NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 15 de febrero de 2011

ORGANISMOS NUCLEADOS EN JUSTICIA YA La Plata SOLICITARON SE CITE A DECLARAR AL MINISTRO CASAL.

CAUSA LOPEZ

Luego del fracaso de los operativos de búsqueda llevados a cabo en Parque Pereyra, motivados a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada, organizaciones nucleadas en Justicia Ya La Plata realizaron una presentación ante la Unidad Fiscal de Instrucción.

El escrito, rubricado por la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,

solicita que se cite nuevamente al testigo de identidad reservada cuya declaración fuera realizada frente a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y origimara el operativo llevado a cabo en el Parque Pereyra Iraola.

Se solicita también, que se cite nuevamente al Dr. Alejandro Sanchez Kalbermatten, atento las declaraciones periodísticas vertidas en los distintos medios de comunicaciónsi y de ser necesario, mediante el auxilio de la fuerza pública.

Finalmente y a fin de elucidar la posible existencia de comisión de delitos de acción pública, los organismos solicitan que se cite a prestar declaración testimonial al Dr. Ricardo Casal, Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

El pedido se funda en que el Dr. Casal manifestó públicamente haber entrevistado al testigo de identidad reservada, el día anterior a la realización de la declaración que luce en el expediente. Dado lo escueto del acta de declaración, y la hasta ahora imposibilidad de acceder a una ampliación de dicho testimonio, resulta imprescindible su inmediata citación.

tel. de contacto:
Guadalupe Godoy 0221-156377100
Nilda Eloy 0221-155865035
Carlos Zaidman 0221-155731407

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Radio Abierta en Juicio al policía de Berisso Enrique Loretto.



Este jueves 17 a las 11:00hs.

En las puertas del Tribunal Penal de la Provincia, Calle 7 entre 56 y 57, ciudad de La Plata.

Juicio Oral a Enrique Loretto, ex jefe de calle de la Comisaría IV de Berisso, quien está acusado de lesiones y apremios ilegales contra Carlos Arévalo, un trabajador del lugar.

Loretto también está implicado en la trata de personas menores de 18 años para que ejerzan la prostitución en Misiones. Este caso se suma a la larga lista de abusos cometidos por la Policía Bonaerense y pone en evidencia las redes de relaciones entre violencia policial, negocios de prostitución y extorsión a jóvenes para delinquir. Durante los días 16, 17 y 18 de febrero se llevará a cabo en los Tribunales Orales del Fuero Penal de La Plata, el juicio oral y público al ex policía Loretto, otro caso más de abuso por parte de funcionarios policiales de la provincia de Buenos Aires. En la primera jornada, Loretto será juzgado por el delito de abuso de armas, mientras que en las otras dos audiencias afrontará la acusación de apremios ilegales y lesiones. El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y la Asociación Miguel Bru son las organizaciones de derechos humanos que desde el año 2003 llevan adelante la defensa de Arévalo. Este trabajador fue detenido a punta de pistola e ilegalmente por Loretto en mayo de ese año. Durante su detención, fue golpeado en la cara, fracturada su nariz y posteriormente se le armó una causa por “atentado y resistencia a la autoridad”. Por estos hechos, Enrique Esteban Loretto, ex jefe de calle de la comisaría IV de Berisso, del barrio de Villa Argüello, está acusado de apremios ilegales y lesiones contra Arévalo. Además, tiene que afrontar otra causa en Misiones por trata de menores para ejercer la prostitución. No se trata de un caso aislado. El caso de Loretto se suma a la larga lista de abusos cometidos por personal de la Policía Bonaerense, en momentos en que se discute brindarle mayores facultades a la policía a través del proyecto de Código Contravencional que impulsa el Gobierno de la Provincia. Es a esta Policía, que detiene ilegalmente, tortura, asesina y organiza redes de delito, droga y prostitución, a la que se le quiere entregar mayores herramientas punitivas, que además ejercerán según su criterio, el mismo que utilizan de forma esquizofrénica y organizada para prevenir y gestionar el delito. El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica y la Asociación Miguel Bru sostuvieron desde el 2003 esta causa contra las demoras y los obstáculos presentados durante el proceso de investigación. La lentitud del Poder Judicial garantizó siete años de impunidad. Ahora se logró llegar a la instancia oral de un caso que se suma a la larga y triste lista de abusos cometidos por la Policía bonaerense.

Convocatoria y contactos:


Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ): Abog. Sofía Caravelos (0221)15-5418686


Asociación Miguel Bru: Rosa Bru (0221)15-5546854








Relaciones que hacen posible que la Maldita Policía Bonaerense se reinvente

El caso Loretto no es un caso aislado dentro de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires. Es uno de los tantos casos enmarcado en la institución policial. Institución que hace posible que exista un Loretto, quizás no tan conocido; un tal Santiago Regalía, quien torturó y asesino de un tiro en la cabeza dentro de un patrullero a Darian Barzabal; uno conocido por todos: Alfredo Fanchiotti; los que todavía no conocemos, aquellos policías que desaparecieron a Luciano Arruga; y otros que ya se “excedieron”, los que fusilaron por la espalda a jóvenes en José León Suárez. Y la lista podría seguir, incluyendo a los más conocidos, como Klodzyck, jefe de aquella maldita policía de los 90 u otros desconocidos, como aquellos policías que día tras días gestionan el delito, los después “exonerados”, o los Comisarios intocables.

El caso de Loretto no se trata de un “exceso policial”, como muchas veces aparece en los titulares de los grandes diarios, en ese afán de diluir la responsabilidad institucional y estructural de la policía y de sus Ministerios de (in)Seguridad. Ese “exceso” tiende a hacer responsable penal al policía, a la manzana podrida, consiguiendo así la posibilidad de sacarse un verdadero problema de encima. Las prácticas institucionales del exceso – o “anómicas”-, son la mejor manera de seguir sosteniendo la fachada “legal” de las fuerzas de seguridad estatales.

El caso de Loretto, como tantos otros dentro de la bonaerense, no sólo nos permite visualizar el nivel discrecional con el que se maneja la policía a partir del aval político y judicial sino que además, nos brinda la posibilidad de rastrear esas relaciones de continuidad que se construyen entre actores dominantes de la comunidad, la policía, la justicia, los medios y actores políticos, que legitiman el accionar de una fuerza que desde la vuelta a la Democracia, se viene cargando a gran parte de la juventud, para que sea la mano de obra barata, o para asesinarlos en sus múltiples formas.

En el barrio de Villa Arguello, en la localidad bonaerense de Berisso, durante el año 2003 “vecinos autoconvocados” se organizaron en los llamados Foros de Seguridad, iniciativa promovida por el actual Secretario de Gobierno del Municipio, Ángel Celi. Varios vecinos reclamaban más seguridad y control policial sobre los sujetos considerados “peligrosos” a partir de la muerte de un peluquero del barrio. Así se constituyó una red política y policial que daba legitimidad para el abuso y control policial en pos de la “prevención”, pero que también gestionaba el delito, la droga y la prostitución en el lugar.

Este tipo de redes, dan cuenta de las complicidades que conforman la doble vida de la policía bonaerense, la misma que lucha contra el delito de cara a los “vecinos” y la que lo gestiona el delito usando para ello la cooptación e inclusión de jóvenes marginados, a través de redes ilícitas de intercambio que van desde la protección o el establecimiento de zonas liberadas hasta la provisión de armas y drogas.

También nos habla de las legitimidades que se le otorgan a la institución policial a partir de la construcción discursiva de una otredad peligrosa a la que hay que ponerle forma para que salga del plano de la incertidumbre, y que adquiere, muchas veces, la forma que el poder le otorgue. Ese sujeto, que se convertirá en el representante absoluto del “miedo” social al delito (que hoy se visualiza en los jóvenes, y más precisamente en los jóvenes pobres, morochos y vestidos con ropa deportiva, en el “pibe chorro”), se puede rastrear en los discursos de los medios empresariales que amplifican ese miedo, no sólo a partir del bombardeo constante sino también a partir de la utilización del discurso conmovedor, con un desfile incesante de víctimas de la inseguridad.

En definitiva, el caso Loretto no es un caso aislado y tampoco excepcional. Toda la policía está maldita. El problema no es solamente el que aprieta el gatillo, tortura, o arma una causa, sino el espíritu de cuerpo y los códigos de silencio de una agencia que, con el paso del tiempo, a partir del desgobierno y la demagogia de la política y el descontrol de la justicia, se ha ido corporativizando.

Existe una extensa cadena de complicidades que van del policía más “pichi” al más “poronga”. Por eso, no se trata de eventos aislados, ni excepcionales, sino de rutinas policiales, prácticas sistemáticas de estado: intervenciones regulares, discrecionales, abusivas y violentas que casi siempre tienen como objeto a los mismos sectores de la población: los jóvenes, pobres y morochos; desocupados o inmigrantes de origen boliviano, peruano o paraguayo. Prácticas enmarcadas en una estructura militarizada, politizada, hipercentralizada y descontrolada.

La policía no se reforma sacando la manzana podrida, sumariando, haciendo purgas, o descabezando a la cúpula policial. ¿Cuántas purgas se han hecho en las últimas décadas y sin embargo la policía continúa reproduciendo las mismas prácticas? ¿Cuántos Lorettos se han sacado y sin embargo, continúan reproduciéndose? Hasta que no se modifique el canasto que las contiene seguirán pudriéndose cada una de las manzanas que se depositan allí dentro.

Esto no significa que haya que exonerar de responsabilidad a los actores individuales, por ser portadores de operaciones que no controlan. Tampoco significa que no haya que determinar las responsabilidades concretas para el caso a través de un juicio con todas las garantías del debido proceso. No estamos diciendo que Loretto tenga que estar en libertad. Pero el problema no se resolverá con Loretto en la cárcel. La policía que nos toca es producto del desgobierno de la policía, la incapacidad y la complicidad de la clase dirigente con la jefatura policial. Producto, también, del descontrol judicial, de la incapacidad, la pereza, de la familia judicial que ampara a la institución cuando no investiga, cuando compra automáticamente los libretos que produce en serie la policía. Como dijimos en varias oportunidades: no hay maldita policía sin maldito poder judicial. No hay maldita policía sin corrupción política.

Por eso, si de responsabilidades se trata, y lo que se busca es reformar a la policía, entonces habrá que desandar las rutinas policiales. Y esa es una tarea que supone asumir la conducción política de la policía, la participación y la movilización social para poner en crisis la brutalidad que define a la policía bonaerense.

Todo ello sin perder de vista que desde hace meses, justicia y seguridad en Buenos Aires se preparan en la misma cocina, la del superministro Ricardo Casal, cuyos ingredientes son: más policía para combatir a la pobreza criminalizada, más poder para mantener el orden, más complicidad política y judicial para sostener el paradigma de la inseguridad y el miedo. Instituciones políticas, mediáticas, policiales y judiciales que no hacen más que reflejar los discursos que esgrimen las mismas personas que las conforman, conceptos que se reproducen en el cotidiano y que conforman la tangente por donde se escapa la responsabilidad y que son el hilo conductor que luego ayuda a jalar del gatillo.

Ciaj La Plata

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El pasado jueves se realizó la última audiencia, previa a la lectura del veredicto, del juicio que enfrenta el ex Oficial Inspector Loretto. Previa a la lectura de los alegatos, el acusado pidió declarar, realizando un descargo de una hora y media. La defensa pidió nueve años por las dos causas (García y Arévalos) , mientras que la querella siete anos sólo por la que ellos levan (Arévalos) . La defensa alegó que el ex policía debía ser absuelto por las dos causas.

A las 15:00hs estaba todo listo para dar lectura a los alegatos, tal fue pautado en la audiencia del día anterior, sin embargo Loretto sorprendió a los presente cuando pidió declarar, un derecho que se reservó durante todo el juicio.
Durante su declaración se presentó como víctima de una suerte de complot policial, por haber denunciado a su Comisario y a un subordinado suyo por cobrar seguridad a distintos negocios de la jurisdicción.
El imputado aseguró que respecto a la causa 837 ese día estaba realizando un operativo cerrojo en el barrio, que contaba con más de 10 allanamientos. Afirmó que cuando se encontraban volviendo a la comisaría vieron un auto manejado por Velazco y con dos acompañantes. Denunció que el chofer tenía una actitud sospechosa al deambular por el barrio, y que ya era conocido por robar, por lo que decidieron pararlo. En ese momento, según el ex- policía, uno de los acompañante y víctima en la causa, Arévalo, se negó a bajarse y lo insultaba, por lo que lo sacó del auto “con el mínimo de fuerza necesario”, y en defensa propia le propició una piña.
Respecto a la causa 277, dijo que se encontraba en otro lugar cuando García recibió un tiro en la pierna, desde un auto particular.
Loretto aseguró ser un policía honesto, que siempre trabajo para la justicia, y en muchas ocasiones realizando investigaciones para el tribunal que ahora lo juzgaba. Mencionó sus antecedentes en seguridad, desempeñándose durante un año como custodio de Duhalde, otro en Inteligencia, y muchos más en la Brigada de Investigaciones. De a momentos quebraba la voz y amagaba a llorar, como cuando aseguró que las asociaciones que llevan adelante la causa – CIAJ y Asociación Miguel Bru - y la “prensa sensacionalista y amarillista me arruinaron la vida para siempre empapelando la ciudad con mi nombre, mencionando que tengo una causa en Misiones, pero sin decir que por la misma fui sobreseído”. También sostuvo que esa misma prensa, nunca hizo hincapié en que era hijo de un desaparecido, y que los dos padres de su mujer sufrieron el mismo destino. También repartió palos hacia,
A pesar de asegurar no ser “un policía de mano dura”, se mostró a favor de las detenciones arbitrarias, argumentando que “los ciudadanos honestos entregan cuota de su libertad a la autoridad”.
Tras finalizar su descargó la Fiscalía fue la primera en leer los alegatos. La misma argumentó que el ex Jefe de Calle de la Comisaría 4ta de Berisso, se movía por la jurisdicción como una suerte de “sheriff de una vieja película del oeste, juzgando y condenando” y que respecto a los hechos quedaba probado que Loretto era el responsable penal. En cuanto al caso de Arévalo amplió que no había motivos para detener el auto, y que si bien la herida de la víctima era leve, no lo era así el contexto en que se produjo.
La Fiscal pidió nueve años a Loretto, la indemnización a las víctimas y el procesamiento de Loretto y sus dos subordinados por armar una falsa causa a Arévalo, ya que se le inició un procesamiento en su momento, por “resistencia a la autoridad”
Por su parte, la Querella desestimó la teoría de conspiración que declaró el ex policía, ya que las denuncias que realizo a su Comisario y a su subordinado, se realizaron varios meses después de estos hechos. Señalaron que detener un auto porque el chofer es un conocido delincuente no es motivo suficiente, y menos tomando consideración que el motivo era “averiguación de antecedentes”, y a Velazco ya lo conocían. También argumento que Velazco no presenta antecedentes.
Finalmente, la abogada Sofía Caravelos, afirmó que siendo hija de desaparecidos, deseaba que “ojala la dignidad se trasmitiera por sangre”, en relación a los dichos de Loretto, de que era hijo de desaparecido.
La abogada pidió 7 años de prisión por la denuncia que ellos llevan adelante, en la cual resulta víctima Arévalo.
La Defensa basó su argumentación en que en cuanto a la causa de Arévalo “todos los testigos mintieron”, dado las contradicciones que presentaron en sus relatos, y que “no encontramos incoherente el hecho de que se detenga la marcha de una persona”, siendo ésta una “tarea de prevención” y que se trataba de un “operativo policial genuino”. También afirmaba que la motivación de Arévalo para llevar adelante semejante causa, era meramente económica y pedían la absolución de Loretto para este caso, así como el procesamiento de este y varios testigos más por “falso testimonio”.
En cuanto al otro hecho en que se encuentra imputado Loretto, fundamentó que la víctima del hecho no reconoció al ex oficial como quien le disparó, y que por eso para este caso también pedía su absolución.

por indymedia

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Cortes Por Falta de Pago en Plan Argentina Trabaja

Buenos Aires 15/02/11-10:00

Corte en autopista Buenos Aires-La Plata, en Berisso y en Ensenada.

Ante la falta de pago a más de 100 integrantes del Argentina Trabaja que volvieron a verse injustamente afectados, sufriendo “liquidación 0” o fuertes descuentos a pesar de haber trabajado.

El gobierno sale a hablar de paciencias que se agotan con los cortes de calles y nos pide que le presentemos nuestras quejas al cordón de la vereda. Los trabajadores que todos los días limpiamos los cordones de la vereda con el plan Argentina Trabaja, queremos avisarle al gobierno que nuestra paciencia ya está por demás colmada y pisoteada. ¿Cómo se sentiría usted si de buenas a primeras, después de trabajar todo el mes en el recibo de sueldo tiene hasta un 60 % de descuento sin ninguna explicación? ¿Qué haría? Denunciamos las irregularidades de este programa: Trabajamos muchas veces sin contar con las herramientas necesarias, sin las medidas básicas de cuidado -como usar guantes o fajas para no dañarnos la espalda. Hace meses que trabajamos sin cobertura social pero la cuota de una mutual que no tenemos se nos descuenta religiosamente. Inclusive hay muchas “liquidaciones cero”, es decir ni un sólo peso luego de trabajar todo un mes. Y esto no es de ahora, ya desde diciembre se vienen dando estás situaciones, y la paciencia de los trabajadores se está acabando. Lo peor de todo es que las supuestas faltas que justificarían los descuentos son ¡FALSAS! Nos descuentan porque sí a gente que trabajamos TODOS los días y nos descuentan el monto que se les ocurre, ¡sin coherencia alguna! El gobierno se burla de nuestra dignidad como personas y como trabajadores! Basta de versos, exigimos que el gobierno nacional se haga cargo de esta situación y de una solución definitiva al problema. Y que los municipios que se benefician con nuestro trabajo no se hagan los desentendidos. Nos tienen trabajando gratis!!! Los funcionarios que no cumplen sus funciones, ¿cuánto cobran? Que se reintegre YA el sueldo de todos los trabajadores que recibieron descuentos injustificados. ¡Que se termine esta burla! Pagando por planilla complementaria, como se hizo en enero. Exigimos la inmediata incorporación de los compañeros que están anotados hace meses. ¡Que se inicien cuanto antes las obras en La Plata porque necesitamos y queremos trabajar! Si ellos no pueden vivir con $1200 por mes, nosotros tampoco. ¡Aumento YA! Nosotros trabajamos y cumplimos. Pretendemos al menos cobrar por lo que hacemos. ¡Es un reclamo justo y vamos a pelear por nuestros salarios!

Convoca – Contacto: MST Teresa Vive - Justicia y Libertad - Barrios de Pie - FPSD Frente Darío Santillán - La Falcone - CTD Aníbal Verón - Deborah Fernández (MST “Teresa Vive” - La Plata, Berisso, Ensenada): (0221)156211162-(0221)156491781

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domingo, 13 de febrero de 2011

VISIBILIDAD DE LA CÁRCEL: Más allá de las imágenes.

12 de Febrero de 2011

Titular de la Cátedra de Sociología de la Universidad de Buenos Aires; docente, durante 20 años, del Programa UBA XXII, Educación en Cárceles; directora del Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del Observatorio de Prisiones de la Procuración Penitenciaria Nacional, Alcira Daroqui continúa con el Balance (anti) carcelario a propuesta de la Agencia Rodolfo Walsh. Daroqui se ha convertido, desde hace años, en una verdadera pesadilla para los hombres de gris, en especial para el Servicio Penitenciario Federal. En las investigaciones y la docencia, sus denuncias contundentes vieron la luz allí donde los criminales pretenden ocultar las violaciones a los Derechos Humanos, exactamente en el ámbito donde más se cometen. En el trabajo "Cuerpos Castigados" (realizado junto a Carlos Motto en el marco de la PPN), vimos que el "pata-pata", la "pirámide" o el "submarino" no son los nuevos ritmos de la noche, sino parte de la práctica permanente de la tortura tras las rejas.
Así, resulta contrastante el discurso que el gobierno argentino mantiene sobre la defensa de los derechos humanos y la política de castigos no previstos en el Código Penal, que constituyen un empeñoso intento de destrucción de la entidad humana de presos y cautivas. Como se sabe, la Argentina es sólo uno de los cinco países del planeta que tiene un servicio penitenciario militarizado, a la vez que se halla altamente especializado en una diversidad de suplicios que no son letra, pero sí hechos rotundos que acuden cuando cualquier hijo de vecino ingresa a un penal.
Además, según Daroqui: "a una política de desinformación, ocultamiento e invisibilización por parte del Servicio Penitenciario Nacional (SPF) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se les responde con trabajos de campo, relevamiento de testimonios, relatos, de documentación judicial, legislativa y penitenciaria y por supuesto, además, se hace público. Pero la visibilidad de los que sucede en las cárceles federales ha sido sistemáticamente relativizada y hasta negada por autoridades de nuestros país y en particular por el Director del SPF, Alejandro Marambio".
Es en este punto, precisamente, donde tiene su mayor sentido romper el silenciamiento -como podamos y donde podamos-, de esta masacre institucional, esta política de Estado que permanece ensañada con los hijos más pobres del pueblo. En ese rumbo, con valioso sustento, se han escrito las líneas que siguen.
Oscar Castelnovo


Durante el año 2010 la situación carcelaria en la Argentina no ha variado sustancialmente en cuanto a la gravedad con la que se expresa en relación a otros años. Esta situación es evidente para aquellos que trabajamos la "cuestión carcelaria" desde hace mas de 20 años y lo seguimos haciendo en el presente, ingresando a las cárceles, recorriendo los pabellones, las celdas comunes y las de castigo, entrevistando a presos y presas, registrando la violencia institucional sistemática en cuanto a malos tratos físicos y torturas, los tratos humillantes, vejatorios y degradantes que además se agravan y profundizan con las paupérrimas condiciones materiales de detención de algunos sectores de alojamiento y en varios casos, de la totalidad de los espacios de la mayoría de las unidades carcelarias. La presentación de recomendaciones, denuncias, amparos y habeas corpus tanto por parte de la Procuración Penitenciaria Nacional como del Comité contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires cuya jurisdicción es sobre mayoría de unidades y cantidad de personas detenidas del país, dan cuenta de esta situación. Pero debemos reconocer que a pesar de este trabajo que compartimos con otras organizaciones y organismos comprometidos con la grave situación de violación de derechos que atraviesan miles de personas detenidas en nuestro país, nada se hace visible desde organismos estatales que deberían dar cuenta de lo que sucede y de las propuestas para revertir la violencia institucional y el agravamiento en las condiciones de detención en las cárceles, comisaría e institutos de menores del país. Tampoco, y ello nos incluye, sabemos cuántas personas privadas de su libertad registra el estado argentino, no tenemos información permanente y actualizada sobre la situación por la que atraviesan las personas detenidas en cárceles de servicios penitenciarios provinciales, menos aún conocemos cuántas personas están en comisarías, en centros de detención de gendarmería ni de prefectura. La política de la des-información obstaculiza y oculta aspectos elementales para abordar el problema: cuántos, dónde están y cuál es su situación.
A esta desinformación no son pocos lo que le damos batalla permanentemente, reconstruimos a través de fuentes dispersas, datos aproximados sobre la población total detenida en cárceles e institutos de menores de la argentina en forma actualizada y por supuesto, ello se hace aún más dificultoso-aunque lo seguimos trabajando - relevarlo de comisarías y "otros centros de detención".

Jurisdicción Federal y Provincia de Buenos Aires
Sin embargo, en relación a la cuestión carcelaria, dos jurisdicciones como la Nacional-Federal y la de la Provincia de Buenos Aires, cuentan con información sistemática a través de los diferentes sistemas de relevamiento producidos por la Procuración Penitenciaria Nacional(PPN) y el Comité Contra la Tortura(CCT) de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
En sus informes periódicos y paginas web se actualiza en términos cuantitativos la población detenidas en la cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires, ambos sistemas penitenciarios alojan en 79 cárceles, a julio del año 2010, a mas de 35.850 personas (según los partes remitidos por fuentes penitenciarias a estos dos organismos), así la mayoría de la cárceles y la mayoría de los detenidos del país(ver datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) 2008-última información oficial-) corresponden a estos dos servicios penitenciarios.
Pero desde estos organismos lo que se registra fundamentalmente son datos sobre las intervenciones regulares que realizan los mismos en relación a la situación por la que atraviesan miles de personas detenidas y que por ello mismo, puede dar cuenta de una problemática amplia y compleja de la vida intramuros. En este sentido, los malos tratos físicos y torturas, las condiciones materiales de detención y las muertes en las cárceles integran la agenda principal de abordaje de la problemática carcelaria.
Estos registros dan cuenta de denuncias judiciales, de modalidades y resultados de intervención institucional y de resultados de investigaciones científicas en las que participamos como integrantes del Observatorio de Prisiones de la PPN y como Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germanide la UBA
Estos registros (de investigación, intervención y judiciales) y sus fundamentos se construyen y se sostienen regularmente ingresando sistemáticamente a las cárceles, entrevistando personas detenidas, inspeccionando los espacios carcelarios, recibiendo información desde adentro, de presos y presas y sus familiares y de situaciones y casos que hacen público organizaciones no gubernamentales. Mas allá de la observación y registros de campo de cada cárcel, la palabra y los testimonios son claves para reconstruir lo que sucede dentro de la cárcel, dar cuenta de las prácticas cotidianas de funcionarios de fuerzas de seguridad a las que son sometidas miles y miles de personas.
Las palabras y los testimonios de las víctimas del terrorismo de estado fueron claves para hacer visible por un lado la magnitud de la masacre y por el otro, dar cuenta del despliegue de prácticas ancestrales en la producción de sufrimiento y dolor como de aquellas innovadoras, de sus articulaciones, especificidades, de sus actores, de sus responsables. Reconstruir el pasado a partir del testimonio y las palabras de sus víctimas, una dura batalla librada contra los torturadores y sus encubridores.
En este presente, los testimonios y las palabras de presos y presas no están "legitimados" para reconstruir los que les sucede hoy, en cada cárcel, en cada comisaría. ¿Será que los "delincuentes" no tienen derecho a ser víctimas de acciones aberrantes por parte de funcionarios del estado? Contradicciones o "dualidades" de una mirada intencionalmente miope sobre los "derechos humanos".
Desde hace varios años la cuestión de la violencia institucional: muertes, malos tratos físicos y torturas, tratos humillantes y degradantes, condiciones de vida intracarcelaria, etc han sido el eje nuestros trabajos, en esta nota solo haré una breve mención sobre algunos de estos aspectos: la cuestión de los malos tratos y torturas y sobre fallecimientos.(se cuenta con amplia información en los Informes Anuales de la PPN, en los Informes Anuales del CCT y en las paginas web respectivas)

Registros de malos tratos y torturas
En el año 2010(me abocaré a información vinculada a la situación de las cárceles sistema federal producida desde la PPN, ya que Provincia de Buenos Aires fue abordada por Roberto Cipriano del Comité contra la Tortura) los registros de malos tratos y torturas(me referiré a dos de los tres que trabaja la Procuración), daban cuenta sobre información actualizada de lo que sucede en relación a esta problemática:
Así, en relación al relevamiento de denuncias judiciales por casos de malos tratos y torturas-de enero a junio del 2010- se registraron 105 denuncias, de los cuales 27 fueron judicializados por la PPN. (ver ampliación en la WEB e Informe Anual 2010)
Del Proyecto de Investigación de Seguimiento sobre malos tratos y torturas, base comparativa con los resultados de la Investigación del año 2007, se seleccionando 5 unidades penitenciarias, 2 de zona metropolitana y 3 de interior del país. El criterio fue a su vez seleccionar solo los pabellones y módulos que cuyos resultados en el 2007 demostraron el mayor grado de conflictividad y de violencia institucional desplegada como así también se incorporó algunos pabellones que durante estos años, desde la intervención de la procuración, se individualizaron con la caracterización mencionada y se relevaron los siguientes resultados:
A modo de avance, en relación a los Complejos I y II (publicados en el Informe Anual 2010 de la PPN) se expresa lo siguiente:
El Complejo I- de Ezeiza, los módulos encuestados Ingreso, selección y tránsito, Modulo 3 alta conflictividad y 4 de jóvenes adultos en el año 2007: registraron que el 60,4 % de las personas encuestadas habían padecido malos tratos físicos y torturas. En esos mismos módulos en el año 2009, ese porcentaje ascendía a 77, 2%. Si los porcentajes no resultan "convincentes", digamos las cosas en valores absolutos, de 90 personas encuestadas, mas 70 personas detenidas expresaron haber sido víctimas de golpes, agresiones físicas y torturas.
En el Complejo II de Marcos Paz, los módulos encuestados fueron: modulo 1 Conducta( a pesar de ser de conducta se habían registrado casos de violencia en el mismo), Modulo 3 de Ingreso y modulo 5 de alta conflictividad, en el 2007 se relevó que el 52,1% de las personas detenidas en los mismos habían padecido malos tratos físicos y torturas, en el año 2009, ese porcentaje ascendió al 72,3%. En valores absolutos de 109 personas encuestadas, casi 80 personas fueron víctimas de estas prácticas violentas del personal penitenciario.
Es decir, 70 casos, 90 casos y otros tantos en tantas otras cárceles y comisarías conducen a cifras que ya no pueden soslayarse a la hora de hablar de ejercicios de malos tratos físicos y torturas en lugares de detención.

Muertes en prisión
De enero del año 2009 a enero del 2011 se produjeron 78 fallecimientos de personas detenidas en cárceles federales, como dato relevante entre octubre del año 2009 y octubre del año 2010, 11 de esas muertes, fueron por causas violentas. En la cárcel se muere y a veces de forma violenta. El estado debe garantizar la integridad física de las personas detenidas.
A una política de desinformación, ocultamiento e invisibilización por parte del Servicio Penitenciario Nacional(SPF) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se les responde con trabajos de campo, relevamiento de testimonios, relatos, de documentación judicial, legislativa y penitenciaria y por supuesto, además, se hace público. Pero la visibilidad de los que sucede en las cárceles federales ha sido sistemáticamente relativizada y hasta negada por autoridades de nuestros país y en particular por el Director del SPF, Alejandro Marambio.
Sin embargo, los últimos hechos acontecidos en la cárcel de Mendoza varias imágenes recuperadas desde un celular de un personal penitenciario otorgaban credibilidad a las prácticas violentas, torturas, ejercidas contra las personas detenidas por parte de personal penitenciario. Imágenes que mostraban con contundencia lo que cientos y cientos de personas detenidas han relatado, testimoniado y hasta denunciado(a pesar de poner en riesgo su integridad física y hasta sus vidas) y que como respuesta ha sido el de desconocer, devaluar y hasta desmentir esos testimonios. Un celular de un penitenciario, imágenes tomadas desde el torturador?? , permitieron que a los penitenciarios se los denominara torturadores y sus actos, torturas. Quizá sea por eso que el Servicio Penitenciario Federal, precisamente su Director Alejandro Marambio,( actualmente ascendido a un cargo de mayor jerarquía por parte del poder ejecutivo nacional) prohibía y prohíbe actualmente(aunque está autorizado por la ley) ingresar a la Procuración Penitenciaria Nacional con cámaras de fotos y/o filmadoras para registrar las lesiones y las situaciones de violencia en las cárceles???(hasta con actos de violencia del personal penitenciario contra médicos de la PPN, que pretendieron registrar las lesiones a presos a través de las cámaras de sus celulares-ver agencia DyN, WEB PPN).

"Responsáble político, institucional y moral"
Deber ser por esto, él sabe del poder de la imagen, más que el de las palabras y testimonios de las víctimas, más aún si estas son pobres y "delincuentes". Pero, se olvidó de ser estricto con el personal penitenciario a su cargo ya que también tiene prohibido ingresar a las unidades en las que trabajan con sus celulares. Digo se olvidó y a "su cargo" porque Alejandro Marambio, Director del SPF, en cuyas cárceles se producen los hechos que revelan la primera parte de esta nota, era el responsable máximo de esa cárcel. El máximo responsable político institucional y porque no "moral".
La cárcel de Mendoza estaba intervenida por el Servicio Penitenciario Federal a cargo del civil Marambio cuando se produjeron estos hechos aberrantes de torturas, en diciembre del 2010 cesó la intervención pero estos hechos fueron anteriores. Quizá algunos de los máximos responsables de estos actos de tortura sean integrantes de esa "comitiva" del servicio penitenciario federal que acompañó al entonces Director de Readaptación Social del Ministerio de Justicia, Alejandro Marambio, allí por el año 2007, para efectivizar la Intervención de la cárcel de Mendoza después que la CIDH sancionará al estado Argentino por los hechos que se producían en la misma( nadie puede explicarnos porque en el 2010 levantó dicha sanción), esos mismos penitenciarios federales a los que el Alejandro Marambio definía casi (en términos morales) como héroes, que "sanearían" al servicio penitenciario provincial, hombres que en épocas difíciles inclusive salieron a cazar animales para darles de comer a los presos(sic, declaraciones de Marambio al Diario Los Andes 22 de marzo del año 2007, sección política) Quizá, al personal penitenciario provincial no se le transmitió debidamente esta "anécdota" y entendieron que la caza debía ejecutarse con los presos, quizá fue parte de su entrenamiento, quizá lo que pase en la cárcel de Mendoza, sea exactamente igual a lo que pasa en Ezeiza, en Devoto, en Marcos Paz, en Olmos, en Sierra Chica, en Las Heras, en Coronda, en Magdalena: las golpizas, el puente chino, el plasf-palsf, el pata pata, el criqueo, submarino seco y húmedo, etc etc expresado en mil palabras, en mil relatos de sus víctimas, pero no en imágenes, a ellos no los dejan filmarse mientras los golpean y a los organismos de control y defensa de los derechos humanos, tampoco.
De todas formas, más allá de las imágenes, la cárcel se hace visible, la hacen visible quienes se comprometen con la protección y defensa de los derechos humanos de las personas detenidas en un marco de estado de derecho-democrático y los datos de esta nota dan cuenta de ello.

Alcira Daroqui

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COMUNICADO DE PRENSA

San Justo, 13 de febrero de 2011

Otro caso de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires

Un policía asesinó por la espalda a un joven de 19 años en Baradero. En la madrugada del sábado 12 de febrero en la localidad de Baradero el joven Lucas Rotella, de tan solo 19 años, recibió un disparo por la espalda del policía bonaerense Gonzalo Capp. Lucas falleció a las pocas horas.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos repudiamos enérgicamente este nuevo caso de gatillo fácil que se suma a los perpetrados por la bonaerense la semana pasado en José L Suarez y a los tantos que ni siquiera se denuncian. Esta es la policía que el gobernador Daniel Scioli quiere enviar a las escuelas. No lo permitamos.
Desde el CeProDH llamamos a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones obreras y estudiantiles a enfrentar el gatillo fácil que no para de asesinar jóvenes en los barrios del pueblo trabajador.

Alejandrina Barry, CeProDH Oeste 1558918897

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sábado, 12 de febrero de 2011

COMUNICADO DE PRENSA

Conferencia de Prensa, Lunes 14 a las 11hs en el Juzgado Federal sito en Periodistas Neuquinos 179 de Neuquén.

La Justicia provincial y federal han dado un nuevo paso en el ataque a los que luchan por trabajo, al efectuar -por un lado- el pedido de elevación a juicio oral de la causa contra la abogada de los obreros ceramistas e integrante del CEPRODH, Natalia Hormazabal, y, por otro lado, manteniendo al fiscal Di Maggio en la causa que sigue contra los obreros ceramistas de Zanon, a pesar de que fue recusado.

Como es de publico conocimiento, a la compañera abogada Natalia Hormazabal, junto a decenas de obreros ceramistas, se le inició una causa penal por ser parte de la lucha de los obreros de Cerámica Stefani que desde el año 2009 vienen dando contra el cierre de esa planta industrial para mantener más de 60 puestos de trabajo.

La fiscal federal Cristina Beautte, quien no ha solicitado la citación de ningún integrante del Batallón 601 cuyos nombres aparecieron en los listados que se hicieron públicos, por su participación en el genocidio cometido por la última dictadura militar, avanza en las causas contra los obreros que luchan por el trabajo y la vivienda para todos, sin dudar en utilizar “servicios de inteligencia” de la policía de la provincia contra las organizaciones obreras y populares, como ya hemos denunciado en estas causas. Y, en este caso, llegando al extremo de también atacar a los abogados que ponemos nuestras profesiones en la defensa de la legítima lucha de los trabajadores.

Por su parte, el Juez Mauricio Zabala, ha mantenido en la investigación contra los obreros ceramistas de Zanon al mismo fiscal Di Maggio, quien anticipó que no acusaría a a Jorge Sobisch en la causa de la “zona liberada”, a pesar de que fue recusado por los abogados defensores Ivana Dal Bianco y Mariano Pedrero.

En conferencia de prensa el lunes 14 de Febrero a las 11hs (en las puertas del Juzgado Federal) se darán los detalles de estas resoluciones judiciales y de las presentaciones que se realizarán ese mismo día por parte de los abogados defensores de los obreros ceramistas y de la abogada Natalia Hormazabal.
CEPRODH – Sindicato Ceramista de Neuquén

Telefonos de contacto
Natalia Hormazabal: 0299 155010068
Ivana Dal Bianco: 0299 154121308
Mariano Pedrero: 0299 154299133
Omar Villablanca: 0299 154721962
Andrés Blanco: 0299 155226569

CeProDH
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
Neuquén y Alto Valle, Diagonal 9 de Julio Nº 82/86, Piso 1º - Neuquén
Tel. 0299 4426683 - Cel. 154121308
ceprodhnqn@yahoo.com.ar - www.ceprodh.org.ar

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Ecuador: uso indebido de la figura de terrorismo para criminalizar a líderes indígenas y sociales.

11 de Febrero del 2011

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) expresan su preocupación por la creciente criminalización de la protesta social de las comunidades indígenas del Ecuador movilizadas en la exigencia de sus derechos frente a la explotación minera a gran escala en sus territorios.
Luego de las manifestaciones del 30 de septiembre de 2009 en la provincia de Morona Santiago, 7 dirigentes Shuar han sido acusados de terrorismo organizado, 3 en calidad de autores y detenidos, 4 en calidad de encubridores sin detención y 4 sobreseídos provisionalmente (absueltos).
El 1° de febrero de 2011, José Acacho González, Presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar y uno de los indígenas acusados, fue detenido en un operativo conjunto del Ejército y la Policía Nacional. Ese mismo día fueron detenidos también Pedro Mashiant Chamik y Fidel Kaniras Taish y conducidos primero a la Comandancia de la Policía de Macas, luego a la cárcel local y finalmente, en horas de la tarde, al penal García Moreno en la ciudad de Quito.
El objeto de las protestas de septiembre 2009 fue el proyecto de Ley de Recursos Hídricos. Las comunidades indígenas consideran que dicho proyecto no protege las fuentes de agua de los daños que causan las actividades industriales, y que la Ley de Minería no define de manera precisa las precauciones que deben tomar las empresas titulares de concesiones para evitar la contaminación de las reservas de agua.
La FIDH, CEDHU, INREDH y CDES consideran que asimilar a los indígenas Shuar, movilizados en la defensa de sus derechos, con el «terrorismo» menoscaba gravemente los principios internacionales en materia del derecho a la protesta y contraviene la definición internacional de lo que constituyen actos terroristas.
Estos hechos ocurren en el marco de la implementación de megaproyectos de minería a cielo abierto en territorios indígenas por parte de empresas extranjeras, lo que ha contribuido a incrementar la conflictividad social y a ocasionar la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades.
Fuente: Rebelión

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Se mantienen las excarcelaciones.

Juez federal Marcelo Bailaque.

Para Bailaque deben resolverse otras instancias.
El juez federal Marcelo Bailaque resolvió no hacer lugar al pedido de detención de ocho represores interpuesto por los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta. El magistrado sostuvo que debe esperarse lo que se resuelva en otras instancias donde se encuentran los incidentes excarcelatorios. Los fiscales a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, habían solicitado la inmediata detención de Ramón Telmo Alcides Ibarra (alias Rommel), Julio Héctor Fermoselle (Darío), Eduardo Dugour (Picha), Ernesto Vallejo (Managua), Ovidio Marcelo Olazagoitia (el Vasco), Diego Portillo (Diego), Pedro Travagliante (Rulo), así como de José Rubén Lofiego (el Ciego), en el caso de privación ilegal de la libertad cometida contra Graciela Borda Osella.

El mismo pedido formularon los representantes del Ministerio Público ante el Tribunal Oral Federal número 2 respecto de los imputados Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Carlos José Antonio Scortechini y Ramón Rito Vergara, cuyo juicio oral se está realizando, y transitan en libertad. Este segundo planteo aún no se resolvió.

Los fiscales entendieron que "la gravedad de los hechos imputados, la naturaleza de los delitos calificados como de Lesa Humanidad, la pena en expectativa, el especial deber del Estado argentino de neutralizar toda posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación" resultan, entre otros, "parámetros válidos para afirmar que, en caso de mantenerse la libertad, los imputados intentarían eludir la acción de la justicia".

Afirmaron que tanto la Cámara Federal, el juzgado de Bailaque y la Cámara Nacional de Casación Penal según los casos al conceder las excarcelaciones incurrieron "no solo en un claro apartamiento del derecho, específicamente de las normas que restringen la excarcelación sino también, en una indebida omisión de valorar circunstancias fácticas del caso que permiten sostener la existencia de peligros procesales conforme el estándar establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al revocar la eximición de prisión de Domingo Morales, a fines de diciembre pasado, tal como lo había hecho en expedientes anteriores".

Desde Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones políticas, Elida Luna y Héctor Medina manifestaron: "Lamentablemente nos asistió razón cuando dijimos que luego de las intimidaciones sufridas por muchos de los testigos en Santa Fe, lo ocurrido con Julio López y Silvia Suppo quedaba demostrado el riesgo procesal de todos los imputados por delitos de lesa humanidad. Lo dijo nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es una obligación para los jueces inferiores respetar los fallos supremos, de lo contrario deberían indicar por qué se apartan de aquellos".

Por su parte, Marta Bertolino, sobreviviente, del Servicio de Informaciones y querellante en la causa Díaz Bessone consideró que "los delincuentes de lesa humanidad, deben esperar los procesos en cárceles comunes y cumplir allí mismo las penas. El Estado debe garantizar la realización de los juicios. Liberarlos no es de ninguna manera una señal de cumplimiento de este compromiso con la comunidad internacional. La negativa del juez Bailaque deberá ser revertida para acercarnos nuevamente al ideal jurídico de ciudad que cumple con sus compromisos con el mundo y con el futuro".

Desde el Equipo Jurídico de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, las profesionales Gabriela Durruty, Daniela Asinari y Jesica Pellegrini explicaron que "lo solicitado por el fiscal Stara es la única medida que garantiza el cumplimiento de los stándares fijados por la Corte en materia de delitos de lesa humanidad, así como la seguridad de los testigos y la realización del proceso". Para las abogadas, "la resolución del juez instructor no explica por qué se aparta de los lineamientos establecidos por el máximo Tribunal respecto a la restricción de la libertad durante el proceso de personas imputadas por crímenes de lesa humanidad, ocasionando -además un grave dispendio jurisdiccional ya que obliga a transitar todas las instancias judiciales conociendo de antemano el resultado que se obtendrá a raíz de lo que ya resolvió la Corte Suprema de la Nación".

El Alto Tribunal estableció como parámetros decisivos para denegar excarcelaciones la gravedad de los delitos investigados, la expectativa de pena de los mismos, la experiencia, los medios y las relaciones de las que podrían llegar a valerse los imputados recordando que se trata de delitos calificados como de lesa humanidad.

Fuente: Rosario 12

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Un fallo a contramano.

Juez Daniel Herrera piedrabuena.

Los dictó el juez Daniel Herrera Piedrabuena, que ya había beneficiado a otros acusados de crímenes de lesa humanidad. La decisión contraría a toda la jurisprudencia en la materia.

El condenado Luciano Menéndez es el único responsable por los secuestros y torturas en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS) de La Rioja, el principal centro clandestino provincial durante la dictadura. La cadena de mandos que estaba debajo del ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército es inocente, desde los interrogadores hasta el juez federal Roberto Catalán, que recibía declaraciones a personas vendadas y las dejaba en cautiverio, o el médico Carlos Leónidas Moliné, que diagnosticaba cuánto se podía torturar sin matar. El particular criterio, que contraría toda la jurisprudencia aplicada por tribunales argentinos a partir del juicio a los ex comandantes, pertenece al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, que acaba de dictar faltas de mérito y sobreseimientos en masa a los represores riojanos y fue denunciado ayer por la Unidad Fiscal abocada a las causas por crímenes de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación. Las medidas ya fueron apeladas por el fiscal federal Darío Illanes y deberán ser revisadas por la Cámara Federal de Córdoba.

La Cámara Federal porteña sostuvo en 1985 que “las circunstancias de vida ultrajantes” en los centros clandestinos “constituyen en sí un horroroso tormento”. En su pedido de detenciones de noviembre de 2009 el fiscal Illanes detalló delitos y pruebas y relató las condiciones de cautiverio en el IPS: detenidos vendados e incomunicados evacuaban sus necesidades en un tarro dentro de la celda, recibían golpizas constantes y varias veces por semana eran trasladados a un galpón denominado “Luna Park”, donde los torturaban con picana. Herrera Piedrabuena, sin embargo, desvinculó de la causa a todos los mandos intermedios que dependían de Menéndez. El argumento: el tormento es un delito “de mano propia”, que sólo comete quien inflinge el dolor. Ya en junio del año pasado había adoptado un criterio similar al dictar faltas de mérito a favor de Juan Carlos “La Bruja” Romero, Eriberto Goenaga y Renardo Sánchez, quienes según la acusación fiscal daban las órdenes directas para que se torturara a los presos políticos en el IPS y a los gendarmes y agentes penitenciarios que los mantenían en cautiverio.

“El fallo va a contramano de la jurisprudencia en estas causas de todas las demás jurisdicciones del país, al tergiversar el entendimiento de la forma en la que operaba el aparato represivo”, explicó en un comunicado la unidad fiscal que conducen Pablo Parenti y el fiscal general Jorge Auat. “Herrera Piedrabuena parece explicar los crímenes contra la humanidad en La Rioja como la consecuencia de actos aislados de un grupo de gendarmes y empleados del Servicio Penitenciario Federal, que decidieron por su cuenta torturar a algunos detenidos en el IRS sin que sus superiores tuvieran responsabilidad. Se trata de una lamentable descontextualización y tergiversación del fenómeno represivo”, denunciaron.

El juez sostuvo en su resolución que los detenidos no estaban privados ilegítimamente de la libertad sino a disposición del Poder Ejecutivo o sometidos a proceso por la tristemente célebre ley 20.840, que reprimía “delitos subversivos”. “Se trata de burdos intentos frustrados de ocultar una acción criminal, de privaciones ilegítimas de la libertad dispuestas y mantenidas por funcionarios públicos”, explicaron desde la Procuración.

La verticalidad del aparato represivo que le permite a Herrera Piedrabuena sobreseer a todos los represores excepto al jefe también les garantiza, incluso a Menéndez, quedar por fuera de la figura de asociación ilícita, que demanda “cierta horizontalidad”, explicó el juez. Para el riojano ni siquiera existió el delito de violación de domicilio al momento de los secuestros, porque “los moradores consintieron la realización del acto” y eran “facultades propias del personal policial”, argumentos “sencillamente extravagantes”, concluye la Unidad Fiscal.

Fuente: Pagina 12

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martes, 8 de febrero de 2011

Comunicado de prensa de JUSTICIA YA La Plata.

Ante la existencia de un testigo que decía saber sobre el lugar donde se encontrarían los restos de Jorge Julio López JUSTICIA YA LA PLATA manifiesta que:

1) No es la primera vez que nos encontramos ante este tipo de denuncias. En muchas oportunidades a lo largo de estos cuatro años hubo desde quienes afirmaron haber visto a López caminando por alguna calle hasta “videntes” que lo vieron en tal o cual lugar. En estas y otras oportunidades se destinó gran cantidad de recursos humanos y económicos, mientras las verdaderas pistas, las que nos acercaban a la participación de la Bonaerense, al círculo cercano a Etchecolatz, a los señalados por el compañero en sus declaraciones, fueron mal investigadas, desechadas y abandonadas sistemáticamente.
2) Llama la atención la metodología empleada por esta denuncia: no fue realizada en sede judicial sino tomada por funcionarios del Ministerio de Seguridad del cual depende la Policía Bonaerense y quien fuera apartada de la investigación por “ineptitud evidente” - según lo señalado por el juez que tomó esa medida - a lo que nosotros agregamos que la bonaerense no puede investigar cuando es ella misma la que debe ser investigada.
3) Denunciamos el gran montaje mediático orquestado por el gobierno provincial y su Ministro de Seguridad así como la actitud poco clara del abogado denunciante que acudió primero a los medios y luego al Ministro Casal, obviando a las autoridades judiciales intervinientes en el caso López.
La causa que investiga el secuestro y desaparición de López se encuentra paralizada desde hace al menos 2 años y rebrota en medio de un montaje mediático, plagada de irregularidades dando un resultado negativo. Más de cuatro años de complicidades políticas que solo profundizan la impunidad de la que gozan los responsables de la desaparición de Jorge Julio López. Exigimos que se sigan seriamente las numerosas líneas de investigación que existen en la causa desde hace años y se castiguen a todos los responsables, sean autores intelecuales, materiales o cómplices, del secuestro y desaparición forzada de Jorge Julio López.
Justicia YA

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