Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 27 de septiembre de 2016

26 AÑOS SIN ANDRÉS NUÑEZ - 26 AÑOS LUCHANDO POR JUSTICIA

Este 28 de septiembre se cumplen 26 años del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Andrés Nuñez. Desde Familiares y Amigos de Andrés realizaremos una jornada cultural y de lucha por justicia para recordarlo y reafirmar nuestro compromiso de no abandonar la pelea hasta que el último de los responsables de su crimen pague por lo que le hicieron.
Este año será el sábado 1 de Octubre, desde las 14 hs, en la Plaza Juan Manuel de Rosas, ubicada en 13 y 60 de La Plata, a pocos metros de la ex Brigada de Investigaciones. Habrá radio abierta con intervención de familiares de víctimas de la represión de Estado, luchadores populares y amigos que siempre han estado junto a nosotros en estos años. Tendremos la presencia de varios músicos solidarios que nos acompañarán con su arte, y colocaremos una baldosa para recordar a Andrés.

Los esperamos.
Familiares y Amigos de Andrés Nuñez.


Andrés Alberto Nuñez fue secuestrado en su casa de 119 y 78 la madrugada del 28/9/90 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y con la excusa del robo de una bicicleta fue llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, en la Estancia El Roble, donde lo incineraron dentro de un tanque australiano en desuso.
A 26 años del secuestro, asesinato y desaparición de Andrés, sus familiares y amigos ratificamos nuestra voluntad inquebrantable de buscar verdad y castigo a todos los responsables de los hechos. El caso de Andrés fue símbolo de continuidad de las prácticas represivas con que la Maldita Policía Bonaerense de la dictadura siguió actuando durante la gestión del gobernador Eduardo Duhalde, del jefe Pedro Klodzyck y del comisario Mario “Chorizo” Rodríguez en los ’90.
En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González fueron condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte, sentencia confirmada en agosto de 2012. Pero no actuaron solos. Durante 20 años el coautor del crimen, Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo de la justicia. Capturado en agosto de 2012 en una cinematográfica persecución en Neuquén, Ponce se encuentra a espera de juicio. Uno de los máximos responsables de la muerte de Andrés, el policía Pablo Martín Gerez, permanece prófugo. La familia de Andrés pide a los ministros Germán Garavano, Gustavo Ferrari y Cristian Ritondo que arbitren los medios para detener a este peligroso criminal para poder enjuiciarlo.
El ex juez Amílcar Vara (destituido en 1998 en juicio político por encubrimiento en la causa Nuñez, Bru y en otros de 25 casos de crímenes policiales) murió impune en marzo de 2014. Pese al intento de cerrar la causa, en mayo de 2013 la Suprema Corte bonaerense dijo que el caso de Andrés es una “grave vulneración a los DD.HH.” y resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 4 policías responsables del encubrimiento del caso: Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga.
Pasados 26 años de los hechos, la justicia no ha mostrado una estrategia real de búsqueda y detención del ex policía Gerez, imputado y prófugo desde hace más de 25 años en la causa Nuñez. Pablo Martín Gerez, DNI 14.907.946, fue oficial inspector de la Brigada de La Plata, y como tal comandó el grupo operativo que en septiembre de 1990 secuestró, torturó y desapareció a Andrés de su casa de Villa Elvira. Oriundo de General Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, proveer el campo de aquella localidad donde descuartizaron, quemaron y enterraron a Andrés, y que era custodiado por un primo suyo.
La familia de Andrés ha aportado información sobre los contactos de este criminal, especialmente sobre su madre, que vive en General Belgrano. Se ha pedido reiteradamente que el Estado se haga cargo de su responsabilidad para detener a este peligroso criminal y ponga a disposición herramientas para una investigación seria para encontrarlo.
En una fenomenal tomada de pelo, en 2009 una abogada se presentó en la causa a nombre de Gerez que, aún prófugo, reclamaba la prescripción de la imputación y firmaba de puño y letra el recurso. Ocupada en otros urgentes menesteres, ninguna estructura de inteligencia policial ni judicial tiró de esa piola para ubicar a Gerez. La tardanza del Estado en llevar a juicio a estos criminales sólo genera más impunidad.
Sabemos que el caso de Andrés no es el único. Pese a los gobiernos que dicen defender los Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad han asesinado en todo el país desde 1983 a más de 4.800 personas con el gatillo fácil, las torturas y el fusilamiento público. La Bonaerense es denunciada por más de 1.200 casos mensuales de aplicación de tormentos en sedes policiales. Y hay más de 210 casos de desaparición forzada vinculada a motivos sociales y políticos registrados en las últimas 3 décadas.

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jueves, 22 de septiembre de 2016

10 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ - 10 AÑOS DE IMPUNIDAD Y ENKUBRIMIENTO

EL CASO LOPEZ EN 20 PUNTOS
Por HIJOS La Plata


1. EL HECHO
El 18 de septiembre de 2006 se produjo la desaparición forzada de Jorge Julio López, militante político en la década del '70 y sobreviviente de los Centros Clandestinos de Detención de la Policía Bonaerense y como tal testigo de cargo, en el marco del primer juicio oral de envergadura que llegaba a sentencia en Argentina con posterioridad a la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final por los crímenes de lesa humanidad acontecidos en la última dictadura militar. Esa causa judicial sentó precedente dentro del derecho argentino, tras utilizarse por primera vez la figura de Genocidio, y en consecuencia la primera condena judicial que contemplaba ese delito en nuestro país. López fue desaparecido el mismo día donde debían exponerse los alegatos de su querella, en el juicio seguido contra el ex Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz.

2. EL TESTIGO
Jorge Julio López nació en 1929 en General Villegas, Provincia de Buenos Aires. De joven se vino a La Plata para trabajar en algunas quintas de la zona, y después durante más de cuarenta años como albañil. Se construyó su propia casa en la esquina de 140 y 69 en el barrio de Los Hornos. Allí mismo participó desde 1973 de las actividades de la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” de la JP y Montoneros de La Plata.
La represión de Estado desató una persecución sobre ese grupo militante entre octubre y noviembre de 1976, secuestrando a una docena de personas del mismo barrio, acribillando y quemando la sede de la Unidad Básica. La mayoría de los compañeros militantes de ese espacio permanecen desaparecidos. Julio López fue secuestrado por primera vez de su casa en Los Hornos en la noche del 27 de octubre de 1976.

3. EL TESTIMONIO
López testimonió por primera vez en el Juicio por la Verdad en julio de 1999. Contó que estuvo desaparecido durante 160 días hasta que fue legalizado. Después permaneció 812 días detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en la Unidad 9 y fue liberado en junio de 1979.
También participó en dos inspecciones oculares realizadas por la Cámara Federal de La Plata en los ex CCD en agosto de 2001, y señaló los lugares de ejecución y exterminio de cuerpos. Pese al paso del tiempo había detallado todo el horror vivido en su secuestro en unos cuadernos con textos y dibujos. Allí contaba su paso por los Centros Clandestinos del Destacamento y Pozo de Arana, las Comisarías 5ta. y 8va. y su blanqueo como detenido legal en la Unidad 9. El testimonio mencionaba a decenas de secuestrados a los que pudo reconocer o saber su nombre, así como más de una docena de represores como Garachico, Aguiar, Urcola, Gijena, Basualto, Orellana, Gómez, Ponce, Guallama o el propio Etchecolaz. Su caso estuvo patrocinado por la querella del espacio Justicia ya La Plata. Nilda Eloy, integrante de la Asociacion de Ex Detenidos Desaparecidos, recuerda que antes de ingresar a dar su testimonio en el juicio a Etchecolatz, en julio de 2006, López pidió permiso para hablar de la militancia en Los Hornos y afirmó “va por los compañeros”.

4. EL GENOCIDA
El comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz fue formalmente Director General de Investigaciones de la Policía bonaerense entre 1976 y 1979. En realidad fue el coordinador de los Grupos de Tareas que regenteaban los CCD, comandaba personalmente los operativos de secuestro y presenciaba las sesiones de tortura y los fusilamientos. Así lo prueba su presencia y rol de mando en la masacre cometida en la casa Mariani-Teruggi de calle 30 entre 55 y 56, donde fueron asesinados 5 militantes Montoneros y apropiada Clara Anahí Mariani Teruggi, nieta de la fundadora de Abuelas, Chicha Mariani.
En su testimonio, López contó que Etchecolatz y Guallama estaban presentes en el operativo de su secuestro, y que estando en la Comisaría 5ta. en una sesión de tortura, apareció el comisario gritando “¡Ahora vas a cantar gringo!”, mientras ordenaba que subieran la intensidad de la picana.
Además relató que durante su secuestro en el “Pozo de Arana”, compartió encierro con una joven pareja militante que conocía del barrio de Los Hornos. Eran Patricia Dell ´Orto y Ambrosio De Marco. Patricia le pidió a Julio que si salía, fuera a su casa, avisara a su familia dónde se encontraba y que le transmitiera a su pequeña hija cuánto la quería. Días después de ese encuentro, López pudo observar la macabra ejecución de Dell ‘Orto y De Marco dirigida por Etchecolatz.
Habiéndose negado a declarar durante el juicio de 2006, con López ya desaparecido y tras conocer la contundencia de los testimonios en su contra, el genocida amenazó al Tribunal 1 de La Plata antes de recibir sentencia con una frase que lleva 10 años sin aclararse: “No es este tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan”.

5. EL CIRCUITO CAMPS
El esquema represivo del Terrorismo de Estado en nuestra zona se denominó “Circuito Camps”, en alusión al general Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense durante la última dictadura. Comprendía más de 29 Centros Clandestinos de Detención en todo el conurbano, desde el Comando de Operaciones Tácticas en Martínez, hasta los chupaderos de Arana en el sur de La Plata y pasando por las Brigadas de Investigaciones de Lanús, San Justo, Quilmes y Banfield entre otras. Por estos lugares de horror pasaron miles de secuestrados que sufrieron torturas, violaciones, asesinatos y robo de bebes. Cada centro cumplía una función específica como fichaje, ablande, deposito, exterminio y blanqueo de detenidos.
En La Plata los centros más importantes fueron la Brigada local, las comisarias 5ta. y 8va., el Destacamento y la Casona de Arana, la sede de Infantería y Caballería, y la Unidad 9.
La reconstrucción del funcionamiento de este esquema solo se pudo realizar por el aporte de los sobrevivientes y ex detenidos, ya que el Estado nunca se dignó a investigarlo seriamente. La mayoría de los crímenes cometidos en estos campos continúan aún impunes.

6. EL SEÑUELO.
Dos días después de la desaparición de López, apareció un cadáver acribillado con disparos calibre 9 mm, y calcinado, en el Camino Negro, lugar paradigmático para la ciudad de La Plata donde las organizaciones paramilitares de la derecha peronista CNU y Triple A asesinaban a los militantes populares en el período de terrorismo estatal previo al golpe de 1976. En ese hecho la propia Policía bonaerense informó a la prensa que el cadáver correspondía a Jorge Julio López. Este homicidio fue el primer hecho mafioso para generar confusión en la investigación de la desaparición de López: la persona había sido asesinada el día martes 19 (fecha en que se leía el veredicto de la causa Etchecolatz) y calcinada al día siguiente. La identidad de la persona nunca fue corroborada, si bien se supo posteriormente que los rasgos no se correspondían con las características de López.

7. LAS LLAVES.
A fines de noviembre de 2006 apareció un juego de llaves debajo de un rosal en el jardín de la casa de López. Si bien correspondían a la familia, no se pudo determinar desde cuando estaban allí. Las pericias de la Gendarmería y la Policía bonaerense son contradictorias: una mencionaba que las llaves llevaban poco tiempo en el jardín, la otra afirmaba que hacía más de tres meses que estaban a la intemperie. Lo único cierto fue que a dos meses del hecho el lugar del hallazgo nunca había sido rastrillado debidamente. Por ese jardín habían pasado varias veces el gobernador Felipe Sola y el ministro de seguridad León Arslanián en visita a la familia. Para los organismos de DDHH fue un nuevo mensaje mafioso.

8. LOS RASTRILLAJES
Desde el comienzo de su intervención en la causa López, la Policía Bonaerense se encargó de sembrar pistas falsas y estropear las más creíbles. Realizaron un rastrillaje en la localidad de Atalaya, partido de Magdalena, a solo 5 días de la desaparición de López y sin que de la causa surjan motivos suficientes. En el operativo participaron cinco policías, tres de la División Canes y dos de la Comisaría 3ra. de Los Hornos a cargo del capitán Eduardo Zaffino, en un auto sin identificación y con ropas de civil. Según los testimonios de los propios policías, los perros se dirigieron desde la ruta hasta la casa de Rubén Darío Durso, Delegado Municipal de Atalaya.
En lugar de agotar el procedimiento, los policías se pusieron a merendar en la casa del delegado mientras los perros quedaron afuera. Luego se llevaron los perros y sin labrar acta dejaron dos vigilantes de guardia. La misma noche una comitiva volvió a la casa de Durso, con los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri, la jefa de la Departamental La Plata, Victoria Huck, el jefe de la Distrital La Plata, Marcelo Medoro y el capitán Zaffino, hoy condenado por el fusilamiento de Darián Barzábal en un patrullero de la Comisaria 3ra. Pese a que los perros reconocieron en la casa prendas y un colchón con rastros de López, desviaron los rastros y abandonaron el rastrillaje por “lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante”. Idénticas irregularidades se produjeron con materiales resultantes de investigaciones paralelas realizadas por la policía bonaerense.

9. EL ALLANAMIENTO CANTADO
Desde el primer momento los organismos de DDHH sostuvieron que había que investigar a los represores recluidos en el penal federal de Marcos Paz, donde se encontraban alojados Etchecolatz y otros genocidas. Se pidió que el juez realizara un allanamiento. Sin embargo, el procedimiento se realizó seis meses después y en las peores condiciones. El juez Corazza resolvió no realizar un allanamiento, medida judicial que por sentido común debe llevarse a cabo sin previo aviso al Servicio Penitenciario, y en la que puede participar el juez y la querella. Sin embargo, diez días antes el juez se reunió con el Ministro de Justicia de la Nación pidiéndole que se hiciera cargo del operativo. El resultado fue que el 23 de marzo de 2007 se realizó una requisa en el penal de Marcos Paz a cargo del propio Servicio Penitenciario Federal, sin la presencia del juez ni de ningún otro funcionario judicial y con la participación de integrantes de la SIDE, la Policía Federal y la Bonaerense.
Recién en octubre de 2014 los fiscales Marcelo Molina y Juan Martin Nogueira pidieron la indagatoria de siete agentes del SPF, por irregularidades en el registro de visitas al pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz en los meses siguientes a la desaparición de López.

10. LA AGENDA
En el allanamiento cantado se secuestró una agenda perteneciente a Etchecolatz. Allí figuraban los datos de Susana Beatriz Gopar, policía bonaerense en actividad que había actuado en Interpol durante la dictadura y que vivía a 5 cuadras de la casa de López. Un vecino de López había dicho en la causa que lo había visto la mañana de su desaparición “entre la verdulería y Edelap”, es decir, en calle 66 entre 137 y 138, parado de espaldas a la calle y de frente a las fachadas, como buscando algo. En esa exacta dirección vivía Gopar, que además era una de los 9 mil agentes de la Bonaerense de la dictadura que estaban activos al momento de la segunda desaparición de López.
Citada a declarar en el Juicio por la Verdad en septiembre de 2007, Gopar dijo “no fui secretaria de Etchecolatz”, “estuve muy poco en la dirección de Investigaciones. Viví con carpetas médicas”. Aseguró que no conocía a Etchecolatz y al preguntársele de dónde habría sacado su número telefónico Etchecolatz, afirmó “no sé, a mi casa no llamó y eso puede constatarlo por mi número, ni yo lo llamé”.
A pedido de la querella se ordenaron tareas de inteligencia, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó seguimientos e intervino sus líneas de teléfono. Frente a la trascendencia pública de la pista, el ministro León Arslanián decidió pasar a retiro a Gopar en una fecha simbólica, el 18 de septiembre de 2007, fecha del primer aniversario de la desaparición de López. Otro dato inquietante aportaba sospechas: Gopar era oriunda de Pehuajó, ciudad donde Etchecolatz había trabajado a comienzos de los setenta y de donde era oriundo el médico policial Carlos Falcone, uno de sus visitantes en Marcos Paz. Pese a las evidencias de que la mujer había mentido ante la justicia, y ante los pedidos de allanamientos de su casa por la querella de la causa, ni el juez Corazza ni el fiscal Sergio Franco aceptaron avanzar.
A fines de 2008 la pista de Susana Gopar volvió a activarse. Algunas de las escuchas de la PSA sobre la sospechosa fueron enviadas a la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE (denominada “Ojota” por sus siglas) y nunca fueron devueltas. para tratar de limpiar el audio. Pero el material nunca regresó. La cuenta de correo electrónico de Gopar también fue interceptada, y pese a que había información sobre el CCD de Arana, nunca se profundizó la investigación. Finalmente, Susana Gopar se mudó de  su casa de Los Hornos sin ningún allanamiento.

11. LA BONAERENSE
Existió una mecánica de “blanqueo” en la causa judicial de las investigaciones realizadas en forma paralela y sin control judicial por las fuerzas de seguridad e inteligencia, que sólo a partir de los reclamos de los organismos de DHH fueron ingresadas al expediente. Para colmo, varias pistas importantes de las investigaciones fueron entregadas por el gobernador Felipe Solá a una comisión cuyos responsables fueron partícipes de la dictadura como el Superintendente Roberto Silva, ingresado en la Bonaerense en marzo del 77. Otra pista donde una de las personas investigadas tenía relación familiar con miembros de la fuerza en actividad con acceso a la causa fue asignada a Oscar Alberto Farinelli, oficial activo en la Dirección General de Inteligencia (DIPBA) de la Bonaerense durante la dictadura. Eso quiere decir que estaba en esa función cuando López fue secuestrado y desaparecido en 1976. Farinelli llegó a Jefe de esa Dirección en 1997 y fue hasta 2007 titular de un organismo de similares funciones, la Superintendencia de Evaluación de la Información para la Prevención del Delito. Mientras tanto, algunas otras líneas de investigación derivadas de testimonios inverosímiles ocuparon cientos de fojas. Es necesario destacar un caso surrealista: el 25 de diciembre de 2006 se realizó un procedimiento en base a las declaraciones de una persona de origen peruano, residente en Argentina, quien se comunicó telefónicamente con una amiga que vive en Perú la que, según el declarante en la causa, “por la noches se convierte en águila”. La justificación policial de la inclusión de este elemento en la causa fue que “en uno de sus vuelos nocturnos la mujer-pájaro avistó a Julio López en un campo cercano a La Plata”. Esta declaración provocó la movilización de tres comisarías y un procedimiento que incluyó decenas de traslados, móviles, identificación de personas y declaraciones testimoniales.

12. LA SIDE
La querella de los organismos de DDHH requerimos al juez Corazza que pidiera al Servicio de Inteligencia del Estado todo el material de sus tareas de inteligencia previo al juicio a Etchecolatz de 2006. La SIDE negó haber efectuado tareas respecto de ese juicio pero, con un contenido claramente intimidatorio, envió un informe sobre el juicio al capellán policial Christian Von Wernich, siguiente juicio oral en La Plata. Por otra parte, sin notificar al juez federal y con aval del gobierno de Néstor Kirchner, la SIDE entregó a familiares y allegados de López una flota de teléfonos celulares y radio Nextel para entorpecer la investigación: generando escuchas falsas, inutilizando otras verdaderas y ocultando cruces telefónicos, medidas básicas en la investigación de un secuestro. Además figuran en la causa detallados informes de inteligencia de la SIDE respecto de familiares, vecinos y amigos de López, pero ni una sola línea sobre el entorno de Etchecolatz.

13. EL ENKUBRIMIENTO
El gobierno kirchnerista, que cooptó y se embanderó con la lucha de los organismos de Derechos Humanos, jamás se ocupó debidamente del caso López. La primera respuesta que tuvimos fueron afirmaciones del ministro del Interior Aníbal Fernández que minimizó el tema diciendo que López podía “estar tomando el té en la casa de la tía”.
El presidente Néstor Kirchner dio varios encendidos discursos pidiendo (sin mencionar si a Dios o a la casualidad) por la aparición de López. Sin embargo con el tiempo dejó de mencionar al “compañero Tito” y se olvidó del tema. El gobernador Felipe Solá trató tardíamente de ofrecer un programa de “Vigilancia y Atención de Testigos en grado de Exposición” para atender a los testigos con residencia en territorio bonaerense. En una entrevista con el Ministro de Seguridad León Arslanián, los organismos de DDHH recibimos la inaceptable respuesta de que sólo se controlaba al 40 % de la Policía bonaerense, y que el resto no le respondía. Ante tamaña afirmación, solicitamos que Arslanián informara que cantidad activa de integrantes de la fuerza habían ingresado en dictadura. Así recibimos un listado de más de 9 mil agentes que cumplían el requisito. Sin comprometerse en el caso, tanto Arslanián como Solá salieron a afirmar a los medios que creían que López estaba muerto.
En una audiencia con el gobernador Daniel Scioli los organismos de DDHH exigimos medidas concretas en el caso: que se separe a la policía bonaerense de la causa; que se exonere de la fuerza a los que participaron en la investigación por reiterados encubrimientos, manipulaciones y entorpecimientos en los procedimientos; que se exonere a los policías que revistaron en centros clandestinos de detención entre 1976-1983; que se revisen nuevos nombramientos en la fuerza desechando a policías formados durante los años de la dictadura y que se inhabilite para funcionar a todas aquellas agencias de seguridad privadas que tengan represores en sus filas. En toda su gestión el gobernador no dio respuesta a ninguno de los reclamos.
Llevado el reclamo ante el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, le transmitimos nuestro malestar por el estado de la causa, por la inoperancia, la complicidad y el encubrimiento que ejercieron durante aquel tiempo los funcionarios y las fuerzas de seguridad, le solicitamos que intervenga por denegación de justicia en este caso que tiene gravedad institucional. La Corte nunca intervino. La presidente Cristina Fernández jamás mencionó a López en sus discursos, y en un acto en el colegio Nacional de La Plata contrastó a la dictadura con la democracia y se animó a decir: 'Hoy por suerte nadie desaparece y estamos todos vivitos y coleando”.

14. LA JUSTICIA COMPLICE
El expediente por la segunda desaparición de López es un verdadero laberinto de la impunidad, que ningún gobierno se atreve a desandar. Con 45 cuerpos principales, 58 legajos, cada uno con una pista de investigación diferente, y 74 anexos integrados por transcripciones telefónicas, a 10 años de los hechos no tenemos ningún indagado ni procesado ni detenido. Y lo que se puede mencionar como “novedades” cada año que pasa son hechos laterales de la investigación principal.
El primer juez de la causa, Arnaldo Corazza, se dedicó a desperdiciar el tiempo, seguir pistas inconducentes en connivencia con la policía y enturbiar aquellas que dirigían la pesquisa a Etchecolatz y su entorno.
Además, los organismos de DDHH logramos correr de la causa a los camaristas Ramón Alberto Durán y Alicia Di Donato, a quienes recusamos por haber sido funcionarios de la dictadura y por tener estrechos vínculos con la policía bonaerense. Al cumplirse 2 años del caso, y justo cuando se estaban activando las líneas referidas a los represores, los abogados de la familia de López, Alfredo Gascón Cotti y Hugo Wortman Jofré (conocidos abogados de grupos empresarios) pidieron que se investigara a todos los jueces, fiscales y abogados de los organismos de DDHH involucrados en la causa, con la supuesta presunción de que no tomaron recaudos para cuidar al testigo. En febrero de 2009 Corazza se excusó de seguir investigando aduciendo la "violencia moral" que le provocaba la denuncia, que lo sindicaba como parte responsable del secuestro.
Luego la causa paso al juez Manuel Humberto Blanco, además juez electoral y partícipe de las intrigas políticas que ese rol conlleva. Sin asumir control sobre la actuación de las fuerzas policiales en la investigación, en 2012 el juez aprovechó la instrucción de un expediente residual de la causa de Comisaría 5ta., que incluía el paso de López por ese CCD, para desacreditar su testimonio, calificarlo de “vago” e “impreciso”, decir que “el albañil debería haber comunicado a los organismos correspondientes los aberrantes sucesos mucho tiempo antes” y que “lamentablemente, el tiempo transcurrido opera en detrimento de la búsqueda de la verdad”. Blanco murió en septiembre de 2014 y dejó esta opinión como legado en la causa López. Un legado de impunidad donde se invierten los valores y las responsabilidades, donde el Estado siempre cuestiona y sale indemne, y donde son las víctimas las que cargan con el peso de reconstruir el horror para obtener Justicia.

15. LAS AMENAZAS
Los atentados a los testigos en los juicios de Lesa Humanidad no terminaron con el caso López, aunque ninguno fue tan lejos. La seguidilla de amedrentamientos, privaciones momentáneas de la libertad y ataques a testigos en diversos puntos del país nunca cesó. Poco después del caso López, en diciembre de 2006, el militante Luis Gerez, testigo en una de las causas contra el represor Luis Patti, fue secuestrado en Escobar y retenido durante dos días hasta que apareció en Garín con signos de tortura. En la misma zona, pero en mayo de 2008, el ex detenido y militante de la Casa de la Memoria de Zarate, Juan Puthod, fue secuestrado cuando se dirigía desde ese lugar hacia la radio donde conducía un programa. En marzo de 2010 la serie de amedrentamientos se cobró la primera víctima fatal: Silvia Suppo, ex detenida y querellante en varias causas en jurisdicción del Comando del 2do. Cuerpo del Ejército, fue asesinada de doce puñaladas en su negocio de artículos de cuero, ubicado en pleno centro de Rafaela. Desde el comienzo, la versión policial trató de imponer el móvil del robo y hoy el caso sigue impune. La lista de hechos es muy larga, pero digamos que no faltaron las amenazas durante el juicio a 14 represores de la Unidad 9 de La Plata en 2010, así como una granada enviada el mismo año por correo a un testigo en una causa en Baradero, y el secuestro y devolución en pleno centro porteño en abril de 2011 de Víctor Martínez, testigo del asesinato del obispo Carlos Ponce de León en 1977.
Sobradas veces, los organismos de DDHH hemos reclamado que la única política efectiva de protección a los sobrevivientes del Terrorismo de Estado es la mayor celeridad en los procesos de condena de todos y cada uno de los implicados en el Genocidio de la última dictadura, sintetizada en la consigna “Cárcel común, perpetua y efectiva”.

16. LA LUCHA
Desde los organismos de DDHH del espacio Justicia Ya La Plata señalamos desde el primer momento que lo de López se trataba de una desaparición forzada vinculada al juicio a Etchecolatz. Por eso nos decidimos, junto a las organizaciones políticas y sociales de la izquierda local a crear la herramienta política para desarrollar la protesta en la calle: la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada, que nació con el caso López.
Durante varios años marchamos todos los 18 de cada mes reflotando la vieja consigna de “Aparición con Vida Ya”, esta vez de López. Realizamos charlas, volanteadas, radios abiertas, murales, videos y sostuvimos movilizaciones de miles de personas todos los 18 de septiembre.
En 2013 hicimos una campaña de presentación masiva de Habeas Corpus por López, para obligar a la justicia a dar una respuesta formal. Todos fueron rechazados con argumentos del tipo “no corresponde”, “resulta inadecuado” y “todas las medidas ya han sido evacuadas”. Al ver agotada la vía judicial local en 2014 llevamos la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y en 2015 ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, pidiendo que tomen el caso y se pronuncien sobre el tema. En las presentaciones afirmamos que el Estado argentino no aseguró las condiciones necesarias para avanzar en la obligación de asegurarles a las victimas una investigación seria y objetiva que permita determinar todas las responsabilidades del caso vinculadas con el accionar ilegítimo por parte de los distintos funcionarios públicos.

17. LOS CRUCES DE DATOS
En 2008 los organismos de DDHH conseguimos que se apartara a la Policía bonaerense del caso y que se asignaran las tareas de investigación a la Policía Federal y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Ante el cambio de fuerza, los entrecruzamientos telefónicos se demoraron, con la excusa de que la fuerza provincial utilizaba un software denominado “VAIC”, pero la PFA y la PSA otro llamado “I2”. Para el traslado de una fuerza a otra del 'crudo' de la información aportada por las compañías telefónicas se demoró meses y las fuerzas federales no actuaron juntas: cuando la PSA logró procesar toda la información a mediados de 2011, la Federal no había concluido de cargar los datos. En ese contexto, por decisión del Ministerio de Seguridad de Nación dejó de actuar la PSA, y se debió remitir toda la información a la Federal. Recién en marzo de 2012 la Policía Federal terminó de cargar los datos, pero una vez que ello ocurrió argumentaron “inconvenientes técnicos” que no le permitían operar el sistema. Ante esto, y por pedido de los fiscales, la PSA volvió a la causa y determinó más de 5 millones de llamadas a analizar, tarea que todavía no concluyó.

18. LAS HIPOTESIS.
Las principales pistas del caso pueden aglutinarse en los ejes “Entorno de Etchecolatz”, “Atalaya”, “Chicano”, “Falcone” y “Servicio Penitenciario Bonaerense”. Todas ellas fueron enviciadas por la Bonaerense, la SIDE y los Jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco para garantizar impunidad.
Desde el primer momento los organismos de DDHH aportamos a la causa la denuncia sobre la existencia de bandas mixtas de policías retirados y en actividad vinculados a Etchecolatz, y luego un testigo de identidad reservada fortaleció esta hipótesis. Varias líneas giran en torno a Etchecolatz, su entorno privado y familiar, y los policías que formaron parte del Circuito Camps y López mencionó en su testimonio. Hay también una línea que involucra a miembros del SPB, donde también hay interesados en que los juicios por crímenes de lesa humanidad no avancen. A las pistas “Atalaya” y “Gopar”, explicadas más arriba, se le sumaban otras. En 2007 hubo en la causa allanamientos a seis viviendas en Ensenada, Lomas de Zamora y La Plata realizados por el Superintendente de Investigaciones de la bonaerense, Hugo Matzkin, sin la presencia de funcionarios judiciales. Algunos de los allanados fueron el coronel retirado Anselmo Palavezzatti, el comisario retirado Aldo Conter y Oscar Raúl Chicano, secretario privado de Etchecolatz durante la dictadura. Este policía fue identificado a partir de fotos del acto realizado en la Casa Mariani-Teruggi el 12 de agosto del 2006 al que había concurrido López, y donde se ve a Chicano parado a pocos pasos detrás de él. Un testigo de identidad reservada relató a la bonaerense una reunión de ex militares y ex policías realizada en febrero de 2006, de la que participó Chicano, en la que se mencionaba la existencia de grupos de combate en todo el país para llevar adelante un golpe de Estado y hablaban del avance de los juicios de lesa humanidad. En los allanamientos fueron secuestradas armas, teléfonos celulares, agendas, un cuadro con un águila y una esvástica, computadoras, folletos del Partido Popular de la Reconstrucción (PPR, vinculado a Mohamed Alí Seineldín), volantes sobre la recompensa por López, materiales químicos y una pistola del Ejército. Sin embargo, Corazza no vio motivos para llamar a indagatoria a nadie.
En otra pista, un informante de la policía afirmó que López había sido secuestrado en un auto que pertenecía al ex médico de la bonaerense Osvaldo Falcone, vinculado a Etchecolatz y asiduo visitante en Marcos Paz entre agosto y septiembre de 2006. El auto fue hallado en 2009 desmantelado en una casa del barrio de San Jacinto, al sur de Mar del Plata. Se allanaron dos casas de Falcone, en Mar del Plata y Pehuajó, se le secuestró documentación y se lo citó en la causa, pero como testigo. El informante aseguraba que el cuerpo de López habría sido tirado en la zona de La Serena, en Mar del Plata. Falcone se desvinculó del hecho y no se siguió la pista.
Finalmente, otra de las investigaciones tiene en foco a un ex integrante del Ejército, cuyos antecedentes pedidos por los fiscales fueron enviados tardíamente, retaceados y a desgano desde el Ministerio de Defensa y la propia fuerza castrense.
Etchecolatz hizo sucesivas presentaciones en la causa López, y pidió declarar porque, según dijo, "tenía información y prueba para aportar". Nunca lo hizo porque en varias oportunidades se negó a ser trasladado y por escrito sólo aportó información ya publicada por los medios.

19. LOS PAPELITOS
Un nuevo episodio se sumó a la macabra cadena de provocaciones que Etchecolatz desplegó sobre el tema López. En octubre de 2014, y mientras estaba concluyendo el juicio por delitos cometidos en el CCD “La Cacha”, el genocida exhibió entre sus manos dos veces un pedazo de papel con una frase manuscrita, donde vagamente podía leerse “Julio López” y “secuestrar”. Ambos hechos fueron captados en las audiencias por los fotógrafos. Todo ocurrió mientras el genocida estaba en el estrado, junto con otros acusados y efectivos del servicio penitenciario que lo custodiaban, en una posición en la que cualquier medio periodístico podía captar la secuencia.
Etchecolatz estaba imputado en el expediente por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, junto a otros 3 policías. Durante las diversas indagatorias del juicio se había referido a López como “el testigo ilustrado”, sugiriendo que su testimonio había sido inventado. Cuando el incidente de los papelitos tomó estado público, los fiscales del juicio imputaron al represor ante el juzgado Federal N°1 de La Plata por los delitos de intimidación y perturbación al ejercicio de las funciones públicas.
Pero la avanzada del represor no quedó allí. En abril de 2015 el presidente del Tribunal Federal 1, Carlos Rozansky, denunció que recibió intimidaciones graves contra él y sus colaboradores en llamados telefónicos, mensajes de voz en los celulares, correos electrónicos y cartas. El juez dijo que la campaña comenzó luego de que se conocieran los fundamentos de la sentencia del juicio “La Cacha”, y realizó la denuncia penal 1 por entender que había “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios”. En esas investigaciones, fue detenido Gustavo Luis Ureña, de 62 años, quien enviaba correos electrónicos y llamadas anónimas reivindicando al genocida Etchecolatz y augurando a sus amenazados el mismo destino que López.
Pero lo más grave del caso es el efecto que causó esta campaña de amenazas: Rozansky, se excusó de participar en todas las causas en las que esté procesado Etchecolatz, es decir la mayoría de los expedientes a la espera de juicio en La Plata. El “efecto Etchecolatz” se repetirá y seguirá creciendo, opacando el desempeño de un tribunal que comenzó su tarea condenando ejemplarmente a Etchecolatz en 2006, y que se va desdibujando en el potencial rol de nuevos magistrados más permeables a los planteos de los defensores de los genocidas, como el otorgamiento de domiciliarias, la existencia de atenuantes a la hora de dictar condenas o las “dudas razonables” para sobreseer a probados asesinos. Esto afectará el futuro de los juicios contra los genocidas en La Plata, que ya viene siendo fragmentario y tardío.

20. LA DOMICILIARIA
A poco de cumplirse 10 años de la segunda desaparición forzada de López, la situación de impunidad llegó a extremos impensados. El pasado 22 de julio el TOF 1 de La Plata concedió el arresto domiciliario a Etchecolatz en algunas causas donde ya fue sentenciado. Si bien la medida no se hará efectiva porque el represor está condenado en otras causas y detenido en procesos pendientes de juicio, con esta medida sólo generan mayor impunidad. Los jueces Germán Castelli y Jorge Michelli no tuvieron en cuenta que el genocida está hoy condenado a 3 cadenas perpetuas, más una sentencia de 25 años y otra de 7, todo ello por delitos gravísimos como el secuestro, tortura y homicidio de decenas de militantes políticos y por el robo de al menos una niña apropiada por los represores. La defensa del genocida había pedido la domiciliaria apelando a la ley 24.660, que habilita el beneficio a mayores de 70, enfermos terminales, o quienes no puedan tratar su dolencia en un hospital. Este año dos informes médicos, uno del Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza y otro del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema, venían sosteniendo la decisión de mantener al genocida con todas las atenciones necesarias, pero en la cárcel. Sin embargo los médicos del Servicio Penitenciario, José Francos y Nelsy Medina, declararon ante el TOF 1 que sugerían la domiciliaria “considerando la situación desde una óptica humanitaria”. Beneficiar a los genocidas con domiciliarias es desconocer que el requisito de la edad no es una causal de aplicación automática para la concesión del beneficio, y que crímenes gravísimos como los que se están juzgando deberían quedar excluidos de estos privilegios. Lo contrario es avalar que el Estado se desentienda de ofrecer todas las garantías de atención médica a los represores. Pero en un país con justicia de clase el mismo Estado no garantiza condiciones de detención mínima a los miles de pobres diablos presos por atentar contra la propiedad privada.
Etchecolatz se ha encargado en estos años de tensar la cuerda sobre sus beneficios hasta llegar al ridículo, como cuando denunció que en la cárcel no tenía peluquero ni pedicuro y argumentó que el pelo largo “vulnera el resguardo de higiene”. La campaña de sus abogados por su definitiva y efectiva domiciliaria no cesa: han presentado un recurso de Habeas Corpus, donde curiosamente reconocen que el represor realizó una huelga de hambre para desmejorar su estado de salud y así presionar por su situación. Los fiscales platenses denunciaron a los médicos penitenciarios por falsear la historia clínica del genocida para beneficiarlo. Así, Etchecolatz fue ganando terreno en varias causas, y obligó a la justicia a unificar una decisión sobre su lugar de alojamiento.
En el juicio de 2006 el mismo TOF1 que ahora lo beneficia, le había quitado la domiciliaria y lo había considerado “peligroso para sí y para terceros” tras secuestrarle un arma en su casa. En la misma casa donde ahora pretende volver: Boulevard del Nuevo Bosque entre Guaraníes y Tobas, Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata.
Pero el problema no es nuevo. Durante el gobierno kirchnerista se otorgaron 440 domiciliarias a genocidas y otras 50 en el gobierno de Macri. Eso significa que, según datos oficiales del Ministerio Publico, hay al menos 490 represores procesados o condenados disfrutando en sus casas.

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viernes, 26 de agosto de 2016

CHARLA: Estudiantes, Peronismo y Terrorismo de Estado antes del ´76.


Desde HIJOS La Plata invitamos a una charla debate sobre una temática compleja y polémica, pero a la que no le sacamos el cuerpo.
En poco tiempo el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata estará juzgando a Carlos Ernesto Castillo y Juan José Pomares, integrantes de la banda de la derecha peronista CNU de La Plata, aunque solo se incluirán en el debate los casos de 7 víctimas en 3 hechos, de una lista total de más de 60 asesinatos aún impunes cometidos en nuestra cuidad entre 1974 y 1976. Pasados más de 40 años de los hechos, el juicio es una excelente oportunidad para revisar la concepción de los crímenes de Estado previos al golpe del '76. La intención de esta nota es preguntarnos qué estamos juzgando en este proceso: a un grupo de lúmpenes con banca y desbocados o a una estructura criminal del Estado, con todo lo que ello significa.
Si con la lucha y el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos hemos podido hacer reconocer en la justicia el carácter sistemático, planificado y extendido que tuvo la represión de Estado durante la última dictadura, y hasta hemos logrado que se lo defina específicamente como un genocidio, es decir la eliminación del grupo nacional que se oponía al régimen, mucho falta por capitalizar respecto a lo que sucedió con la represión en el período previo al golpe.
En este sentido puede empezarse por repasar qué es lo que hace a un crimen de Estado un delito de lesa humanidad, cuál fue el contexto que gestó y permitió las graves violaciones a los Derechos Humanos producidas en ese interregno democrático entre las dictaduras del '66 y el '76, y cuáles son los principales escollos jurídicos y políticos para avanzar en el juzgamiento de los hechos cometidos en ese período.

Expondrán 
Pablo Bonavena (sociólogo, docente e Investigador del Movimiento Estudiantil), Eduardo Soares (integrante de la Gremial de Abogados e hijo de un militante asesinado por la CNU) y un compañero de HIJOS La Plata.

Se hará en el marco del Seminario "Conflicto y cambio social en la Argentina Contemporánea: Los años '70".

Martes 30 de agosto. 16 horas.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE), predio del BIM3 - Aula B 210.

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jueves, 18 de agosto de 2016

LOS VERDADEROS SOLDADOS DE PERÓN AL BANQUILLO (Parte 2)

Juicio a la CNU en La Plata 

A poco de comenzar el debate oral por una parte de los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria en La Plata seguimos analizando la importancia de juzgar los crímenes de Estado previos al golpe como delitos de Lesa Humanidad, y el “elemento político” de los juicios en esta discusión.

Dedicado a María Esther Biscayard de Tello, 
Madre de Plaza de Mayo, docente y militante libertaria 
que perdió tres hijos por la represión de Estado y siempre nos recordaba que
“el Terrorismo de Estado no empezó el 24 de marzo del 76”.
Por HIJOS La Plata


En poco tiempo el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata estará juzgando a Carlos Ernesto Castillo y Juan José Pomares, integrantes de la banda de la derecha peronista CNU de La Plata, aunque solo se incluirán en el debate los casos de 7 víctimas en 3 hechos, de una lista total de más de 60 asesinatos aún impunes cometidos en nuestra cuidad entre 1974 y 1976. Pasados más de 40 años de los hechos, el juicio es una excelente oportunidad para revisar la concepción de los crímenes de Estado previos al golpe del '76. La intención de esta nota es preguntarnos qué estamos juzgando en este proceso: a un grupo de lúmpenes con banca y desbocados o a una estructura criminal del Estado, con todo lo que ello significa.
Si con la lucha y el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos hemos podido hacer reconocer en la justicia el carácter sistemático, planificado y extendido que tuvo la represión de Estado durante la última dictadura, y hasta hemos logrado que se lo defina específicamente como un genocidio, es decir la eliminación del grupo nacional que se oponía al régimen, mucho falta por capitalizar respecto a lo que sucedió con la represión en el período previo al golpe.
En este sentido puede empezarse por repasar qué es lo que hace a un crimen de Estado un delito de lesa humanidad, cuál fue el contexto que gestó y permitió las graves violaciones a los Derechos Humanos producidas en ese interregno democrático entre las dictaduras del '66 y el '76, y cuáles son los principales escollos jurídicos y políticos para avanzar en el juzgamiento de los hechos cometidos en ese período.

EL ELEMENTO POLÍTICO
El concepto de delito de lesa humanidad constituye el producto de una ardua elaboración de la jurisprudencia y la doctrina en el marco de la comunidad internacional de los Estados, que culminó con un complejo proceso de creación de cierta normativa que de forma incipiente pretendía condenar esos crímenes. Hoy existe un catálogo de delitos de lesa humanidad –en la acepción general de la expresión-, plasmado en diversos tratados, convenciones y resoluciones de órganos internacionales. Aquí simplemente diremos que lo que define al concepto de delito de lesa humanidad es la denominada “cláusula umbral” por la doctrina y que se refiere a un ataque generalizado contra la población civil, sumado a la aquiescencia, tolerancia o participación del Estado, del poder público, o de una organización similar en su ejecución. Es importante remarcar que esta definición exige el elemento político, es decir, que el ataque a la población sea llevado a cabo de conformidad con la política de un Estado o de una organización para cometer esos actos o para promover esa política. La propia Corte Suprema de Justicia ha dicho en la causa “Simón”, cuyo fallo destrabó en 2005 la discusión sobre la reapertura de los juicios a los genocidas en nuestro país, que los crímenes contra la humanidad “1- afectan a la persona como integrante de la 'humanidad', contrariando a la concepción humana más elemental y compartida por todos los países civilizados; 2- son cometidos por un agente estatal en ejecución de una acción gubernamental, o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal sobre un territorio determinado".
La investigación de los crímenes de la CNU en Mar Del Plata, que fue la primera que llego a juicio oral en todo el país, debió sortear esta discusión en la etapa de instrucción, y solo por insistencia y abundancia de planteos de las querellas la justicia marplatense determinó en abril de 2008 que los crímenes en cuestión son delitos de lesa humanidad.
En el auto de elevación a juicio de la causa contra Castillo y Pomares, el juez Jorge Di Lorenzo describe que ya desde finales de los '60 se conformaron desde el Estado grupos que desplegarían un accionar terrorista y, vía el decreto de “Aniquilación de la subversión” (2772/75), tuvieron su mayor expansión durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón.
De hecho Di Lorenzo afirmó que “desde el aparato de Estado se montaron organizaciones parapoliciales (…) que actuaron bajo el amparo y garantía de impunidad del propio Estado” y que esta actuación “se caracterizó por su ejecución sistemática y organizada” a través de “diversos delitos, especialmente secuestros, asesinatos y robos, siempre caracterizados por el uso de una extrema violencia contra personas que, por su participación en actividades partidarias y/o gremiales, se considerase 'subversiva' u opositora al gobierno”.
En nuestra intervención en la causa CNU La Plata, la querella del espacio Justicia Ya La Plata afirmó que “los hechos que aquí se analizan habrían formado parte de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil en el contexto del Terrorismo de Estado, que contó con la colaboración de personas pertenecientes a agrupaciones paraestatales”. Y en específico se señalaba que “el elemento político que inspiraba a los integrantes de la CNU estaba en completa sintonía con la política fomentada por funcionarios estatales que dieron origen a agrupaciones armadas –entre ellas la Triple A, con la finalidad de eliminar 'subversivos' u opositores al gobierno, cuyas acciones armadas reúnen ciertas notas comunes entre sí, con una estrategia previamente planificada que los diferencia de la mayoría de los delitos comunes, dirigida a la individualización de personas ideológicamente distantes del pensamiento que caracterizaba a sus integrantes”.

Si historizamos un poco sabremos que durante la dictadura de Onganía los postulados de la antigua Doctrina de Seguridad Nacional (ley 16.970) se transformaron en prácticas operativas orientadas a combatir la “subversión”. En esa etapa histórica se sentaron las bases jurídicas, orgánicas y funcionales de un sistema nacional de seguridad concebido y elaborado para apoyar un régimen autoritario, que aseguraba el cumplimiento de las órdenes que la propia dictadura entendía como “intereses vitales” de la Nación.
Mediante la sanción de varias leyes comenzaron a ejecutarse operaciones destinadas a neutralizar y eliminar el “accionar subversivo”: la ley 16.984 prohibió la difusión postal de la “ideología comunista”; la ley de partidos 17.401 ilegalizó a varias organizaciones, la 18.262 del '69 declaró el estado de sitio en todo el país; la 19.053 del '71 creó la Cámara Federal en lo Penal conocida como “Camarón” que juzgaría delitos federales contra la Constitución y las instituciones, la 19.081 del mismo año habilitó al Ejecutivo a utilizar las FF.AA. en estado de sitio y les otorgaba facultades para investigar y prevenir delitos de injerencia del “Camarón”; la 19.594 del '72, otorgó control militar a los penales donde se alojaban detenidos por hechos subversivos; las 19.797 y 19.799 del mismo año penalizó la difusión de material subversivo y definió competencia del Camarón, etc. Todo esto sumado a la sanción de distintos reglamentos y normativas que otorgaban basamento operativo autónomo a las FFAA, como los reglamentos militares RC5-1 de 1968, llamado de “Operaciones Psicológicas”, el RC-8-3 de “Operaciones contra Subversión Urbana” y RC-8-2 de “Operaciones contra Fuerzas Irregulares”; el Instructivo del Ejercito RV-150-10 de 1969, titulado “Instrucción de Luchas Contra las Guerrillas” del Ejército Argentino; o la Directiva 02/71 de la Junta de Comandantes en Jefe, llamada “Para el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión”.
Este es el contexto que gestó y permitió las graves violaciones a los derechos humanos producidos antes de la última dictadura, donde ya se organizaban desde el aparato del Estado la división de tareas, objetivos, grupos operativos, inteligencia, infiltración, etc., todos ellos elementos necesarios para operar sobre los opositores políticos.

LA EXPERIENCIA EN LOS JUICIOS
Si revisamos los juicios reabiertos desde 2006, el juzgamiento de crímenes de Estado previos al 24 de marzo de 1976 como parte del proceso de reapertura de las causas de Lesa Humanidad ha tenido varios antecedentes.
En específico sobre las bandas armadas de la derecha peronista, el primer juicio concluido se dio en febrero pasado, cuando la titular del Juzgado Federal Nº 1 de CABA, María Servini de Cubría, en juicio escrito que tramitó por el viejo Código de Procedimientos condenó a 4 integrantes de las bandas de la Triple A por asociación ilícita y con penas menores. La jueza dio por probado que Jorge Conti, Carlos Villone, Norberto Cozzani y Rubén Pascuzzi integraron esa organización paramilitar desde sus cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social, así como que la sede de esa cartera se utilizó como lugar físico para realizar reuniones de la organización paramilitar, como también para financiar su funcionamiento: "El delito que aquí se juzga no fue consecuencia del accionar de personas individualmente consideradas, para su perpetración fue necesaria la misma estructura y recursos proporcionados en principio por uno de los ministerios del Estado, (…) se proveyeron fondos para compras de armamentos, solventar su logística, se utilizó su aparato de prensa, y hasta sus requerimientos aduaneros en materia de armas", afirmó Servini de Cubría en el fallo.

Pero además en estos años llegaron a sentencia la causa por la Masacre de Trelew, ocurrida durante una dictadura militar en agosto de 1972, y donde se condenó a varios marinos en 2012; el fallo por la Masacre de Capilla del Rosario, el fusilamiento de 14 militantes del ERP ocurrido en agosto de 1974 en Catamarca, donde el Tribunal local condenó en 2013 a 3 de los autores del hecho; y la condena en 2014 del jefe de Prefectura de Campana Carlos Ramón Schaller por el secuestro de Marta Querejeta en diciembre de 1974.
Todos los hechos de estos procesos fueron calificados como constitutivos de delitos de Lesa Humanidad, no sin esfuerzo o disenso de los jueces sobre el famoso “elemento de contexto” que caracteriza a los crímenes contra la humanidad: ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Así se los calificó pese a la resistencia de las defensas, que entre otras cuestiones plantearon que se lo hacía como simple traslado de la característica de los crímenes cometidos en dictadura, y principalmente que ni siquiera se habían emitido aún las directivas represivas 1/75 del Consejo de Defensa y 404/75 del Comandante del Ejército, de cita permanente como antecedentes de la represión desatada a partir del golpe. Contra esta posición en los tres casos primó la postura de que al momento de los hechos existía un orden normativo fundado en las convenciones y en la práctica
consuetudinaria internacional, del que el país es parte, que consideró inadmisibles la comisión de delitos de lesa humanidad ejecutados por funcionarios del Estado.
Es claro que en el caso de Trelew los hechos se dieron durante una dictadura, que en el caso de Capilla del Rosario se fusiló a personas detenidas y desarmadas con intervención policial y militar, y que en la causa Querejeta se trata de la actuación del jefe de una fuerza de seguridad nacional. Ahora, el escollo a superar parece ser afirmar que entre 1974 y 1976 existía un Plan Sistemático y generalizado de exterminio de un sector de la población, con actuación de grupos integrados por civiles, policías y militares que accionaban contra otro grupo al que se identificaba como enemigo por razones políticas.
En la sentencia por la Masacre de Capilla del Rosario, los jueces Reynaga, Casas y Jiménez Montilla se animaron a establecer que a partir del “Devotazo”, cuando se liberó masivamente a los presos detenidos o condenados bajo el rótulo de actividades subversivas, los jefes militares se apartaron de los procesos judiciales llevados a cabo por el Camarón y comenzaron a realizar un plan sistemático y generalizado de persecución de la población civil, llegando a disponer cuando fuera posible el sometimiento fatal de los enemigos aunque estuvieran indefensos o desarmados.
Hoy sabemos que en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) hubo alrededor de mil denuncias registradas y nunca investigadas por desapariciones forzadas durante el tercer gobierno peronista, que fueron acercadas por la Secretaría de Asuntos Legales a la justicia.

DIFERENCIA DE CRITERIO
Si el camino se venía abonando para poder avanzar en el castigo a estos crímenes de Estado previo al golpe, un nuevo fallo volvió a complicar la situación. El 9 de junio pasado la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con voto mayoritario de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, y disidencia de Ana María Figueroa, decidió anular la sentencia de primera instancia de la Masacre de Capilla del Rosario, o causa “Carrizo”, absolver a los tres condenados y ordenó ponerlos en libertad. En lo esencial Riggi y Catucci consideraron que los hechos no encuadran en la categoría de crímenes contra la humanidad porque "no se encuentra acreditado por ningún medio de prueba o directamente no existía" a esa época "un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil" y porque "estaba debidamente instalado un gobierno constitucional elegido por más del 60 por ciento de los votos del padrón electoral".
En principio cabe destacar que estos dos jueces opinantes fueron funcionarios del poder judicial tanto en el Camarón como en la dictadura. Eduardo Rafael Riggi, ingresó al Poder Judicial en el Camarón, fue cesanteado en la gestión de Cámpora y nombrado juez en 1978. Además hoy está denunciado por recibir coimas de los imputados por el asesinato de Mariano Ferreyra. La jueza Liliana Elena Catucci ingresó al Poder Judicial en julio de 1971. Fue nombrada jueza en 1980 y quedó a cargo de un juzgado de primera instancia en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal. Entre otras joyas participó con voto propio del fallo que condenó injustamente a Fernando Carrera por la llamada “Masacre de Pompeya”.
Mas allá del análisis sesgado que estos jueces hicieron de la prueba en la casusa por la Masacre de Capilla del Rosario, y de que hace años hay elementos en las autopsias que demuestran que hubo ejecuciones (repetidos balazos en tórax y nuca), es interesante detenerse en la valoración que realizaron del contexto en el que se sucedieron los hechos, esto es agosto de 1974, ya muerto Perón y gobernando Chabela. El doctor Riggi opinó que los jueces de primera instancia hicieron una interpretación “no solo errónea sino antojadiza y subjetiva del marco histórico-político de la época de los hechos materia de juzgamiento”. Y si bien reconoció que había un clima de violencia y se perpetraban crímenes y atentados cometidos por distintas agrupaciones o bandas, en todo caso el Estado respondía como contrapartida y con “probables excesos en la forma de enfrentar y reprimir dichas conductas”. Es más, abundó en que si un grupo armado quiso copar un regimiento, y olvidando todas las obligaciones formales que las fuerzas legales tienen sobre sí, “ya siquiera puede hablarse de 'un ataque' por parte de las fuerzas armadas, sino más bien de un acto de defensa de los poderes constitucionales vigentes”. Curiosamente en un tramo del fallo se apoyó en el discurso que pronuncio Perón después del ataque al cuartel de Azul en enero del '74, y lo citó profusamente, no solo en cuanto afirmaba que “el gobierno nacional, en cumplimiento de su deber indeclinable tomará de hoy en más las medidas pertinentes para atacar al mal en sus raíces, echando mano a todos los medios y movilizando todos los recursos necesarios”, sino también cuando señalaba que “el movimiento nacional justicialista movilizará, asimismo, sus efectivos para ponerlos decididamente al servicio del orden y colaborar estrechamente con las autoridades empeñadas en mantenerlo”.
Por su parte la doctora Catucci dijo que el suceso no se corresponde con un plan sistemático, que no se trataba de un grupo civil desarmado y que tenían posibilidad de resistir. Descalificó a los testigos y descartó la posibilidad de la calificación de los delitos como constitutivos de lesa humanidad porque los hechos eran diferentes a los de otras causas (Trelew, Operativo Independencia, etc.) por cuanto aquí la iniciativa agresora había sido de los terroristas, y desencadenado los episodios armados. Que no podían ser delitos de lesa humanidad hechos de una acción concertada en un gobierno constitucional y ordenada por la Presidente de la Nación en auxilio de las fuerzas policiales que estaban en inferioridad de condiciones, por lo que la actuación conjunta de las fuerzas de seguridad en este caso había sido justificada y autorizada.
Catucci intentó explicar que “mal podría interpretarse de esa manera una acción concertada en un gobierno constitucional y ordenada por la Presidente en auxilio de fuerzas en inferioridad de condiciones. Y no se adecua a ellas porque tampoco parece haber respondido a un pre-ordenamiento planificado. Ni su génesis ni su desarrollo se avienen a esa concepción”. Según la doctora “si bien pueden asimilarse acontecimientos anteriores a la ruptura del Estado de Derecho del 24 de marzo de 1976, como propios de esta época, las constancias causídicas revelan que el que está bajo examen no es uno de ellos”. La doctora llega a extremos superlativos al decir que “sin desconocer que el resultado letal de muerte de los individuos que no lograron huir como sus compinches (SIC) y que es lo que llevó a percibirlos crímenes de lesa humanidad, esa concepción no puede asentarse en el resultado sino en todas las circunstancias que permitieron apreciar las diferencias con aquéllos”.

El fallo es un alerta importante porque se trata de un tribunal federal de segunda instancia, que revisa lo actuado por los tribunales orales, y que ha argumentado con inconsistencias y arbitrariedades varias. En principio si los fusilamientos no están probados y las muertes fueron justificadas -en el cumplimiento de un deber o en legítima defensa propia o de terceros- no habría delito alguno, por lo que ocioso sería entrar a fundamentar el carácter o no de lesa humanidad. Sin embargo se empeñaron en hacerlo. Para eludir la calificación de lesa humanidad abrieron el análisis de si se trata de graves violaciones a los Derechos Humanos, pero curiosamente no la desarrollaron.
Ahora, si los homicidios estaban probados pero no eran ni delitos de lesa humanidad, ni graves violaciones a los DDHH, cabía la prescripción, y se agotaba la discusión de fondo en instancias anteriores que los jueces de Casación tuvieron oportunidad de revisar. Y en todo caso si no eran delito, y así lo determinaban, no había nada que prescribir.
Pero además, destacamos especialmente la discusión que se abre con este fallo sobre el carácter real de los delitos investigados, porque todavía hay resistencias judiciales a reconocer plenamente que hubo crímenes de Estado entre 1973 y 1976 y que esos crímenes son delitos de lesa humanidad, con todo lo que la definición conlleva. Si no fueron crímenes de lesa humanidad, como pretenden Riggi y Catucci, fueron crímenes de guerra, que tampoco prescriben. Lo contrario es reafirmar la teoría del partisano del jurista alemán Carl Scmitt, tan usada por los represores y sus abogados en los juicios, cuando dice que como los guerrilleros no son combatientes de una guerra tradicional, no se los debe tratar como enemigos regulares y, luego, como prisioneros de guerra, y está justificado hacer con ellos cualquier cosa.
La polémica sentencia de Casación ya ha sido apelada por las querellas del juicio y recurrida por el Fiscal General ante esa Cámara, Javier Augusto De Luca, con un recurso extraordinario que detalla todas las inconsistencias del caso y pide elevar los autos a la Corte Suprema para que revoque esta sentencia y confirme la del Tribunal Oral de Catamarca.
El fondo de esta cuestión es señalada con precisión por el fiscal De Luca en el recurso de apelación, cuando dice: “Ninguna relevancia tiene que el gobierno de por entonces fuese uno elegido democráticamente y que sus máximas autoridades fuesen civiles, como tampoco que estos grupos estuviesen formados muchas veces por civiles, total o parcialmente (ej. 'Triple A', Alianza Anticomunista Argentina).
Tampoco la tienen las directivas que pudiera haber dado un presidente constitucional (Toda la discusión acerca de la expresión 'aniquilar'), ya sea porque estas órdenes fueron tergiversadas (el significado de una orden de un presidente constitucional nunca podría haber sido por fuera del orden normativo), o porque fueron perfectamente interpretadas (considerar que esa orden es una orden ilegal expresa). Porque las órdenes ilegales son tales por su contenido con prescindencia de la calidad del título de quien las emita. Como se ve, se trata de un argumento de autoridad que no prueba la imposibilidad de que durante ese período se hubieran cometido graves violaciones a los DD.HH., ya sea de manera clandestina, actuando las fuerzas armadas y de seguridad motu propio, ya sea de manera expresa o manifiesta por orden de un presidente de iure”.
La mayor paradoja de este fallo es que se pronuncia justificando la represión ilegal durante un gobierno democrático, y principalmente por tratarse de una gestión constitucional, que es desarrollada por magistrados que integraron el poder judicial durante la última dictadura y siguen en funciones 40 años después para revisar aquellos hechos. Y es allí donde aparece el verdadero “elemento político” de los fallos en este tipo de juicios.

FINAL ABIERTO
La democracia alfonsinista no tuvo intenciones de indagar, y mucho menos de impulsar, el proceso judicial contra los responsables de los crímenes de Estado previos al golpe. De hecho hasta negoció y puso un freno a la investigación de los crímenes de la dictadura con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Hubo por entonces un pacto implícito: si se iba a fondo en la verdad más profunda sobre el origen y las motivaciones de la maquinaria de crímenes y desapariciones se iba a terminar enjuiciando la gestión del Partido Justicialista, algunos de cuyos dirigentes aun siguen en funciones en cargos del Estado, en sindicatos, o en el propio partido.
Los fundamentos de ese pacto eran claros: si se lo ponía en cuestión, el peronismo iba a denunciar una nueva persecución y podía apoyarse en el aparato militar que acababa de abandonar el poder, para desestabilizar el sistema político.
Es entendible también que para los organismos de derechos humanos, por la dimensión de los crímenes y su vigente impunidad, el foco principal del reclamo haya sido por muchos años la estructura militar-policial-penitenciaria y no las bandas armadas del Estado en el gobierno peronista.
Ni hablar de la impunidad superlativa que intento sembrar la gestión menemista, perdonando con indultos desde el Estado y con pretensión de igualdad a los asesinos de la dictadura, a los criminales de la guerra de Malvinas y a los compañeros militantes con causas pendientes por su actividad política en los '70.
El dilema estuvo pendiente incluso hasta la reapertura de los juicios a los genocidas d aquella última dictadura, y tuvo una clara muestra de la caja de Pandora que se estaba abriendo en enero de 2007, cuando el impresentable juez Espartacus Oyharbide pretendió citar a indagatoria a Isabel Martínez de Perón por los crímenes de la Triple A, y la ciudad de buenos Aires apareció afichada con carteles firmados por la CGT, la Fraternidad y las 62 Organizaciones que rezaban: '”No jodan con Perón”.
Hoy los juicios por crímenes de lesa humanidad no pueden ser el límite de un nuevo pacto político de impunidad. La responsabilidad del gobierno peronista en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de lesa humanidad, son hoy innegables. Ya es hora de discutir a fondo la organización desde el Estado de la represión a los opositores políticos antes del golpe y condenar esos crímenes.


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martes, 9 de agosto de 2016

Otra domiciliaria a Etchecolatz - FINAL DEL JUEGO

Luego de que la justicia platense allanara el camino, los tribunales porteños otorgaron una nueva domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. La Cámara Federal platense decide sobre si hace o no efectivo el beneficio esta semana.


Otro tribunal Federal otorgo el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. Esta vez en la causa por los crímenes cometidos en los CCD de la Brigada de Monte Grande en Esteban Echeverría y la Brigada Güemes de Cuatrerismo (o “Protobanco”) ubicada en La Matanza.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correcional Federal de CABA entendió que “se verifican circunstancias objetivas que aconsejan disponer que Etchecolatz continúe su encierro preventivo en su domicilio particular”. Los Jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah tomaron el fallo del TOF 1 de La Plata del 22 de julio pasado como base y, tal como hicieron los magistrados platenses ponderaron, muy por encima de la opinión del órgano médico de la Suprema Corte, la opinión personal del médico José Luis Franco, jefe del Área del Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, en el sentido de que “ha visto deteriorarse a Etchecolatz en estos últimos meses”.
La causa por los Brigada de Monte Grande y “Protobanco” fue instruida por el juez Daniel Rafecas, quien la elevo a juicio al TOF 6 de CABA en diciembre de 2013  con 12 procesados, entre ellos Etchecolatz. Rafecas ya había negado el pedido de domiciliaria en esa causa recordando las condenas que recibió Etchecolatz en La Plata, sumadas a las imputaciones por el CCD “Protobanco”, donde dijo que “el estadío de desarrollo de la pesquisa y las pruebas pendientes de sustanciación, en especial, la relacionada con víctimas sobrevivientes y demás testigos, sin dudas vulnerables ante posibles maniobras destinadas a frustrar el avance en la búsqueda de la verdad
 judicial”. En esa oportunidad Rafecas destacaba que el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia del 5 de abril pasado señalaba claramente que el represor “presenta buen estado de salud aparente, sin signos de descompensación, ni de proceso agudo en evolución. Padece patologías clínicas compensadas y tratadas adecuadamente” y que “en tanto y en cuanto se cumplan las indicciones médicas en tiempo y forma, su salud no se verá afectada por deficiencias en atención”. Sin embargo, los jueces Ballestero y Farah, así como lo hicieron hace poco sus colegas Castelli y Michelli, compraron el argumento de la “razón humanitaria”.
La campaña de los abogados de Etchecolatz por su definitiva y efectiva domiciliaria no cesa: han presentado un recurso de Habeas Corpus, donde curiosamente reconocen que la situación del genocida se agravó también “a raíz de una huelga de hambre”. El recurso fue resuelto negativamente por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata el 2 de agosto pasado. Allí los jueces Nogueira, Vallefin y Pacilio afirmaron que la vía del Habeas Corpus no correspondía y que ese medio de protección “no puede ser empleado para desplazar a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumben”.
Con la medida dispuesta por el tribunal de CABA, el genocida suma varias conquistas hacia su definitiva impunidad: ha conseguido la domiciliaria en la causa que lo condeno en 2006, dictada el 4 de agosto pasado y en los expedientes por el CCD “La Cacha” y por los casos “Favero/Alvarez”, otorgadas el 22 de julio pasado. Además se le dictó el cese de la preventiva en otros dos expedientes a disposición del TOF 1. Sólo conserva la prisión preventiva rigurosa en las causas “Circuito Camps” donde no se encuentra firme la condena que recibió en 2012, y en las unificadas “Pozo de Banfield/Pozo de Quilmes”, ya elevadas a juicio oral.

La situación se tensa cada vez más, porque si bien el TOF 1 de La Plata le concedió varias veces el beneficio sin hacerse efectivo, el cumplimiento de la medida quedó supeditado a lo que decida el resto de los tribunales a cuya disposición se encuentra. Además, frente a una intencionada posición que intenta argumentar una catarata de otorgamiento de domiciliarias como exclusivo efecto del gobierno Macri, nos permitimos recordar que según datos de los informes periódicos del Ministerio Publico Fiscal, por lo menos hace 4 años que el promedio de represores procesados y condenados con domiciliaria es del 40%. Fue del 42% en 2012, del 36% en 2013, del 40% en 2014 y del 41% en 2015. Con la persistencia del porcentaje, lo que ha variado es la cantidad acumulada de genocidas en sus casas, porque ha habido nuevas condenas y nuevos procesamientos, de manera que a julio de 2016 encontramos unos 462 represores gozando del beneficio. Los que describían desde 2006 la situación de los juicios como un avance ejemplar y sin fisuras, ahora desgarran sus vestiduras ante la cruda realidad.

Esta semana la justicia federal platense debe resolver el fondo de esta situación específica sobre Etchecolatz. Por eso nos sumamos a la convocatoria para mañana 10 de agosto a las 9:30 hs, a acompañarnos en las escalinatas de la Cámara Federal de La Plata –calle 8 y 50- para reclamar la NO CONCESIÓN de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Si la justicia llega a otorgar la domiciliaria efectiva Etchecolatz, estaremos consolidando un proceso que no es nuevo, pero que se agrava cada vez más. Desde HIJOS La Plata hemos escrachado en varias oportunidades al represor mientras estaba amparado en las leyes de impunidad o recibía beneficios disfrutando de su chalet de Mar Del Plata.
Volveremos al ruedo si tamaña afrenta a la lucha de todo un pueblo devuelve al símbolo de la represión en la provincia de Buenos Aires a un cómodo e impune final de sus días.

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
ADONDE VAYAN LOS IREMOS A BUSCAR.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA SEGUNDA DESAPARICION FORZADA DE JORGE JULIO LOPEZ.

HIJOS La Plata
9 de agosto de 2016

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