SALIO "LA JUSTICIA A CUENTAGOTAS". Conseguilo en: "GIROLOCO" (Pza. Italia e/7 y diagonal77) * "Dardo Rocha" (6 e/48y49) * "Ulpiano" (48 e/12y13) * "Espacio Jurídico" (Talcahuano nº487 BsAs).

martes, 27 de enero de 2015

SI ES INSTITUCIONAL … NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN!!!

6 AÑOS SIN LUCIANO ARRUGA
A 6 años de la desaparición de Luciano Arruga, seguimos denunciando la impunidad en el caso. Haber encontrado el cuerpo de Luciano es una victoria de la lucha popular. Sabemos que a Luciano la policía lo tenía marcado desde hacía tiempo, que lo venía hostigando para que saliera a robar y que él se negaba. Esa realidad es la misma que viven miles de pibes todos los días en los barrios; una realidad que, desde 1983 hasta hoy, se cobró más de 4.200 vidas de pibes a través del gatillo fácil y las torturas en lugares de detención. Entre ellos, más de 200 están desaparecidos.  Luciano era uno de ellos. Y no creemos en la teoría del “accidente” o la “cadena de irregularidades”.
Nada de lo sucedido con Luciano nos sorprende, porque sobran antecedentes: Alejandro Flores, de 5 años, atropellado por un patrullero y enterrado por policías en Córdoba; Emilio Blanco, de 17 años, muerto con la “bolsita” en la comisaría de Chascomús y tirado a las vías para que pareciera un accidente; Diego Rodríguez Laguens, muerto por tortura en una comisaría de Salta y tirado en la ruta para que los camiones le pasaran por encima, Christian “rusito” Perez, torturado a muerte en la Comisaría 10ma de City Bell y arrojado a las vías para encubrir su muerte. Seguimos denunciando las desapariciones forzadas como tales, porque seguimos buscando a Daniel Solano, a Julio López, a Iván Torres, a Marita Verón, a Martín Basualdo, a Diego Duarte, y a centenares más.
En cualquier sociedad donde reinen el privilegio y la desigualdad es necesaria la represión. En cualquier sociedad con ricos y pobres es necesario que haya un opresor y un oprimido. Y en cualquier sociedad que se sostenga de este modo será igualmente necesaria la organización y la lucha popular, para que no haya más pibes como Luciano y para seguir peleando contra las desapariciones en democracia.
A 39 años del último Golpe Genocida denunciamos la misma mecánica de la desaparición forzada: ayer el Terrorismo de Estado, falseando cuerpos NN de personas a las que habían investigado, detenido y asesinado planificadamente, como último eslabón de la cadena de crímenes impunes. Hoy la desidia política-policial-judicial actúa para encubrir los crímenes del aparato represivo “democrático”.
Pese a tanta lucha, la Justicia por los crímenes de Terrorismo de Estado no ha avanzado como debía: 537 represores, 70 absueltos y 6 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 3.383 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 27% del total de los 2.000 procesados desde 2003 fue condenado. Y que a 11 años de anuladas las leyes de impunidad, hay menos de 1 represor condenado por cada uno de los 600 CCD que funcionaron en dictadura y por sólo el 10% de las víctimas reales.
Los crímenes de la dictadura en los CCD del partido de La Matanza siguen impunes. Solo se ha juzgado a un puñado de represores del “Vesubio” y el “Banco”, mientras la causa por la Brigada de Investigaciones de San Justo (Circuito Camps) sigue durmiendo su instrucción en La Plata con 30 represores imputados (la mayoría con domiciliaria); y por los crímenes del Sheraton/Comisaría 8va el juez Rafecas sólo tiene 6 represores procesados por 18 casos de compañeros que pasaron por ese CCD de Quintana y Tapalqué.
Tras 11 años de “gobierno de los Derechos Humanos”, la situación represiva para los sectores populares no ha mejorado: el gatillo fácil, la tortura, las detenciones arbitrarias y el verdugueo constante son las herramientas con las que el aparato represivo estatal impone el orden y el disciplinamiento, para garantizar el control social en los barrios. A esta altura una cosa queda clara: no necesitamos más muertes impunes para confirmar la continuidad de las vejas prácticas de encubrimiento de los crímenes de Estado. No necesitamos que el Estado nos diga que va a combatir su propia “violencia institucional”:  Scioli,  Casal y Espinoza son responsables por el crimen de Luciano.

SI ES INSTITUCIONAL ….…. NO ES VIOLENCIA  ES REPRESIÓN!!!

COORDINADORA ANTIRREPRESIVA SUR:
CORREPI (en el ENA)
HIJOS La Plata
M.P. LA DIGNIDAD
BANDERA NEGRA
ASAMBLEA NO A LA ENTREGA DE LA COSTA
O.T.R.


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domingo, 28 de diciembre de 2014

31 DE ENERO DE 2015 MARCHA EN LOMAS DEL MIRADOR - LA MATANZA


En los casi 6 años de lucha por Luciano, quedan muchas preguntas pendientes:
¿Qué pasó con los testimonios que al inicio del hecho convalidaban la versión de una detención de Luciano con destino incierto?
¿Qué pasó con la detección por el sistema AVL de que un móvil de la 8va y del Destacamento de Lomas estuvo ausente la noche del hecho?
¿Qué pasó con la investigación inicial realizada por la fiscal Castelli y el comisario Javier Chebriau, de conocido pasado en la Delegación Drogas de la Maldita Bonaerense de los '90?
¿Qué pasó con las indagatorias a Diaz, Herrera, Monte, Marquez, Sotelo, Fecter, Vazquez y Zéliz, los 8 efectivos del Destacamento puestos en disponibilidad por la fiscal Cejas?
¿Qué pasó con los libros de registros allanados por la fiscalía en la seccional 8va de Quintana y en el Destacamento?
¿Qué pasó con las pruebas de luminol para encontrar rastros de sangre, hechas a dos años del hecho?
¿Qué pasó con la preventiva pedida por la fiscal Cejas sobre los dos policías responsables de detención y golpes a Luciano en la primavera anterior al verano de los hechos?
¿Por qué, al igual que en el caso Lopez, la investigación la inició la propia Policía bonaerense, en el fuero ordinario, como si se tratara de una búsqueda de persona?
¿Por qué se tardó tanto en aceptar la radicación de la causa en el fuero federal, que es el que investiga delitos complejos como la desaparición de persona?
¿Por qué se tuvo que exigir el llamado a interpelar a los responsables de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos para poder seguir avanzando en la causa?
¿Por qué se tuvo que llegar a la Cámara de Casación Penal para que se habilitara el Habeas Corpus, que fue el que dio este resultado?
¿Po qué el Same, el personal del Hospital Santojani y del Cementerio de Chacarita pueden levantar, operar, dar por muerto y enterrar como N.N. a una persona que, ante la desidia de las instituciones como en dictadura, está siendo desesperadamente buscado por su familia?
Tantas preguntas parecen apuntar a una sola dirección: impunidad y encubrimiento.
Los “accidentes viales” con la Policía de por medio tienen serios antecedentes. En 1997 el sargento Omar Aquirino Díaz conducía un colectivo policial de infantería e iba siguiendo a un colectivo trucho para requisarlo. El móvil policial tenía sede en La Plata, pero estaba operando en Quilmes. En la esquina de Belgrano y Mosconi embistió a Gerardo Godoy, un joven que iba paseando en ciclomotor con un amigo. Gerardo estuvo cinco días en coma y falleció. A partir de allí su familia comenzó a luchar por justicia en el caso. Y conocieron el manto de encubrimiento que la bonaerense despliega cuando uno de los suyos está en problemas. Descubrieron que el sargento Díaz no tenía registro para manejar el colectivo, sino móviles sólo de carga de hasta 350 toneladas. Nunca le retiraron el registro. Fue juzgado por un simple delito de tránsito. El padre de Gerardo dijo en el juicio, en este caso siendo literal: “No olvidemos que quien maneja un vehículo también porta un arma”. Agregamos “porta un arma y viste gorra azul”.
También la modalidad policial de asesinar para luego hacer pasar como accidente tiene ejemplos claros. En enero de 2002, el cuerpo inconsciente de Christian “El Rusito” Pérez fue arroyado por un tren cerca de la estación de City Bell. Había sido detenido de madrugada en la comisaría 10ma de City Bell, llevado por un grupo de personas que lo acusaba de haber atropellado al hermano de un policía. Trasladado luego al Cuerpo Médico, le constataron “lesiones leves” en un acta que no tenía su firma. Luego lo llevaron nuevamente a la comisaría, donde lo cruzó el hermano del supuesto policía atropellado. A las 6:20 según un acta policial, con firma también falsa, el joven se habría retirado de la comisaría. A las 8:30 su cuerpo era arroyado por un tren, cuyo maquinista declaró que pudo observar a distancia un cuerpo inmóvil sobre las vías y que no tuvo posibilidad de frenar a tiempo. El fiscal Leandro Heredia convalidó la versión policial de “suicidio”, y delegó la investigación en la fuerza. Hubo dos autopsias que se contradecían sobre la causal de muerte. Las ropas y pertenencias de Christian desaparecieron, mientras que las muestras de ADN entre sus dedos, así como el libro de guardia, fueron ocultados por 7 años. A pesar de esto, la carátula de suicidio se mantuvo. Doce años después, y por la intervención del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, se logró impedir el cierre de la causa y se logró la detención de 4 policías por “homicidio agravado por alevosía”.

HIJOS La Plata

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sábado, 29 de noviembre de 2014

1er Encuentro Nacional Contra la Impunidad y la Represión.

Compañeros y compañeras:

Enviamos un primer listado con todas las organizaciones que han asegurado su presencia hasta el momento en el 1er. Encuentro Nacional contra la impunidad y la Represión del 6 y 7 de diciembre.

Aquellos compañeros y organizaciones que quieran adherir y/o participar les pedimos nos envien un mail a la dirección :enc.contraimpunidadyrepresion@gmail.com .

Como ya hemos aclarado en otros correos, desde la comisión Organizadora aseguraremos el hospedaje gratuito para los compañeros que se trasladan desde otras provincias ( les pedimos se contacten con la dirección de correo anterior).

A las organizaciones que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires les pedimos un aporte solidario de $200.- por organización, para poder asegurar los gastos de funcionamiento del Encuentro.


COMISIÓN ORGANIZADORA 1er. ENCUENTRO CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA REPRESIÓN
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES CONFIRMADAS HASTA EL 30/11/2014
AEDD- Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
APEL- Asociación de Profesionales en Lucha.
APEMIA- Agrup. Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA.
CADEP- Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo
CADHU-Centro de Abogados por los Derechos Humanos
CAJ-Comité de Acción Jurídica
CEPRODH-Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
CMM-Colectivo Memoria militante
LIBERPUEBLO
MEDH
SERPAJ-Servicio Paz y Justicia
APDH MATANZA
APDH ROSARIO
MEDH-SANTA FE
UADH-ROSARIO-Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos
COMISION DE HOMENAJE MADRES DE QUILMES
COMITE POR LA LIBERTAD A LOS PRESOS DE ATE SANTA CRUZ
CORREPI-Coord.Contra la Represión Policial e Institucional- en el ENA
HIJOS LA PLATA
HIJOS MAR DEL PLATA EN LA RED NACIONAL
LAS AZUCENAS
MULTISECTORIAL LA PLATA BERISO Y ENSENADA
VECINOS DE SAN CRISTOBAL contra la Impunidad
CADH ROSARIO (COMIS. ANTIRREPRESIVA POR LOS DDHH) EN EL ENA
CENTRO POR LOS DDHH HERMANOS ZARAGOZA
COLECTIVO DE ABOGADOS Y ABOGADAS POPULARES LA CIEGA
ASOCIACIÓN DDHH CAÑADA DE GOMEZ -SANTA FE
AGRUPACION ¿QUIÉNES SOMOS?
RESISTENCIA QOM
COORDINADORA ANTIRREPRESIVA DEL SUR
GREMIAL DE ABOGADOS
FAMILIARES DE CROMAÑON
FAMILIARES Y AMIGOS DE LUCIANO ARRUGA
FAMILIARES Y VICTIMAS DE LA REPRESION ESTATAL RIO NEGRO NEUQUEN
FRENTE DE LUCHA POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA
CTA- LOMAS DE ZAMORA
ATE-ROSARIO
ATE SUR
SEC. DDHH ATE PROVINCIA
SEC. DDHH CTA LA PLATA Y ENSENADA
SEC. DDHH SUTEBA LA PLATA
SEC. DE PRENSA CTA SANTA CRUZ
SEC. DDHH CTA ROSARIO
CENTRO DE PENSAMIENTO CRITICO WALTER BENJAMIN
MUTUAL SENTIMIENTO
TODOS LOS 25 HASTA QUE SE VAYA MONSANTO

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CAMBIAR PARA PEOR. BNDG.

La Lucha por el BNDG...
Audiencia en Diputados el 14-11-14

Contra el desguace y desnaturalización del BNDG 
CAMBIAR PARA PEOR

A exactos 5 años de la sanción de la nueva ley del Banco Nacional de Datos Genéticos (26.548) y con una Audiencia Pública en el anexo de la Cámara de Diputados, desde la Mesa Todos por el Banco insistimos en la inconstitucionalidad de dos artículos de esa ley, denunciamos el intento de desguace del actual Banco y luchamos por la universalización del Derecho a la Identidad. 

El reclamo 
Con la reglamentación de la nueva ley y el traslado del Banco a otra sede que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva llevará a cabo, se desnaturaliza la esencia del BNDG y se afecta su funcionamiento, porque la nueva ley limita su competencia exclusivamente a causas relacionadas con el terrorismo de Estado, restringiendo la universalidad de la labor del Banco a los crímenes de lesa humanidad previos a 1983. En función de ello venimos alertando que quedan excluidos de su competencia las causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas de las últimas tres décadas, supresión de estado civil en los casos no relacionados a la última dictadura, los datos genéticos de personas que han asistido al Banco por causas judiciales civiles o criminales, juicio de filiación común o particular, o quienes han recurrido al Banco con la sola intención de dejar su muestra de ADN en resguardo de su patrón genético. La gravedad que la nueva norma genera implica por defecto la negación del acceso a la justicia y del derecho a la identidad en diferentes causas y se pierde la condición de gratuidad del servicio, ya que los requirentes deberán acudir a laboratorios privados para realizarse los análisis, habida cuenta de que no existe aún una red federal pública consolidada para otorgar el servicio. 
Pero además, el potencial traslado físico de las muestras pone en riesgo la cadena de custodia del material genético entregado al Banco, con la garantía de reserva de la información. La ley establece una estricta confidencialidad en lo que respecta al archivo de las muestras, por lo que la responsabilidad de la cadena de custodia la tiene la directora actual del Banco y por ley sólo puede entregársela a otro director designado por concurso. 
También denunciamos que la motivación real del traslado es la voluntad del Ministerio de integrar al Banco a un Instituto de Genómica Humana, lo cual no sólo no está contemplado en las nueva ley ni en su decreto reglamentario (38/2013), sino que perseguiría objetivos muy diferentes. 
Con estos planteos desde la Mesa de organizaciones “Todos por el Banco” hace un año y medio comenzamos una campaña para alertar a la sociedad de las consecuencias de estos cambios y exigir al Estado que cumpla sus obligaciones en la materia sin recortar derechos y con las amplias facultades que posee. 
En agosto de 2013 realizamos un abrazo simbólico a la sede del Banco en el Hospital Durand con la presencia de la Madre de Plaza de Mayo María Esther Biscayard de Tello y presentamos una demanda al Estado Argentino. En el marco de la causa “Chorobik de Mariani, María Isabel y otros c/ PEN- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva- Ley 26.548 s/ Proceso de conocimiento”, radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal I, se nos otorgó una medida provisional para impedir el traslado del BNDG, hasta resolver la medida cautelar solicitada. En septiembre de 2013 hicimos un debate público en el Senado con la presencia de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, “Chicha” Mariani, quien manifestó su preocupación porque este cambio significara la destrucción de lo que había costado tanto esfuerzo construir. 
(La audiencia completa puede verse en http://www.youtube.com/watch?v=m2XAWkZhCjQ
En diciembre pasado el juez Marinelli dio marcha atrás a su medida interina anterior y habilitó el traslado basado en la garantía que siginificarían los informes que le remitió el ministerio de Ciencia. Pero aún no se expidió sobre el pedido de inconstitucionalidad que presentamos por dos artículos de la Ley 26.548, verdadero origen de este meollo. 
En junio pasado realizamos una Audiencia Pública en la Legislatura Porteña con el acompañamiento del legislador Marcelo Ramal, el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel y el grupo Familiares y Amigos de Luciano Arruga. 
En agosto de este año realizamos una conferencia de prensa en el Hospital Durand, con la presencia de Elsa Pavón de la Asociación Anahí y Mirta Acuña de Baravalle de Madres de Plaza de Mayo, ambas fundadoras del Banco en la década del '80. 

A exactos 5 años de haberse aprobado en el Senado la nueva ley del Banco, el 14 de noviembre volvimos a llevar nuestro reclamo al ámbito parlamentario con una Audicencia Pública a instancias de los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Néstor Pitrola y Pablo López. Estuvieron presentes y tomaron la palabra la directora del Banco, Belén Rodriguez Cardozo, Néstor Carlinni y Carlos Lordkipanidse de la Asociación de Ex–Detenidos Desaparecidos, Graciela Palma Arizaga y María Rosa Pallone de la organización ¿Quiénes Somos?, Diego Aysine de Asociación Profesionales en Lucha, Clara Petrakos (en búsqueda de su hermana apropiada en dictadura) y militantes de HIJOS La Plata, entre otros. 
La actual directora de la institución, Dra. Belén Rodríguez Cardozo expresó con claridad durante la audiencia “este equipo (del BNDG) no va a componer el Banco que vaya a (funcionar) en el Ministerio de Ciencia”. Respecto a los familiares, militantes y organismos de derechos humanos presentes en la audiencia dijo “vienen apoyando un derecho genuino, no solamente a nosotros como trabajadores que estamos indefensos, sino cuidando la reserva de muestras invaluables que tiene el BNDG. Hay muchas familias, abuelas que han fallecido y cuya única evidencia para encontrar a sus familiares está e el Banco”. La directora informó que “asistimos a más de 100 jóvenes semanalmente desde que se produjo la restitución de Ignacio, nieto de la señora Estela de Carlotto. Ellos saben que es un organismo en cual se puede tener confianza, donde el único fin es acercarlos a su familia biológica”. Agregó que “es una lástima que solo tenemos el Banco de lesa humanidad cuando hoy podríamos trabajar todas las denuncias de mamás, papás, a los cuales les han robado sus hijos, los han perdido o ha habido cualquier otro delito donde el Banco tiene herramientas para colaborar en su identificación”. 
Una vez más quedó clara la contundencia de nuestro rclamo, y desde la bancada del FIT se comprometieron a trabajar en un proyecto que corrija las desaveniencias que plantea la ley de 2009 y trabajar el consenso de esa iniciativa con el resto de los legisladores que se oponen al traslado y desguace del Banco. 

Avanzan los negocios 
Los primeros pasos que ha dado el Ministerio de Ciencia para poner en función a las autoridades del nuevo BNDG confirman nuestra inicial denuncia de que todo este proceso buscó el vaciamiento del Banco para convertirlo en plataforma de un “Instituto de Genómica Humana” asociado a capitales interesados en el negocio de la medicina genómica. 
A pedido de informes de la Senadora Morandini, en septiembre de 2013 el Ministerio respondió que el traspaso se haría mediante un Convenio de Colaboración entre los ministerios de Salud de la ciudad y nación, que incluiría una auditoría del traslado físico de las muestras con funcionarios de ambas partes, más veedores genetistas forenses, organismos de DDHH, la Conadi, la Procuración, jueces y camaristas federales. Además, aportó que para la puesta en valor de la nueva sede se gastaron $2.800.000 para una superficie total de 306 metros cuadrados, y reconoció la creación de un Instituto de Investigación Genómica en el ámbito del Ministerio, pero lo definió como una “idea proyecto independiente” del Banco. 
Sin embargo, en mayo de este año el Ministerio llamó a concurso público para cubrir el cargo de Director General Técnico del nuevo BNDG, y designó el jurado que intervino para evaluación de los postulantes. En julio pasado desde la “Mesa Todos por el Banco” impugnamos la candidatura de la principal postulante, la Dra. Herrera Piñero, por entender que no se encuentra apta para ocupar el cargo. 
En agosto pasado el Ministerio rechazó las objeciones planteadas y consideró que no se encontraba acreditada la carencia de integridad moral y rectitud cívica de la postulada. En septiembre aprobó entonces el orden de mérito de acuerdo a la terna elevada por el Jurado de Selección para el cargo de Director General Técnico, y publicó los curriculums de (en orden de Prioridades): Mariana Herrera Piñero, Walter Rubén Bozzo, y Juan Carlos Jaime. (1) Bozzo ha trabajado como perito en la Asesoría Pericial de La Plata, tiene su propio laboratorio de citogenética clínica “Hereditas”, con sede en La Plata, y al igual que Herrera Piñero es miembro de la Sociedad Argentina de Genética Forense (SAGF). Jaime es delegado argentino de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, ha hecho el invalorable aporte de inventar una"tinta infalsificable" que contiene parte del material genético de la persona que la emplea, y hace 2 años se rechazó su postulación para la dirección del Laboratorio de Genética Forense de Río Negro por no reunir “las condiciones mínimas indispensables para desempeñar el cargo”. 
Según se lee en un CV que propio Ministerio dió a conocer (2), la Dra. Herrera Piñero se recibió de Bióloga en el '87, año de creación del Banco, y trabajó cinco años en el ámbito público como becaria del CONICET en el área de Inmunogenética del Hospital de Clínicas. Pero luego derivó al ámbito privado como directora del laboratorio “Biología Molecular Diagnóstica” y luego de las empresas GENDA S.A. y MYGEN S. A. La primer empresa realiza estudios de filiación mediante análisis de información genética, osea que compite en su objeto con parte de las tareas que realiza el BNDG. La segunda gestiona la compra, venta, alquiler, procesamiento, distribución y asesoramiento de productos, máquinas, reactivos, accesorios y/o todo elementos aplicado a las prácticas y las determinaciones biológicas en humanos, el agro y la veterinaria. Con estos datos hemos planteado que la doctora se encuentra involucrada en actividades incompatibles con el ejercicio de sus funciones y podría recibir beneficios personales indebidos vinculados a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones. Como el mismo Ministerio informó en 2010, la Dra. participó como representante de los laboratorios privados durante la discusión parlamentaria en el marco de la actividad de la Comisión Asesora para la Reglamentación de la nueva ley del Banco, junto a los doctores Carlos Pirola, Daniel Corach, Héctor Targovnik y Víctor Penchaszadeh. 
Pero el proceso de cobertura de cargos viola incluso las disposiciones de la nueva ley del Banco, que en su Artículo 19 establece que el Director General Técnico debe ser “profesional en bioquímica o biología molecular, con reconocida experiencia en genética forense”, de manera que como Doctora en Ciencias Biológicas no sería suficiente para poder ocupar el cargo concursado para el BNDG. Ocurre que los títulos que hizo valer como “Especialista en Genética Molecular” y “Especialista en Genética Forense” son otorgados por una institución que ella preside, la Sociedad Argentina de Genética Forense (SAGF). 
El nuevo escrito, presentado en octubre pasado por la “Mesa Todos por el Banco” al Ministerio para que reconsidere su aval a la Doctora, es concluyente al señalar que la profesional “se presentó a un concurso cuya reglamentación redactó, beneficiada por una ley restrictiva de los derechos humanos que promovió y avalando su especialidad con un título que otorgó la Sociedad Argentina de Genética Forense, cuya Comisión Directiva integra, y un título de la Sociedad Argentina de Genética que no se encuentra acreditado por Coneau y que, en la actualidad, ni siquiera puede obtenerse en dicha Sociedad. Además, el jurado estuvo conformado por la Dra. Mercedes Loja y Dr. Carlos Vullo, ambos miembros de la Comisión directiva de Sociedad Argentina de Genética Forense, colegas de la institución, quienes no están en condiciones de evaluar con imparcialidad la validez del título otorgado por la Sociedad de la que son miembros”. 

Fallas de origen 
Cuando hace 5 años se discutió en el Senado el proyecto del Ejecutivo para trasladar el BNDG, el senador oficialista Daniel Filmus (coincidentemente ex ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Kirchner) apoyó su voto positivo diciendo: “Si no avanzamos con estos temas hoy, después de treinta años que estamos discutiendo al respecto, creo que dentro de unos cuantos años vamos a volver a discutir sobre ellos”. El debate sigue abierto por la improvisación y inconsistencia que presenta la ley 26.549, además de que al Estado le resta restituir casi el 80% de los casos de apropiación denunciados hace décadas. 
El repaso de cómo se dio el debate parlamentario de la nueva ley es aleccionador. La excusa más clara que fundamentaría la necesidad de la reforma se expresa en el mensaje que el Ejecutivo envió al congreso en septiembre de 2009, donde se plantea la supuesta y añeja contradicción de que el Hospital Durand y el BNDG hayan quedado en la órbita de la CABA, siendo que la obligación de la restitución de identidad es del Estado federal, y donde se lee que “uno de los puntos salientes del proyecto de ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos está en su ubicación institucional en la esfera del Poder Ejecutivo Nacional”. 
En Diputados las Comisiones de DD.HH., Legislación Penal y Presupuesto elaboraron 3 dictámenes. (3) El de mayoría, poco más que un copia y pega del proyecto de 20 páginas del Ejecutivo, fue firmado masivamente por los diputados del Frente para la Victoria, incluidos los familiares-víctimas del Terrorismo de Estado como Carlotto, Segarra, Vargas Aignasse y la entonces cristinista Donda. 
En el dictamen en minoría, las diputadas Morandini, Carca, Gil Lozano y otros (Frente Cívico - Coalición Cívica) incluyeron modificaciones para preservar en la nueva norma como actividad del BNDG “la determinación y esclarecimiento de todos los conflictos relativos a la filiación”. Fundamentaban su posición en hacer “prevalecer el interés común y el carácter amplio de la garantía de los derechos por sobre una concepción restrictiva de los mismos”, y en que “el pretendido traslado del BNDG en realidad implica el cierre del mismo”. También denunciaban el desguace que significaría el proyecto oficial en el área inmunológica del Durand, al decir que la afectación íntegra de bienes de la actual sede al nuevo Banco “incluye la aparatología y las muestras de ADN existentes y por lo tanto implica vaciar de herramientas técnicas y científicas al Servicio, desconocer el aporte de fondos que realizó la CABA, y las donaciones particulares y recibidas desde el exterior”. Y finalmente afirmaban que el proyecto oficial “en la práctica supone que tanto los hijos/as del tráfico y las víctimas de la trata de personas como los familiares de Jorge Julio Lopez y Miguel Bru (por citar sólo dos ejemplos de desaparecidos en democracia) no tengan acceso a esta herramienta científica”. 
Incluso un segundo dictamen en minoría de la diputada Nora Ginzburg (PRO), denunciaba que el proyecto del Ejecutivo sobre el Banco pretendía “desnaturalizar sus funciones y vaciarlo de contenido”; y además de incluir ampliamente entre su actuar todos los conflictos de filiación, proponía estipular expresamente la continuidad de su funcionamiento en el Durand. 
Pese a estas objeciones, la discusión sobre tablas en Diputados no llevó más de treinta minutos y, pese al pedido de la diputada Carca de que el expediente vuelva a comisiones, se votó y aprobó el dictamen de mayoría. Con una modificación de fondo que salvaba una improvisación del proyecto original: en lugar de trasladarse al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se lo enviaba al de Ciencia y Tecnología, que no era querella en los juicios de Lesa Humanidad, como sí lo era la Secretaría de Derechos Humanos dependiente de Justicia y podía plantear cuestiones de competencia. 
En el Senado el proyecto se trató junto a otras dos iniciativas: la modificación del Código Procesal, en relación a la extracción compulsiva de ADN para investigar ciertos delitos, y la regulación de la participación de las asociaciones intermediarias, referido a la representación en juicio de las organizaciones de Derechos Humanos. Se aprobó, con quórum de más de la mitad de los 58 senadores presentes, por 8 votos y con el 30% del senado en contra. (4) 
El Servicio de Paz y Justicia, que preside Adolfo Perez Esquivel, había pedido en carta a senadores que se otorgue, previo al tratamiento del proyecto en cuestión, una audiencia pública, para plantear objeciones al proyecto, fijar el ámbito de pertenencia del Banco en el Poder Judicial de la Nación, y pautar la elección de la autoridad del Banco con idénticos criterios y metodologías que las que rigen para la selección de los jueces nacionales. Nada de ello fue tenido en cuenta por el cuerpo y sólo los senadores Escudero (PJ), que señaló los casos de filiación que quedaban excluidos del proyecto oficial, y Cabanchik (Coalición Cívica), que apuntó otra paradoja: “Queremos mejorar el Código Penal para reparar justamente situaciones lesivas, originadas por nefastas políticas de Estado en la Argentina (ADN compulsivo) y, al mismo tiempo, en la misma sesión, desbaratamos algo que ha sido un instrumento muy valioso para ello como el BNDG”. 
El acompañamiento letárgico que el oficialismo realizó en la cámara alta tuvo ribetes surrealistas. La Senadora Corregido (Justicialista de Chaco) aseveró que “con estas tres leyes estamos asegurando el derecho a la Verdad”. Seguramente no tuvo tiempo de reparar en el derecho a la Verdad de Lopez, Arruga, Solano, Torres, Bru, y los más de 200 desaparecidos en “democracia”. La Senadora Fellner (PJ de Jujuy) inauguró el concepto de federalismo genético al decir que “en el interior de nuestro país, hay gente especializada que puede y que seguramente se va a presentar a este concurso, y tendremos un Banco Genético para todos los argentinos en el ámbito nacional”. Habría sido pertinente consultarle si conocía a los lobbistas de la Sociedad Argentina de Genética Forense o bien qué se hace en Jujuy respecto a la Trata de Personas, siendo que el nuevo BNDG no actuará en casos posteriores a 1983. Y el histrionismo del senador Pichetto (PJ Río Negro) que trató de aclarar que si “el proyecto original determinaba que iba a ser en el ámbito del Ministerio de Justicia. Como ese ministerio tenía un perfil más político, daba lugar a algunas dudas, y me parece que, en forma razonable, la Cámara de Diputados avanzó al colocarlo en la esfera de un ministerio de carácter eminentemente técnico”. Quizás Pichetto no auguraba en 2009 las puestas en escena que significan las repatriaciones de científicos del Programa Raíces ni la dilapidación de recursos y su utilización política que, desde el Bicentenario, el ministro Lino Barañao realiza en el circo oficialista denominado Tecnópolis. 

Alternativas 
Hace casi un año, la senadora Morandini hizo un pedido de informes, basada en el Reglamento de Acceso a la Información Pública para el PEN, pidiendo que el ministro de Justicia Alak y el secretario de DDHH Fresneda brinden detalles sobre qué medidas concretas adoptaría el Ejecutivo para resolver las problemáticas señaladas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en un informe de noviembre de ese año, y sobre cuáles son los laboratorios integrantes de la “Red de Laboratorios Regionales de Investigación Forense” que cuenta con capacidad técnico operativa para realizar estudios genéticos de filiación para los casos que la nueva ley del Banco dejó fuera de su órbita. 
Fresneda contestó en tiempo y sin forma que en principio se crearía un “Registro de Desaparición Forzada en el ámbito de la Secretaria” y que “se encuentra en estudio la posibilidad de ampliar el límite temporal de las leyes con la finalidad de garantizar a las víctimas de desaparici6n forzada el 
derecho a la reparación, a la verdad y a una indemnización”. Lo notable del caso es que, siendo que el Estado se vio conminado a cambiar su legislación interna para reconocer las desapariciones forzadas por sanción exterior, el prurito del límite temporal de esa práctica es un hueso duro de roer, porque significa el blanqueo de más de 200 casos en las últimas tres décadas. Por eso se entiende que Fesneda conteste que “el articulo 1 de la Ley N° 24.321 es claro y precise en cuanto al periodo de tiempo en el que debió acaecer la desaparición de una persona para declararla ausente por desaparición forzada” lo que para el secretario cordobés “no impide que para otros casos se haya mantenido la vigencia de la Ley N° 14.394 (…) que es de aplicación ordinaria en situaciones de desapariciones tardías o extemponíneas”. Lo que no explica Fresneda es que la norma que él cita regula los procedimientos para los casos de ausencia con presunción de fallecimiento, eufemismo bajo el cual el Estado radical y peronista escondió por décadas bajo un amplio manto de impunidad en democracia los casos de desaparición forzada en dictadura. Manto que vuelve a ser usado ahora para esconder los casos ocurridos en “el gobierno de los Derechos Humanos”. 
Por otra parte, el secretario informó que en 2010 su ministerio firmó un convenio para la creación e implementación de Laboratorios Regionales de Investigación Forense, que se conformó una Comisión Especial para que relevara los equipamientos disponibles en cada región, y que en su informe “se señalaba la inexistencia de laboratorios de tecnología avanzada en manos de los Ministerios Públicos o Poderes Judiciales provinciales (...) viéndose impedido de este modo el cumplimiento del rol acusador que la ley les asigna”. 
Para cubrir ese vacío, el gobierno nacional coordinó con el Consejo de Procuradores, Fiscales y Defensores, y financió el equipamiento, insumos y accesorios, y las provincias aportaron recursos humanos y los inmuebles. A la fecha han sido inaugurados 7 zonas acordadas en el convenio: Noa, Nea, Cuyo Centro, Patagonia Norte y Patagonia Sur, más cinco Institutos de Investigación distribuidos en la Provincia de Buenos Aires, según Fresneda, “equipados con recursos tecno1ógicos y profesionales idóneos para la realizaci6n de estudios de ADN”. 
Si bien es celebrable la iniciativa de federalizar un recurso antes inexistente para las investigaciones criminales en todo el país, que además le quita la tarea específica a la policía y sus viejas mañas, debemos insistir en que un laboratorio no cumple la misma función que un banco de datos genéticos ya que no pude almacenar ni comparar perfiles a gran escala, como plantea la problemática de supresión de identidad en sus diversas versiones, y que sí venía realizando normalmente el Banco en el Durand. Para mayor conocimiento de la Red que pregona Fresneda, y como se puede ver enhttp://www.consejompra.org/index.php/lab-mapa la mitad de las flamantes sedes no tienen personal nombrado y sólo las dependencias de cabecera central de la región operan con un laboratorio específico de genética forense que pueda obtener perfiles para su posterior cotejo o identificación. 
La alternativa que el Estado plantea a quienes buscan su identidad de origen pero no son víctimas del Terror desplegado por ese mismo Estado hace 38 años, no estuvo prevista cuando se sancionó la nueva ley del Banco, y recién está comenzando a improvisar un respuesta a un grupo social que no es menor y que, con casi 3 millones de integrantes, representa el 7,5 de la población del país. Pero la política pública no lo ha tenido en cuenta. 

La mirada externa 
Nuestro reclamo de que el Estado ha abandonado la garantía universal al Derecho la Identidad ha trascendido la discusión pública local, y llegó a los principales organismos de Derechos Humanos internacionales. 
Uno de los opinantes sobre la cuestión ha sido el Observatorio de DD.HH. (Human Rigths Watchs), cuyo director Ejecutivo, José Vivanco, envió una carta a la presidenta en agosto pasado pidiendo “información detallada con respecto a cómo tiene previsto implementar sus políticas públicas sobre esta materia para asegurar que sean acordes con las normas de derechos humanos sobre derecho a la identidad”. (5) 
Atento a la inminencia del traslado del Banco, Human Rights Watch solicitó que Argentina informe cómo se garantizará el derecho a la identidad en casos posteriores a diciembre de 1983, cómo se asegurarán las muestras genéticas durante el traspaso físico del Banco y cómo se obtendrá el consentimiento de quienes han aportado material genético al Banco del Durand. En el pedido, la ONG recordó que la Asamblea General de la OEA manifestó que “el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales”. 
La ONG HRW nació en la década del '70 para monitorear los pasos de los refugiados soviéticos hacia Europa del Este en la Guerra Fría. Su sede se encuentra en Nueva York, su principal donante es el inversor financiero George Soros, y ha sido denunciada por dos Nobel de la Paz por sus fuertes vínculos con el Partido Demócrata estadounidense, la CIA y la OTAN, lo cual explicaría menos su certera opinión sobre Argentina, donde incluyen su preocupación por el ascenso de Milani, “los abusos policiales, las deficitarias condiciones carcelarias, las torturas y la falta de protección de derechos indígenas”; que su mutismo ante el sostenimiento de la teoría de las “Rendiciones Extraordinarias” con que los norteamericanos dan continuidad al Auschwitz del siglo XXI, llamado Guantánamo. 
El otro órgano internacional que ha tenido intervención en la problemática que plantea el traslado del BNDG es el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de la ONU, que funciona hace 34 años y está integrado en su versión actual por destacados abogados, juristas y profesores de Derecho de Sudáfrica, Bosnia, Líbano, Francia y, no podía faltar, el argentino Ariel Dulitzky. En septiembre pasado el espacio Justicia Ya La Plata presentó ante este órgano un informe sobre el caso Jorge Julio Lopez, para que se anoticien respecto de los 8 años de impunidad que pesan sobre la causa, que determinen la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos y emitan las recomendaciones que considere necesarias. Hasta el momento no se avisora una respuesta sino hasta 2016. 
El Grupo venía monitoreando las medidas tomadas por el Estado argentino tras las recomendaciones surgidas de una vista al país en 2008, pero también por la condena que sufrió Argentina en 2011 de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada de Iván Torres a manos de la Policía de Chubut a poco de comenzada la “dékada ganada”, y que es uno de los más de 200 casos denunciados por los organismos de Derechos Humanos independientes del Estado y los gobiernos de nuestro país. En su reporte sobre la situación de la materia en Argentina, fechado el 8 de Septiembre de este año, el Grupo destaca pequeños avances, pero cuestiona hechos graves como que no se legisle para reconocer la desaparición forzada en democracia. (6) 
En el punto 8 saludan la ubicación del BNDG bajo los auspicios del Ministerio de Ciencia y aseguran que “la protección y confidencialidad de los datos genéticos como datos personales sensibles está completamente garantizada”. En el punto 16 observan que la inclusión de la figura de Desaparición Forzada en el ordenamiento legal argentino como delito autónomo (Ley 24.231) “abarca sólo a las víctimas de los hechos que ocurrieron previo al 10 de diciembre de 1983 y que no existe una legislación análoga para las víctimas de desaparición forzada posterior a esa fecha”. Por ello instan al gobierno a “mejorar el sistema de reparación para que todas las víctimas de desaparición forzada, independientemente de cuando ocurrió la desaparición, tengan igual derecho a la reparación”. 
Lo curioso es que el Grupo no relaciona ambos puntos, siendo que la modificación del objetivo del BNDG con la nueva ley de 2009 quita de su esfera de actuación los casos de filiación no referidos a lesa humanidad y las identificaciones de desaparecidos en “democracia”, en consonancia con la ausencia de regulación legal de la desaparición forzada para los últimos 31 años. 
La profundidad del informe de este Grupo, más allá de ser parte de una Organización multilateral que ausculta la represión el Tercer Mundo con la misma proporción con hace la vista gorda de los grandes genocidios que provocan las potencias mundiales, se ve relativizada si tenemos en cuenta que en el punto 19 del informe se saluda la supuesta “desmilitarización y la despolitización de las fuerzas del orden” en nuestro país. Señalan principalmente la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que, parecen no enterarse en el exterior, posee varios agentes procesados por “favorecimiento doloso de la evasión” del represor Alejandro Lawless, con actuación en Bahía Blanca en dictadura, que cumplía domiciliaria y a quien dejaron escapar en noviembre de 2013 mientras lo trasladaban desde la sede de la fuerza en Aeroparque al Palacio de Tribunales de la CABA. 
En otra típica maniobra de puro relato oficialista, ocultando estas críticas y destacando sólo supuestos avances, el informe del grupo de la ONU fue utilizado por la prensa oficialista en el portal INFOJUS para titular que “Para la ONU, Argentina es ejemplo mundial en Derechos Humanos”. (7) Sobran comentarios. 



Lo pendiente 
En estos casi dos años de rechazo de la nueva ley del Banco venimos relevando varios proyectos que pretenden aportar a la resolución de la identidad biológica de las personas, algunos anteriores a la sanción de la 26.548, como los de los diputados Perez y Tinnirello, y otros posteriores como los de Carrió, Etchecoin Moro y Sanz. 
El más reciente, que lleva la firma de los diputados Stolbizer, Duclos, Linares, Binner y la hoy opositora Donda, fue girado a Comisiones en mayo de este año y busca “garantizar el acceso gratuito de todas las personas a toda la información relacionada con la búsqueda de la identidad” para lo que estipulan “brindar los medios y los recursos necesarios”. El texto del proyecto apunta mayormente al acceso a la información pública sobre registros de nacimiento de personas, y entre sus fundamentos se propone “facilitar la tarea de aquellas personas que emprenden la búsqueda de su identidad de origen o biológica o la de algún pariente cercano, como consecuencia de desconocerla o de haberle sido sustraída”. Para ello se insta a los hospitales nacionales y provinciales públicos o privados que adhieran a la ley a que preserven por 21 años “los registros de los partos, nacimientos, neonatología, historias clínicas de parturientas, defunciones y libros de entrada y salida de los hospitales y clínicas” 
También se cita entre los fundamentos que son en nuestro cerca de 3 millones de personas las que desconocen su identidad de origen, y que con el acotamiento del nuevo BNDG a los casos de lesa humanidad “queda un vacío legal para el resto de los casos”. 
Lo que procupa es que a partir de este proyecto, y aún reconociendo el vació que la nueva ley del BNDG generaba, se intente saldar esa brecha con la proliferación de nuevos bancos de datos. De hecho el artículo 10 del proyecto estipula la creación de un “Instituto Nacional para la Búsqueda de la Identidad de Origen Y Biológica de las Personas, en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como un órgano desconcentrado con autonomía funcional y autarquía financiera, con el objeto de promocionar las acciones tendientes a la averiguación de la propia identidad de origen y biológica de las personas, sus familiares ascendentes, descendentes o colaterales a quienes presumiblemente se les haya suprimido o alterado su verdadera identidad de origen y biológica o desconozca el origen de la propia identidad biológica”. A su vez el artículo 11 crea en la órbita del Instituto un “Banco Nacional de Datos Genéticos para la Identidad de Origen y Biológica de las Personas, con el objetivo de registrar y almacenar información asociada a una huella genética digitalizada”. Curiosamente, y despegándose de la discusión que planteamos desde la “Mesa Todos por el Banco”, el mismo artículo reza que hasta que ese Instituto y su Banco se creen “o si se entiende que el actual Banco de Datos Genéticos es suficiente para el aprovechamiento de recursos técnicos o humanos podrá consolidarse en una sola institución”. 
Cabe preguntar por qué se incluye la posibilidad de que el nuevo Banco del Ministerio de Ciencia actúe en casos que no son de lesa humanidad cuando la ley no lo estipula, y es la base de nuestro reclamo. Además de que no se sabe en base a qué registro de “huellas genéticas digitalizadas” actuaría el Banco que propone el proyecto de la oposición y si ese registro se crearía trasladando a este segundo nuevo Banco las muestras que hoy se encuentran el el Durand y que la ley de 2009 ha dejado en un limbo legal. Entre tanta improvisación hay algunas certezas: si el oficialismo aprueba este proyecto estaría reconociendo en parte los cuestionamientos que realizamos desde la “Mesa Todos por el Banco”, referidos a que con la ley de 2009 el Estado cercenaba una herramienta fundamental en el acceso universal al Derecho a la Identidad. Pero además se habilitaría a la proliferación de distintos bancos por cada problemática, en lugar de generar una unidad de herramientas técnicas que aprovechen la experiencia de trabajo acumulada en estos años en la materia. 
Esta voluntad de dispersión se viene multiplicando y en ella ha estado presente el Dr. Barañao. 
En agosto 2012 firmó un convenio con la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, para avanzar en la concreción de un “banco de datos genéticos recogidos en escenarios de delitos” en el marco de un proyecto llamado “Huellas Genéticas Latentes”. Según Garré ello equivalía a colocar “la piedra basal de la modernización revolucionaria del sistema de investigación criminal”. Aquel emprendimiento, nunca desarrollado, incluyó una convocatoria a empresas para brindar la asistencia técnica y el armado del sistema informático de registro, donde no casualmente participaron la Sociedad Argentina de Genética Forense y la “Fundación Sadosky”, que preside el mismo Barañao. Con ello se garantizó un millonario negocio a las Cámaras de empresas de Software (Cessi) y de Informática (Cicomra) cuyos presidentes también son parte de la dirección de la “Fundación Sadowsky”. 
Mientras tanto, la situación del histórico Banco Nacional de Datos Genéticos del Durand es hoy muy compleja. El Banco atesora hoy 20.500 muestras, de las cuales 8.500 aproximadamente son de lesa humanidad, y el resto de otros delitos. En lesa humanidad aloja las muestras de 105 familias con denuncia ante juzgados federales y otras 145 con denuncias ante la CONADI. Por un déficit en las políticas de Estado, las muestras siguen siendo pocas para el número personas apropiadas que se busca. El Banco también aloja muestras de 6.000 jóvenes a los que el ADN les ha dado negativo, y que tampoco consiguen acompañamiento del Estado para resolver las dudas sobre su identidad. 
Pero además, en los juicios específicos por la apropiación de los hijos de los compañeros detenidos-desaparecidos, contemplados en las figuras de supresión de identidad, retención y ocultamiento de un menor, falsificación de documento público; el panorama de juzgamiento ha avanzado con las mismas contradicciones que el resto de los procesos a los genocidas: un total de 19 juicios en 11 años, que incluyeron 64 casos (14 aún no restituidos) y donde se obtuvieron 78 condenas sobre similar número de represores. Y a cinco años de creado el nuevo Banco del Ministerio de Ciencia, quedan por restituir el 77% de los casos denunciados hace décadas. 
La política de Estado se limita a delegar su responsabilidad investigativa en la familia Carlotto. Y ésta deriva las búsquedas en campañas publicitarias con el goleador del Barcelona, o en el reciente acuerdo con el Vaticano para que, rodeado de las referentes de Abuelas y en cabeza de su presidente José María Arancedo, la Conferencia Episcopal Argentina reflote un documento de hace 2 años donde piden a otros inciertos que reconozcan lo que ellos, desde Bergoglio hacia abajo, conocen al detalle y no hacen: “a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a recurrir a las autoridades pertinentes”. 

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Audiencia en Diputados el 14-11-14
HIJOS La Plata – Noviembre de 2014 

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viernes, 14 de noviembre de 2014

Presentación del Informe de la Situación Represiva Anual

Sábado 15/11 a las 15hs - Plaza San Martín (La Plata)



Este 2014, al igual que los años que precedieron, estuvo signado de sucesivos hechos represivos acentuados por la necesidad de continuar ajustando el bolsillo del pueblo.
El dato distintivo fue el cambio de discurso de distintos funcionarios que mostraban en forma más explícita la necesidad de criminalizar a los sectores más pobres, y castigar a los que optaban por organizarse y luchar.
Naturalmente esto es acompañado por mayor presupuesto. Scioli promete el aumento de un 66% en seguridad respecto del 2014 e incorporar unos 25.000 agentes policiales, que ya los vimos hacer cola en busca del mal llamado “trabajo” en las masivos reclutamientos.
Las sucesivas represiones en Panamericana y las declaraciones de Berni dejan más que evidente la posición del gobierno nacional acerca de las problemáticas sociales.
El resultado de todo esto es claro. Miles de causas armadas a los luchadores, más de 200 desaparecidos en democracia, más de 4000 asesinados por el Estado y un gran número de compañeros presos por su actividad política.
A su vez en lo que concierne a la memoria, a pesar de la tan propagandizada política de DDHH, en 11 años sólo se ha condenado a 496 represores por 2970 víctimas. Ello representa sólo el 25% de los 2.000 genocidas procesados en estos años.
Desde la Coordinadora Antirrepresiva de Zona Sur invitamos a los distintos medios de comunicación a difundir esta jornada antirrepresiva con el fin de seguir problematizando el rol que ocupan las fuerzas de seguridad en nuestra sociedad. De la jornada participarán familiares víctimas de casos de gatillo fácil de la Zona Sur GBA, compartiendo sus experiencias de organización y lucha contra el aparato represivo, y habrá varias actividades artísticas.
También invitamos a la presentación del Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Estado que CORREPI va a estar realizando en Plaza de Mayo el 28/11 a las 18hs. El objetivo de este archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de Estado.



Coordinadora Antirrepresiva de Zona Sur (en el Encuentro Nacional Antirrepresivo)
Asamblea no a la Entrega de la Costa – Bandera Negra/Tendencia Estudiantil Libertaria-Secretaría DDHH CECSEA/UNQ – CORREPI– HIJOS La Plata – O.T.R. - M.P.L.D. - F.P.D.S.

Contactos de Prensa:
Josefina (CORREPI): 02215813290
Julio (HIJOS La Plata): 0221-5892221
Quimey (T.E.L. Bandera Negra): 011-36285881

coordinadoraantirrepresivasur@yahoo.com.ar
Facebook: Coordinadora Antirrepresiva Sur

Link al Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal 1983/2013 de CORREPI
http://correpi.lahaine.org/?p=1247

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