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domingo, 11 de junio de 2017

QUINTA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

RELATOS DE CRÍMENES IMPUNES

En otra jornada del juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares cuatro testigos dieron detalles de tres hechos que recorren las tropelías de las bandas de la derecha peronista: los homicidios de 8 militantes del PST en la denominada “Masacre de La Plata”, los asesinatos de los dirigentes de la UNLP Carlos Miguel y Rodolfo Achem y uno de los últimos operativos realizados por la banda antes de ser detenida.

Por HIJOS La Plata

El primer testigo fue Juan Carlos Arias, ex militante de la Juventud Peronista que sufrió 6 meses de detención ilegal en dictadura como detenido-desaparecido en la sede de Infantería/Caballería de la Policía Bonaerense en calles 1 y 60 de La Plata. Arias aportó un dato central sobre la continuidad de la actuación de la CNU en plena dictadura, su propio secuestro, que fue además uno de los últimos hechos protagonizados por la banda de Castillo. Contó que entre la noche del 30 de abril y la madrugada del 1 de mayo de 1976 su casa de calles 55 entre 25 y 26 fue asaltada por un  grupo de 12 o 13 personas en 3 autos. Él había vuelto de una reunión política y vivía con su mujer y su hija en un departamento  al fondo de la casa de sus padres. El grupo armado se presentó como policía y golpeaba violentamente la puerta de la casa, ante lo cual su padre, que era retirado de la fuerza, quiso abrirles y salir. Él lo paró y primero dio una ojeada por la mirilla de la ventana. Allí reconoció a algunos personajes que sabía integrantes de la CNU en la ciudad: Castillo, Pomares, “El Misto” Gustavo Fernández Supera, Dardo Omar Quinteros, David Massota y el hermano del “Indio”, Héctor Castillo. Su padre llamó a la policía, que acudió en poco tiempo y se dispuso a desarmar a la banda. Ellos vieron por la ventana que no querían entregar las armas y mostraban credenciales. En ese momento llega el Ejército con camiones y camionetas y una vez apostados el encargado el Ejército llama a Castillo y hablan aparte. Entonces el del Ejército se dirige a Arias, le pregunta nombre y apellido, y le dicen su apodo “Vaca", y que queda detenido. A Arias lo subieron solo en una camioneta con personal del Ejército y a la banda en dos o tres camionetas militares aparte. Los llevan a todos hasta la Comisaría 5ta, y cuando va a bajar porque ve que todo el mundo baja, le dicen: "No, vos seguís de largo". Entonces lo tabican y lo llevan a Infantería.  
Aportando otro ejemplo de la connivencia del diario platense “El Día” con la represión ilegal, Arias aportó al tribunal copias de las notas aparecidas en el matutino los días 2 y 6 de mayo del ’76, donde se consignaba el operativo que realizó el Ejército y la detención de 14 integrantes de la CNU: Castillo, Pomares, Martín Sánchez, Ricardo Calvo, Gustavo Fernández Supera, Alfredo Lozano (policía), Dardo Quinteros, Antonio de Jesús, David Massota, Marcelo López, Roberto Storni (policía), Vicente Álvarez (policía), Antonio de Jesús, Rubén Pacenza (reducidor de autos), Carlos Giacobone (electricista y apoyo de la banda) y la familia del “Indio” Castillo. A algunos los detuvieron en la casa de Arias y a otros en operativos posteriores. “El Día” publicó parte de una conferencia de prensa del Coronel Roque Carlos Presti, titular del Regimiento 7 entre fines del ’75 y oct del ’77 que murió impune antes de la reapertura de estas causas. Pero resulta que nada se mencionaba en el decano de la prensa platense sobre la detención y desaparición del propio Arias, ni sobre el intento de violación de su domicilio. Quedaba en evidencia que, para abril o mayo del ’76, la soltada de mano a los represores de la CNU implicaba asumir plenamente la ejecución del plan de represión a las fuerzas armadas.
Arias contó que cuando estuvo detenido en 1 y 60 compartió cautiverio con Omar Ghiaccio, trabajador del hipódromo que le contó que en la sede del PJ todos sabían que al dirigente Domínguez, opositor en el hipódromo, lo andaban buscando los de la CNU para matarlo. Entonces le habían armado un lugar para que se quedara en el partido, pero el mismo día que se fue a la casa lo secuestraron y asesinaron. Ese homicidio es uno de los 4 que se les imputa a Castillo y Pomares en este juicio.
Por último, como muchos otros testigos afirmaron en el debate, Arias afirmó que volvió a ver a Pomares en la Municipalidad, porque el represor trabajó para la gestión del intendente Julio Alak, y en el caso de Arias fue concejal.


El segundo testimonio estuvo a cargo de Manuel Martínez, periodista y ex militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y compañero de los 8 militantes del partido asesinados en la denominada “Masacre de La Plata”, cometida por las bandas de la derecha peronista el 4 y 5 de septiembre de 1975 y que por defección de la justicia no forma parte de este juicio.
Martínez relató tres hechos previos a la masacre que dan cuenta de los ataques que sufrió el partido en distintos frentes de lucha. En principio recordó el ataque que la CNU realizó el 26 de noviembre de 1973 a las elecciones de centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de La Plata, donde un grupo ingresó a los tiros al patio de la institución con el mismo modus operandi con que habían asesinado a Silvia Filler en la Facultad de Arquitectura de Mar Del Plata en diciembre del ’71. Ante ello, las agrupaciones estudiantiles de izquierda, el FAUDI y la JUP realizaron una asamblea que definió la toma del edificio por una semana y la expulsión de la CNU de la facultad. Varios ex estudiantes testigos de aquel ataque recuerdan que los CNU habían hecho pintadas en la facultad que decían “Ojo Bolches, CNU vigila” y otra en latín que rezaba “La universidad marxista está destruida”. Ese hecho de expulsión de Arquitectura de los CNU, que eran minoría en las facultades, y otro similar ocurrido en Humanidades, dejó expuestos a varios militantes referentes en esa lucha, como Adriana Zaldúa, integrante por la primera minoría del centro de estudiantes y dirigente de la Juventud Socialista del PST. Según Martínez, “Adriana quedó marcada como una dirigente importante del movimiento estudiantil”. Agregó que la posterior intervención de la UNLP fue sostenida por la CNU como organización y que “entraron para hacer un ajuste cuentas y transformar la universidad en un campo de concentración”.
Además, el testigo rememoró la voladura del local del PST ubicado en diagonal 77 esquina 3 de La Plata, que fue atacado con explosivos y quedó inutilizado. El hecho ocurrió en 1975, antes del asesinato de los militantes del partido. El tercer hecho que destacó fue la declaración de “persona no grata” de parte de la CGT La Plata al militante sindical Hugo Frigerio, que era referente de los estatales en el Ministerio de Obras Públicas -donde también trabajaba Adriana Zaldúa- y militante del PST. Frigerio había participado de la formación de las Coordinadoras Interfabriles de base que enfrentaron el plan económico del ministro de economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo. La conducción de la CGT local la ejercía el burócrata Rubén Diéguez, a la sazón secretario general de la UOM La Plata y de estrecha relación con el Gobernador Victorio Calabró, también ex dirigente de la burocracia sindical de Lorenzo Miguel en el gremio metalúrgico.
Sobre los hechos de la “Masacre de La Plata”, Martínez señaló que la noche del 4 de setiembre de 1975 cinco militantes del PST viajaban en auto a llevar una colecta solidaria con la huelga que se desarrollaba en la fábrica de Petroquímica Sudamericana (hoy Mafissa), cuando fueron secuestrados por un comando de las bandas de la derecha peronista.  Roberto “Laucha” Loscertales, obrero del Astillero Río Santiago, Adriana Zaldúa y Héctor Frigerio, trabajadora y delegado del Ministerio de Obras Públicas, Ana María Guzner Lorenzo, no-docente de la UNLP y la joven militante Lidia Agostini se dirigían hacia la localidad de Olmos para entregar el dinero recaudado en la universidad para el fondo de huelga. Pero nunca llegaron. Sus cuerpos acribillados aparecieron a la mañana del día siguiente en el paraje de La balandra, cerca de Punta Lara. Martínez recordó que desde el partido se organizó inmediatamente una campaña para denunciar el crimen, y él personalmente organizó los grupos de compañeros que debían volantear en ministerios y facultades. Pero del primer grupo que salió el 5 de septiembre del local de 8 y 54, pleno centro de La Plata, fueron secuestrados otros tres militantes: Oscar Lucatti, Carlos Povedano y Patricia Claverie. Un grupo provisto con armas largas que se movía con total impunidad en autos particulares los secuestró y horas después sus cuerpos aparecieron salvajemente asesinados en un descampado en las afueras de la ciudad.
El testigo recordó que junto a la hermana de Zaldúa y el apoderado del partido fueron a la casa de gobierno de la provincia a pedir una reunión con el gobernador Calabró o algún funcionario, pero no fueron recibidos: “la ciudad estaba en las manos de estas bandas que actuaron, por lo menos esos dos días, sin ningún problema. La opinión generalizada en La Plata era que actuaban en conjunto la CNU y las fuerzas de seguridad”, concluyó.
La causa por la “Masacre de La Plata” sigue en etapa de instrucción en el fuero federal con la sigla FLP 1400020/2011, y a más de 40 años de los hechos la justicia aún no ha completado la toma de declaración a los principales testigos de aquellos hechos.


A continuación Juan Rodrigo Miguel, hijo del dirigente de la Universidad de La Plata asesinado por la CNU Carlos Miguel, realizó una semblanza de la militancia de su padre que pudieron reconstruir con esfuerzo junto con su hermano.
Miguel fue estudiante de la facultad de Veterinaria de la UNLP y fundador en el ’66 de la Federación Universitaria para la Revolución Nacional (FURN), agrupación peronista donde desarrolló una militancia que luego derivó en la constitución de la denominada “Tendencia Revolucionaria” que aglutinó en los ’70 a todas las expresiones de la izquierda peronista. En Veterinaria Miguel desarrolló su carrera docente, llegó a ser secretario Académico de la facultad y luego fue nombrado Director del Departamento Central de Planificación de la UNLP. Desde 1973 fue parte del desarrollo y la implementación de lo que se denominó “Bases para la Nueva Universidad”, un impulso democratizador del ámbito académico que pregonaba la inclusión de los trabajadores organizados en la toma de decisiones de la institución.
Juan Rodrigo relató que con la llegada del gobierno de Calabró, en enero de 1974, comenzaron las tensiones entre las diversas facciones del peronismo en la universidad y se incrementaron los hostigamientos y amenazas a los integrantes de la “Tendencia”.  En ese contexto en varias asambleas la CNU amenazó directamente a su padre y a Rodolfo “Turco” Achem, Secretario de Supervisión Administrativa de la UNLP, militante Montonero y directivo de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata (ATULP). Ambos dirigentes debieron vivir cambiando constantemente de domicilio y refugiándose en el gremio. El 8 de octubre de 1974, mientras iban en un auto desde la sede de ATULP (calle 44 9 y 10) a una reunión con dirigentes de la FUBA, fueron secuestrados y trasladados en autos sin patente por la ruta hacia Capital Federal. Sobre el Acceso Sudoeste, a la altura del arroyo de Villa Domínico, en Avellaneda, ambos militantes fueron asesinados y sus cuerpos arrojados a un descampado con varios impactos por la espalda y las manos atadas.
El 21 de noviembre de 1974 fue designado interventor de la UNLP Pedro Arrighi, un peronista ortodoxo que había sido gobernador de facto de Catamarca en los ’40 y venía de realizar la intervención en la Universidad provincial de Mar Del Plata entre marzo y abril del ’74. La Intervención, con el rector Francisco Camperchioli Masciotra a la cabeza desplazó de sus cargos a varios profesores identificados como "izquierdistas”,  cerró todos los centros de estudiantes a los que Arrighi consideraba “reductos de la subversión y la guerrilla" y paralizó la actividad académica por un año. El hijo de Miguel afirmó que el interventor designó a gente propia en la gestión tanto en La Plata como en Mar Del Plata: tal el caso de Eduardo Cincotta, miembro de la CNU y de los grupos de tareas del GADA 601 de Mar Del Plata, que murió impune en 2009 procesado en la causa por el CCD “La Cueva” de esa ciudad.
Esta tarea se realizó por orden de la gestión a nivel nacional del ministro de Educación de Isabel Martínez, Oscar Ivanissevich, que entre los meses de agosto del ’74 y ’75 se propuso “eliminar el desorden” en la Universidad y producir su depuración ideológica, tal como rezaba el “Documento Reservado” del Consejo Superior del PJ de octubre de 1973, que ordenaba “combatir a los infiltrados marxistas en todos los frentes y por todos los medios”. No es un dato menor que Arrighi reemplazó a Ivanissevich como ministro de Educación de la Nación.
Por último, el hijo de Miguel afirmó que cuando la UNLP le entregó el legajo de su padre encontró un documento de aquellos años donde el jefe de Asesoría Legal de la universidad recomendaba una investigación administrativa de los asesinatos de los dirigentes, pero la intervención de Arrighi decidió cerrar expediente.
Los asesinatos de Achem y Miguel, símbolo del ataque de la CNU a dirigentes y militantes en la UNLP, tampoco forma parte de este juicio, que con el correr de los testimonios va mostrando su carácter parcial y fragmentario.


El último testimonio fue el de Raquel “La China” Barreto, ex integrante de la dirección de ATULP, que amplió lo referido por Miguel hijo respecto a los ataques que sufrió el gremio y sus dirigentes en la gestión Arrighi/Ivanissevich, en particular la toma por asalto de la sede del sindicato en marzo de 1975 de parte de un grupo combinado de la CNU y la Policía bonaerense.
Antropóloga y ex jefa del personal no docente en la Facultad de Ingeniería de la UNLP, Barreto relató que tuvo una intensa actividad gremial en la universidad entre el ’71 y el ‘73, desarrollando bolsas de trabajo, tareas para mejorar el escalafón no docente y trabajos sociales varios con las distintas facultades. Dijo que desde muy jóvenes conoció a los integrantes del grupo nacionalista Tacuara, que cursaban en las escuelas católicas de la ciudad y eran conocidos en la vida social de la juventud platense, y que luego se integraron a la banda de Castillo y se distinguían por cantar “C-N-U, Bolches a Moscú”. Entre ellos mencionó a Eduardo “El Lobo” Urraza, Gastón Ponce Varela, Carlos “El Tano” Chiarizzia, Emilio Centeno Quiroga, Héctor “El Sordo” Arana, muchos de los cuales eran vecinos suyos de la infancia.
Relató que desde al año ’73 los hostigamientos y disolución de asambleas de parte de estos grupos eran habituales, ostentando armas y amenazando, lo que demostraba que tenían un poder político concreto, y ya desde el gobierno de Calabró afirmó que “eran mano de obra represiva junto a la policía bonaerense”.
La testigo recordó el ataque a la Facultad de Arquitectura, que también relató el testigo Martínez en la audiencia, y sumó otros episodios similares en asambleas en Física e Ingeniería y un hecho crucial ocurrido en el patio de Rectorado de la UNLP: durante una asamblea 3 integrantes de la CNU amenazaron de muerte a Achem: “Nuestras asambleas eran muy numerosas y ocupábamos los dos patios. El acto lo transmitía Radio Universidad, y en un momento entraron con sobretodo “El Misto” Fernández Supera, Pomares y “El Chino” Causa y subieron las escaleras gritando. Achem estaba hablando al micrófono y lo interrumpieron. Le gritaron: ‘¡Turco traidor, te va a pasar lo mismo que a Vandor!’. Estaban tan cerca del micrófono que el grito salió por los parlantes. Cuando algunos compañeros los trataron de seguir, les mostraron armas, bajaron por las escaleras y se fueron con total impunidad. A los 3 o 4 días asesinan a Achem y Miguel”.
Barreto afirmó que los compañeros le habían pedido al “Turco” que se fuera del país, y que hasta habían pasado el tema por asamblea en el gremio, pero no quiso abandonar la lucha. Luego del crimen de Achem y Miguel fueron desde el gremio a reconocer los cuerpos en una comisaría de Sarandí, y pudieron recoger testimonios de vecinos de La Plata que indicaron que habían sido secuestrados en autos Falcon en un operativo de “pinza”. También pudieron reconstruir que en el operativo habían participado Castillo, Pomares, Ponce Varela, Urraza, Arana, “El Misto” Fernández Supera, “Richard” Calvo, “El Boxer” Lozano y “Tony” De Jesús, entre otros. Supieron también que Ponce Varela, un barra brava de Estudiantes de La Plata que había participado de la masacre de Ezeiza y del golpe de Estado contra el gobernador Obregón Cano en Córdoba, se jactaba entre los suyos de tener como souvenir el anillo de Achem.
Además Barreto relató con lujo de detalles al asalto que sufrió la sede de ATULP de parte de la CNU para consumar la intervención de gremio, acérrimo opositor de Calabró e Ivanissevich que en septiembre de 1974 fue desafiliado por la burocracia de la CGT local. Recordó que “cortaron toda la manzana con las ‘chanchas’ de la policía bonaerense, con Falcons y Torinos sin patente y gente de civil. Destrozaron el sindicato: tiraron las bibliotecas, levantaron los pisos de madera buscando armas, arrancaron los inodoros y las bachas. Yo nunca había visto algo igual. Yo quise entrar a mi despacho a buscar mis cosas y “El Tano” Chiarizzia me amenazó con un arma por la espalda. Yo entré igual y cuando pasé por la puerta me gatilló”. Agregó que en el operativo estuvieron presentes la mayoría de los integrantes de la CNU, incluidos Pomares y Castillo, así como Héctor Darío Alessandro y Centeno Quiroga, jefe de seguridad de la banda, delegado del ministerio de Trabajo en La Plata y a partir de entonces interventor de ATULP.
Las consecuencias de la intervención fueron funestas: más de 400 trabajadores no docentes echados de la UNLP, decenas de exiliados, y el secretario general del gremio, Ernesto “Semilla” Ramírez, fue desaparecido en su casa de La Plata el 1 de abril de 1977.
Los crímenes de la CNU en La Plata son muchos más que los que tiene en cuenta en este juicio y están impregnados en la memoria social de la militancia platense de los ’70. La justicia ha decidido la impunidad de la mayoría de los asesinos de la banda y sin embargo pretende de los sobrevivientes la recordación de muchos crímenes impunes.

LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL LUNES 19 DE JUNIO A LAS 10HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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sábado, 3 de junio de 2017

El represor Ricardo Von Kyaw fue apartado de 4 causas de lesa humanidad

SE SIGUEN BENEFICIANDO

En una nueva decisión que favorece a genocidas de la última dictadura por la tardanza de la justicia, el Juzgado Federal 1 de La Plata apartó al represor del Destacamento de Inteligencia 101, Ricardo Luis Von Kyaw,  por “incapacidad sobreviniente” ya que padece cáncer terminal. El genocida eludió un juicio oral en 2014 por estar prófugo y anduvo por Paraguay, Uruguay,  Brasil y Panamá. Se dedicó a negocios de seguridad privada y tras ser capturado recibió la domiciliaria. Estaba procesado en las causas por los CCD “La Cacha”, los “Pozos” de Banfield y Quilmes y la Brigada de San Justo.

Por HIJOS La Plata
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A fines de mayo el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 1 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, informó que suspendió el trámite del proceso penal sobre el ex teniente del Destacamento 101 de Ejército Ricardo Luis Von Kyaw, de 68 años, y decretó su inmediata libertad por su “incapacidad sobreviniente” derivada de un cáncer cerebral terminal, según un informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema (CMF) fechado el 15 de marzo pasado.

APTITUDES ESPECIALES
El Teniente Primero del Ejército Ricardo Luis Von Kyaw cumplió tareas como Oficial en la Sección Central Reunión de información del Destacamento de Inteligencia 101 entre el 15 de diciembre de 1976 y el 7 de julio de 1978, fecha en la que se dispuso su pase a retiro. Alumno ejemplar, en el ’76 realizó el curso de “Técnico de Inteligencia” en la sede de la Escuela de inteligencia del Comando de Institutos Militares del Ejército Argentino, y aprobó con concepto “Sobresaliente”. En su legajo personal se le reconoce la especialidad “AEI” (Aptitud Especial de Inteligencia), lo que da cuenta de su específica preparación para llevar a cabo las tareas represivas para la Jefatura II de Inteligencia y el Comando de Brigada de Infantería X de La Plata, ambos de la subzona operativa Nº11 en el esquema del terrorismo de Estado.
El accionar del Destacamento 101, ubicado en calle 55 entre 7 y 8 -pleno centro de La Plata, comprendía tanto a los asuntos vinculados con la “línea de comando ordinaria” (Comisarías, Unidad Regional, dependencias del Ejército, Plan Cóndor, etc.), como en los que tenían que ver con la “línea de comando Jefatura” (por ejemplo, Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires). Por ello, y más allá del rol central en operativos represivos vinculados exclusivamente a “La Cacha”, varios de los integrantes del plantel del 101 están procesados en las causas de los CCD de las Brigadas de Investigaciones de La Bonaerense de Camps (Quilmes, Banfield y San Justo). Quizás por ello, consciente de su responsabilidad en centenares de secuestros, torturas y desapariciones, el ex teniente demostró su especial aptitud para profugarse de la justicia cuando lo llamaron a dar explicaciones de su pasado.

FUGA Y NEGOCIOS
La detención de Von Kyaw fue ordenada el 16 de febrero de 2010, y al determinarse que estaba prófugo se le dictó orden de captura internacional. Hay varios detalles sobre la fuga del represor que dan cuenta de cómo trabaja la justicia federal argentina. El represor se fugó en febrero de 2010, al conocerse su procesamiento en causa “La Cacha”. Al parecer fue avisado por teléfono por otro de los militares apresados en ese expediente, que estaba detenido pero no incomunicado, y que su todos los nombres de los requeridos en la causa porque estaban en la orden de detención que la policía exhibió ante cada imputado. Para colmo, cuando llegan con la orden a buscar a Von Kyaw, tenían consignado el numeral del edificio  pero no el departamento, con lo cual se debió una nueva medida y se perdieron horas fundamentales para la huida del genocida a Paraguay, destino de fuga elegido en los ’80 y ’90 por connotados otros represores como Samuel Miara y Omar Alonso, apropiadores de hijos de desaparecidos que pasaron por La Cacha.
Cuando fue finalmente detenido en un hotel de la capital de Panamá en 2014 llevaba un pasaporte falso a nombre de un ciudadano alemán de nombre de pila “Jürgen”, nacionalizado paraguayo. Indagado por autoridades panameñas el represor admitió que lo había "comprado" en Paraguay. Entonces se decidió realizar el "fichaje”: enviaron sus huellas digitales a Alemania y a Paraguay para constatar los dos orígenes que indicaba el pasaporte. Las huellas también fueron enviadas a Interpol y así surgió que tenía pedido de captura internacional ordenada por la justicia federal platense. Expulsado a Argentina fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza. Cerraba un periplo de prófugo que lo había llevado por Paraguay, Uruguay y Brasil. En un inicio, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que compartió luego la búsqueda con la Policía Federal, logró ubicar a Von Kyaw en Paraguay. También, determinó que salía de ese país a localidades del sur de Brasil para realizarse atenciones frente a un problema de salud y que en varias ocasiones pudo trasladarse por tiempos prolongados a la República de Uruguay a atender negocios. Un informe de la Unidad de Información Financiera indicó que al momento de fugarse Von Kyaw era el gerente de la empresa de seguridad privada “Consultora Videco S.A.”, director de “Argenpolo S.A.” e integrante de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI). Allí figura que tuvo acreditaciones anuales en cuentas bancarias a su nombre y en otras en las que figuraba como titular junto a otras personas por más de 38 millones de pesos en 2008, por casi 41 millones y medio en 2009 y por casi 14 millones en 2010, hasta que se fugó. Con la resolución sobre su “incapacidad sobreviniente” queda también en suspenso esta investigación sobre cómo hizo para financiar su huida y sostenerse económicamente, realizando viajes, consultas y atenciones médicas y alojamiento de primer nivel, lo que empezaba a entrever una potencial red de financiamiento de represores prófugos.

DEFECCIONES
Tras la captura el juez Manuel Blanco procesó al represor con prisión preventiva el 18 de julio de 2014 como coautor mediato de 153 casos de secuestros y torturas de víctimas que permanecieron privadas ilegalmente de la libertad en  el Centro Clandestino de Detención “La Cacha”. Además se lo puso a disposición y se le tomó indagatoria en las causas por los CCD Pozo de Quilmes (Nº 605), Pozo de Banfield (Nº737) y Brigada de San Justo (Nº 373).
En ese mismo momento, y 21 meses después de haber sido elevada a juicio, la causa por los crímenes cometidos en “La Cacha” tuvo debate oral en el TOF 1 de La Plata entre diciembre de 2013 y octubre de 2014. Allí se condenó a 17 represores por hechos específicos del CCD y a otros dos por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearze. Von Kyaw eludió el juicio porque se profugó y recién fue detenido con el debate en marcha.
En verdad desde 1983 la justicia disponía de de la declaración conjunta que parte de los sobrevivientes de este CCD ante la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo (conocido como Clamor), donde se aportaban un croquis y una descripción de las instalaciones, su distribución interna, una lista con los apodos de los represores y la pertenencia a cada arma o dependencia que intervenía.
Según el Trabajado de Recopilación de Datos de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por “La Cacha” pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el  destino, y hubo al menos 9 niños nacidos en cautiverio apropiados desde el hospital lindante al predio del CCD.
Pese a haber eludido el juicio “La Cacha”, la investigación sobre Von Kyaw parecía encaminada, ya que en abril de 2015 su procesamiento fue parcialmente confirmado por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Pero pronto comenzaron las defecciones de la justicia penal platense. En enero de 2016 el juez Laureano Durán, por entonces subrogando la titularidad del Juzgado Nº1, le concedió el arresto domiciliario, sin oposición de los fiscales, en la casa del hijo del represor, Kurt Von Kyaw, en calle Pacheco de Melo Nº 1967 Planta Baja "B", en la Ciudad Autónoma de Buenos Aire. Eso sí, Durán ordenó custodia de Gendarmería y monitoreo electrónico de parte del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica de la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Durán actuó amparándose en que el reo presentaba “diagnóstico de melanoma (inicialmente estadio IIb) con recidiva local axilar y probable diseminación a nivel pulmonar y suprarrenal, tratándose de una patología neoplástica, irreversible y en aparente progresión”. Un mes más tarde el juez Kreplak, ya como titular del  Juzgado Nº3 hizo extensivo el beneficio al resto de las causas que lo tenían imputado.
Antes de proceder a la clausura de la instrucción de la residual de “La Cacha”, en febrero pasado se dispuso que el CMF evalúe al represor, que hoy tiene 68 años. En la pericia el Dr. Juan Carlos Romi –por el CMF- y el perito de parte Mariano Castex concluyeron que Von Kyaw “presenta síntomas de alteraciones psicopatológicas que configuren una perturbación psíquica manifiesta, por lo tanto sus facultades mentales, no encuadran dentro de la normalidad psicojurídica”. En base a ello la defensa del genocida pidió la suspensión del proceso y la fiscalía requirió una junta médica que lo evaluara.
Realizada la junta en abril pasado con peritos de todas las partes, se ratificó el estado de salud antes mencionado y los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira entendieron que “no existen fundamentos para oponernos al pedido efectuado por la defensa del imputado”. El diagnóstico valoró que el asesino “razona, discierne, discrimina y valora con relativo juicio crítico de realidad”, pero que “su capacidad judicativa se muestra debilitada y pauperizada”. Agregó que “presenta un síndrome depresivo reactivo situacional consecutivo a un proceso cerebral orgánico de origen tumoral…afección tórpida y progresiva cuyo pronóstico es ominoso e irreversible (cáncer que evoluciona hacia un periodo terminal)”. Esto ha sido motivo suficiente para concluir que el genocida aún impune no se encuentra en condiciones de enfrentar un proceso judicial.
Más allá del dictado de la libertad de Von Kyaw, el juez Kreplak trató de explicar que como la suspensión es temporal y “fundada en una incapacidad sobreviniente”, se mantendrá la prohibición de salida del país del genocida, se le requerirán informes de salud trimestrales y “la tramitación del proceso proseguirá a los fines de continuar investigando los delitos cometidos, las víctimas y los autores de los mismos, que fueron cometidos en el centro clandestino de detención y tortura conocido como ‘La Cacha’”. El problema es que la causa residual por “La Cacha”, cuyo tramo principal tuvo sentencia hace 3 años, no tiene más imputados. Más que una mera desprolijidad, esta es la muestra cabal del interés investigativo que la justicia federal platense, en este caso la secretaria del juzgado Ana Cotter, otorga a tan importante porción de los crímenes de Estado

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jueves, 1 de junio de 2017

CUARTA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

TESTIGOS MEMORIOSOS ANTE UNA JUSTICIA LENTA

En la cuarta jornada juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares la hermana y el hijo de dos asesinados por la patota de la derecha peronista dieron detalles de esos crímenes impunes, que por defección de la justicia no están siendo parte de este debate. Además un trabajador de Astillero y ex preso político en la Unidad 9 relató la impunidad con que se manejaba la banda aun estando detenida en ese penal.

Por HIJOS La Plata
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En la cuarta audiencia del juicio que comenzó el 15 de mayo, declararon dos familiares de asesinados por la patota platense de la CNU que no están siendo tomados como caso en este juicio por la defección de la justicia platense.


En primer término Graciela Rayson, hermana del trabajador de Propulsora Siderúrgica Daniel Rayson, secuestrado y asesinado el del 19 de febrero de 1976, relató con desazón el violento operativo que la patota de Castillo perpetró en su casa de calle 171 entre 16 y 17 de la ciudad de Berisso. “Se robaron la vida de mi hermano y hasta hoy no sé por qué. Hoy vengo acá en busca de una respuesta, a ver si el señor Castillo me puede informar algo”, dijo Graciela, que al momento de los hechos tenía 22 años y aún hoy expresa en su relato las consecuencias de aquella barbarie. “Entraron como un tropel, además de llevarse a mi hermano nos robaron todo. Se llevaron tres tomos de las obras de Freud que yo tenía. Iban y venían llevándose cosas. Eran como diez o quince personas armadas”,
Daniel Rayson era estudiante de Derecho y trabajador en la fábrica metalúrgica Propulsora Siderúrgica de Ensenada. “Mi hermano era peronista, pero no militaba. Estaba estudiando y trabajaba horas extras porque su proyecto era casarse”, dijo Graciela. Explicó que como su padre, que murió siendo ellos muy pequeños, era militar y conocían la sede del Regimiento 7, fueron a hacer gestiones a esa dependencia, por entonces ubicada en la actual Plaza Malvinas. Luego la llamaron de la Unidad Regional de la Policía bonaerense para que reconociera elementos robados y secuestrados a la banda de Castillo cuando fueron detenidos en abril del ’76, hecho que coincide con las búsquedas de muchos testigos que ya hablaron en el debate. Además afirmó que con ingenuidad hicieron la denuncia en una comisaría de Berisso, en la misma Propulsora y recurriendo al concejal López Osornio de esa localidad. Él fue quien días después reconocería el cuerpo de Daniel, que apareció acribillado en Brandsen junto al de Alcides Emilio Méndez Paz, estudiante de ingeniería y trabajador de Astillero Río Santiago secuestrado el mismo día. “No me dejaron verlo. Me mostraron una foto. Estaba tirado boca abajo junto a Méndez Paz. Su carita estaba sobre una zanja con la boca abierta y las manitos atadas detrás. Me mostraron la ropa y estaba agujereada. Le conté entre dieciséis y diecinueve balazos”, aseguró Graciela ante el tribunal. “Como pude traté de sobrellevar la muerte de mi hermano. Me puse anteojeras como un caballo y me puse a estudiar psicología y después medicina” relató apesadumbrada la testigo, que se aferró a su creencia religiosa para rehacer su vida y afirmó sin ironía mientras buscaba al represor con la mirada que “al señor Castillo le tengo que agradecer porque en mi dolor me hizo conocer el dolor de los demás”.


A continuación ofreció su testimonio Ariel Suárez Córica, hijo de Luisa Marta Córica, militante de la JUP y delegada de los trabajadores del Hipódromo platense secuestrada y asesinada el 7 de abril de 1975 por la banda de la CNU. Al comenzar el relato Ariel no dudó en calificar el crimen de su madre como “un acto del terrorismo del Estado” del que aseguró “yo también soy víctima junto a mis hermanos, ya que arrastramos esto desde hace 42 años”. Cuando sucedió el hecho Ariel tenía 10 años, y sin embargo pudo reconstruir la situación previa que vivía su madre: “vivía atemorizada y sintiéndose expuesta”, dijo. Detalló que la familia sufrió tres hechos de amenazas previos al secuestro. Primero un hostigamiento de vigilancia de una persona que realizaba vigilancia en la casa que habitaban en calles 16 y 37. Luego en el departamento de calles 47 entre 10 y 11, donde recuerda haber encontrado a su madre dentro de la habitación junto a una persona que fumaba y la hostigaba. El tercer hecho fue más violento, ya que al entrar al departamento fueron interceptados por un grupo de 4 personas que lo agarraron a él del cuello y pusieron contra un costado, mientras sentaron a su madre en una silla y la amenazaron durante media hora. Posterior a eso, tuvo charlas con su madre y recuerda que siempre le nombraba al “Indio” Castillo como “la peor amenaza”. De hecho recuerda haberle pedido a Luisa que se fuera y reclamarle “¿Qué vamos a hacer si el “Indio” te mata?”.
Luisa estaba separada y criaba a sus tres hijos. Trabajaba en el área de fotocopiado de la Cámara de Diputados de la provincia y en el Hipódromo platense, ambos ámbitos de intensa circulación de las patotas de la CNU. Además estudiaba Filosofía y Letras en la Facultad de Humanidades de la UNLP y, según Ariel, “tenía muchos valores y era muy solidaria”. Fue secuestrada por un grupo de 7 represores cerca de la estación de trenes platense cuando salía de su trabajo en el Hipódromo. Entre los partícpes estaban Castillo, Pomares, Dardo Quinteros, “Richi” Walsh, “El Feiño” David Massota, “Tony” De Jesús, “El Boxer” Alfredo Lozano y “El Misto” Gustavo Fernández Supera, entre otros.
Su cadáver destrozado apareció en la localidad de Los Talas, al sur de Berisso. El crimen sufrió el encubrimiento de las causales de muerte en la Morgue de La Plata, donde los médicos policiales asentaron “hemorragia aguda” lo que en verdad eran siete itakazos y huellas de ataduras en las muñecas. La dinámica se perfeccionaría como último eslabón de la cadena impune del Terrorismo de Estado durante la dictadura.
Ariel contó que cuando pudo recuperar el puesto de trabajo de su madre en la Legislatura fue conociendo a algunos compañeros de ella y que se cansó de escuchar que le mencionaran que el “Pipi” Pomares estaba implicado en el crimen de su madre: “En ese momento Pomares trabajaba de asesor en el Senado. Era vox pópuli que se había dedicado a reventar gente, igual que toda esta banda del terror”.
En la instrucción de la causa CNU realizó un reconocimiento fotográfico en el juzgado, donde reconoció a Castillo, Fernández Supera, Ricardo “Richard” Calvo y “Tony” De Jesús, estos dos últimos como dos de los que amenazaban a Luisa en aquella irrupción en el departamento previa al secuestro. Además señaló que su padre tuvo un encontronazo con “El Misto” Fernández Supera poco tiempo después del asesinato de Luisa, porque se había mudado con su familia en frente a la casa de los abuelos de Ariel. Agregó que a Calvo se lo cruzó un día por el centro de La Plata, cuando tenía 15 años, lo siguió y lo vio entrar a la Legislatura provincial. “Los asesinos de mi vieja estaban en La Plata tranquilos tomando café, hicieron carrera en el estado, fueron protegidos y se jubilaron sin problemas”, afirmó. Por si fuera poco, contó que realizando su trabajo de camarógrafo un día fue a cubrir una nota sobre la inauguración de una casita de fiestas infantiles en La Plata. Al llegar reconoció al dueño del lugar como el represor “Tony” De Jesús, y después supo que el emprendimiento lo había financiado con la indemnización que cobró, como muchos otros de la banda, haciéndose pasar como detenido político en la dictadura.
“Por mucho tiempo creí, como deben haber creído los imputados, que nadie iba a tener que dar explicaciones de estos crímenes. Sin embargo la vida y el país me fueron demostrando que no fue así, y sobre todo por la lucha de los organismos de Derechos Humanos” señaló con firmeza el testigo, que finalizó diciendo “Estoy acá para cerrar un círculo”.


Finalmente el testigo Luis Córdoba, ex detenido desaparecido y preso político por ser delegado en Astillero Río Santiago, aportó un detalle muy significativo sobre Córdoba entró como aprendiz al Astillero Río Santiago a los 14 años, y ya para 1975 era delegado en la sección de alistamiento eléctrico.  Como parte de esa tarea participó de la formación de la Coordinadora Interfabril de zona sur, junto a compañeros de Propulsora, YPF y el frigorífico Swift, y del impulso de los Convenios Colectivos de Trabajo reconocidos formalmente en el ’75.
Fue detenido en las redadas que la Marina realizó sobre los trabajadores de la zona el 24 de marzo del ’76, pasó cinco días de torturas en el Centro Clandestino de Detención de la Escuela Naval Militar y luego 18 meses como preso político en la Unidad 9. Fue despedido de Astillero y, si bien pudo recuperar el estatus de relación de dependencia como dispensado, nunca se le reconocieron los años de antigüedad para poder jubilarse. Con 71 años sigue peleando con sus compañeros para que ese beneficio se haga efectivo.
En principio el dato que señaló no es nuevo, y el propio Córdoba se encargó de recordar que él ya lo había aportado a la justicia en sus testimoniales de juicio Por la Verdad de septiembre de 2006, juicio “Unidad 9” de 2010 y juicio “Fuerza de Tareas 5” de 2015.
En concreto volvió a relatar que cuando estaba en la Unidad 9 pudo ser testigo de que un grupo de 6 integrantes de la CNU, entre los que se destacaban Castillo, Pomares, y “Tony” De Jesús, salían al patio a conversar con los detenidos políticos y alardeaban de las tropelías que habían cometido tiempo antes. Entre ellas, Córdoba recuerda los secuestros y asesinatos de varios compañeros de Astilleros o de las fábricas de la zona ya desde noviembre del ’75 y hasta bien entrado el golpe de Estado como Alcides Méndez Paz, Salvador Delaturi, Carlos Scafide, Juan Carlos Arriola, Diego Arias, Jorge Pedro Gutzo, Fortunato Andreucci y José Luis Lucero.
La banda de Castillo había sido detenida a fines de abril del ’76, en un operativo donde habían ido a secuestrar al militante de la JP Juan Carlos Arias, lo que demuestra que seguían activos después del golpe coordinando la represión con los Grupos de Tareas de la dictadura. Recordemos que Castillo está procesado en la causa por los crímenes cometidos en dictadura en el CCD de la sede de Caballería de la Policía Bonaerense, ubicado en calles 1 y 60.
Córdoba afirmó que, más que cumpliendo un régimen como detenidos, en la Unidad 9 estaban puestos para sacar información a los presos políticos. Recordó que la banda andaba con ropas de particular, que Castillo exhibía credenciales del Ejército y la Marina y que los presos políticos que salían de las celdas a hacer tareas de limpieza o a servir comida veían a los CNU en el puesto de control con una libertad de acción que el resto no tenía. En uno de esos cruces, Córdoba les reclamó “Ustedes sabían que nosotros éramos trabajadores, no teníamos armas, e igual nos masacraron”. Entonces uno de los represores le contesta señalándole un reloj que tenía puesto y le dice: “Este es el reloj de Pedro Gutzo, y ese sí estaba en la pesada”. Tiempo después, ya liberado, Córdoba pudo saber a través de la familia de Gutzo que en el operativo de secuestro les habían robado varias cosas, entre ellas un reloj de Pedro.
Además, Córdoba aportó más información sobre el circular impune de la banda de la CNU en La Plata en democracia. Dijo que realizando gestiones por ciertas obras de su trabajo en 2006, fue a ver al secretario de gobierno del municipio, y allí vio a Castillo y Pomares entrando y saliendo de los despachos. Lo mismo ocurrió en la Legislatura provincial cuando estaba impulsando la ley de reparación de los trabajadores de Astillero.
Al finalizar el relato, Córdoba reclamó con firmeza “No puede ser que la justicia todavía no tenga en claro todo esto. Ya debería estar todo investigado. Sobran elementos como el uso de las mismas modalidades de secuestro y asesinato, las mismas armas y vehículos en los distintos casos. Yo siempre colaboré con la justicia contando la verdad. Pido que se aceleren estas causas y sobre todo la de los compañeros víctimas de Astillero”. Finalizó diciendo que “hay mucha expectativa de los compañeros de Astilleros por el cumplimiento de la sentencia de reconocimiento de los años de servicio para jubilarse. No es admisible el tiempo que se toma la justicia con los compañeros”.

LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL MIÉRCOLES 7 DE JUNIO A LAS 10HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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jueves, 25 de mayo de 2017

TERCERA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

“LOS FACHOS” EN ACCIÓN

En la tercera jornada juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares los hermanos de cuatro de las víctimas asesinadas por la CNU describieron el accionar de las patotas de “Los Fachos” y reafirmaron su lucha por justicia. Dos de esos casos no están incluidos en el debate por la fragmentación impune que realizó la justicia federal platense.

Por HIJOS La Plata
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Al comenzar la audiencia testimonió por videoconferencia desde la Cámara Federal de Bahía Blanca Gladys Dinotto, hermana del estudiante de medicina en la UNLP y militante de la JUP, Néstor Dinotto, además pareja de Graciela Martini y asesinado junto a ella en un operativo en Villa Elisa en abril de 1976. En una muestra más del efecto de intimidación que estos crímenes impunes generan 41 años después, Dinotto pidió expresamente que los dos represores imputados no pudieran verla, por lo que fueron ubicados atrás de una mampara de madera.
En un testimonio breve, Dinotto dijo que su hermano era oriundo de Bahía Blanca y que la familia “sólo sabíamos que mi hermano militaba con su novia. Cuando mi papá lo fue a buscar a La Plata, le dijeron que se fuera, y que se acordara que tenía otra hija. Teníamos miedo y a mí me dijeron que no dijera nada”.
La noche del 3 de abril de 1976 Dinotto, Martini y sus compañeros de militancia Adelaida Barón y Daniel Pastorino salieron a comer pizza a un local del centro de La Plata. Cuando regresaron a la casa de los padres de Martini dos autos operativos que esperaban a la vuelta los persiguieron a los disparos. Tras detenerlos y realizar un simulacro de fusilamiento los trasladaron a la casa operativa que la CNU tenía en diagonal 113 y 64. Allí fueron torturados Martini y Dinotto dentro de una casa rodante metálica que había en el predio.
La pareja Barón y Pastorino fue liberada en calle 2 y 32 de La Plata. Martini y Dinotto aparecieron acribillados al día siguiente en el barrio Los Porteños de City Bell, con las manos atadas en la espalda y los rostros tapados con sus ropas.
Galdys Dinotto reflexionó que a partir del asesinato de su hermano no fue fácil reconstruir la vida de la familia: “Yo iba a estudiar odontología a La Plata y desistí porque me quedó la obligación de permanecer con mis padres en Bahía Blanca para contenerlos. Mi papá esperaba que su hijo volviera con el título de médico y lo trajo al cabo de catorce horas de viaje en un furgón, muerto”.
Preguntada sobre su expectativa con este juicio, afirmó: “Yo sé que nadie nos va a devolver la vida de los chicos, ni de ellos ni de tantos otros, pero espero que los culpables paguen por lo que han hecho”.

En segundo término Walter Martini, hermano de Graciela Martini, describió el operativo en que su hermana y la pareja fueron secuestrados y asesinados el 3 y 4 de abril de 1976. Coincidió con el relato hecho en audiencias anteriores por los testigos y sobrevivientes Pastorino y Barón, pero lo hizo desde la óptica desde dentro de la casa que asaltó el grupo operativo. Relató que en aquel momento tenía 10 años y estaba con su madre en la vivienda de Villa Elisa ubicada en 34 entre 14 y 15. Cerca de las once de la noche estaban durmiendo y escucharon que comenzaron a golpear la puerta al grito de “policía”. Uno de los atacantes vio que él fue a la planta baja a buscar el teléfono y le dijo “No llames a nadie porque no la cuentan”. Entonces comenzaron a hachar la puerta de entrada y luego ingresó una patota de cinco personas armadas: uno mayor con un pañuelo en el rostro y otros cuatro más jóvenes con borceguíes y pantalones camuflados. Tras un largo tiempo de forcejeos e interrogatorios por su hermana, donde uno jugaba el rol de bueno y tratando de explicarle por qué estaban allí, preguntaban insistentemente por armas y volantes, le gatillaron al joven una pistola en la nuca y rompieron el parquet buscando un “embute”. En un momento dado los represores decidieron ir a buscar a Graciela a la casa de Barón con la madre de Martini como rehén, que sufría problemas psiquiátricos y estaba paralizada de miedo. La iniciativa se frustró porque al salir a la calle Walter avisó a un vecino que miraba la escena para que llame a la policía. Entonces los vuelven a ingresar a la casa y los encierran en un depósito, desde donde escucharon un rato después la estampida de autos y disparos. Era la cacería que desataron sobre los militantes que regresaban de La Plata.
A partir de allí su hermano mayor y un tío comenzaron a realizar averiguaciones en la Policía, el Ejército y la Armada. En la Comisaría de Villa Elisa le mostraron algunos objetos robados en la casa y el titular de la dependencia les dijo que mejor no denunciaran nada. Luego se enteraron por los diarios que se había hallado una “NN femenino acribillada” en City Bell.
Martini recordó que en la instrucción de esta causa realizó un singular reconocimiento de fotos en presencia del secretario del juzgado de Arnaldo Corazza y el abogado defensor de uno de los imputados. Allí identificó a 3 represores que habían participado del operativo.
El testigo relató que a partir del hecho la vida de la familia cambió totalmente, especialmente en su madre que desmejoró su situación psiquiátrica. Walter recordó que trató de llevar una vida normal, pero el estigma del allanamiento y el asesinato de su hermana lo perseguía cotidianamente, hasta en una pintada en el barrio que duró cerca de un año y decía: “Graciela, tu crimen no va a quedar impune”. Parte, solo parte de ello se está cumpliendo con este juicio.


El tercer testimonio fue de Alicia Gershanik, hermana del médico platense Mario Gershanik asesinado el 10 de abril de 1975 por un comando conjunto de la CNU y la Triple A en la casa de calle 50 entre 2 y 3, donde tenía su consultorio. Al inicio del relato Alicia definió claramente que se trata de un acto de Terrorismo de Estado “porque estas organizaciones eran financiadas y utilizaban las estructuras del Estado”. Realizó una semblanza de su hermano Mario, su vocación deportista en el rugby, su formación como médico especialista en pediatría, y su trabajo en el Hospital de Niños de La Plata y en el Policlínico del Turf, donde inauguró importantes avances en perinatología y formó equipos de trabajo en la materia. Lo definió como “un militante sindical activo y una persona muy visible”.
La testigo contó que la noche de los hechos hubo tres allanamientos. El primero en la casa de Mario en calle 10 y 56, donde no encontraron a nadie, luego en la casa de su hermana en 6 y 50, de donde ella se había mudado a vivir en México poco antes, y el tercero en la casa donde finalmente asesinan a su hermano. Esa noche Mario venía de atender un parto hasta muy tarde en el Instituto Médico Platense y había llegado para descansar con su esposa e hijo. Como en los demás relatos de otros operativos, señaló que la patota actuó con zona liberada a 1 cuadra de la Jefatura de Policía, fingiendo ser fuerzas de seguridad y finalmente rompiendo la puerta a hachazos. Esa noche la patota del “Indio” actuó junto con un grupo de tareas de la Triple A al mando de Aníbal Gordon, alias “El Viejo”. Este dato fue confirmado en investigaciones particulares en base al testimonio de un ex CNU arrepentido, que menciona otras ocasiones en que la banda de Castillo coordinaba operativos en La Plata con el pesado de las Tres A. Además dos vecinos de la casa vieron el operativo, que constaba de tres autos y al menos ocho represores armados hasta los dientes. Uno de los vecinos le confirmó a la familia la zona liberada al relatar que un vigilante de Jefatura se acercó a ver y fue echado a los insultos por el jefe de la patota.
Al ingresar la patota obligan a Mario a buscar armas y medicamentos, y luego a que los acompañe con la excusa de “identificar” a un detenido. Gershanik sabía que su destino era la tortura y la muerte, por lo cual no se dejó llevar y tuvieron que arrastrarlo entre cuatro de los asesinos. Fue entonces que comenzaron a disparar mientras lo insultaban por su ascendencia judía. Según consta en la causa el informe que el jefe de Operaciones Policiales, comisario mayor Ignacio García, eleva a sus superiores detalla: “Llevada a cabo la autopsia en la morgue de esta Repartición, se extrajeron al cadáver nueve (9) proyectiles y dos (2) tapones de cartucho presumiblemente de escopeta automática, mientras que en el lugar del hecho se secuestraron catorce (14) vainas 11.25, 17 proyectiles 9 mm., algunos de los cuales se encontraban incrustados en el piso de madera donde cayera la víctima; asimismo, un cartucho intacto ‘Remington 12 C.A. Peters’ ”.
Revisando las causas de semejante crimen, Alicia afirmó que “no podemos estar en la cabeza de quien comete un crimen tan aberrante”, aunque recordó que la noche antes Mario había estado en una asamblea en el sindicato del Turf donde tuvo una firme intervención a favor de los derechos de los trabajadores del hipódromo. Agregó que el motivo del crimen “era infundir el terror en todos los ámbitos, porque Mario era una persona muy reconocida. De hecho como consecuencia se produjeron innumerables exilios y se desarmaron todos los equipos profesionales donde él estaba”. Por eso, Alicia añadió que “a los familiares nos interesa conocer a los autores materiales pero también a los autores intelectuales del hecho”. Sobre la represión de Estado en el gobierno de Victorio Calabró, la testigo dijo que Mario les había manifestado su preocupación por el accionar de las bandas de la ultraderecha peronista, cuya ideología racista y elitista conocía al detalle ya que había sido alumno del profesor y creador de la CNU, Carlos Di Sandro, en el Colegio Nacional de La Plata. “A la CNU Mario la llamaba por su nombre”, sentenció.
Como se encontraba en México, todo lo que Alicia pudo reconstruir de los momentos finales de su hermano fue por el relato de su cuñada Graciela, testigo presencial del asesinato y ya fallecida. Al final del testimonio Alicia leyó una carta que Graciela le envió a México una semana después la masacre y de la que aportó una copia al tribunal. Allí la esposa de Mario escribió: “Ustedes saben mejor que nadie quién fue Mario y por qué luchaba, quiénes y por qué lo mataron. Así como vivó murió. No les aflojó a los asesinos, no les rogó nada, ni se quebró con ellos. Ustedes saben cómo son estos hijos de mil puta que no tienen otro recurso que la masacre y el odio”.
La fragmentación de la causa y el apartamiento de este juicio del caso Gershanik fue convalidado por los jueces de instrucción Arnaldo Corazza y Manuel Blanco. A ellos debemos la espera de una causa de más de 11 años donde los familiares buscan justicia.


Precisamente sobre eso comenzó exponiendo el último testigo Mario Urrera, hermano de Horacio Urrera, secuestrado y asesinado por la banda de Castillo el 19 de abril de 1976. Mario manifestó su descontento con el perfil de declaración como testigo ya que dijo “yo debería ser querellante en esta causa, en la que fragmentaron una misma masacre”. Se refiere a que la misma noche, en el mismo operativo y con el mismo resultado trágico, fueron secuestrados su hermano Horacio y los militantes Leonardo Miceli y Carlos Sathicq, pero por las defecciones de la justicia federal platense sólo se elevó a juicio el caso de Miceli.
Mario fue testigo directo del secuestro de su hermano. Esa noche de abril del ’76 Mario y Horacio estaban con su madre en la casa de calle 26 entre 56 y 57, y como a las 00:.30 escucharon golpes en la puerta de un grupo que se identificaba como “Ejército” y “Policía”. Les abrieron la puerta y entraron 6 o 7 a cara descubierta que en diez minutos pusieron a Mario y su madre en la cama, robaron lo que pudieron, se llevaron a Horacio y cerraron con llave desde afuera para que no los siguieran. Cuando Mario miró hacia afuera por una ventana vio 3 autos y unas 15 personas en total.
En realidad, Horacio ya venía amenazado por la CNU. Estudiaba derecho en la UNLP y trabajaba desde 1970 en el Registro de la Propiedad, en el edificio del Ministerio de Economía de calles 7 y 45. En la misma dependencia revistaban varios CNU como el “Pipi” Pomares el “Misto” Fernández Supera y un tal Charicia, que a su vez eran visitados por el “Indio” Castillo, “Tony” de Jesús, el “Chino” Causa y otros que siempre se presentaban armados y amenazando gente física y verbalmente. Amigo del delegado de ATE en el ministerio de Economía Claudio Aicardi, simpatizante de la JP y delegado del gremio de rentas AERI, Horacio venía padeciendo desde 1974 el constante asedio de la patota, especialmente amenazas de Pomares. Por ello pidió el traslado al Tribunal de Cuentas, donde trabajaba su hermano Mario. En varias charlas entre los hermanos en la mueblería que su padre les había dejado al morir, Horacio había contado que vivía con temor de que lo levantaran.
Consumado el secuestro de Horacio en plena dictadura, la complicidad de La Bonaerense con la CNU era palmaria: cuando Mario fue a hacer la denuncia a la Comisaría 5ta y pidió que tomaran huellas de un vaso que uno de los represores había manipulado el comisario Muñoz se le rio en la cara y le dijo “Entonces, ¿vos también estás en la joda?”. Luego en una gestión ante el Regimiento 7 conoció a Frauro Sathicq, el padre de Carlos, e intercambiando datos dedujeron que sus familiares habían sido secuestrados en un mismo hecho. Un mes después del secuestro la familia recibió por teléfono la noticia de la identificación de los cadáveres de Urrera, Miceli y Sathicq acribillados en un arroyo de Villa Domínico. Entonces fueron a reconocer el cuerpo a la Comisaría 4ta de Avellaneda y a la Morgue del cementerio local. “La Morgue no daba abasto. Esa noche vi más de 30 cuerpos NN que tenían como destino la fosa común”, aseguró Mario.
Puesto a describir a la patota de Castillo detalló que en La Plata se los conocía bien y se les decía “Los Fachos”. “Eran la ultraderecha peronista, anti-marxistas, anti-izquierda y antisemitas”, definió. Además contó que muchos años después a través de gestiones de un ex preso político pudo tener una reunión con un CNU arrepentido, Ricardo Alfredo “El Boxer” Lozano, quien le terminó de confirmar lo que ya sabía: que la banda la completaban Martín “Pucho” Sánchez, Vicente Álvarez, Roberto Antonio Storni (estos dos policías), David “Feiño” Massota y Omar Quinteros, entre otros.
Además, sobre la detención que sufrió la banda en abril de 1976 y por la que varios de sus integrantes pasaron 4 años presos en la Unidad 9, Urrera la definió como “una payasada, que no hizo más que beneficiarlos, porque terminaron siendo juzgados como ‘ladrones de gallinas’ y no porque lo que habían hecho. De todas maneras fue durante un gobierno defacto con el que compartían los mismo intereses y hasta lo usaron para presentarse como víctimas dañandas por el Estado”.
Ante tanta contundencia en la declaración, en un momento de la audiencia el abogado de Pomares, Oscar Salas, intervino para acosar al testigo y preguntar “¿Cómo sabía Ud que tenían anuencia del Estado?”. Urrera respondió tranquilo: “Porque tenían apoyo de la Curia a través de Monseñor Plaza, de la Policía bonaerense, del secretario general de la CGT Rucci, de López Rega a través del Ministerio de Bienestar Social, del gobernador Calabró y del Ejército que les liberaba as zonas. Me parece suficiente”.
En uno de los testimonios más completos en lo que va del juicio, Mario Urrera concluyó definiendo que todo lo que contaba “no es por valentía sino miedo que aún tengo. Miedo al silencio. Para no ser funcional a la barbarie, al genocidio y al sectarismo. Por eso los sobrevivientes y testigos de estos hechos tienen que venir a aportar su testimonio”.

  
LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL LUNES 29 DE MAYO A LAS 10HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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viernes, 19 de mayo de 2017

SEGUNDA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

TESTIGOS DE LA BARBARIE

En la segunda jornada juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares cuatro sobrevivientes testimoniaron sobre tres operativos que las bandas de la CNU realizaron al amparo del Estado provincial amenazando, secuestrando, robando y asesinando. Todos coincidieron en ubicar a Castillo y Pomares con rol activo en esos operativos. El “Indio” adelantó que ampliará su declaración indagatoria en la próxima audiencia.

Por HIJOS La Plata
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Al comenzar la audiencia Ana María Bossio, esposa de Leonardo Miceli, describió el secuestro y asesinato de su esposo ocurrido la madrugada del 20 de abril de 1976 en su casa de calle 122 y 70. Relató que esa noche un grupo operativo de la CNU secuestró y asesinó a su marido, cuyo cuerpo pudo recuperar posteriormente en Avellaneda. Dijo que todo comenzó cuando vio de madrugada que una persona buscaba el número de la casa con una linterna y aseguró que los que ingresaron a la casa fueron el “Indio” Castillo y otros dos más jóvenes con pullover color verde. “Mi marido regresaba de la Facultad. Estudiaba Ingeniería Química. Yo me encontraba en el dormitorio con mi hijo de un año y medio cuando irrumpen en casa, rompen la puerta de adelante”, dijo. A ella la pusieron boca abajo en la cama con su bebé, y logró escuchar que los represores se comunicaban entre ellos por Handy. En un momento dicen: “Móvil 1 a móvil 2” y “La orden es tirar el bulto”. Bossio relató que Castillo le gatilló un arma de espaldas y con su hijo en brazos. La banda estuvo media hora y realizó todo tipo de robos, mientras interrogaban a Leonardo por su trabajo y su militancia.
La testigo contó que en el mes de mayo del ’76 se enteró por los diarios la noticia de la detención de una banda “parapolicial” que realizaba robos simulando autoridad policial. Entonces se presentó en la Unidad Regional La Plata, done el comisario Marcelino Gómez le dijo que fuera a ver al comisario Lara a la Comisaría 8va, porque allí estaba detenida la banda. Una vez allí, vio que entre las cosas robadas había un cenicero que era de su hermano, Alberto Bossio, a quien también habían allanado. Alberto fue asesinado el 24 de noviembre de 1976 en la casa Mariani-Teruggi de calle 30 entre 55 y 56. Ana María dijo que el comisario de la 8va le mostró fotos de las personas detenidas, entre los que reconoció a Castillo y Pomares.   
El mismo día fueron secuestrados Carlos Sathicq y Horacio Urrera. Los tres cuerpos fueron encontrados acribillados en el arroyo Santo Domingo en Sarandí. Miceli y Sathicq eran empleados y delegados en la empresa Limpiolux, contratista de la entonces Propulsora Siderúrgica del grupo Techint para la limpieza de las instalaciones de su planta de Ensenada. Urrera era militante peronista, estudiante de derecho y delegado en Rentas, donde estaba enemistado con grupos de la CNU. En la instrucción de la causa el juez Manuel Humberto Blanco fragmentó los casos y pese a tratarse de un mismo operativo y con el mismo destino final, elevó a juicio solo el caso de Miceli.
La testigo afirmó que el diario “El Dia” de La Plata se negó a publicarle una solicitada de búsqueda de datos sobre Miceli, aunque pocos días después un periodista del diario le avisó que fuera  a la Comisaría 4ta de Avellaneda. De ahí la mandaron a la morgue del cementerio, donde finalmente encontró el cadáver acribillado de su marido.
Sobre el final Bossio aportó un dato llamativo. Ante la pregunta del presidente del tribunal sobre cómo supo que los que secuestraron a Leonardo eran de la CNU respondió que un tío suyo trabajaba en un cabaret de calle 7 y 70 (jurisdicción de la Comisaría 8va) adonde concurrían todas las noches los integrantes de la banda después de realizar los operativos y donde se repartían el producto de sus saqueos.


Luego llegó el testimonio de Adelaida Úrsula Barón, ex esposa de Daniel Pastorino y además amiga y compañera de militancia de Graciela Martini en la Juventud Peronista. Describió a Graciela como “una persona tierna y dulce” con la que compartía mucho tiempo como amiga y la militancia en el barrio Dumont de Villa Elisa.  
La noche del 3 de abril de 1976 Barón, Martini, Pastorino y Néstor Dinotto salieron a comer pizza a un local del centro de La Plata y charlaron de los preparativos del casamiento de Graciela y Néstor, este último estudiante de medicina oriundo de Bahía Blanca y militante de la JUP. Cuando regresaron en el Siam Di Tella del abuelo de Pastorino a la casa de los padres de Martini en City Bell observaron que había luces encendidas. “Graciela creyó que era su padre que había vuelto de trabajar, y pidió dar una vuelta más para que se acueste y no la retaran por llegar tarde”, dijo. Entonces las vueltas alertaron a dos autos operativos que esperaban a la vuelta, un Peugeot 504 y un Torino, que los persiguieron y comenzaron a disparar. Llegando a camino Centenario les averían las ruedas a los tiros y los detienen. La banda, que operaban todos a cara descubierta, les realiza un cacheo contra la pared y un simulacro de fusilamiento, mientras apartan a Graciela y le dicen “a vos te buscábamos”. Los cargaron a los cuatro en el 504 y os trasladaron a la casa operativa que la CNU tenía en diagonal 113 y 64. Barón dijo que dedujo que era ese lugar posteriormente porque se escuchan sonidos de gallinas y patos, propios del predio cercano de la facultad de Agronomía de la UNLP. Allí fueron torturados Martini y Dinotto dentro de una casa rodante metálica que había en el predio. Barón y Pastorino fueron interrogados por un integrante de la banda que les preguntó los nombres y como conocía al hermano de Adelaida le dijo mientras le acariciaba la cabeza: “¿Cómo se juntan con esta gente ustedes que vienen de una familia católica?”. Esa persona ordenó “A estos no los tocan. Los sueltan ya mismo”. Barón dijo que “esa caricia todavía me eriza la piel”.
La pareja Barón y Pastorino fue liberada en calle 2 y 32 de La Plata. Los encargados de liberarlos fueron Castillo y a quien Barón reconoció después como Antonio De Jesús Domínguez (alias “Tony”), también integrante de las bandas de la CNU La Plata. Martini y Dinotto aparecieron acribillados al día siguiente en el barrio Los Porteños de City Bell, con las manos atadas en la espalda y los rostros tapados con sus ropas.
Barón relató que con su pareja se fueron de La Plata para reconstruir su vida porque los asesinos de la CNU andaban libres y se los podía cruzar en la calle. “La pesadilla dura 41 años”, concluyó.


A continuación Daniel Pastorino, ex esposo de Barón y compañero de militancia de Martini y Dinotto, coincidió en su relato en los dichos de Barón y agregó varios elementos de cargo contra los acusados. Sobre la casa operativa de la CNU afirmó que en la instrucción de la causa realizó un reconocimiento del lugar en una gestión ante la secretaría de Derechos Humanos de la provincia y que supo que el lugar había sido asignado por policía al padre de Castillo, que había integrado la fuerza. La casa fue señalizada por la UNLP en marzo de 2016 que dispuso su preservación y la puso a disposición “hasta que la justicia se expida”.
Sobre el represor que decidió su liberación más tarde supieron que se trataba de Patricio Errecarte Pueyrredón, un ex integrante del Movimiento Nacionalista Tacuara (MNT) y que tenía una librería en diagonal ’80 de La Plata y proveía material ideológico a la CNU.
Sobre la participación de los imputados en el hecho afirmó que Castillo era el que comandaba el operativo y las torturas y Pomares estuvo presente en los traslados, el simulacro de fusilamiento y las torturas a Dinotto y Martini. Que en la época de los hechos ambos eran conocidos en la militancia local como asesinos de militantes y por romper asambleas estudiantiles. De hecho, ante pedido de la fiscalía, el testigo señaló a Castillo en la audiencia, que estaba sentado detrás de sus abogados: “Es el de camisa verde”, dijo. Ante esto las defensas de los represores se opusieron a la afirmación, pidieron su nulidad y acosaron al testigo preguntando cuándo había realizado reconocimientos fotográficos y que la característica física describiera a los asesinos. El tribunal decidió por mayoría la nulidad del reconocimiento, aunque dejó abierta la posibilidad de realizarlo con un procedimiento específico en otro momento.
Además, Pastorino relató que antes del hecho en cuestión ya había sufrido la persecución y encarcelamiento de su hermano, detenido en agosto del ’74 y un mes desaparecido con su compañera hasta fue legalizado en la Unidad 9. Señaló también que como trabajador de Astillero Río Santiago sufrió despido posterior al secuestro y sólo pudo volver a La Plata y recuperar su puesto en 2007 con la ley que ordenó la reincorporación de los perseguidos políticos.


En último término y tras una jornada extensa, Silvia Domínguez, hija del dirigente del hipódromo Carlos Antonio Domínguez, secuestrado y asesinado el 12 de febrero de 1976. Relató que la patota rompió a los tiros el portón de ingreso de la casa a las dos de la mañana y entraron tres represores: uno vestido de fajina verde militar que retuvo a ella y su hermana, otro de ropa policial que dijo “no toquen a las chicas” y un tercero con equipo deportivo que secuestró a su padre y a quien señaló como el “Indio” Castillo. Además de realizar robos de distintas pertenencias de la familia, los represores desarmaron el teléfono para que no pudieran denunciar el hecho. Afirmó que posteriormente se acercó un móvil de la Comisaría 2da, y desde la dependencia no levantaron huellas del operativo pese a que las había en cantidad.
Además contó que su madre recibió amenazas de no investigar el hecho “porque les matamos a las chicas” y que tiempo después recibieron un sobre con una postal intimidatoria de la Triple A que les daba el pésame por el asesinato de su madre. Por ello la familia no hizo averiguaciones del caso sino hasta entrada la democracia.
Domínguez relató que el reconocimiento del cadáver de su padre, asesinado con 37 disparos al costado de la ruta 20 entre Vieytes y Magdalena, lo reconoció un allegado al padre por su trabajo de jefe de planta en la compañía telefónica de la época.
Agregó que en 2007 ella hizo contacto con Roberto Fiandor, también trabajador del hipódromo y secuestrado la misma noche que Domínguez  aunque logró escapar, para comenzar a buscar justicia por su padre.
Así supo que en la Comisaría 8va se había encontrado una máquina de escribir con sus iniciales que había recibido como regalo de 15 años, fue robada la noche del operativo de su casa y que había sido secuestrada en la casa de Castillo cuando la patota de la CNU fue detenida.
“A mi padre lo asesinaron por ser gremialista de alma” afirmó la testigo: “tenía inmunidad gremial, pero igual lo echaron y lo asesinaron”. Dijo que en un episodio de fines del ’75 en que su padre caminaba con su madre por el centro de La Plata fue levantado por una patota que lo llevó al despacho del gobernador Victorio Calabró y le dijeron “levantá la huelga porque te hago boleta”. Domínguez era secretario general de la Agremiación de Empleados por Reunión, trabajadores que realizaban la señalización en el hipódromo y percibían sueldos más bajos que otras categorías. Desde el año ’75 no vivía en su casa por las amenazas recibidas. Por esa época los trabajadores del Hipódromo platense se hallaban en conflicto por salarios y habían acordado una huelga. Luego del asesinato de Domínguez fueron  secuestrados y asesinados Eduardo Julio Giaccio, Ernesto David Rojas y los hermanos Oscar Gerardo y Raúl Alberto Arabel, estudiantes universitarios y activistas gremiales en el Hipódromo. Por nuevas defecciones de la justicia sus casos no forman parte de este juicio.
La hija de Domínguez apuntó que la familia le costó mucho rehacer su vida después de asesinato de su padre, y que tuvieron que luchar mucho tiempo para conseguir la pensión por el dirigente asesinado, que había sido echado de su trabajo. “Quiero justicia por mi padre. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Se lo prometí cuando lo enterré”, finalizó.
Al concluir la audiencia el abogado de Castillo manifestó que el asesino quería ampliar su indagatoria, pero el tribunal sugirió que se haga en otra audiencia ya que esta se había extendido por más de cinco horas.

LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL LUNES 22 DE MAYO A LAS 10HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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miércoles, 17 de mayo de 2017

PRIMERA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

TERRORISMO DE ESTADO ANTES DEL ‘76

En la audiencia de inicio del debate se escuchó la contundente prueba contra los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares por su responsabilidad en los secuestros, torturas, homicidios y robos en los 7 casos que forman parte del juicio. Los represores se negaron a declarar, pero se definieron víctimas de la última dictadura. Además la querella de Justicia Ya La Plata logró la laicización de la sala de audiencias de la Cámara Federal.

Por HIJOS La Plata
hijoslaplata@gmail.com


La acusación
El grueso de la primera audiencia del juicio a los dos represores de la CNU La Plata, Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares, se dedicó a la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio que hace casi tres años presentó el Ministerio Público fiscal en la instrucción de la causa.
Castillo llega acusado como coautor material de los homicidios doblemente calificados de Carlos Domínguez y Leonardo Miceli, la violación de domicilio y los secuestros simulando orden de autoridad pública sobre Domínguez, Miceli y Roberto Fiandor, el robo con arma en el caso Domínguez. En tanto a ambos represores se lo acusa de los homicidios doblemente calificados de Néstor Dinotto y Graciela Martini, los secuestros y torturas sufridos por éstos y por Daniel Pastorino y Adelaida Barón. Es de destacar que en los 7 casos, agrupados en 3 hechos, existen testigos sobrevivientes de los operativos cuyo relato será central en el debate para reconstruir lo sucedido.
El requerimiento fiscal contextualiza los hechos en el marco de la persecución a delegados gremiales combativos y a activos militantes de la izquierda platense en que se sucedieron los hechos. En febrero del 76 los trabajadores del Hipódromo platense se hallaban en conflicto por salarios, habían acordado huelga y sus dirigentes habían sido amenazados por los pesados de la gobernación. El 12 de febrero de ese año fueron secuestrados en sus domicilios de zona norte de la ciudad Carlos Domínguez (presidente de la Agremiación de Empleados del Hipódromo) y el testigo-victima N 6 de este juicio, empleado del Hipódromo. El testigo 6 se escapó del baúl del auto en que lo llevaban en la ruta 11 a Magdalena, mientras el cadáver de Domínguez fue hallado el mismo día con 37 disparos al costado de la ruta 20 entre Vieytes y Magdalena. Un dato revelador es que la familia de Domínguez denunció que el grupo que lo secuestró estaba integrado por 4 represores, dos de civil y dos con ropa militar, y que una máquina de escribir robada en el operativo fue secuestrada posteriormente en la casa de Castillo el 30 de abril del ‘76.
Un hecho posterior confirma el ensañamiento de la CNU con los trabajadores del Turf: los secuestros y asesinatos de Eduardo Julio Giaccio, Ernesto David Rojas y los hermanos Oscar Gerardo y Raúl Alberto Arabel, estudiantes universitarios y activistas gremiales en el Hipódromo, cometidos una semana después del crimen de Domínguez y que no forman parte de este juicio.
El segundo hecho se refiere a los asesinatos de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini, quienes fueron secuestrados mientras circulaban en auto por Villa Elisa el 3 de abril del '76, junto a una pareja sobreviviente del hecho. Los sobrevivientes, testigos N 1 y 2 en este debate, relataron en el Juicio por la Verdad que la patota disparó a las ruedas del vehículo que ocupaban, y tras cargarlos en otro auto les hicieron un simulacro de fusilamiento en Camino Centenario, los llevaron a la casa operativa de diagonal 113 y 64 en donde torturaron a Dinotto y Martini. La pareja fue liberada en calle 2 y 32 de La Plata. Las víctimas aparecieron acribilladas al día siguiente en el barrio Los Porteños de City Bell, con las manos atadas en la espalda y los rostros tapados con sus ropas.
El tercer hecho a juzgar en el debate será el referido al secuestro y asesinato del militante de Montoneros Leonardo Miceli ocurrido el 19 de abril del 76 y realizado por un grupo de 20 mercenarios con armas largas y a cara descubierta. Miceli fue detenido en su casa del sur de la ciudad, el mismo día que Carlos Sathicq y Horacio Urrera. Los tres cuerpos fueron encontrados flotando en el arroyo Santo Domingo en Sarandí y entregados a los familiares desde la comisaría 4ta de Avellaneda. Miceli y Sathicq eran empleados y delegados en la empresa Limpiolux, contratista de la entonces Propulsora Siderúrgica del grupo Techint para la limpieza de las instalaciones de su planta de Ensenada. Urrera era militante peronista, estudiante de derecho y delegado en Rentas, donde estaba enemistado con grupos de la CNU. Por diversas defecciones de los jueces de instrucción de esta causa, Arnaldo Corazza y Manuel Blanco, se fragmentó la unidad de hechos pese a tratarse de un mismo operativo y con el mismo destino final, se elevó a juicio solo el caso de Miceli.


Pobres víctimas
Al momento de las indagatorias, tanto Castillo como Pomares se negaron a declarar. Sin embargo se extendieron respondiendo preguntas personales de rigor, pretendiendo hacerse pasar como víctimas de la última dictadura.
En tono tranquilo pero firme Pomares, de 62 años, dijo que “desde la cuna me dicen Pipi”, que tiene estudios secundarios y que su último trabajo fue como asesor del senador provincial del FPV y secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Mosse. Al ser preguntado por sus antecedentes penales relató: “Condenas tuve en el golpe de Estado. Fui secuestrado, torturado y estuve 4 años preso. Fui puesto a disposición del Poder Ejecutivo y juzgado en Tribunal de Guerra”.
Con acento más beligerante Castillo, de 64 años, aseguró que se recibió como “Licenciado en Ciencias Políticas” y como última ocupación se “me he dedicado a la actividad privada”.
En cuanto a sus antecedentes se explayó: “Estuve detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y del Consejo de Guerra 11/1 de la justicia penal a partir del 29 de abril de 1976. Le explico: junto con mi mamá, mi esposa, mi hermano y mi tía. Mi mamá murió estando detenida. Nosotros estuvimos 1 año desaparecidos hasta que fuimos legalizados, en virtud de una ley del gobierno militar que nos declaraba fuera de la ley el 27 de abril de 1976. Como organización, por supuesto”.
No es la primera vez que represores de la CNU intentan presentarse como víctimas de la represión de Estado. De hecho por lo menos 5 de sus integrantes cobraron la indemnización que establece la ley 24.043, que beneficia a quienes hayan sido juzgados por tribunales militares o hayan estado detenidos a disposición del Poder Ejecutivo durante la última dictadura cívico-militar. Entre ellos Castillo, Pomares, Gustavo Fernández Supera (alias El Misto), Dardo Omar Quinteros, Martín Osvaldo Sánchez (alias Pucho) y Alfredo Ricardo Lozano (alias El Boxer), este último testigo “arrepentido” en este juicio.
El rol de víctimas no les sienta nada bien a estos dos represores, porque su derrotero de criminales es harto conocido en La Plata. A partir de 1974, la CNU coordinaba los atentados con el Jefe de la Unidad Regional de La Plata, Comisario Masulli. Este liberaba las zonas para los operativos a través del Oficial principal Julio César Garachico, torturador de Jorge Julio López en el Centro Clandestino “El Pozo de Arana” y el Suboficial Mayor Juan Bilardo. En efecto, tras un largo período de andanzas con las patotas de la CNU al servicio del gobierno provincial de Victorio Calabró, Castillo y Pomares fueron detenidos durante la dictadura. El 30 de abril de 1976 el Ejército, con el debido apoyo de la Unidad Regional La Plata de la policía, allanó la casa en que vivía el “Indio” con su madre. Hallaron un arsenal. Pomares fue detenido en mayo del mismo año cuando los grupos fueron desactivados por orden del jefe del Área de Operaciones 113 del Ejército, coronel Roque Carlos Presti. La caída en desgracia de la patota iba en consonancia con la voluntad de las Fuerzas Armadas de ejercer el monopolio represivo, y se cristalizó en la declaración como organización ilegal y posterior disolución de la CNU que determino la Ley 21.325 de julio del '76.
Sin embargo que estuvieran fuera de circulación no les impidió seguir actuando. En el testimonio del sobreviviente de los CCD de la Armada y Prefectura Luis Ricardo Córdoba, tanto en Juicios por la Verdad como en el juicio a la FT5, se afirma que aún presos en la Unidad 9 los grupos seguían accionando: “existía un grupo de detenidos, que después nos enteramos, era un grupo del CNU, y conversaba con nosotros y contaban un montón de atrocidades que hacían. En la Unidad 9 existía un grupo, que correspondía según ellos al C.N.U., entre ellos un tal Castillo, Pomares y otros. Para nosotros no estaban ni detenidos”. El dato fue corroborado por uno de los represores de la U9, el penitenciario Raúl Aníbal Rebaynera (alias el Nazi), quien en su indagatoria del juicio realizado en La Plata en 2010 ubicó a las patotas de la CNU como alojadas en el pabellón 11 del penal.
Salido de prisión con cobertura policial y militar, el “Indio” pasó a integrar los grupos de tareas de la dictadura en varios CCD del Circuito Camps. Con varias entradas y salidas de prisión en causas por robo, atentados y tenencia de armas, en los '80 se vinculó a los mandos carapintadas y trabajó para el Modín de Aldo Rico. Desde HIJOS La Plata lo escrachamos en su guarida impune en la ciudad en 1998. Detenido en la ciudad cordobesa de Villa General Belgrano en 2011 y en 2013 condenado a 2 años y 8 meses por llevar un DNI falso. La “actividad privada” a la que se refirió en la indagatoria incluye el regenteo de seguridad privada y negociados en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que conducía el patotero Omar “el caballo” Suárez, hoy preso por el uso de fondos sindicales para negocios personales. En el caso de Pomares, era asesor del bloque del Frente para la Victoria en la provincia hasta que fue detenido en esta causa. Siempre vivió de cargos en el Estado: entró al municipio en la gestión de Julio Alak y se sostuvo hasta la de Pablo Bruera. Es defendido por Oscar Salas y Christian Romano, abogados que en total muestra de coherencia representan al comisario Luis Raúl Ponce en la causa por la desaparición de Andrés Núñez, y que pretenderán blanquear la imagen del “Pipi” con constancias de su pasado en el Servicio Penitenciario, el Hipódromo, la Lotería, la Legislatura, la Municipalidad, el club Gimnasia y Esgrima de La Plata y hasta un diploma de “militante ilustre del Partido Justicialista de La Plata”. No es casual entonces que se supiera en noviembre de 2014 que un sobreviviente recibió durante dos años amenazas de un teléfono que, según determinó la Justicia, se hallaba en la Contaduría General de la Municipalidad
de La Plata, en donde tenía un cargo alto la ex esposa de Pomares, Susana Gordillo, esposa del concejal por el FPV Fabián Lugli.


Estado laico a la fuerza
Al inicio de esta primera audiencia la querella del espacio Justicia Ya La Plata realizó un planteo para que se retire de su sitio el enorme crucifijo con Cristo incluido que preside las audiencias ubicado sobre las cabezas de los jueces. El planteo se basó en una petición de varias víctimas de este juicio que sentían en la omnipresencia del crucifijo el peso de una simbología negativa y que no garantiza el principio de imparcialidad en el proceso, entendiendo que todos los aspectos que impliquen al debate oral deben estar dotados de este principio, incluida la sala pública. Tras una breve deliberación, y con la oposición de las defensas de los represores, el Tribunal decidió hacer lugar al pedido, si bien difirió su efectivización a una cuestión burocrática con la Superintendencia de la Cámara Federal platense, a quien corresponde la sala.
El planteo lo desarrolló la compañera abogada Pía Garralda de la Asociación de Profesionales En Lucha (APEL), que recordó que la ideología católica era uno de los pilares de la CNU, citó los antecedentes de la Corte Suprema y la Procuración General que ordenaron retirar varios símbolos religiosos de las sedes de esos organismos y fundó el pedido en la directa vinculación entre la Iglesia Católica y la última dictadura cívico-militar, no sólo por haber bendecido el Genocidio hace 40 años, sino también por buscar hoy la reconciliación como impunidad.
Más que una anécdota, el hecho es un verdadero acierto de la querella de Justicia Ya, que debería ser imitado en todas las salas de audiencias de la justicia argentina. Además demuestra que las posiciones laicas deben ser activas porque muchas veces, especialmente en la era Bergoglio, el Estado pregona su imparcialidad mientras no deja de otorgar beneficios económicos y privilegios simbólicos a la Iglesia Católica.

LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL MIÉRCOLES 17 DE MAYO A LAS 10HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI

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