SALIO "LA JUSTICIA A CUENTAGOTAS". Conseguilo en: "GIROLOCO" (Pza. Italia e/7 y diagonal77) * "Dardo Rocha" (6 e/48y49) * "Ulpiano" (48 e/12y13) * "Espacio Jurídico" (Talcahuano nº487 BsAs).

lunes, 25 de agosto de 2014

GENOCIDAS DE “LA CACHA” - ¡¡¡LES LLEGÓ LA HORA!!!!

COMIENZAN LOS ALEGATOS EN EL JUICIO POR EL CCD “LA CACHA”


CONVOCAMOS A PRESENCIAR LOS ALEGATOS EN EL JUICIO
DESDE EL Miércoles 3 DE SEPTIEMBRE – 10hs - 4 ENTRE 51 Y 53

El Centro Clandestino de Detención “ La Cacha ” fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos.
Fue uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación que tuvieron El Ejército, la Marina , las Policías bonaerense y federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE ( Servicio Inteligencia Ejército). Según los relatos de algunos sobrevivientes el nombre “ La Cacha ” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que en un cínico paralelo utilizado por los represores “hacía desaparecer gente”.
Los primeros relatos sobre el lugar, su funcionamiento y apodos de represores los tiene la justicia hace 30 años, y fueron producidos por estimonios de sobrevivientes en Brasil en 1983 (grupo CLAMOR en San Pablo), y testimonios en la CONADEP y reconocimiento del predio 1984.
Anuladas las leyes de impunidad en 2003, y radicada la causa en el Tribunal N°1 de Humberto Blanco y Ana Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de DDHH de la Provincia donde tres ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en este CCD. Allí se hicieron las primeras indagatorias. Pero recién en diciembre de 2009, la fiscalía solicitó la detención de una veintena de imputados. Y se comenzó a fragmentar la instrucción, según Blanco por “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad”.
Entre febrero y marzo de 2010 se detuvo a 17 genocidas que actuaron como Personal Civil de Inteligencia, aunque poco después se liberó a varios de ellos, y se ordenó la captura de 3 prófugos: Ricardo Luis Von Kyaw (recientemente detenido en Panamá), Teodoro Aníbal Gauto (aún escondido en Israel) y Miguel Angel Amigo, recapturado y sumado al juicio a último momento.
En marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 127 casos. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa. Esto significó que se parcializaran las causas tomando sólo los casos del año 1977 y no incluyendo a todos, dejaron causas "residuales" de desaparecidos del 77 y dejaron para otro juicio futuro los desaparecidos de 1978 en el mismo CCD.
Hasta ese momento, el juicio incluía a sólo 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg).
En mayo de 2012 el coronel Arias Duval, el único acusado por los homicidios y la apropiación de bebés, murió impune mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”, con lo que escapó a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en la zona. Y en septiembre de 2012 murió impune el genocida Saint Jean. Ambos nombres pasaron a integrar la irreversible cifra de 360 represores muertos impunes en 10 años, 8 de ellos imputados en causa Cacha. De hecho, por esas muertes impunes, hubo que recaratular la causa con el nombre del represor “Hidalgo Garzón”, juzgado en hechos de Campo de Mayo y La Cacha , al que el juez Rozansky tuvo que quitar el beneficio del reposo en un geriátrico porque la joven apropiada por el genocida lo encontró andando en bicicleta como si nada.
Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía , Penitenciarios, de la Armada y del Ejército.
A pedido de parte de las querellas, se sumó al juicio la causa por los asesinatos en noviembre del ’76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, uno de los represores mencionados por Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.
Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 477 represores por 2859 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa sólo el 25% de los 2.100 genocidas procesados en estos años.
En La Plata llegamos a fines de 2014 con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 90 procesados a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso total de juzgamiento que el Estado propone no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores.

- Juicio y Castigo a todos los genocidas por todos los compañeros.
- Juicios completos por TODOS los delitos de cada Centro Clandestino de Detención.
- Por la restitución de la identidad de TODOS los jóvenes apropiados.
- Por Julio Lopez, Silvia Suppo y los 30.000 compañeros.

CONVOCAMOS A PRESENCIAR LOS ALEGATOS EN EL JUICIO
DESDE EL Miércoles 3 DE SEPTIEMBRE – 10hs - 4 ENTRE 51 Y 53

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miércoles, 20 de agosto de 2014

BASTA DE GENOCIDIO AL PUEBLO PALESTINO


Buenos Aires, 23 de julio de 2014.
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
Héctor Timmerman
S/D
______________________________________
Ante la gravedad de la agresión del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, agudizada por la invasión de tropas israelíes a la misma, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino reitera su pronunciamiento del día 16 de este mes, en el sentido de que esta nueva agresión israelí contra la población civil palestina, que al momento supera las quinientas vidas humanas y miles de heridos, constituye un paso más en todo el proceso de genocidio y limpieza étnica en Palestina, destinado a apropiarse de la totalidad del territorio palestino y quebrar su capacidad de resistir la ocupación, que lleva ya 47 años. No aceptamos de manera alguna que se invoque la “teoría de los dos demonios”, de tan triste recordación en nuestro país, para justificar esta salvaje agresión  militar. Señalamos que nos encontramos ante un estado ocupante y un pueblo bajo ocupación, y no existe simetría posible entre ambas condiciones.
Consideramos que los actos del Estado de Israel están comprendidos entre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, definidos por el Estatuto de Roma, que nuestro país ratificó en febrero de 2001.
Constituyen un acto de Genocidio, porque comprenden la matanza general de la población palestina, incluidos sus ancianos, sus mujeres y sus niños.
Constituyen un Crimen de Lesa Humanidad porque comprenden asesinatos generalizados y sistemáticos de la población palestina,  que vienen a agravar la situación de apartheid en que esta población ya se encuentra,  e incluyen la privación del acceso a alimentos y medicinas por el empeoramiento de las condiciones de bloqueo preexistentes.
 Constituyen también Crímenes de Guerra porque todos los actos de la presente agresión comprenden el homicidio intencional de los dirigentes del pueblo palestino, y la destrucción de la infraestructura imprescindible para la vida en todo el territorio de Gaza (hospitales, escuelas, viviendas, etc.) a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
El gobierno de Argentina, en su carácter de miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene particular responsabilidad de cumplir con el propósito fundamental de la ONU de “tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión”.
Consideramos que toda declaración de repudio de la agresión israelí debe servir de base a acciones concretas que conduzcan efectivamente a frenar esta escalada de violencia, para que de una buena vez se pueda establecer un mecanismo que finalice en la creación de un Estado Palestino con capital en Jerusalén Oriental, que signifique paz y seguridad para todos los pueblos de la región sin excepciones. En definitiva, dar cumplimiento a las normas internacionales, únicas garantes de una perspectiva de paz real para todo el Medio Oriente.
En consecuencia, solicitamos por su intermedio al Gobierno Nacional que, como parte de estas acciones concretas, y en tanto esta grave crisis humanitaria no esté resuelta:
1.         Retire el embajador argentino ante el Estado de Israel,
2.         Realice por sí, y promueva en la ONU, un embargo militar al Estado de Israel, tanto de ventas como de compras,
3.         Suspenda en todos sus alcances el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel,
4.         Suspenda toda compra gubernamental a empresas del Estado de Israel,
5.         Realice por sí, y promueva en la ONU, la efectiva asistencia sanitaria, alimentaria y toda otra ayuda humanitaria que pueda aliviar la crítica situación que vive la población de Gaza.

Atentamente
Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino
Adhiere Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada

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viernes, 1 de agosto de 2014

CASO ANDRÉS NUÑEZ.

Pedimos que busquen al prófugo Gerez Ya! 


Desde Familiares y Amigos de Andrés Nuñez y las organizaciones abajo firmantes exigimos la detención del ex Oficial Inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Pablo Martín Gerez, imputado y prófugo desde hace más de 20 años en la causa por el secuestro, torturas, asesinato y ocultamiento del cuerpo de Andrés Nuñez por agentes de la Brigada de Investigaciones de La Plata, hecho ocurrido el 27 de septiembre de 1990. 
Asimismo exigimos la pronta realización del juicio oral y público al comisario Luis Raúl Ponce, detenido en la misma causa hace casi ya 2 años, tras dos décadas de estar prófugo, y sin que se haya realizado hasta hoy el debate oral correspondiente. 

Pablo Martín Gerez, DNI N°14.907.946, fue oficial inspector de la Brigada de La Plata, y como tal comandó el grupo operativo que en septiembre de 1990 secuestró a Andrés Nuñez de su casa de Villa Elisa. Oriundo de General Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario Mario “Chorizo” Rodriguez, proveer el campo de aquella localidad donde descuartizaron, quemaron y enterraron a Andrés, y que era custodiado por un primo suyo. 

La familia de Andrés ha pedido reiteradamente que el Estado se haga cargo de su responsabilidad para detener a este peligroso criminal y ponga a disposición herramientas para una investigación seria. En 2009, una abogada se presentó en la causa a nombre de Gerez que, aún prófugo, reclamaba la prescripción de la acusación. Ocupado en otros urgentes menesteres, ninguna estructura de inteligencia policial ni judicial tiró de esa piola para ubicar a Gerez. 
El ministerio de Seguridad de la provincia ha demostrado en estos años su real interés en la causa. 
En 2005, mediante Resolución N°1620 ofreció de 20 a 50 mil pesos a quien aporte información para localizar a Gerez. En la sección “Búsqueda de personas” de la página del Ministerio no se actualizan los datos desde hace 10 años, y aparece como instructor de la causa Nuñez el juez Horacio Nardo, ya jubilado. 
Los muchachos del Ministerio también separan a los “ex policías” de los civiles, y dividen los casos por el delito imputado. Curiosamente, en la sección de “ex policías” no hay prófugos por torturas o apremios ilegales. Hacen aparecer a todos como prófugos por “violaciones a los DD.HH.”, “robo-extorsión” y “asociación ilícita-encubrimiento”. A Gerez lo ubican como prófugo por “homicidio”, al igual que lo hicieron durante años con Dos Santos, Gonzalez y Ponce, y pese a que la causa Nuñez en instrucción y en el juicio en que se condenó a Dos Santos y Gonzalez en 2010, y que tiene en espera de juicio a Ponce, es por torturas seguidas de muerte. 

El ministerio que conduce Granados tiene una sección aparte para detallar las recompensas por estos prófugos, y por personas buscadas (no desaparecidas, claro). Naturalmente, el criterio de asignación de recursos para las recompensas obedece más a la publicidad del caso que a la gravedad de los delitos, sobre todo si son cometidos por agentes del Estado: 

Caso Lopez $ 1 millón 500 mil (desde 2010) 
Cuádruple femicidio La Plata $300 mil (desde 2012) 
Caso Arruga entre $ 20 mil y 70 mil (desde 2011) 
Caso Sandra Ayala Gamboa entre $ 10 mil y 70 mil (en 2009) 
Caso Candela Rodriguez entre $20 mil y 400 mil (en 2011) 
Caso Luis Raúl Ponce entre $ 20 a 50 mil (desde octubre 2005) (misma resolución que Gerez) 
Caso Luis Faresse 5 a 30 mil (desde 1998) 

Junto con el pedido por el oficial Faresse, prófugo desde 1998 y acusado de tormento seguido de muerte en perjuicio de Sergio Durán en la Comisaría 1a de Morón en 1992, los solicitados en causa Nuñez son los más antiguos de la sección de búsqueda que informa la cartera de Granados. 

La tardanza del Estado en llevar a juicio a estos criminales sólo genera más impunidad. 
En marzo pasado murió impune el juez Amilcar Benigno Vara, destituido en jury en 1998 por su complicidad en el ocultamiento de la verdad en 27 casos de gatillo fácil y torturas durante la década del '90. Vara fue juez y parte en la causa Nuñez: fue el primer instructor del expediente, para ocultar la fuga de los responsables, a la vez que uno de los testigos del expediente mencionó que en la noche del crimen el juez se habría presentado en la Brigada de La Plata y había recomendado desaparecer el cuerpo torturado y sin vida de Andrés. El juicio a Ponce, que tenía fecha para diciembre de 2013 y fue pospuesto, era la oportunidad de ampliar esa acusación y detener a Vara por este crimen. 
Y si bien eso no podrá ser, entendemos que están superadas todas las trabas dilatorias de la defensa de estos policías asesinos, y que no hay más excusas para llevar a Ponce a juicio ya mismo. Mucho más teniendo en cuenta que la Suprema Corte bonaerense ya se ha pronunciado ampliamente sobre la pretendida prescripción de este tipo de delitos. En mayo de este año resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 5 policías responsables del asesinato y ocultamiento del cuerpo de Andrés, y poco después frenó el cierre de la causa por la “Masacre de Wilde”, hecho de enero de 1994 donde un grupo de policías de Lanús acribillaron de 200 tiros a un remisero y sus pasajeros con la excusa de confundirlos con delincuentes. La Suprema Corte ordenó seguir investigando estos dos casos al entender que se está ante una "grave violación de los derechos humanos con aptitud para comprometer la responsabilidad internacional del Estado". 

Andrés Alberto Nuñez fue secuestrado en su domicilio la madrugada del 28 de septiembre de 1990 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, Estancia El Roble, donde lo incineraron sobre una chapa dentro de un tanque australiano en desuso. El caso de Andrés fue símbolo de la continuidad de las prácticas represivas con que la Policía bonaerense de la dictadura siguió actuando durante la gestión de Eduardo Duhalde, Alberto Piotti y Pedro Klodzyck en los ’90, y que hoy nos sigue asesinando con el gatillo fácil a un pibe de los barrios populares cada 26 horas. 
En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos y Alfredo Gonzalez fueron condenados a perpetua por las torturas seguidas de la muerte de Andrés, sentencia confirmada en agosto de 2012. 

Por todo esto, la lucha por justicia en el caso de Andrés no está concluida. 

*JUICIO Y CASTIGO A PONCE, GEREZ Y TODOS LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE ANDRÉS NUÑEZ. 
* EL PASO DEL TIEMPO SÓLO GENERA IMPUNIDAD. BASTA DE RETRASOS. 
*BASTA DE MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS. 
*BASTA DE NUEVOS DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA. 

FAMILIARES Y AMIGOS DE ANDRÉS NUÑEZ 
HIJOS LA PLATA

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miércoles, 30 de julio de 2014

QUE ZANNINI MUESTRE SUS LISTAS!

Juicios a los genocidas.



Este fin de semana, el kirchnerismo volvió a utilizar sus exiguos logros en la política de Juicio y Castigo para hacer campaña de cara a 2015. En su discurso en la Universidad de Córdoba por los 62 años de la muerte de Evita, a la vez plenario provincial de la obsekuencia cristinista, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, duplicó inopinadamente las cifras reales de represores condenados en 11 años de anuladas las leyes de impunidad.

Según la crónica del acto publicada en el oficialista Página 12 por Marta Platía, Zannini dijo: “Por este gobierno, por su política de derechos humanos, hoy están condenados 1017 represores y hay 100 absueltos: una cifra que demuestra que esto es justicia, no revancha. Y ahí está Menéndez preso y condenado por el asesinato de un obispo. ¿Cómo no vamos a creer entonces en la política?”. El optimismo de Zannini es, por lo menos en materia de Juicio y Castigo, parcial e infundado. Quizás el secretario, encargado de evaluar los aspectos legales y técnicos de los proyectos de actos administrativos del Ejecutivo Nacional, no sea especialista en Lesa Humanidad ni deba serlo. Pero sus fuentes se contradicen incluso con las del Ministerio Público, el único organismo estatal que da a conocer abiertamente sus análisis y su base de datos nacional referidos al proceso de juzgamiento de los genocidas de la última dictadura.
En su informe de junio pasado, los fiscales informan de 531 represores condenados y 56 absueltos. Y eso que, a la cifra de sentenciados desde 2003, el Ministerio Público suma la decena de genocidas con mando condenados en el gobierno de Alfonsín en las Causas N°13 y N°44 del año 1984, y algunas sentencias que condenaron a apropiadores de hijos de desaparecidos antes de 2003, como la causa N°202 del año 1983. Pero demás la Procuración no deslinda en sus estadísticas entre condenas y condenados, o bien cuenta doble y hasta triple la cantidad de condenados en sus bases de datos cuando en realidad se trata de nuevas sentencias sobre las mismas personas. Una forma de hacer bulto para mostrar como avances lo que son pequeñas conquistas.
Quiźas el “Chino” Zanini es optimista porque desconoce que con 7 juicios parciales concluidos y 26 condenas en lo que va del año, las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar. Si 2013 significó 2 juicios menos que 2012, y consolidó el estancamiento del proceso de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año, la primera mitad de 2014 fue incluso menos productiva que aquel promedio.
Al 26 de Julio de 2014, fecha del discurso de Zannini en Córdoba, el Estado argentino sólo efectivizó 118 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 118 juicios estuvieron procesados 659 represores (muchos menos que los que el “Chino” da por condenados), y hubo como resultado 592 condenas sobre 477 represores, 62 (menos 4) absueltos y 6 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 2859 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 31% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 25% de ese número de procesados fue condenado.
Si tomamos como dato los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 477 condenados siguen representando, a casi de 11 años de anuladas las leyes de impunidad, menos de 1 represor condenado por CCD. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado.

En su discurso del pasado 24 de Marzo en la ESMA, Zannini habló de “521 represores condenados y 1.200 en proceso”. Allí, seguramente tras repetir números del Ministerio Público, estuvo más cerca de la realidad. Pero, por las cifras que tiró en Córdoba, pareciera que entre marzo y julio se hubiera hecho el doble de lo que llevó 10 años para que el Estado reconociera, investigara y castigara. En su alocución del sábado en Córdoba, el “Negro” Zannini (como le decían en Villa Nueva) apeló a su propia historia de militante juvenil en Vanguardia Comunista y rememoró “cuando hace 39 años estaba preso en la D2 escuchando cómo torturaban al Chicato Mozé (...) Fui a parar a la UP1, donde fusilaron a 31 compañeros. No somos improvisados”.

El “Chicato” Miguel Angel Mozé, quien fuera titular de la JP de Córdoba, fue fusilado junto con otros cinco presos de la Unidad Penal 1 el 17 de mayo del 76. El juicio por ese hecho, que llegó a sentencia en diciembre de 2010, fue el proceso más importante que se había hecho en el país hasta el momento. Allí se logró la condena de 24 represores, entre ellos Videla y Menéndez, aunque se absolvió a 7. Pero por más que le pese al optimismo de Zannini, ocurre que su Córdoba natal, sede del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, fue una de las provincias donde más se resistió a la dictadura y una de las más golpeadas por la represión, pero donde menos juicios se han hecho.
Si hubo 34 juicios en las jurisdicciones del Tercer Cuerpo, las 10 provincias del noroeste y Cuyo, Córdoba es la provincia más impune. La causa “Brandalisis” en Julio 2008, el juicio por los crímenes de la “D2” en diciembre 2009, por el “Comando Radioeléctrico” en marzo 2012, y la causa “Ayala” (residual de UP1) en julio del año pasado, hacen un total de 5 juicios, y 41 condenas a 37 represores, por los casos de 48 compañeros.
Córdoba, la provincia del actual secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, donde la represión de Estado mata a 1 pibe por mes. Córdoba, donde no se sentencia a un represor de la dictadura desde hace un año, sufre las mismas consecuencias que los otros 2 grandes distritos (Ciudad de Buenos Aires y La Plata) donde la llegada al debate oral de las causas grandes amenaza con retrasar la cantidad de condenas interanuales. Sólo si llegara este año a sentencia en la megacausa por “La Perla” en Córdoba (iniciado en diciembre de 2012), o en el tercer tramo de la Causa ESMA (que juzga a 68 represores), o por los crímenes del CCD La Cacha en La Plata (con 21 imputados), se podrían equilibrar las cosas al promedio de 150 condenas condenas anuales que se venía sosteniendo.

Quizás a Zannini, el “Octavo Candidato” del oficialismo a suceder a Kristina, no le interese saber que así planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de impunidad porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia, o bien civiles, jueces, y curas que también planificaron y ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre.
La pereza que presenta la situación actual de la política de Juicio y Castigo, la palpable improvisación en la ejecución de herramientas que completen y aceleren el proceso, nos produce a muchos un efecto inverso al que debería generar la de una pretensión de Justicia: la sospecha de que cada juicio que se concreta fuera no la posibilidad de continuar avanzando con otras investigaciones por demás lejanas, sino la clausura del necesario esclarecimiento de responsabilidades sobre hechos, víctimas y verdugos que han sido arbitrariamente relegados de los debates que se han efectivizado.
Una clara convicción de los sectores que seguimos el camino crítico a este proceso que hoy analizamos, es que la investigación y sanción de TODOS los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable del Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos. Por todo esto denunciamos que no existe una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio, y que todos, del primero al último de los verdugos, merecen castigo por formar parte del plan represivo.
Invitamos al secretario Legal y Técnico a mostrar las listas de “1017 condenados y 100 absueltos”. Las nuestras, actualizadas al 26 de Julio de 2014, están a disposición en este BLOG (Descargar Base De DATOS).  

HIJOS LA PLATA
Julio de 2014


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viernes, 11 de julio de 2014

8 DE LOS 10 REPRESORES PROCESADOS GOZAN DE DOMICILIARIA.


"Esto es anterior a una política o a una ideología.
Esto es una actitud metafísica.
No vamos a combatir hasta la muerte, vamos a combatir hasta la victoria,
esté más allá o más acá de la muerte”.
Emilio Eduardo Massera – discurso del 2/11/76


La primera semana de este mes el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata dio por recibida formalmente la causa “Fuerza de Tareas 5” (o N°17- o ex N°35) por los delitos de lesa humanidad de la Armada en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Con ello, dio un impulso más para que finalmente, a 38 años del golpe genocida, un pequeño grupo de represores de la Marina y la Prefectura Naval sean juzgados por su participación en el plan criminal que desarticuló en nuestra zona al combativo movimiento obrero industrial que resistía a la dictadura.
Lo particular del caso es que, teniendo la causa 10 genocidas imputados, y alguno de ellos ya condenados en otras causas, la mayoría gozan del beneficio de la detención domiciliaria y sólo 2 se encuentran cumpliendo prisión efectiva, pero en el régimen abierto de la Unidad 31 de Ezieza, destinado originalmente a mujeres presas con sus hijos.
Esto es sólo una muestra del carácter impune con que la mitad de los represores imputados en todo el país afrontan los procesos en su contra, por lo demás plagados de beneficios y sortilegios judiciales que les garantizan un tranquilo pasar por los servicios prestados.

La Causa “Armada”
A comienzos de marzo de este año el juez que acumula a placer la instrucción de todas las causas contra los genocidas en el fuero federal platense y acuna su siesta junto al expediente por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, el siniestro Manuel Humberto Blanco, elevó a juicio la causa N°35, por los crímenes de la Armada Argentina en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Con una investigación fragmentada de cuatro años iniciada por Corazza, Blanco no hizo más que dar lugar al paupérrimo requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas para una zona que, junto con Capital Federal, Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.
Fruto de la denodada tarea de la justicia, sólo un pequeño grupo de hombres de mar serán llevados a juicio como únicos responsables de las patotas de Massera en la zona, y además por una cantidad ínfima de los compañeros que pasaron por sus manos. 10 represores por 40 compañeros. Eso es lo que, a casi 4 décadas de los hechos, el Estado está dispuesto a reconocer como el total accionar del denominado “Plan de Capacidades de la Armada Argentina” o “Placintara”, que desde noviembre del '75 determinó tareas a la Armada con vistas a lo que luego se desató abiertamente como el exterminio de toda resistencia organizada a la dictadura.
La existencia del Plan fue confirmada en 2007 por un pesado de la Armada, el contraalmirante Luis Mendía, en indagatoria ante el juez Torres que instruye en franca tupac-amarización la causa ESMA. El Comandante de Operaciones Mendía, muerto impune por la tardanza de Torres en llegar a juicio, lo definió como un manual instructivo sobre cómo operaría la Armada en la represión desde noviembre del '75. Lo hizo repitiendo el conocido sambenito de que actuaron basados “en el estricto y fiel cumplimiento y observancia de los reglamentos militares vigentes y de las disposiciones legales dictadas por el gobierno constitucional de la señora María Estela Martínez de Perón y del doctor Italo Argentino Luder", que por cierto nunca fueron citados a explicar ninguno de estos y otros tópicos.
En un intento por demostrar la generación espontánea en su tropa del secuestro de hijos de detenidos-desaparecidos, no ya por su propio mando, el carnicero mayor de la Armada Emilio Eduardo Massera, ciertamente “educado” en la Escuela Naval de la Isla Río Santiago, aportó a la justicia en el '78 una copia del "Placintara 75". Según declaró Massera en la causa 13, "allí se determina cuál debía ser el trato y atención con respecto a los detenidos, especificándose claramente que tanto los detenidos en condiciones físicas irregulares como las mujeres y menores debían tener un trato específico y diferencial". No definió nunca el alcance real de los caracteres “específico y preferencial”.
Así de claro el origen del accionar represivo de esta fuerza en particular, hay un problema: el “Placintara” que fiscales y jueces investigan en nuestra zona sólo incluye los casos de unas 40 víctimas, es decir por 3 desaparecidos, otros 35 sobrevivientes y 2 homicidios.
El accionar represivo de la Armada en nuestra zona operaba a través de la denominada “Fuerza de Tareas Nº 5”, desde el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), en el Batallón de Infantería de Marina N°3, el Hospital Naval, el Liceo Naval, más el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, los CCD “La Cacha” e Infantería de 1 y 60. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el frigorífico Swift, el Astilleros Río Santiago y la destilería de YPF.
Varios militantes de aquella época recuerdan que la misma madrugada del 24 de marzo del '76 los marinos y prefectos recorrieron las ciudades ribereñas y las fábricas en micros de línea con los que detenían a los trabajadores, que primero fueron llevados a centros de detención propios y, en algunos casos, luego derivados a otros de otras fuerzas.
El BIM 3, ubicado en 122 y 50, funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de infantería de Marina Eduardo René Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata. Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas. Dos de ellos murieron impunes. Fracassi, ausente en la causa de La Plata, está siendo juzgado en Bahía Blanca por los casos de 66 personas, 13 de ellas desaparecidas, secuestradas por las patotas de la Marina en combinación con los grupos de Tareas del Comando del Quinto Cuerpo del Ejército. Pero para no ser menos que sus camaradas en La Plata, el comandante Fracassi goza del beneficio de la domiciliaria, al igual que 17 de los 26 represores que lo acompañan en el juicio bahiense.

Vacaciones perpetuas
El comandante de Operaciones Navales y jefe de la FT5, Antonio Vañek, fue condenado en septiembre de 2012 a 40 años de prisión (leyes Blumberg mediante) como parte del proceso que juzgó el denominado “Plan Sistemático” de apropiación de hijos de detenidos-desaparecidos. Sin embargo, y aunque encabeza la lista de procesados en la causa FT5 acusado por 1 solo caso, goza de la prisión domiciliaria en el 4to piso de su depto de Belgrano.
El director del Liceo Naval, Jorge Alberto Errecaborde (82 años), imputado por el secuestro y torturas de 9 compañeros (2 de ellos asesinados), disfruta de la vista del Campo de Polo desde el piso 7mo de su depto de Palermo. Procesado en noviembre de 2011, le fue otorgada la domiciliaria por el Juzgado N°3 de La Plata en virtud del Artículo 32 de la ley 24.660. Apelada por el Fiscal, la medida fue revocada por la Cámara en mayo de 2012 por no presentar el reo ninguna enfermedad terminal en curso. Pero recurrida por la defensa del genocida, la medida fue confirmada por la misma Cámara en diciembre de 2013.
El único marino condenado en La Plata en 11 años de juicios y uno de los Comandantes del BIM3, Juan Carlos Herzberg, fue sentenciado en diciembre de 2010 a 10 años de prisión (eso sí, con modalidad domiciliaria) por la apropiación de Natalia Suarez Nelson Corbalán, por haber sacado a la niña del CCD “La Cacha” y entregarla al apropiador Omar Alonso. Aún con esa condena a cuestas, afrontando hoy imputaciones en el juicio por el CCD de Olmos, y acusado por 1 caso en la causa FT5, cuando no está en audiencias de juicio al marino le permiten observar la realidad desde el piso 7 de su depto frente al hipódromo de Palermo.
José Casimiro Fernández Carró, segundo comandante de Operaciones Navales y jefe a cargo del armamento del BIM3, está acusado por los secuestros y torturas de 7 compañeros que pasaron por ese CCD. En octubre de 2012 consiguió la falta de mérito en algunos de esos casos y goza de la domiciliaria en el 6to piso de su depto de Belgrano R.
Los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, imputados por 15 casos de secuestros y desapariciones a manos de la FT5, disfrutan el invierno 2014 desde un cómodo 10mo piso, el primero en Barrancas de Belgrano y el segundo por la estación de Caballito.
Los oficiales de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza, imputados por 40 casos de secuestros y desapariciones en su colaboración con la FT5, viven un apacible retiro en sus casas de Berisso, zona donde actuaban en noche y niebla hace 38 años atrás.
Como anticipábamos más arriba sólo 2 represores, detenidos en 2012, cumplen prisión efectiva.
Ángel Antonio Mocellini, comandante del grupo de tareas de la FT5, fue citado a indagatoria en agosto de 2012. Una vez detenido el juez Manuel Blanco le dio domiciliaria en diciembre de ese año. Pero el TOF 1 lo mandó a cumplir prisión efectiva en Marcos Paz. Allí se encontraba junto a Roberto Eduardo Fernando Guitián, ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3, hasta que en mayo pasado el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco, sumó un nuevo privilegio a los peores asesinos de nuestra historia. Bajo el argumento de que el incremento de la tasa de encarcelamiento ha generado una grave problemática con la insuficiencia de plazas para el alojamiento de detenidos varones adultos en los establecimientos penitenciarios federales de la región metropolitana, decidió trasladar a los 407 internos (entre condenados y procesados) de causas por delitos de lesa humanidad de la Unidad 2 de Marcos Paz el sector A del Centro Federal de Detención de Mujeres de la Unidad 31 de Ezeiza. Según Blanco esto “posibilitaría que los internos por delitos de lesa humanidad, dado su bajo nivel de conflictividad, utilicen el contexto institucional proporcionado por el Hospital Penitenciario Central 1 de Ezeiza, para recibir diariamente aquellas especialidades médicas que allí se brindan, evitando traslados infructuosos”.
Según informó el SPF, el traslado sería transitorio y conformaría el “Anexo Residencial para Adultos Mayores” hasta que se construya en Ezeiza un nuevo pabellón de lesa humanidad. La medida también estipulaba la reubicación de las internas madres del sector A a “otros establecimientos penitenciarios que se ajusten a su condición de género”, o al sector B de Ezeiza en el caso de quienes tengan un “perfil de baja potencialidad conflictiva”. Lo que en realidad terminó ocurriendo, y fue denunciado por organizaciones sociales que trabajan la temática anticarcelaria, fue el traslado forzoso de varias internas del sector A, muchas de ellas madres, embarazadas o con enfermedades, a otros penales federales en Buenos Aires o La Pampa, para complicar las visitas de sus familias y amigos y endurecer sus condiciones de detención. Es dable recordar que la Unidad 31 de Ezeiza, una de las cárceles más nuevas del SPF, fue construida especialmente como un régimen abierto que adecúe al máximo la dignidad en la detención de mujeres madres, ahora perjudicadas porque el Estado entiende que sus derechos valen menos que los de un grupo de represores de la dictadura condenados o procesados con preventiva.

Cuestión de “criterios”
Pero la problemática no se reduce a que el mismo Estado, cuyos agentes utilizaron su aparato de Terror para secuestrar, torturar, desparecer y apropiar, utilice como excusa su déficit estructural en políticas penitenciaria para beneficiarlos cuatro décadas después. Sino que se amplía al criterio general con que ese Estado instruye, juzga y ejecuta las penas en los delitos más graves cometidos en nuestra historia como país.
El artículo 32 de la lay 24.660 (y su modificatoria N°26.472 de 2009) dispone que pueden recibir domiciliaria los enfermos que no pueden tratar su dolencia en prisión, los enfermos terminales, los discapacitados cuyo encierro implique un trato indigno, las mujeres embarazadas, las madres de menores de 5 años y, claro está, los mayores de 70 años. Pese a varios proyectos para eliminar expresamente del beneficio a los procesados por delitos de lesa humanidad, la ley no distingue la gravedad específica de los delitos juzgados. Y en una aplicación selectiva y de clase, se escatima el beneficio a la mayoría de los internos de los Servicios Penitenciarios bonaerense y federal, que en un promedio del 70%, pasan más de 5 años haciendo “rancho” para sobrevivir en cárceles de mala muerte sin acusación ni condena firme.
La discusión legal que se plantea, incluso a la interna de los jueces de la Cámara Federal platense (Nogueira, Pacilio, Vallefín y otros) y del Tribunal que juzga a los represores en La Plata (Rozansky, Jantus y Vega) es si el hecho de ser mayor de 70 años es requisito temporal suficiente para aplicar automáticamente el beneficio. Y si la gravedad de los delitos enrostrados no significa nada en este tema. Repasando la situación de los marinos imputados en la causa FT5, cuyas edades oscilan entre los 73 y los 89 años, queda claro qué criterio se viene imponiendo.

HIJOS La Plata
Julio 2014

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