Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

jueves, 18 de agosto de 2016

LOS VERDADEROS SOLDADOS DE PERÓN AL BANQUILLO (Parte 2)

Juicio a la CNU en La Plata 

A poco de comenzar el debate oral por una parte de los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria en La Plata seguimos analizando la importancia de juzgar los crímenes de Estado previos al golpe como delitos de Lesa Humanidad, y el “elemento político” de los juicios en esta discusión.

Dedicado a María Esther Biscayard de Tello, 
Madre de Plaza de Mayo, docente y militante libertaria 
que perdió tres hijos por la represión de Estado y siempre nos recordaba que
“el Terrorismo de Estado no empezó el 24 de marzo del 76”.
Por HIJOS La Plata


En poco tiempo el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata estará juzgando a Carlos Ernesto Castillo y Juan José Pomares, integrantes de la banda de la derecha peronista CNU de La Plata, aunque solo se incluirán en el debate los casos de 7 víctimas en 3 hechos, de una lista total de más de 60 asesinatos aún impunes cometidos en nuestra cuidad entre 1974 y 1976. Pasados más de 40 años de los hechos, el juicio es una excelente oportunidad para revisar la concepción de los crímenes de Estado previos al golpe del '76. La intención de esta nota es preguntarnos qué estamos juzgando en este proceso: a un grupo de lúmpenes con banca y desbocados o a una estructura criminal del Estado, con todo lo que ello significa.
Si con la lucha y el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos hemos podido hacer reconocer en la justicia el carácter sistemático, planificado y extendido que tuvo la represión de Estado durante la última dictadura, y hasta hemos logrado que se lo defina específicamente como un genocidio, es decir la eliminación del grupo nacional que se oponía al régimen, mucho falta por capitalizar respecto a lo que sucedió con la represión en el período previo al golpe.
En este sentido puede empezarse por repasar qué es lo que hace a un crimen de Estado un delito de lesa humanidad, cuál fue el contexto que gestó y permitió las graves violaciones a los Derechos Humanos producidas en ese interregno democrático entre las dictaduras del '66 y el '76, y cuáles son los principales escollos jurídicos y políticos para avanzar en el juzgamiento de los hechos cometidos en ese período.

EL ELEMENTO POLÍTICO
El concepto de delito de lesa humanidad constituye el producto de una ardua elaboración de la jurisprudencia y la doctrina en el marco de la comunidad internacional de los Estados, que culminó con un complejo proceso de creación de cierta normativa que de forma incipiente pretendía condenar esos crímenes. Hoy existe un catálogo de delitos de lesa humanidad –en la acepción general de la expresión-, plasmado en diversos tratados, convenciones y resoluciones de órganos internacionales. Aquí simplemente diremos que lo que define al concepto de delito de lesa humanidad es la denominada “cláusula umbral” por la doctrina y que se refiere a un ataque generalizado contra la población civil, sumado a la aquiescencia, tolerancia o participación del Estado, del poder público, o de una organización similar en su ejecución. Es importante remarcar que esta definición exige el elemento político, es decir, que el ataque a la población sea llevado a cabo de conformidad con la política de un Estado o de una organización para cometer esos actos o para promover esa política. La propia Corte Suprema de Justicia ha dicho en la causa “Simón”, cuyo fallo destrabó en 2005 la discusión sobre la reapertura de los juicios a los genocidas en nuestro país, que los crímenes contra la humanidad “1- afectan a la persona como integrante de la 'humanidad', contrariando a la concepción humana más elemental y compartida por todos los países civilizados; 2- son cometidos por un agente estatal en ejecución de una acción gubernamental, o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal sobre un territorio determinado".
La investigación de los crímenes de la CNU en Mar Del Plata, que fue la primera que llego a juicio oral en todo el país, debió sortear esta discusión en la etapa de instrucción, y solo por insistencia y abundancia de planteos de las querellas la justicia marplatense determinó en abril de 2008 que los crímenes en cuestión son delitos de lesa humanidad.
En el auto de elevación a juicio de la causa contra Castillo y Pomares, el juez Jorge Di Lorenzo describe que ya desde finales de los '60 se conformaron desde el Estado grupos que desplegarían un accionar terrorista y, vía el decreto de “Aniquilación de la subversión” (2772/75), tuvieron su mayor expansión durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón.
De hecho Di Lorenzo afirmó que “desde el aparato de Estado se montaron organizaciones parapoliciales (…) que actuaron bajo el amparo y garantía de impunidad del propio Estado” y que esta actuación “se caracterizó por su ejecución sistemática y organizada” a través de “diversos delitos, especialmente secuestros, asesinatos y robos, siempre caracterizados por el uso de una extrema violencia contra personas que, por su participación en actividades partidarias y/o gremiales, se considerase 'subversiva' u opositora al gobierno”.
En nuestra intervención en la causa CNU La Plata, la querella del espacio Justicia Ya La Plata afirmó que “los hechos que aquí se analizan habrían formado parte de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil en el contexto del Terrorismo de Estado, que contó con la colaboración de personas pertenecientes a agrupaciones paraestatales”. Y en específico se señalaba que “el elemento político que inspiraba a los integrantes de la CNU estaba en completa sintonía con la política fomentada por funcionarios estatales que dieron origen a agrupaciones armadas –entre ellas la Triple A, con la finalidad de eliminar 'subversivos' u opositores al gobierno, cuyas acciones armadas reúnen ciertas notas comunes entre sí, con una estrategia previamente planificada que los diferencia de la mayoría de los delitos comunes, dirigida a la individualización de personas ideológicamente distantes del pensamiento que caracterizaba a sus integrantes”.

Si historizamos un poco sabremos que durante la dictadura de Onganía los postulados de la antigua Doctrina de Seguridad Nacional (ley 16.970) se transformaron en prácticas operativas orientadas a combatir la “subversión”. En esa etapa histórica se sentaron las bases jurídicas, orgánicas y funcionales de un sistema nacional de seguridad concebido y elaborado para apoyar un régimen autoritario, que aseguraba el cumplimiento de las órdenes que la propia dictadura entendía como “intereses vitales” de la Nación.
Mediante la sanción de varias leyes comenzaron a ejecutarse operaciones destinadas a neutralizar y eliminar el “accionar subversivo”: la ley 16.984 prohibió la difusión postal de la “ideología comunista”; la ley de partidos 17.401 ilegalizó a varias organizaciones, la 18.262 del '69 declaró el estado de sitio en todo el país; la 19.053 del '71 creó la Cámara Federal en lo Penal conocida como “Camarón” que juzgaría delitos federales contra la Constitución y las instituciones, la 19.081 del mismo año habilitó al Ejecutivo a utilizar las FF.AA. en estado de sitio y les otorgaba facultades para investigar y prevenir delitos de injerencia del “Camarón”; la 19.594 del '72, otorgó control militar a los penales donde se alojaban detenidos por hechos subversivos; las 19.797 y 19.799 del mismo año penalizó la difusión de material subversivo y definió competencia del Camarón, etc. Todo esto sumado a la sanción de distintos reglamentos y normativas que otorgaban basamento operativo autónomo a las FFAA, como los reglamentos militares RC5-1 de 1968, llamado de “Operaciones Psicológicas”, el RC-8-3 de “Operaciones contra Subversión Urbana” y RC-8-2 de “Operaciones contra Fuerzas Irregulares”; el Instructivo del Ejercito RV-150-10 de 1969, titulado “Instrucción de Luchas Contra las Guerrillas” del Ejército Argentino; o la Directiva 02/71 de la Junta de Comandantes en Jefe, llamada “Para el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión”.
Este es el contexto que gestó y permitió las graves violaciones a los derechos humanos producidos antes de la última dictadura, donde ya se organizaban desde el aparato del Estado la división de tareas, objetivos, grupos operativos, inteligencia, infiltración, etc., todos ellos elementos necesarios para operar sobre los opositores políticos.

LA EXPERIENCIA EN LOS JUICIOS
Si revisamos los juicios reabiertos desde 2006, el juzgamiento de crímenes de Estado previos al 24 de marzo de 1976 como parte del proceso de reapertura de las causas de Lesa Humanidad ha tenido varios antecedentes.
En específico sobre las bandas armadas de la derecha peronista, el primer juicio concluido se dio en febrero pasado, cuando la titular del Juzgado Federal Nº 1 de CABA, María Servini de Cubría, en juicio escrito que tramitó por el viejo Código de Procedimientos condenó a 4 integrantes de las bandas de la Triple A por asociación ilícita y con penas menores. La jueza dio por probado que Jorge Conti, Carlos Villone, Norberto Cozzani y Rubén Pascuzzi integraron esa organización paramilitar desde sus cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social, así como que la sede de esa cartera se utilizó como lugar físico para realizar reuniones de la organización paramilitar, como también para financiar su funcionamiento: "El delito que aquí se juzga no fue consecuencia del accionar de personas individualmente consideradas, para su perpetración fue necesaria la misma estructura y recursos proporcionados en principio por uno de los ministerios del Estado, (…) se proveyeron fondos para compras de armamentos, solventar su logística, se utilizó su aparato de prensa, y hasta sus requerimientos aduaneros en materia de armas", afirmó Servini de Cubría en el fallo.

Pero además en estos años llegaron a sentencia la causa por la Masacre de Trelew, ocurrida durante una dictadura militar en agosto de 1972, y donde se condenó a varios marinos en 2012; el fallo por la Masacre de Capilla del Rosario, el fusilamiento de 14 militantes del ERP ocurrido en agosto de 1974 en Catamarca, donde el Tribunal local condenó en 2013 a 3 de los autores del hecho; y la condena en 2014 del jefe de Prefectura de Campana Carlos Ramón Schaller por el secuestro de Marta Querejeta en diciembre de 1974.
Todos los hechos de estos procesos fueron calificados como constitutivos de delitos de Lesa Humanidad, no sin esfuerzo o disenso de los jueces sobre el famoso “elemento de contexto” que caracteriza a los crímenes contra la humanidad: ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Así se los calificó pese a la resistencia de las defensas, que entre otras cuestiones plantearon que se lo hacía como simple traslado de la característica de los crímenes cometidos en dictadura, y principalmente que ni siquiera se habían emitido aún las directivas represivas 1/75 del Consejo de Defensa y 404/75 del Comandante del Ejército, de cita permanente como antecedentes de la represión desatada a partir del golpe. Contra esta posición en los tres casos primó la postura de que al momento de los hechos existía un orden normativo fundado en las convenciones y en la práctica
consuetudinaria internacional, del que el país es parte, que consideró inadmisibles la comisión de delitos de lesa humanidad ejecutados por funcionarios del Estado.
Es claro que en el caso de Trelew los hechos se dieron durante una dictadura, que en el caso de Capilla del Rosario se fusiló a personas detenidas y desarmadas con intervención policial y militar, y que en la causa Querejeta se trata de la actuación del jefe de una fuerza de seguridad nacional. Ahora, el escollo a superar parece ser afirmar que entre 1974 y 1976 existía un Plan Sistemático y generalizado de exterminio de un sector de la población, con actuación de grupos integrados por civiles, policías y militares que accionaban contra otro grupo al que se identificaba como enemigo por razones políticas.
En la sentencia por la Masacre de Capilla del Rosario, los jueces Reynaga, Casas y Jiménez Montilla se animaron a establecer que a partir del “Devotazo”, cuando se liberó masivamente a los presos detenidos o condenados bajo el rótulo de actividades subversivas, los jefes militares se apartaron de los procesos judiciales llevados a cabo por el Camarón y comenzaron a realizar un plan sistemático y generalizado de persecución de la población civil, llegando a disponer cuando fuera posible el sometimiento fatal de los enemigos aunque estuvieran indefensos o desarmados.
Hoy sabemos que en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) hubo alrededor de mil denuncias registradas y nunca investigadas por desapariciones forzadas durante el tercer gobierno peronista, que fueron acercadas por la Secretaría de Asuntos Legales a la justicia.

DIFERENCIA DE CRITERIO
Si el camino se venía abonando para poder avanzar en el castigo a estos crímenes de Estado previo al golpe, un nuevo fallo volvió a complicar la situación. El 9 de junio pasado la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con voto mayoritario de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, y disidencia de Ana María Figueroa, decidió anular la sentencia de primera instancia de la Masacre de Capilla del Rosario, o causa “Carrizo”, absolver a los tres condenados y ordenó ponerlos en libertad. En lo esencial Riggi y Catucci consideraron que los hechos no encuadran en la categoría de crímenes contra la humanidad porque "no se encuentra acreditado por ningún medio de prueba o directamente no existía" a esa época "un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil" y porque "estaba debidamente instalado un gobierno constitucional elegido por más del 60 por ciento de los votos del padrón electoral".
En principio cabe destacar que estos dos jueces opinantes fueron funcionarios del poder judicial tanto en el Camarón como en la dictadura. Eduardo Rafael Riggi, ingresó al Poder Judicial en el Camarón, fue cesanteado en la gestión de Cámpora y nombrado juez en 1978. Además hoy está denunciado por recibir coimas de los imputados por el asesinato de Mariano Ferreyra. La jueza Liliana Elena Catucci ingresó al Poder Judicial en julio de 1971. Fue nombrada jueza en 1980 y quedó a cargo de un juzgado de primera instancia en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal. Entre otras joyas participó con voto propio del fallo que condenó injustamente a Fernando Carrera por la llamada “Masacre de Pompeya”.
Mas allá del análisis sesgado que estos jueces hicieron de la prueba en la casusa por la Masacre de Capilla del Rosario, y de que hace años hay elementos en las autopsias que demuestran que hubo ejecuciones (repetidos balazos en tórax y nuca), es interesante detenerse en la valoración que realizaron del contexto en el que se sucedieron los hechos, esto es agosto de 1974, ya muerto Perón y gobernando Chabela. El doctor Riggi opinó que los jueces de primera instancia hicieron una interpretación “no solo errónea sino antojadiza y subjetiva del marco histórico-político de la época de los hechos materia de juzgamiento”. Y si bien reconoció que había un clima de violencia y se perpetraban crímenes y atentados cometidos por distintas agrupaciones o bandas, en todo caso el Estado respondía como contrapartida y con “probables excesos en la forma de enfrentar y reprimir dichas conductas”. Es más, abundó en que si un grupo armado quiso copar un regimiento, y olvidando todas las obligaciones formales que las fuerzas legales tienen sobre sí, “ya siquiera puede hablarse de 'un ataque' por parte de las fuerzas armadas, sino más bien de un acto de defensa de los poderes constitucionales vigentes”. Curiosamente en un tramo del fallo se apoyó en el discurso que pronuncio Perón después del ataque al cuartel de Azul en enero del '74, y lo citó profusamente, no solo en cuanto afirmaba que “el gobierno nacional, en cumplimiento de su deber indeclinable tomará de hoy en más las medidas pertinentes para atacar al mal en sus raíces, echando mano a todos los medios y movilizando todos los recursos necesarios”, sino también cuando señalaba que “el movimiento nacional justicialista movilizará, asimismo, sus efectivos para ponerlos decididamente al servicio del orden y colaborar estrechamente con las autoridades empeñadas en mantenerlo”.
Por su parte la doctora Catucci dijo que el suceso no se corresponde con un plan sistemático, que no se trataba de un grupo civil desarmado y que tenían posibilidad de resistir. Descalificó a los testigos y descartó la posibilidad de la calificación de los delitos como constitutivos de lesa humanidad porque los hechos eran diferentes a los de otras causas (Trelew, Operativo Independencia, etc.) por cuanto aquí la iniciativa agresora había sido de los terroristas, y desencadenado los episodios armados. Que no podían ser delitos de lesa humanidad hechos de una acción concertada en un gobierno constitucional y ordenada por la Presidente de la Nación en auxilio de las fuerzas policiales que estaban en inferioridad de condiciones, por lo que la actuación conjunta de las fuerzas de seguridad en este caso había sido justificada y autorizada.
Catucci intentó explicar que “mal podría interpretarse de esa manera una acción concertada en un gobierno constitucional y ordenada por la Presidente en auxilio de fuerzas en inferioridad de condiciones. Y no se adecua a ellas porque tampoco parece haber respondido a un pre-ordenamiento planificado. Ni su génesis ni su desarrollo se avienen a esa concepción”. Según la doctora “si bien pueden asimilarse acontecimientos anteriores a la ruptura del Estado de Derecho del 24 de marzo de 1976, como propios de esta época, las constancias causídicas revelan que el que está bajo examen no es uno de ellos”. La doctora llega a extremos superlativos al decir que “sin desconocer que el resultado letal de muerte de los individuos que no lograron huir como sus compinches (SIC) y que es lo que llevó a percibirlos crímenes de lesa humanidad, esa concepción no puede asentarse en el resultado sino en todas las circunstancias que permitieron apreciar las diferencias con aquéllos”.

El fallo es un alerta importante porque se trata de un tribunal federal de segunda instancia, que revisa lo actuado por los tribunales orales, y que ha argumentado con inconsistencias y arbitrariedades varias. En principio si los fusilamientos no están probados y las muertes fueron justificadas -en el cumplimiento de un deber o en legítima defensa propia o de terceros- no habría delito alguno, por lo que ocioso sería entrar a fundamentar el carácter o no de lesa humanidad. Sin embargo se empeñaron en hacerlo. Para eludir la calificación de lesa humanidad abrieron el análisis de si se trata de graves violaciones a los Derechos Humanos, pero curiosamente no la desarrollaron.
Ahora, si los homicidios estaban probados pero no eran ni delitos de lesa humanidad, ni graves violaciones a los DDHH, cabía la prescripción, y se agotaba la discusión de fondo en instancias anteriores que los jueces de Casación tuvieron oportunidad de revisar. Y en todo caso si no eran delito, y así lo determinaban, no había nada que prescribir.
Pero además, destacamos especialmente la discusión que se abre con este fallo sobre el carácter real de los delitos investigados, porque todavía hay resistencias judiciales a reconocer plenamente que hubo crímenes de Estado entre 1973 y 1976 y que esos crímenes son delitos de lesa humanidad, con todo lo que la definición conlleva. Si no fueron crímenes de lesa humanidad, como pretenden Riggi y Catucci, fueron crímenes de guerra, que tampoco prescriben. Lo contrario es reafirmar la teoría del partisano del jurista alemán Carl Scmitt, tan usada por los represores y sus abogados en los juicios, cuando dice que como los guerrilleros no son combatientes de una guerra tradicional, no se los debe tratar como enemigos regulares y, luego, como prisioneros de guerra, y está justificado hacer con ellos cualquier cosa.
La polémica sentencia de Casación ya ha sido apelada por las querellas del juicio y recurrida por el Fiscal General ante esa Cámara, Javier Augusto De Luca, con un recurso extraordinario que detalla todas las inconsistencias del caso y pide elevar los autos a la Corte Suprema para que revoque esta sentencia y confirme la del Tribunal Oral de Catamarca.
El fondo de esta cuestión es señalada con precisión por el fiscal De Luca en el recurso de apelación, cuando dice: “Ninguna relevancia tiene que el gobierno de por entonces fuese uno elegido democráticamente y que sus máximas autoridades fuesen civiles, como tampoco que estos grupos estuviesen formados muchas veces por civiles, total o parcialmente (ej. 'Triple A', Alianza Anticomunista Argentina).
Tampoco la tienen las directivas que pudiera haber dado un presidente constitucional (Toda la discusión acerca de la expresión 'aniquilar'), ya sea porque estas órdenes fueron tergiversadas (el significado de una orden de un presidente constitucional nunca podría haber sido por fuera del orden normativo), o porque fueron perfectamente interpretadas (considerar que esa orden es una orden ilegal expresa). Porque las órdenes ilegales son tales por su contenido con prescindencia de la calidad del título de quien las emita. Como se ve, se trata de un argumento de autoridad que no prueba la imposibilidad de que durante ese período se hubieran cometido graves violaciones a los DD.HH., ya sea de manera clandestina, actuando las fuerzas armadas y de seguridad motu propio, ya sea de manera expresa o manifiesta por orden de un presidente de iure”.
La mayor paradoja de este fallo es que se pronuncia justificando la represión ilegal durante un gobierno democrático, y principalmente por tratarse de una gestión constitucional, que es desarrollada por magistrados que integraron el poder judicial durante la última dictadura y siguen en funciones 40 años después para revisar aquellos hechos. Y es allí donde aparece el verdadero “elemento político” de los fallos en este tipo de juicios.

FINAL ABIERTO
La democracia alfonsinista no tuvo intenciones de indagar, y mucho menos de impulsar, el proceso judicial contra los responsables de los crímenes de Estado previos al golpe. De hecho hasta negoció y puso un freno a la investigación de los crímenes de la dictadura con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Hubo por entonces un pacto implícito: si se iba a fondo en la verdad más profunda sobre el origen y las motivaciones de la maquinaria de crímenes y desapariciones se iba a terminar enjuiciando la gestión del Partido Justicialista, algunos de cuyos dirigentes aun siguen en funciones en cargos del Estado, en sindicatos, o en el propio partido.
Los fundamentos de ese pacto eran claros: si se lo ponía en cuestión, el peronismo iba a denunciar una nueva persecución y podía apoyarse en el aparato militar que acababa de abandonar el poder, para desestabilizar el sistema político.
Es entendible también que para los organismos de derechos humanos, por la dimensión de los crímenes y su vigente impunidad, el foco principal del reclamo haya sido por muchos años la estructura militar-policial-penitenciaria y no las bandas armadas del Estado en el gobierno peronista.
Ni hablar de la impunidad superlativa que intento sembrar la gestión menemista, perdonando con indultos desde el Estado y con pretensión de igualdad a los asesinos de la dictadura, a los criminales de la guerra de Malvinas y a los compañeros militantes con causas pendientes por su actividad política en los '70.
El dilema estuvo pendiente incluso hasta la reapertura de los juicios a los genocidas d aquella última dictadura, y tuvo una clara muestra de la caja de Pandora que se estaba abriendo en enero de 2007, cuando el impresentable juez Espartacus Oyharbide pretendió citar a indagatoria a Isabel Martínez de Perón por los crímenes de la Triple A, y la ciudad de buenos Aires apareció afichada con carteles firmados por la CGT, la Fraternidad y las 62 Organizaciones que rezaban: '”No jodan con Perón”.
Hoy los juicios por crímenes de lesa humanidad no pueden ser el límite de un nuevo pacto político de impunidad. La responsabilidad del gobierno peronista en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de lesa humanidad, son hoy innegables. Ya es hora de discutir a fondo la organización desde el Estado de la represión a los opositores políticos antes del golpe y condenar esos crímenes.


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martes, 9 de agosto de 2016

Otra domiciliaria a Etchecolatz - FINAL DEL JUEGO

Luego de que la justicia platense allanara el camino, los tribunales porteños otorgaron una nueva domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. La Cámara Federal platense decide sobre si hace o no efectivo el beneficio esta semana.


Otro tribunal Federal otorgo el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. Esta vez en la causa por los crímenes cometidos en los CCD de la Brigada de Monte Grande en Esteban Echeverría y la Brigada Güemes de Cuatrerismo (o “Protobanco”) ubicada en La Matanza.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correcional Federal de CABA entendió que “se verifican circunstancias objetivas que aconsejan disponer que Etchecolatz continúe su encierro preventivo en su domicilio particular”. Los Jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah tomaron el fallo del TOF 1 de La Plata del 22 de julio pasado como base y, tal como hicieron los magistrados platenses ponderaron, muy por encima de la opinión del órgano médico de la Suprema Corte, la opinión personal del médico José Luis Franco, jefe del Área del Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, en el sentido de que “ha visto deteriorarse a Etchecolatz en estos últimos meses”.
La causa por los Brigada de Monte Grande y “Protobanco” fue instruida por el juez Daniel Rafecas, quien la elevo a juicio al TOF 6 de CABA en diciembre de 2013  con 12 procesados, entre ellos Etchecolatz. Rafecas ya había negado el pedido de domiciliaria en esa causa recordando las condenas que recibió Etchecolatz en La Plata, sumadas a las imputaciones por el CCD “Protobanco”, donde dijo que “el estadío de desarrollo de la pesquisa y las pruebas pendientes de sustanciación, en especial, la relacionada con víctimas sobrevivientes y demás testigos, sin dudas vulnerables ante posibles maniobras destinadas a frustrar el avance en la búsqueda de la verdad
 judicial”. En esa oportunidad Rafecas destacaba que el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia del 5 de abril pasado señalaba claramente que el represor “presenta buen estado de salud aparente, sin signos de descompensación, ni de proceso agudo en evolución. Padece patologías clínicas compensadas y tratadas adecuadamente” y que “en tanto y en cuanto se cumplan las indicciones médicas en tiempo y forma, su salud no se verá afectada por deficiencias en atención”. Sin embargo, los jueces Ballestero y Farah, así como lo hicieron hace poco sus colegas Castelli y Michelli, compraron el argumento de la “razón humanitaria”.
La campaña de los abogados de Etchecolatz por su definitiva y efectiva domiciliaria no cesa: han presentado un recurso de Habeas Corpus, donde curiosamente reconocen que la situación del genocida se agravó también “a raíz de una huelga de hambre”. El recurso fue resuelto negativamente por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata el 2 de agosto pasado. Allí los jueces Nogueira, Vallefin y Pacilio afirmaron que la vía del Habeas Corpus no correspondía y que ese medio de protección “no puede ser empleado para desplazar a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumben”.
Con la medida dispuesta por el tribunal de CABA, el genocida suma varias conquistas hacia su definitiva impunidad: ha conseguido la domiciliaria en la causa que lo condeno en 2006, dictada el 4 de agosto pasado y en los expedientes por el CCD “La Cacha” y por los casos “Favero/Alvarez”, otorgadas el 22 de julio pasado. Además se le dictó el cese de la preventiva en otros dos expedientes a disposición del TOF 1. Sólo conserva la prisión preventiva rigurosa en las causas “Circuito Camps” donde no se encuentra firme la condena que recibió en 2012, y en las unificadas “Pozo de Banfield/Pozo de Quilmes”, ya elevadas a juicio oral.

La situación se tensa cada vez más, porque si bien el TOF 1 de La Plata le concedió varias veces el beneficio sin hacerse efectivo, el cumplimiento de la medida quedó supeditado a lo que decida el resto de los tribunales a cuya disposición se encuentra. Además, frente a una intencionada posición que intenta argumentar una catarata de otorgamiento de domiciliarias como exclusivo efecto del gobierno Macri, nos permitimos recordar que según datos de los informes periódicos del Ministerio Publico Fiscal, por lo menos hace 4 años que el promedio de represores procesados y condenados con domiciliaria es del 40%. Fue del 42% en 2012, del 36% en 2013, del 40% en 2014 y del 41% en 2015. Con la persistencia del porcentaje, lo que ha variado es la cantidad acumulada de genocidas en sus casas, porque ha habido nuevas condenas y nuevos procesamientos, de manera que a julio de 2016 encontramos unos 462 represores gozando del beneficio. Los que describían desde 2006 la situación de los juicios como un avance ejemplar y sin fisuras, ahora desgarran sus vestiduras ante la cruda realidad.

Esta semana la justicia federal platense debe resolver el fondo de esta situación específica sobre Etchecolatz. Por eso nos sumamos a la convocatoria para mañana 10 de agosto a las 9:30 hs, a acompañarnos en las escalinatas de la Cámara Federal de La Plata –calle 8 y 50- para reclamar la NO CONCESIÓN de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Si la justicia llega a otorgar la domiciliaria efectiva Etchecolatz, estaremos consolidando un proceso que no es nuevo, pero que se agrava cada vez más. Desde HIJOS La Plata hemos escrachado en varias oportunidades al represor mientras estaba amparado en las leyes de impunidad o recibía beneficios disfrutando de su chalet de Mar Del Plata.
Volveremos al ruedo si tamaña afrenta a la lucha de todo un pueblo devuelve al símbolo de la represión en la provincia de Buenos Aires a un cómodo e impune final de sus días.

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
ADONDE VAYAN LOS IREMOS A BUSCAR.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA SEGUNDA DESAPARICION FORZADA DE JORGE JULIO LOPEZ.

HIJOS La Plata
9 de agosto de 2016

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martes, 2 de agosto de 2016

LOS VERDADEROS SOLDADOS DE PERON AL BANQUILLO (Parte 1)

Juicio a la CNU en La Plata

El 12 de agosto comienza el debate por una parte de los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria en La Plata. En esta nota una síntesis de la causa y semblanza de los dos acusados en el juicio.


"Lo que hace falta en Argentina es un Somatén". 
Juan Domingo Perón. Mayo de 1972.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata informó hace poco que fijó fecha de inicio del debate oral y público en la causa N° 34000009/2005, donde se estipuló para el 12 de agosto “citación de las partes y asistencia personal de los procesados Carlos Ernesto Castillo y Juan José Pomares”. Pasados más de 40 años de los crímenes, la causa contra la CNU de La Plata llega a juicio de manera fragmentada y juzgará solo los casos de 7 víctimas en 3 hechos, de una lista total de más de 60 asesinatos aún impunes cometidos en nuestra cuidad entre 1974 y 1976.

LA CAUSA
El expediente se inició como Causa Nº9, con la carátula del apellido de una de las víctimas. Existen por lo menos otros tres tramos que investigan delitos cometidos por estas bandas tanto en el periodo previo al golpe como su actuación durante la dictadura.
A los primeros procesamientos dictados por el juez Arnaldo Corazza en 2011, y tras su retiro de la función, el juez Manuel Blanco como subrogante acumuló parte de la investigación en un cuerpo principal y dejó otra parte en instrucción. Ante el surgimiento de amenazas a uno de los sobrevivientes, en junio de 2012 la Sala I de La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata resolvió que todos los testigos que tuvieron intervención en las actuaciones tuvieran identidad reservada y se les asignara un número para individualizarlos.
En marzo de 2015 el fugaz juez Jorge Di Lorenzo elevó la causa a juicio acusando a Castillo por secuestros, homicidio, violación de domicilio y robo en los tres hechos principales, y a Pomares por secuestro y homicidio en uno de los hechos.
En febrero del 76 los trabajadores del Hipódromo platense se hallaban en conflicto por salarios, habían acordado huelga y sus dirigentes habían sido amenazados por los pesados de la gobernación. El 12 de febrero de ese año fueron secuestrados en sus domicilios de zona norte de la ciudad Carlos Domínguez (presidente de la Agremiación de Empleados del Hipódromo) y el testigo-victima N 6 de este juicio, empleado del Hipódromo. El testigo 6 se escapó del baúl del auto en que lo llevaban en la ruta 11 a Magdalena, mientras el cadáver de Domínguez fue hallado el mismo día con 37 disparos al costado de la ruta 20 entre Vieytes y Magdalena. Un hecho posterior confirma el ensañamiento de la CNU con los trabajadores del Turf: los secuestros y asesinatos de Eduardo Julio Giaccio, Ernesto David Rojas y los hermanos Oscar Gerardo y Raúl Alberto Arabel, estudiantes universitarios y activistas gremiales en el Hipódromo, cometidos una semana después del crimen de Domínguez y que no forman parte de este juicio.
El segundo hecho se refiere a los asesinatos de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini, quienes fueron secuestrados mientras circulaban en auto por Villa Elisa el 3 de abril del '76, junto a una pareja sobreviviente del hecho. Los sobrevivientes, testigos N 1 y 2 en este debate, relataron en el Juicio por la Verdad que la patota disparó a las ruedas del vehículo que ocupaban, y tras cargarlos en otro auto les hicieron un simulacro de fusilamiento en Camino Centenario, los llevaron a un descampado en donde torturaron a Dinotto y Martini. La pareja fue liberada en calle 2 y 32 de La Plata. Las víctimas aparecieron acribilladas al día siguiente en el barrio Los Porteños de City Bell, con las manos atadas en la espalda y los rostros tapados con sus ropas.
El tercer hecho a juzgar en el debate será el referido al secuestro y asesinato del militante de Montoneros Leonardo Miceli ocurrido el 19 de abril del 76 y realizado por un grupo de 20 mercenarios con armas largas y a cara descubierta. Miceli fue detenido en su casa del sur de la ciudad, el mismo día que Carlos Sathicq y Horacio Urrera. Los tres cuerpos fueron encontrados flotando en el arroyo Santo Domingo en Sarandí y entregados a los familiares desde la comisaría 4ta de Avellaneda.
Miceli y Sathicq eran empleados y delegados en la empresa Limpiolux, contratista de la entonces Propulsora Siderúrgica del grupo Techint para la limpieza de las instalaciones de su planta de Ensenada. Urrera era militante peronista, estudiante de derecho y delegado en Rentas, donde estaba enemistado con grupos de la CNU. Como dijimos, tanto el juez Blanco como Di Lorenzo fragmentaron la instrucción del caso pese a tratarse de un mismo operativo y con el mismo destino final, y elevaron a juicio solo el caso de Miceli.

REPRESORES CON BANCA
Tras un largo período de andanzas con las patotas de la CNU Castillo y Pomares fueron detenidos durante la dictadura. El 30 de abril de 1976 el Ejército, con el debido apoyo de la Unidad Regional La Plata de la policía, allanó la casa en que vivía el Indio con su madre. Hallaron un arsenal. Pomares fue detenido en mayo del mismo año cuando los grupos fueron desactivados por orden del jefe del Área de Operaciones 113 del Ejército, coronel Roque Carlos Presti. La caída en desgracia de la patota iba en consonancia con la voluntad de las Fuerzas Armadas de ejercer el monopolio represivo, y se cristalizó en la declaración como organización ilegal y posterior disolución de la CNU que determino la Ley 21.325 de julio del '76.
Sin embargo que estuvieran fuera de circulación no les impidió seguir actuando. En el testimonio del sobreviviente de los CCD de la Armada y Prefectura Luis Ricardo Córdoba, tanto en Juicios por la Verdad como en el juicio a la FT5, se afirma que aún presos en la Unidad 9 los grupos seguían accionando: “existía un grupo de detenidos, que después nos enteramos, era un grupo del CNU, y conversaba con nosotros y contaban un montón de atrocidades que hacían. En la Unidad 9 existía un grupo, que correspondía según ellos al C.N.U., entre ellos un tal Castillo, Pomares y otros. Para nosotros no estaban ni detenidos”. El dato fue corroborado por uno de los represores de la U9, el penitenciario Raúl Aníbal Rebaynera (alias el Nazi), quien en su indagatoria del juicio realizado en La Plata en 2010 ubicó a las patotas de la CNU como alojadas en el pabellón 11 del penal.
Salido de prisión con cobertura policial y militar, el Indio pasó a integrar los grupos de tareas de la dictadura en varios CCD del Circuito Camps. Con varias entradas y salidas de prisión en causas por robo y tenencia de armas, en los '80 se vinculó a los mandos carapintadas y trabajó para el Modín de Aldo Rico. Desde HIJOS La Plata lo escrachamos en su guarida impune en la ciudad en 1998. Detenido en la ciudad cordobesa de Villa General Belgrano en 2011 y defendido hoy por Gastón Ezequiel Barreiro y Fernando Buján, que ya han defendido a otros genocidas en juicios de La Plata, los letrados pidieron sobre Castillo un completo informe socio-ambiental por el SPF y examen mental por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.
Al ser detenido en esta causa Pomares en julio de 2011 ocupaba el cargo de asesor en el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Siempre vivió de cargos en el Estado: entró al municipio en la gestión de Julio Alak y se sostuvo hasta la de Pablo Bruera. Es defendido por Oscar Salas y Christian Romano, abogados que en total muestra de coherencia representan al comisario Luis Raúl Ponce en la causa por la desaparición de Andrés Núñez, y que pretenderán blanquear la imagen del “Pipi” con constancias de su pasado en el Servicio Penitenciario, el Hipódromo, la Lotería, la Legislatura, la Municipalidad y hasta un diploma de “militante ilustre del Partido Justicialista de La Plata”.
No es casual entonces que se supiera en noviembre de 2014 que un sobreviviente recibió durante dos años amenazas de un teléfono que, según determinó la Justicia, se hallaba en la Contaduría General de la Municipalidad de La Plata, en donde tenía un cargo alto la ex esposa de Pomares, Susana Gordillo, esposa del concejal por el FPV Fabián Lugli.
Ante este panorama, de los cerca de 80 testigos ofrecidos 17 tienen identidad reservada, principalmente quienes son sobrevivientes de los hechos y han reconocido a los verdugos. Según informó el TOF 1 “su efectiva participación en el proceso quedará supeditada al informe de riesgo respecto de la situación de los testigos” vía intervención al Centro de Asistencia a Víctimas “Fernando Ulloa” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la tarea del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CO.DE.S.E.D.H.).

EL JUICIO COMIENZA EL VIERNES 12/8 A LAS 10HS
EN LA SEDE DEL TOF 1 DE LA PLATA – 4 ENTRE 51 Y 53.

En la próxima nota: Los crímenes de las bandas armadas del peronismo de ultra derecha como crímenes de Lesa Humanidad, y el siempre pendiente debate sobre el rol del peronismo en el Terrorismo de Estado previo al golpe de 1976.

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lunes, 25 de julio de 2016

GENOCIDA CON RAZÓN HUMANITARIA

Domiciliaria a Etchecolatz 


El pasado 22 de julio el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata concedió el arresto domiciliario al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz en el marco de dos de las causas en donde fue sentenciado. Si bien la medida no se hará efectiva porque el represor está condenado en otras causas y detenido en procesos pendientes de juicio, este tipo de fallos sólo generan mayor impunidad a la vista de los sobrevivientes, familiares, organismos de Derechos Humanos y todos los que luchamos tantos años por cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas. 


En su fallo, con votos favorables de los jueces Germán Castelli y Jorge Michelli y disidencia de Roberto Lemos Arias, el TOF 1 decidió hacer lugar a la solicitud de prisión domiciliaria de Miguel Osvaldo Etchecolatz efectuadas por la defensa oficial en las causas “La Cacha” (91003389/2012) y “Favero/Alvarez” (91133453/2013). La decisión, de concretarse, incluye la supervisión quincenal y presencial del beneficio de parte del Patronato de Liberados, más un sistema de vigilancia electrónica y con pedido al gobierno nacional de medidas necesarias para preservar la integridad física del represor y de terceros.
Para que no queden dudas de quién estamos hablando, se trata del ex Director General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante el mandato de Ramón Camps, coordinador de las patotas de los más de 30 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en dictadura en el conurbano bonaerense, hoy condenado a 3 cadenas perpetuas, más una sentencia de 25 años y otra de 7, todo ello por delitos gravísimos como el secuestro, tortura y homicidio de decenas de militantes políticos y por el robo de al menos una niña apropiada por los represores.
La defensa del genocida había pedido la domiciliaria apelando al artículo 32 inciso a) de la ley 24.660, que habilita el beneficio “al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario”.
Desde comienzo de año dos informes médicos, uno del Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza y otro del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema, venían sosteniendo la decisión de mantener al genocida con todas las atenciones necesarias pero en la cárcel. El único hecho nuevo fue una supuesta pérdida repentina y pasajera del conocimiento en el traslado de Ezeiza al CMF de la Corte en CABA, donde se lo derivó a la guardia del Hospital Ramos Mejía, y cuyo parte determino “buen estado de salud aparente, sin signos de descompensación, ni de proceso agudo en evolución” aún padeciendo “patologías crónicas compensadas y tratadas adecuadamente”. A mayor abundancia, el informe del CMF de la Corte determinó en abril pasado que el caso no encuadra en lo previsto en la ley para habilitar la domiciliaria y que “puede seguir cumpliendo su detención en el lugar donde se halla alojado”.
En mayo un nuevo informe del órgano médico penitenciario detalló nuevos episodios de descompensación y apuntó “el elevado riesgo que presente dichos episodios agudos y muerte súbita”. Ante esto el TOF 1 citó a declarar a los médicos del HPC, doctores José Francos y Nelsy Medina, quienes afirmaron que si bien podían darle una adecuada atención desde el punto de vista médico, sugerían la domiciliaria “considerando la situación desde una óptica humanitaria, la salud integral de un paciente con las características del caso, involucra la necesidad de un adecuado soporte social”, no sin afirmar que tiene la inestabilidad típica de la edad y “puede tener una descompensación tanto en una dependencia del Servicio Penitenciario como en su casa”. Ante esto, el CMF volvió a opinar que “el detenido se halla asistido de manera adecuada en su lugar de alojamiento actual”. Lo mismo hizo la fiscalía, y agregó que “un mayor ámbito de libertad podría importar serios riesgos procesales, tomando como parámetro el modo de comisión de los hechos y el rol central que cupo a Etchecolatz en los mismos”. Despejando que la justificación del pedido de domiciliaria fuera de orden médico, se instala así la discusión sobre el carácter humanitario de la detención. De allí solo restó el informe ambiental del reo realizado por el SPF, que indicó que su mujer Graciela Carballo lo visita en Ezeiza y que tienen contratada una prepaga que podría llevarlo en 15 minutos en una unidad de terapia intensiva desde su chalet del Bosque Peralta Ramos en Mar Del Plata al hospital más cercano.

Más allá de tediosas disquisiciones jurídicas, que no son nuestra tarea, como organización de Derechos Humanos venimos advirtiendo sobre el retardo que vienen sufriendo los juicios por delitos de lesa humanidad, y que producto de ese retardo impera lo que denominamos “impunidad biológica”: la muerte impune de casi 400 connotados represores en todo el país.
Además hemos criticado varias decisiones de beneficiar a los genocidas con domiciliarias por entender no sólo que el requisito de la edad no es una causal de aplicación automática para la concesión de la domiciliaria, sino que crímenes gravísimos como los que se están juzgando deberían quedar excluidos de beneficios mitigantes de la pena. En 2008 el Congreso tuvo oportunidad de debatir la cuestión con un proyecto del diputado Vargas Aignasse y no lo hizo.
Entendemos también que el Estado debe ofrecer todas las garantías de atención médica a represores procesados con prisión preventiva o condenados por este tipo de delitos. Pero en un país con justicia de clase el mismo Estado no garantiza condiciones de detención mínima a los miles de pobres diablos que superpueblan las cárceles provinciales y federales, y que se cansan de superar el límite legal para quien no tiene acusación o condena firme.
En particular sobre Etchecolatz, no podemos dejar de señalar que atravesó los distintos juicios que le tocaron con una conducta coherente: amenazó al tribunal, desacreditó a los testigos, provocó a los familiares de las víctimas y defendió el genocidio y a las instituciones que lo perpetraron. No hace falta recordar que esta señalado como virtual responsable de la segunda desaparición forzada de Jorge julio Lopez, de la que se cumplirán próximamente 10 años de derrotero de impunidad y complicidad.
Precisamente en el juicio de 2006, donde Lopez señaló a Etchecolatz como responsable de su secuestro y torturas y de una matanza de prisioneros indefensos en uno de los CCD de Arana, el abogado querellante Alejo Ramos Padilla logró que se le retirara el beneficio de la domiciliaria con que había llegado al juicio porque tenía un arma de fuego en su casa. En la misma casa donde ahora pretende volver. El TOF1 de entonces, integrado por el trio Rozansky-Lorenzo-Insaurralde le quitó el beneficio y lo consideró como “peligroso para sí y para terceros”. En aquella oportunidad, hace 10 años, su abogado defensor Luis Boffi Carri Pérez había pedido que conservara el arresto domiciliario porque “sufre una enfermedad terminal”. El TOF1 de hoy no tuvo en cuenta este antecedente.
Pero además, el represor se ha encargado en estos años de tensar la cuerda sobre sus beneficios hasta llegar al ridículo, como cuando denunció que en la cárcel no tenía peluquero ni pedicuro y argumentó que el pelo largo “vulnera el resguardo de higiene”. El incidente resulta nada frente a lo que hemos denominado el “efecto Etchecolatz”: la campaña de amenazas e intimidaciones contra el presidente del TOF1 y sus colaboradores con, según el propio magistrado, “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios”. La consecuencia de esa campaña fue que Rozansky se excusara de participar en todas las causas en las que esté procesado Etchecolatz y que lleguen a sus manos para realizar los juicios orales. Primera pulseada que ganó el comisario, que termina por elegir indirectamente quién lo juzga y quién no. El “efecto Etchecolatz” se repetirá y seguirá creciendo, si tenemos en cuenta que luego del juicio por la causa Favero, el represor está imputado en todas las causas grandes elevadas o a elevar, como las referidas a los Pozos de Banfield y de Quilmes, a la Brigada de Investigaciones de San Justo y a la residual de Comisaría 5ta-Arana-Brigada de La Plata. Sólo está excluido en las causas por los crímenes de la CNU y por el CCD de Infantería de 1 y 60. Así, el desempeño de un tribunal que comenzó su tarea condenando a Etchecolatz por Genocidio en 2006, comienza a desdibujarse en el rol de nuevos magistrados como Castelli y Michelli, más permeables a los planteos de los defensores de los genocidas y más preocupados por la razón humanitaria de las penas en delitos graves que por la responsabilidad del propio Estado de mantener a estos gerontes genocidas atendidos pero presos.
Desde HIJOS La Plata hemos escrachado en varias oportunidades al represor mientras estaba amparado en las leyes de impunidad o recibía beneficios disfrutando de su chalet de Mar Del Plata.

Volveremos al ruedo si tamaña afrenta a la lucha de todo un pueblo devuelve al símbolo de la represión en la provincia de Buenos Aires a un cómodo e impune final de sus días.

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
BASTA DE BENEFICIOS PARA LOS ASESINOS DE NUESTRO PUEBLO.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.

HIJOS La Plata

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jueves, 14 de julio de 2016

TE VAMOS A EXTRAÑAR CACHITO!… SEGUIMOS TU LUCHA!


A Cachito Fukman lo conocimos en la calle. Compartimos con él actos, marchas, charlas, piquetes, algunas discusiones e infinitas actividades de lucha.
Pero sobre todo ese pequeño gran compañero, al igual que cada uno de los compañeros de la AEDD, fue quién nos contó a los HIJOS  qué fue lo que realmente pasó con nuestros viejos en los campos de concentración. En cada uno de sus valientes testimonios en los tribunales se encargó de decirle en la cara a los genocidas, muchos de ellos sus propios torturadores,  lo orgulloso que estaba de haber pertenecido a esa generación de  revolucionarios que entregaron su vida luchando por el socialismo.
Cachito también fue un referente para sostener desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia la unidad de los que luchan contra la impunidad de ayer y de hoy, y sobre todo una posición de independencia de los organismos de DDHH frente a la cooptación del Estado y a la banalización de los Centros Clandestinos de Detención. Con sus compañeros de la AEEDD construyeron, casi en soledad y frente a la prepotencia oficial, un proyecto alternativo a lo que el Estado hizo con el predio de la ESMA. Pero además de sufrir la burla de ver transformado el mayor lugar de muerte que estableció la dictadura en la Disneylandia del terror, tuvo que soportar el efecto de la impunidad biológica de muchos de los marinos dueños de la vida y muerte en ese campo de concentración.
Lamentablemente hoy tenemos que despedirlo con el sabor amargo de saber que después de tantos años de inclaudicable lucha en búsqueda de justicia, y por la propia tardanza del Estado, no pudo ver a sus verdugos condenados en el tercer tramo del juicio por ese centro clandestino donde paso recluido 15 meses que marcaron su vida para siempre.
Aun así nos atraviesa con dolor una certeza: el compromiso de tantos compañeros sobrevivientes del genocidio como Adriana Calvo y Cachito, y de tantas MADRES e HIJOS que han quedado en el camino, no ha sido en vano. Todos ellos nos han marcado un camino de coherencia para continuar la lucha por una sociedad mejor levantando las banderas de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.

ENRIQUE MARIO FUKMAN, PRESENTE!!!
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.

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