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lunes, 21 de marzo de 2016

40 AÑOS DE IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE ESTADO


“El Estado de Derecho tiene
el rostro amable del Estado Benefactor
y el rostro siniestro del Estado Terrorista”.
Alfredo Grande – Terrorismo Puro –
Agencia Pelota de Trapo. 15/1/2015


A 40 años de golpe genocida seguimos luchando contra la impunidad, contra el saqueo, contra el ajuste y contra la represión.
Salimos a la calle para reivindicar la memoria de lucha de los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, de los exiliados, de los ex presos y de toda una generación de militantes que luchaban por la revolución social. Los compañeros y compañeras que dejaron su vida por un país sin explotadores ni explotados, y que se plantaron frente a la prepotencia del poder con un proyecto de emancipación anticapitalista, anti- imperialista y revolucionario que aún nos falta concretar.
Durante todo el siglo XX, en nuestro país los golpes de Estado han significado una profunda recomposición de la estructura económica, política y social dirigida por las clases dominantes hacia el disciplinamiento de los sectores populares. La última dictadura fue la expresión más drástica y definitiva de la represión planificada, racional y organizada del exterminio. El “Plan Sistemático” que aplicaron las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que se ha probado judicialmente como un Genocidio, tuvo un objetivo claro: aniquilar a las organizaciones político militares, pero también a las sindicales combativas y sociales con trabajo territorial transformador.
Al cumplirse 40 años de la implantación abierta del Terrorismo de Estado, con sus antecedentes directos en la Masacre de Trelew,  las bandas fascistas de Perón y López Rega y el Operativo Independencia, los crímenes cometidos desde el aparato represivo de Estado continúan en su mayoría impunes y se han reconvertido en una extendida dinámica de Control Social para mantener el esquema de grandes negocios instaurado con el Genocidio.

LOS JUICIOS
Tras los juicios en las causas 13 y 44, popularmente llamado “Juicio a las Juntas”, la actitud del Estado frente a aquellos graves delitos fue de sostenimiento pactado de la impunidad por 16 años. El proceso de reapertura de las causas a los genocidas, que comenzó en 2003 con la anulación de las leyes de impunidad por la lucha del pueblo  no se consolidó jurídicamente hasta 2005, recién arrancó su marcha en 2006 con los juicios a Miguel Etchecolatz en La Plata y Julio Simón en CABA.
Desde entonces a esta parte el Estado argentino sólo efectivizó 155 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 155 juicios hubo 895 procesamientos, y como resultado se dictaron 806 condenas sobre 650 represores, 77  absueltos y 9 muertos impunes mientras duraba el proceso y 3 apartados durante el juicio, por un universo de 4.040 víctimas. Esto quiere decir que en 13 años alrededor del 42% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 31% de aquel número de procesados fue condenado. Es interesante aquí plantear que habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 13 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los 250 procesados que fallecieron en este lapso) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.
Además, si seguimos tomando como referencia los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 650 condenados siguen representando, a más de una década de anuladas las leyes de impunidad, un poco más de 1 represor condenado por cada CCD. Para completar el cuadro, el 40% de los procesados y condenados goza del beneficio de la detención domiciliaria, y hay menos de 150 represores con condena firme, es decir confirmada por los tribunales superiores del país, siendo que en muchos casos eso define si se los aloja en cárcel común o en sus casas. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes.
Si tomamos los últimos 5 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento tuvo un pico en 2012 y desde entonces viene decreciendo tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. No se ha podido mantener aquel tope de dos decenas y media de juicios con un centenar y medio de condenas cada año. Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 4 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores.
Poco se ha avanzado también en lo que respecta al período represivo previo al golpe, a las complicidades civiles (empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical) y a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos, mientras quedan casi 400 casos de restitución de identidad por resolver. Y si bien se ha comenzado a desandar años de impunidad es en la comisión de delitos sexuales como parte del plan represivo, los jueces se siguen resistiendo a concebirlos como un delito autónomo al de tormentos y falta mucho para lograr imponer un criterio amplio de violencia sexual, que no se reduzca solo a las violaciones o  abusos, sino también la exposición a la desnudez, los insultos y todo lo que implicaba ser objeto de cosificación dentro del CCD.

LA EXPERIENCIA EN LA PLATA
Para La Plata el año 2015 sumó 8 condenas en el juicio por la estructura represiva de la Armada y Prefectura en nuestra zona, conocido como “Fuerza de Tareas 5”. Pero el juicio siguió marcando el clásico desgüace de las causas. Tras tener 10 años la causa en sus manos, la justicia sólo procesó a un puñado de marinos y prefectos de la cadena de mandos. Varios sobrevivientes, que hacía años habían aportado su testimonio a la causa, así como víctimas de secuestro y homicidio cuyos familiares fueron convocados al juicio no fueron tenidos en cuenta en el proceso. Muchos de esos casos fueron incluidos al final del debate por la intervención de nuestra querella de Justicia Ya y sin el acompañamiento de la fiscalía. Y antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 represores: el prefecto Tomás Méndez y el segundo comandante del BIM3 Antonio Mocellini.
Una vez más, sólo a través del pedido de nuestra querella de Justicia Ya, se logró poner las cosas en su preciso lugar: por primera vez en estos juicios logramos las condenas de los represores como co-autores del delito internacional de Genocidio. Porque si bien en otros fallos la sentencias marcaron que estos delitos se habían cometido en el “marco de un genocidio” que si bien fue un avance no definía que quienes habían sido los autores de estas atrocidades eran los responsables directos del genocidio, luego y más cercano en el tiempo logramos las condenas como “complicidad en el genocidio”, la complicidad, a nuestro entender, tampoco marcaba claramente al genocida, todos lo habían ayudado pero específicamente ninguno era genocida. De ahí que consideramos a este fallo que ubica claramente a este grupo como parte de los GENOCIDAS responsables con participación activa y directa en el genocidio.
Quedó también en evidencia con este juicio el rol activo en la represión de los directorios de las empresas más importantes, la complicidad de la burocracia sindical y la desidia sobre los lugares utilizados por la Armada y prefectura en Berisso y Ensenada, que se encuentran abandonados, sin señalizar o reutilizados en franca especulación inmobiliaria.
Pero la mayoría de los condenados en el juicio a la Fuerza de Tareas 5 fueron beneficiados por Casación con la domiciliaria tres meses después del fallo. Este es el peligro real que enfrentan los juicios: ser una mera formalidad.
Con esto suman 70 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, menos de la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una zona que contó con al menos 15 CCD y miles de víctimas de la represión, y mucho más para una jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de como las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.
Pero además hay en La Plata unas 25 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a un centenar represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, aun presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 170 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone.
Por si fuera poco en La Plata venimos sufriendo una importante regresión: a través de una campaña de amenazas, el represor Etchecolatz logró que el juez Carlos Rozansky se excusara de participar en todas las causas que lo tienen involucrado, que son la mayoría. El nuevo tribunal se compone de los doctores Germán Catelli, César Alvarez y Agustín Lemos Arias, más permeables a los reclamos de los defensores de los genocidas, sobre todo en el otorgamiento de domiciliarias, lo que no promete una mejora respecto a lo que se hizo hasta ahora.
En septiembre próximo se cumplen 10 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez. Y como sabemos la causa López es un verdadero laberinto de la impunidad. A casi 10 años no hay ningún indagado ni procesado ni detenido.
Hace tiempo que el Ministerio Público viene afirmando que no quedaban medidas a su alcance por hacer, mientras hace año y medio reconocieron que recién en 2014 le tomaron declaración a la esposa de Lopez, Irene Savegnago, quien "nunca había brindado un amplio testimonio sobre los hechos acontecidos en el marco de la causa". La causa Lopez también demuestra la ineficacia del sistema de búsqueda de cuerpos en las morgues del país. No existe un registro nacional unificado de cuerpos no identificados, no sólo para el caso de Jorge, sino para todas las personas que se encuentran desaparecidas. Actualmente está "librado al azar y a la responsabilidad de cada funcionario", como quedó demostrado en el caso de Luciano Arruga.
Esto no es de extrañar para un Estado que mostró, aquí en La Plata, el desmanejo que existe en la Morgue Judicial tras la inundación del 2 de abril de 2013, y donde salió a la luz pública que es habitual que la policía y el poder Judicial trabajen cotidianamente en los procesos por muertes traumáticas con el falseamiento de causales de muerte, dobles enterramientos y ocultamiento de cadáveres.
En 2015 lo único que avanzó en la Causa Lopez fue la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por encubrimiento en la investigación y no por la desaparición de Jorge, y por delitos con penas menores. Esto demuestra que el Servicio Penitenciario Federal sigue siendo cómplice de los genocidas allí alojados y que les facilitó el camino para acceder a teléfonos, visitas irregulares y a todo aquello que sirva para planificar el hostigamiento o la desaparición de un testigo. Estas irregularidades no sólo beneficiaban a Etchecolatz, sinó que se extendían a otros represores condenados con actuación en el Circuito Camps como Norberto Cozzani, Jorge Bergés, Cristian Von Wernich y, no casualmente, a un grupo de integrantes de penitenciarios bonaerenses, entre ello Rebaynera, Morel, Ríos y Basualdo, hoy condenados por su actuación en la Unidad 9 en dictadura.

Este balance impone una mirada menos auspiciosa que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.

LA REPRESIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO
Desde diciembre de 1983 a esta parte ninguno de los gobiernos constitucionales de turno efectivizó el desmantelamiento del aparato represivo, y en todo caso se dedicaron a maquillarlo con un barniz democrático, reequiparlo y reconvertirlo en agente de control social: para buscar la impunidad del Genocidio en los ’80, contra el movimiento fogonero-piquetero de Menem a Duhalde y contra toda la militancia organizada durante los Kirchner. La experiencia de César Milani al frente del Ejército en la “década ganada”, la duplicación de efectivos de la Policía bonaerense en la gestión Scioli y de la compleja madeja de complicidades políticas, militares, policiales y penitenciarias en la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez son sólo muestras emergentes de lo que señalamos.
No es temerario afirmar que la vieja Doctrina de Seguridad Nacional del Terrorismo de Estado ha mutado a una política de Control Social, o “terrorismo impuro” en conceptos del compañero Alfredo Grande. En todo caso lo desafiante de la idea exige un esfuerzo intelectual: el mismo que llevó superar la teoría de los “excesos”, de los “resabios de la dictadura” y del “autogobierno” policial. En este sentido, la política represiva de la gestión que se ha denominado el “gobierno de los Derechos Humanos” representa más del 60% de los casi 5 mil casos de personas asesinadas por el aparato represivo de Estado en los últimos 32 años de gobiernos constitucionales.
Las modalidades de detenciones arbitrarias, el gatillo fácil, la tortura en sede policial y penitenciaria, la desaparición forzada de personas, la existencia de presos políticos, el espionaje y la represión en movilizaciones han sido moneda corriente y creciente en  la autodenominada “década ganada”. Esto porque pese a los reiterados discursos referidos a una “mayor inclusión”, subsiste una construcción de poder que no cuestiona en lo más mínimo las crudas cotidianeidades de la democracia representativa y la economía capitalistas, y en cambio se sirve de sus propios límites para profundizar las políticas de Control Social: saturar los barrios pobres de policías, llenar las cárceles de pobres con prisión preventiva como pena anticipada, vaciar las políticas sociales en salud y educación, pretender bajar edad imputabilidad como un fetiche del discurso de “inseguridad” y un largo etcétera.
La desaparición forzada de personas se define técnicamente como la “privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o  reconocer esa privación de libertad”.
Desde el caso del joven José Luis Franco, detenido por la policía santafecina en Rosario el 24 de diciembre de 1983 y cuyo cadáver apareció golpeado en un descampado; hasta el reciente caso de Gerardo Escobar, golpeado por patovicas y policías a la salida de un boliche en Rosario en agosto de 2015 y que apareció una semana después en las aguas del río Paraná, podemos afirmar que se han producido en Argentina al menos 212 casos de desaparición forzada de personas entre 1983 y 2015.
La continuidad de la práctica de desaparecer personas tras detenerlas se comprueba con el dato de que de los 210 casos que se registraron entre 1983 y 2015, el 40% se dieron en las tres gestiones del matrimonio Kirchner. Digno de su “Maldita Policía” que nunca dejó de actuar, la provincia de Buenos Aires registra más de un 70% de los casos.
El hecho que marca a fuego esta práctica perversa, y que une 40 años de continuidades del aparato de poder organizado para reprimir, es la segunda desaparición forzada de Lopez en septiembre de 2006, porque se trata de un sobreviviente del Genocidio expuesto como testigo en una causa de lesa humanidad que dio inicio al proceso de juzgamiento de los crímenes del Terror de Estado con renovada impunidad. Definen el caso el señalamiento de las organizaciones de DDHH a la propia Policía Bonaerense, el silencio del gobierno al respecto, pese a la gravedad material y simbólica que presenta, y la apertura de una nueva categoría: el ex detenido-desaparecido en dictadura, aparecido y vuelto a desaparecer en democracia.
Si en momentos de alto desarrollo de la conciencia popular y las luchas sociales la desaparición forzada se utilizaba especialmente como método de represión política de los oponentes, hoy vemos que los altos niveles de desigualdad y la continuidad de prácticas de control social hacen que las víctimas afectadas sean en su mayoría jóvenes pobres, con instrucción básica y sin empleo formal, que habitan las barriadas populares y son el “enemigo” creado en todas las políticas de gestión del delito.
En todo caso podemos afirmar que en el país de los 30 mil desaparecidos, y pese a estar tipificado en específico desde 2011, el Estado sigue negándose a investigar las desapariciones como tales, y en estos 32 años de democracia no ha habido un sólo funcionario estatal condenado por desaparición forzada de persona.
Ante este panorama, y con la experiencia de una década marcada por la cooptación, la obsecuencia y la institucionalización de las luchas, el desafío de las organizaciones de Derechos Humanos, y de todos aquellos que se suman a la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, sigue girando en torno a mantener la independencia política y económica del estado y los gobiernos para continuar denunciando. Sumado a ello se impone el desarrollo de un profundo trabajo de base en los territorios donde la represión golpea. A su vez se hace necesaria un proceso de debate y clarificación de la significancia de la represión como política de Estado, para poder dar proyección política a nuestros reclamos.
La puesta en la balanza de estos 13 años de juicios a los genocidas ha tenido tantos vaivenes como los alineamientos políticos de la última década. Muchas voces que destacan el abandono de aquel rol de garante de impunidad y olvido que por una década y media había mantenido el Poder Ejecutivo nacional, basan su convicción de la continuidad de los juicios en que la mayoría de la sociedad los apoya. Para nosotros, que no dejamos nunca de estar en las calles denunciando los crímenes de Estado de ayer y de hoy, estos nuevos 12 años están marcados por la segunda desaparición forzada de Lopez y el asesinato de Silvia Suppo, hechos sobre los que seguimos sin obtener respuesta y que cubrió con un manto de impunidad ese pretendido proceso de justicia.
Pero esta puesta en perspectiva histórica del Genocidio, y de las consecuencias de la tardanza de 30 años del Estado en iniciar el juzgamiento de aquellos crímenes, parece ser poca cosa frente a nuevas incertidumbres que se abren con la gestión de la derecha macrista, que ha dado sobradas muestras de que posee más apego por el emprolijamiento de la gestión para los grandes negocios que por los procesos de Memoria. A ello se suma la nueva avanzada de los voceros mediáticos pidiendo reconciliación impune y cuestionando los juicios como una revancha. En general, y siempre comparando lo que se ha avanzado con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario completar esta tarea sin concesiones ni titubeos. Eso se logrará sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que debemos imponer en la agenda al nuevo gobierno, sumando a este reclamo todas las luchas contra la impunidad de los crímenes de Estado en democracia.
Lo único claro es que todas aquellas organizaciones de Derechos Humanos independientes del Estado y los gobiernos, que luchamos tantos años por reabrir estos procesos y nos sumamos a la lucha antirrepresiva del presente, no cejaremos en el reclamo a partir del nuevo escenario político nacional. Debemos redoblar la presencia en las calles y avanzar con mayor claridad en nuestros planteos políticos sobre la impunidad de la represión de ayer y de hoy. La primera  prueba de ello será el 24 de marzo, cuando se estén cumpliendo 40 años de inicio de la dictadura. Y un primer balance lo tendremos en septiembre próximo, al cumplirse 10 años del segundo secuestro de Lopez.

 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡¡¡PRESENTES!!!
¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!



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martes, 15 de marzo de 2016

CHARLA DEBATE.

40 AÑOS DE REPRESIÓN ESTATAL. LAS VICTIMAS DE HOY!  

17/03 14 hs FTS UNLP aula12 



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lunes, 14 de marzo de 2016

CHARLA DEBATE



16 de Marzo 18hs. Facultad de Trabajo Social – Aula 8

TEMARIO:
Historia de la Multisectorial a sus 10 años.
A 40 años del golpe genocida y sus continuidades al día de hoy. 

A 40 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA, SEGUIMOS LUCHANDO! Contra la impunidad, el ajuste, la represión y el saqueo.

30.000 compañeros/as detenidos/as desaparecidos/as… PRESENTES!

MULTISECTORIAL La Plata, Berisso y Ensenada.

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viernes, 4 de marzo de 2016

La causa “Favero” a juicio oral

DANE Y PAULA PRESENTES!!!

Desde el próximo 7 de marzo se juzgarán las desapariciones de Daniel Omar Favero y su compañera María Paula Alvarez, secuestrados en junio de 1977 en el centro de La Plata. Están procesados Miguel Etchecolatz, Raúl Machuca, Julio Argüello y Fernando Svedas. El  jefe de la Brigada La Plata murió impune en el caso.

Por HIJOS La Plata (necesaria y urgente difusión…mínimo citar la fuente)



“¡Los dueños del poder por las armas
No tienen hombres,  sino corderos
Con un miedo feroz!
Sin causa, sin proyecto.
Y en la noche ilegal,
Mientras tanto,
Los hijos del pueblo se deslizan”
Poema de Daniel Favero

Los hechos
Daniel Omar Favero nació en La Plata el 30 de julio de 1957. Creció en un barrio de calle de tierra y zanja, y cursó sus estudios en la Escuela Nº8,  y luego del Colegio Nacional. Estudiaba letras en la facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, y era escritor y músico. Conocido como “Dane” para su familia y “Severino” por sus compañeros, militaba en la Juventud Universitaria Peronista y vivía con su compañera María Paula Alvarez en un departamento en la calle 57 entre 12 y 13.
Tenía 19 años cuando, el 24 de junio de 1977, una comisión policial de la Brigada de Investigaciones comandada por el policía Raúl Orlando Machuca se presentó en el departamento y los secuestró. Según una testigo, Daniel y Paula fueron sacados vivos. Machuca había tratado de secuestrar a Daniel previamente, su hermana Claudia fue secuestrada en febrero del ’77 y su hermano Luis en mayo del mismo año. Ambos  llevados a la Brigada de y torturados para obtener el paradero de Daniel. Daniel y Paula continúan desaparecidos.
Entre la copiosa prueba ya sumada en instrucción, se destacan  los hábeas Corpus presentados por la familia, los testimonios de vecinos que presenciaron el operativo, las actuaciones en el Juicio Por la Verdad, la actas de un sumario del Consejo de Guerra Especial Estable del Comando del Primer Cuerpo del Ejército del año ’77 instruido contra Daniel y Paula, por atentado y resistencia a la autoridad; y un sumario policial por las lesiones sufridas por el represor Argüello en el operativo.
El debate oral será la instancia para terminar de dilucidar la verdad  de los hechos, y dar definitivamente por tierra con  la teoría del enfrentamiento que los represores quisieron instalar desde un primer momento.
Los represores imputados en la causa no debutan en estas instancias. Como todos sabemos, Miguel Etchecolatz, Director General de Investigaciones de la Bonaerense de Camps, fue condenado a 7 años por la apropiación de Carmen Gallo Sanz, y a 3 perpetuas en los juicios de 2006, “Circuito Camps”  y “La Cacha”.  En tanto el jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Rubén Oscar Páez, murió impune en esta y otras causas en febrero de 2012, a los 76 años.
El resto de los integrantes de la Brigada procesados en esta causa recibió condenas en el denominado juicio “Circuito Camps” de 2012, por hechos de los CCD Brigada y Arana. Machuca, Argüello y Svedas recibieron perpetua por medio centenar de secuestros y tormentos, sumados a 8 homicidios y la retención de Mercedes Molina Galarza.
 
La causa
Tras 14 años de intrincado camino judicial, llega a juicio uno de los hechos emblemáticos de la represión del Terrorismo de Estado en La Plata. Si bien las investigaciones se iniciaron a fines de los ‘80 con la denuncia realizada por Luis Eugenio Favero, y varios familiares declararon en el ‘99 en el Juicio Por la Verdad de La Plata, pasó mucho tiempo hasta que el expediente comenzó a prosperar. La causa se inició en 2002 con la denuncia del Fiscal Félix Crous y los fiscales Molina y Dulau Dumm, que acusaron por los hechos a Rubén Páez, jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y a sus subordinados Raúl Machuca, Julio Argüello y Mario Sita. Pero allí empezó el arduo derrotero del expediente: el Juzgado Nº3 platense se declaró incompetente y giró la causa a la Cámara de Apelaciones de la CABA, entendiendo que debía investigarse como parte de los crímenes cometidos por el Comando del Primer Cuerpo del Ejército. Los fiscales se opusieron argumentando que pautas utilitarias hacían recomendable que la pesquisa se hiciera en La Plata, donde se juzga (siempre a paso cansino) la estructura represiva del denominado “Circuito Camps”. Recién en 2006 el Juzgado 3 platense aceptó su competencia y recibió el expediente, pero en pocos meses quedó firme su declinatoria anterior, con lo cual la causa volvió a la Cámara porteña como expediente anexo en la causa “Suárez Mason”. Con oposición del fiscal porteño Delgado y con los abogados de los represores aprovechando la reyerta entre jurisdicciones, recién en 2008 se saldó la cuestión con un fallo de la Sala I de la Cámara porteña que devolvió la causa al Juzgado Federal Nº3 de CABA. En diciembre de 2009 el juez Daniel Rafecas procesó con preventiva  a Etchecolatz, Páez, Machuca y Argüello por la privación de la libertad de Daniel y Paula.
En julio de 2010 la Sala I de la Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento de Etchecolatz, Páez y Argüello, y decretó la falta de mérito con relación a Machuca, que de todas formas continuaba excarcelado. Por entonces, los jueces Ballestero y Farah consideraron que las pruebas para vincular a Machuca “se aprecian insuficientes”. Todo esto pese a la estampa de su firma en el acta que dio inicio a un Consejo de Guerra que se llevó adelante contra los detenidos, y pese a las declaraciones de familiares, que habían sido detenidos meses antes del hecho investigado y que habían mencionado a Machuca al mando de la patota que irrumpió en la casa de la familia.
Sin embargo, y ante apelación de la Secretaría de DDHH de Nación, en diciembre de 2013 Sala IV de la Cámara Federal de Casación revocó aquella medida y confirmó su procesamiento. Los jueces Hornos, Gemignani y Borinsky  dijeron que la desvinculación de Machuca de la causa era prematura habiendo constancias que lo ubican en el lugar del hecho con total certeza.
Además, en 2012 Casación había confirmado el procesamiento de Fernando Svedas, dictado en octubre de 2011.
Tras este derrotero en el fuero penal porteño, finalmente la causa irá a juicio en La Plata, de donde nunca debería haber salido.

El efecto Etchecolatz
El juicio en la causa “Favero” será el primero de una etapa que hemos denominado “efecto Etchecolatz” y que generó el apartamiento del presidente del Tribunal Oral 1 de casi todas las causas de Lesa Humanidad de la jurisdicción. Recordamos que  en abril de 2015, el juez Carlos Rozansky denunció que recibió intimidaciones graves contra él y sus colaboradores en llamados telefónicos, mensajes de voz en los celulares, correos electrónicos y cartas, respuesta a la sentencia del juicio por el CCD “La Cacha” a fines de 2014. Y si bien el magistrado ya había sido blanco de intimidaciones en el juicio a Etchecolatz y Circuito Camps, esta vez realizó la denuncia en el Juzgado 1, por entender que había “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios”.
Con una investigación penal de por medio, y un civil detenido vinculado a Etchecolatz, esta campaña de amenazas causó que Rozansky, se excusara de participar en todas las causas en las que esté procesado Etchecolatz y que lleguen a sus manos para realizar los juicios orales. Esto, que en principio podría ser producto de una pretendida garantía de imparcialidad para poder avanzar sin nulidades en los juicios y en la investigación de las amenazas, tiene graves consecuencias. La pulseada comienza ganarla Etchecolatz, símbolo de la represión en nuestra zona, que de alguna manera le torció el brazo a uno de los jueces más prolijos de toda la justicia Federal de nuestro país.
El nuevo TOF1 se compondrá con los jueces Cesar Álvarez, Germán Castelli y se agrega Roberto Lemos Arias, procedente de la Sala I de la Cámara Federal platense.
Así las cosas, el “efecto Etchecolatz” se repetirá y seguirá creciendo, si tenemos en cuenta que luego del juicio a la Fuerza de Tareas 5, el ex Director de Investigaciones dela bonaerense está imputado en todas las causas grandes elevadas o a elevar, como las referidas al Pozo Banfield y de Quilmes, a la Brigada de Investigaciones de San Justo, a la residual de Comisaría 5ta-Arana-Brigada de La Plata y en este caso en la causa “Favero”. Sólo está excluido en las causas por los crímenes de la CNU y por el CCD de Infantería de 1 y 60. Así, el desempeño de un tribunal que comenzó su tarea condenando a Etchecolatz por Genocidio en 2006, comienza a desdibujarse en el potencial rol de nuevos magistrados más permeables a los planteos de los defensores de los genocidas, como el otorgamiento de domiciliarias, la existencia de atenuantes a la hora de dictar condenas o las “dudas razonables” para sobreseer a probados asesinos. Sin lugar a dudas esto afectará el futuro de los juicios contra los genocidas en La Plata, que ya viene siendo fragmentario y tardío. Las 15 causas próximas a juicio incluyen un total de 41 procesados que no han sido juzgados previamente y otras 32 que sí, un total de 73 represores para uno de las zonas más castigadas por la represión del Terrorismo de Estado en el país. Pero además, La Plata es la jurisdicción donde mayor cantidad de represores murieron impunes antes de llegar a juicio: 22 imputados. Para quien quiera verla en su crudeza o bien disfrazarla de Justicia, esta es la realidad de los juicios a los genocidas en nuestra ciudad.
Finalmente se empieza a hacer carne aquella sentencia espetada por Etchecolatz en el rostro del TOF 1 en 2006 antes de que lo sentencien: “No es este tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan”.


Las audiencias comienzan el lunes 7 de marzo a las 10hs en la sede del TOF1 de La Plata, 4 entre 51 y 53. Son públicas y para presenciarlas sólo es requisito ser mayor de edad y concurrir con DNI.
El miércoles 9 de marzo darán su testimonio Claudia Favero, Miguel Carnabali y otros.


HIJOS La Plata
Marzo de 2016

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viernes, 26 de febrero de 2016

24 DE MARZO - A 40 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA


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