SALIO "LA JUSTICIA A CUENTAGOTAS". Conseguilo en: "Dardo Rocha" (6 e/48y49) * "Ulpiano" (48 e/12y13) * "Espacio Jurídico" (Talcahuano nº487 BsAs) * O pedilo por correo a hijoslaplata@gmial.com

sábado, 16 de enero de 2016

Siguen los decesos impunes ¿Ni uno menos?

Murió impune un policía federal en una causa de Lesa Humanidad de La Plata

Reseñamos la muerte del subcomisario Alberto Larroca en la causa por el CCD de 1 y 60 . Analizamos el rol de la Policía Federal en la represión en La Plata. Y una reflexión sobre el agravamiento de la situación de los juicios por la tardanza del Estado en impulsar los procesos.


El pasado 18 de diciembre el titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, Laureano Durán, informó la muerte del imputado Alberto Larroca, 2° jefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal, en la causa por el CCD de Caballería e Infantería de la Policía Bonaerense durante la dictadura. Además, el magistrado clausuró la instrucción y elevó el expediente a juicio oral.
El subcomisario Larroca, de 82 años, era oriundo de Trenque Lauquen y falleció en su casa del barrio CECO de Olavarría el 5 de octubre pasado, según si obituario “confortado por los auxilios espirituales”. Está acreditado que prestó funciones en la Delegación La Plata de la Policía Federal Argentina entre el 16 de marzo de 1976 y el 3 de enero de 1977. Al igual que su jefe en la delegación, Rafael Pochelú, los cabos de esa fuerza José Luis Benítez, Carlos Hugo Leguizamón y Roberto Gigli, y Carlos “el Indio” Castillo, estaba imputado desde diciembre de 2013 por los secuestros y tormentos de que fueron víctimas los militantes peronistas de una Unidad Básica del barrio de La Loma Luis Julián Farina, su esposa Nélida Leonor Balbi y Roberto Mario Carattoli.
De hecho en la causa consta información de todos estos represores a través de un incidente colateral al allanamiento del domicilio de la pareja Farina-Balbi. Al parecer, a raíz del extravío de la credencial del oficial Fontana en el operativo, Pochelú designó a Larroca para realizar un sumario administrativo. De la declaración de Fontana ante sus jefes surgen detalles del operativo: “un procedimiento antisubversivo, el 3 de abril de 1976 entre las 2 y las 5 horas, en una finca sita en calle 23 n° 221 de La Plata”, donde Fontana y otros 4 agentes allanaron y “detuvieron a su ocupante que identificaron como Luis Julián Farina, vinculado con la agrupación 'Montoneros'. Aproximadamente veinte minutos más tarde arribó al domicilio su concubina Nélida Leonor Balbi, a quien también detuvieron, acompañada de una persona de sexo masculino que identificaron como Roberto Mario Carattoli. Este último, para evitar ser detenido, intentó darse a la fuga emprendiendo veloz carrera por calle 23 en dirección al norte. Fue perseguido por parte de la comisión policial, que luego de unos 250 metros de ardua y peligrosa persecución consiguió herirlo de bala en su pierna izquierda a la altura del tobillo, reducirlo y detenerlo, secuestrándole además una pistola calibre 22, con su respectivo cargador y proyectiles 'punta hueca'”. Tras el operativo, los detenidos fueron trasladados encapuchados a la Delegación La Plata de la Federal, a la mañana siguiente entregados a las autoridades militares de la Jefatura del Área 113 y depositados en el CCD de la Brigada de Caballería de la bonaerense en 1 y 60. Pasaron 10 días allí, siendo sacados varias veces a torturar a Arana y devueltos a Caballería, para terminar blanqueados en la Unidad 9 los hombres y la mujer en la cárcel de Olmos.
Tanto Farina como Balbi dieron testimonios coincidentes en el marco del Juicio por la Verdad en julio de 2002 y en la causa “1 y 60” en junio de 2013. Sobre el primer lugar detención, Farina lo describió como una comisaría por el ambiente, el ruido, la radio que transmitía los datos y los números de documentos, y dijo “esto era, digamos, un ámbito Policial”. Balbi afirmó que los traslados a Arana y a Olmos los hacía personal militar, que tenía mando sobre la tropa, que era personal de la bonaerense. Respecto a los integrantes del operativo, ambos sobrevivientes afirmaron que el grupo que los detuvo en su domicilio estaba conformado por aproximadamente cinco personas, todos vestidos de civil, entre los que se encontraba quien luego supo que era “el indio” Castillo, de quien dijo que “Caminaba tipo robot, con el pelo caído sobre la frente y daba la impresión de que era quien comandaba el grupo...”, y que fue éste quien persiguió e hirió de bala a Carattoli en su intento de fuga. Señaló también que luego pudo identificar a Gigli como otro de los integrantes del grupo, y que fue él mismo quien lo sometió a sesiones de tortura mientras estuvo detenido en 1 y 60.
Llamado a indagatoria en diciembre de 2013, Larroca refirió ante el juez Manuel Blanco no recordar el hecho del 3 de abril de 1976, aunque sí dijo que conocía a Fontana -que estaba en Inteligencia-, a Leguizamón y al Comisario Pochelú, con quien señaló “no tenía muy buena relación ya que no congeniaban”. Dijo que como segundo de la delegación se encargaba del control del personal administrativo y realizaba guardias. Sin embargo trató de excusarse en que, pese a su posición jerárquica, no se enteraba de las cosas que sucedían en el lugar por no estar de acuerdo, y negó la instrucción del sumario en cuestión al decir: “ Yo nunca instruí un sumario administrativo, ni lo se hacer. Las firmas que están en el expediente yo no las reconozco como mías. Puede ser que lo haya firmado, pero no me acuerdo”. Pese a todo reconoció la Comunidad represiva existente entre la PFA y las Fuerzas Armadas, al decir que su jefe Pochelú “era quien tenía el poder de mando sobre la gente de inteligencia, exclusivamente él. El ejército y la Marina, el BIM 3, venían mucho a la Delegación y se reunían solamente con el jefe, con Pochelú”.

LA CAUSA 1 Y 60
La causa esta denominada con el nombre del represor de más alto mando en la cadena de responsabilidades, el coronel Alberto Jorge Crinigan, hombre ligado al área de inteligencia del Ejército desde el Batallón 601 y que estuvo activo en la fuerza hasta 2002.
Implica imputaciones sobre 22 represores por unas 190 víctimas. Algunos de estos represores ya fueron juzgados y condenados en el proceso por el CCD “La Cacha”, como Gustavo Adolfo Cacivio, Miguel Ángel Amigo, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Anselmo Pedro Palavezzati; otros citados sólo como testigos en el juicio “Circuito Camps” de 2012 por los hechos de la casa Mariani-Teruggi, como Héctor Reynaldo Amnchástegui, Juan Rafael Pochelú y José Clemente Forastiero; el referente da la CNU en nuestra zona, Carlos Ernesto “El Indio” Castillo; y un grupo de 14 genocidas que será juzgado por primera vez en esta causa: Alberto Jorge Crinigan, Oscar Antonio Gómez Migenes, Carlos Hugo Leguizamón, Roberto Arturo Gigli, José Luis Benitez, Alberto Larroca, Claudio Rubén Mejías, Tomas D'Ottavio, Raúl Ricardo Monzón, Adalberto Oscar Rincón, Juan Antonio Vidal, Alberto José Esteban Pulvermacher, Ismael Ramón Verón y Lucas Marcelo Castro.
El juicio será una importante ocasión para desentramar la red de conexiones que existieron entre las distintas Fuerzas Armadas, policiales, penitenciarias y parapoliciales, ya que el CCD de calle 1 y 60 conlleva casos de detenidos que eran trasladados allí desde y hacia unidades del Ejército y la Policía. Ya en el juicio “FT5” del año pasado se han ventilado varios casos de detenidos que eran llevados desde 1 y 60 ida y vuelta a los CCD de Armada y Prefectura. O bien que eran blanqueados hacia la Unidad 9 del Servicio Penitenciario. A su vez, se ha puesto en evidencia la actuación de elementos de la CNU tanto en los centros policiales como penitenciarios. Y los casos referidos a la actuación de la Policía Federal reseñados más arriba completan un cuadro donde no hubo fuerza represiva que no actuara en coordinación con detenidos llevados a la sede de 1 y 60.
Plano del CCD de 1 y 60
LOS GALLITOS EN ACCIÓN
El rol de la Policía Federal en la represión en La Plata, desde su sede en calle 15 y 49, tiene una causa específica en La Plata. En mayo de 2014 la fiscalía platense que instruye las causas contra los genocidas en nuestra región pidió la elevación a juicio de un grupo de policías federales que participaron de una cacería con el resultado de tres homicidios y tres desapariciones en 1977. Y como en el caso de Pochelú, Larroca y sus muchachos, la trama se reveló con el hallazgo de un documento interno donde el jefe del grupo disponía medidas sobre sus subordinados.
Los 9 ex “federicos” acusados en el requerimiento fiscal son el comisario y jefe de la Delegación La Plata de la PFA en 1977, Martín Eduardo Zuñiga, el inspector Rafael Oscar Romero, el sargento Horacio Alfredo Ortiz, los cabos José Carlos Sánchez y Jorge Alberto Blanco, los efectivos Carlos Omar Gómez y Adalberto Abel Maciel (ya fallecidos), y el subcomisario prófugo Emilio Alberto Rimoldi Fraga. Completa la lista el cabo Roberto Arturo Gigli, también imputado en la causa por el CCD de 1 y 60.
Todos están acusados por los homicidios de Adela Esther Fonrouge, Juan Oscar Cugura y de un hombre apodado “La Chancha”; la privación ilegal de la libertad, las lesiones graves y tormentos sufridos por Juan José Libralato; la privación ilegal de la libertad de Mauricio Emeraldo Mansilla y de Irma Guzman de Arteaga, y el robo de objetos en la casa de Mansilla.
La investigación detalla que en septiembre de 1977 la Policía Federal capturó en la Capital Federal al militante platense de la JUP Juan Carlos Rodríguez. La PFA logró su identificación gracias al aporte que le brindó su delegación de La Plata a través de los canales de inteligencia. Pero los aportes llegaban también a lo operativo: la noche del 11 de octubre del '77 una brigada de la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal se constituyó en la delegación platense de la PFA con información sobre el domicilio de Rodríguez. Desde allí pidieron “zona liberada” al Área Operacional de la Subzona 113 y al Destacamento de Inteligencia Militar 101, allanaron diversos domicilios hasta completar la acción dos días más tarde y repartirse los detenidos con el Ejército.
La actuación del grupo imputado se reconstruyó a partir de un policial que revela los crímenes y que pide el ascenso para los policías. Suscripto por el jefe Zúñiga, el documento fundaba los ascensos en la ley orgánica de la Federal, que preveía reconocimientos para quien "lleve a cabo actos de arrojo o de habilidad profesional, cuyas consecuencias sean de gran importancia moral o material, y, en general el que ejecute acciones encomiables dignas de premio a juicio de la superioridad".

JUICIOS ETERNOS
Como sabemos, las causas llevadas adelante por el Estado argentino contra los represores de la última dictadura son delitos de lesa humanidad, lo que los hace imprescriptibles. Ahora bien, ello no quiere decir que tal carácter habilite a la justicia a realizar juicios infinitos, en un proceso general que dure 40 años.
Si tenemos en cuenta que de las 30.000 las víctimas que pasaron por más de 600 centros de detención clandestinos, en los que actuaron alrededor de 200.000 represores, sólo han sido procesados 2.100 represores y condenados unos 650 por unas 3.800 víctimas, veremos que falta la mayor parte de la tarea si lo que se quiere es justicia y no condenas aisladas.
Mayor es la preocupación si entendemos que falta juzgar a la mayoría de las segundas y terceras planas de policías, penitenciarios, militares, gendarmes, prefectos, y a la totalidad de los cómplices civiles del genocidio, sean estos empresarios, burócratas sindicales, parapoliciales, sacerdotes o dueños de medios de comunicación.
La tardanza del Estado en completar las imputaciones y avanzar en la investigación de la trama de complicidades viene siendo patente. Y es necesario aquí plantear que habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 13 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 12 o 15 años y quedará impune (como los 300 procesados que fallecieron en estos 13 años) si no se acelera el proceso.
De hecho, en todas las grandes causas que llegaron a juicio en La Plata hubo muertos impunes: En el proceso denominado “Circuito Camps” fallecieron el gobernador de facto Ibérico Saint Jean, el jefe del Destacamento de Inteligencia 101 Alejandro Agustín Arias Duval y el jefe de la Brigada de Investigaciones Rubén Oscar Páez. En el juicio por el CCD “La Cacha” de 2014 también faltó el principal acusado, precisamente Arias Duval. En la causa por los crímenes de la Armada y Prefectura en nuestra zona, llamado “Fuerza de tareas 5”, murieron sin llegar a juicio el prefecto Tomás Méndez y el segundo comandante del BIM3 Antonio Mocellini.
El esquema se repite en las causas en instrucción: en la residual por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi murió el represor Norman Miniot en abril 2014; en la misma fecha pero en causas Brigada de San Justo y Pozo de Quilmes falleció el genocida Lucas Belich; y en las más importantes que restan juzgar, Pozo de Banfield 2, Brigada de San Justo y Pozo Quilmes falleció el general Jorge Olivera Rovere en abril de 2015.
Y la tardanza también juega a favor de los genocidas que reciben beneficios de prisiones preventivas domiciliarias o en geriátricos, en regímenes que nadie controla, o bien excarcelaciones por motivos de salud o lisos y llanos apartamientos por incapacidad. Este elemento se profundizará en los próximos años si los procesos continúan así planteados.
Porque resulta que en lugar de acelerarse, el proceso general de juzgamiento viene decreciendo año a año, sin poder sostener el promedio de 20 juicios concluidos y 150 condenas cada 12 meses. Las voces que hoy contrastan el rol de garante de impunidad y olvido que por 15 años había mantenido el Poder Ejecutivo nacional, con los pequeños avances de los últimos años basan su convicción de la continuidad de los juicios en que la mayoría de la sociedad apoya simbólicamente estos procesos. Para nosotros, que no dejamos nunca de estar en las calles denunciando los crímenes de Estado de ayer y de hoy, estos 13 años están marcados por la segunda desaparición forzada de Jorge julio Lopez y el asesinato de Silvia Suppo, hechos sobre los que seguimos sin obtener respuesta del Estado Nacional y provinciales sobre estos gravísimo crimen perpetrados contra la continuidad de los juicios a los genocidas en nuestro país, y que cubrió con un manto de impunidad ese pretendido proceso de justicia. El expediente por la segunda desaparición de Lopez es un verdadero laberinto de la impunidad, que ningún gobierno se atreve a desandar. Quizás porque han pactado con las viejas prácticas de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, que han asesinado a más de 4600 personas con gatillo fácil y torturas, y desaparecido a más de 200 en 32 años de democracia. Recordemos que este año la campaña de amenazas sobre el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata tuvo sus efectos: el presidente del Tribunal, Carlos Rozansky, se excusó de participar en todas las causas en las que esté procesado el comisario Miguel Etchecolatz y que lleguen a sus manos para realizar los juicios orales. La pulseada comienza a ganarla Etchecolatz, símbolo de la represión en nuestra zona, que de alguna manera elije quién lo juzgará torciéndole el brazo a uno de los tribunales más prolijos de toda la justicia Federal de nuestro país.
Pero esta puesta en perspectiva histórica del Genocidio y de las consecuencias de la tardanza de 30 años del Estado en iniciar el juzgamiento de aquellos crímenes parece ser poca cosa frente a nuevas incertidumbres que se abren con la gestión de la derecha macrista, que ha dado sobradas muestras de que posee más apego por el emprolijamiento de la gestión para los negocios que por la Memoria contra el Genocidio. Así lo preanuncian los currículum del joven de la Fundación Konrad Adenauer y nuevo ministro de Justicia, Germán Garavano, como el de su próximo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, hombre de la Daia en épocas de Rubén Beraja, mentor del pacto PRO-FPV para le gestión de edificio de la ESMA y quien le acercó a Macri a Jorge “Fino” Palacios.
En general, y siempre comparando lo que se ha avanzado con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo. Eso se logrará sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que debemos imponer en la agenda al nuevo gobierno, sumando a este reclamo todas las luchas contra la impunidad de los crímenes de Estado en democracia.
Lo único claro es que todas aquellas organizaciones de Derechos Humanos independientes del Estado y los gobiernos, que luchamos tantos años por reabrir estos procesos, no cejaremos en el reclamo a partir del nuevo escenario político nacional. Debemos redoblar la presencia en las calles y avanzar con mayor claridad en nuestros planteos políticos sobre los juicios. La primer prueba de ello será el 24 de marzo, cuando se estén cumpliendo 40 años de inicio de la dictadura. Y un primer balance lo tendremos en septiembre próximo, al cumplirse 10 años del segundo secuestro de Lopez.

HIJOS LA PLATA
Enero de 2016

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viernes, 15 de enero de 2016

7 AÑOS SIN LUCIANO ARRUGA - 4 DÉCADAS DE DESAPARICIÓN FORZADA

La desaparición forzada de personas se define técnicamente como la “privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad”.
Desde el caso del joven José Luis Franco, detenido por la policía santafecina en Rosario el 24 de diciembre de 1983 y cuyo cadáver apareció golpeado en un descampado; hasta el reciente caso de Gerardo Escobar, golpeado por patovicas y policías a la salida de un boliche en Rosario en agosto de 2015 y que apareció una semana después en las aguas del río Paraná, podemos afirmar que se han producido en Argentina al menos 212 casos de desaparición forzada de personas entre 1983 y 2015.
La continuidad de la práctica de desaparecer personas tras detenerlas se comprueba con el dato de que el 40% de los casos se registraron en las tres gestiones del matrimonio Kirchner. Digno de su “Maldita Policía” que nunca dejó de actuar, la provincia de Buenos Aires registra más de un 70% de los casos.
El hecho que marca a fuego esta práctica perversa, y que une 40 años de continuidades del aparato de poder organizado para reprimir, es la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez en septiembre de 2006, porque se trata de un sobreviviente del Genocidio expuesto como testigo en una causa de lesa humanidad que dio inicio al proceso de juzgamiento de los crímenes del Terror de Estado con renovada impunidad. Definen el caso el señalamiento de las organizaciones de DDHH a la propia Policía Bonaerense, el silencio del gobierno al respecto, pese a la gravedad material y simbólica que presenta, y la apertura de una nueva categoría: el ex detenido-desaparecido en dictadura, aparecido y vuelto a desaparecer en democracia.
Si en momentos de alto desarrollo de la conciencia popular y las luchas sociales la desaparición forzada se utilizaba especialmente como método de represión política de los oponentes, hoy vemos que los altos niveles de desigualdad y la continuidad de prácticas de control social hacen que las víctimas afectadas sean en su mayoría jóvenes pobres, con instrucción básica y sin empleo formal, que habitan las barriadas populares y son el “enemigo” creado en todas las políticas de gestión del delito.
En todo caso podemos afirmar que en el país de los 30 mil desaparecidos, y pese a estar tipificado en específico desde 2011, el Estado sigue negándose a investigar las desapariciones como tales, y en estos 32 años de democracia no ha habido un sólo funcionario estatal condenado por desaparición forzada de persona.

HIJOS LA PLATA


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miércoles, 13 de enero de 2016

MEMORIA SELECTIVA


Tras la represión a despedidos de la municipalidad de La Plata, una multitudinaria marcha de repudio se plantó contra lo que veníamos anunciando que continuaría al balojate ganara quien ganara: ajuste y represión.
Los organismos de Derechos Humanos independientes del Estado y los gobiernos (ayer y hoy) acompañamos la movilización. Sin embargo algunos oportunistas aprovecharon la movida para sembrar confusión y exageraciones deliberadas. El titular de la CTA, Hugo Yasky, aseguró que la represión del viernes 8/1 en La Plata es el signo de "un gobierno represor". En diálogo con la emisora platense Radio Estación Sur, Yasky afirmó que durante los gobiernos kirchneristas "no hubo represión" como la ocurrida contra trabajadores municipales y destacó: "Hubo paritarias libres, hubo posibilidad de que el movimiento sindical no solamente creciera en número sino también en militancia y eso no se podría haber hecho con un gobierno represor como el que ahora tenemos".
Sólo para refrescarle la memoria al dirigente K, y sólo mencionando las represiones con víctimas fatales, diremos en base al archivo de Correpi que durante la presidencia de Néstor Kirchner fueron dos los asesinados en la represión a manifestaciones o movilizaciones: Luis Marcelo Cuéllar, en 2003, en una marcha a la comisaría de Libertador Gral. San Martín, Jujuy, donde otro joven había muerto en la tortura, y Carlos Fuentealba, en Neuquén, durante la huelga docente. Pero además, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la cuenta asciende a 19: El trabajador del ajo Juan Carlos Erazo, en 2008, en Mendoza; el joven Facundo Vargas, en Pacheco, durante una movilización contra el gatillo fácil; Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, en 2010, en igual circunstancia, pero en Bariloche; los Qom Mario y Roberto López en 2010; Mariano Ferreyra, en el ataque a los trabajadores ferroviarios en 2010; los tres asesinados en la represión del Parque Indoamericano en 2010; en 2011, los cuatro muertos en el desalojo de las tierras del Ingenio Ledesma, en Jujuy y Cristian Ferreyra en Santiago del Estero. En 2012, la cifra creció con Daniel Solano, trabajador de la fruta desaparecido por negarse a denunciar a sus compañeros en Río Negro, Miguel Galván, campesino asesinado en Santiago del Estero, en 2013 con el caso de Gerardo Gabriel Tercero, asesinado por gendarmería en un corte de la ruta 50, en Salta. Y el caso más reciente, que Yasky debe recordar aunque no menciona, fue el de Ángel Verón, integrante del MTD No al Desalojo muerto a golpes por la policía de Capitanich en una cacería desplegada en octubre de 2015 en la Ruta 11 al km 997.
Como apuntó el periodista Oscar Castelonovo, la gestión Macri no tardó en tener su primer muerto a manos de la represión policial: Lucas Fuentes, de 20 años, fue asesinado en diciembre pasado en la comisaría de General Mosconi, Chubut, por denunciar los policías que lo habían torturado en la comisaría 3ª. Pero todavía las gestiones K siguen siendo las más represoras desde 1983 a la fecha, con más de 3 mil casos de personas asesinadas por los aparatos represivos federal o provinciales y más de 200 desapariciones forzadas.
Si el ajuste sólo cierra con represión, para los que pretenden volver a “resistir” tras 12 años de obsekuencia la desmemoria cierra con mentiras.

HIJOS La Plata
Enero de 2015

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martes, 29 de diciembre de 2015

Solidaridad con Chicha Mariani y Elsa Pavón.

Comunicado de prensa Justicia Ya La Plata.


Justicia Ya La Plata hace público por este medio su más amplia solidaridad con Chicha Mariani y con Elsa Pavón.
La incansable búsqueda por parte de una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, en lo personal y en lo de la inmensa mayoría del pueblo, pareció tener un final feliz con el encuentro de quien creyó era Clara Anahí. Sin embargo la confirmación del lazo sanguíneo vía ADN, hecha por un laboratorio privado cordobés, era una primera instancia a la que le faltaba la validación en la justicia. Errores y apresuramientos comunicativos llevaron a dar por corroborado el hallazgo de Clara Anahí Mariani Teruggi a pesar de faltar el paso por la justicia.
Sin embargo, queremos denunciar que sobre estos errores se han montado una serie de especulaciones políticas que intentan ocultar la responsabilidad del estado en el hecho que a 39 años Clara Anahí siga sin aparecer al igual que los más de 400 jóvenes a los que la dictadura genocida, de muy pequeños robó a sus madres y cambió su identidad. Responsabilidad que es del actual gobierno pero que también lo fue de los anteriores desde la recuperación de la democracia hasta hoy.
Pese a que el Estado debió velar por el efectivo cumplimiento de su responsabilidad, mediante la apertura total e irrestricta de todos los archivos, así como el de preservar el Banco Nacional de Datos Genéticos, ideado por Chicha Mariani, el gobierno anterior lo utilizo como coto político, en su pelea por la apropiación de los DDHH, utilización denunciada públicamente por la propia Chicha, por Elsa Pavón, Mirta Baravalle y otras abuelas, junto a sectores vinculados a la lucha por los DDHH.
Denunciamos que en instancias en que Chicha y su amiga y compañera en estos 39 años Elsa Pavón, necesitan de toda la solidaridad que el momento exige, esas denuncias han sido utilizadas en forma cobarde y artera para agraviar a Elsa y veladamente también a Chicha por sostener esta postura.
Exigimos la mayor transparencia del BNDG para que se pueda realizar una nueva prueba de ADN con nuevas muestras y con la presencia de Peritos de Parte, así como la reserva de una parte de las muestras para hacer una contra-prueba en un laboratorio independiente y que no haya actuado en este caso, como única garantía para encontrar resultados concluyentes.

*El estado es el responsable de que aparezca Clara Anahí y los más de 400 jóvenes con identidad desaparecida durante la dictadura.
*Apertura de todos los archivos
*Solidaridad con Chicha Mariani y Elsa Pavón.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS NO NOS RECONCILIAMOS


CONTACTOS DE PRENSA:
Nilda Eloy: 221-155865035
Carlos Zaidman: 221-155731407


Asociación de Ex - Detenidos Desaparecidos, María Laura Bretal, HIJOS La Plata, Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), agrupación La Retaguardia, Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, Comité de Acción Jurídica (CAJ), Federación Universitaria de La Plata (FULP) y Liberpueblo.

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miércoles, 16 de diciembre de 2015

21 MESES SIN MAURICIO ANDRADA

Exigimos la inmediata elevación a juicio oral de la causa!
No premien a los asesinos!
JUEVES 17/12 – 10HS – Tribunales 7 Y 56


Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil convocamos a concentrarnos en las puertas de los Tribunales, ubicado en 7 y 56, para exigirle al Poder Judicial y Político que se eleve a juicio la causa de Mauricio Andrada e Ismael Perusatto.

El 12 de febrero de 2014 el policía, integrante del grupo Halcón, Cristian Daniel Duarte asesinó con su arma reglamentaria a Mauricio Andrada (17 años) e Ismael “Beiby” Perusatto (20 años) en calle 71 entre 23 y 24 de La Plata. Duarte disparó 5 veces sobre los pibes, alegando la “legítima defensa” en un robo que aún no está probado. “Beiby” murió al instante, mientras que Mauri estuvo 40 días luchando por su vida. Falleció el 17 de marzo de 2014 en el Hospital San Juan de Dios.

Ante los cambios de gobiernos, seguimos exigiendo justicia y denunciando la profundización de las políticas represivas. Como siempre suceden en las causas judiciales donde están implicados agentes de las fuerzas de seguridad como principales asesinos de jóvenes pobres, avanzan de manera muy lenta y llenas de irregularidades. Sabemos que tenemos una justicia burguesa y patriarcal, a la cual presionaremos para que también defienda al pueblo trabajador.

El fiscal de la UFI Nº 6, Marcelo Romero, procesó a Duarte por “doble homicidio en ocasión de robo” (IPP: 06-00-006348-14), sin embargo el agente sigue transitando las calles platenses con su arma en la cintura. La justicia penal, a través del Juez de Garantías Federico Atencio, le creyó y lo sobreseyó en primera instancia afirmando que el error de Duarte fue “esencial, decisivo y excusable”. A primera vista se observan las contradicciones en las declaraciones testimoniales entre Duarte y un “supuesto testigo” que presenció el hecho (Rodolfo O. Galeano, ex agente policial de la Bonaerense).

Por su parte, Duarte señaló que los jóvenes lo hicieron caer al piso donde luego le propinaron patadas, y aseguró no ver a ninguna persona en el lugar al momento de disparar, asegura que fuero dos disparos a Mauricio y otros –sin especificar- a Ismael. Mientras que Galeano, “supuesto testigo del hecho”, declaró circular con su taxi por ese lugar y tener que hacerse a un costado de la calle al ver “semejante enfrentamiento”, y en ningún momento relató verlo a Duarte tirado en el piso recibiendo golpes. Una de las primeras irregularidades de la causa.
Se le suma el no cuidado del lugar del hecho para realizar las pericias correspondientes. Otra testigo, Mónica Alvino, indicó: “pude ver que los peritos en presencia de los testigos revisaron la mochila que tenía puesto el herido, la cual pude ver que contenía una gorra, también sacaron una bolsita, chiquita hecha con un trozo de nylon color verde claro, la cual fue desechada en el inodoro de una vecina del lugar”. Ante dicho panorama de la causa judicial, cómo se explica la decisión del juez Atencio de sobreseer al policía. Declaraciones contrapuesta, pericias irregulares, la gran mayoría de los testigos son agentes de seguridad y en ningún momento escucharon la voz de los familiares de los jóvenes fallecidos.

Por ello, la familia de Mauricio y el fiscal Romero apelaron la medida solicitando la resolución en juicio oral, argumentando que “la versión brindada por el imputado no es conteste con las conclusiones periciales arribadas en virtud de la operación de autopsia. El relato del testigo Galeano no resulta en un todo coincidente. El imputado posee conocimientos especialísimos respecto del resto de la ciudadanía en cuanto a sortear amenazas contra la integridad física”. La causa se encuentra, desde septiembre pasado a definir en la Sala 2 del Tribunal de Casación, a cargo del juez Fernando Mancini.

No se trata de un caso aislado sino que son miles los y las pibas que mueren por causa de gatillo fácil en nuestra ciudad. Recordamos a Omar Cigarán, Ezequiel Heredia, Juan Martín Yalet y muchos más. Los gobiernos pasan y la represión sigue.

Cabe recordar que lejos de apartarlo de la fuerza, en abril de 2015 el gobierno de Daniel Scioli ascendió a Duarte a teniente primero, con la aclaración de que reúne “las condiciones de idoneidad necesarias y los demás requisitos para su promoción”. Una vez más repudiamos al poder político que encubre y premia a los policías de gatillo fácil por la labor cumplida. Los gobiernos pasan y la represión sigue; no se tratan de prácticas de una sola institución (en este caso, policial) sino que la represión es una política de Estado.

Seguiremos acompañando a la familia de Mauricio, nos movilizaremos y estaremos en las calles cuando sea necesario. Exigimos al Tribunal de Casación, Sala 2, que confirme inmediatamente el procesamiento del asesino Duarte, apartado de la fuerza, y que se eleve la causa a juicio oral.

- JUSTICIA POR MAURICIO ANDRADA, ISMAEL PERUSATTO, Y TODOS LXS PIBXS ASESINADXS POR LA POLICÍA.
- APARTAMIENTO DE LA FUERZA Y JUICIO AL POLICIA CRISTIAN DANIEL DUARTE.
-BASTA DE GATILLO FACIL.
-NI UN PIBE, NI UNA PIBA MENOS.

CONTACTO DE PRENSA:
Julio (HIJOS La Plata) 0221 155892221 


COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FACIL
(((Familiares y amigxs de Omar Cigarán-Mauricio Andrada-Andrés Nuñez, Casa por los DD.HH. Hermanos Zaragoza, Ceprodh, COB La Brecha, Colectivo Piedra Papel y Tijera, Corall Grupo Antirrepresivo, HIJOS La Plata, Olla Popular de Plaza San Martín, Patria Grande))).

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