SALIO "LA JUSTICIA A CUENTAGOTAS". Conseguilo en: "GIROLOCO" (Pza. Italia e/7 y diagonal77) * "Dardo Rocha" (6 e/48y49) * "Ulpiano" (48 e/12y13) * "Espacio Jurídico" (Talcahuano nº487 BsAs).

sábado, 29 de noviembre de 2014

1er Encuentro Nacional Contra la Impunidad y la Represión.

Compañeros y compañeras:

Enviamos un primer listado con todas las organizaciones que han asegurado su presencia hasta el momento en el 1er. Encuentro Nacional contra la impunidad y la Represión del 6 y 7 de diciembre.

Aquellos compañeros y organizaciones que quieran adherir y/o participar les pedimos nos envien un mail a la dirección :enc.contraimpunidadyrepresion@gmail.com .

Como ya hemos aclarado en otros correos, desde la comisión Organizadora aseguraremos el hospedaje gratuito para los compañeros que se trasladan desde otras provincias ( les pedimos se contacten con la dirección de correo anterior).

A las organizaciones que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires les pedimos un aporte solidario de $200.- por organización, para poder asegurar los gastos de funcionamiento del Encuentro.


COMISIÓN ORGANIZADORA 1er. ENCUENTRO CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA REPRESIÓN
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES CONFIRMADAS HASTA EL 30/11/2014
AEDD- Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
APEL- Asociación de Profesionales en Lucha.
APEMIA- Agrup. Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA.
CADEP- Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo
CADHU-Centro de Abogados por los Derechos Humanos
CAJ-Comité de Acción Jurídica
CEPRODH-Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
CMM-Colectivo Memoria militante
LIBERPUEBLO
MEDH
SERPAJ-Servicio Paz y Justicia
APDH MATANZA
APDH ROSARIO
MEDH-SANTA FE
UADH-ROSARIO-Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos
COMISION DE HOMENAJE MADRES DE QUILMES
COMITE POR LA LIBERTAD A LOS PRESOS DE ATE SANTA CRUZ
CORREPI-Coord.Contra la Represión Policial e Institucional- en el ENA
HIJOS LA PLATA
HIJOS MAR DEL PLATA EN LA RED NACIONAL
LAS AZUCENAS
MULTISECTORIAL LA PLATA BERISO Y ENSENADA
VECINOS DE SAN CRISTOBAL contra la Impunidad
CADH ROSARIO (COMIS. ANTIRREPRESIVA POR LOS DDHH) EN EL ENA
CENTRO POR LOS DDHH HERMANOS ZARAGOZA
COLECTIVO DE ABOGADOS Y ABOGADAS POPULARES LA CIEGA
ASOCIACIÓN DDHH CAÑADA DE GOMEZ -SANTA FE
AGRUPACION ¿QUIÉNES SOMOS?
RESISTENCIA QOM
COORDINADORA ANTIRREPRESIVA DEL SUR
GREMIAL DE ABOGADOS
FAMILIARES DE CROMAÑON
FAMILIARES Y AMIGOS DE LUCIANO ARRUGA
FAMILIARES Y VICTIMAS DE LA REPRESION ESTATAL RIO NEGRO NEUQUEN
FRENTE DE LUCHA POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA
CTA- LOMAS DE ZAMORA
ATE-ROSARIO
ATE SUR
SEC. DDHH ATE PROVINCIA
SEC. DDHH CTA LA PLATA Y ENSENADA
SEC. DDHH SUTEBA LA PLATA
SEC. DE PRENSA CTA SANTA CRUZ
SEC. DDHH CTA ROSARIO
CENTRO DE PENSAMIENTO CRITICO WALTER BENJAMIN
MUTUAL SENTIMIENTO
TODOS LOS 25 HASTA QUE SE VAYA MONSANTO

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CAMBIAR PARA PEOR. BNDG.

La Lucha por el BNDG...
Audiencia en Diputados el 14-11-14

Contra el desguace y desnaturalización del BNDG 
CAMBIAR PARA PEOR

A exactos 5 años de la sanción de la nueva ley del Banco Nacional de Datos Genéticos (26.548) y con una Audiencia Pública en el anexo de la Cámara de Diputados, desde la Mesa Todos por el Banco insistimos en la inconstitucionalidad de dos artículos de esa ley, denunciamos el intento de desguace del actual Banco y luchamos por la universalización del Derecho a la Identidad. 

El reclamo 
Con la reglamentación de la nueva ley y el traslado del Banco a otra sede que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva llevará a cabo, se desnaturaliza la esencia del BNDG y se afecta su funcionamiento, porque la nueva ley limita su competencia exclusivamente a causas relacionadas con el terrorismo de Estado, restringiendo la universalidad de la labor del Banco a los crímenes de lesa humanidad previos a 1983. En función de ello venimos alertando que quedan excluidos de su competencia las causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas de las últimas tres décadas, supresión de estado civil en los casos no relacionados a la última dictadura, los datos genéticos de personas que han asistido al Banco por causas judiciales civiles o criminales, juicio de filiación común o particular, o quienes han recurrido al Banco con la sola intención de dejar su muestra de ADN en resguardo de su patrón genético. La gravedad que la nueva norma genera implica por defecto la negación del acceso a la justicia y del derecho a la identidad en diferentes causas y se pierde la condición de gratuidad del servicio, ya que los requirentes deberán acudir a laboratorios privados para realizarse los análisis, habida cuenta de que no existe aún una red federal pública consolidada para otorgar el servicio. 
Pero además, el potencial traslado físico de las muestras pone en riesgo la cadena de custodia del material genético entregado al Banco, con la garantía de reserva de la información. La ley establece una estricta confidencialidad en lo que respecta al archivo de las muestras, por lo que la responsabilidad de la cadena de custodia la tiene la directora actual del Banco y por ley sólo puede entregársela a otro director designado por concurso. 
También denunciamos que la motivación real del traslado es la voluntad del Ministerio de integrar al Banco a un Instituto de Genómica Humana, lo cual no sólo no está contemplado en las nueva ley ni en su decreto reglamentario (38/2013), sino que perseguiría objetivos muy diferentes. 
Con estos planteos desde la Mesa de organizaciones “Todos por el Banco” hace un año y medio comenzamos una campaña para alertar a la sociedad de las consecuencias de estos cambios y exigir al Estado que cumpla sus obligaciones en la materia sin recortar derechos y con las amplias facultades que posee. 
En agosto de 2013 realizamos un abrazo simbólico a la sede del Banco en el Hospital Durand con la presencia de la Madre de Plaza de Mayo María Esther Biscayard de Tello y presentamos una demanda al Estado Argentino. En el marco de la causa “Chorobik de Mariani, María Isabel y otros c/ PEN- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva- Ley 26.548 s/ Proceso de conocimiento”, radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal I, se nos otorgó una medida provisional para impedir el traslado del BNDG, hasta resolver la medida cautelar solicitada. En septiembre de 2013 hicimos un debate público en el Senado con la presencia de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, “Chicha” Mariani, quien manifestó su preocupación porque este cambio significara la destrucción de lo que había costado tanto esfuerzo construir. 
(La audiencia completa puede verse en http://www.youtube.com/watch?v=m2XAWkZhCjQ
En diciembre pasado el juez Marinelli dio marcha atrás a su medida interina anterior y habilitó el traslado basado en la garantía que siginificarían los informes que le remitió el ministerio de Ciencia. Pero aún no se expidió sobre el pedido de inconstitucionalidad que presentamos por dos artículos de la Ley 26.548, verdadero origen de este meollo. 
En junio pasado realizamos una Audiencia Pública en la Legislatura Porteña con el acompañamiento del legislador Marcelo Ramal, el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel y el grupo Familiares y Amigos de Luciano Arruga. 
En agosto de este año realizamos una conferencia de prensa en el Hospital Durand, con la presencia de Elsa Pavón de la Asociación Anahí y Mirta Acuña de Baravalle de Madres de Plaza de Mayo, ambas fundadoras del Banco en la década del '80. 

A exactos 5 años de haberse aprobado en el Senado la nueva ley del Banco, el 14 de noviembre volvimos a llevar nuestro reclamo al ámbito parlamentario con una Audicencia Pública a instancias de los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Néstor Pitrola y Pablo López. Estuvieron presentes y tomaron la palabra la directora del Banco, Belén Rodriguez Cardozo, Néstor Carlinni y Carlos Lordkipanidse de la Asociación de Ex–Detenidos Desaparecidos, Graciela Palma Arizaga y María Rosa Pallone de la organización ¿Quiénes Somos?, Diego Aysine de Asociación Profesionales en Lucha, Clara Petrakos (en búsqueda de su hermana apropiada en dictadura) y militantes de HIJOS La Plata, entre otros. 
La actual directora de la institución, Dra. Belén Rodríguez Cardozo expresó con claridad durante la audiencia “este equipo (del BNDG) no va a componer el Banco que vaya a (funcionar) en el Ministerio de Ciencia”. Respecto a los familiares, militantes y organismos de derechos humanos presentes en la audiencia dijo “vienen apoyando un derecho genuino, no solamente a nosotros como trabajadores que estamos indefensos, sino cuidando la reserva de muestras invaluables que tiene el BNDG. Hay muchas familias, abuelas que han fallecido y cuya única evidencia para encontrar a sus familiares está e el Banco”. La directora informó que “asistimos a más de 100 jóvenes semanalmente desde que se produjo la restitución de Ignacio, nieto de la señora Estela de Carlotto. Ellos saben que es un organismo en cual se puede tener confianza, donde el único fin es acercarlos a su familia biológica”. Agregó que “es una lástima que solo tenemos el Banco de lesa humanidad cuando hoy podríamos trabajar todas las denuncias de mamás, papás, a los cuales les han robado sus hijos, los han perdido o ha habido cualquier otro delito donde el Banco tiene herramientas para colaborar en su identificación”. 
Una vez más quedó clara la contundencia de nuestro rclamo, y desde la bancada del FIT se comprometieron a trabajar en un proyecto que corrija las desaveniencias que plantea la ley de 2009 y trabajar el consenso de esa iniciativa con el resto de los legisladores que se oponen al traslado y desguace del Banco. 

Avanzan los negocios 
Los primeros pasos que ha dado el Ministerio de Ciencia para poner en función a las autoridades del nuevo BNDG confirman nuestra inicial denuncia de que todo este proceso buscó el vaciamiento del Banco para convertirlo en plataforma de un “Instituto de Genómica Humana” asociado a capitales interesados en el negocio de la medicina genómica. 
A pedido de informes de la Senadora Morandini, en septiembre de 2013 el Ministerio respondió que el traspaso se haría mediante un Convenio de Colaboración entre los ministerios de Salud de la ciudad y nación, que incluiría una auditoría del traslado físico de las muestras con funcionarios de ambas partes, más veedores genetistas forenses, organismos de DDHH, la Conadi, la Procuración, jueces y camaristas federales. Además, aportó que para la puesta en valor de la nueva sede se gastaron $2.800.000 para una superficie total de 306 metros cuadrados, y reconoció la creación de un Instituto de Investigación Genómica en el ámbito del Ministerio, pero lo definió como una “idea proyecto independiente” del Banco. 
Sin embargo, en mayo de este año el Ministerio llamó a concurso público para cubrir el cargo de Director General Técnico del nuevo BNDG, y designó el jurado que intervino para evaluación de los postulantes. En julio pasado desde la “Mesa Todos por el Banco” impugnamos la candidatura de la principal postulante, la Dra. Herrera Piñero, por entender que no se encuentra apta para ocupar el cargo. 
En agosto pasado el Ministerio rechazó las objeciones planteadas y consideró que no se encontraba acreditada la carencia de integridad moral y rectitud cívica de la postulada. En septiembre aprobó entonces el orden de mérito de acuerdo a la terna elevada por el Jurado de Selección para el cargo de Director General Técnico, y publicó los curriculums de (en orden de Prioridades): Mariana Herrera Piñero, Walter Rubén Bozzo, y Juan Carlos Jaime. (1) Bozzo ha trabajado como perito en la Asesoría Pericial de La Plata, tiene su propio laboratorio de citogenética clínica “Hereditas”, con sede en La Plata, y al igual que Herrera Piñero es miembro de la Sociedad Argentina de Genética Forense (SAGF). Jaime es delegado argentino de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, ha hecho el invalorable aporte de inventar una"tinta infalsificable" que contiene parte del material genético de la persona que la emplea, y hace 2 años se rechazó su postulación para la dirección del Laboratorio de Genética Forense de Río Negro por no reunir “las condiciones mínimas indispensables para desempeñar el cargo”. 
Según se lee en un CV que propio Ministerio dió a conocer (2), la Dra. Herrera Piñero se recibió de Bióloga en el '87, año de creación del Banco, y trabajó cinco años en el ámbito público como becaria del CONICET en el área de Inmunogenética del Hospital de Clínicas. Pero luego derivó al ámbito privado como directora del laboratorio “Biología Molecular Diagnóstica” y luego de las empresas GENDA S.A. y MYGEN S. A. La primer empresa realiza estudios de filiación mediante análisis de información genética, osea que compite en su objeto con parte de las tareas que realiza el BNDG. La segunda gestiona la compra, venta, alquiler, procesamiento, distribución y asesoramiento de productos, máquinas, reactivos, accesorios y/o todo elementos aplicado a las prácticas y las determinaciones biológicas en humanos, el agro y la veterinaria. Con estos datos hemos planteado que la doctora se encuentra involucrada en actividades incompatibles con el ejercicio de sus funciones y podría recibir beneficios personales indebidos vinculados a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones. Como el mismo Ministerio informó en 2010, la Dra. participó como representante de los laboratorios privados durante la discusión parlamentaria en el marco de la actividad de la Comisión Asesora para la Reglamentación de la nueva ley del Banco, junto a los doctores Carlos Pirola, Daniel Corach, Héctor Targovnik y Víctor Penchaszadeh. 
Pero el proceso de cobertura de cargos viola incluso las disposiciones de la nueva ley del Banco, que en su Artículo 19 establece que el Director General Técnico debe ser “profesional en bioquímica o biología molecular, con reconocida experiencia en genética forense”, de manera que como Doctora en Ciencias Biológicas no sería suficiente para poder ocupar el cargo concursado para el BNDG. Ocurre que los títulos que hizo valer como “Especialista en Genética Molecular” y “Especialista en Genética Forense” son otorgados por una institución que ella preside, la Sociedad Argentina de Genética Forense (SAGF). 
El nuevo escrito, presentado en octubre pasado por la “Mesa Todos por el Banco” al Ministerio para que reconsidere su aval a la Doctora, es concluyente al señalar que la profesional “se presentó a un concurso cuya reglamentación redactó, beneficiada por una ley restrictiva de los derechos humanos que promovió y avalando su especialidad con un título que otorgó la Sociedad Argentina de Genética Forense, cuya Comisión Directiva integra, y un título de la Sociedad Argentina de Genética que no se encuentra acreditado por Coneau y que, en la actualidad, ni siquiera puede obtenerse en dicha Sociedad. Además, el jurado estuvo conformado por la Dra. Mercedes Loja y Dr. Carlos Vullo, ambos miembros de la Comisión directiva de Sociedad Argentina de Genética Forense, colegas de la institución, quienes no están en condiciones de evaluar con imparcialidad la validez del título otorgado por la Sociedad de la que son miembros”. 

Fallas de origen 
Cuando hace 5 años se discutió en el Senado el proyecto del Ejecutivo para trasladar el BNDG, el senador oficialista Daniel Filmus (coincidentemente ex ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Kirchner) apoyó su voto positivo diciendo: “Si no avanzamos con estos temas hoy, después de treinta años que estamos discutiendo al respecto, creo que dentro de unos cuantos años vamos a volver a discutir sobre ellos”. El debate sigue abierto por la improvisación y inconsistencia que presenta la ley 26.549, además de que al Estado le resta restituir casi el 80% de los casos de apropiación denunciados hace décadas. 
El repaso de cómo se dio el debate parlamentario de la nueva ley es aleccionador. La excusa más clara que fundamentaría la necesidad de la reforma se expresa en el mensaje que el Ejecutivo envió al congreso en septiembre de 2009, donde se plantea la supuesta y añeja contradicción de que el Hospital Durand y el BNDG hayan quedado en la órbita de la CABA, siendo que la obligación de la restitución de identidad es del Estado federal, y donde se lee que “uno de los puntos salientes del proyecto de ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos está en su ubicación institucional en la esfera del Poder Ejecutivo Nacional”. 
En Diputados las Comisiones de DD.HH., Legislación Penal y Presupuesto elaboraron 3 dictámenes. (3) El de mayoría, poco más que un copia y pega del proyecto de 20 páginas del Ejecutivo, fue firmado masivamente por los diputados del Frente para la Victoria, incluidos los familiares-víctimas del Terrorismo de Estado como Carlotto, Segarra, Vargas Aignasse y la entonces cristinista Donda. 
En el dictamen en minoría, las diputadas Morandini, Carca, Gil Lozano y otros (Frente Cívico - Coalición Cívica) incluyeron modificaciones para preservar en la nueva norma como actividad del BNDG “la determinación y esclarecimiento de todos los conflictos relativos a la filiación”. Fundamentaban su posición en hacer “prevalecer el interés común y el carácter amplio de la garantía de los derechos por sobre una concepción restrictiva de los mismos”, y en que “el pretendido traslado del BNDG en realidad implica el cierre del mismo”. También denunciaban el desguace que significaría el proyecto oficial en el área inmunológica del Durand, al decir que la afectación íntegra de bienes de la actual sede al nuevo Banco “incluye la aparatología y las muestras de ADN existentes y por lo tanto implica vaciar de herramientas técnicas y científicas al Servicio, desconocer el aporte de fondos que realizó la CABA, y las donaciones particulares y recibidas desde el exterior”. Y finalmente afirmaban que el proyecto oficial “en la práctica supone que tanto los hijos/as del tráfico y las víctimas de la trata de personas como los familiares de Jorge Julio Lopez y Miguel Bru (por citar sólo dos ejemplos de desaparecidos en democracia) no tengan acceso a esta herramienta científica”. 
Incluso un segundo dictamen en minoría de la diputada Nora Ginzburg (PRO), denunciaba que el proyecto del Ejecutivo sobre el Banco pretendía “desnaturalizar sus funciones y vaciarlo de contenido”; y además de incluir ampliamente entre su actuar todos los conflictos de filiación, proponía estipular expresamente la continuidad de su funcionamiento en el Durand. 
Pese a estas objeciones, la discusión sobre tablas en Diputados no llevó más de treinta minutos y, pese al pedido de la diputada Carca de que el expediente vuelva a comisiones, se votó y aprobó el dictamen de mayoría. Con una modificación de fondo que salvaba una improvisación del proyecto original: en lugar de trasladarse al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se lo enviaba al de Ciencia y Tecnología, que no era querella en los juicios de Lesa Humanidad, como sí lo era la Secretaría de Derechos Humanos dependiente de Justicia y podía plantear cuestiones de competencia. 
En el Senado el proyecto se trató junto a otras dos iniciativas: la modificación del Código Procesal, en relación a la extracción compulsiva de ADN para investigar ciertos delitos, y la regulación de la participación de las asociaciones intermediarias, referido a la representación en juicio de las organizaciones de Derechos Humanos. Se aprobó, con quórum de más de la mitad de los 58 senadores presentes, por 8 votos y con el 30% del senado en contra. (4) 
El Servicio de Paz y Justicia, que preside Adolfo Perez Esquivel, había pedido en carta a senadores que se otorgue, previo al tratamiento del proyecto en cuestión, una audiencia pública, para plantear objeciones al proyecto, fijar el ámbito de pertenencia del Banco en el Poder Judicial de la Nación, y pautar la elección de la autoridad del Banco con idénticos criterios y metodologías que las que rigen para la selección de los jueces nacionales. Nada de ello fue tenido en cuenta por el cuerpo y sólo los senadores Escudero (PJ), que señaló los casos de filiación que quedaban excluidos del proyecto oficial, y Cabanchik (Coalición Cívica), que apuntó otra paradoja: “Queremos mejorar el Código Penal para reparar justamente situaciones lesivas, originadas por nefastas políticas de Estado en la Argentina (ADN compulsivo) y, al mismo tiempo, en la misma sesión, desbaratamos algo que ha sido un instrumento muy valioso para ello como el BNDG”. 
El acompañamiento letárgico que el oficialismo realizó en la cámara alta tuvo ribetes surrealistas. La Senadora Corregido (Justicialista de Chaco) aseveró que “con estas tres leyes estamos asegurando el derecho a la Verdad”. Seguramente no tuvo tiempo de reparar en el derecho a la Verdad de Lopez, Arruga, Solano, Torres, Bru, y los más de 200 desaparecidos en “democracia”. La Senadora Fellner (PJ de Jujuy) inauguró el concepto de federalismo genético al decir que “en el interior de nuestro país, hay gente especializada que puede y que seguramente se va a presentar a este concurso, y tendremos un Banco Genético para todos los argentinos en el ámbito nacional”. Habría sido pertinente consultarle si conocía a los lobbistas de la Sociedad Argentina de Genética Forense o bien qué se hace en Jujuy respecto a la Trata de Personas, siendo que el nuevo BNDG no actuará en casos posteriores a 1983. Y el histrionismo del senador Pichetto (PJ Río Negro) que trató de aclarar que si “el proyecto original determinaba que iba a ser en el ámbito del Ministerio de Justicia. Como ese ministerio tenía un perfil más político, daba lugar a algunas dudas, y me parece que, en forma razonable, la Cámara de Diputados avanzó al colocarlo en la esfera de un ministerio de carácter eminentemente técnico”. Quizás Pichetto no auguraba en 2009 las puestas en escena que significan las repatriaciones de científicos del Programa Raíces ni la dilapidación de recursos y su utilización política que, desde el Bicentenario, el ministro Lino Barañao realiza en el circo oficialista denominado Tecnópolis. 

Alternativas 
Hace casi un año, la senadora Morandini hizo un pedido de informes, basada en el Reglamento de Acceso a la Información Pública para el PEN, pidiendo que el ministro de Justicia Alak y el secretario de DDHH Fresneda brinden detalles sobre qué medidas concretas adoptaría el Ejecutivo para resolver las problemáticas señaladas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en un informe de noviembre de ese año, y sobre cuáles son los laboratorios integrantes de la “Red de Laboratorios Regionales de Investigación Forense” que cuenta con capacidad técnico operativa para realizar estudios genéticos de filiación para los casos que la nueva ley del Banco dejó fuera de su órbita. 
Fresneda contestó en tiempo y sin forma que en principio se crearía un “Registro de Desaparición Forzada en el ámbito de la Secretaria” y que “se encuentra en estudio la posibilidad de ampliar el límite temporal de las leyes con la finalidad de garantizar a las víctimas de desaparici6n forzada el 
derecho a la reparación, a la verdad y a una indemnización”. Lo notable del caso es que, siendo que el Estado se vio conminado a cambiar su legislación interna para reconocer las desapariciones forzadas por sanción exterior, el prurito del límite temporal de esa práctica es un hueso duro de roer, porque significa el blanqueo de más de 200 casos en las últimas tres décadas. Por eso se entiende que Fesneda conteste que “el articulo 1 de la Ley N° 24.321 es claro y precise en cuanto al periodo de tiempo en el que debió acaecer la desaparición de una persona para declararla ausente por desaparición forzada” lo que para el secretario cordobés “no impide que para otros casos se haya mantenido la vigencia de la Ley N° 14.394 (…) que es de aplicación ordinaria en situaciones de desapariciones tardías o extemponíneas”. Lo que no explica Fresneda es que la norma que él cita regula los procedimientos para los casos de ausencia con presunción de fallecimiento, eufemismo bajo el cual el Estado radical y peronista escondió por décadas bajo un amplio manto de impunidad en democracia los casos de desaparición forzada en dictadura. Manto que vuelve a ser usado ahora para esconder los casos ocurridos en “el gobierno de los Derechos Humanos”. 
Por otra parte, el secretario informó que en 2010 su ministerio firmó un convenio para la creación e implementación de Laboratorios Regionales de Investigación Forense, que se conformó una Comisión Especial para que relevara los equipamientos disponibles en cada región, y que en su informe “se señalaba la inexistencia de laboratorios de tecnología avanzada en manos de los Ministerios Públicos o Poderes Judiciales provinciales (...) viéndose impedido de este modo el cumplimiento del rol acusador que la ley les asigna”. 
Para cubrir ese vacío, el gobierno nacional coordinó con el Consejo de Procuradores, Fiscales y Defensores, y financió el equipamiento, insumos y accesorios, y las provincias aportaron recursos humanos y los inmuebles. A la fecha han sido inaugurados 7 zonas acordadas en el convenio: Noa, Nea, Cuyo Centro, Patagonia Norte y Patagonia Sur, más cinco Institutos de Investigación distribuidos en la Provincia de Buenos Aires, según Fresneda, “equipados con recursos tecno1ógicos y profesionales idóneos para la realizaci6n de estudios de ADN”. 
Si bien es celebrable la iniciativa de federalizar un recurso antes inexistente para las investigaciones criminales en todo el país, que además le quita la tarea específica a la policía y sus viejas mañas, debemos insistir en que un laboratorio no cumple la misma función que un banco de datos genéticos ya que no pude almacenar ni comparar perfiles a gran escala, como plantea la problemática de supresión de identidad en sus diversas versiones, y que sí venía realizando normalmente el Banco en el Durand. Para mayor conocimiento de la Red que pregona Fresneda, y como se puede ver enhttp://www.consejompra.org/index.php/lab-mapa la mitad de las flamantes sedes no tienen personal nombrado y sólo las dependencias de cabecera central de la región operan con un laboratorio específico de genética forense que pueda obtener perfiles para su posterior cotejo o identificación. 
La alternativa que el Estado plantea a quienes buscan su identidad de origen pero no son víctimas del Terror desplegado por ese mismo Estado hace 38 años, no estuvo prevista cuando se sancionó la nueva ley del Banco, y recién está comenzando a improvisar un respuesta a un grupo social que no es menor y que, con casi 3 millones de integrantes, representa el 7,5 de la población del país. Pero la política pública no lo ha tenido en cuenta. 

La mirada externa 
Nuestro reclamo de que el Estado ha abandonado la garantía universal al Derecho la Identidad ha trascendido la discusión pública local, y llegó a los principales organismos de Derechos Humanos internacionales. 
Uno de los opinantes sobre la cuestión ha sido el Observatorio de DD.HH. (Human Rigths Watchs), cuyo director Ejecutivo, José Vivanco, envió una carta a la presidenta en agosto pasado pidiendo “información detallada con respecto a cómo tiene previsto implementar sus políticas públicas sobre esta materia para asegurar que sean acordes con las normas de derechos humanos sobre derecho a la identidad”. (5) 
Atento a la inminencia del traslado del Banco, Human Rights Watch solicitó que Argentina informe cómo se garantizará el derecho a la identidad en casos posteriores a diciembre de 1983, cómo se asegurarán las muestras genéticas durante el traspaso físico del Banco y cómo se obtendrá el consentimiento de quienes han aportado material genético al Banco del Durand. En el pedido, la ONG recordó que la Asamblea General de la OEA manifestó que “el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales”. 
La ONG HRW nació en la década del '70 para monitorear los pasos de los refugiados soviéticos hacia Europa del Este en la Guerra Fría. Su sede se encuentra en Nueva York, su principal donante es el inversor financiero George Soros, y ha sido denunciada por dos Nobel de la Paz por sus fuertes vínculos con el Partido Demócrata estadounidense, la CIA y la OTAN, lo cual explicaría menos su certera opinión sobre Argentina, donde incluyen su preocupación por el ascenso de Milani, “los abusos policiales, las deficitarias condiciones carcelarias, las torturas y la falta de protección de derechos indígenas”; que su mutismo ante el sostenimiento de la teoría de las “Rendiciones Extraordinarias” con que los norteamericanos dan continuidad al Auschwitz del siglo XXI, llamado Guantánamo. 
El otro órgano internacional que ha tenido intervención en la problemática que plantea el traslado del BNDG es el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de la ONU, que funciona hace 34 años y está integrado en su versión actual por destacados abogados, juristas y profesores de Derecho de Sudáfrica, Bosnia, Líbano, Francia y, no podía faltar, el argentino Ariel Dulitzky. En septiembre pasado el espacio Justicia Ya La Plata presentó ante este órgano un informe sobre el caso Jorge Julio Lopez, para que se anoticien respecto de los 8 años de impunidad que pesan sobre la causa, que determinen la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos y emitan las recomendaciones que considere necesarias. Hasta el momento no se avisora una respuesta sino hasta 2016. 
El Grupo venía monitoreando las medidas tomadas por el Estado argentino tras las recomendaciones surgidas de una vista al país en 2008, pero también por la condena que sufrió Argentina en 2011 de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada de Iván Torres a manos de la Policía de Chubut a poco de comenzada la “dékada ganada”, y que es uno de los más de 200 casos denunciados por los organismos de Derechos Humanos independientes del Estado y los gobiernos de nuestro país. En su reporte sobre la situación de la materia en Argentina, fechado el 8 de Septiembre de este año, el Grupo destaca pequeños avances, pero cuestiona hechos graves como que no se legisle para reconocer la desaparición forzada en democracia. (6) 
En el punto 8 saludan la ubicación del BNDG bajo los auspicios del Ministerio de Ciencia y aseguran que “la protección y confidencialidad de los datos genéticos como datos personales sensibles está completamente garantizada”. En el punto 16 observan que la inclusión de la figura de Desaparición Forzada en el ordenamiento legal argentino como delito autónomo (Ley 24.231) “abarca sólo a las víctimas de los hechos que ocurrieron previo al 10 de diciembre de 1983 y que no existe una legislación análoga para las víctimas de desaparición forzada posterior a esa fecha”. Por ello instan al gobierno a “mejorar el sistema de reparación para que todas las víctimas de desaparición forzada, independientemente de cuando ocurrió la desaparición, tengan igual derecho a la reparación”. 
Lo curioso es que el Grupo no relaciona ambos puntos, siendo que la modificación del objetivo del BNDG con la nueva ley de 2009 quita de su esfera de actuación los casos de filiación no referidos a lesa humanidad y las identificaciones de desaparecidos en “democracia”, en consonancia con la ausencia de regulación legal de la desaparición forzada para los últimos 31 años. 
La profundidad del informe de este Grupo, más allá de ser parte de una Organización multilateral que ausculta la represión el Tercer Mundo con la misma proporción con hace la vista gorda de los grandes genocidios que provocan las potencias mundiales, se ve relativizada si tenemos en cuenta que en el punto 19 del informe se saluda la supuesta “desmilitarización y la despolitización de las fuerzas del orden” en nuestro país. Señalan principalmente la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que, parecen no enterarse en el exterior, posee varios agentes procesados por “favorecimiento doloso de la evasión” del represor Alejandro Lawless, con actuación en Bahía Blanca en dictadura, que cumplía domiciliaria y a quien dejaron escapar en noviembre de 2013 mientras lo trasladaban desde la sede de la fuerza en Aeroparque al Palacio de Tribunales de la CABA. 
En otra típica maniobra de puro relato oficialista, ocultando estas críticas y destacando sólo supuestos avances, el informe del grupo de la ONU fue utilizado por la prensa oficialista en el portal INFOJUS para titular que “Para la ONU, Argentina es ejemplo mundial en Derechos Humanos”. (7) Sobran comentarios. 



Lo pendiente 
En estos casi dos años de rechazo de la nueva ley del Banco venimos relevando varios proyectos que pretenden aportar a la resolución de la identidad biológica de las personas, algunos anteriores a la sanción de la 26.548, como los de los diputados Perez y Tinnirello, y otros posteriores como los de Carrió, Etchecoin Moro y Sanz. 
El más reciente, que lleva la firma de los diputados Stolbizer, Duclos, Linares, Binner y la hoy opositora Donda, fue girado a Comisiones en mayo de este año y busca “garantizar el acceso gratuito de todas las personas a toda la información relacionada con la búsqueda de la identidad” para lo que estipulan “brindar los medios y los recursos necesarios”. El texto del proyecto apunta mayormente al acceso a la información pública sobre registros de nacimiento de personas, y entre sus fundamentos se propone “facilitar la tarea de aquellas personas que emprenden la búsqueda de su identidad de origen o biológica o la de algún pariente cercano, como consecuencia de desconocerla o de haberle sido sustraída”. Para ello se insta a los hospitales nacionales y provinciales públicos o privados que adhieran a la ley a que preserven por 21 años “los registros de los partos, nacimientos, neonatología, historias clínicas de parturientas, defunciones y libros de entrada y salida de los hospitales y clínicas” 
También se cita entre los fundamentos que son en nuestro cerca de 3 millones de personas las que desconocen su identidad de origen, y que con el acotamiento del nuevo BNDG a los casos de lesa humanidad “queda un vacío legal para el resto de los casos”. 
Lo que procupa es que a partir de este proyecto, y aún reconociendo el vació que la nueva ley del BNDG generaba, se intente saldar esa brecha con la proliferación de nuevos bancos de datos. De hecho el artículo 10 del proyecto estipula la creación de un “Instituto Nacional para la Búsqueda de la Identidad de Origen Y Biológica de las Personas, en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como un órgano desconcentrado con autonomía funcional y autarquía financiera, con el objeto de promocionar las acciones tendientes a la averiguación de la propia identidad de origen y biológica de las personas, sus familiares ascendentes, descendentes o colaterales a quienes presumiblemente se les haya suprimido o alterado su verdadera identidad de origen y biológica o desconozca el origen de la propia identidad biológica”. A su vez el artículo 11 crea en la órbita del Instituto un “Banco Nacional de Datos Genéticos para la Identidad de Origen y Biológica de las Personas, con el objetivo de registrar y almacenar información asociada a una huella genética digitalizada”. Curiosamente, y despegándose de la discusión que planteamos desde la “Mesa Todos por el Banco”, el mismo artículo reza que hasta que ese Instituto y su Banco se creen “o si se entiende que el actual Banco de Datos Genéticos es suficiente para el aprovechamiento de recursos técnicos o humanos podrá consolidarse en una sola institución”. 
Cabe preguntar por qué se incluye la posibilidad de que el nuevo Banco del Ministerio de Ciencia actúe en casos que no son de lesa humanidad cuando la ley no lo estipula, y es la base de nuestro reclamo. Además de que no se sabe en base a qué registro de “huellas genéticas digitalizadas” actuaría el Banco que propone el proyecto de la oposición y si ese registro se crearía trasladando a este segundo nuevo Banco las muestras que hoy se encuentran el el Durand y que la ley de 2009 ha dejado en un limbo legal. Entre tanta improvisación hay algunas certezas: si el oficialismo aprueba este proyecto estaría reconociendo en parte los cuestionamientos que realizamos desde la “Mesa Todos por el Banco”, referidos a que con la ley de 2009 el Estado cercenaba una herramienta fundamental en el acceso universal al Derecho a la Identidad. Pero además se habilitaría a la proliferación de distintos bancos por cada problemática, en lugar de generar una unidad de herramientas técnicas que aprovechen la experiencia de trabajo acumulada en estos años en la materia. 
Esta voluntad de dispersión se viene multiplicando y en ella ha estado presente el Dr. Barañao. 
En agosto 2012 firmó un convenio con la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, para avanzar en la concreción de un “banco de datos genéticos recogidos en escenarios de delitos” en el marco de un proyecto llamado “Huellas Genéticas Latentes”. Según Garré ello equivalía a colocar “la piedra basal de la modernización revolucionaria del sistema de investigación criminal”. Aquel emprendimiento, nunca desarrollado, incluyó una convocatoria a empresas para brindar la asistencia técnica y el armado del sistema informático de registro, donde no casualmente participaron la Sociedad Argentina de Genética Forense y la “Fundación Sadosky”, que preside el mismo Barañao. Con ello se garantizó un millonario negocio a las Cámaras de empresas de Software (Cessi) y de Informática (Cicomra) cuyos presidentes también son parte de la dirección de la “Fundación Sadowsky”. 
Mientras tanto, la situación del histórico Banco Nacional de Datos Genéticos del Durand es hoy muy compleja. El Banco atesora hoy 20.500 muestras, de las cuales 8.500 aproximadamente son de lesa humanidad, y el resto de otros delitos. En lesa humanidad aloja las muestras de 105 familias con denuncia ante juzgados federales y otras 145 con denuncias ante la CONADI. Por un déficit en las políticas de Estado, las muestras siguen siendo pocas para el número personas apropiadas que se busca. El Banco también aloja muestras de 6.000 jóvenes a los que el ADN les ha dado negativo, y que tampoco consiguen acompañamiento del Estado para resolver las dudas sobre su identidad. 
Pero además, en los juicios específicos por la apropiación de los hijos de los compañeros detenidos-desaparecidos, contemplados en las figuras de supresión de identidad, retención y ocultamiento de un menor, falsificación de documento público; el panorama de juzgamiento ha avanzado con las mismas contradicciones que el resto de los procesos a los genocidas: un total de 19 juicios en 11 años, que incluyeron 64 casos (14 aún no restituidos) y donde se obtuvieron 78 condenas sobre similar número de represores. Y a cinco años de creado el nuevo Banco del Ministerio de Ciencia, quedan por restituir el 77% de los casos denunciados hace décadas. 
La política de Estado se limita a delegar su responsabilidad investigativa en la familia Carlotto. Y ésta deriva las búsquedas en campañas publicitarias con el goleador del Barcelona, o en el reciente acuerdo con el Vaticano para que, rodeado de las referentes de Abuelas y en cabeza de su presidente José María Arancedo, la Conferencia Episcopal Argentina reflote un documento de hace 2 años donde piden a otros inciertos que reconozcan lo que ellos, desde Bergoglio hacia abajo, conocen al detalle y no hacen: “a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a recurrir a las autoridades pertinentes”. 

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Audiencia en Diputad...
Audiencia en Diputados el 14-11-14
HIJOS La Plata – Noviembre de 2014 

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viernes, 14 de noviembre de 2014

Presentación del Informe de la Situación Represiva Anual

Sábado 15/11 a las 15hs - Plaza San Martín (La Plata)



Este 2014, al igual que los años que precedieron, estuvo signado de sucesivos hechos represivos acentuados por la necesidad de continuar ajustando el bolsillo del pueblo.
El dato distintivo fue el cambio de discurso de distintos funcionarios que mostraban en forma más explícita la necesidad de criminalizar a los sectores más pobres, y castigar a los que optaban por organizarse y luchar.
Naturalmente esto es acompañado por mayor presupuesto. Scioli promete el aumento de un 66% en seguridad respecto del 2014 e incorporar unos 25.000 agentes policiales, que ya los vimos hacer cola en busca del mal llamado “trabajo” en las masivos reclutamientos.
Las sucesivas represiones en Panamericana y las declaraciones de Berni dejan más que evidente la posición del gobierno nacional acerca de las problemáticas sociales.
El resultado de todo esto es claro. Miles de causas armadas a los luchadores, más de 200 desaparecidos en democracia, más de 4000 asesinados por el Estado y un gran número de compañeros presos por su actividad política.
A su vez en lo que concierne a la memoria, a pesar de la tan propagandizada política de DDHH, en 11 años sólo se ha condenado a 496 represores por 2970 víctimas. Ello representa sólo el 25% de los 2.000 genocidas procesados en estos años.
Desde la Coordinadora Antirrepresiva de Zona Sur invitamos a los distintos medios de comunicación a difundir esta jornada antirrepresiva con el fin de seguir problematizando el rol que ocupan las fuerzas de seguridad en nuestra sociedad. De la jornada participarán familiares víctimas de casos de gatillo fácil de la Zona Sur GBA, compartiendo sus experiencias de organización y lucha contra el aparato represivo, y habrá varias actividades artísticas.
También invitamos a la presentación del Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Estado que CORREPI va a estar realizando en Plaza de Mayo el 28/11 a las 18hs. El objetivo de este archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de Estado.



Coordinadora Antirrepresiva de Zona Sur (en el Encuentro Nacional Antirrepresivo)
Asamblea no a la Entrega de la Costa – Bandera Negra/Tendencia Estudiantil Libertaria-Secretaría DDHH CECSEA/UNQ – CORREPI– HIJOS La Plata – O.T.R. - M.P.L.D. - F.P.D.S.

Contactos de Prensa:
Josefina (CORREPI): 02215813290
Julio (HIJOS La Plata): 0221-5892221
Quimey (T.E.L. Bandera Negra): 011-36285881

coordinadoraantirrepresivasur@yahoo.com.ar
Facebook: Coordinadora Antirrepresiva Sur

Link al Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal 1983/2013 de CORREPI
http://correpi.lahaine.org/?p=1247

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AGRESIÓN A LA COMPAÑERA ABOGADA POPULAR MARINA SCHIFRIN

Solicitamos la difusión del siguiente comunicado de la Asociación Gremial de Abogadas y abogados de la República Argentina, al cual adherimos en todos sus términos

COMUNICADO DE PRENSA
 La Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina comunica a la población que el día miércoles 12 de noviembre en horas del mediodía, la abogada Marina Schifrin miembro de nuestra Asociación, fue agredida y golpeada por una persona que entró a su oficina cuando ella no estaba, con aparentes intenciones de robo.
La Dra. Schifrin llegó a su oficina luego de tener una audiencia en el Juzgado Penal, y sorprendió al presunto ladrón con las manos en la masa, pretendiéndose llevar solamente la notebook personal de la abogada en la que guarda toda la información y documentación referida a su trabajo, incluyendo varias causas en las que están imputados, procesados y llevados a juicio miembros de la Policía de Río Negro por violaciones a los Derechos Humanos.
El presunto ladrón no se intentaba llevar ningún objeto de valor de los que había en la oficina: teléfonos, dinero, aparatos informáticos, sólo se interesó por la notebook, la oficina no estaba desordenada, ni había cajones abiertos, el presunto ladrón no revolvió ni revisó nada. Sólo se llevaba la notebook. Al ser enfrentado por la abogada Schifrin la golpeó y tiró al piso, pero no pudo llevarse la notebook, sólo se pudo llevar un pendrive con valiosa y reservada información.
Una mirada superficial de este hecho podría considerarlo a priori un simple robo. Sin embargo todo hace presumir que no fue así. Había muchas cosas de valor en la oficina, incluso dinero en efectivo al alcance de la mano. El objetivo del intruso era obtener información. Alcanzó a llevarse  un pendrive que se hallaba conectado a la notebook. Ingresó al estudio sin violentar la puerta, ¿cómo pudo hacerlo si nadie tenía copia de la llave salvo su marido? Las únicas personas que en algún momento poseen por un rato la llave del estudio de la abogada Schifrin, son los integrantes de la guardia del Penal 3, cuando la Dra. visita a personas privadas de libertad.
Es de público conocimiento que la Dra. Schifrin, integrante de nuestra Asociación Gremial de Abogadas y Abogados, es una consecuente defensora de los derechos humanos y tramita casos relevantes vinculados con la violación de los mismos (gatillo fácil, torturas, muerte en comisarías, etc.) por parte del estado a través de su policía. No es casual que este “robo” se produzca en momentos en que la causa Carrasco- Cárdenas (en la que Marina Schifrin es querellante por la familia del adolescente Nicolás Carrasco)  por los homicidio policiales del 17 de Junio del 2010, está en nueva etapa de investigación, en las que muchas de las medidas de prueba que se están realizando fueron solicitadas por la abogada Schifrin.
Por lo expuesto denunciamos la gravedad de este hecho y llamamos al conjunto de las organizaciones sociales a repudiarlo públicamente dado que tiene por objetivo amedrentar a todos aquellos que luchan por hacer realidad la consigna de “verdad y justicia” y en particular a los letrados que bregan por la vigencia de los Derechos Humanos ejerciendo su profesión defendiendo a los más desprotegidos de esta, nuestra desigual sociedad.
 
Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina. 
12/11/201

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viernes, 7 de noviembre de 2014

HACIENDO LA PLANCHA

Balance 2014 de los juicios a los Genocidas 

Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 hasta noviembre de 2014. Destacamos sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen sentencia de un tribunal federal del país, porque dan una idea más acabada del número de condenas a que se ha llegado en estos años.

Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal( http://www.mpf.gov.ar yhttp://www.fiscales.gob.ar) y del Poder Judicial (http://www.cij.gov.ar). Nuestra base de datos puede consultarse en http://www.hijosprensa.blogspot.com.ar

Un año de plancha 
Con 14 juicios parciales concluidos y 72 condenas en lo que va de 2014 (ver tabla 1 adjunta en PDF), las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar. Si 2013 significó 2 juicios menos que 2012, y consolidó el estancamiento del proceso de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año, las tres cuartas partes de 2014 fueron incluso menos productivas que los últimos dos años. 
Lo más probable es que reste sólo 1 sentencia en lo que queda del año: el juicio realizado en Luis donde hay 29 represores imputados por 46 víctimas, y aunque todos sean condenados no cambia el panorama general. 

Desde la caída de las leyes de impunidad al 1 de noviembre de 2014 el Estado argentino sólo efectivizó 125 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 125 juicios estuvieron procesados 708 represores, y hubo como resultado 635 condenas sobre 519 represores, 67 absueltos y 6 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 3098 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 36% del total de los 2.000 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 27% de ese número de procesados fue condenado. 

Si tomamos como dato los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 519 condenados siguen representando, a casi de 11 años de anuladas las leyes de impunidad, menos de 1 represor condenado por CCD. Para completar el cuadro, hay menos de 100 represores cuya condena ha sido confirmada por los tribunales superiores del país. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado. 

Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 2.000 procesados, ese 27% de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”. 

Análisis en todo el país 
En cuanto a las zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías provinciales se han hecho: 
- 31 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo (Bs.As. y La Pampa) con 178 condenas. 
- 28 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo (NEA) con 128 condenas. 
- 36 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército (NOA) con 200 condenas. 

Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento fue de 11 procesos con 45 condenas, la mayoría por hechos del CCD Campo de Mayo. 
Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 9 juicios que condenaron a 64 policías y militares: 3 procesos en Neuquén, 3 en Chubut, 2 en Bahía Blanca y 1 en Río Negro. 

En cuanto a los crímenes de la Armada, sólo se logró condenar a 37 integrantes de las patotas de esa fuerza, 2 prefectos y 8 civiles cómplices: Ortiz y Pertusio en la primera parte de la causa de Base Naval de Mar del Plata, 10 marinos y 2 prefectos en el segundo tramo de esa casusa, 17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA 2, Policarpo Vázquez, su mujer y la partera que los asistió en la apropiación de Evelyn Bauer-Pegoraro, 3 de los 4 represores del arma acusados en causa “Plan Sistemático”, 3 de los 5 marinos imputados por la “Masacre de Trelew”, el médico del hospital Naval Jorge Magnacco en “Plan Sistemático” y en la rémora de la causa Bauer-Pegoraro, el marino entregador (Juan Carlos Herzberg, también condenado en Causa La Cacha de La Plata) y el apropiador civil de Natalia Suarez Nelson-Corvalán; a 3 de los civiles apropiadores de Federico Cagnola Pereyra desde la Esma; y a 1 prefecto en el juicio Campo de Mayo 9. 

Además sólo 7 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha (Barda, Comes, Mariani, Molina, Beccaria, Sambuelli y Benitez) en las causas Mansión Seré, Área Mar del Plata, Hospital Posadas, Furío y Base Aérea Reconquista. Y hubo sólo 10 integrantes de Gendarmería condenados, Víctor Rei, en el caso de la apropiación de Alejandro Fontana-Sandoval, los alferez Guillermo Cardozo y Eugenio Pereyra, en causa ABO 1, José San Julián en causa Unidad Penal 1 de Córdoba y 6 de los 7 gendarmes imputados la causa Arsenales-Jefatura de Tucumán. 

Qué tipo de juicios tuvimos 
Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 125 procesos realizados, casi la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron. 

Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 41% de los represores fueron condenados al máximo de la pena (prisión o reclusión perpetua). En efecto, el 11% de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 48% a menos de 25 años. Esto nos hace reflexionar sobre la calidad de la condena con que el Estado valora los crímenes que está juzgando, que son de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, y fueron cometidos en grupos de tarea, utilizando el aparto de Estado y con acumulación de casos; pero que muchas veces son equiparados en sentencia en el monto de las penas a delitos graves y de sangre, pero cometidos por delincuentes comunes. 

Además hubo en estos 11 años 67 polémicas absoluciones, de las cuales 15 se produjeron en 2013 y 5 en lo que va de 2014. Los perdones por “duda razonable” sobre connotados represores se siguen repitiendo. Desde la incial absolución otorgada al represor Miguel Angel Trimarchi, perdonado en el juicio por la Masacre de Fátima por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal; pasando por el torturador de la Policía Federal Juan Carlos Falcón, eximido en el juicio parcial del Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Capital Federal; el reguero de perdones que despachó el TOF Nº 1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total de 31, en el proceso por los hechos de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia; el escandaloso perdón en los 13 casos en que se acusaba al torturador Juan Carlos Rolón en el juicio parcial por hechos ocurridos en la ESMA, y el cúlmine de 9 absueltos sobre 22 imputados con que el TOF de Neuquén marcó al segundo juicio por el CCD La Escuelita de Neuquén como el más impune. 
Este año 3 prefectos fueron absueltos en el noveno proceso por el CCD Campo de Mayo, donde los doctores Sagretti, Milloc y Barroetaveña del TOF de San Martín anularon sin más sus indagatorias de hace 5 años y los mandaron a casa. Además el agente “S” de inteligencia de la Policía de Rosario, Pedro Travagliante, fue dejado libre de cargos por los jueces Berros, Lopez Arango y Vella. Y el auxiliar de la Sección Interior del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata recibió pedido de absolución por los fiscales Schapiro y Fernández en el juicio La Cacha, pese a que figura como “sargento 1° de Infantería” en la nómina de integrantes de esa dependencia en todo el período '76/'83. Con ello los jueces del TOF 1 de La Plata Vega, Jantus y Rozanski (en eterna disidencia) lo absolvieron, además de apartar por “cuestiones de salud” al subdirector de Seguridad de la bonaerense de Camps, Eduardo Gargano, a quien tuvieron a disposición y en perfecto estado durante todo el juicio. 

Estos casos alertan sobre la necesidad de mejorar el trabajo fiscal y de jueces de instrucción para completar las investigaciones incriminatorias preliminares sobre cada imputado, y para arribar a la etapa oral sin dar posibilidad a las “dudas” absolutorias. 
http://argentina.indymedia.org/uploads/2014/10/copia_de_img_9549.jpg

El estancamiento 
Curiosamente venimos escuchando desde los sectores oficialistas que cada año que se inicia será realmente “el año de los juicios”, valoración propia de quien analiza en abstracto el proceso en lugar de ir a los números concretos. Si tomamos los últimos 5 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento se va estancando en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas cada año. En 2010 hubo 19 juicios con 114 condenas, mientras en 2011 hubo 21 procesos finalizados con 86 condenas, en 2012 fueron 25 juicios llegados a sentencia con 131 condenas, y en 2013 el proceso se estancó en 23 juicios concluidos con 161 condenas . Este 2014, a que le quedan dos meses, sumó entonces la magra cifra de 14 juicios concluidos con 72 condenas. 
Es grave el estancamiento de la tendencia, a corroborar este año, si se tiene en cuenta que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios de 2006, los 2 de 2007, los 5 de 2008 y 13 de 2009. 
En este sentido es llamativo el optimismo que trasmite el informe sobre el estado de las causas que el Ministerio Público Fiscal publicó en octubre pasado, y que replicaron los medios oficialistas sin el menor análisis. Allí se destacan las afirmaciones parciales e interesadas. Por ejemplo se señala que “las estadísticas muestran que desde diciembre de 2007 la cantidad de procesados creció en más de un 300%” o que “las condenas vienen experimentando un crecimiento de más de un 1.400% desde 2007”. Ello es verdad, pero podría complementarse diciendo que si el proceso de juzgamiento, es decir realizar efectivamente los juicios y llegar a sentencia, se viene estancando, más procesamientos generan un cuello de botella más cercano a un problema que a una solución. Y que, con la misma liviandad que los empleados de Auat y Parenti, se puede afirmar algo tan cierto y relativo como que la cifra de absueltos creció más de un 1.000% desde 2007 o que “sólo en los primeros diez meses de 2014 concluyeron 14 juicios”, cuando es difícil que el año tenga más de 12 meses y lo cierto es que desde 2011 ese promedio anual no bajaba de 20. 

El único dato interesante que aporta el informe de los fiscales es que “en este contexto, sólo hay 125 condenas firmes -es decir, sin posibilidad de revisión- en 54 causas, que involucran a 114 personas”. Entonces, las 125 condenas firmes son mucho menos alentadoras que las 635 de primera instancia logradas de 2006 a la fecha. Y mueven a la carcajada si constatamos que, como informan los fiscales, “buena parte de estas condenas firmes son por juicios llevados a cabo en la década de 1980 y casos de apropiación de menores”. Ello da una muestra de la falta de celeridad en el trabajo tanto de la Corte Suprema como de las Salas de la Cámara de Casación, encargadas de revisar (para confirmar o rectificar) los fallos de primera instancia. 
Aquí es donde entra a pesar la fragmentación de las causas que llegan a juicio, y por eso sostenemos la necesidad de acumular las causas para juzgar por circuito represivo o por CCD: porque sabemos que incluso más juicios por año no es necesariamente más justicia, y porque sumar juicios en abstracto no es lo mismo que destacar que en 2010, 7 de los 19 juicios fueron a 1 o 2 represores, y que esa cifra aumentó en 2011 a 9 de los 21 procesos, se sostuvo en 2012 en 9 juicios, creció a 11 en 2013 y en este año fueron 6 sobre 14 los procesos que juzgaron a 3 represores o menos. 
Claro que no siempre esto es destacado por funcionarios de Justicia o Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, ni por el Ministerio Público, ni por la prensa adepta al gobierno, que viene pregonando “el año de los megajuicios” desde comienzo de 2013 y destacando el supuesto “salto cualitativo en el juzgamiento” o afirma que “comenzaron a realizarse los llamados ‘megajuicios’”. Y si bien es cierto que las causas “ESMA3” en la Ciudad de Buenos Aires o “La Perla” en Córdoba llevan más de un año y medio aletargan el conteo de juicios concluidos, habría que recordarle a esa prensa obseKuente que en 2012 sólo 6 de los 25 juicios terminados juzgaron a 10 o más represores, que en 2013 representaron sólo 7 de los 23 procesos concluidos, y que en 2014 sólo el juicio “La Cacha” entró en esa categoría. Es decir que lo que viene habiendo año tras año son largamente más “mini-juicios” que “mega-juicios” terminados. 

La distribución geográfica de los procesos llegados a sentencia hasta el 31 de diciembre de 2013 en las 26 jurisdicciones Federales, continuó destacando a la Ciudad de Buenos Aires (con 22 debates concluidos, sólo 1 en 2014), como la jurisdicción donde mayor cantidad de juicios hubo en todo el proceso, seguida de La Plata y San Martín (11 cada una), Tucumán (9), Mar Del Plata (7), y Santa Fe (6). 
Sigue siendo crítica la situación de los juicios en los juzgados el interior del país, sobre todo en lo que fueron en dictadura zonas represivas importantes como Córdoba (37 condenas en 5 juicios), Rosario (37 condenas en 6 juicios) y Neuquén (26 condenas en 3 juicios). Peor es el panorama en las provincias de noroeste y noreste del país, que en general no superan los 5 procesos terminados. Los casos más extremos lo representan las provincias de Jujuy y Entre Ríos (2 juicios concluidos cada una) y Río Negro, que tuvo hace 3 años su única sentencia de este tipo de juicios. 

Apropiaciones y delitos sexuales 
En cuanto a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos (contemplados en las figuras de supresión de identidad, retención y ocultamiento de un menor, falsificación de documento público y supresión de identidad), el panorama de juzgamiento ha avanzado con las mismas contradicciones que el resto de los procesos. 

Un total de 19 juicios en 11 años, que incluyeron 64 casos y donde se obtuvieron 78 condenas sobre similar número de represores. En esos 64 casos juzgados, siendo que el total de restituciones es de 115 identidades, y pese a haberse juzgado a algunos de los represores responsables de su apropiación, encontramos que en 14 de estos casos los jóvenes aún no han sido restituidos a su verdadera identidad. 
La comisión de delitos sexuales como parte del plan represivo, pero como un delito autónomo al de tormentos, sigue siendo resistida por la mayoría de los tribunales del país. En los últimos años sólo los represores Musa Azar y Miguel Garbi en Santiago del Estero han sido condenados por estos delitos. La querella de Justicia Ya La Plata planteó en el juicio La Cacha un concepto 
amplio de violencia sexual, que no se reduce tan solo a las violaciones o abusos, sino también la exposición a la desnudez, los insultos, el ir al baño con un hombre mirando, la higiene personal, lo que implicaba ser objeto de cosificación dentro del CCD. Pero los planteos fueron rechazados por el TOF 1 porque “no integran el objeto procesal de la causa”. 
Sólo los fiscales Nebbia y Palazzani en Bahía Blanca se han atrevido a romper la inercia imperante, y han planteado ampliar indagatorias a un grupo de imputados en esa localidad por delitos sexuales específicos. Recientemente la Cámara Bahiense hizo lugar al planteo, aunque no aceptó el criterio de que esa violencia tuvo un fuerte contenido de género y que todos los delitos sexuales son autónomos a los de tormento. 
El castigo, la humillación contra las mujeres incluía los abusos y ataques sexuales y eran acciones cotidianas sin sanción para sus ejecutores, conocida por todos los estamentos militares y formaban parte del plan aún sin la existencia de órdenes expresas y servían para doblegar a la víctima y para aterrorizar al resto. 
Tanto la violencia sexual como el miedo a ella constituyen parte integral del "control social de las mujeres", volverlas sumisas y obedientes, y está motivada por el deseo de dominar y castigar antes que por el deseo sexual. por lo tanto, el delito de violencia sexual ocurrió en un contexto de Plan Sistemático contra la población civil y es un crimen de Lesa Humanidad. 
Estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres han sido invisibilizadas durante mucho tiempo, por la vergüenza, la culpa, el temor y la estigmatización de las que son objeto las mujeres afectadas. Si la sociedad post dictadura no estaba dispuesta a escuchar y mucho menos a comprometerse en este reclamo, y tuvo que pasar mucho tiempo para poder romper el silencio y poder testimoniar este horror vivido, ahora es tarea de la justicia recepcionar de una vez por todas estos hechos para dar cuenta completa de o que sucedía en los CCD. 


La Corte y las domiciliarias 
En septiembre pasado la Corte Suprema reabrió la polémica por las domiciliarias a los genocidas, tras flexibilizar su propio criterio y otorgarle domiciliaria a Roque Pappalardo, condenado a perpetua por el TOF de Mar Del Plata en marzo de 2012 por el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. 
Para la Cámara de Casación y la Corte los más de setenta años del represor y sus problemas cardíacos, convalidados por el dudoso Cuerpo Médico Forense, ameritan su cómodo alojamiento domiciliario. El cambio de criterio es patente, porque hasta ahora la Corte Suprema priorizaba la cárcel común al contemplar que tuvieron y conservan poder y capacidad de escaparse y complicar las investigaciones. La desaparición aún impune de Jorge Julio López no ha sido suficiente aviso de la capacidad operativa de para los cortesanos. 

Tampoco fueron suficientes los casos del represor Carlos Hidalgo Garzón, condenado por apropiación y enviado a un geriátrico abierto hasta que la propia nieta apropiada lo denunció; ni el de Juan Antonio Azic, sentenciado a 14 años como apropiador de Victoria Donda, que se pegó un tiro en el mentón cuando ordenaron detenerlo en la clínica adonde el tribunal lo había enviado; o el caso del médico de Jorge Magnacco, condenado como entregador de Javier Viñas y Evelyn Bauer, y descubierto violando la domiciliaria con caminatas por el centro porteño; o el de Juan Miguel Wolk, procesado en causa Pozo de Banfield y enviado a su casa para profugarse unos meses con ayuda de su hija policía; o el escándalo de los genocidas Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, que tras ser condenados en San Juan se fugaron mientras eran traídos al Hospital Argerich con ayuda de la esposa de uno de ellos, a la sazón enfermera del lugar. Entonces, no sólo se avalan beneficios no otorgados al resto de los condenados comunes, sino que no se controla su cumplimiento, lo que ya generó un precedente aplicado en otros casos (Carlos Mulhal y Miguel Gentil en Salta) y un reguero de pedidos de otros genocidas. 


La Plata sigue impune 
Para La Plata el año 2014 sumó condenas en el juicio por La Cacha, uno de sus CCD más importantes en cantidad de compañeros que por allí pasaron como en coordinación represiva. Pero el juicio siguió marcando el clásico desgüace de las causas. Tras tener 10 años la causa en sus manos, el juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter se dedicaron a fragmentar la causa y parcializar las imputaciones. El resultado fue que en marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 127 casos del año '77. Así quedaron fuera de este proceso decenas de compañeros cuyo paso por este campo está denunciado hace décadas, igual que un grupo de penitenciarios que nunca fue procesado. 
Antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 de los mayores responsables del campo: el gobernador militar, Ibérico Saint Jean y el jefe del Destacamento 101, Alejandro Arias Duval. En la causa continúa prófugo el represor Teodoro Gauto, y fue detenido fuera de término en Panamá Ricardo Von Kyaw. 
Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se perdió la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona (no formaron parte de la acusación casos de apropiación), el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva para el exterminio entre los grupos de tareas del Servicio Penitenciario, la Armada y el Ejército (tampoco se contemplaron la mayoría de los homicidios probados). 
Con esto suman 62 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas (ver tabla 2 adjunta en PDF), la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una ciudad que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión, y mucho más para una jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de como las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU. 
Pero además hay en la jurisdicción federal de La Plata unas 25 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a 90 represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, aun presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 150 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone, al menos sobre el circuito represivo de la Policía Bonaerense en dictadura. 



Conclusión 
En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo. Eso se logra sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que este gobierno no está dispuesto a dar. 

Hace poco el presidente del TOF 1 de La Plata, Carlos Rosanzki, enunció el gran secreto a voces de los juicios a los genocidas. A la pregunta del portal Infojus sobre cuándo se terminará de juzgar estos procesos afirmó: “El final lo va a marcar la naturaleza, y no algún funcionario del Estado. Yo hice una proyección, hace cinco años, que los juicios tardarían 100 años en terminarse”. (1) 
Así planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de impunidad porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia que planificaron y ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre. 

Por ello, la voluntad manifiesta del oficialismo de “clausurar esta etapa histórica” antes de retirarse en 2015 es, además de impracticable, una efectiva clausura, pero que dejará a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo. 
(1)http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/etchecolatz-se-quiso-parar-al-principio-de-la-audiencia-pero-lo-frene-6277.html 

A 38 años del golpe genocida seguimos luchando por:
- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
- JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN O CIRCUITO REPRESIVO.
- RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. NO AL TRASLADO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.
- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LOPEZ.
- BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO.
- BASTA DE GATILLO FÁCIL. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS.
- BASTA DE REPRESIÓN Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES. 



30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡¡¡PRESENTES!!!
¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!

HIJOS LA PLATA

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