HUMOR CORDOBÉS
Hace un año el flamante candidato a vicepresidente del "Proyecto", Carlos Zannini, contó un involuntario chiste sobre el curso de la política de Juicio y Castigo para hacer campaña de cara a este 2015. En su discurso en la Universidad de Córdoba por los 62 años de la muerte de Evita, a la vez plenario provincial de la obsekuencia cristinista, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, duplicó inopinadamente las cifras reales de represores condenados a 11 años de anuladas las leyes de impunidad. Toda una muestra de la continuidad de los Derechos Humanos en la futura gestión, o bien del mejor humor cordobés.
Exultante y jugando de local ante la audiencia cordobesa, Zannini dijo hace un año: “Por este gobierno, por su política de derechos humanos, hoy están condenados 1017 represores y hay 100 absueltos: una cifra que demuestra que esto es justicia, no revancha. Y ahí está Menéndez preso y condenado por el asesinato de un obispo. ¿Cómo no vamos a creer entonces en la política?”. El optimismo de Zannini fue, por lo menos en materia de Juicio y Castigo, parcial e infundado. Seguramente el secretario, encargado de evaluar los aspectos formales de los proyectos de actos administrativos del Ejecutivo Nacional, no sea especialista en Lesa Humanidad ni deba serlo. Pero sus fuentes se contradicen incluso con las del Ministerio Público, el único organismo estatal que da a conocer abiertamente sus análisis y su base de datos nacional referidos al proceso de juzgamiento de los genocidas de la última dictadura.
Pasado un año del exhabrupto del futuro Vice, los números siguen sin cerrar. En su informe de junio de 2015, los fiscales informan de 592 represores condenados y 56 absueltos. Entre los condenados sólo 117 tienen sentencia firme, y el 70% de las sentencias están esperando revisión, un dato clave porque muchas veces la firmeza del fallo define si cumplen condena en su casa o en cárcel común.
Siempre comparando el real actuante de 200 mil efectivos de todas las fuerzas represivas del país en dictadura, los 2 mil procesados en estos años de reactivación de los juicios siguen siendo un magro 1%. Sigue habiendo menos de 1 represor condenado en primera instancia por cada uno de los 600 centros clandestinos que existieron en el país. Y sólo alrededor del 31% del total de procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 25% de ese número de procesados fue condenado. De manera irreversible el 10% de los procesados murió impune por tardanza del Estado en juzgarlos, permanece el tapón del 41% de los procesados cumpliendo la prisión preventiva en domiciliaria y hay casi 700 represores procesados libres.
Quiźas el “Chino” Zanini es optimista en materia de castigo a lo verdugos del '70 porque desconoce que con 9 juicios parciales concluidos y 43 condenas en lo que va de 2015, las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar. 7 de los 9 juicios concluidos este año tenían menos de 5 imputados. Si 2013 significó 2 juicios menos que 2012, y el 2014 sólo aportó 23 juicios concluidos con 104 condenas, podemos afirmar que se consolidó el estancamiento del proceso de juzgamiento en, con suerte, dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año. No hay crecimiento, sino estancamiento del proceso.
En su discurso del 24 de Marzo de 2014 en la ESMA, Zannini habló de “521 represores condenados y 1.200 en proceso”. Allí, seguramente tras repetir números del Ministerio Público, estuvo más cerca de la realidad. Pero, por las cifras que tiró en Córdoba hace un año, pareciera que en su conteo individual se hubiera hecho el doble de lo que llevó 10 años para que el Estado reconociera, investigara y castigara. En su alocución del sábado en Córdoba, el “Negro” Zannini (como le decían en Villa Nueva) apeló a su propia historia de militante juvenil en Vanguardia Comunista y rememoró “cuando hace 39 años estaba preso en la D2 escuchando cómo torturaban al Chicato Mozé (...) Fui a parar a la UP1, donde fusilaron a 31 compañeros. No somos improvisados”.
El “Chicato” Miguel Angel Mozé, quien fuera titular de la JP de Córdoba, fue fusilado junto con otros cinco presos de la Unidad Penal 1 el 17 de mayo del 76. El juicio por ese hecho, que llegó a sentencia en diciembre de 2010, fue el proceso más importante que se había hecho en el país hasta el momento. Allí se logró la condena de 24 represores, entre ellos Videla y Menéndez, aunque se absolvió a 7 genocidas. Pero aunque le pese al optimismo de Zannini, ocurre que su Córdoba natal, sede del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, fue una de las provincias donde más se resistió a la dictadura y una de las más golpeadas por la represión, pero donde menos juicios se han hecho.
Si hubo 41 juicios en las jurisdicciones del Tercer Cuerpo, es decir las 10 provincias mediterráneas, el noroeste y Cuyo; Córdoba es la provincia más impune. La causa “Brandalisis” en Julio 2008, el juicio por los crímenes de la “D2” en diciembre 2009, por el “Comando Radioeléctrico” en marzo 2012, la causa “Ayala” (residual de UP1) en julio de 2013 y la reciente condena a Menéndez por los fusilamientos de los militantes Diez, Villanueva y Delfín Oliva hacen, con la causa UP1, un total de 6 juicios, y 42 condenas a 37 represores, por los casos de 51 compañeros.
Córdoba, la provincia del actual secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, donde el capo del Comando del Tercer Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez batió el récord nacional de condenas con 10 cadenas perpetuas y 2 sentencias menores a 25 años. Córdoba, donde pareció alentizar el proceso de condenas la causa por los CCD La Perla y La Ribera, que lleva más de 2 años de audiencias y junto con la causa ESMA es el proceso más grande hecho hasta el momento. Córdoba, donde 15 imputados han fallecido sin sentencia y 1 se encuentra prófugo. Y Córdoba, donde sólo hay previstos 15 juicios más con 92 procesados en el horizonte.
Probablemente a Zannini, a quien muchos definen como “Cristina con traje y corbata”, no le interese saber que así planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de impunidad porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia, o bien civiles, jueces, y curas que también planificaron y ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre.
Hace 10 años la Corte Suprema daba el impulso final a la anulación de las leyes de impunidad que se había conseguido con la lucha de las organizaciones populares. El 14 de junio de 2005 el máximo tribunal convalidó la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida en su análisis del caso de Poblete/Hlaczik. Es singular que ese caso, junto con la causa Etchecolatz en La Plata, fueron los dos primeros juicios realizados en el país como parte del proceso de reapertura de estos procesos. Ambos con condenas importantes, pero en La Plata se marco el comienzo de otro sendero de impunidad: la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez marcó
A 10 años de aquel fallo de la Corte Suprema, la pereza que presenta la situación actual de la política de Juicio y Castigo, palpable en la improvisación de herramientas que pretenden completar y aceleran el proceso, nos produce a muchos un efecto inverso al que debería generar la de una pretensión de Justicia: la sospecha de que cada juicio que se concreta fuera no la posibilidad de continuar avanzando con otras investigaciones por demás lejanas, sino la clausura del necesario esclarecimiento de responsabilidades sobre hechos, víctimas y verdugos que han sido arbitrariamente relegados de los debates que se han efectivizado.
Una clara convicción de los sectores que seguimos el camino crítico a este proceso que hoy analizamos, es que la investigación y sanción de TODOS los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable del Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos. Por todo esto denunciamos que no existe una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio, y que todos, del primero al último de los verdugos, merecen castigo por formar parte del plan represivo.
Invitamos al secretario Legal y Técnico a mostrar las listas de sus “1017 condenados y 100 absueltos”. Las nuestras, actualizadas al 10 junio de 2015, están a disposición en este BLOG (Descargar Base De DATOS).
Quizás le hubiera convenido al Chino Zannini evocar otro chiste de humor cordobés relacionado a la aritmética, como el que dice que va un guaso a la ferretería, pide una lamparita, y ante la pregunta del ferretero -¿De cuántos watt la quiere?, contestó: “De 2 wá, total la wá prender y la wá a apagar”. Un humor menos nocivo que mentir sobre Juicio y Castigo.
HIJOS LA PLATA
Junio de 2015
