SALIO "LA JUSTICIA A CUENTAGOTAS". Conseguilo en: "GIROLOCO" (Pza. Italia e/7 y diagonal77) * "Dardo Rocha" (6 e/48y49) * "Ulpiano" (48 e/12y13) * "Espacio Jurídico" (Talcahuano nº487 BsAs).

lunes, 22 de septiembre de 2014

Estos son los GENOCIDAS de la CACHA!



Desde Justicia Ya! convocamos a organizaciones gremiales, políticas, estudiantiles y todos quienes quieren justicia a acompañar los alegatos en el juicio La Cacha el día miércoles 24 de Septiembre a las 13hs. (aproximadamente).

Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas por GENOCIDIO y por todos los compañeros.


Los esperamos!!!!!!
30.000 compañeros desaparecidos presentes!!!
Ahora y siempre!!!!

Miércoles 24/9 - 13hs - Calle 4 e/ 51 y 53


ESTOS SON LOS GENOCIDAS... Perea Luis Orlando, Fernández Ricardo Armando, Grande Claudio Raúl, Amigo Miguel Ángel, Cacivio Gustavo Adolfo, Di Pasquale Jorge Héctor, Balmaceda Roberto Armando, Herzberg Juan Carlos, Acuña Héctor Raúl, Herrero Anzorena Emilio Alberto, Romero Pavón Carlos María, Palavezatti Anselmo Pedro, Miranda Isaac Crespín, Espinoza Raúl Ricardo, Batalla Rufino, Hidalgo Garzón Carlos del Señor, Etchecolatz Miguel Osvaldo, Garachico Julio César, Gargano Eduardo, Luján Horacio Elizardo, Smart Lamont Jaime.

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miércoles, 17 de septiembre de 2014

A 8 AÑOS SIN LOPEZ

CON MILANI, BERNI Y GRANADOS CONTINÚA LA IMPUNIDAD
Y LA REPRESIÓN

A 8 años de la desaparición de Jorge Julio López desde HIJOS La Plata sentimos la enorme necesidad de hacer un repaso de todas las actividades y medidas de lucha que llevamos adelante para impulsar el esclarecimiento del caso y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro. Por eso hoy 18 de septiembre de 2014 retomamos todas y cada una de las consignas que gritamos durante estos 8 años de lucha inclaudicable.

APARICIÓN CON VIDA YA! - 1 AÑO DE IMPUNIDAD K!
Resultaba estremecedor escucharnos coreando esa consigna nuevamente. Ninguno de nosotros deseaba estar aquel 18 de septiembre de 2006 en la Plaza San Martín cantándola. Pero ahí estábamos, y éramos muchos miles. Mientras nosotros, junto con los Organismos de DDHH y las organizaciones del campo popular, cortábamos calles, pintábamos murales, escrachábamos genocidas vinculados con la primera desaparición de López,  desde el gobierno se ejercían todo tipo de maniobras para encubrir su secuestro.
Desde el presidente Kirchner que exigía (no se sabe muy bien a quién, siendo que él era la autoridad máxima) que apareciera “el compañero Tito”, al Gobernador Felipe Solá, que encomendó a la bonaerense para la investigación, creando una comisión cuyos responsables fueron partícipes de la dictadura, o Aníbal Fernández, por entonces ministro del Interior, que declaró que "López podría haber ido a visitar a una tía", hasta los dolorosos dichos de Hebe de Bonafini , quien en momentos en que debería haber colocado todo el esfuerzo en la exigencia de búsqueda del compañero, sembró dudas sobre su condición de militante, manifestando que “había que investigar a López porque vivía en un barrio de policías”, revictimizando a la víctima una vez más!


ELLOS SABEN DÓNDE ESTÁ!  - 2 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
En un año entero de impunidad en la  investigación se desecharon todo tipo de pistas trascendentes, aportadas por el esfuerzo de los querellantes, en un proceso instruido por jueces cómplices que tenían fuertes vinculaciones con la institución policial directamente involucrada en el caso, cuyo mayor logro fue haber frustrado toda posibilidad concreta para conocer la verdad.
En ese momento la bonaerense contaba entre sus filas con más de 9.000 efectivos que participaron del terrorismo de Estado, a los cuales el entonces Ministro de seguridad León Arslanián decía que “NO LE RESPONDÍAN”.
Así fue como a 24 meses de la desaparición de Julio, se puso en la superficie lo que estaba oculto: las relaciones de poder que integran una trama extensa de complicidades, para la cual la impunidad es necesaria, como sostén de sus políticas centrales, y para esto el aparato de poder muestra que hay “solidaridades corporativas”, y que tienen a sus congresales, a sus legisladores, a sus jueces. Pero también se tienen a sí mismos. Y ahí están para recordarlo.


SILENCIO K = IMPUNIDAD! - 3 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
La primera  desaparición de Julio López fue en dictadura, en noviembre de 1976. Su segunda desaparición ocurrió el día de los alegatos en el juicio a Etchecolatz. Pero ésta no fue la última porque después de 3 años de silencio y negación, se instaló su  tercera desaparición marginado su caso  de la agenda del “gobierno de los derechos humanos” y de todos los medios de “comunicación”. Su nombre jamás fue ni siquiera pronunciado por la presidenta Cristina Fernández cuando el caso conmovió al país y, en particular, a la ciudad de La Plata, de la cual ella es oriunda.


FALTA LÓPEZ FALTA JUSTICIA! - 4  AÑOS DE IMPUNIDAD K!
Durante los 4 años que siguieron a la desaparición de López fueron continuas las desviaciones en la investigación para encontrar a sus secuestradores, y fue nula la decisión política por parte de los Estados Nacional y Provincial para identificar y castigar a todos los culpables. Al comienzo la investigación en la Justicia ordinaria fue una simple búsqueda de paradero, desconociendo el hecho como una desaparición forzada. De los 18 represores mencionados por López en su testimonio ninguno fue investigado. El allanamiento judicial a los genocidas detenidos en Marcos Paz fue sólo una requisa cantada, y la agenda secuestrada a Etchecolatz nunca se indagó. Y recordemos que indicios como el cadáver calcinado aparecido en Punta Lara, las llaves encontradas en el jardín de la casa de López, o el rastrillaje mediático del ministro Casal en Parque Pereyra nunca fueron aclaradas, y fueron plantadas para generar falsas expectativas en el caso. En cuanto a las pistas firmes fueron todas enviciadas por la Bonaerense, la SIDE y los JuecesArnaldo Corazza y Manuel Blanco para garantizar impunidad.


LOPEZ VOTA! - 5 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
La burla de 3 décadas de gobiernos constitucionales nos encontró a los 5  años de la desaparición de Julio López con un Estado que lo llamó a  votar en las PASO en la Escuela Especial N° 535 de Los Hornos, como si nada hubiera sucedido. Y el pedido del colectivo “Justicia Ya!” para que se constate en los padrones la condición de “Elector Ausente por Desaparición Forzada” a favor de López, fue contestada por el Juez Blanco diciendo que “no existían razones que me habiliten para proceder del modo pretendido”. Para completar el cuadro, las elecciones PASO tuvieron como candidato a Concejal suplente en la lista del Frente Para la Victoria en Berisso al hijo mayor de López, Rubén, quien encabezó la escandalosa denuncia de su familia contra quienes “no lo cuidaron a López”, por lo tanto “responsables de la desaparición por no haberle brindado protección en el juicio”: los jueces del proceso contra Etchecolatz y los querellantes.


6, 7, 8 AÑOS SIN LOPEZ! – 6 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
A la segunda desaparición de López siguieron los secuestros de Juan Puthod, Luis Gerez, Víctor Martínez y el asesinato de Silvia Suppo en Santa Fe. Todos ellos también fueron testigos en juicios contra genocidas. Ninguno de estos hechos fueron esclarecidos, y todos tuvieron la finalidad de amedrentar a los futuros declarantes y frenar los juicios contra los genocidas.
El de López tampoco fue el único caso de un desaparecido en “democracia” ya que también los casos de Arruga, Rivera Alegre, Solano y tantos otros continúan IMPUNES. Además durante los últimos períodos constitucionales hay  más de 4.000 casos de gatillo fácil, en los cuales la Policía Bonaerense, principal fuerza en armas del país, encabeza el ranking de asesinatos.


NI VIVITO NI COLEANDO. DESAPARECIDO EN DEMOKRACIA! - 7 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
En mayo de 2013, mientras la ciudad de La Plata apenas sobrellevaba el crimen social de las inundaciones, el gobierno Kirchnerista dio una muestra más de su habitual cinismo. En el acto de inauguración de la nueva Biblioteca del Colegio Nacional, la presidenta Cristina Fernández desvarió durante media hora regalando notebooks y citando a Charly García, mientras comparó a la dictadura con su gobierno y afirmó que "por suerte hoy nadie puede desaparecer, y estamos todos vivitos y coleando”.
Esta provocación de venir a la ciudad donde faltan Andrés Nuñez, Miguel Bru y Jorge Julio López a pintar un presente color de rosa, es digna de un gobierno que mantiene en el más absoluto silencio que a 7 años de su desaparición, en la causa López no hay ningún imputado, ni procesado, ni detenido. Las últimas novedades de la causa las hemos generado los organismos de DD.HH: la campaña de Habeas Corpus en 2013 y la denuncia del caso ante la CIDH (OEA) este año.


CON MILANI, BERNI Y GRANADOS CONTINÚA LA IMPUNIDAD Y LA REPRESIÓN
A la continuidad de  las política económicas burguesas le importa poco la fachada que asuma el Estado, en democracia o en dictadura siempre tendrá a mano el esquema represivo de modo legal o del otro. Lo concreto es que la violencia más cruda, aquella que el poder ejerce para construir hegemonía en una sociedad dividida en clases, está hoy  en manos del genocida Milani, del fascista Berni y del sheriff Granados, quiénes son los encargados de dar continuidad a las desapariciones forzadas, al gatillo fácil, a la represión a los trabajadores y al espionaje a las organizaciones populares no alineadas.
Por todo esto desde hace 2.920 días venimos exigiendo a los poderes ejecutivo, judicial, y legislativo que impulsen de manera concreta y efectiva la investigación y esclarecimiento YA del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Porque mientras se sigan violando los derechos humanos seguiremos tomando las calles en contra del Estado represivo, gobierne quién lo gobierne, en contra del olvido y el silencio, y en pie de  lucha por Julio López y por los 30.000 detenidos-desaparecidos.


A 8 AÑOS SEGUIMOS DICIENDO:

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN DE LOPEZ.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
RESTITUCIÓN DE TODOS LOS JÓVENES APROPIADOS EN LA DICTADURA.
NO AL TRASLADO DEL BNDG. POR LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD.

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martes, 16 de septiembre de 2014

JORGE JULIO LOPEZ. A 8 años de la segunda desaparición forzada.


LOPEZ 

A 8 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, en la causa no hay ningún imputado, ni procesado, ni detenido. Desde hace 2.920 días venimos denunciando que el encubrimiento que existe en la causa López obedece a una trama de complicidades policiales, políticas y judiciales con la impunidad.
Recordemos que el inicio de la investigación en la Justicia ordinaria fue una simple búsqueda de paradero, y significó el desconocimiento oficial del hecho como una desaparición forzada. Que de los 18 represores mencionados por Lopez en su testimonio ninguno fue investigado, y sólo están detenidos Garachico y Ponce en otras causas. Que el allanamiento judicial a los genocidas detenidos en Marcos Paz fue sólo una requisa cantada, y la agenda secuestrada a Etchecolatz nunca se indagó. Y recordemos que indicios como el cadáver calcinado aparecido en Punta Lara, las llaves encontradas en el jardín de la casa de Lopez, o el rastrillaje mediático del ministro Casal en Parque Pereyra nunca fueron aclaradas, y fueron plantadas para generar falsas expectativas en el caso. En cuanto a las pistas firmes como “Atalaya”, “Chicano” y “SPB” fueron enviciadas por la Bonaerense, la SIDE y los Jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco para garantizar impunidad.

A comienzos de septiembre murió el juez Manuel Humberto Blanco, último juez de la causa Lopez. Recordemos que hace 2 años el Juez Blanco aprovechó una resolución en la residucal de la causa de Comisaría 5ta para desacreditar el testimonio de Lopez, calificarlo de “vago” e “impreciso”, y decir que “el albañil debería haber comunicado a los organismos correspondientes los aberrantes sucesos mucho tiempo antes” y que “lamentablemente, el tiempo transcurrido opera en detrimento de la búsqueda de la verdad”. El finado magistrado dejó esta opinión como legado en la causa Lopez. Un legado de impunidad donde se invierten los valores y las responsabilidades, donde el Estado siempre cuestiona y siempre sale indemne, y donde son las víctimas las que cargan con el peso de reconstruir el horror para obtener Justicia.

En este año, la causa Lopez se vió nuevamente envuelta en una interna policial: En noviembre del año pasado declaró ante el fiscal Rodolfo Molina, un policía federal retirado del área de Investigaciones, Claudio Correa, quien dijo tener información sobre el destino de Lopez y actuar supuestamente empujado por el remordimiento. Este fabulador dijo tener detalles del secuestro de Lopez, de su asesinato por agentes de la Bonaerense y del ocultamiento de su cuerpo en un camping de Mar De Cobo , partido de Mar Chiquita. En su inconsistente denuncia, fue parte de un operativo mediático del canal C5N, que difundió una entrevista exclusiva al supuesto testigo. Meses más tarde, la denuncia fue desechada por el fiscal Molina, al igual que otras 34 pistas de la causa, y el policía Correa apareció involucrado en las protestas por más seguridad en Mar Chiquita, en el medio del levantamiento policial del verano pasado.

Por decisión de la Cámara Federal, el nuevo juez provisorio en la causa Lopez, y subrogante en 1 de los tribunales federales que instruyen las causas contra los genocidas en La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, es un conspicuo apologista de la última Dictadura Militar, profesor de Derecho de la Universidad Católica y ex tesorero del OPUS DEI en La Plata. Este personaje fue escalando en la Justicia bonaerense por mediación de Aníbal Fernández, y está denunciado en varias causas en el Consejo de la Magistratura y en el propio Tribunal UNO que ahora él mismo subroga. Como juez federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo, Ziulu prohibió en 2004 los piquetes en la autopista La Plata-Buenos Aires a pedido de la empresa Coviares Y en 2008 autorizó la instalación de una subestación de transformación eléctrica de la empresa EDESUR en la fábrica Rigolleau de Berazategui, pese a que los vecinos denunciaron que generaría un impacto letal en la salud de la población por efecto del electro-magnetismo.
Este personaje es el que va a tener por un tiempo en sus manos el destino de la causa Lopez.
Esta sería una oportunidad para que renovar al poder judicial en La Plata, ya que el Consejo de la Magistratura debe cubrir los cargos vacantes en los Tribunales Federales de competencia criminal y correccional, pero hasta ahora la Justicia sigue favoreciendo la impunidad sostenida de los crímenes del Estado.

Ante la inacción de la Justicia, y el silencio del poder político en el caso, los últimos años nos vimos obligados a ser las organizaciones querellantes las que aportamos novedades a la causa.
El año pasado hicimos la campaña de presentación masiva de Habeas Corpus por Lopez. Todos fueron rechazados con argumentos del tipo “no corresponde”, “resulta inadecuado” y “todas las medidas ya han sido evacuadas”.
Este año llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pidiendo que la Comisión o la Corte se pronuncien sobre el tema, se anoticien respecto de los 8 años de encubrimiento, que se investiguen las responsabilidades de esta situación de impunidad y que se llame la atención al Estado para que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro.
Recordemos que el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana en al menos DOS oportunidades, por las DOS figuras básicas en la actuación de sus fuerzas de seguridad: la detención irregular y torturas en el caso de Walter Bulacio (sentencia 2003) y la desaparición forzada en el caso de Iván Torres (sentencia de 2011).
En ambos casos, el Estado siguió desconociendo el accionar de sus fuerzas represivas, y aunque incorporó la figura de desaparición forzada a su ordenamiento legal, los casos se siguen produciendo.

Como lo presenciamos en el Juicio por La Cacha, los represores siguen amenazado a los testigos con total desparpajo.
REPUDIAMOS las gravísimas amenazas a una querellante, integrante del colectivo Justicia Ya! La Plata, por parte de uno de los imputados en el juicio, el represor Héctor Acuña, conocido como “el Oso”, en la audiencia de inicio de los Alegatos en este juicio.
Y EXIGIMOS a los Integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata las máximas sanciones para el represor, teniendo en cuenta que no es ésta la primera vez que este asesino se manifiesta agrediendo, amenazando y provocando al público integrado por sobrevivientes, familiares, militantes de organismos de DDHH, periodistas y ciudadanos. Lo hizo al comienzo del juicio y cada vez que pudo, insultando hasta a los jueces. Sostenemos que esta impunidad de acción de los genocidas es inadmisible en el ámbito de un Juicio, con los antecedentes que tiene esta ciudad, donde hace 8 años venimos denunciando la impunidad por la desaparición forzada de un testigo y ex detenido.

A 8 AÑOS SEGUIMOS DICIENDO: 
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LOPEZ. 
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SEGUNDA DESAPARICIÓN. 
BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD. 
CONDENA AL ESTADO ARGENTINO POR SER RESPONSABLE DE ESTOS 8 AÑOS DE IMPUNIDAD. 

JUICIOS 

Ya llevamos 11 años de anuladas las leyes de impunidad gracias a la lucha de todo el pueblo. Son a la vez 11 años de gobiernos kirchneristas que no han resuelto las cuestiones de fondo referidas a la impunidad de ayer y de hoy en los crímenes de Estado.
A 38 años del golpe genocida sólo se ha condenado a 480 represores y cómplices de la dictadura en todo el país, por sólo 2.860 víctimas. Esa cifra, 480 represores condenados, sigue representando menos de 1 represor condenado por cada CCD y marca claramente que la pretendida “política de Estado” de investigar y condenar los crímenes del pasado en verdad sigue reproduciendo la impunidad.
Por ejemplo, los crímenes de todas las grandes zonas represivas del país en dictadura siguen impunes: 92 condenas en Capital Federal, 64 en las provincias del sur, 54 en Tucumán, 41 en Córdoba, 40 en la zona del conurbano oeste, 36 en Mar del Plata, 28 en Rosario. ¿Vamos a creer que esa fue la cifra real de ejecutores del genocidio en cada zona?
En nuestra ciudad, donde deberían investigarse los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más la actuación del Ejército y la Armada, se condenó hasta ahora a sólo 46 represores en 10 juicios parciales y fragmentados.

Desde el año pasado, se está juzgando a 17 represores por su responsabilidad específica en el CCD La Cacha, que funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos.
Este juicio representaba la oportunidad histórica de investigar en conjunto la coordinación represiva del Ejército, la Marina, el Servicio Penitenciario y de Inteligencia, además de lo que fue una de las maternidades clandestinas de la zona.
La Justicia tiene desde hace 31 años en su poder los relatos de los sobrevivientes sobre La Cacha, su funcionamiento y apodos de los represores. Pero el juez Manuel Humberto Blanco, que tuvo en sus manos durante 10 años la instrucción de la causa, la fragmentó y dejó afuera los casos de decenas de compañeros. Además, en más de 20 casos, la Justicia contempló sólo los secuestros y tormentos pero no los homicidios, pese a estar identificados hace años los restos de muchos compañeros asesinados y enterrados clandestinamente.
Este juicio era también la oportunidad de comenzar a juzgar los delitos sexuales cometidos en los CCD, pero juzgarlos en conjunto al resto de los demás delitos del plan genocida. Así lo entendemos, y así lo pidió la querella del espacio Justicia Ya La Plata en el juicio. Pero la Justicia sigue sin hacerse cargo de estos planteos porque es una justicia de clase y machista, y no tiene voluntad real de condenar todos los delitos que fueron parte del plan genocida.
En el futuro en nuestra ciudad, irán a juicio oral las causas por el Pozo de Banfield y por los crímenes de la Armada, pero esas causas también fueron fragmentadas y lejos están de representar la actuación real de los grupos de tareas en la dictadura.
Para completar este panorama, los juicios que vendrán en La Plata no superarán en conjunto los 150 represores procesados en unas 20 causas en instrucción.

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS DE LA ÚLTIMA DICTADURA, A SUS CÓMPLICES CIVILES-JUDICIALES-RELIGIOSOS, Y A TODOS LOS QUE COLABORARON CON EL GENOCIDIO. 
QUEREMOS JUICIOS COMPLETOS POR CADA CCD, QUE INCLUYAN A TODOS LOS COMPAÑEROS QUE PASARON POR ESOS CAMPOS, Y TODOS LOS DELITOS QUE ALLÍ SE COMETIERON. 

BANCO DE DATOS GENÉTICOS 

En estos años el recorrido de la política de Restitución de la identidad de los hijos de desaparecidos apropiados por los genocidas no presentó grandes avances: si bien hubo 115 restituciones de identidad desde 1983, sólo 43 fueron realizadas en los últimos 11 años, y resta resolver más del 75% de los 500 casos denunciados hace décadas.
Todo lo que el Estado hace para devolver su identidad a los jóvenes apropiados es delegar su responsabilidad en los organismos de DD.HH, e impulsar campañas para que quien dude de su identidad se haga un ADN. Como en los últimos DOS casos resueltos, que los jóvenes se encuentren a sí mismos, es el fracaso de las políticas de Estado en este sentido.
Además, aunque hubo 76 militares, policías, médicos y civiles condenados específicamente por el delito de supresión de identidad, retención y ocultamiento de los menores, queda pendiente dilucidar la participación histórica y la responsabilidad penal de los jueces y médicos en la entrega de los niños, así como de los integrantes de la Iglesia Católica, verdaderos agentes de inteligencia de la represión, como Emilio Graselli, Mario Piki, y hasta el propio Jorge Bergoglio, que como tantos otros colaboraron con el plan criminal aportando información a los genocidas y ocultándola a los familiares de desaparecidos.
Además, está amenazado uno de los órganos clave para la restitución de los jóvenes apropiados: el kirchnerismo está empecinado en trasladar sin fundamentos el Banco Nacional de Datos Genéticos desde Hospital Durand a una nueva sede en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La jugada intenta convertir al Banco en la plataforma de un “Instituto de Genómica Humana” en sociedad con laboratorios y capitales privados del área de la salud.
Desde hace un año, organismos de DDH y organizaciones políticas y sociales venimos defendiendo la continuidad de la actual sede del Banco, en el Hospital Durand, y manifestándonos contra el desguace y vaciamiento. Además presentamos una medida cautelar en la justicia contencioso administrativa contra el traslado y planteamos la inconstitucionalidad de los artículos de la nueva ley del Banco que restringen su competencia a los casos de lesa humanidad del ’76 al ’83, porque atenta contra el derecho a la Identidad:
- excluye las causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas ocurridas bajo gobiernos constitucionales,
- y obliga a todo aquel que necesite un análisis de ADN por un conflicto de filiación a pagar en laboratorios privados, cuando debería ser un servicio gratuito garantizado por el Estado.
La mejor muestra de que el Banco funciona perfectamente, y no es necesario su traslado, es que en los DOS últimos casos resueltos, Guido Montoya y Ana Libertad Baratti De La Cuadra, fueron comprobados científica E INCONTESTABLEMENTE por el actual Banco.

RESTITUCIÓN DE TODOS LOS JÓVENES APROPIADOS EN LA DICTADURA. 
NO AL TRASLADO DEL BNDG. 
POR LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD. 
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS ENTREGADORES DE NIÑOS, APROPIADORES Y CÓMPLICES. 

HIJOS La Plata 
Septiembre 2014


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lunes, 15 de septiembre de 2014

ELLOS SABEN DONDE ESTA. 18/09 17:30hs Plaza Moreno


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lunes, 25 de agosto de 2014

GENOCIDAS DE “LA CACHA” - ¡¡¡LES LLEGÓ LA HORA!!!!

COMIENZAN LOS ALEGATOS EN EL JUICIO POR EL CCD “LA CACHA”


CONVOCAMOS A PRESENCIAR LOS ALEGATOS EN EL JUICIO
DESDE EL Miércoles 3 DE SEPTIEMBRE – 10hs - 4 ENTRE 51 Y 53

El Centro Clandestino de Detención “ La Cacha ” fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos.
Fue uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación que tuvieron El Ejército, la Marina , las Policías bonaerense y federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE ( Servicio Inteligencia Ejército). Según los relatos de algunos sobrevivientes el nombre “ La Cacha ” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que en un cínico paralelo utilizado por los represores “hacía desaparecer gente”.
Los primeros relatos sobre el lugar, su funcionamiento y apodos de represores los tiene la justicia hace 30 años, y fueron producidos por estimonios de sobrevivientes en Brasil en 1983 (grupo CLAMOR en San Pablo), y testimonios en la CONADEP y reconocimiento del predio 1984.
Anuladas las leyes de impunidad en 2003, y radicada la causa en el Tribunal N°1 de Humberto Blanco y Ana Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de DDHH de la Provincia donde tres ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en este CCD. Allí se hicieron las primeras indagatorias. Pero recién en diciembre de 2009, la fiscalía solicitó la detención de una veintena de imputados. Y se comenzó a fragmentar la instrucción, según Blanco por “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad”.
Entre febrero y marzo de 2010 se detuvo a 17 genocidas que actuaron como Personal Civil de Inteligencia, aunque poco después se liberó a varios de ellos, y se ordenó la captura de 3 prófugos: Ricardo Luis Von Kyaw (recientemente detenido en Panamá), Teodoro Aníbal Gauto (aún escondido en Israel) y Miguel Angel Amigo, recapturado y sumado al juicio a último momento.
En marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 127 casos. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa. Esto significó que se parcializaran las causas tomando sólo los casos del año 1977 y no incluyendo a todos, dejaron causas "residuales" de desaparecidos del 77 y dejaron para otro juicio futuro los desaparecidos de 1978 en el mismo CCD.
Hasta ese momento, el juicio incluía a sólo 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg).
En mayo de 2012 el coronel Arias Duval, el único acusado por los homicidios y la apropiación de bebés, murió impune mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”, con lo que escapó a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en la zona. Y en septiembre de 2012 murió impune el genocida Saint Jean. Ambos nombres pasaron a integrar la irreversible cifra de 360 represores muertos impunes en 10 años, 8 de ellos imputados en causa Cacha. De hecho, por esas muertes impunes, hubo que recaratular la causa con el nombre del represor “Hidalgo Garzón”, juzgado en hechos de Campo de Mayo y La Cacha , al que el juez Rozansky tuvo que quitar el beneficio del reposo en un geriátrico porque la joven apropiada por el genocida lo encontró andando en bicicleta como si nada.
Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía , Penitenciarios, de la Armada y del Ejército.
A pedido de parte de las querellas, se sumó al juicio la causa por los asesinatos en noviembre del ’76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, uno de los represores mencionados por Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.
Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 477 represores por 2859 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa sólo el 25% de los 2.100 genocidas procesados en estos años.
En La Plata llegamos a fines de 2014 con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 90 procesados a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso total de juzgamiento que el Estado propone no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores.

- Juicio y Castigo a todos los genocidas por todos los compañeros.
- Juicios completos por TODOS los delitos de cada Centro Clandestino de Detención.
- Por la restitución de la identidad de TODOS los jóvenes apropiados.
- Por Julio Lopez, Silvia Suppo y los 30.000 compañeros.

CONVOCAMOS A PRESENCIAR LOS ALEGATOS EN EL JUICIO
DESDE EL Miércoles 3 DE SEPTIEMBRE – 10hs - 4 ENTRE 51 Y 53

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