LOPEZ
A 8 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, en la causa no hay ningún imputado, ni procesado, ni detenido. Desde hace 2.920 días venimos denunciando que el encubrimiento que existe en la causa López obedece a una trama de complicidades policiales, políticas y judiciales con la impunidad.
Recordemos que el inicio de la investigación en la Justicia ordinaria fue una simple búsqueda de paradero, y significó el desconocimiento oficial del hecho como una desaparición forzada. Que de los 18 represores mencionados por Lopez en su testimonio ninguno fue investigado, y sólo están detenidos Garachico y Ponce en otras causas. Que el allanamiento judicial a los genocidas detenidos en Marcos Paz fue sólo una requisa cantada, y la agenda secuestrada a Etchecolatz nunca se indagó. Y recordemos que indicios como el cadáver calcinado aparecido en Punta Lara, las llaves encontradas en el jardín de la casa de Lopez, o el rastrillaje mediático del ministro Casal en Parque Pereyra nunca fueron aclaradas, y fueron plantadas para generar falsas expectativas en el caso. En cuanto a las pistas firmes como “Atalaya”, “Chicano” y “SPB” fueron enviciadas por la Bonaerense, la SIDE y los Jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco para garantizar impunidad.
A comienzos de septiembre murió el juez Manuel Humberto Blanco, último juez de la causa Lopez. Recordemos que hace 2 años el Juez Blanco aprovechó una resolución en la residucal de la causa de Comisaría 5ta para desacreditar el testimonio de Lopez, calificarlo de “vago” e “impreciso”, y decir que “el albañil debería haber comunicado a los organismos correspondientes los aberrantes sucesos mucho tiempo antes” y que “lamentablemente, el tiempo transcurrido opera en detrimento de la búsqueda de la verdad”. El finado magistrado dejó esta opinión como legado en la causa Lopez. Un legado de impunidad donde se invierten los valores y las responsabilidades, donde el Estado siempre cuestiona y siempre sale indemne, y donde son las víctimas las que cargan con el peso de reconstruir el horror para obtener Justicia.
En este año, la causa Lopez se vió nuevamente envuelta en una interna policial: En noviembre del año pasado declaró ante el fiscal Rodolfo Molina, un policía federal retirado del área de Investigaciones, Claudio Correa, quien dijo tener información sobre el destino de Lopez y actuar supuestamente empujado por el remordimiento. Este fabulador dijo tener detalles del secuestro de Lopez, de su asesinato por agentes de la Bonaerense y del ocultamiento de su cuerpo en un camping de Mar De Cobo , partido de Mar Chiquita. En su inconsistente denuncia, fue parte de un operativo mediático del canal C5N, que difundió una entrevista exclusiva al supuesto testigo. Meses más tarde, la denuncia fue desechada por el fiscal Molina, al igual que otras 34 pistas de la causa, y el policía Correa apareció involucrado en las protestas por más seguridad en Mar Chiquita, en el medio del levantamiento policial del verano pasado.
Por decisión de la Cámara Federal, el nuevo juez provisorio en la causa Lopez, y subrogante en 1 de los tribunales federales que instruyen las causas contra los genocidas en La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, es un conspicuo apologista de la última Dictadura Militar, profesor de Derecho de la Universidad Católica y ex tesorero del OPUS DEI en La Plata. Este personaje fue escalando en la Justicia bonaerense por mediación de Aníbal Fernández, y está denunciado en varias causas en el Consejo de la Magistratura y en el propio Tribunal UNO que ahora él mismo subroga. Como juez federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo, Ziulu prohibió en 2004 los piquetes en la autopista La Plata-Buenos Aires a pedido de la empresa Coviares Y en 2008 autorizó la instalación de una subestación de transformación eléctrica de la empresa EDESUR en la fábrica Rigolleau de Berazategui, pese a que los vecinos denunciaron que generaría un impacto letal en la salud de la población por efecto del electro-magnetismo.
Este personaje es el que va a tener por un tiempo en sus manos el destino de la causa Lopez.
Esta sería una oportunidad para que renovar al poder judicial en La Plata, ya que el Consejo de la Magistratura debe cubrir los cargos vacantes en los Tribunales Federales de competencia criminal y correccional, pero hasta ahora la Justicia sigue favoreciendo la impunidad sostenida de los crímenes del Estado.
Ante la inacción de la Justicia, y el silencio del poder político en el caso, los últimos años nos vimos obligados a ser las organizaciones querellantes las que aportamos novedades a la causa.
El año pasado hicimos la campaña de presentación masiva de Habeas Corpus por Lopez. Todos fueron rechazados con argumentos del tipo “no corresponde”, “resulta inadecuado” y “todas las medidas ya han sido evacuadas”.
Este año llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pidiendo que la Comisión o la Corte se pronuncien sobre el tema, se anoticien respecto de los 8 años de encubrimiento, que se investiguen las responsabilidades de esta situación de impunidad y que se llame la atención al Estado para que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro.
Recordemos que el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana en al menos DOS oportunidades, por las DOS figuras básicas en la actuación de sus fuerzas de seguridad: la detención irregular y torturas en el caso de Walter Bulacio (sentencia 2003) y la desaparición forzada en el caso de Iván Torres (sentencia de 2011).
En ambos casos, el Estado siguió desconociendo el accionar de sus fuerzas represivas, y aunque incorporó la figura de desaparición forzada a su ordenamiento legal, los casos se siguen produciendo.
Como lo presenciamos en el Juicio por La Cacha, los represores siguen amenazado a los testigos con total desparpajo.
REPUDIAMOS las gravísimas amenazas a una querellante, integrante del colectivo Justicia Ya! La Plata, por parte de uno de los imputados en el juicio, el represor Héctor Acuña, conocido como “el Oso”, en la audiencia de inicio de los Alegatos en este juicio.
Y EXIGIMOS a los Integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata las máximas sanciones para el represor, teniendo en cuenta que no es ésta la primera vez que este asesino se manifiesta agrediendo, amenazando y provocando al público integrado por sobrevivientes, familiares, militantes de organismos de DDHH, periodistas y ciudadanos. Lo hizo al comienzo del juicio y cada vez que pudo, insultando hasta a los jueces. Sostenemos que esta impunidad de acción de los genocidas es inadmisible en el ámbito de un Juicio, con los antecedentes que tiene esta ciudad, donde hace 8 años venimos denunciando la impunidad por la desaparición forzada de un testigo y ex detenido.
A 8 AÑOS SEGUIMOS DICIENDO:
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LOPEZ.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SEGUNDA DESAPARICIÓN.
BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD.
CONDENA AL ESTADO ARGENTINO POR SER RESPONSABLE DE ESTOS 8 AÑOS DE IMPUNIDAD.
JUICIOS
Ya llevamos 11 años de anuladas las leyes de impunidad gracias a la lucha de todo el pueblo. Son a la vez 11 años de gobiernos kirchneristas que no han resuelto las cuestiones de fondo referidas a la impunidad de ayer y de hoy en los crímenes de Estado.
A 38 años del golpe genocida sólo se ha condenado a 480 represores y cómplices de la dictadura en todo el país, por sólo 2.860 víctimas. Esa cifra, 480 represores condenados, sigue representando menos de 1 represor condenado por cada CCD y marca claramente que la pretendida “política de Estado” de investigar y condenar los crímenes del pasado en verdad sigue reproduciendo la impunidad.
Por ejemplo, los crímenes de todas las grandes zonas represivas del país en dictadura siguen impunes: 92 condenas en Capital Federal, 64 en las provincias del sur, 54 en Tucumán, 41 en Córdoba, 40 en la zona del conurbano oeste, 36 en Mar del Plata, 28 en Rosario. ¿Vamos a creer que esa fue la cifra real de ejecutores del genocidio en cada zona?
En nuestra ciudad, donde deberían investigarse los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más la actuación del Ejército y la Armada, se condenó hasta ahora a sólo 46 represores en 10 juicios parciales y fragmentados.
Desde el año pasado, se está juzgando a 17 represores por su responsabilidad específica en el CCD La Cacha, que funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos.
Este juicio representaba la oportunidad histórica de investigar en conjunto la coordinación represiva del Ejército, la Marina, el Servicio Penitenciario y de Inteligencia, además de lo que fue una de las maternidades clandestinas de la zona.
La Justicia tiene desde hace 31 años en su poder los relatos de los sobrevivientes sobre La Cacha, su funcionamiento y apodos de los represores. Pero el juez Manuel Humberto Blanco, que tuvo en sus manos durante 10 años la instrucción de la causa, la fragmentó y dejó afuera los casos de decenas de compañeros. Además, en más de 20 casos, la Justicia contempló sólo los secuestros y tormentos pero no los homicidios, pese a estar identificados hace años los restos de muchos compañeros asesinados y enterrados clandestinamente.
Este juicio era también la oportunidad de comenzar a juzgar los delitos sexuales cometidos en los CCD, pero juzgarlos en conjunto al resto de los demás delitos del plan genocida. Así lo entendemos, y así lo pidió la querella del espacio Justicia Ya La Plata en el juicio. Pero la Justicia sigue sin hacerse cargo de estos planteos porque es una justicia de clase y machista, y no tiene voluntad real de condenar todos los delitos que fueron parte del plan genocida.
En el futuro en nuestra ciudad, irán a juicio oral las causas por el Pozo de Banfield y por los crímenes de la Armada, pero esas causas también fueron fragmentadas y lejos están de representar la actuación real de los grupos de tareas en la dictadura.
Para completar este panorama, los juicios que vendrán en La Plata no superarán en conjunto los 150 represores procesados en unas 20 causas en instrucción.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS DE LA ÚLTIMA DICTADURA, A SUS CÓMPLICES CIVILES-JUDICIALES-RELIGIOSOS, Y A TODOS LOS QUE COLABORARON CON EL GENOCIDIO.
QUEREMOS JUICIOS COMPLETOS POR CADA CCD, QUE INCLUYAN A TODOS LOS COMPAÑEROS QUE PASARON POR ESOS CAMPOS, Y TODOS LOS DELITOS QUE ALLÍ SE COMETIERON.
BANCO DE DATOS GENÉTICOS
En estos años el recorrido de la política de Restitución de la identidad de los hijos de desaparecidos apropiados por los genocidas no presentó grandes avances: si bien hubo 115 restituciones de identidad desde 1983, sólo 43 fueron realizadas en los últimos 11 años, y resta resolver más del 75% de los 500 casos denunciados hace décadas.
Todo lo que el Estado hace para devolver su identidad a los jóvenes apropiados es delegar su responsabilidad en los organismos de DD.HH, e impulsar campañas para que quien dude de su identidad se haga un ADN. Como en los últimos DOS casos resueltos, que los jóvenes se encuentren a sí mismos, es el fracaso de las políticas de Estado en este sentido.
Además, aunque hubo 76 militares, policías, médicos y civiles condenados específicamente por el delito de supresión de identidad, retención y ocultamiento de los menores, queda pendiente dilucidar la participación histórica y la responsabilidad penal de los jueces y médicos en la entrega de los niños, así como de los integrantes de la Iglesia Católica, verdaderos agentes de inteligencia de la represión, como Emilio Graselli, Mario Piki, y hasta el propio Jorge Bergoglio, que como tantos otros colaboraron con el plan criminal aportando información a los genocidas y ocultándola a los familiares de desaparecidos.
Además, está amenazado uno de los órganos clave para la restitución de los jóvenes apropiados: el kirchnerismo está empecinado en trasladar sin fundamentos el Banco Nacional de Datos Genéticos desde Hospital Durand a una nueva sede en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La jugada intenta convertir al Banco en la plataforma de un “Instituto de Genómica Humana” en sociedad con laboratorios y capitales privados del área de la salud.
Desde hace un año, organismos de DDH y organizaciones políticas y sociales venimos defendiendo la continuidad de la actual sede del Banco, en el Hospital Durand, y manifestándonos contra el desguace y vaciamiento. Además presentamos una medida cautelar en la justicia contencioso administrativa contra el traslado y planteamos la inconstitucionalidad de los artículos de la nueva ley del Banco que restringen su competencia a los casos de lesa humanidad del ’76 al ’83, porque atenta contra el derecho a la Identidad:
- excluye las causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas ocurridas bajo gobiernos constitucionales,
- y obliga a todo aquel que necesite un análisis de ADN por un conflicto de filiación a pagar en laboratorios privados, cuando debería ser un servicio gratuito garantizado por el Estado.
La mejor muestra de que el Banco funciona perfectamente, y no es necesario su traslado, es que en los DOS últimos casos resueltos, Guido Montoya y Ana Libertad Baratti De La Cuadra, fueron comprobados científica E INCONTESTABLEMENTE por el actual Banco.
RESTITUCIÓN DE TODOS LOS JÓVENES APROPIADOS EN LA DICTADURA.
NO AL TRASLADO DEL BNDG.
POR LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS ENTREGADORES DE NIÑOS, APROPIADORES Y CÓMPLICES.
HIJOS La Plata
Septiembre 2014
