Las organizaciones firmantes, nucleadas en el espacio Justicia Ya La Plata, manifestamos nuestra preocupación por la situación del predio del ex Centro Clandestino de Detención "Pozo de Banfield", ubicado en las calles Vernet y Siciliano del partido de Lomas de Zamora.
Lo hacemos frente a una serie de actividades y declaraciones periodísticas que funcionarios del municipio de Lomas han realizado respecto a la inminente utilización del lugar como un “Espacio de Memoria”.
La querella de nuestros organismos ha presentado hace años en la causa N°26, que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en este CCD, un recurso de no innovar sobre el predio, para evitar la posible destrucción de pruebas ante el estado de total abandono y deterioro de las instalaciones al momento del trasladado de las últimas dependencias policiales que funcionaron en el lugar. En aquel momento el sótano del edificio, del que ni la CONADEP ni la justicia habían realizado nunca una inspección ocular, se encontraba completamente inundado.
En junio de 2006, el juez Arnaldo Corazza contestó a nuestro pedido y ordenó “la realización de las operaciones técnicas y científicas convenientes a los fines de desagotar el subsuelo” y dictó “medida de NO INNOVAR respecto del inmueble”.
A nuestro entender, la medida de no innovar continúa vigente, porque continúa en curso la investigación sobre los crímenes aún impunes cometidos en ese lugar, y en todo caso nunca fuimos informados como querellantes de ninguna habilitación judicial para el uso del predio.
Sin embargo, varios hechos preocupantes se vienen sucediendo:
- El 23 de abril pasado el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora aprobó, con la firma de la presidenta del cuerpo Ana R. Tranfo, una nota de Comunicación N°44/14, que involucra la intención de avanzar sobre el predio.
-Al día siguiente el Concejo de Lomas se dirigió al Juez Blanco, subrogante en el Tribunal N°3 y con actuación en la causa N°26, para “solicitarle que disponga a favor de los organismos de Derechos Humanos a nivel Nacional, Provincial y Municipal las áreas que considere que pueden ser utilizadas del inmueble para que en el mismo se pueda crear un espacio dedicado a la 'memoria' y revisión de esa parte trágica de la historia de nuestro país”.
- Acto seguido, la prensa oficial de Lomas difundió la noticia de que “El Municipio busca convertir un sector del Pozo de Banfield en un Espacio para la Memoria”, donde se afirmaba que “el intendente Santiago Carasatorre, junto a funcionarios locales, provinciales y nacionales, recorrió el ex centro clandestino de detención para evaluar los pasos a seguir luego de que la Justicia autorizara el uso de una parte del edificio”. En el acto, el intendente recitó el lema de rigor: “convertir lo que fue un centro clandestino de detención en un lugar de memoria y de vida”.
- El 31 de Mayo, la prensa de la agrupación Hacha y Tiza del SUTEBA Lomas de Zamora difundió un comunicado sobre la recorrida del intendente por el predio y afirmó que “una parte de la causa de 'Pozo de Banfield' está elevada a juicio (la otra parte esta en etapa de instrucción), por ello no se tomaron fotografías durante el recorrido” y que “la Justicia autorizó el uso público de tres oficinas del edificio”.
- Al mismo tiempo, la concejal del Frente para la Victoria, Vanesa López, en diálogo con el medio local “Info-región”, en curiosa afirmación, aseguró que “los organismos de Derechos Humanos y mismo el Estado nacional, provincial y municipal tienen que hacer uso de las instalaciones de estas aberrantes instituciones” (SIC). En la misma nota, la directora de Derechos Humanos de Lomas de Zamora, Nilda Rapari de Lencina, precisó que la idea es que allí funcione la dirección de Derechos Humanos, un museo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y se realicen actividades culturales porque “la cultura es la música, la vida, la reivindicación por todos los que estuvieron ahí”.
La pretensión del gobierno de la provincia de quedarse con el predio no es nueva. En septiembre de 2006 el gobernador Felipe Solá entregó por decreto el inmueble a su secretario de DD.HH. Edgardo Binstock, pese al sostenido reclamo de los vecinos organizados en la Multisectorial “Chau Pozo” para gestionar la preservación del lugar de manera independiente y colectiva. Cuatro años más tarde, el gobernador Scioli hizo su propia jugada declarando al lugar como “Centro para la Memoria, la Verdad y la Justicia”, y a través de su secretaria del área, Sara Derotier de Cobacho, inauguró una señalización con cartelería anaranjada y pilotes de cemento emplazados en el frente del edificio. Cabe aclarar que en nuestro escrito de 2006, argumentamos ante el juzgado la necesidad de preservar también el frente del lugar y solicitamos que expresamente se informe a la Secretaría de DD.HH. de la provincia el alcance de la medida de no innovar.
A través de una “Dirección de Investigación y Memoria” la Secretaría se arroga la misión de actuar estrictamente “en cumplimiento de la Ley Nº 13.584”. La tan mentada ley fue aprobada en noviembre de 2006 en una legislatura controlada por Ismael Pasaglia y Graciela Gianettasio. Su texto cuenta sólo con 3 artículos en 7 líneas, y el tercero es sólo de forma. El título 1° emplaza al Ejecutivo provincial a “arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como CCD” en la provincia y lo obliga, como única política específica en su título 2°, a “colocar placas identificatorias (…) en recuerdo de todos los compañeros detenidos desaparecidos”.
La causa N° 26 por lo crímenes en el Pozo de Banfield tuvo un tortuoso derrotero. El primer tramo fue elevado a juicio oral en abril de 2012, con una pobre instrucción en la que Corazza sólo imputó a 7 represores por 134 casos, entre ellos las apropiaciones del hijo de Gabriela Carriquiborde, de Carlos D´Elia Casco, de María Lavalle Lemos, de Victoria Moyano Artigas y de Martín Ogando Montesano. Mientras la causa se elevó a juicio estaba prófugo uno de los jefes del Pozo, el comisario Miguel Wolk, que aprovechó el beneficio de la domiciliaria para coordinar la fuga con su hija, también policía.
En un segundo tramo (N°263) el juez procesó a 15 represores más, pero les otorgó automáticamente la prisión domiciliaria. Jubilado Corazza en 2013, y subrogado por Blanco, el segundo tramo de la causa sigue juntando polvo en los Tribunales platenses.
Como último detalle de desprolijidad, en junio de 2013 el TOF 1 (Rozansky-Jantus-Vega) declaró nula una parte de la elevación a juicio de la causa y devolvió el expediente a instrucción porque al jubilado Corazza se le olvidó pronunciarse sobre los procesamientos de algunos genocidas. Con ello, difícilmente el juicio comience antes de 2015.
Ante esta nueva afrenta de un Estado más preocupado por gestionar inmuebles que por hacer avanzar la justicia en estos hechos, reafirmamos que el edificio completo del ex CCD Pozo de Banfield sigue siendo una prueba fundamental para determinar la verdad de lo allí ocurrido en dictadura, y que es obligación indelegable del Estado la preservación del predio hasta que la justicia concluya su trabajo.
La política de apropiación y banalización que el Estado Nacional y Provincial vienen realizando sobre los Sitios de Memoria, cuyo punto cúlmine es lo que sucede en la Escuela de Mecánica de la Armada, apunta ahora hacia el Pozo de Banfield. Por la memoria de lucha de las compañeras Adriana Calvo, Virginia Ogando, y de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, exigimos la preservación de la totalidad del predio del Pozo de Banfield hasta que se hayan concluido las investigaciones judiciales sobre ese lugar de exterminio.
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Federación Universitaria de La Plata (FULP); HIJOS La Plata; Liberpueblo; Unión por los Derechos Humanos, La Plata, integrantes de Justicia YA! La Plata
