Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

sábado, 18 de febrero de 2017

Domiciliaria al genocida Norberto Cozzani

ASESINO PROBADO Y CON BASTÓN... A CASA
Por HIJOS La Plata.

En fallo dividido, el TOF 1 de La Plata otorgó hace días la domiciliaria al represor Cozzani en casa de su hermana en Villa Luro por considerarlo inválido. El genocida había sido condenado a perpetua en 2012 por los hechos de la casa Mariani-Teruggi de La Plata -incluida la apropiación de la nieta de Chicha Mariani- y 17 casos de secuestros y torturas en el CCD Puesto Vasco de Quilmes.


El pasado 6 de febrero y con la firma de los jueces subrogantes Alejandro Esmoris, Germán Castelli y Pablo Vega, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata decidió conceder la domiciliaria a Norberto Cozzani como parte de la resolución de un incidente planteado en la ejecución de sentencia de la causa “ALMEIDA, Domingo y otros” de juicio oral ya realizado por el tribunal hace 5 años. En el caso la fiadora del beneficio será su hermana Viviana, que le estaría tramitando la cobertura médica de PAMI, y lo alojaría en su domicilio de Avenida Escalada N° 465 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convenientemente ubicado a 20 cuadras del Hospital Álvarez de Floresta.
Un pedido del esmerado defensor oficial de Cozzani, Gastón Barreiro, citó profusamente antecedentes jurisprudenciales para solicitar el arresto domiciliario basado en un informe médico producido por el Hospital Penitenciario de Ezeiza que daría cuenta de las diversas patologías que padece. Ello sería “micro-angiopatía cerebral diabética con trastornos en miembros inferiores progresivos, inestabilidad y vértigo, hipertensión arterial, diabetes tipo II, obesidad mórbida, sedentarismo, tabaquismo, ACV isquémico, cirugía abdominal por eventración, enfisema pulmonar y enfermedad discal de columna lumbar”, y el defensor concluía en que “el estado de salud de Cozzani, que es crónico de forma irreversible no puede ser tratado adecuadamente en el lugar donde se encuentra alojado que además carece de la infraestructura necesaria para un paciente de las características del nombrado colocándolo en situación de vulnerabilidad, que se verá agravada si permanece en ese encierro en el que se encuentra poniendo en riesgo su estado clínico”. A tamaño drama abundó el letrado defensor en que como en el penal no se lo podía atender, tuvo que ser trasladado varias veces, lo que le habría provocado caídas al suelo reiteradas, y lo derivaría en una mejor atención desde su casa, donde cuenta “con la contención de su familia y con los cuidados propios de la nueva modalidad de detención, pudiendo ser rápidamente trasladado o asistido por un servicio ambulatorio en caso de una emergencia”. Nuevamente, como en los casos más recientes de Miguel Etchecolatz, Jorge Bergés o José Madrid, la propia ineficiencia y precariedad de la responsabilidad de custodia del Estado juega a favor de los asesinos.
Frente al planteo del defensor, los volubles fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro pidieron un informe médico completo para decidir su posición. Y nuevamente, como en el caso Etchecolatz del año pasado, el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte de Nación, firmado por el perito Carlos Carini afirmó que Cozzani “no presenta alteraciones en sus facultades mentales”, que evidencia el uso de bastón “para realizar una marcha claudicante” y que “se encuentra en condiciones de cumplir la detención en su presente lugar de alojamiento”, esto es el Hospital Penitenciario de Ezeiza con controles clínicos, cardiológicos y dieta. Curiosamente un agregado del perito Claudio Capuano afirmó que “su polineuropatía mixta de miembros inferiores le dificulta la autovalidéz, circunstancia que complicaría su permanencia en un establecimiento carcelario”, como si un pabellón de ancianos no contemplara la asistencia motriz permanente.
Ante el confuso informe, que por un lado habilitaba la cárcel común hospitalaria y por otro sugería la domiciliaria, los fiscales exigieron un nuevo informe que aclarara si la situación de Cozzani se encuadraba en alguno de los supuestos establecidos por el art. 32 de la ley 24.660, que habilita la domiciliaria en casos médicos extremos. Entonces el perito Capuano concluyó que podía seguir en penal con el tratamiento médico adecuado “incluyendo asistencia para las actividades de la vida diaria”. Pero a toda esta disputa, la defensa de Cozzani sumó un informe médico privado del Dr. Héctor Etchepare acusando “un leve deterioro cognitivo marcado y progresivo” y una entrevista de sus letrados con el reo donde les manifiesta que al no poder caminar solo debe “aprender a vivir de nuevo”, que esto le produce fobia y pánico, que se “le montan los dedos de la mano y pierde fuerza en los brazos” y que en el pabellón “hay solo una enfermera para atender a 24 internos, pero que suele estar más ocupada con Patti, que necesita asistencia”.
Todo esta jugada ablandó tanto a cristianos como a moros, pues dió y quitó el decoro y quebrantó cualquier fuero. Los versátiles fiscales Molina y Schapiro accedieron a concederle el beneficio y el tribunal siguió el efecto. En la resolución del 6 de febrero, el juez Castelli se remitió a lo que había resuelto cuando habilitó la domiciliaria a Etchecolkatz en fallo de julio de 2016, y dijo que “pese a las afirmaciones de los médicos tratantes en cuanto a que Cozzani puede ser debidamente tratado en la unidad en la cual se encuentra alojado, el dato objetivo de que en numerosas oportunidades debe ser asistido por sus compañeros de detención para la realización de actividades cotidianas como pueden ser alimentarse, vestirse o ir al baño, desvirtúa en gran medida la afirmación de los galenos” lo que haría sin más al reo un verdadero inválido. Se nota que el Dr. Castelli no conoce la situación de la mayoría de los internos de penales federales respecto al acceso a salud, alimentación, recreación y trabajo, o los considera autoválidos pese a los golpes, la comida podrida, los colchones mojados por la humedad, el aislamiento injustificado y el abandono médico, sino firmaría domiciliarias en masa para los infractores al menudeo a la ley 23.737 que habitualmente su Tribunal manda a ejecutar condena. En su voto el Dr. Vega llamó la atención a una contradicción de los fiscales, que pese a que los peritos del HPC, CMF y los propios dijeron que el reo podía continuar en el penal -en situación de Hospital nunca en celda común- pese a ello accedieron a otorgarle el beneficio, con lo cual el juez votó negando la domiciliaria. Pero el Dr. Esmoris desempató la cuestión sólo con asentir al voto de Castelli en dos esmerados renglones.
En esta maraña novelada de argumentos médico-leguleyos se pierde lo esencial del caso, que es quién es el reo en cuestión y qué condena ha recibido. En diciembre de 2012 Cozzani había sido condenado a prisión perpetua de cumplimiento efectivo como autor de los homicidios de Diana Teruggi, Roberto Porfidio, Eduardo Mendiburu Elicabe y Juan Carlos Peiris, por la sustracción, retención y ocultamiento con alteración del estado civil en perjuicio de Clara Anahí Mariani Teruggi, todo ello ocurrido en el ataque a la casa Mariani-Truggi en noviembre de 1976, y por 17 casos de secuestro y torturas ocurridos en el CCD Puesto Vasco, ubicado en la localidad de Don Bosco en Quilmes. Aquella condena fue parte del juicio denominado “Circuito Camps”, que incluyó hechos de sólo 5 de los casi 30 CCD de la zona represiva del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires.
El represor Cozzani, hoy de 65 años, había ingresado de muy joven a la policía bonaerense en plena dictadura y tras haber hecho un breve paso por el Ministerio de Acción Social bonaerense durante el gobierno del mafioso jerarca de la UOM Victorio Calabró, donde realizó tareas investigativas al amparo del jefe del 1er Cuerpo del Ejército, Alberto Cáceres. Ya en la fuerza comenzó a actuar como custodio de Etchecolatz en la Dirección General de Investigaciones, mientras el chofer se especializaba en delitos económicos y se comenzaba a ejecutar el plan represivo. Figura central en la persecución del “grupo Graiver” y en la investigación de los negociados del empresario periodístico Jacobo Timmerman, Cozzani participó personalmente en marzo del ’77 en los operativos de secuestro de los empleados del grupo y sus familiares, así como en las torturas e interrogatorios que éstos sufrieron en el Centro Clandestino de Detención llamado Puesto Vasco, que funcionó entre 1976 y 1978 en la Subcomisaría de la localidad de Don Bosco, por donde pasaron más de 70 detenidos ilegales.
Detenido desde abril de 1986 como parte del Juicio a las juntas, en la Causa 44 que juzgó a los jefes de la represión de la bonaerense de Ramón Camps, Cozzani fue imputado de 80 hechos entre secuestros y torturas, y se lo condenó a la irrisoria cifra de 4 años de prisión sólo por los casos de Isidoro y Juan Graiver, Lidia Papaleo y Silvia Fanjul. Cumplió una mínima parte de esa condena en el penal de Magdalena, al ser beneficiado con la nefasta ley de Obediencia Debida.
Gozando de la impunidad pactada, Cozzani se refugió en la actividad comercial como gerente del conocido frigorífico platense “Gorina S.A.”, fundó una empresa de venta de carne enlatada llamada “Meat Center” y finalmente, gracias a sus contactos militares, fue designado en tiempos menemistas como director de la Cámara de Comercio del Mercosur con sede en la ciudad brasilera de San Pablo.
Tras la reapertura de los procesos contra los genocidas fue nuevamente detenido en septiembre de 2004. Alojado en el penal de Marcos Paz, Cozzani descubrió sus dotes literarias y comenzó a redactar un libro, finalmente publicado en 2006 bajo el desafiante título “Yo asumo – Conciliemos. Desde la prisión del Dr. Kirchner”. Allí, entre eclécticas citas de San Martín, Mahatma Gandhi y León Bloy, el represor repasa su pasado como ladero de Etchecolatz, se despacha sobre su condición de “preso político” y destila efluvios tanto sobre la gestión kirchnerista como sobre algunos de los represores de la dictadura que, afirma, lo han traicionado. Mientras tanto traficaba la teoría de la reconciliación y justificaba los crímenes del Terrorismo de Estado en frases como: “los denominados ‘centros clandestinos’ tenían nombre, mástil, bandera y escudo, y todos los vecinos tenían conocimiento de que eran dependencias oficiales”; o bien “que hubo errores y excesos, ¡Claro que es cierto! Pero cada argentino debiera preguntarse no sólo quienes son los culpables, sino también, quién está exento de culpas?”.
En exacta coincidencia con lo manifestado por los ministros, centuriones, Avrujs y Lopérfido de la gestión Macri, Cozzani expresó en sus últimas palabras frente al TOF 1 de La Plata antes de ser condenado en 2012: “Señores Jueces, escuché hablar muchísimo de genocidio en las últimas audiencias, y al margen de las distintas interpretaciones de la filosofía jurídica aplicada, me parece una calificación terrible, no por la suma de más o menos años de cárcel, sino por su equiparación con el más cruel, repugnante y horroroso sistema que el ser humano pudo haber practicado en el mundo moderno. (…) He leído bastante sobre el corredor polaco y el gheto de Varsovia. Estoy plenamente convencido que comparar lo aquí actuado con aquello, es una ofensa para con toda la comunidad judía de argentina, como también una falta de respeto para con la comunidad armenia de nuestro país (...) Todos sabemos que el número 30.000 no es correcto, recordemos que incluso el mismo Dr. Duhalde, ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación, dijo que era fundamentalmente una cifra simbólica”.
El negacionismo imperante en los mandamases del Estado en la Argentina de 2017 tiene claros mentores en quienes protagonizaron la represión de Estado que hace más de 40 años luchamos por esclarecer. Es nuestra tarea seguir afirmando ante quien pese que son 30 mil y que fue Genocidio.

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martes, 14 de febrero de 2017

18 DE FEBRERO - JORNADA ANTIRREPRESIVA DEL COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FACIL

En un nuevo aniversario del asesinato de Omar Cigaran a manos del policia Diego Walter Flores, organizamos una Jornada Antirrepresiva para seguir la lucha por Justicia por Omar y todxs lxs pibes. Estamos cerca del inicio del juicio al policia que asesino de Omar en 2013 (comienza el 8 de marzo), asi como al policia que comando el grupo que torturo y desaparecio a Andres Nuñez en 1990 (comienza el 13 de marzo).
Durante todo el día vamos a tener intervenciones artisticas, talleres abiertos, bandas, una radio abierta para familiares y amigxs de asesinadxs por la policía y detenidxs en cárceles. El 8 de marzo va a comenzar el juicio contra Flores por el asesinato de Omar, en la jornada podes acercarte y conocer la militancia que vamos a estar haciendo de cara al juicio.
¡Te esperamos!


¿Quién era Omar?
Era un pibe de 17 años, que vivía junto a su familia en el Barrio Hipodromo de La Plata. El 15 de febrero de 2013, luego de varios meses de persecución policial, fue asesinado a manos del efectivo Diego Walter Flores. Este policía ejecutó a Omar por la espalda en un “supuesto intento de asalto” en calle 122 y 43, a pocas cuadras de su casa. 
El juicio contra el policía comienza el próximo 8 de marzo y la causa se encuentra caratulada como “Homicidio” en el tribunal Oral y Criminal N° 4 del Departamento Judicial de La Plata a cargo de los jueces juan Carlos Bruni, Germán Alegre y Emir A Caputo Tartara. Esta causa llega a juicio sin Fiscal, ya que en su momento Ana Medina, quien fuera la Fiscal consideró un caso de “legítima defensa” del policía acusado y su pedido de sobreseimiento fue avalado por el Fiscal general de La plata Hector Vogliolo. 
La causa está llena de irregularidades: las imágenes de las cámaras de seguridad se entregaron luego de un año; a Omar le plantaron un arma entre sus piernas en la morgue judicial, cuando había estado largas horas tirado en la calle.

GOBIERNO RESPONSABLE
La gestión de Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires nos deja un territorio militarizado y vaciado de políticas sociales en salud, educación, trabajo y cultura. La duplicación de los efectivos de la bonaerense, las nuevas policías comunales, las cárceles saturadas de pobres tiene su efecto concreto: más de 500 víctimas de gatillo fácil, desaparición forzada, torturas y abandono en sedes policiales y penitenciarias entre 2007 y 2015. La gobernación de Vidal solo ha profundizado este panorama, con mayor ajuste y represión. Recientemente y en forma oportunista han retomado el tema de la “Baja de edad de imputabilidad”, en pleno clima electoral, como en las anteriores “discusiones”. Esto solo sirve como chivo expiatorio que quiere descargar el descontento social con mayor marginalización y criminalización de la juventud pobre.

Si es institucional, no es violencia, es represión de Estado.
¡Ni una piba, ni un pibe menos!

Colectivo Contra el Gatillo Fácil
Familiares y amigos de Omar Cigarán, Mauricio Andrada y Andrés Nuñez/ COB La Brecha/ Correpi / Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional/ HIJOS La Plata/ Liga Socialista Revolucionaria / La Retaguardia/ Corriente Surcos/ Juventud Guevarista / Unión por los DDHH.

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martes, 7 de febrero de 2017

Otorgan domiciliaria al represor José Félix Madrid

Veranito en casa de la nena

Desde HIJOS La Plata visitamos el barrio del represor de la Policía bonaerense José Félix Madrid, procesado hace 6 años en la causa por el CCD “Protobanco”, para contarle a los vecinos de San Carlos (La Plata) quien es este genocida, que al igual que otros 500 represores gozan de beneficios extraordinarios pese a haber cometido delitos gravísimos.


Un barrio tranquilo, de casas bajas, arboledas antiguas y algunos baldíos al borde de la circunvalación de calle 31 en la zona oeste de La Plata, San Carlos parece el sitio perfecto para pasar el final de una vida en tranquilidad. Así lo planificó y lo consiguió este represor de la bonaerense de Etchecolatz.
José Félix Madrid prestó funciones en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el cargo de Oficial Subinspector desde el 24 de mayo de 1975, hasta el 7 de marzo de 1976. En La Plata actuaba desde la División Robos y Hurtos, y luego fue trasladado a la Brigada de Lanús. Por ello está acusado de integrar una patota que secuestró y aplicó tormentos a Julio César Mogordoy Carrese, Washington Mogorodoy, Charo Noemy Moreno, Blanca Frida Becher, Norberto Rey y Griselda Valentina Zárate, detenidos en noviembre de 1975 en la ciudad de Buenos Aires, y trasladados primero a la Comisaría 21a, luego al Departamento Central de Policía, y finalmente a la División Cuatrerismo de La Matanza – Centro Clandestino conocido como “Brigada Güemes” o “Protobanco”. Tras sufrir tormentos resultó muerta Charo Moreno, embarazada de cuatro meses y el resto de los detenidos fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
El CCD “Protobanco” operó como centro clandestino de detención desde 1974 hasta febrero de 1977. Se lo denominó así por ser donde luego funcionó “El Banco”, otro sitio de tortura y secuestro activo entre diciembre del 77 y agosto del 78, Ahora funciona allí la Departamental La Matanza de la Policía Bonaerense.
En diciembre de 2011, Madrid y otros 14 represores fueron procesados por el juez Daniel Rafecas por delitos cometidos en “Protobanco”. La causa fue elevada a juicio a cargo del TOF 6 de CABA, y Madrid quedó detenido por entonces en el penal de Ezeiza. Entonces comenzó a buscar la domiciliaria.
El 25 de abril de 2016 la defensa de Madrid reiteró un pedido de arresto domiciliario a su favor arguyendo que sus patologías se habían agravado desde su detención, que llevaba cinco años detenido sin fecha de juicio, y que su defendido estaba dispuesto a aplicarse un dispositivo electrónico de control para garantizar su sujeción a la causa. Ante esto el fiscal de la causa se opuso a la concesión del beneficio y dijo que si bien es un paciente que requiere de un control y un tratamiento permanente y actualizado, su legajo de salud no permitía afirmar que sus patologías podían ser tratadas en cualquier centro de emergencia penitenciario e incluso extramuros si así lo necesitaba, pero que debía permanecer en la Unidad 31 de Ezeiza. Entonces Madrid comenzó una campaña de ablandamiento del tribunal con sendas cartas pidiendo clemencia por un viejito “hipertenso, diabético, insulino-dependiente de grado avanzado, con pérdida de sensibilidad en las piernas e incapacitado motrizmente” y, como les enseñó a todos los genocidas presos su superior Etchecolatz, en julio de 2016 inició huelga de hambre con el libreto dramático de que elegía morir acompañado de sus camaradas y no solo en el Hospital Penitenciario.
En agosto de 2016 fue rechazado el pedido de arresto domiciliario que, tras ser apelado, fue concedido por el Tribunal 6 de CABA el 18 de diciembre pasado. La garante del beneficio es su hija, María Carla, que ofreció la casa de San Carlos para alojarlo. Fue central en el decisorio la opinión de la sala 4 de la Cámara Federal de Casación, que con voto de los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky -los mismos que en marzo de 2015 desvincularon a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos de los crímenes de la “Noche del Apagón” en Jujuy del invierno de 1976- resolvió que ante la insistencia de la defensa del represor la causa debía volver al tribunal de origen y exigió a los jueces “un análisis racional de las constancias obrantes en autos y de los derechos y garantías en juego, es decir que, para imponer y mantener tal medida coercitiva grave deben manifestarse razones fundadas acerca de la necesariedad de tal decisión y la ausencia de riesgos para la salud del imputado”. Una elegante manera de dar vuelta la necesidad de fundar las decisiones y de abandonar la obligación del Estado de custodiar a criminales de lesa humanidad.
Entonces, los jueces del TOF 6 María del Carmen Roqueta, José Martinez Sobrino y Julio Panello volvieron sobre sus pasos e interpretaron el carácter “crónico y evolutivo” de las enfermedades del reo y “posibles episodios de descompensación impredecibles en el tiempo” y resolvieron otorgar el beneficio, eso sí, aplicando el sistema de vigilancia electrónica. Ni una palabra sobre la incidencia del fresco aire de San Carlos para evitar los “posibles episodios de descompensación”, teniendo en cuenta que el tribunal aún necesita juzgar a Madrid por los delitos que se le imputan y que llevan más de 40 años impunes.
Los hermanos Madrid prestaron buenos servicios a la institución policial en dictadura. En julio de 2013 su hermano y también policía, Domingo Luis, fue condenado con su esposa y una médica en La Plata a 10 años de prisión por la apropiación de la hija de desaparecidos Elena Gallinari Abinet. José Félix integra la lista de más de 500 genocidas de la última dictadura que gozan del arresto domiciliario. Está alojado en la casa de la nena, en calle 41 N° 1926 entre 133 y 134 del barrio platense de San Carlos, pese a haber cometido crímenes gravísimos.


Este asesino debe cumplir estricto arresto en la casa de su hija. 
Si lo ve en la calle comuníquese a hijoslaplata@gmail.com - Facebook: HIJOS LA PLATA

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS
BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS ASESINOS
RESTITUCIÓN DE LOS JÓVENES APROPIADOS

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martes, 31 de enero de 2017

8 años sin Luciano Arruga

POR LUCIANO Y POR TODOS LOS PIBES ... LA LUCHA SIGUE!!!

Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil estuvimos presentes en la jornada de lucha al cumplirse los 8 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga en Lomas del Mirador, La Matanza. Acompañamos a Vanesa, Mónica y al grupo de compas de Familiares y Amigos de Luciano, así como al resto de familiares de víctimas de la represión de Estado.

Reclamamos el aceleramiento de la causa federal contra los policías Díaz, Herrera, Monte, Marquez, Sotelo, Fecter, Vazquez y Zéliz, imputados por la desaparición de Luciano el 31 de enero de 2009. Sabemos que el Estado siempre es reticente si se trata de probar la verdad de sus propios crímenes atroces y que nunca le alcanzan las pruebas para encontrar a los verdaderos responsables.
La intencionada versión de que Luciano murió en un accidente de tránsito cruzando la General Paz fue una burla más a la lucha de tantos años por encontrar a Luciano, y en todo caso no exculpa las responsabilidades por esta trama de encubrimiento y desidia política-policial-judicial en el destino del cuerpo. Sea cual haya sido su trágico final. El caso tuvo un primer juicio donde se condenó al sargento Torales por las torturas aplicadas a Luciano en una detención en el mismo Destacamento donde 4 meses más tarde lo desaparecerían. Pero el crimen de Luciano sigue impune, e implica una trama de encubrimiento que involucra a la Policía Bonaerense, Federal y al sistema de Salud de CABA.
Sucede que el Estado se niega a reconocer las desapariciones forzadas como tal. De hecho la “déKada ganada” dio continuidad a esa práctica a poco de echada a andar: en octubre de 2003 la policía de Chubut secuestraba, torturaba y desaparecía a Iván Eladio Torres, un joven de 26 años de Comodoro Rivadavia que ya venía sufriendo amedrentamientos por el solo hecho de ser joven y pobre. Como Luciano. El caso Torres resultó una marca para la gestión K, pues a partir de un fallo condenatorio de la Corte Interamericana de DD.HH. en 2011 fue conminada a incluir la figura específica de la desaparición forzada de persona en su ordenamiento legal. Esto es: en el país de los 30 mil desaparecidos, el Estado argentino tardó 28 años en reconocer la entidad del delito con la ley 26.679, y sólo lo hizo tras recibir una sanción externa, como medida parcial por un caso aún impune en plena “democracia”. Las desapariciones forzadas, como las de Andrés Nuñez, Miguel Bru, Daniel Solano, Sergio Avalos, Facundo Rivera, Ismael Sosa y Gerardo escobar son más de 210 desde 1983 a la fecha, y en su mayoría permanecen impunes.
A esta altura una cosa queda clara: no necesitamos más muertes impunes para confirmar la continuidad de las vejas prácticas de desaparición y encubrimiento de los crímenes de Estado.
No necesitamos que el Estado nos diga que va a combatir su propia “violencia institucional”. Nosotros no usamos el término y lo criticamos cada vez que podemos, porque definimos la problemática como Represión Estatal. Así lo compartimos con lxs compañerxs de Familiares y Amigos de Luciano que este año pusieron esta definición al frente de la marcha. Hacia adelante haremos lo que mejor aprendimos: seguiremos la lucha por justicia en el caso, por la memoria de Luciano y de los más de 210 desaparecidos en estos últimos 33 años.

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL LA PLATA
Familiares y amigxs de Omar Cigarán, Mauricio Andrada y Andrés Nuñez, COB La Brecha, Correpi, Corriente Surcos, Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional, HIJOS La Plata, Liga Socialista Revolucionaria, Juventud Guevarista, La Retaguardia, Unión por los DDHH.



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domingo, 25 de diciembre de 2016

JUSTICIA POR VICTOR GONZALEZ


El 24 de diciembre se cumplieron cuatro meses de su asesinato. Seguimos exigiendo justicia por Víctor Gonzalez.

En la mañana del 24 de agosto de 2016 encontraron asesinado de un tiro por la espalda a Víctor Gonzalez, de 17 años en calle 60 e/ 1 y 115, frente al cuerpo de caballería de la Policía bonaerense. Víctor, al igual que los muchos pibes asesinados en la región, es otra víctima del aparato represivo del Estado. En la causa, el principal sospechoso es el oficial superior de la policía bonaerense, capitán Guillermo Salas, actual jefe de calle de la comisaría 9°, que practica regularmente la recaudación ilegal a los comerciantes, y las detenciones arbitrarias y persecución a los pibes pobres en la zona.
El disparo por la espalda que asesinó a Víctor hace inaceptable la típica excusa policial de la ¨legítima defensa¨.

La versión mas cercana a la realidad indica que el policía persiguió al joven desde su auto y disparó cuatro tiros con su arma reglamentaria antes de darse a la fuga. Víctor iba en moto con al menos un acompañante, que sería testigo presencial de los hechos pero estaría oculto para preservarse.
La causa estuvo un mes a disposición exclusiva de la bonaerense para manipular la prueba y sin permitir a la familia el acceso al expediente. La fiscal del caso, Leila Aguilar, no quiso recibir a la familia. La jueza Marcela Garmendia no avanzó con prueba sustancial para encontrar al responsable. El asesinato de Víctor no es un caso aislado. La persecución, la tortura y el asesinato a través del gatillo fácil son prácticas sistemáticas del brazo armado del Estado.

Este no es un caso aislado, porque ya son más de 4.900 las personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 a la fecha, en sus distintas modalidades de “gatillo fácil”, torturas y asesinatos en sede policial o penitenciaria. Como Víctor, la mayoría son jóvenes pobres de entre 15 y 25 años.

La Comisaría 9ª de La Plata tiene un largo historial represivo. El caso de Miguel Bru, secuestrado, torturado y desaparecido en esa seccional en agosto de 1993 es el más emblemático. Pero también está el caso de Daniel Migone, asesinado con la misma modalidad en noviembre de 2005. La 9ª también se especializa en la persecución y hostigamiento a las compañeras trans y travestis en la zona roja.
En los ultimos años muchos de los titulares de las comisarías platenses fueron ascendidos a la Departamental. Muchos de ellos, incluyendo al jefe de la Departamental Centro Dario Camerini, están hoy denunciados por complicidad por la aparición de 36 sobres con 154 mil pesos de la recaudación ilegal en la Jefatura Departamental.

La gestión de Daniel Scioli en la provincia de Bs As nos dejó un territorio militarizado y vaciado de políticas sociales en salud, educación, trabajo y cultura. La duplicación de los efectivos de la Bonaerense, las nuevas Policías Comunales, las cárceles saturadas de pobres tienen su efecto concreto: más de 500 víctimas de gatillo fácil, desaparición forzada, torturas y abandono en sedes policiales y penitenciarias entre 2007 y 2015. La gestión de Maria Eugenia Vidal promete profundizar este camino, con la seguridad al mando de Pablo Bressi, responsable de la Masacre de Ramallo y ex jefe de Narcotráfico de la bonaerense.

Seguimos exigiendo:

-JUSTICIA POR VICTOR GONZALEZ Y POR TODXS LXS PIBXS ASESINADXS POR LA POLICÍA

-BASTA DE HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN A LOS PIBES DE LOS BARRIOS

-BASTA DE GATILLO FACIL 

-NI UN PIBE, NI UNA PIBA MENOS

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL 
Familiares y amigos de Omar Cigarán, Mauricio Andrada, Victor Gonzalez y Andrés Nuñez/ COB La Brecha/ Correpi/ Frente Popular Darío Santillán-CN/ HIJOS La Plata/ La Retaguardia/ Corriente Surcos/ Juventud Guevarista-Unión del Pueblo/ Unión por los DDHH/ Liga Socialista Revolucionaria.


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