a otros asesores como Daniel Cabezas que iban quedando relegados por discusiones con Fernando Cano. Robo armado o no, la versión oficial le echó la culpa a los “resabios de la última dictadura militar” que volvían a atacar a los derechos humanos luego del secuestro de Jorge Julio López y que continuaban actuando con total impunidad. Cuando el robo se hizo público, Página 12 le dedicó varias líneas al tema y supuestamente los ladrones se entregaron y devolvieron unos celulares y una parte de la plata. El escándalo no llegó a mayores pero los opositores a Cano pegaron el portazo.

El 20 de diciembre del 2011, Horacio Verbitsky retomó el tema en Página 12 lo que provocó la dura respuesta del jefe de gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, quien salió a defender a la histórica luchadora de los derechos humanos y la ratificó en su cargo. En la nota, el escritor y periodista dijo que Cobacho no estaba calificada para el cargo y que, “debido a su crítica salud ha delegado sus facultades en el esposo de su nieta, Fernando Cano, de comprobada incompetencia”. El autor de Robo para la Corona agregó que todavía nadie había explicado “el origen de los 190.000 pesos que según el oficial policial de la división narcotráfico, Gustavo Mena, fueron robados de la caja fuerte de la Secretaría, suma imposible de justificar. Ni pueden rendir cuentas del trámite vidrioso por el cual los ladrones (uno de ellos también policía de narcotráfico) devolvieron la netbook de Cobacho, de madrugada, en un café, con presencia de oficiales de la policía y del juez César Melazo”.

Si el futuro político de Fernando Cano es sombrío, el de Sara Derotier de Cobacho no está despejado de nubarrones y tormentas. Nahmias, el flamante segundo de Sara, quien ya ha superado los 80 años de edad y que ingresó a la política de la mano de Eduardo Duhalde quien le dio la oportunidad de ser senadora provincial, puede convertirse en una suerte de interventor que reportará a Alberto Pérez para el desembarco de Guido Carlotto o, quedarse por un plazo más extenso.

Por ahora, entre los trabajadores de la secretaría de derechos humanos la tensión no cesa y aguardan que el sucesor de Cano desarticule la red de negociados instauradas por el hijo político de Sara Derotier de Cobacho.

Públicamente, el sciolismo puro habla de una victoria por haber logrado mantener a Sara Derotier en su puesto pero, no son pocos los que auguran que el escenario mutará en derrota en los próximos 60 días. Mientras tanto, la secretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, distrito donde convive un servicio penitenciario caduco y el gatillo fácil de la maldita policía bonaerense, está paralizada, esperando conocer su destino.

PLAZADEMAYO.COM
x Luis Gasulla

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