SALIO "LA JUSTICIA A CUENTAGOTAS". Conseguilo en: "Dardo Rocha" (6 e/48y49) * "Ulpiano" (48 e/12y13) * "Espacio Jurídico" (Talcahuano nº487 BsAs) * O pedilo por correo a hijoslaplata@gmial.com

viernes, 10 de junio de 2016

Busquen al prófugo Gerez ya!

Causa Andrés Nuñez

Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil exigimos a la justicia una estrategia real de búsqueda y detención del ex Oficial Inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Pablo Martín Gerez, imputado y prófugo desde hace más de 25 años en la causa por el secuestro, torturas, asesinato y ocultamiento del cuerpo de Andrés Nuñez por agentes de la Brigada de Investigaciones de La Plata, hecho ocurrido el 27 de septiembre de 1990.
Asimismo exigimos la pronta realización del juicio oral y público al comisario Luis Raúl Ponce, detenido en la misma causa hace mas de 3 años, tras dos décadas de estar prófugo, y sin que se haya realizado hasta hoy el debate oral correspondiente.


Pablo Martín Gerez, DNI 14.907.946, fue oficial inspector de la Brigada de La Plata, y como tal comandó el grupo operativo que en septiembre de 1990 secuestró, torturó y desapareció a Andrés Nuñez de su casa de Villa Elisa. Oriundo de General Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario Mario “Chorizo” Rodriguez, proveer el campo de aquella localidad donde descuartizaron, quemaron y enterraron a Andrés, y que era custodiado por un primo suyo.
La familia de Andrés ha aportado información sobre la familia de este criminal, ha pedido reiteradamente que el Estado se haga cargo de su responsabilidad para detener a este peligroso criminal y ponga a disposición herramientas para una investigación seria.
En una fenomenal tomada de pelo, en 2009 una abogada se presentó en la causa a nombre de Gerez que, aún prófugo, reclamaba la prescripción de la imputación y firmaba de puño y letra el recurso. Ocupada en otros urgentes menesteres, ninguna estructura de inteligencia policial ni judicial tiró de esa piola para ubicar a Gerez.
El ministerio de Seguridad de la provincia ha demostrado en estos años su real interés en la causa.
En 2005, mediante Resolución N°1620 ofreció de 20 a 50 mil pesos a quien aporte información para localizar a Gerez. En la sección “Búsqueda de personas” de la página del Ministerio no se actualizan los datos de la causa Nuñez desde hace 15 años, y aparece como instructor de la causa el juez Horacio Nardo, ya jubilado. (http://www.sistemas.mseg.gba.gov.ar/profugos/mostrarProfugo.aspx?idProfugo=72&tipo=2)
(http://www.mseg.gba.gov.ar/migra/Recompensas/Profugos%202005/gerez%20pablo%20martin.html)
Los muchachos del Ministerio también separan a los “ex policías” de los civiles, y dividen los casos por el delito imputado. Curiosamente, en la sección de “ex policías” no hay prófugos por torturas o apremios ilegales. Hacen aparecer a todos como prófugos por “violaciones a los DD.HH.”, “robo-extorsión” y “asociación ilícita-encubrimiento”. A Gerez lo ubican como prófugo por “homicidio”, al igual que lo hicieron durante años con Dos Santos, Gonzalez y Ponce, y pese a que la causa Nuñez en instrucción y en el juicio en que se condenó a Dos Santos y Gonzalez en 2010, y que tiene en espera de juicio a Ponce, es por torturas seguidas de muerte. (http://www.sistemas.mseg.gba.gov.ar/profugos/index.aspx?idDelito=5)
Desde la familia de Andrés estamos pidiendo que se incluya a Gerez en el programa “Buscar” del Ministerio de Justicia de la Nación, que se presenta como “de coordinación para la búsqueda de personas ordenadas por la Justicia” e incluye a prófugos en causas por crímenes de lesa humanidad, personas que hubiesen sido víctimas del delito de sustracción de menores en el marco del Terrorismo de Estado, y, como en el presente caso, personas que hubiesen tomado parte en la comisión de delitos que, por su gravedad o complejidad, justifiquen la recompensa para el suministro de información. (http://www.jus.gob.ar/la-justicia-argentina/programa-buscar.aspx)
La tardanza del Estado en llevar a juicio a estos criminales sólo genera más impunidad.
En marzo pasado murió impune el juez Amilcar Benigno Vara, destituido en jury en 1998 por su complicidad en el ocultamiento de la verdad en 27 casos de gatillo fácil y torturas durante la década del '90. Vara fue juez y parte en la causa Nuñez: fue el primer instructor del expediente, para ocultar la fuga de los responsables, a la vez que uno de los testigos del expediente mencionó que en la noche del crimen el juez se habría presentado en la Brigada de La Plata y había recomendado desaparecer el cuerpo torturado y sin vida de Andrés.
El juicio a Ponce, que tenía fecha para diciembre de 2013 y fue pospuesto, era la oportunidad de ampliar esa acusación y detener a Vara por este crimen. Y si bien eso no podrá ser, entendemos que están superadas todas las trabas dilatorias de la defensa de estos policías asesinos, y que no hay más excusas para llevar a Ponce a juicio ya mismo. Mucho más teniendo en cuenta que la Suprema Corte bonaerense ya se ha pronunciado ampliamente sobre la pretendida prescripción de este tipo de delitos. En mayo de 2013 el máximo tribunal de la provincia resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 4 policías responsables del asesinato y ocultamiento del cuerpo de Andrés. La Suprema Corte ordenó seguir investigando el caso al entender que se está ante una "grave violación de los derechos humanos con aptitud para comprometer la responsabilidad internacional del Estado". A su vez, en voto de marzo de 2014, el máximo tribunal provincial desechó los planteos de prescripción de la defensa de los imputados Ponce y Gerez y opinó que la gravedad del delito endilgado “impone extremar la diligencia judicial en procura de la identificación y sanción de sus responsables”.
Pese a los gobiernos que dicen defender los Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad han asesinado en todo el país desde 1983 a más de 4.600 personas con el gatillo fácil, las torturas y el fusilamiento público. La Bonaerense es denunciada por más de 1.200 casos mensuales de aplicación de tormentos en sedes policiales. Y hay más de 210 casos de desaparición forzada vinculada a motivos sociales y políticos registrados en las últimas 3 décadas.
Andrés Alberto Nuñez fue secuestrado en su domicilio la madrugada del 28 de septiembre de 1990 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, Estancia El Roble, donde lo incineraron sobre una chapa dentro de un tanque australiano en desuso. El caso de Andrés fue símbolo de la continuidad de las prácticas represivas con que la Policía bonaerense de la dictadura siguió actuando durante la gestión de Eduardo Duhalde, Alberto Piotti y Pedro Klodzyck en los ’90, y que hoy nos sigue asesinando con el gatillo fácil a un pibe de los barrios populares cada 26 horas.
En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos y Alfredo Gonzalez fueron condenados a perpetua por las torturas seguidas de la muerte de Andrés, sentencia confirmada en agosto de 2012.

GEREZ NOS TOMA EL PELO 

Por todo esto, la lucha por justicia en el caso de Andrés no está concluida.

*JUICIO Y CASTIGO A PONCE, GEREZ Y TODOS LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE ANDRÉS NUÑEZ. 
* EL PASO DEL TIEMPO SÓLO GENERA IMPUNIDAD. BASTA DE RETRASOS. 
*BASTA DE MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS. 
*BASTA DE NUEVOS DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA. 

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FACIL.
Familiares y amigxs de Omar Cigarán-Mauricio Andrada-Andrés Nuñez,
COB La Brecha, Colectivo Piedra Papel y Tijera, Correpi La Plata, Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional, HIJOS La Plata, Juventud Guevarista, La Retaguardia, Patria Grande, Surcos.

Facebook - Colectivo Contra el Gatillo Fácil
colec.cegf@gmail.com

Columna del Colectivo en “De Mañana es Mejor” por Radionauta FM -
Mirna Gomez y Julio de HIJOS hablando sobre el tema.
https://archive.org/details/160608DeMananaEsMejor499GatiloFacil

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miércoles, 1 de junio de 2016

Fuera el cómplice Juan Carlos Marín del gremio del estado.

ACA ESTAN LAS PRUEBAS
Por HIJOS La Plata


Desde HIJOS La Plata seguimos exigiendo al Congreso Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la expulsión del gremio de Juan Carlos Marín, mencionado como cómplice del Genocidio en las declaraciones de varios sobrevivientes. Los testimonios se escucharon en el juicio realizado en 2015 en La Plata, donde se juzgó el accionar de la Armada y Prefectura a través de la Fuerza de Tareas Nº5 (http://juicioft5.blogspot.com.ar/) en la zona fabril de Ensenada, Berisso y La Plata. Los ex detenidos lo sindicaron como colaborador activo de los genocidas y entregador de compañeros mientras desempeñó el cargo de Secretario General de ATE Ensenada durante la última dictadura.
A más de 40 años del golpe genocida es sabido que si bien los asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones en el radio de la FT5 fueron llevados a cabo en su gran mayoría por personal de Armada y Prefectura, no fueron ajenos a manera de instigadores, entregadores y participes necesarios la burocracia sindical, los directivos de empresas, así como miembros del Poder Judicial, convirtiendo a las FFAA y de Seguridad en los sicarios que a través del terror, por un lado eliminara físicamente a todo aquel que se oponía a sus planes y por otro aleccionara al conjunto de la sociedad con el fin de paralizar toda reacción a esa política de terror, hambre y represión.
La complicidad con el Terrorismo de Estado de las cúpulas sindicales y de los directorios de las empresas de la zona de Río Santiago, fue palmaria en el transcurso de las audiencias del juicio a la FT5. Pero esa persecución empezó mucho antes del golpe, como lo prueba la gran cantidad de material sobre el Astillero y sobre las distintas fábricas de la región que posee la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (DIPPBA), así como los secuestros y asesinatos selectivos realizados meses antes del golpe, fueron llevados a cabo por la triple A, al mando de José López Rega, Ministro de Bienestar Social durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón.
Así lo demuestran los casos del “Pato” Noriega, operario del ARS asesinado en su casa el 11 de diciembre de 1975, y de los delegados de Propulsora Siderúrgica Salvador Delaturi y Carlos Scafide, asesinados el 13 de enero de 1976 por encargo de la UOM, y cuyos cuerpos aparecen dinamitados en Ignacio Correa luego de que la coordinadora de gremios en lucha convoque a un paro regional. También lo demuestran los secuestros y asesinatos de los trabajadores del Astillero Fortunato Andreucci, Pedro Gutzos y José Luis Lucero, ocurridos el 19 de marzo de 1976, y que son la prueba fehaciente de que los servicios de inteligencia se encontraban dentro de las fábricas y contaban con la complicidad de los directivos y de la burocracia sindical.
Varios testigos y sobrevivientes han dado detalles concretos en el juicio de esta complicidad que señalamos. Ante las afrentas de quienes dicen que “no hay prueba suficiente” para cuestionar a Marín, les recordamos que:

En el juicio “FT5” y a la pregunta sobre el rol del gremio del estado ante su detención, la trabajadora del Astillero Ana María Nievas fue muy clara: “El jefe de seguridad vino con el secretario de ATE, que era Juan Carlos Marín y me acusaron de montonera. El sindicato y la empresa entregó nombres de los trabajadores”. El 13 de enero de 1976 asesinaron a su cuñado, Juan Carlos Scafide, y al “Pampa” Delaturi. Al respecto, Nievas dijo: “Mi cuñado era un gran delegado que había sido amenazado por (Rubén) Diéguez” (Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica La Plata). Nievas, junto con su hermana, fue forzada al exilio. Cuando volvió de Italia fue al Astillero y la echaron. Pidió un certificado que conste que había trabajado, puesto que la empresa la había despedido por “abandono de trabajo”. Después de 31 años, en 2006, fue reincorporada, junto a 14 compañeros. Hoy es otra vez trabajadora de Astillero Río Santiago. Tiene 71 años, pero a pesar de su edad, no le reconocen los aportes para poder jubilarse.

Américo Piccinini, trabajador del ARS, sumó más datos al rol de la conducción de ATE Ensenada en los años de dictadura. Dijo que “nunca hicieron nada para defendernos” y que “señalaron a los compañeros como activistas”. Contó que la conducción del gremio, a cargo de Juan Carlos Marín y su patota, andaban armados, y recordó a un personaje llamado “El Negro” Llanos, que amedrentaba a los delegados combativos con el revólver en la cintura. Fue tajante al señalar que si no fueron cómplices “¿Por qué no se llevaron preso a uno solo del sindicato?”.
Piccinini también señaló que el Estado nunca le dio la reparación histórica ni laboral por haber sido despedido estando secuestrado, y que recién fue reincorporado al Astillero en 2006, junto a otros 12 compañeros. Pese a ello, nunca le reconocieron los años de trabajo y, aún hoy, un grupo de 26 trabajadores está reclamando ese reconocimiento para poder jubilarse.

Mario Peláez, trabajador del Astillero, dijo en este juicio que el secretario general de ATE Ensenada los denunció a él y a otros compañeros ante la policía de Ensenada. Contó cómo la burocracia sindical de ATE, aliada del gobierno nacional de Isabel de Perón, se oponía a la organización de los trabajadores que exigían el cumplimiento de sus derechos. Pelaez relató que en una ocasión se tenía previsto que la presidenta Martínez de Perón visitara el predio de Astillero en ocasión de la botadura de un barco, pero la oposición de los trabajadores provocó la suspensión de esa visita. Y que a partir de hechos como ése, los obreros combativos eran mal vistos por el sindicato. Contó, además, que Juan Carlos Marín era secretario general de ATE en ese momento, persona que actualmente, sigue en funciones en jubilados de ATE Ensenada, recientemente elegido. En la audiencia acusó de cómplices a la conducción de ATE, y reclamó al Gobierno Provincial y al Estado Nacional, que todavía no le reconocen los aportes para su jubilación, al igual que a muchos compañeros.

Pedro Niselsky, también trabajador del Astillero, relató en la audiencia que un día después de su secuestro, su señora recibió un telegrama de ARS comunicando su despido. Luego sería reincorporado en el 2006. Acusó al sindicato y a la dirección de Astillero Río Santiago por haberlo despedido y colaborado. Actualmente le niegan su jubilación.

Luis María Di Gaetano, operario de Astillero, dijo que los marinos tenían un listado de trabajadores muy posiblemente entregado por la propia empresa. Afirmó que el sindicato no hizo nada por ayudar a los trabajadores secuestrados ni a sus familias, y que en cambio tenían “fichado” a todo el personal en cuanto a sus adscripciones políticas.

Luis Córdoba, reseñó que trabajaba en la sección de alistamiento eléctrico en Astillero y había sido electo delegado de la línea combativa en el '75. Le habían ganado a la burocracia de ATE Ensenada, conducida por Juan Carlos Marín, las elecciones de paritarios para discutir los Convenios Colectivos de Trabajo. Por entonces, ya venía sufriendo amenazas de parte de la conducción del gremio: “Me ponían papeles en la caja de herramientas que decían “borráte porque sos boleta”. Describió a las patotas armadas del gremio como “verdaderas bandas”.

Silvina Arias, hija de Diego Arias, trabajador de Astillero, despedido en marzo del '76 y secuestrado cuatro meses más tarde y asesinado en el denominado operativo “5x1”, dijo en el debate que la tarde previa al secuestro de su padre, él había estado hablando con un amigo y compañero del Astillero y le había dicho “nos vamos a tener que ir”. Ya sabían de la suerte que habían corrido otros compañeros y amigos como Peláez y Gutzo y que el sindicato ATE Ensenada estaba entregando listas a la Marina.

Mariela Sander, hija de Luciano Sander, delegado en Astillero entre los años '69 y '72, también asesinado en el denominado operativo “5x1”, relató además que tras el secuestro de Ana Nievas en marzo del '76, su padre había ido a ver a Juan Horvart, secretario general de ATE nacional y además padrino de uno de sus hijos. Horvat le dijo “Andáte, no te puedo ayudar”. Cuatro meses más tarde fue secuestrado y asesinado.

Dionisio Puz, trabajador y delegado combativo del Astillero, dijo que habían tenido un conflicto gremial y la empresa decidió cerrar las puertas cuando estaban de paro. Afirmó que “con la dirección de Astillero, y el gremio y las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo” y agregó que ATE Ensenada “colaboró muchísimo con las listas negras para que nos detuvieran a nosotros” por lo cual señaló a la conducción como colaboradores.
Del sindicato recordó a varios representantes, como Nilo Bergeonneau (Bergenó), Morales y Marín. Confirmó el hecho en que antes del golpe, Marín fue a la comisaría donde estaba detenida Ana Nievas y la acusó de “montonera” frente a la policía. Relató que en otra ocasión el grupo de los delegados combativos fue sacado con armas del sindicato por la conducción burocrática, cuando estaban redactando un borrador del Convenio Colectivo que hoy está vigente.

Ante todo esto, nos preguntamos por qué la conducción de ATE Ensenada sigue sosteniendo a personajes como Marín. Como lo hizo hace dos semanas en la asamblea anual de memoria y balance donde, en una actitud vergonzosa se decidió, no solo no expulsarlo ni apartarlo del cargo, sino que se dispuso llevar el apoyo y respaldo de la seccional al Congreso Nacional de la asociación, expresando que no cuentan con pruebas suficientes en contra del “compañero Marín” y hasta tanto la justicia no se expida seguirán manteniéndolo en el cargo. En consecuencia, los sobrevivientes del Genocidio jubilados en la actualidad tienen como vicepresidente de su centro de jubilados a la persona que los entregó.
Con su ambigua posición ATE Ensenada pone en duda las declaraciones de los sobrevivientes realizadas en el juicio bajo juramento de verdad, donde se dio testimonio del accionar de la conducción gremial y los directivos de la fábricas en la dictadura, de la existencia de listas negras, de la inacción del gremio ante los despidos masivos, ante los secuestros, asesinatos y desapariciones de trabajadores en su mayoría pertenecientes a listas opositoras a la oficialista Azul y Blanca.
Nosotros afirmamos que es gracias a las palabras de los sobrevivientes, de los familiares, de los vecinos, de sus declaraciones que se pueden llevar adelante los juicios y lograr las condenas a los genocidas. Al igual que hizo el Estado cómplice durante décadas, ATE Ensenada nos piden más pruebas a nosotros, cuando en realidad son ellos como gremio los que deberían aportar toda la información que poseen, adoptar un rol activo frente a los juicios y exigirle al Estado que entregue los archivos de la dictadura y las pruebas que ellos si poseen.
Por eso les decimos que poner en duda la palabra de las víctimas es garantizar la impunidad de los genocidas, y eso es lo que está haciendo ATE Ensenada.
Por todo esto exigimos a la conducción nacional del gremio un poco de coherencia.
Tanto el Estatuto de ATE como el Reglamento del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados incluyen un régimen disciplinario que contempla sanciones de suspensión del gremio “por irregularidades en el desempeño de sus funciones como directivo o afiliado”, “por encontrarse privado de su libertad en razón de orden judicial dispuesta en proceso que le siga por delito cometido en perjuicio de una asociación sindical” (Artículo 11); así como de expulsión “por haber sido condenado por la comisión de delito en perjuicio de una asociación sindical” o “haber incurrido en actos susceptibles de acarrear graves perjuicios a la asociación sindical o haber provocado desordenes graves en su seno”. (Artículo 13).
Aquí están las pruebas. La expulsión es facultad privativa de la Asamblea, Congreso Provincial, Consejo Federal o Congreso Nacional. La conducción del gremio sabrá lo que debe resolver.

REPUDIAMOS LA DECISIÓN DE ATE ENSENADA DE RESPALDAR CÓMPLICES DEL GENOCIDIO.

EXIGIMOS AL CONGRESO NACIONAL DE ATE LA EXPULSION DE JUAN CARLOS MARÍN.

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viernes, 13 de mayo de 2016

INSISTIMOS: FUERA EL CÓMPLICE MARÍN DEL GREMIO DEL ESTADO


Desde HIJOS LA PLATA exigimos al Congreso Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la expulsión del gremio de Juan Carlos Marín, mencionado como cómplice del Genocidio en las declaraciones de varios sobrevivientes. Los testimonios se escucharon en el juicio realizado en 2015 en La Plata, donde se juzgó el accionar de la Armada y Prefectura a través de la Fuerza de Tareas Nº5 en la zona fabril de Ensenada, Berisso y La Plata. Los ex detenidos lo sindicaron como colaborador activo de los genocidas y entregador de compañeros mientras desempeñó el cargo de Secretario General de ATE Ensenada durante la última dictadura.
Este personaje continuó afincado en el gremio hasta la actualidad, y ocupó el cargo de Secretario de Finanzas del centro nacional de jubilados y pensionados hasta octubre de 2015, cuando ATE Nación decidió apartarlo preventivamente del cargo y sólo ante el pedido del espacio Justicia Ya La Plata por los gravísimos hechos que se le imputan. Pero ATE Ensenada lo sigue cubriendo.
Recordamos que el fallo del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata en la causa por los crímenes de la FT5, en el que se condenó a 8 represores como coautores del delito de Genocidio, también ordenó instruir nuevos procesos para investigar “a todos los funcionarios de los sindicatos que tenían representación de los trabajadores al momento de los hechos, por la posible comisión de delitos de acción pública”. Además de los jerarcas de la UOM, el SUPE y el Sindicato de la Carne, Marín figura entre los burócratas que deberán responder por su posible accionar como cómplice de la persecución, los secuestros, torturas y desapariciones sufridas por decenas de trabajadores combativos de las empresas estatales de Ensenada.
Pero la conducción local del gremio lo sigue sosteniendo. Lo hizo pese a las denuncias realizadas por un grupo de compañeros de la agrupación Marrón del Astillero Rio Santiago, cuando fue candidato a Vicepresidente del centro de jubilados y pensionados de ATE Ensenada por la lista Blanca, en las elecciones de septiembre de 2015 en las que resultó ganador. Y lo volvió a hacer pese a conocerse el fallo de la justicia que reconoce la veracidad de las denuncias en su contra. La semana pasada en la seccional de ATE Ensenada se realizó la asamblea anual de memoria y balance, y allí los compañeros volvieron a plantear la expulsión de Marín del gremio.
En una actitud vergonzosa se decidió, no solo no expulsarlo ni apartarlo del cargo, sino que se dispuso llevar el apoyo y respaldo de la seccional al Congreso Nacional de la asociación, expresando que no cuentan con pruebas suficientes en contra del “compañero Marín” y hasta tanto la justicia no se expida seguirán manteniéndolo en el cargo. En consecuencia, los sobrevivientes del Genocidio jubilados en la actualidad tienen como vicepresidente de su centro de jubilados a la persona que los entregó. 
Con su ambigua posición ATE Ensenada pone en duda las declaraciones de los sobrevivientes realizadas en el juicio bajo juramento de verdad, donde se dio testimonio del accionar de la conducción gremial y los directivos de la fábricas en la dictadura, de la existencia de listas negras, de la inacción del gremio ante los despidos masivos, ante los  secuestros, asesinatos y desapariciones de trabajadores en su mayoría pertenecientes a listas opositoras a la oficialista Azul y Blanca. Desconocen también la declaración de dos testigos que mencionaron puntualmente ante la justicia que en la dictadura Marín, junto con el jefe de seguridad del Astillero, los identificó en la comisaría de Ensenada ante la policía y los señaló como “montoneros”.
Poner en duda a las víctimas es  una estrategia utilizada históricamente por los represores y sus cómplices: desde el “algo habrán hecho”, pasando por el “estarán en Europa”, al “no fueron 30.000”, y hasta el más reciente “debe estar en casa de la tía”, como en el caso de Jorge Julio López.
Nosotros afirmamos que es gracias a las palabras de los sobrevivientes, de los familiares, de los vecinos, de  sus declaraciones que se pueden llevar adelante los juicios y lograr las condenas a los genocidas. Al igual que hizo el Estado cómplice durante décadas, ATE Ensenada nos piden más pruebas a nosotros, cuando en realidad son ellos como gremio los que deberían aportar toda la información que poseen, adoptar un rol activo frente a los juicios y exigirle al Estado que entregue los archivos de la dictadura y las pruebas que ellos si poseen.
Por eso les decimos que poner en duda la palabra de las victimas es garantizar la impunidad de los genocidas, y eso es lo que está haciendo ATE Ensenada.
Por todo esto exigimos a la conducción nacional del gremio un poco de coherencia.

REPUDIAMOS LA DECISIÓN DE ATE ENSENADA DE RESPALDAR CÓMPLICES DEL GENOCIDIO.

EXIGIMOS AL CONGRESO NACIONAL DE ATE LA EXPULSION DE JUAN CARLOS MARÍN.

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lunes, 21 de marzo de 2016

40 AÑOS DE IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE ESTADO


“El Estado de Derecho tiene
el rostro amable del Estado Benefactor
y el rostro siniestro del Estado Terrorista”.
Alfredo Grande – Terrorismo Puro –
Agencia Pelota de Trapo. 15/1/2015


A 40 años de golpe genocida seguimos luchando contra la impunidad, contra el saqueo, contra el ajuste y contra la represión.
Salimos a la calle para reivindicar la memoria de lucha de los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, de los exiliados, de los ex presos y de toda una generación de militantes que luchaban por la revolución social. Los compañeros y compañeras que dejaron su vida por un país sin explotadores ni explotados, y que se plantaron frente a la prepotencia del poder con un proyecto de emancipación anticapitalista, anti- imperialista y revolucionario que aún nos falta concretar.
Durante todo el siglo XX, en nuestro país los golpes de Estado han significado una profunda recomposición de la estructura económica, política y social dirigida por las clases dominantes hacia el disciplinamiento de los sectores populares. La última dictadura fue la expresión más drástica y definitiva de la represión planificada, racional y organizada del exterminio. El “Plan Sistemático” que aplicaron las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que se ha probado judicialmente como un Genocidio, tuvo un objetivo claro: aniquilar a las organizaciones político militares, pero también a las sindicales combativas y sociales con trabajo territorial transformador.
Al cumplirse 40 años de la implantación abierta del Terrorismo de Estado, con sus antecedentes directos en la Masacre de Trelew,  las bandas fascistas de Perón y López Rega y el Operativo Independencia, los crímenes cometidos desde el aparato represivo de Estado continúan en su mayoría impunes y se han reconvertido en una extendida dinámica de Control Social para mantener el esquema de grandes negocios instaurado con el Genocidio.

LOS JUICIOS
Tras los juicios en las causas 13 y 44, popularmente llamado “Juicio a las Juntas”, la actitud del Estado frente a aquellos graves delitos fue de sostenimiento pactado de la impunidad por 16 años. El proceso de reapertura de las causas a los genocidas, que comenzó en 2003 con la anulación de las leyes de impunidad por la lucha del pueblo  no se consolidó jurídicamente hasta 2005, recién arrancó su marcha en 2006 con los juicios a Miguel Etchecolatz en La Plata y Julio Simón en CABA.
Desde entonces a esta parte el Estado argentino sólo efectivizó 155 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 155 juicios hubo 895 procesamientos, y como resultado se dictaron 806 condenas sobre 650 represores, 77  absueltos y 9 muertos impunes mientras duraba el proceso y 3 apartados durante el juicio, por un universo de 4.040 víctimas. Esto quiere decir que en 13 años alrededor del 42% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 31% de aquel número de procesados fue condenado. Es interesante aquí plantear que habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 13 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los 250 procesados que fallecieron en este lapso) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.
Además, si seguimos tomando como referencia los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 650 condenados siguen representando, a más de una década de anuladas las leyes de impunidad, un poco más de 1 represor condenado por cada CCD. Para completar el cuadro, el 40% de los procesados y condenados goza del beneficio de la detención domiciliaria, y hay menos de 150 represores con condena firme, es decir confirmada por los tribunales superiores del país, siendo que en muchos casos eso define si se los aloja en cárcel común o en sus casas. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes.
Si tomamos los últimos 5 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento tuvo un pico en 2012 y desde entonces viene decreciendo tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. No se ha podido mantener aquel tope de dos decenas y media de juicios con un centenar y medio de condenas cada año. Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 4 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores.
Poco se ha avanzado también en lo que respecta al período represivo previo al golpe, a las complicidades civiles (empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical) y a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos, mientras quedan casi 400 casos de restitución de identidad por resolver. Y si bien se ha comenzado a desandar años de impunidad es en la comisión de delitos sexuales como parte del plan represivo, los jueces se siguen resistiendo a concebirlos como un delito autónomo al de tormentos y falta mucho para lograr imponer un criterio amplio de violencia sexual, que no se reduzca solo a las violaciones o  abusos, sino también la exposición a la desnudez, los insultos y todo lo que implicaba ser objeto de cosificación dentro del CCD.

LA EXPERIENCIA EN LA PLATA
Para La Plata el año 2015 sumó 8 condenas en el juicio por la estructura represiva de la Armada y Prefectura en nuestra zona, conocido como “Fuerza de Tareas 5”. Pero el juicio siguió marcando el clásico desgüace de las causas. Tras tener 10 años la causa en sus manos, la justicia sólo procesó a un puñado de marinos y prefectos de la cadena de mandos. Varios sobrevivientes, que hacía años habían aportado su testimonio a la causa, así como víctimas de secuestro y homicidio cuyos familiares fueron convocados al juicio no fueron tenidos en cuenta en el proceso. Muchos de esos casos fueron incluidos al final del debate por la intervención de nuestra querella de Justicia Ya y sin el acompañamiento de la fiscalía. Y antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 represores: el prefecto Tomás Méndez y el segundo comandante del BIM3 Antonio Mocellini.
Una vez más, sólo a través del pedido de nuestra querella de Justicia Ya, se logró poner las cosas en su preciso lugar: por primera vez en estos juicios logramos las condenas de los represores como co-autores del delito internacional de Genocidio. Porque si bien en otros fallos la sentencias marcaron que estos delitos se habían cometido en el “marco de un genocidio” que si bien fue un avance no definía que quienes habían sido los autores de estas atrocidades eran los responsables directos del genocidio, luego y más cercano en el tiempo logramos las condenas como “complicidad en el genocidio”, la complicidad, a nuestro entender, tampoco marcaba claramente al genocida, todos lo habían ayudado pero específicamente ninguno era genocida. De ahí que consideramos a este fallo que ubica claramente a este grupo como parte de los GENOCIDAS responsables con participación activa y directa en el genocidio.
Quedó también en evidencia con este juicio el rol activo en la represión de los directorios de las empresas más importantes, la complicidad de la burocracia sindical y la desidia sobre los lugares utilizados por la Armada y prefectura en Berisso y Ensenada, que se encuentran abandonados, sin señalizar o reutilizados en franca especulación inmobiliaria.
Pero la mayoría de los condenados en el juicio a la Fuerza de Tareas 5 fueron beneficiados por Casación con la domiciliaria tres meses después del fallo. Este es el peligro real que enfrentan los juicios: ser una mera formalidad.
Con esto suman 70 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, menos de la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una zona que contó con al menos 15 CCD y miles de víctimas de la represión, y mucho más para una jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de como las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.
Pero además hay en La Plata unas 25 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a un centenar represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, aun presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 170 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone.
Por si fuera poco en La Plata venimos sufriendo una importante regresión: a través de una campaña de amenazas, el represor Etchecolatz logró que el juez Carlos Rozansky se excusara de participar en todas las causas que lo tienen involucrado, que son la mayoría. El nuevo tribunal se compone de los doctores Germán Catelli, César Alvarez y Agustín Lemos Arias, más permeables a los reclamos de los defensores de los genocidas, sobre todo en el otorgamiento de domiciliarias, lo que no promete una mejora respecto a lo que se hizo hasta ahora.
En septiembre próximo se cumplen 10 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez. Y como sabemos la causa López es un verdadero laberinto de la impunidad. A casi 10 años no hay ningún indagado ni procesado ni detenido.
Hace tiempo que el Ministerio Público viene afirmando que no quedaban medidas a su alcance por hacer, mientras hace año y medio reconocieron que recién en 2014 le tomaron declaración a la esposa de Lopez, Irene Savegnago, quien "nunca había brindado un amplio testimonio sobre los hechos acontecidos en el marco de la causa". La causa Lopez también demuestra la ineficacia del sistema de búsqueda de cuerpos en las morgues del país. No existe un registro nacional unificado de cuerpos no identificados, no sólo para el caso de Jorge, sino para todas las personas que se encuentran desaparecidas. Actualmente está "librado al azar y a la responsabilidad de cada funcionario", como quedó demostrado en el caso de Luciano Arruga.
Esto no es de extrañar para un Estado que mostró, aquí en La Plata, el desmanejo que existe en la Morgue Judicial tras la inundación del 2 de abril de 2013, y donde salió a la luz pública que es habitual que la policía y el poder Judicial trabajen cotidianamente en los procesos por muertes traumáticas con el falseamiento de causales de muerte, dobles enterramientos y ocultamiento de cadáveres.
En 2015 lo único que avanzó en la Causa Lopez fue la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por encubrimiento en la investigación y no por la desaparición de Jorge, y por delitos con penas menores. Esto demuestra que el Servicio Penitenciario Federal sigue siendo cómplice de los genocidas allí alojados y que les facilitó el camino para acceder a teléfonos, visitas irregulares y a todo aquello que sirva para planificar el hostigamiento o la desaparición de un testigo. Estas irregularidades no sólo beneficiaban a Etchecolatz, sinó que se extendían a otros represores condenados con actuación en el Circuito Camps como Norberto Cozzani, Jorge Bergés, Cristian Von Wernich y, no casualmente, a un grupo de integrantes de penitenciarios bonaerenses, entre ello Rebaynera, Morel, Ríos y Basualdo, hoy condenados por su actuación en la Unidad 9 en dictadura.

Este balance impone una mirada menos auspiciosa que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.

LA REPRESIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO
Desde diciembre de 1983 a esta parte ninguno de los gobiernos constitucionales de turno efectivizó el desmantelamiento del aparato represivo, y en todo caso se dedicaron a maquillarlo con un barniz democrático, reequiparlo y reconvertirlo en agente de control social: para buscar la impunidad del Genocidio en los ’80, contra el movimiento fogonero-piquetero de Menem a Duhalde y contra toda la militancia organizada durante los Kirchner. La experiencia de César Milani al frente del Ejército en la “década ganada”, la duplicación de efectivos de la Policía bonaerense en la gestión Scioli y de la compleja madeja de complicidades políticas, militares, policiales y penitenciarias en la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez son sólo muestras emergentes de lo que señalamos.
No es temerario afirmar que la vieja Doctrina de Seguridad Nacional del Terrorismo de Estado ha mutado a una política de Control Social, o “terrorismo impuro” en conceptos del compañero Alfredo Grande. En todo caso lo desafiante de la idea exige un esfuerzo intelectual: el mismo que llevó superar la teoría de los “excesos”, de los “resabios de la dictadura” y del “autogobierno” policial. En este sentido, la política represiva de la gestión que se ha denominado el “gobierno de los Derechos Humanos” representa más del 60% de los casi 5 mil casos de personas asesinadas por el aparato represivo de Estado en los últimos 32 años de gobiernos constitucionales.
Las modalidades de detenciones arbitrarias, el gatillo fácil, la tortura en sede policial y penitenciaria, la desaparición forzada de personas, la existencia de presos políticos, el espionaje y la represión en movilizaciones han sido moneda corriente y creciente en  la autodenominada “década ganada”. Esto porque pese a los reiterados discursos referidos a una “mayor inclusión”, subsiste una construcción de poder que no cuestiona en lo más mínimo las crudas cotidianeidades de la democracia representativa y la economía capitalistas, y en cambio se sirve de sus propios límites para profundizar las políticas de Control Social: saturar los barrios pobres de policías, llenar las cárceles de pobres con prisión preventiva como pena anticipada, vaciar las políticas sociales en salud y educación, pretender bajar edad imputabilidad como un fetiche del discurso de “inseguridad” y un largo etcétera.
La desaparición forzada de personas se define técnicamente como la “privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o  reconocer esa privación de libertad”.
Desde el caso del joven José Luis Franco, detenido por la policía santafecina en Rosario el 24 de diciembre de 1983 y cuyo cadáver apareció golpeado en un descampado; hasta el reciente caso de Gerardo Escobar, golpeado por patovicas y policías a la salida de un boliche en Rosario en agosto de 2015 y que apareció una semana después en las aguas del río Paraná, podemos afirmar que se han producido en Argentina al menos 212 casos de desaparición forzada de personas entre 1983 y 2015.
La continuidad de la práctica de desaparecer personas tras detenerlas se comprueba con el dato de que de los 210 casos que se registraron entre 1983 y 2015, el 40% se dieron en las tres gestiones del matrimonio Kirchner. Digno de su “Maldita Policía” que nunca dejó de actuar, la provincia de Buenos Aires registra más de un 70% de los casos.
El hecho que marca a fuego esta práctica perversa, y que une 40 años de continuidades del aparato de poder organizado para reprimir, es la segunda desaparición forzada de Lopez en septiembre de 2006, porque se trata de un sobreviviente del Genocidio expuesto como testigo en una causa de lesa humanidad que dio inicio al proceso de juzgamiento de los crímenes del Terror de Estado con renovada impunidad. Definen el caso el señalamiento de las organizaciones de DDHH a la propia Policía Bonaerense, el silencio del gobierno al respecto, pese a la gravedad material y simbólica que presenta, y la apertura de una nueva categoría: el ex detenido-desaparecido en dictadura, aparecido y vuelto a desaparecer en democracia.
Si en momentos de alto desarrollo de la conciencia popular y las luchas sociales la desaparición forzada se utilizaba especialmente como método de represión política de los oponentes, hoy vemos que los altos niveles de desigualdad y la continuidad de prácticas de control social hacen que las víctimas afectadas sean en su mayoría jóvenes pobres, con instrucción básica y sin empleo formal, que habitan las barriadas populares y son el “enemigo” creado en todas las políticas de gestión del delito.
En todo caso podemos afirmar que en el país de los 30 mil desaparecidos, y pese a estar tipificado en específico desde 2011, el Estado sigue negándose a investigar las desapariciones como tales, y en estos 32 años de democracia no ha habido un sólo funcionario estatal condenado por desaparición forzada de persona.
Ante este panorama, y con la experiencia de una década marcada por la cooptación, la obsecuencia y la institucionalización de las luchas, el desafío de las organizaciones de Derechos Humanos, y de todos aquellos que se suman a la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, sigue girando en torno a mantener la independencia política y económica del estado y los gobiernos para continuar denunciando. Sumado a ello se impone el desarrollo de un profundo trabajo de base en los territorios donde la represión golpea. A su vez se hace necesaria un proceso de debate y clarificación de la significancia de la represión como política de Estado, para poder dar proyección política a nuestros reclamos.
La puesta en la balanza de estos 13 años de juicios a los genocidas ha tenido tantos vaivenes como los alineamientos políticos de la última década. Muchas voces que destacan el abandono de aquel rol de garante de impunidad y olvido que por una década y media había mantenido el Poder Ejecutivo nacional, basan su convicción de la continuidad de los juicios en que la mayoría de la sociedad los apoya. Para nosotros, que no dejamos nunca de estar en las calles denunciando los crímenes de Estado de ayer y de hoy, estos nuevos 12 años están marcados por la segunda desaparición forzada de Lopez y el asesinato de Silvia Suppo, hechos sobre los que seguimos sin obtener respuesta y que cubrió con un manto de impunidad ese pretendido proceso de justicia.
Pero esta puesta en perspectiva histórica del Genocidio, y de las consecuencias de la tardanza de 30 años del Estado en iniciar el juzgamiento de aquellos crímenes, parece ser poca cosa frente a nuevas incertidumbres que se abren con la gestión de la derecha macrista, que ha dado sobradas muestras de que posee más apego por el emprolijamiento de la gestión para los grandes negocios que por los procesos de Memoria. A ello se suma la nueva avanzada de los voceros mediáticos pidiendo reconciliación impune y cuestionando los juicios como una revancha. En general, y siempre comparando lo que se ha avanzado con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario completar esta tarea sin concesiones ni titubeos. Eso se logrará sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que debemos imponer en la agenda al nuevo gobierno, sumando a este reclamo todas las luchas contra la impunidad de los crímenes de Estado en democracia.
Lo único claro es que todas aquellas organizaciones de Derechos Humanos independientes del Estado y los gobiernos, que luchamos tantos años por reabrir estos procesos y nos sumamos a la lucha antirrepresiva del presente, no cejaremos en el reclamo a partir del nuevo escenario político nacional. Debemos redoblar la presencia en las calles y avanzar con mayor claridad en nuestros planteos políticos sobre la impunidad de la represión de ayer y de hoy. La primera  prueba de ello será el 24 de marzo, cuando se estén cumpliendo 40 años de inicio de la dictadura. Y un primer balance lo tendremos en septiembre próximo, al cumplirse 10 años del segundo secuestro de Lopez.

 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡¡¡PRESENTES!!!
¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!



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martes, 15 de marzo de 2016

CHARLA DEBATE.

40 AÑOS DE REPRESIÓN ESTATAL. LAS VICTIMAS DE HOY!  

17/03 14 hs FTS UNLP aula12 



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