Actividad a 4 años del femicidio de Sandra

Hace 4 años, Sandra Ayala Gamboa llegaba al edificio de Arba con la promesa de obtener un trabajo. Ella nunca regresó, y su cuerpo sin vida fue encontrado seis días después en el mismo edificio, con marcas de haber sido víctima de una violación. En el día de ayer, distintas organizaciones realizaron una jornada cultural frente a la sede del ex- Archivo del Ministerio de Economía, con el fin de reclamar justicia e instalar un tema poco frecuentado: el femicidio.

A las 3 de la tarde empezaron a acercarse las primeras personas a la fachada del edificio donde fue vista por última vez Sandra, en la calle 7 e/ 45 y 46. Se cortó el tránsito de una mano, y la radio abierta organizada por Radio Estación Sur y Radio Futura arrancó. Cómo todos los años, distintas organizaciones feministas, sociales y politicas se acercaron a la céntrica calle, con el fin de que el nombre de Sandra no quede en el olvido, ni tampoco, vacío de sentido.
Magalí del Colectivo feminista las Furiosas, comenta que se trata de “empezar a poner en el tapete de discusión, que nos pasa a las mujeres en este sistema”, ilustrando con el hecho de que este caso visibilizó que “a las mujeres nos matan y nos violan a plena luz del día y en cualquier lado”. También denuncian que en el país, más de 700 mujeres se encuentran desaparecidas, y “es un tema de Derechos Humanos invisibilizado”.
Perla, militante del mismo espacio, menciona que las organizaciones no sólo consideran que se trata de femicidio, sino que también se encontrarían vinculaciones con redes de trata y prostitución. Su compañera, acusó que sobre ese tema no se avanza, ya que hay una gran complicidad política, y también por parte de la Policía y la Justicia.
Quien más críticas recibió durante la jornada, fue la Justicia. Más allá de que dentro de poco se inicie el juicio oral a quien habría violado a Sandra, los organismos denuncian que con eso no alcanza, ya que más personas habrían participado del crimen. Perla afirmó que la actividad consiste en el repudio de la actividad, del “Poder Judicial patriarcal, que no avanza en la causa”, su complicidad, y el hecho de que en la causa haya pruebas no investigadas.
En forma de balance, Perla señaló que durante estos 4 años, la justicia actuó de la misma manera, ya que “muchos jueces y fiscales pasaron en el medio, que se lavan las manos y se corren a un lado”.
Alrededor de las seis de la tarde se inició la movilización hacia la fiscalía, ubicada en la calle 7 entre 56 y 57, donde se reclamó que la cause sea agilizada, y el castigo a todos los culpables. Luego la columna se dirigió hacia gobernación y de vuelta al punto de inicio.
Previamente, durante la jornada cultural como todos los años se intervino la fachada del Ex Archivo del Ministerio de Economía, donde las paredes rojas y la cara de Sandra rompen con el paisaje e interpelando a las miles de personas que día tras día caminan esa calle.

SEGUIR LEYENDO [+]

MINIMIZAR [x]

El SPB toma represalias y persigue a víctima de torturas

Los organismos de derechos humanos que adhieren al siguiente comunicado solicitan el cese de la persecución contra Fabián Sampietro y reclaman se le brinde asistencia y protección inmediata que requerida por toda víctima de torturas.

Fabián Sampietro se encuentra detenido con sistema de monitoreo electrónico desde hace 10 meses. Ha cumplido con todas las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Criminal Nº 4 de La Plata que le permitía salidas laborales. Trabajaba frente a la Facultad de Derecho vendiendo libros.

Durante sus años de detención fue víctima de reiterados actos de torturas. Una de esas causas fue elevada a juicio como apremios ilegales y severidades. En noviembre del año pasado la justicia platense, lo recaratuló como torturas. Al día siguiente los penitenciarios encargados del monitoreo comenzaron una persecución sistemática: se presentaban en su casa de madrugada, lo amenazaban, insultaban, esperando una reacción que justificara su regreso a la cárcel. La reacción de Sampietro nunca llegó pero los informes penitenciarios negativos y completamente falsos elevados al Tribunal, motivaron que los jueces -sin escuchar su descargo-, revocaran la medida.

El día miércoles fue abordado por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata en su lugar de trabajo, quienes pretendieron detenerlo sin explicación alguna. En ese momento Fabián Sampietro fue resguardado en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la UNLP durante más de un día y actualmente sus abogados han apelado la revocatoria de la morigeración, solicitando la suspensión de la orden de detención.

Por otro lado se ha presentado un habeas corpus ante la justicia provincial a fin de poner freno a esta vulneración de derechos de una víctima de torturas aberrantes. La morigeración de Sampietro no puede ser controlada por sus propios torturadores, quienes al enterarse del juzgamiento de torturas de sus compañeros, quieren lograr su regreso a la cárcel.

Lo que acontece con Sampietro es una muestra de la acción del Estado frente a las víctimas de torturas: se las hostiga, persigue y fraguan o “arman” causas judiciales.

Por otra parte, Sampietro ha militado en las cárceles con el Colectivo La Cantora y desde allí denunciado la tortura y violencia institucional.

También es víctima de la mora y desidia judicial: el Tribunal de Casación tiene para resolver su apelación desde hace 2 años. Por el tiempo que lleva detenido, confirme o no la condena, Sampietro esta en condiciones de quedar en libertad.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus recomendaciones al Estado Argentino, le ha reclamado que adopte medidas inmediatas y eficaces contra dichas prácticas y que repare a las víctimas. Lejos de esto, el estado provincial se ensaña con quien logra judicialmente imputar a penitenciarios por torturas.

También la Comisión Interamericana al visitar cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires, reclamó al Estado que: “existe en el Derecho Internacional un régimen absoluto de prohibición de la tortura, y que los Estados tienen el deber de proteger a los privados de libertad contra todo tipo de amenazas y actos contra su integridad física o mental.”

Entre tanto, se está tramitando ante la justicia la presentación de un Habeas Corpus, detallando los constantes abusos llevados adelante por parte del SPB contra su persona.

Los organismos firmantes, solicitan que cese la persecución contra Fabián Sampietro y reclaman se le brinde la asistencia y protección que requiere como víctima de torturas. También piden al TOC Nº 4 que se escuche su versión sobre los informes negativos del SPB. Asimismo solicitan a la Sala II del Tribunal de Casación la rápida resolución de su causa judicial.


Firman:

Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA y Alejandro MOSQUERA
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA
Provincia de Buenos Aires, Argentina

Azucena RACOSTA
Asociación Civil La Cantora

Oscar RODRÍGUEZ y Alicia PERALTA
Asamblea por los Derechos Humanos La Plata

Adhieren:

Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez.

Hilda PRESMAN.
Red de Derechos Humanos de Corrientes

Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)

Zainuco

Juan Carlos WLASIC.
Presidente
APDH-Mar del Plata

Oscar CASTELNOVO
Agencia Rodolfo Walsh

VACAP (Vecinos Autoconvocados Contra los Abusos Policiales)

Corriente Anticarcelaria

ADDH (Asociación de Defensores de Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires)

Colectivo Interpelación Popular

Grupo de mujeres argentinas

Hugo CORRAL
Dra Patricia COZZO VILLAFAÑE
Observatorio de encierro

SEGUIR LEYENDO [+]

MINIMIZAR [x]

A 15 AÑOS DEL 20 DE FEBRERO DEL ‘96.

¡¡LA LUCHA SIGUE!! LUNES 21 DE FEBRERO 2011 – DESDE LAS 16 HS ACTO Y FESTIVAL RECTORADO DE LA UNLP – 7 e/47 Y 48 La ley de educación superior. 15 años de luchas estudiantiles. Desde la segunda mitad de la década del ’90 la aplicación de las políticas neoliberales en la educación universitaria empezaba a marcar un camino del que hoy sentimos las consecuencias: la aprobación de la Ley de Educación Superior en 1996 fue un punto de inflexión donde las luchas estudiantiles se multiplicaron buscando frenar el proceso que el Estado y los gobiernos que se sucedieron hasta hoy tenían pensado para los estudiantes y para el sistema educativo en general. Muchos de nosotros recordamos la persecución que la policía efectuó aquel 20 de febrero de 1996, cuando la ciudad entera fue el escenario represivo que paradójicamente garantizó la sanción de una ley. El objetivo fue clarísimo: que no se organizara otra manifestación como la de la semana anterior (15 de febrero) que con un multitudinario abrazo a la manzana del ex Jockey Club detuvo la sesión del Consejo Superior de la UNLP donde se trataría a puertas cerradas la polémica ley. Para los que no la vivieron, o eran muy jóvenes todavía, es fundamental contarles los hechos y sus consecuencias porque de eso se trata la transmisión del conocimiento y la continuidad de las luchas. Esa mañana todos los que éramos estudiantes, docentes o teníamos que ver con la Universidad estábamos preparados para ganar las calles. No tenía que pasar la ley y eso era una convicción de todos los sectores estudiantiles que luchaban por la educación pública y gratuita, incluido el acompañamiento de organizaciones de DDHH, partidos de izquierda y trabajadores organizados. El entonces rector de la UNLP, Luis Lima, varias veces repudiado por HIJOS por sus vínculos con la última dictadura, se valió del apoyo de Alberto Piotti, a la sazón secretario de Seguridad de la provincia, para hacer funcionar la Asamblea Universitaria a cualquier precio. La represión desatada fue premeditada y el operativo policial desplegado fue muy significativo de prácticas de inteligencia típicas de la Bonaerense de los ’70. Muchos de los compañeros detenidos, sobre un total de casi 400 personas, entre ellos varios menores, eran parte de los grupos que en la semana anterior se habían movilizado contra la LES y habían sido reprimidos, individualizados e impedida su participación en la asamblea por orden de Lima. La ciudad de La Plata estuvo sitiada desde muy temprano, la cantidad de efectivos fue de varios centenares y se pudo comprobar por la vía de los hechos que la inteligencia policial seguía funcionando aceitadamente contra los luchadores populares, ya que muchos de los dirigentes de las organizaciones estudiantiles de ese momento fueron detenidos selectivamente durante la noche anterior, incluso en las puertas de sus casas. La votación de la ley se iba a realizar en el edificio de la biblioteca de la Universidad , a puertas cerradas, para lo cual toda plaza Rocha fue vallada y en varias cuadras a la redonda los policías uniformados y de civil, con patrulleros o en autos particulares fueron individualizando y levantando a todos los militantes que se dirigían a la intersección de las calles 7 y 60. Pasado el mediodía la lucha se volcó a la exigencia de la libertad de los compañeros detenidos y hacia la anulación de las causas que se les imputaban. Durante la tarde, en las puertas de 1 y 60, la movilización fue multitudinaria, e igual de grande fue la represión. El gobernador Eduardo Duhalde mandó a reprimir de manera tan violenta que hubo decenas de heridos por causa de los disparos. Un periodista recibió un disparo de itaka en la pierna a quemarropa por estar filmando la represión y las caras de sus autores. El 20 de Febrero del ’96 La Plata fue una ciudad ocupada por la policía. Todo el centro, la zona de las Facultades y el bosque fueron invadidos por miles de efectivos para desactivar la lucha estudiantil y garantizar la votación de la LES . La investigación de estos hechos fue mínima, y las consecuencias de las responsabilidades políticas nulas. El jefe de la Unidad Regional de La Plata, comisario mayor Basilio Holos, que ordenó que salieran a patrullar "automóviles no identificables" siguió en funciones. Por la cacería desplegada, sólo fueron “sancionados” administrativamente el comisario inspector Julio Sáenz Saralegui, responsable del operativo, y otros 11 uniformados. Es importante aclarar que la sede de Infantería de 1 y 60, el lugar donde muchos de nuestros compañeros fueron detenidos ese día sin ningún motivo, tiene su historia, ya que en el pasado fue uno de los 12 Centros Clandestinos de Detención donde se coordinaba la represión en La Plata durante la dictadura, como parte del llamado CIRCUITO CAMPS. 20 años después se utilizaban los mismos métodos y los mismos lugares de detención para frenar la lucha popular. Las luchas de los años ‘90, contra la Ley de Educación Superior y en los demás conflictos que atravesó la educación, tuvieron esas características: de un lado el poder del radicalismo en la Universidad, y el PJ y la franja morada, cómplice de sus políticas y principal fuerza de la mayoría de las facultades y del movimiento estudiantil de nuestra zona. Del otro las marchas de miles de estudiantes que peleaban contra el avance del modelo de exclusión, y que marcaron un camino y fueron foco de una lucha que luego de décadas no pudieron parar, y que aun hoy tiene su continuidad. Los años’90 fueron épocas duras para el movimiento de Derechos Humanos. Los juicios a los genocidas estaban completamente paralizados, gracias a los pactos de impunidad vigentes en leyes y decretos elaborados por los gobiernos radicales y peronistas de Alfonsín y luego Menem. Las represiones a los que se oponían al modelo eran moneda corriente y la metodología de la desaparición forzada de personas volvía a tener un peso trascendental en la circularidad de la historia, cuando un estudiante de periodismo fue secuestrado y desaparecido en plena democracia. Hablamos de Miguel Bru. Pero esos hechos hicieron surgir nuevos compromisos de resistencia. Las marchas de antorchas eran la demostración de que los estudiantes estábamos vivos y concientes de que la lucha contra la impunidad continuaba. Porque la represión contra los estudiantes también continúa. En diciembre pasado vimos cómo el gobierno del peronista Schiaretti en Córdoba reprimió salvajemente una movilización a la Legislatura de esa provincia en rechazo a la nueva Ley de Educación, sancionada en el mismo momento en que se garantizaba el voto con palos, balas y detenciones. Los estudiantes cordobeses denunciaron que la persecución continuó incluso después de la sanción de la ley, con hechos como la infiltración de efectivos en la Asamblea Interestudiantil, intimidaciones hacia estudiantes del secundario en espacios públicos tratándolos de “revoltosos”, o persecuciones nocturnas con interrogatorios fuera de lugar a referentes estudiantiles cordobeses. Estos gobiernos, el nacional, el provincial y el de la Capital Federal, tienen diferencias sólo discursivas, porque a la hora de tomar posición la respuesta es siempre la misma, la represión. En el 96 la policía nos filmaba desde los techos, la inteligencia policial de la dictadura seguía intacta y funcionando a pleno. Hoy la historia se repite: se sigue criminalizando a los que ellos consideran que son los que fogonean las luchas, como los compañeros de Quebracho condenados el año pasado por protestar, como el compañero Roberto Martino preso por protestar y por ser referente de su organización. El autodenominado “gobierno de los Derechos Humanos” tiene más presos políticos que todos los gobiernos constitucionales que lo precedieron desde el año ’83. Este día, 20 de febrero, es un día más de lucha y de compromiso militante, los estudiantes tienen que ser los protagonistas principales y expresar así el conflicto de manera contundente para que la sociedad toda se haga carne de sus reclamos en una nueva y única lucha de los obreros y los estudiantes, por seguir el camino de los 30.000, de los compañeros de la noche de los lápices y tantos otros anónimos que de una u otra forma combaten el poder del Estado y sus fuerzas represivas, como Mariano Ferreira y tantos que cayeron enfrentando a la burocracia, a los gobiernos represivos y las patronales saqueadoras... La LES fue y continua siendo un intento de destruir la educación, de ir hacia su privatización, de adecuarla a las necesidades del mercado y no del pueblo, de dejar de formar una masa crítica y convertir a la Universidad en una fábrica de empleados al servicio de las multinacionales, por eso permite que los organismos del Fondo la controlen, por eso transan la entrega de las tierras y ponen a los estudiantes a ser mano de obra gratis para distintas empresas, por eso destrozan día a día los planes de estudio y meten cursos de ingreso cada vez más restrictivos, por eso quieren que los jóvenes se amolden a este modelo. Y esa es la idea de los que hace quince años votaban la Ley y que durante este tiempo la sostuvieron, por más que ahora se disfracen de progresistas! Hoy debemos volver a poner en pie al movimiento estudiantil, junto a las organizaciones de trabajadores y sus luchas, y como siempre decimos, ese será el mejor homenaje a todos nuestros compañeros luchadores!

A 15 AÑOS DEL 20 DE FEBRERO DEL ’96.

¡LA LUCHA SIGUE! LUNES 21 DE FEBRERO 2011 – DESDE LAS 16 HS ACTO Y FESTIVAL RECTORADO DE LA UNLP – 7 e/47 Y 48

+ ABAJO LA L.E.S.

+ EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA.

+ BASTA DE REPRESIÓN Y GATILLO FÁCIL

HIJOS LA PLATA

“A 15 años ese aparato sigue intacto”

El objetivo de la jornada además de recordar y repudiar los acontecimientos de ese 20 de febrero, fue demostrar cómo la LES afecta hoy en día a la educación y cómo el aparato represivo sigue intacto a pesar del tiempo transcurrido.

Daniela Ramos, presidente de la Federación Universitaria de La Plata –FULP- dijo que “las luchas que se estaban llevando adelante en ese momento, que venían encabezando el movimiento estudiantil, hoy sigue vigente. Una de ellas tiene que ver con el modelo de educación, el modelo de universidad que vemos que sigue vigente a través de la Ley de Educación Superior, que habilita y sustenta la mercantilización del conocimiento, que habilita que existan aranceles, ingresos restrictivos. Vemos necesario llevar adelante una discusión hacia un modelo de Universidad y de educación realmente emancipadora”.

Explicando qué implicancias tiene la ley en la actualidad, Daniela afirmo que “la LES a través del tiempo ha tenido significancias muy grandes en la Universidad. […] Si bien en los medios Nacionales y desde el Gobierno se sustenta que ha crecido la cantidad de presupuesto destinado a la Educación lo cierto es que gran parte de ese presupuesto se destina a lo que es la educación privada. Por otro lado, la orientación de los distintos planes de estudio: el profesional que busca insertarse en la sociedad tiene más que ver con las necesidades del mercado que con las necesidades concretas de la sociedad.”

Tomando parte del cambio de esta ley Juan señaló que “apostamos a desatar nuevos procesos de movilización como los que se dieron en ese momento […] Y poder empezar a discutir e implementar la nueva Ley de Educación Superior. Que garantice la educación pública y gratuita y al servicio del pueblo y no que garantice los negociados de empresas multinacionales que tenemos hoy en día”, mientras que la representante de la FULP comentó que“ estamos planteando que tiene que haber una discusión abierta que involucre a los distintos sectores para ver hacia qué modelo de Universidad queremos avanzar”

SEGUIR LEYENDO [+]

MINIMIZAR [x]

COMUNICADO de PRENSA

HIJOS ALTO VALLE

Cipolletti, 18 de febrero 2011

Ante el ataque perpetuado por una patota sobichista contra las compañeras de la Colectiva Feminista La Revuelta, desde la organización H.I.J.O.S. Alto Valle no sólo sentimos la necesidad de manifestar nuestro mayor repudio a la impunidad de la que hacen gala quienes viven a costillas del Pueblo y solidarizarnos con las compañeras, poníendonos a disposición, sino que también queremos compartir una breve reflexión sobre las elecciones internas del MPN.

El corrupto y asesino Jorge Omar Sobisch disfruta de los contactos y las prebendas que ha venido armando a lo largo de su carrera politiquera, con la plata de las y los trabajadores neuquinos, la misma plata que era negada a la educación y salud pública, a las viviendas sociales, a la obra pública. Sobisch se mantuvo en el poder gracias a la genuflexión de los gremios que luego le soltaron la mano (como UPCN y los petroleros de Pereyra), gracias a la prioridad que se daba para que las empresas privadas -nacionales y multinacionales- saqueen los recursos del Pueblo, gracias a una Maldita Policía Neuquina pertrechada y con carta blanca para castigar a quien osase levantar la voz.
Pero, y debemos hacer un mea culpa, Sobisch también está libre e impune porque cuando tuvimos la oportunidad de echarlo no dimos el paso decisivo. Cuando la Maldita Policía Neuquina reprime salvajemente y mata al compañero Carlos Fuentealba en Arroyito se gestó una manifestación popular que creció hasta su colorario el lunes 9 de abril de 2007, para luego devenir en un acampe que el tiempo desgastó. Así, como había logrado sobrevivir a la cámara oculta realizada por el entonces diputado Taylor (de RECREAR, que ahora goza de sendos negocios inmobiliarios en Plottier...cómodo precio para el silencio), Jorge Omar Sobisch, el asesino, sobrevivió a la pueblada que hizo chispa aquel funesto y triste 4 de abril de 2007.

La actual interna del MPN es para el pueblo, como elegir entre la horca y la hoguera.
Sobisch NUNCA MÁS; pero también Sapag NUNCA MÁS, Pechén NUNCA MÁS... MPN NUNCA MÁS. Porque son parte de este sistema capitalista que mata con el hambre, con las balas y con la impunidad. Son parte de este sistema al que se enfrentaron nuestros padres hasta la muerte.
¿O acaso Sapag, Parrilli, Farizano son propuestas antisobichistas? Lo que tiene de exquisito este sistema que nos consume y oprime es cómo nos hace caer en los personalismos. De esta forma, nos concentramos en la cara visible de la maquinaria de corruptos y sanguijuelas y no en la estructura que los sostiene y nos contiene.

Invitamos a todas y todos a reflexionar al respecto y a desoir el mandato que dirigentes político-partidarios y sindicales están realizando a la sociedad:
participar de la interna del MPN es ser cómplices de la opresión y la represión, la corrupción y pauperización social. Es ser cómplices de que las escuelas se sigan cayendo a pedazos, que los hospitales no tengan recursos, que los policías repriman a diario en los barrios, que las patotas ataquen a las y los luchadores.

Que voten quienes tengan culpas y deudas que pagar con ellos. La cárcel en la que deben estar Sobisch, sus funcionarios y amigotes, la misma cárcel en la que deben estar los genocidas y otros opresores del Pueblo como Menem, Duhalde, Soria y tantos otros y otras, esa cárcel no les llegará a través del voto a Sapag, sino a través de la movilización popular incansable e innegociable.
"LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA", y la que se vende.-

SEGUIR LEYENDO [+]

MINIMIZAR [x]

LA CAMARA DE CASACION BENEFICIO A DOS REPRESORES

Donde no deben estar

Roberto Albornoz y Luis Armando de Cándido estaban en una cárcel común por los crímenes que cometieron en Tucumán. El primero seguirá preso en su casa; el segundo quedó en libertad.

Luis de Cándido, con muletas, y Roberto Albornoz, al ser juzgados junto a Luciano Benjamín Menéndez.

Cuna del terrorismo de Estado en 1975 con el operativo “Independencia”, devastada en dictadura de la mano de Antonio Domingo Bussi, Tucumán no tiene un solo represor condenado en la cárcel. A pesar de los “riesgos inminentes” para los testigos invocados por el Tribunal Oral Federal en su sentencia de junio pasado, cuando ordenó que los genocidas cumplan su pena en una cárcel común, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó la decisión con inusual celeridad y permitió abandonar el penal de Villa Urquiza a Roberto Heriberto Albornoz y Luis Armando de Cándido, los únicos dos condenados que no estaban en su casa. Hijos regional Tucumán calificó de “vergonzosa” la decisión de Liliana Catucci, Gustavo Mitchel y Angela Ledesma.

El máximo tribunal penal de la Nación suele tomarse su tiempo para confirmar sentencias en causas por delitos de lesa humanidad. De cuarenta fallos en el último lustro, Casación confirmó once, de los cuales sólo tres fueron revisados por la Corte Suprema de Justicia y están técnicamente “firmes”. La demora permite que sigan libres y no se revea el modo de ejecución de la sentencia de represores que pagaron altas sumas para evitar la cárcel, como Jorge Olivera Róvere, los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani o el coronel Bernardo Menéndez, que se da el lujo de defender como abogado a sus camaradas en desgracias.

En el caso tucumano el tribunal demostró que no siempre es lento. En julio del año pasado, luego de escuchar durante meses a sobrevivientes y familiares de víctimas de la ex Jefatura de Policía de Tucumán, el TOF local condenó a prisión perpetua a Albornoz, el ex titular de ese centro clandestino, y a 18 años de cárcel al policía De Cándido. Como la ley permite el beneficio del arresto domiciliario a los mayores de setenta años (Albornoz tenía 78 años, De Cándido, 71), los vocales del tribunal debatieron sobre el modo de cumplimiento de la sentencia. Se impuso el criterio de Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi (votó en disidencia Gabriel Casas), de revocar el arresto domicilio de quien fuera mano de derecha de Bussi y la excarcelación de su subordinado. En sus argumentos destacaron los antecedentes de amedrentamientos a testigos, tanto del El Tuerto Albornoz, que además había violado su arresto domiciliario, como de De Cándido, reconocido por las víctimas como uno de los más feroces torturadores de la ex Jefatura.

A siete meses del fallo y sin pronunciarse sobre el fondo de la sentencia, la Sala III de Casación decidió retrotraer la situación al comienzo del juicio, léase liberar a De Cándido y encerrar en su casa a Albornoz, que encabezó sesiones de torturas contra centenares de tucumanos. “La interpretación de las normas, especialmente cuando está en juego la libertad de las personas o una morigeración del lugar de detención, debe ser restrictiva. Para revocar el arresto domiciliario u ordenar la detención de un imputado deben existir elementos objetivos que permitan sostener que existen –o que permitan presumir– riesgos procesales, circunstancia que no se presenta en autos”, escribieron Catucci, Mitchel y Ledesma.

Hijos Tucumán manifestó su “más enérgico repudio” a la resolución y recordó que “esta marcada intencionalidad de favorecer a los genocidas responsables del terrorismo de Estado tiene lamentables antecedentes: fue esta misma Cámara la que excarceló a Astiz y al Tigre Acosta, dándose el lujo de resolver las formas de cumplimiento de las penas sin resolver antes el fondo de la cuestión”. Desde la reapertura de causas en 2003 hubo en Tucumán sólo dos juicios que derivaron en cinco condenas. “A constantes dilaciones, con megacausas como Arsenal de Azcuénaga que lleva años a la espera de ser elevada a juicio oral –lamentó Hijos–, se agrega la decisión de Casación de mandar a sus casas a los dos únicos genocidas que cumplían sus condenas en cárceles comunes. ¿Será justicia?”

Fuente: Pagina 12

SEGUIR LEYENDO [+]

MINIMIZAR [x]

Presentarán recurso extraordinario contra prisión domiciliaria de Albornoz y De Cándido.

Los querellantes, en su conjunto, que actuaron en el juicio por la causa “Jefatura de Policía”, presentarán un recurso extraordinario contra la decisión de la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal que otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a Albornoz y Luis De Cándido hasta que la sentencia quede firme. Organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos repudiaron la decisión de los jueces.

La Sala tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, presidida por Liliana Catucci revocó el alojamiento de Roberto Albornoz y Luis De Cándido, en Villa Urquiza. Esto se debe a que durante el juicio por la causa “Jefatura de Policía”, según los jueces, “no se ha probado que los acusados hayan puesto en riesgo los fines del proceso”. Ambos imputados deben cumplir su condena en prisión común, según el fallo del Tribunal que estuvo a cargo del juicio. Sin embargo esa decisión quedará efectiva cuando la sentencia quede firme. (Ver aparte)

La decisión de que salgan de Villa Urquiza para que los imputados vuelvan a ser alojados en sus respectivos domicilios, causó, por supuesto, indignación en los organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos y los abogados querellantes que participaron del juicio: Emilio Guagnini, Julia Vitar, Valentina García Salemi, Daniel Weisemberg, Bernardo Lobo Bugeau y Laura Figueroa.

“Presentaremos, los querellantes en forma conjunta, un recurso extraordinario por arbitrariedad manifiesta”, indicó Guagnini. “Entendemos que por la naturaleza aberrante de los delitos el beneficio de la prisión domiciliaria no corresponde”, agregó.

“Esto es una burla para las víctimas del Terrorismo de Estado y la sociedad en su conjunto”, expresó. Por último informó que en caso de negarnos el recurso dextraordinario presentaremos una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Repudio a la decisión de Casación Penal

“Al más sangriento e insigne represor de la provincia, el Heriberto Albornoz alias El Tuerto, denunciado en la casi totalidad de las causas por Terrorismo de Estado, se le ha permitido salir de la Cárcel de Villa Urquiza y ha sido enviado a su casa. El fallo vil también contempla la libertad condicional de De Candido, el secuestrador, desaparecedor, de Marta y Rolando Coronel, el que a las sombras de la impunidad usurpó el hogar de la familia Coronel”, dijeron en un comunicado Raquel Zurita, Marta Gómez, Marta Rondoletto, Leticia Pérez, todos familiares de desaparecidos y querellantes en causas por derechos humanos.

“Denunciamos a la opinión pública, que una vez más, la Cámara de Casación obstaculiza el proceso democrático que busca cimentar el estado de Derecho. Con este fallo la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala Tercera desconoce el valiente esfuerzo realizado por los testigos y sobrevivientes dando a conocer la Verdad histórica, y abroquela a los sectores más reaccionarios defensores de los genocidas. La Corte Suprema debe actuar con toda su autoridad para que se haga justicia ya”, sostienen.

Por su parte desde el Peronismo Auténtico aseguran que “a pesar de los años transcurridos en democracia, aun los conceptos vitales que debieran sustentar este sistema, luego de la larga noche genocida, se ven pisoteados por resoluciones o dictámenes, en este caso de la Cámara de Casación”.

“Los beneficiados son Roberto Heriberto Albornóz y Luis Armando De Cándido, reconocidos autores tanto, de secuestros, maltratos, aplicación de tormentos, responsabilidad de la muerte, en muchas de las historias de padecimientos que tuviera que soportar nuestro pueblo, para instalar el terrorismo de Estado, que luego les permitiría en sus casos enseñorearse públicamente del impune poder del que gozaban e incluso que les permitiera apropiarse y disponer de los bienes y viviendas de las víctimas de sus secuestros”, continúan.

“Como peronistas, tenemos el deber de de manifestarnos en contra de esta determinación que además menoscaba la sentencia adoptada por este Tribunal Oral Federal, que demostró valientemente su consecuencia con las historias vertidas en audiencia”.

Sebastián Ganzburg

Fuente: Tucuman Hoy

SEGUIR LEYENDO [+]

MINIMIZAR [x]

Fue absuelta toda la cadena de mandos intermedios del principal centro de detención clandestino riojano.

La Cámara Federal de Córdoba revisará una causa de La Rioja que involucra a Menéndez
Fue absuelta toda la cadena de mandos intermedios del principal centro de detención clandestino riojano. Organizaciones acordaron iniciar el juicio político al juez Herrera Piedrabuena.


En los próximos días se espera que llegue a la Cámara Federal de Córdoba un recurso de apelación por la resolución del juez Daniel Herrera Piedrabuena en la causa “Menéndez” de la provincia de La Rioja. En plena feria judicial, el magistrado cerró los procesamientos de 17 de los 66 imputados por secuestros y tormentos en el principal centro de detención clandestino riojano, el Instituto de Rehabilitación Social (IRS).

Con habilitación de la feria –insólita para este tipo de decisiones–, el 17 de enero el juez sobreseyó o dictó falta de mérito para la cadena intermedia de mandos y dejó las responsabilidades libradas sólo a Luciano Benjamín Menéndez (entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército) y a quienes cometieron directamente los secuestros o las torturas, un grupo de gendarmes o guardiacárceles.

De esta forma, el magistrado argumentó que los tormentos son delito “de propia mano” (aquellos consumados únicamente por quienes realizan personalmente la acción) y no debe involucrarse a quienes consintieron o estaban por encima en la cadena de mandos.

Por otra parte, respecto de las detenciones y allanamientos, Herrera Piedrabuena convalidó los secuestros y lejos de considerarlos privación ilegítima de la libertad o violación de domicilio entendió que no deben considerarse delito. En estos dos puntos el juez riojano va en contra de toda la jurisprudencia en la materia y ha recibido fuertes críticas que no se limitan al ámbito de su provincia.

Otra de las cuestiones más resistidos de la resolución fue el sobreseimiento del antecesor de Herrera Piedrabuena, el juez federal Roberto Catalán, quien cumplía prisión domiciliaria y ahora está libre. Él estaba a cargo de las personas privadas de su libertad y se dice que conocía las condiciones de detención y tomaba declaración a los detenidos con los ojos vendados.

Pero Herrera Piedrabuena negó que esos detenidos hayan estado ilegítimamente privados de su libertad. Entendió, en cambio, que estaban sometidos a proceso por la ley 20.840 que reprimió los “delitos subversivos” o que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) entonces a cargo de la Junta Militar.

Por este y otros motivos, el fiscal federal de La Rioja Darío Illanes el 28 de enero apeló la resolución. Fuentes allegadas a este funcionario judicial mostraron su indignación porque aún no fue notificado de la concesión del recurso.

En la vecina provincia no se demoraron las reacciones en torno a esta resolución judicial. Además de considerar que nunca en la historia de la Justicia federal se habilitó la feria judicial para dictar una resolución de este tipo, lanzaron fuertes críticas por los argumentos esgrimidos por el magistrado.

El juez federal riojano también fue denunciado por la Unidad Fiscal de crímenes de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.

Además del pedido de apelación del fiscal Illanes, familiares de detenidos, organizaciones sociales y partidos políticos acordaron pedir el juicio político a Herrera Piedrabuena.

El requerimiento será formalizado ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura nacional, hoy con mayoría oficialista.

Para apoyar esa intención, en La Rioja se están juntando firmas y, según el sitio www.DataRioja.com en dos días ya se reunieron 400 adhesiones. El semanario digital citó declaraciones de las víctimas de la dictadura: “Herrera Piedrabuena debe explicarle al pueblo de La Rioja el por qué de su apresuramiento para dar sobreseimiento y falta de mérito a quienes hicieron tanto daño al país y el por qué de su lentitud para citar a los aproximadamente 50 testigos restantes”.

Fuente: La Voz del Interior, viernes 18

SEGUIR LEYENDO [+]

MINIMIZAR [x]

a cuatro años del asesinato de Sandra Ayala Gamboa.

SEGUIR LEYENDO [+]

MINIMIZAR [x]

Petitorio contra la policía en las escuelas.

Llevalo a tu escuela y hacelo firmar y mandanos las firmas que consigas, queremos juntar miles de firmas y repartir el petitorio y las adheiones el día de inicio de clases a los padres y estudiantes para repudiar la política de Scioli

Los abajo firmantes rechazamos la medida adoptada por el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal de enviar policías a las escuelas para “brindar información y eventualmente dar charlas didácticas sobre prevención del delito”. Asimismo repudiamos este nuevo avance represivo, y el intento de lavarle la cara a esta institución responsable de 1.500 casos de gatillo fácil, de los últimos fusilamientos de Franco y Mauricio, los jóvenes de José León Suarez y el de Lucas Rotella de Baradero; la misma que tiene una historia genocida, que maneja la trata de niñas y jóvenes, el narcotráfico, vinculada secuestros y delitos. Denunciamos además el intento de militarizar las escuelas como parte de la campaña de criminalización de la juventud en la que el gobernador Scioli insiste con bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes. Quienes suscribimos la presente exigimos al gobernador Daniel Scioli y todas las autoridades legislativas y ejecutivas de la Pcia. de Buenos Aires la vuelta atrás de esta medida represiva y es por ello que llamamos al resto de las organizaciones de trabajadores, comisiones internas y cuerpos de delegados, a los centros de estudiantes, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y políticas a sumar su adhesión a esta amplia campaña democrática que impida la presencia policial en las escuelas .

PRIMERAS FIRMAS: Victoria Moyano - nieta restituda por Abuelas de Plaza de Mayo; Alejandrina Barry-hija de desaparecidos-; Carla Lacorte, víctima de gatillo fácil -integrantes del CEPRODH.

SEGUIR LEYENDO [+]

MINIMIZAR [x]

A 8 MESES DE LOS ASESINATOS DE DIEGO BONEFOI, NICOLÁS CARRASCO Y SERGIO CÁRDENAS

RADIO COMUNITARIA PARA LA COMUNICACION POPULAR
(San carlos de Bariloche, Rio Negro,Argentina)
(02944-436254) (02944-15593613) http://www.fmgentederadio.blogspot.com/

http://fmgentederadio.radioteca.net/

A 8 meses de los hechos del 17 y 18 de junio de 2010 en nuestra ciudad, vemos con preocupaciónque lejos de avanzar en las causas penales por lograr justicia ante esos hechos, nos encontramos con que algunos de los policías responsables directos de los mismos dilatan los plazos en busca de impunidad.
También tenemos que leer, con más sorpresa y estupor aún, que dirigentes de Juntas Vecinales de la ciudad de Viedma, ciudad en la que fue asesinado por la policía Guillermo Trafiñanco, defienden al comisario mayor Argentino Hermosa ante lo que nosotros evaluamos como una terrible actuación en los mencionados hechos.

Los Familiares de las víctimas y la Multisectorial contra la represión de Bariloche, convocamos a dos actividades para el jueves 17 de febrero:

- La primera será frente al edificio del Poder Judicial (O’Connor y Costanera) a las 10 de la mañana. Así como estuvimos los días en que fueron citados a declarar Cufré y cía., estaremos este 17 para recordar que hace 8 meses que esperamos que se haga justicia.
- Por la tarde, a las 17:30, como todos estos meses, nos concentramos en Onelli y Brown para marchar hasta el Centro Cívico.
SEGUIMOS RECLAMANDO
-Justicia para Diego Bonnefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas
- Cárcel efectiva a los asesinos.
- Desmantelamiento de la BORA
- Renuncia del ministro de Gobierno Diego Larreguy
- Renuncia del jefe de la policía provincial Cufré
-Juicio político al gobernador Miguel Saiz
- Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato de Mariano Ferreyra
- Justicia por Guillermo Trafiñanco.
- Cárcel efectiva a los policías responsables de las muertes de los hermanos originarios de Formosa.

MULTISECTORIAL CONTRA LA REPRESIÓN DE BARILOCHE

multisectorial bariloche - 15 de febrero de 2011 22:53

COMUNICADO MULTISECTORIAL RÉPLICA A RESPALDO AL COMISARIO HERMOSA EN VIEDMA

Solicitamos difundir el siguiente comunicado firmado por la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche y Familiares de las víctimas del 17 de junio.



COMUNICADO

Los Familiares de las víctimas de junio del 2010 y la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche lamentamos profundamente el respaldo político expresado por juntas vecinales de la ciudad de Viedma al comisario mayor Argentino Hermosa, máximo responsable operativo de las ejecuciones policiales de tres jóvenes, de la represión masiva durante días, de las torturas y secuestros, entre otros actos de terror cometidos en junio del año pasado.
Recibimos con preocupación que este respaldo civil a Hermosa se haga público pocos días después de haber postergado su presentación como imputado en la causa por los crímenes de Sergio Cárdenas (27 años) y Nino Carrasco (16), maniobra jurídica que no impide que deba responder ante la justicia por su responsabilidad por los asesinatos de estos jóvenes con balas de la policía a su cargo.
Según leemos en la prensa, entidades intermedias de Viedma aseguraron que “es un buen profesional que está en su casa y queremos que vuelva a trabajar en esta zona". Reclaman su regreso a la actividad de la que está apartado justamente por su responsabilidad en los hechos que nos mantienen movilizados por verdad y justicia en distintos puntos de Río Negro.
En Bariloche conocemos tristemente su labor profesional, especialmente durante el 17 de junio de 2010 y la represión masiva al pueblo de los días siguientes. Como Jefe de la Regional IIIa. Hermosa era el máximo responsable de la Policía de Río Negro en Bariloche cuando el cabo Colombil de la comisaría 28 de El Alto ejecutó por la espalda a Diego Bonefoi (15 años), siendo Hermosa el que personalmente convocó a la BORA al lugar horas después cuando todavía la familia de la víctima no estaba informada de la muerte. Pese a la situación conflictiva y violenta en el barrio El Alto, cerca del mediodía del 17, horas después del crimen de Bonefoi, no dudó en ir a El Bolsón con el ministro Larreguy, el secretario de Seguridad Cufré dejando en manos del segundo jefe de la regional la represión armada contra la población civil. Horas después, balas policiales ejecutaron a plena luz del día a Sergio y Nino, por cuyos crímenes Hermosa debe responder como imputado ante el juez que lleva la causa, situación que evitó la semana pasada por medio de argucias jurídicas.
Con profundo dolor y preocupación, pedimos públicamente al conjunto de la sociedad y organizaciones -de Viedma especialmente- que no confundan seguridad con mano dura, sino se corre el riesgo de caminar hacia la cornisa y transformarse en el aval civil al terrorismo de estado ejecutado por las policías de provincia como se advierte en los últimos años en Argentina.

hijosbche@hotmail.com

SEGUIR LEYENDO [+]

MINIMIZAR [x]