SALIO "LA JUSTICIA A CUENTAGOTAS". Conseguilo en: "Dardo Rocha" (6 e/48y49) * "Ulpiano" (48 e/12y13) * "Espacio Jurídico" (Talcahuano nº487 BsAs).

lunes, 30 de marzo de 2015

Más impunidad biológica.

MURIÓ EL REPRESOR TOMÁS MÉNDEZ

El 17 de marzo pasado el TOF 1 de La Plata informó la muerte impune de Tomás Méndez, oficial de prefectura que gozaba de prisión preventiva domiciliaria, y uno de los 10 represores que iría a juicio este año por los crímenes de la Armada en nuestra zona. 
Con ello, quedan 9 marineros del terror por juzgar, la mayoría gozan del beneficio de la detención domiciliaria y sólo 2 se encuentran cumpliendo prisión efectiva, pero en el régimen abierto de la Unidad 31 de Ezeiza, destinado originalmente a mujeres presas con sus hijos. 
Esto es sólo una muestra del carácter impune con que la mitad de los represores imputados en todo el país afrontan los procesos en su contra, por lo demás plagados de beneficios y sortilegios judiciales que les garantizan un tranquilo pasar por los servicios prestados. 

El finado 
El oficial de Prefectura Naval Argentina, Tomás Osvaldo Méndez, había nacido en diciembre de 1933 en Corrientes. Estaba casado y vivía un apacible retiro de la fuerza en su casa de calle 26 este N°4926 de Berisso. En 2012 se dispuso su prisión preventiva por considerarlo “prima facie” partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas, de las que fueron víctimas Jorge Arri, Carmello Cipollone, Julio Alberto Machado y Juan Pombo.

En el procesamiento de 2012 el juez Blanco afirmaba que “la responsabilidad que le cabe surge en virtud de que se ha acreditado que tuvo intervención directa en acciones que formaban parte del plan criminal”. De hecho, en su declaración ante la CONADEP, Cipollone, una de las víctimas que fue trasladada a la sede de Prefectura después de que lo secuestraron, manifestó que pudo reconocer a Méndez como al oficial de Prefectura que lo fotografió después de que interrogaron mediando golpes y amenazas, y que lo identificó porque le levantaron la capucha para fotografiarlo, y que lo conocía porque lo había fotografiado unos años atrás, cuando había ido sacar la licencia para conducir embarcaciones deportivas.
Del lega personal de Méndez surge una foja de calificación suscripta por el Prefecto Principal de Prefectura La Plata, Luis Rocca, referente al lapso comprendido entre el 1 de agosto de 1975 y el 31 de julio de 1976, y allí se expresa que “...integra en forma voluntaria un grupo de choque armado, donde emplea toda su capacidad”. A su vez, el por entonces Jefe de Prefectura lo califica por el período comprendido entre el 1° de agosto de 1976 y el 31 de enero de 1977, donde se indica que “…integra en forma voluntaria un grupo la fuerza de choque con eficiente actuación en la F.T.5”.
La impunidad biológica por tardanza del Estado le impedirá responder por esos crímenes.
Que en Paz No Descanse.

Vacaciones perpetuas 
Pero además de Méndez, el resto de sus camaradas de arma también gozan los beneficios de la justicia de clase y a cuentagotas. El comandante de Operaciones Navales y jefe de la Fuerza de Tareas 5 (FT5), Antonio Vañek, fue condenado en septiembre de 2012 a 40 años de prisión (leyes Blumberg mediante) como parte del proceso que juzgó el denominado “Plan Sistemático” de apropiación de hijos de detenidos-desaparecidos. Sin embargo, y aunque encabeza la lista de procesados en la causa FT5 acusado por 1 solo caso, goza de la prisión domiciliaria en el 4to piso de su depto de Belgrano.
El director del Liceo Naval, Jorge Alberto Errecaborde (82 años), imputado por el secuestro y torturas de 9 compañeros (2 de ellos asesinados), disfruta de la vista del Campo de Polo desde el piso 7mo de su depto de Palermo. Procesado en noviembre de 2011, le fue otorgada la domiciliaria por el Juzgado N°3 de La Plata en virtud del Artículo 32 de la ley 24.660. Apelada por el Fiscal, la medida fue revocada por la Cámara en mayo de 2012 por no presentar el reo ninguna enfermedad terminal en curso. Pero recurrida por la defensa del genocida, la medida fue confirmada por la misma Cámara en diciembre de 2013.
El único marino condenado en La Plata en 12 años de juicios, y uno de los Comandantes del BIM3, Juan Carlos Herzberg, fue sentenciado en diciembre de 2010 a 10 años de prisión (eso sí, con modalidad domiciliaria) por la apropiación de Natalia Suarez Nelson Corbalán, por haber sacado a la niña del CCD “La Cacha” y entregarla al apropiador Omar Alonso. A fines de 2014 se lo condenó a 12 años por participar del secuestro de los militantes montoneros María Elvira Luis, José Luis Cavalieri y Carlos Estaban Alaye en Ensenada, quienes luego pasaron por el CCD La Cacha. Aún con esas condenas a cuestas, y acusado por 1 caso en la causa FT5, cuando no está en audiencias de juicio al marino le permiten observar la realidad desde el piso 7 de su depto frente al hipódromo de Palermo.
José Casimiro Fernández Carró, segundo comandante de Operaciones Navales y jefe a cargo del armamento del BIM3, está acusado por los secuestros y torturas de 7 compañeros que pasaron por ese CCD. En octubre de 2012 consiguió la falta de mérito en algunos de esos casos y goza de la domiciliaria en el 6to piso de su depto de Belgrano R.
Los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, imputados por 15 casos de secuestros y desapariciones a manos de la FT5, disfrutan desde un cómodo 10mo piso, el primero en Barrancas de Belgrano y el segundo por la estación de Caballito.
El oficial de la Prefectura Eduardo Antonio Meza, imputado por 10 casos de secuestros y desapariciones en su colaboración con la FT5, viven un apacible retiro en su casa de Berisso, zona donde actuaba en noche y niebla hace 39 años atrás.
Como anticipábamos más arriba sólo 2 represores, detenidos en 2012, cumplen prisión efectiva.
Ángel Antonio Mocellini, comandante del grupo de tareas de la FT5, fue citado a indagatoria en agosto de 2012. Una vez detenido el juez Manuel Blanco le dio domiciliaria en diciembre de ese año. Pero el TOF 1 lo mandó a cumplir prisión efectiva en Marcos Paz. Allí se encontraba junto a Roberto Eduardo Fernando Guitián, ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3, hasta que en mayo pasado el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco, sumó un nuevo privilegio a los peores asesinos de nuestra historia. Bajo el argumento de que el incremento de la tasa de encarcelamiento ha generado una grave problemática con la insuficiencia de plazas para el alojamiento de detenidos varones adultos en los establecimientos penitenciarios federales de la región metropolitana, decidió trasladar a los 407 internos (entre condenados y procesados) de causas por delitos de lesa humanidad de la Unidad 2 de Marcos Paz el sector A del Centro Federal de Detención de Mujeres de la Unidad 31 de Ezeiza. Según Blanco esto “posibilitaría que los internos por delitos de lesa humanidad, dado su bajo nivel de conflictividad, utilicen el contexto institucional proporcionado por el Hospital Penitenciario Central 1 de Ezeiza, para recibir diariamente aquellas especialidades médicas que allí se brindan, evitando traslados infructuosos”.
Según informó el SPF, el traslado sería transitorio y conformaría el “Anexo Residencial para Adultos Mayores” hasta que se construya en Ezeiza un nuevo pabellón de lesa humanidad. La medida también estipulaba la reubicación de las internas madres del sector A a “otros establecimientos penitenciarios que se ajusten a su condición de género”, o al sector B de Ezeiza en el caso de quienes tengan un “perfil de baja potencialidad conflictiva”. Lo que en realidad terminó ocurriendo, y fue denunciado por organizaciones sociales que trabajan la temática anticarcelaria, fue el traslado forzoso de varias internas del sector A, muchas de ellas madres, embarazadas o con enfermedades, a otros penales federales en Buenos Aires o La Pampa, para complicar las visitas de sus familias y amigos y endurecer sus condiciones de detención. Es dable recordar que la Unidad 31 de Ezeiza, una de las cárceles más nuevas del SPF, fue construida especialmente como un régimen abierto que adecúe al máximo la dignidad en la detención de mujeres madres, ahora perjudicadas porque el Estado entiende que sus derechos valen menos que los de un grupo de represores de la dictadura condenados o procesados con preventiva.

 

La Causa “Armada” 
A comienzos de marzo de 2014 el juez Manuel Humberto Blanco, elevó a juicio la causa N°35, por los crímenes de la Armada Argentina en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Con una investigación fragmentada de cuatro años iniciada por Corazza, Blanco no hizo más que dar lugar al paupérrimo requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas para una zona que, junto con Capital Federal, Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.
Fruto de la denodada tarea de la justicia, sólo un pequeño grupo de hombres de mar serán llevados a juicio como únicos responsables de las patotas de Massera en la zona, y además por una cantidad ínfima de los compañeros que pasaron por sus manos. Hasta la muerte impune de Mendez por tardanza de la justicia, eran 10 represores por 40 compañeros. Eso es lo que, a casi 4 décadas de los hechos, el Estado está dispuesto a reconocer como el total accionar del denominado “Plan de Capacidades de la Armada Argentina” o “Placintara”, que desde noviembre del '75 determinó tareas a la Marina con vistas a lo que luego de marzo del '76 se desató abiertamente como el exterminio de toda resistencia organizada a la dictadura.
La existencia del Plan fue confirmada en 2007 por un pesado de la Armada, el contra-almirante Luis Mendía, en indagatoria ante el juez Torres que instruye en franca tupac-amarización la causa ESMA. El Comandante de Operaciones Mendía, también muerto impune por la tardanza de Torres en llegar a juicio, lo definió como un manual instructivo sobre cómo operaría la Armada en la represión desde noviembre del '75. Lo hizo repitiendo el conocido sambenito de que actuaron basados “en el estricto y fiel cumplimiento y observancia de los reglamentos militares vigentes y de las disposiciones legales dictadas por el gobierno constitucional de la señora María Estela Martínez de Perón y del doctor Italo Argentino Luder", que por cierto nunca fueron citados a explicar ninguno de estos y otros tópicos.
En un intento por demostrar la generación espontánea en su tropa del secuestro de hijos de detenidos-desaparecidos, no ya por su propio mando, el carnicero mayor de la Armada Emilio Eduardo Massera, ciertamente “educado” en la Escuela Naval de la Isla Río Santiago en Ensenada, aportó a la justicia en el '78 una copia del "Placintara 75". Según declaró Massera en la causa 13, "allí se determina cuál debía ser el trato y atención con respecto a los detenidos, especificándose claramente que tanto los detenidos en condiciones físicas irregulares como las mujeres y menores debían tener un trato específico y diferencial". Como era de esperar, no definió nunca el alcance real de los caracteres “específico y preferencial”.
Así de claro el origen del accionar represivo de esta fuerza en particular, hay un problema: el “Placintara” que fiscales y jueces investigan en nuestra zona sólo incluye los casos de unas 40 víctimas, es decir por 3 desaparecidos, otros 35 sobrevivientes y 2 homicidios.
El accionar represivo de la Armada en nuestra zona operaba a través de la denominada “Fuerza de Tareas Nº 5”, desde el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), en el Batallón de Infantería de Marina N°3, el Hospital Naval, el Liceo Naval, más el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, los CCD “La Cacha” e Infantería de 1 y 60. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el frigorífico Swift, el Astilleros Río Santiago y la destilería de YPF.
Varios militantes de aquella época recuerdan que la misma madrugada del 24 de marzo del '76 los marinos y prefectos recorrieron las ciudades ribereñas y las fábricas en micros de línea con los que detenían a los trabajadores, que primero fueron llevados a centros de detención propios y, en algunos casos, luego derivados a otros de otras fuerzas.
El BIM 3, ubicado en 122 y 51, funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de infantería de Marina Eduardo René Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata. Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.
Pese a ello, y a que en 2001 presentamos junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos un amparo para preservar el predio como prueba judicial, el Estado nunca protegió el lugar, amagó con venderlo a privados para hacer un hipermercado, lo utilizó como helipuerto y finalmente construyó las facultades de Humanidades y Psicología sobre la Memoria de los compañeros que pasaron por allí.
Uno de los comandantes del BIM 3, Fracassi, está ausente en la causa de La Plata. Está siendo juzgado en Bahía Blanca por los casos de 66 personas, 13 de ellas desaparecidas, secuestradas por las patotas de la Marina en combinación con los grupos de Tareas del Comando del Quinto Cuerpo del Ejército. Pero para no ser menos que sus camaradas en La Plata, el comandante Fracassi goza del beneficio de la domiciliaria, al igual que 17 de los 26 represores que lo acompañan en el juicio bahiense.

Cuestión de “criterios” 
La problemática no se reduce a que el mismo Estado, cuyos agentes utilizaron su aparato de Terror para secuestrar, torturar, desparecer y apropiar, utilice como excusa su déficit estructural en políticas penitenciarias para beneficiarlos cuatro décadas después. Sino que se amplía al criterio general con que ese Estado instruye, juzga y ejecuta las penas en los delitos más graves cometidos en nuestra historia como país.
El artículo 32 de la lay 24.660 (y su modificatoria N°26.472 de 2009) dispone que pueden recibir domiciliaria los enfermos que no pueden tratar su dolencia en prisión, los enfermos terminales, los discapacitados cuyo encierro implique un trato indigno, las mujeres embarazadas, las madres de menores de 5 años y, claro está, los mayores de 70 años. Pese a varios proyectos para eliminar expresamente del beneficio a los procesados por delitos de lesa humanidad, la ley no distingue la gravedad específica de los delitos juzgados. Y en una aplicación selectiva y de clase, se escatima el beneficio a la mayoría de los internos de los Servicios Penitenciarios bonaerense y federal, que en un promedio del 70%, pasan más de 5 años haciendo “rancho” para sobrevivir en cárceles de mala muerte sin acusación ni condena firme.
La discusión legal que se plantea, incluso a la interna de los jueces de la Cámara Federal platense (Nogueira, Pacilio, Vallefín y otros) y del Tribunal que juzga a los represores en La Plata (Rozansky, Jantus y Vega) es si el hecho de ser mayor de 70 años es requisito temporal suficiente para aplicar automáticamente el beneficio. Y si la gravedad de los delitos enrostrados no significa nada en este tema. Repasando la situación de los marinos imputados en la causa FT5, cuyas edades oscilan entre los 73 y los 89 años, queda claro qué criterio se viene imponiendo.

HIJOS La Plata
Marzo de 2015

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jueves, 26 de marzo de 2015

HIJOS LA PLATA SIEMPRE EN UN MISMO CAMINO

Desde la Agrupación HIJOS La Plata queremos exponer nuestra posición sobre lo ocurrido en la movilización y acto de los 39 años del Golpe Genocida en la ciudad de La Plata.
En primer término aclaramos que la realización, montaje y quema de los DOS muñecos incinerados en la plaza, Milani abrazado a Hebe, es nuestra exclusiva acción y responsabilidad.
Por ello, deslindamos las responsabilidades de TODAS las agrupaciones y personas que fueron parte de la organización de la marcha y el acto del pasado 23 de marzo. Con ello incluimos a María Laura Bretal, Susana Grau, al PTS, al Partido Obrero, Correpi, la Federación Universitaria de la Plata, Patria Grande y los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y estudiantiles nucleados en la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada.
A su vez, como hace años venimos expresando, creemos que el movimiento de Derechos Humanos en Argentina está atravesando una de sus peores crisis históricas, que si bien no es la única, esta vez muestra una profundidad política inusitada.
Durante los peores años de la dictadura y desde la recuperación de la institucionalidad democrática, los organismos más antiguos tuvieron sendos acuerdos sobre cómo luchar por la aparición con vida de los compañeros, sobre la gran respuesta que la sociedad organizada debía dar a los intentos de eternizar el olvido y la impunidad. Pero también hubo grandes divergencias sobre cómo calificar al plan genocida, sobre la utilidad de participar de procesos judiciales fragmentados, parciales y perezosos, y sobre si reivindicar a los desaparecidos como simples víctimas o como luchadores revolucionarios.

En los ’90, el surgimiento de nuevas organizaciones, entre ellas HIJOS, aportó aires generacionales renovadores en los modos de expresar la resistencia y de reconstruir las herramientas de la lucha por Justicia. En esos momentos, en la ciudad de La Plata, la figura de Hebe de Bonafini era un ejemplo ético, una enseñanza permanente en la práctica de lucha y un norte coherente en las posiciones de independencia e intransigencia respecto del Estado y los gobiernos. Con ella hemos compartido la calle en la batalla contra la represión a los estudiantes,  contra los intentos de legislar la impunidad, denunciando en sus guaridas a los genocidas impunes, y hasta presenciando cómo Hebe le arrancaba de las garras policiales a jóvenes detenidos por luchar. Cabe preguntarse qué cosas sucedieron entre la justeza de aquellas posturas y los negociados que hoy denunciamos sobre los organismos cooptados.  Sobre esto somos claros: nada de nuestra historia nos exime de la responsabilidad sobre los hechos que producimos, y desde el “caso Meldorek-Schoklender”, nos permitimos visualizar la esencia de la respuesta a aquella pregunta. Gobiernos como el de los Kirchner generan, no sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de doble discurso en materia de Derechos Humanos y la cooptación política para repartir prebendas. Algunos de los que hace unos años estaban juntos en la calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas y no por juicios recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre, se ven hoy como si estuvieran a años luz de la lucha.

Estamos convencidos de que es imposible que esta administración K, con su política meramente testimonial, haga florecer en la realidad el país con el que soñamos, con el que soñaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los caídos en la lucha. Principalmente porque no creemos que el proyecto K sea la construcción que torcerá los destinos de la historia, ya que hoy mismo continúa vigente en ella la lógica de responder con todo el “peso de la legalidad” a la legitimidad incontestable de los reclamos populares, porque la pugna distributiva continúa inclinando el contrapeso de la balanza hacia los que más tienen, y porque las mayorías estaremos de una u otra manera allí cuando el paso transformador se construya genuinamente en serio.
Este año HIJOS cumple 20 años como organización independiente del Estado y los gobiernos. Estos años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en la contienda social. Y como el único que puede violar los Derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia  para poder seguir denunciando la impunidad de la represión estatal es una premisa básica de la sociedad dividida en clases que no todos parecen aceptar.

Mucho más cuando de lo que estamos hablando, y lo que quisimos representar en la plaza San Martín de La Plata, es la afronta a la lucha de todos estos años que significa haber visto a Hebe Pastor de Bonafini abrazada, reporteando, sosteniendo y justificando al genocida César Milani, partícipe del Genocidio en el caso del colimba Alberto Ledo, en el Operativo Independencia, en el caso de los Olivera (padre e hijo) y en tantos otros casos que están surgiendo y que lo muestran como activo partícipe del plan genocida.
El sostenimiento del represor Milani al frente del Ejército no hubiera sido posible sin esta operación política de reconciliación con las Fuerzas Armadas.
Que Hebe Pastor de Bonafini y su Asociación, quienes nos decían hace años que “quien cobra la indemnización del Estado se prostituye”, quienes vaciaron su “Universidad Popular” de los mejores intelectuales de izquierda cuando viraron a la derecha, y quienes entraron a la Plaza este 24 en un colectivo estrechados en un hipócrita abrazo con Aníbal Fernández y Carlos Tomada, sean los que hoy se sientan horrorizados porque mostramos en un acto simbólico lo que TODA la sociedad sabe, nos mueve a proponer un debate que, lamentamos, deba darse sólo por la quema de un muñeco. A los cuatro vientos, y de derecha a izquierda, hace años venimos denunciando la cooptación, así como hoy denunciamos el intento de reconciliación. Así que no aceptamos que nos demonizen, de izquierda a derecha, cuando lo que estamos queriendo hacer es promover el debate.

¿El pañuelo blanco, por más símbolo de lucha que efectivamente sea, otorga inmunidad para abrazarse con los verdugos de nuestro pueblo?
No creemos en la sacralidad abstracta del pañuelo blanco, mucho menos cuando lo vemos al lado del verde oliva del Ejército genocida de ayer y de hoy. Sí respetamos la lucha de las Madres y las Abuelas, pero de aquellas que no han transado a sus principios fundantes, como Chicha Mariani, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, Rosaria Isabella Valenzi, María Esther Tello y tantas otras compañeras de lucha a las que hoy seguimos reivindicando por su coherencia a través de los años.
Y si la sociedad no está dispuesta a reconocer esta posición, invitamos a debatirla.
El discurso de los DD.HH., que ha calado profundo en la población, ha sido muy útil para lograr esa conciliación de la sociedad con el Estado, produciendo un relato en el que no se cuestionan las instituciones sino algunos de sus miembros. Esta manera de pensar torna caótica e ininteligible la razón de ser de la inédita violencia desatada antes, durante y después de la última dictadura militar. Violencia organizada desde el Estado que tiene un solo nombre: Represión. Y que está indisolublemente ligada a una necesidad del capital: disciplinar a quienes trabajan.

El discurso oficial de los Derechos Humanos esconde la extensión y la profundidad de los fines que busca concretar la violencia desatada como medio. Los centros clandestinos de detención, la desaparición de personas, las torturas de todo tipo, parecen permanecer (hasta con la quema de un miserable muñeco de papel) en el plano de lo moral individual, evadiendo y ocultando la dimensión social y política de la cuestión: el sometimiento de la producción social a la explotación capitalista, la acumulación incesante del capital a expensas del trabajo, el genocidio de nuestros jóvenes a quienes solo se les ofrece estar delante o detrás de una bala policial, como víctima o victimario. Queda en evidencia con esto la profunda maleabilidad de la Memoria. Parece que un muñeco de papel ardiendo es más grave, de derecha a izquierda, que abrazarse con los asesinos de nuestro pueblo. Por debajo de esta polémica de baja estofa, queda oculta la  dimensión fundamental de los DD.HH. oficialistas: la operación de abstracción que encubre bajo el velo liberal la explotación capitalista. Por eso puede entenderse por qué  asistimos simultáneamente a la reactivación de los procesos judiciales contra los genocidas mientras se promueven políticas de impunidad, la desaparición de Julio Lopez, el asesinato Silvia Suppo, los más de 4300 asesinados a manos del aparato represivo del Estado desde 1983, la naturalización de las más de 200 desapariciones forzadas en “democracia”, el espionaje a los que luchan,  la criminalización de la pobreza y la eliminación de todo aquel que no entra en los estrechos cánones del “Proyecto Nacional” de crecimiento con exclusión.

Por todo esto, el debate sobre las tareas del movimiento de DDHH no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se legitima a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica no se hace desde los despachos ministeriales, ni respondiendo con un pequeño comunicado escrito a las apuradas, sino que emerge desde la exploración teórica y práctica de cómo inscribirse en el campo de la liberación humana. Aquella liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsecuencia kirchnerista pretende encerrar a los luchadores sociales.
Aunque arda en la Plaza y en nuestros pechos.

HIJOS La Plata
Marzo de 2015

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jueves, 19 de marzo de 2015

lunes, 16 de marzo de 2015

24 DE MARZO CON IMPUNIDAD Y DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA

Contra la impunidad de las desapariciones forzadas de ayer y de hoy.
NOS SIGUEN PEGANDO ABAJO

En 9 años de juicios a los represores de la última dictadura el Estado ha condenado una cantidad ínfima de represores, continúa estirando y desguazando las causas, a la vez que sostiene los beneficios de domiciliarias y la impunidad sobre la mayoría de las apropiaciones de hijos de desaparecidos y sobre los casos de testigos amedrentados.

Además analizamos el gran secreto a voces de las últimas tres décadas de “democracia”: la existencia de más de 200 casos de desaparición forzada de persona en el país de los 30 mil desaparecidos. (El detalle caso por caso también puede verse en nuestro blog).

I. LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS

Un año de plancha
Las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar. Si 2013 significó 2 juicios menos que 2012, y consolidó el estancamiento del proceso de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año, 2014 fue incluso menos productivo que los últimos dos años: hubo 23 juicios parciales concluidos y 104 condenas.
Desde la caída de las leyes de impunidad (agosto de 2003) al 31 de diciembre de 2014 el Estado argentino sólo efectivizó 131 juicios orales recortados con sentencia en todo el país. En esos 131 juicios hubo 749 procesamientos, y como resultado 663 condenas sobre 538 represores, 70 absueltos y 6 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 3.383 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 37% del total de los 2.000 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 27% de ese número de procesados fue condenado.
Si tomamos como dato los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 538 condenados siguen representando, a casi de 12 años de anuladas las leyes de impunidad, menos de 1 represor condenado por cada CCD y por sólo el 10% de las víctimas reales. Para completar el cuadro, hay sólo poco más de 100 represores cuya condena ha sido confirmada por los tribunales superiores del país. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado.
Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 2.000 procesados, ese 27% de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.

Análisis en todo el país
En cuanto a las zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías provinciales se han hecho:
- 39 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo (Bs.As. y La Pampa) con 198 condenas.
- 28 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo (NEA) con 115 condenas.
- 37 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército (NOA) con 214 condenas.
Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento fue de 12 procesos con 50 condenas, la mayoría por hechos del CCD Campo de Mayo.
Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 9 juicios que condenaron a 64 policías y militares: 3 procesos en Neuquén, 3 en Chubut, 2 en Bahía Blanca y 1 en Río Negro.
En cuanto a los crímenes de la Armada, sólo se logró condenar a 37 integrantes de las patotas de esa fuerza, 2 prefectos y 8 civiles cómplices: Ortiz y Pertusio en la primera parte de la causa de Base Naval de Mar del Plata, 10 marinos y 2 prefectos en el segundo tramo de esa causa, 17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA 2, Policarpo Vázquez, su mujer y la partera que los asistió en la apropiación de Evelyn Bauer-Pegoraro, 3 de los 4 represores del arma acusados en causa “Plan Sistemático”, 3 de los 5 marinos imputados por la “Masacre de Trelew”, el médico del hospital Naval Jorge Magnacco en “Plan Sistemático” y en la rémora de la causa Bauer-Pegoraro, el marino entregador (Juan Carlos Herzberg, también condenado en Causa La Cacha de La Plata) y el apropiador civil de Natalia Suarez Nelson-Corvalán, y a 3 de los civiles apropiadores de Federico Cagnola Pereyra desde la Esma. Mientras por el accionar de Prefectura se condenó sólo a Maldonado en el juicio Campo de Mayo 9, y a Schaller y Montagno por hechos ocurridos en Campana.
Además sólo 7 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha (Barda, Comes, Mariani, Molina, Beccaria, Sambuelli y Benitez) en las causas Mansión Seré, Área Mar del Plata, Hospital Posadas, Furío y Base Aérea Reconquista. Y hubo sólo 10 integrantes de Gendarmería condenados, Víctor Rei, en el caso de la apropiación de Alejandro Fontana-Sandoval, los alferez Guillermo Cardozo y Eugenio Pereyra, en causa ABO 1, José San Julián en causa Unidad Penal 1 de Córdoba y 6 de los 7 gendarmes imputados la causa Arsenales-Jefatura de Tucumán.

Qué tipo de juicios tuvimos
Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 131 procesos realizados, casi la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron.
Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 41% de los represores fueron condenados al máximo de la pena (prisión o reclusión perpetua). En efecto, el 11% de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 48% a menos de 25 años. Esto nos hace reflexionar sobre la calidad de la condena con que el Estado valora los crímenes que está juzgando, que son de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, y fueron cometidos en grupos de tarea, utilizando el aparto de Estado y con acumulación de casos; pero que muchas veces son equiparados en sentencia en el monto de las penas a delitos graves y de sangre, pero cometidos por delincuentes comunes.

Además hubo en estos 11 años 70 polémicas absoluciones, de las cuales 15 se produjeron en 2013 y 9 en 2014. Este año 3 prefectos fueron absueltos en el noveno proceso por el CCD Campo de Mayo, donde los doctores Sagretti, Milloc y Barroetaveña del TOF de San Martín anularon sin más sus indagatorias de hace 5 años y los mandaron a casa. Además el agente “S” de inteligencia de la Policía de Rosario, Pedro Travagliante, fue dejado libre de cargos por los jueces Berros, Lopez Arango y Vella. Y el auxiliar de la Sección Interior del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata; Luis Orlando erea, recibió pedido de absolución por los fiscales Schapiro y Fernández en el juicio La Cacha, pese a que figura como “sargento 1° de Infantería” en la nómina de integrantes de esa dependencia en todo el período '76/'83. Con ello los jueces del TOF 1 de La Plata Vega, Jantus y Rozanski (en eterna disidencia) lo absolvieron, además de apartar por “cuestiones de salud” al subdirector de Seguridad de la bonaerense de Camps, Eduardo Gargano, a quien tuvieron a disposición y en perfecto estado durante todo el juicio.

El estancamiento
Si tomamos los últimos 5 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento se va estancando en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas cada año. En 2010 hubo 19 juicios con 114 condenas, mientras en 2011 hubo 21 procesos finalizados con 86 condenas, en 2012 fueron 25 juicios llegados a sentencia con 131 condenas, y en 2013 el proceso se estancó en 23 juicios concluidos con 161 condenas . Este 2014 sumó entonces la magra cifra de 23 juicios concluidos con 104 condenas. Es grave el estancamiento de la tendencia, consolidada este año, si se tiene en cuenta que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios de 2006, los 2 de 2007, los 5 de 2008 y 13 de 2009.
Pero si tomamos el dato de que en este contexto, sólo hay 125 condenas firmes -es decir, sin posibilidad de revisión- en 54 causas, que involucran a 114 personas”. Entonces, las 125 condenas firmes son mucho menos alentadoras que las 635 de primera instancia logradas de 2006 a la fecha. Y mueven a la carcajada si constatamos que buena parte de estas condenas firmes son por juicios llevados a cabo en la década de 1980 y casos de apropiación de menores. Ello da una muestra de la falta de celeridad en el trabajo tanto de la Corte Suprema como de las Salas de la Cámara de Casación, encargadas de revisar (para confirmar o rectificar) los fallos de primera instancia.
Aquí es donde entra a pesar la fragmentación de las causas que llegan a juicio, y por eso sostenemos la necesidad de acumular las causas para juzgar por circuito represivo o por CCD: porque sabemos que incluso más juicios por año no es necesariamente más justicia, y porque sumar juicios en abstracto no es lo mismo que destacar que en 2010, 7 de los 19 juicios fueron a 1 o 2 represores, y que esa cifra aumentó en 2011 a 9 de los 21 procesos, se sostuvo en 2012 en 9 juicios, creció a 11 en 2013 y en este año fueron 10 sobre 23 los procesos que juzgaron a 3 represores o menos.
El kirchnerismo viene pregonando “los megajuicios” desde comienzo de 2013 y destacando el supuesto “salto cualitativo en el juzgamiento”. Y si bien es cierto que las causas “ESMA 3” en la Ciudad de Buenos Aires o “La Perla” en Córdoba llevan más de un año y medio en debate oral, habría que recordar a los obseKuentes que en 2012 sólo 6 de los 25 juicios terminados juzgaron a 10 o más represores, que en 2013 representaron sólo 7 de los 23 procesos concluidos, y que en 2014 sólo los juicios La Cacha (La Plata), Nast (Rosario) y Villa Urquiza (Tucumán) entraron en esa categoría. Es decir que lo que viene habiendo año tras año son largamente más “mini-juicios” que “mega-juicios” terminados.

Apropiaciones 
En cuanto a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos (contemplados en las figuras de supresión de identidad, retención y ocultamiento de un menor, falsificación de documento público y supresión de identidad), el panorama de juzgamiento ha avanzado con las mismas contradicciones que el resto de los procesos. Un total de 19 juicios en 11 años, que incluyeron 64 casos y donde se obtuvieron 78 condenas sobre similar número de represores. En esos 64 casos juzgados, siendo que el total de restituciones es de 115 identidades, y pese a haberse juzgado a algunos de los represores responsables de su apropiación, encontramos que en 14 de estos casos las identidades aún no han sido restituidas.

La Plata sigue impune
Para La Plata el año 2014 sumó 19 condenas en el juicio por La Cacha/Bettini-Bearzi, uno de sus CCD más importantes en cantidad de compañeros que por allí pasaron como en coordinación represiva. Pero el juicio siguió marcando el clásico desgüace de las causas, pues sólo se jugaron hechos del año '77 y quedaron fuera del proceso decenas de compañeros cuyo paso por este campo está denunciado hace décadas, igual que un grupo de penitenciarios que nunca fue procesado.
Antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 de los mayores responsables del campo (el gobernador militar Ibérico Saint Jean y el jefe del Destacamento 101, Alejandro Arias Duval), mientras continúa prófugo en Israel el represor Teodoro Gauto, y fue detenido fuera de término en Panamá Ricardo Von Kyaw.
Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se perdió la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona (no formaron parte de la acusación casos de apropiación), el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva para el exterminio entre los grupos de tareas del Servicio Penitenciario, la Armada y el Ejército (tampoco se contemplaron la mayoría de los homicidios probados).
Con esto suman 61 los genocidas condenados en La Plata en 11 juicios desde la reapertura de las causas, la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para la jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.
Pero además hay en la jurisdicción federal de La Plata unas 25 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluyen nada más que a 90 represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que en suma en La Plata no superaríamos los 150 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone, al menos sobre el circuito represivo de la Policía Bonaerense en dictadura.

En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo. Y eso se logra sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, esfuerzo que el gobierno “de los Derchos Humanos” no está dispuesto a realizar en plena retirada.
Hace poco el presidente del TOF 1 de La Plata, Carlos Rosanzki, enunció el gran secreto a voces de los juicios a los genocidas. En octubre de 2014, y a la pregunta del portal Infojus sobre cuándo se terminará de juzgar estos procesos afirmó: “El final lo va a marcar la naturaleza, y no algún funcionario del Estado. Yo hice una proyección, hace cinco años, que los juicios tardarían 100 años en terminarse”.
Así planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de impunidad porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia que planificaron y ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre. Por ello, la voluntad manifiesta del oficialismo de “clausurar esta etapa histórica” antes de retirarse en 2015 es, además de impracticable, una efectiva clausura, pero que dejará a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo.

II. DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA

Del caso Lopez a todo el país.
A comienzos de marzo de 2015 desde el espacio Justicia Ya La Plata, que integramos como HIJOS,
presentamos un informe del caso Jorge Julio Lopez ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, de visita oficial en nuestro país.
En esta nueva presentación, recordamos al Grupo que el caso Lopez ya había sido presentado a Naciones Unidas en 2006, y a través del Comité para la Defensa de la Salud, la Etica Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH). En aquella oportunidad se recurrió al ámbito internacional a pocos días de sucedida la segunda desaparición del compañero, ya que habíamos intentado agotar todas las herramientas de denuncia a nuestro alcance.
A más de 8 años de impunidad en el caso, volvimos a insistir en nuestra pretensión de que el caso sea tomado en cuenta formalmente como lo que es, un caso de Desaparición Forzada de Persona, ya que el tema ha pasado a ser de interés para toda la sociedad argentina, pero el estado no ha dado una respuesta acorde a la gravedad del hecho. Reafirmamos ante el Grupo nuestra legitimidad de presentarnos como denunciantes, como parte de la lucha por Justicia que venimos sosteniendo, y que el año pasado nos llevó a realizar una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por entender que la parálisis de la causa penal en nuestro país es señal clara del agotamiento de las vías internas de reclamo.También presentamos al Grupo un informe sobre no menos de 8 casos de otros testigos en causas de Lesa Humanidad que han sido amedrentados de diversas maneras, incluyendo el asesinato aún impune de la compañera Silvia Suppo.
Por último, sumamos a la denuncia un anexo detallando los más de 200 casos de desapariciones forzadas ocurridas en nuestro país entre 1984 y 2015 , elaborado en base al “Archivo de Casos” de personas asesinadas por el Aparato Represivo del Estado que confecciona la Correpi, que involucra las responsabilidades políticas de todos los gobiernos nacionales y provinciales durante esa etapa, y que demuestra la continuidad de esta práctica represiva pese a los pretendidos beneficios de tres décadas de democracia.

En su Informe 2014 sobre la situación en Argentina, el Grupo de Trabajo señala en el punto 15 su “satisfacción por el establecimiento del Programa de Verdad y Justicia que mostró claramente el compromiso del Gobierno para hacer frente a las cuestiones de las desapariciones forzadas de forma estratégica. Las acciones definidas en este programa de Gobierno han sido la base a través de las cuales todas las agencias gubernamentales han establecido medidas con el objetivo de, entre otras cosas, trabajar con testigos de casos, hacer seguimiento de los casos bajo investigación, y elaborar un registro con información relacionada con la verdad y la justicia, y colaborar directamente con las autoridades para investigar casos de desaparición forzada”. Y en el mismo sentido, recuerda el Grupo “la importancia de reconocer el papel histórico de las organizaciones de derechos humanos (...) sea necesario incluir la participación de las víctimas y de los activistas”.
Pues bien, puestos a desandar la situación de las denuncias sobre desapariciones forzadas en nuestro país desde el retorno al ejercicio de gobiernos constitucionales el 10 de diciembre de 1983, nos encontramos ante la ausencia total de una sistematización de casos en información del Estado Nacional argentino o de las provincias. Ello pese a la existencia permanente de denuncias de casos a través de las más de tres décadas de supuesta vigencia del Estado de Derecho. Y una vez más, encontramos que sólo el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos independientes y con una mirada crítica del accionar del Estado arroja un poco de luz a la cuestión.
Nos referiremos entonces al llamado “Archivo de Casos” de personas asesinadas por el Aparato Represivo del Estado que realiza la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional de Argentina, CORREPI. Para conocer la actividad de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional se puede visitar http://www.correpi.lahaine.org/

En palabras de esta organización, “la necesidad, en nuestra militancia cotidiana, de mostrar lo invisibilizado y naturalizado de la represión, motivó a CORREPI a intentar, a partir de 1996, la sistematización de los datos disponibles sobre personas asesinadas por el aparato represivo estatal.
Con estos datos, nos proponemos mostrar que el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo, responde a una política de Estado. Un estado dividido en clases, que necesita de la explotación de la amplia mayoría del pueblo por una reducida minoría, y que, para poder garantizarla, inevitablemente hace uso de la violencia y la represión”.

Y aquí hace falta reseñar que la propia característica de los hechos detallados en el “Archivo de Casos”, y su importancia para analizar la situación de la violación a los Derechos Humanos en Argentina, hacen que no sea una tarea fácil. Como lo enuncia CORREPI, “nuestro Archivo no es un pulido y perfecto trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Hay provincias enteras de las que sólo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicación a nuestro alcance. (…) Es imposible calcular la 'cifra negra' del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Sólo podemos afirmar que, permanentemente incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el Estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos”.
Hacemos nuestro el espíritu de la CORREPI al momento de señalar que este “no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que padecemos a diario, pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de la militancia un reflejo aproximado de lo que es el día a día represivo en nuestro país”.

(Para tener detalles del Archivo de Casos de Correpi en su actualización a noviembre de 2013 se puede ver http://correpi.lahaine.org/?p=1247).

Las Desapariciones Forzadas en Democracia, una constante en el país de los 30 mil desaparecidos.
Al no ser una temática en la cual existan cifras oficiales, nos permitimos entonces aportar un análisis de la más detallada información existente al respecto, como es el mencionado “Archivo de Casos” de CORREPI, que en su más reciente actualización registra más de 4.300 personas asesinadas en las distintas prácticas represivas de las fuerzas de seguridad del Estado argentino entre diciembre de 1983 y diciembre de 2014.
Un recorte estadístico de los datos aportados por Correpi, estrictamente en los casos en los que se denuncia la desaparición forzada de persona, nos permite arribar a algunas cifras. Ciñéndonos específicamente a la definición de la desaparición forzada de personas en la Ley 26.679 como la privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad. Recordemos que si bien el Artículo 142 ter del Código Penal, modificado por esa ley, no hace a la definición del delito sólo en los casos con resultado de muerte, entre los agravantes se establece que “la pena será de prisión perpetua si resultare la muerte” de la víctima de desaparición forzada.
Incluimos estos casos a diferencia de los otros más de 4 mil reseñados por CORREPI de asesinatos en los denominados casos de “gatillo fácil”, muertes producto de las torturas en sede policial y penitenciaria (excepto los casos que cumplen el requisito mencionado más arriba); y sin incluir un fenómeno que requiere un tratamiento y contextualización específica, por la característica de los actores que lo cometen, como lo es el delito de la Trata de Personas, especialmente en su modalidad para explotación sexual.


TOTAL DE CASOS DE DESAPARECIDOS 1984- 2015: 206

Desde el caso del joven de 23 años Néstor `Lito` Gutiérrez, ocurrido el 27 de diciembre de 1984 en la provincia de Neuquén, cuando fue detenido por policías provinciales y cuyo cadáver apareció golpeado en las aguas del río Limay; hasta el reciente caso de Ismael Sosa, de 24 años, que fue detenido por la policía en el ingreso a un recital en la ciudad cordobesa de Villa Rumipal y apareció dos semanas después en las aguas del Embalse Río Tercero, podemos afirmar que se han producido en Argentina al menos 206 casos de desaparición forzada de personas entre 1984 y 2015.
La continuidad de la práctica de desaparecer personas tras detenerlas de parte de las fuerzas de seguridad de Argentina se comprueba con el dato de que en 30 de los últimos 32 años de democracia se han producido este tipo de casos, o bien podría decirse que no registramos casos sólo en los años 1985 y 1987.
Los picos represivos en materia de desaparición forzada han sido en los años 1994 (17 casos), 2001 a 2003, 2006 y 2009 (13 casos en cada año) y 1997 (12 casos). Y pese a la continuidad de los gobiernos constitucionales, tantas veces defendida como garantía suficiente del respeto a los derechos humanos básicos, los casos han seguido creciendo hasta llegar a 206.

La descomposición de los casos a través de cada una de las décadas de gobiernos constitucionales, nos permite señalar que durante la década del '80, mientras el país salía de la dictadura, se dio sólo el 7% de los casos, mientras la década del '90, donde Argentina reformó su constitución para otorgar rango constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, registró el 35%. Pero más llamativo es que la mayor cantidad de casos, el 49%, se produjo durante la década del 2000, cuando el país estuvo mayormente dirigido por el denominado “Gobierno de los Derechos Humanos”. Completa el cuadro el período 2010-2015 que, con el 9% de los casos (un total de 19) supera en la mitad de tiempo al total de los producidos en la década del '80.

TOTAL DE CASOS EN LA DÉCADA DEL '80: (14)
TOTAL DE CASOS EN LA DÉCADA DEL '90: (69)
TOTAL DE CASOS EN LA DÉCADA DEL 2000: (100)
TOTAL DE CASOS 2010- 2015: (19)
TOTAL DE CASOS SIN FECHA: (4)

TOTAL GENERAL 206

Ahora, si tenemos en cuenta las gestiones de los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, los casos se desagregan de tal manera que es la gestión de Carlos Menem la que mayor cantidad de casos registra (33%). Ahora, si juntamos las tres últimas gestiones, del martrimonio Kirchner, nuevamente es el autodenominado “Gobierno de los Derechos Humanos” el que se ubica con mayor cantidad de casos (39%).

GOBIERNO RAÚL ALFONSÍN (1983-1989): 14 CASOS
GOBIERNO CARLOS MENEM (1989- 1999): 69 CASOS
GOBIERNO FERNANDO DE LA RÚA (1999-2001): 19 CASOS
GOBIERNO EDUARDO DUHALDE (2002-2003): 19 CASOS
GOBIERNO NESTOR KIRCHNER (2003-2007): 42 CASOS
GOBIERNO CRISTINA FERNÁNDEZ (2008- 2015): 39 CASOS
CASOS SIN FECHA DE DECESO: 4

TOTAL GENERAL 206 CASOS

No deja de alarmar el crecimiento exponencial de la selectividad represiva que presenta esta modalidad, si analizamos las edades de las víctimas registradas. En la mayoría de los casos las víctimas eran jóvenes, pobres y pertenecientes a familias de trabajadores. Tomamos como referencia la edad de 25 años, porque según el propio archivo de CORREPI, la mayor cantidad de personas asesinadas por las diversas modalidades represivas del Estado ocupan la franja etaria de entre 15 y 25 años.
Así, aunque muchos de los casos no existen registros de la edad de la víctima, con los datos existentes podemos afirmar que el 55% de los casos corresponden a personas menores de 25 años.
Pero más sorprendente es analizar que tal porcentaje ha crecido a través de las décadas, ya que si en los '80 el 43% de los casos, en los '90 subió al 56%, se mantuvo en tal cifra en el 2000, pero creció al 68% de los casos del período 2010-2015.

TOTAL 1984-2015 MENORES DE 25 AÑOS: 114 (SOBRE UN TOTAL DE 206) 55%

Década del '80
MENORES DE 25 AÑOS: 6 (sobre 14 casos) 43%
Década del '90
MENORES DE 25 AÑOS: 39 (sobre 69) 56%
Década del 2000
MENORES DE 25 AÑOS: 56 (sobre 100) 56%
Período 2010-2015
MENORES DE 25 AÑOS: 13 (sobre 19) 68%

III. CONCLUSIONES

Finalmente, y a fin de zanjar la discusión que cierto sector político y de la justicia tiene a la hora de tipificar estos delitos como desaparición forzada, y su consecuente investigación son necesarias las siguientes aclaraciones en torno a este delito, y porque entendemos que las víctimas que se mencionan en el informe de Correpi son casos de desaparición forzada. Negamos el homicidio simple y la averiguación de paradero. Nos encontramos con verdaderos hechos de desaparición cometidas por parte de agentes del Estado.

Nos aproxima a la idea que se plantea desde muchos organismos de DDHH que venimos repudiando y denunciando estas prácticas en democracia, lo que menciona el Folleto informativo Nº 6/Rev.3 de Desapariciones forzadas o involuntarias- http://www.ohchr.org: “La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes” (en el caso de nuestro país las víctimas que afectadas son en su mayoría jóvenes pobres, que habitan las villas, las barriadas, sin empleo formal).
En los casos en que el Grupo de Trabajo recibe informes de desapariciones forzadas en que la víctima ya ha aparecido muerta, el Grupo de Trabajo, de acuerdo con sus métodos de trabajo no admitiría el caso para transmitirlo al gobierno respectivo, ya que se trataría de un caso ab initio. Sin embargo, eso no significa que estos casos no respondan a la definición de desaparición forzada que figura en la Declaración, si la privación de libertad tuvo lugar: i) contra la voluntad de la persona interesada; ii) con la participación de agentes del gobierno, al menos indirectamente o con su aquiescencia; y iii) los agentes del gobierno se niegan posteriormente a reconocer el hecho o a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.
Esto significa que, de acuerdo con el mandato del Grupo de Trabajo relativo a la supervisión de la aplicación de la Declaración, esos informes pueden transmitirse al gobierno en cuestión con arreglo al método de "denuncias generales".
En marzo de 2007, durante su 81º período de sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó el Comentario General sobre la definición de desapariciones forzadas. El Grupo de Trabajo toma nota de que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos mencionados, es decir, la Declaración, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas contienen definiciones de desapariciones forzadas que son muy similares.
Entonces quedan pendientes algunas conclusiones políticas. Porque además de que podamos señalar que el contexto en que las familias de las víctimas de desaparición forzada en la actualidad no es el mejor, por las dificultades de los familiares en acceso a la Justicia, ya que por la condición económica no pueden pagar abogado, y los defensores oficiales se abarrotan de investigaciones de todo tipo que hacen imposible una defensa digna y activa; por el déficit de actividad del Poder Judicial y del Ministerio Público, a quienes lleva más de una década cada investigación penal compleja tanto en fuero federal como en provinciales; por la delegación de la investigación en las propias fuerzas de seguridad, que entorpecen y direccionan -como en el caso Lopez- intencionalmente las pesquisas hacia el llano encubrimiento; queremos poner el acento en un trasfondo pocas veces analizado en esta temática.
Lo que señalamos tiene que ver con una simple pregunta: ¿Por qué perseveran las desapariciones forzadas de personas en el Estado de derecho? Y más aún: ¿Cuál es su relación con las modalidades de la represión en democracia?
Pocas respuestas parecen más claras que la esbozada por la abogada y militante de la CORREPI, María del Carmen Verdú, que ha querellado al Estado argentino en la causa por el caso Walter Bulacio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde su experiencia, Verdú señala que la respuesta está en la persistencia del sistema de detenciones arbitrarias en su conjunto, y sus componentes normados, la contravenciones y la Doble A (averiguación de Antecedentes) que “no pueden justificarse satisfactoriamente aplicando los principios del derecho liberal burgués. No se puede explicar, desde la llamada lógica jurídica, que una norma permita arrestos preventivos y castigue con penas privativas de la libertad conductas que no son delito. Los defensores del sistema no pueden dar razones de por qué se violentan principios liminares del derecho penal, como que no hay pena sin delito, o que no hay delito si una conducta no está previamente definida como tal. Tampoco pueden explicar cómo es que la facultad para detener personas en averiguación de antecedentes contradice la presunción de inocencia, habilitando la detención por la 'sospecha', que, por más adjetivos que se agreguen (vehemente, fundada, razonada, grave, etc), sigue siendo 'criterio del preventor', o, lo que es lo mismo, 'olfato policial'”. (María del Carmen Verdú, “Represión en Democracia. De la 'primavera alfonsinista' al 'gobierno de los derechos humanos'” . Herramienta Ediciones. 2009).
La abogada señala la amplia contradicción del sistema jurídico argentino que, exigiéndole a un juez o a un fiscal que funde razonablemente en hechos y en derecho el pedido de detención de una persona, le otorga a las fuerzas de seguridad, sin dar fundamento alguno, la posibilidad de detener por 10, 12 o 24 horas a quien se le ocurra. Y concluye que “es ocioso buscar explicaciones en el razonamiento jurídico. El sistema de detenciones arbitrarias responde a la necesidad del Estado de que su aparato represivo, y en especial la parte que constituye su 'ejército de ocupación' a través del patrullaje urbano, cuente con herramientas eficaces que le permitan actuar discrecionalmente en el ejercicio del control social. Las faltas o contravenciones, y la detención de personas para averiguar sus antecedentes, que también sirven para 'hacer estadística' y para que las fuerzas de seguridad exhiban esos arrestos como efectivos resultados en el 'combate al delito'; que dan la oportunidad para la extorsión y la recaudación de dineros ilegales, y son la antesala de la tortura y la muerte en comisarías, tienen como único fundamento real la necesidad institucional de ejercer el control social a través del aparato de seguridad”.

A 39 años del golpe genocida seguimos luchando por:

- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
- JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION O CIRCUITO REPRESIVO.
- RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. NO AL TRASLADO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.
- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ.
- BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO.
- BASTA DE GATILLO FÁCIL Y DESAPARICIONES FORZADAS. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS.
- DISOLUCIÓN DEL APARATO DE INTELIGENCIA Y DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO.
- APERTURA DE LOS ARCHIVOS DE LA REPRESIÓN.
- BASTA DE PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES.

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡¡¡PRESENTES!!!
¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!

HIJOS LA PLATA - MARZO de 2015

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martes, 10 de marzo de 2015

EL CASO JORGE JULIO LOPEZ EN LA ONU

Presentación de Justicia Ya! La Plata ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas
El miércoles 5 de marzo, las organizaciones de derechos humanos nucleadas en el espacio Justicia Ya! La Plata presentamos un informe del caso Jorge Julio Lopez ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, de visita oficial en nuestro país.
Ante la propuesta del Grupo de recibirnos el predio dónde funcionó el CCD  Escuela de Mecánica de la Armada, respondimos que venimos sosteniendo una posición crítica respecto a la “resignificación” oficial de los CCD, y que la ESMA, el mayor emblema de los centros clandestinos durante el terrorismo de Estado en nuestro país, no se trata de cualquier CENTRO cultural  ni edificio administrativo en el que pueden asignarse cualquier tipo de actividades.
Por ello logramos que nos reciban en otro ámbito y con el debido marco para realizar nuestras denuncias, demostrando que existen alternativas a la posición oficial, restringida y limitada, que intenta sellar forzadamente las heridas abiertas y direccionar la Memoria hacia la abierta cooptación que hace el gobierno con los Derechos Humanos.
Además de esta nueva presentación, recordamos al Grupo que el caso López ya había sido presentado a Naciones Unidas en 2006, y a través del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH). En aquella oportunidad se recurrió al ámbito internacional a 3 días de sucedida la segunda desaparición del compañero, ya que habíamos intentado agotar todas las herramientas de denuncia a nuestro alcance.
A más de 8 años de impunidad en el caso, volvimos a insistir en nuestra pretensión de que el caso sea tomado en cuenta formalmente como lo que es, un caso de Desaparición Forzada de Personas, ya que el tema ha pasado a ser de interés para toda la sociedad argentina, pero el estado no ha dado una respuesta acorde a la gravedad del hecho. Reafirmamos ante el Grupo nuestra legitimidad de presentarnos como denunciantes, como parte de la lucha por Justicia que venimos sosteniendo, y que el año pasado nos llevó a realizar una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por entender que la parálisis de la causa penal en nuestro país es señal clara del agotamiento de las vías internas de reclamo.
En sentido amplio, también presentamos al Grupo un informe sobre no menos de 8 casos de otros testigos en causas de Lesa Humanidad que han sido amedrentados de diversas maneras, incluyendo el asesinato aún impune de la compañera Silvia Suppo. Asimismo, denunciamos la ineficacia de los sistemas de protección de testigo creados por el Gobierno.
Por último, sumamos a la denuncia un anexo detallando los 206 casos de desapariciones forzadas ocurridas en nuestro país entre 1984 y 2015 , elaborado en base al “Archivo de Casos” de personas asesinadas por el Aparato Represivo del Estado que confecciona la Correpi, que involucra las responsabilidades políticas de todos los gobiernos nacionales y provinciales durante esta etapa, y que demuestra la continuidad de esta práctica represiva pese a los pretendidos beneficios de tres décadas de democracia, práctica que se perpetúa mientras sigan ejerciendo funciones miles de efectivos de la bonaerense que actuaron durante la última dictadura cívico-militar y al frente del Ejercito esté el genocida César Milani.
Seguiremos reclamando en todos los ámbitos existentes, sean nacionales, continentales o internacionales por Julio López, por todas las víctimas de la represión del Estado por los 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos y , seguiremos la lucha. 

Asociación Ex- Detenidos Desaparecidos (AEDD)
HIJOS La Plata
Asociación Profesionales en Lucha (APEL)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)
Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza
Sobrevivientes, Familiares y Querellantes.

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