Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

miércoles, 22 de marzo de 2017

A 41 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

PERPETUA A MILANI Y A TODOS LOS GENOCIDAS!!!
Por HIJOS La Plata


En un año y medio de existencia la gestión de Macri consolidó su ingreso a la Casa Rosada instalando una falsa contradicción entre “lo pasado”, esto es un absoluto de crisis, conflicto y divisiones, y el “futuro” como un abstracto de unión y prosperidad que ellos vendrían a representar. Trasladada a las políticas de Derechos Humanos esa interesada dicotomía muestra a los actuales detentadores del poder estatal haciendo agua por varios flancos: desde las calurosas recepciones del secretario nacional del área, Claudio Avruj, a familiares y admiradores de varios reos encarcelados por delitos de lesa humanidad, hasta las expresiones del gestor cultural Darío Lopérfido poniendo en duda el símbolo de los 30.000 desaparecidos, pasando por la negación de Macri de la responsabilidad del Estado en el genocidio denominándolo “guerra sucia”. Con puntos álgidos en la visita del presidente Obama, Nobel de La Paz que bombardeó 7 países en 6 años, en una sentida fecha como el 24 de marzo, y la venia al desfile de los genocidas del Operativo Independencia en Tucumán en la conmemoración oficial del Bicentenario de la independencia, todo no hace más que mostrar a los funcionarios del gobierno tal cual son y, si se permite la exageración, cómo “piensan” los procesos de Memoria. Lo que el kirchnerismo no supo ni quiso impulsar presa de los propios límites y contradicciones de su intervención política (Carlos Pedro Blaquier y Cesar Milani, socios políticos de esa gestión y testigos de lo que afirmamos), el macrismo lo atrasa. Atrasa porque no aporta en lo más mínimo a profundizar o cuestionar las representaciones habituales del pasado reciente y en su patriotismo de shopping abona a los perimidos argumentos típicos de la derecha como que pedir justicia es “buscar revancha”. Atrasa porque está lejos de interesarle plantear un marco de recuperación y de sentido de la Memoria en el presente, y está más cerca de echar mano al lenguaje autojustificador castrense del Genocidio, que por otra parte le pertenece por una cuestión de clase. Y atrasa porque si en la última década el Estado vociferaba logros intentando impostar el lenguaje de las víctimas de hace cuatro décadas, lo que genera chispazos no menores cuando las voces de nuevas víctimas o sus familias reclaman contra la persistente omnipotencia del Estado, ahora asistimos a una transición donde los Derechos Humanos pasan a un segundo plano.

A 41 años del golpe genocida el proceso de los juicios a los represores de la última dictadura está estancado. Trece años después de anuladas las leyes de impunidad y en 10 años de juicios orales, sólo se ha condenado a 740 represores, un 38% del total de procesados. Además el 40% de los represores con causas abiertas (más de 520) gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, otorgadas en su mayor'ia durante el gobierno de los Kirchner. La mayor parte de los imputados en causas del Circuito Camps est'an con domiciliaria.
La realidad es que desde 2012 viene habiendo cada vez menos juicios por año en todo el país, y en los últimos 4 años casi la mitad de los procesos fueron recortados y parciales, contra 1 a 3 represores por cada juicio. Respecto a los juicios por la apropiación de los hijos de las compañeras y compañeros desaparecidos, mientras quedan casi 380 casos de restitución de identidad por resolver, en 10 años sólo se hicieron 22 juicios específicos por aquel delito.
Y si bien hubo algunas condenas aisladas, tampoco se avanzó masivamente en las complicidades civiles: empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical con el genocidio.
Poco se ha avanzado también en lo que respecta al período represivo previo al golpe, aunque comenzó a juzgarse la megacausa por el Operativo Independencia en Tucumán y recibieron condena algunos represores de la Triple A en CABA y de la CNU en Mar Del Plata. El año pasado se frustró dos veces el inicio de la causa contra “El Indio” Castillo y “El Pipi” Pomares, dos represores de la CNU en La Plata. Finalmente las audiencias se inician el pr'oximo 15 de mayo.
En junio del año pasado un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, decidió anular la sentencia de 2013 sobre la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrida en Catamarca en agosto de 1974. El fallo absolvió a tres condenados y puso en duda que durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón pudieran haberse cometido crímenes de Lesa Humanidad. Pese a esto, la responsabilidad del gobierno peronista, y de muchos de sus funcionarios y verdugos vivos, en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de Lesa Humanidad, son ya innegables. Es hora de discutir a fondo la organización desde el Estado de la represión a los opositores políticos antes del golpe y condenar esos crímenes.
Si seguimos tomando como referencia los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 740 condenados siguen representando, a más de una década de anuladas las leyes de impunidad, un poco más de 1 represor condenado por cada CCD.
El año pasado sólo se realizaron en La Plata tres juicios parciales: la causa “Favero”, una residual del juicio “Unidad 9” llegado a sentencia hace 7 años, y el primer juicio contra agentes de la Policía Federal por hechos del año '77.
En nuestra ciudad quedan por juzgarse importantes causas referidas a los crímenes cometidos en las Brigadas de Investigaciones de Lanús, Quilmes, Banfield y San Justo. También las causas referidas a los CCD de 1 y 60, el accionar del Regimiento 7 y las residuales de Comisaría 5ta, Arana y Brigada de Investigaciones. En general los expedientes repiten los mismos imputados y en definitiva incluyen nada más que 60 represores a ser juzgados en próximos juicios.
Junto con el fallo que pretendió otorgar la domiciliaria a Etchecolatz, símbolo de la represión en nuestra zona, el año pasado comenzó a darse un festival de recursos de parte de los abogados de los represores, donde abundan no sólo los pedidos de domiciliarias, sino de salidas a estudiar, a casarse, a visitar parientes y hasta de vacaciones.
Esto marca lo que se viene: el otorgamiento masivo de domiciliarias tanto a procesados como a condenados, con el argumento falaz de la “razón humanitaria” o porque directamente el Estado abandona su responsabilidad de custodia y atención médica a los represores. Lo dijimos en los juicios en que somos querella y lo volvemos a decir en esta plaza: exigimos cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas, para que los procesos no se transformen en una farsa de justicia.

La causa por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, de la que se cumplieron 10 años de encubrimiento en septiembre pasado, sigue cajoneada en la total impunidad. Si en algún momento los juicios de la ciudad de La Plata eran el faro para avanzar contra tanta impunidad acumulada, lo que pasa hoy en La Plata puede trasladarse al resto del país en la parálisis total de los juicios.

30.000 COMPAÑIEROS Y COMPAÑIERAS DESAPARECIDOS/AS, PRESENTES!
PERPETUA A MILANI Y A TODOS LOS GENOCIDAS!!!
BASTA DE RETRASOS EN LOS JUICIOS!!!
BASTA DE BENEFICIOS A LOS REPRESORES!!!
SON 30.000 - FUE GENOCIDIO!!!

HIJOS LA PLATA

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martes, 21 de marzo de 2017

ALEGATOS EN EL SEGUNDO JUICIO POR ANDRES NUÑEZ

MIÉRCOLES 22/3 – 10 HS - CALLE 8 ENTRE 56 Y 57.
Por HIJOS La Plata

El miércoles 22 de marzo se desarrollarán los alegatos de las partes, tanto de la fiscalía como de la querella y de la defensa, en el segundo juicio por el secuestro torturas, asesinato y desaparición de Andrés Nuñez. El Tribunal ha convocado a las 10 am, y los alegatos tendrán una extensión de una hora promedio por cada parte.


Este segundo juicio se lleva adelante contra el asesino Luis Raúl Ponce, comisario que dio las órdenes desde la sede de la Brigada de La Plata para que un grupo operativo allanara la casa de la familia de Nuñez en calles 78 y 119 de Villa Elvira en la primavera de 1990. Pero el comisario también guarda un oscuro pasado en la fuerza represiva que nos remonta a la última dictadura. Nacido en octubre de 1954 en Saladillo, Ponce realizó su formación en la Escuela Vucetich a mediados de los años '70, egresando como Oficial Subayudante. La temporalidad le da perfecta para haber integrado las patotas del Terrorismo de Estado.
De hecho, tanto al prestar declaración en la justicia federal en causa N° 7/SE en noviembre de 2005, como en el juicio oral contra Miguel Etchecolatz de 2006, el testigo Jorge Julio López identificó a Ponce como uno de los que participó de su secuestro en octubre de 1976 y que lo trasladó en más de una oportunidad durante su periplo por distintos lugares de detención clandestina. López manifestó textualmente que “...la persona que a él lo llevó en el auto secuestrado era Jorge Ponce del Servicio Penitenciario...”. Además, en el marco de la causa 1170/SU el policía Gabriel Ernesto Gonzáles prestó declaración testimonial y refirió que se desempeñó en la Dirección General de Investigaciones, al mando de Miguel Etchecolatz, y que éste le había ordenado tareas de coordinación con las diferentes unidades regionales que funcionaban en la provincia de Buenos Aires, razón por la cual debía viajar constantemente, a bordo de un auto conducido por un chofer de apellido Ponce, que le había asignado el propio Etchecolatz”. Años después, al momento de su descargo sobre esto y citado a indagatoria por la justicia federal Ponce negó ser el chofer en cuestión y afirmó que siempre trabajó haciendo sumarios y que en dictadura revistó siempre en la Comisaria de Villa Ponzatti, causalmente dependiente de la Comisaría 8va por donde pasó Lopez junto a otros detenidos antes de ser legalizado al PEN y ubicada a 6 cuadras de donde 24 años después Ponce mandó a secuestrar a Andrés.
Una vez estallada la denuncia por el caso Nuñez, y sabiéndose impune con la cobertura del juez Vara y el comisario Mario “Chorizo” Rodriguez, Ponce continuó viviendo en La Plata. De hecho, y aunque le pesaba la orden de detención, trabajó un tiempo en una agencia de taxis en Tolosa, dato aportado a la causa por la familia de Andrés y nunca investigado. Tiempo después el criminal había reorganizado su vida en el sur del país bajo otra identidad: había adoptado su segundo nombre, Raúl, y el apellido de su madre Laurentina Peralta. Pese a ello fue detenido en agosto de 2012, puede decirse que por error, en un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Junín de los Andes. La pesquisa trataba de ubicar al prófugo en una causa de Lesa Humanidad de Santa Fe Cesar Heriberto Peralta. Tras un operativo cerrojo en una ruta en el que el sospechoso se dio a la fuga, fue perseguido y aprehendido. Luego se comprobó su verdadera identidad y se lo trasladó a La Plata para responder en la causa Nuñez. Tras esto, en diciembre de 2013 el juez federal Arnaldo Corazza lo procesó en causa federal Nº 271 por el secuestro de Jorge Julio López en octubre de 1976 y como integrante de la patota de la Comisaría 5ta de La Plata en dictadura. Aún con confirmación del procesamiento por la Cámara Federal platense, la acusación se cayó por responsabilidad de los fiscales federales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, que no sostuvieron los cargos con el cínico argumento de que los datos eran confusos y que el testigo López no podía reafirmar sus dichos, ya que se encontraba nuevamente desaparecido. Cabe agregar que los instructores de la causa por la segunda desaparición de López en septiembre de 2006 eran los mismos fiscales que afirmaban lo dicho.


Andrés Alberto Nuñez, fue secuestrado, asesinado y ocultado su cuerpo el 28 de septiembre de 1990 por el accionar del personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por más de 5 años la familia no pudo hallar sus restos, hasta que uno de los policías implicados, José Daniel Ramos, colaboró para beneficiarse en la causa e indicó el lugar de inhumación clandestina en un campo de la localidad bonaerense de General Belgrano. Hasta el momento, y tras 26 años de luchar por justicia, sólo se ha conseguido parte del reclamo: se ha condenado a perpetua a 2 de los policías responsables (Víctor Dos Santos y Alfredo González), un tercero está siendo juzgado en estos días tras estar prófugo por 22 años y ser capturado en 2012 (Luis Raúl Ponce), un cuarto que permanece prófugo desde diciembre de 1993 (Pablo Martín Gerez), cuatro agentes más siendo investigados por encubrimiento (los efectivos Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla) y un ex juez penal de La Plata co-imputado por encubrir el caso (Amílcar Benigno Vara) murió impune en marzo de 2014.

LAS AUDIENCIAS SON ORALES Y PÚBLICAS. SE DESARROLLAN DE 10 A 14 HS EN EL FUERO PENAL DE LA PLATA CALLE 8 ENTRE 56 Y 57.
PARA CONCURRIR NO ES NECESARIO ACREDITARSE PREVIAMENTE.
SOLO SE DEBE SER MAYOR DE EDAD Y CONCURRIR CON DNI.

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lunes, 20 de marzo de 2017

Domiciliaria al genocida Miguel Kearney

"EL INGLÉS" SE VA A CASA

Había sido condenado a perpetua en 2012. El TOF 1 de La Plata le otorgó la domiciliaria basado exclusivamente en informes penitenciarios. La mayoría de los represores procesados y condenados del Circuito Camps gozan del beneficio de la domiciliaria.
Por HIJOS La Plata


El comisario retirado de la Policía bonaerense Miguel Gerónimo Kearney, alias “el inglés”, fue jefe del Destacamento policial de Arana entre el 8 de febrero de 1977 y el 17 de enero de 1979, por donde pasaron más de 270 compañeros y compañeras detenidos ilegales entre abril del ’76 y marzo del ’78. Kearney estuvo preso varios días en 1987, y fue un beneficiario de la ley de Obediencia Debida. Hay más de 18 casos probados de la “causa 44” y 9 casos en la “causa 13”, de personas que estuvieron privadas ilegalmente de la libertad, varias de ellas desaparecidas, mientras “El inglés” ejerció la jefatura del Destacamento. En septiembre de 2000 fue citado a declarar en el Juicio por la Verdad, pero se negó a prestar testimonio, no sin antes aclarar ante los jueces que él “no estaba a cargo”, contradiciendo lo dicho por varios ex detenidos en audiencias anteriores. Existen altas probabilidades que los desaparecidos de Arana, hayan sido víctimas de asesinato, quemados en las propias narices de Kearney, para luego ser depositados en lo que se denominó “capacha”. De hecho en abril de 2008 el Equipo Argentino de Antropología Forense informó el hallazgo de 10 mil fragmentos de restos óseos humanos calcinados en una fosa común sobre el patio exterior del destacamento. Pese a ello aún sigue funcionando como dependencia policial y nunca fue desalojado.
Cuatro años más tarde, en diciembre de 2012, “El Inglés” fue condenado a prisión perpetua por ser responsable de los homicidios de Guillermo Abel Almarza, Graciela Beatriz Sagués de Perdighé, Héctor Federico Bacchini, José Roberto Bonetto, María Adelia Garín de De Ángelis, Silvia Amanda González de Mora, Juan Carlos Mora y Carlos Francisco Simón, más 36 casos de secuestros y aplicación de tormentos, por hechos ocurridos en los Centros Clandestinos de Detención que operaron en la Brigada de Investigaciones La Plata y en el Destacamento de Arana.
El pasado 8 de marzo el Tribunal Oral federal 1 de La Plata resolvió otorgar la domiciliaria al represor condenado en la casa de su hija en calle San Martín N 40 de la pequeña localidad de Mechita, en el partido de Alberti. Con voto en mayoría de Germán Castelli y Alejandro Esmoris, y disidencia de Pablo Vega que se opuso a otorgar el beneficio, los jueces lo envían a su casa basándose exclusivamente en informes penitenciarios y porque su sola edad lo ameritaría.
La resolución fue el final de un largo recorrido del expediente donde, como en caso de Miguel Etchecolatz, pese a haber informes médicos en contra de la morigeración de la prisión, los jueces eligen el fácil camino de que los represores se cuiden solos en su casa.
Habiendo sido anteriormente negado el pedido de domiciliaria por el TOF 1, los abogados de Kearney recurrieron a Casación, y en agosto de 2016 la Sala I de esa cámara resolvió que el TOF 1 emita una nueva resolución sobre la procedencia del arresto domiciliario. Entonces el tribunal platense ordenó al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema realizar un informe médico que establezca si la situación de salud de Kearney.
En noviembre pasado, y antes de concretarse el informe, el reo sufrió una descompensación en la Unidad 31 de Ezeiza y fue internado en el Sanatorio Urquiza de Quilmes y derivado al Medical Center de Avellaneda. Luego, un primer informe el CMF determinó que padece una afección cardíaca con “bloqueo A-V de tercer grado” y se había previsto colocarle un marcapasos. Una vez dado de alta y vuelto a Ezeiza, el CMF le realizó un segundo informe donde afirman que “se le ha   colocado un marcapasos definitivo y presenta un ritmo de frecuencia 77 x’ y captura del 100%” por lo cual su situación “no se ajusta a ninguno de los supuestos contemplados” en la ley que otorga el beneficio de la domiciliaria.
Acto seguido el abogado de Kearney, Gastón Barreiro, se quejó de que la Unidad de Ezeiza no tiene área de cuidados coronarios que precisa el reo. Por su parte el TOF 1 lo hizo comparecer en persona en febrero pasado, donde afirmó ante el juez Castelli que “estuve en arresto domiciliario desde abril de 2007 hasta el año 2012, no tuve  ningún incumplimiento, y se me revocó mientras se efectuaba el juicio”. Además reconoció que hace dieta, se maneja solo y sin apoyo de nadie, y su familia le alcanza los medicamentos. Con posterioridad un informe del médico Martín Sala de la Unidad 31 de Ezeiza afirmó que “la evolución de sus patologías no se ven favorecidas en el ámbito carcelario”, y los fiscales Rodolfo Molina y Juan Martín Nogueira volvieron a mostrar la hilacha: pidieron al Servicio Penitenciario que informe si en alguna unidad hay cuidados coronarios, y en caso de negativa que no se oponían a la domiciliaria.
Es interesante desandar el voto de los jueces. Castelli se remitió a sus opiniones en fallos anteriores como subrogante del TOF 5 de CABA y ahora como subrogante del TOF 1, donde concedió varias domiciliarias a represores como Edgardo Mastandrea, Rafael Mariano, Miguel Almirón y el mismísimo Miguel Etchecolatz. Allí opinaba que ya la cuestión de la edad, ser mayor de 70, es requisito autónomo para conceder el beneficio y  en este caso “la edad del imputado (80 años) y los problemas de salud descriptos, habilitan, en principio, la concesión del arresto domiciliario”. Y agregó que como ya estuvo con domiciliaria en instrucción de la causa y no la incumplió, no demuestra riesgo de fuga. Cita el Dr. Castelli que el médico penitenciario desaconsejó la continuidad del reo a la sombra, pero olvida que el CMF, órgano pericial oficial de consulta en estos casos, afirmó que controlada su cardiopatía Kearney no se ajustaba a la ley para obtener el beneficio, esto es tener una enfermedad terminal o necesitar controles permanentes y complejos. Una vez más, como en con Etchecolatz en julio pasado o como con los represores de la marina en noviembre de 2015, Castelli vuelve a reconocer “que el Servicio Penitenciario Federal no resulta el lugar más adecuado para asistir graves patologías en condiciones dignas”. Pero resulta que olvidamos con tal afirmación que se trata de un criminal de lesa humanidad, condenado al máximo de la pena posible, y que lo está enviando a una casa en una localidad de 1.800 habitantes con una salita de medicina general y atención ambulatoria, a 17 kilómetros del hospital de complejidad media más cercano en Alberti. En su voto el Dr. Esmoris se esforzó a coincidir con Castelli en cinco líneas en un rotundo “en lo sustancial me adhiero”. Sólo el Dr. Vega llevó un poco de justicia a los fundamentos al decir que el Tribunal 1 debía volver a fallar porque Casación había pedido nuevos informes de Kearney al CMF, los cuales fueron realizados y arrojaron que “su situación no se ajusta a ninguno de los supuestos contemplados” en la ley para excarcelarlo, y que en todo caso está la alternativa de alojarlo en el Hospital Penitenciario de Ezeiza.


Claramente la situación de otorgamiento de domiciliarias a los represores no pasa por una discusión médico leguleya. A 41 años del golpe genocida el proceso de los juicios a los represores de la última dictadura está estancado. Trece años después de anuladas las leyes de impunidad y en 10 años de juicios orales, sólo se ha condenado a 737 represores, un 38% del total de procesados. Además el 40% de los represores con causas abiertas (más de 520) gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, otorgadas en su mayoría durante el gobierno de los Kirchner.
El año pasado comenzó a darse un festival de recursos de parte de los abogados de los represores, donde abundan no sólo los pedidos de domiciliarias, sino de salidas a estudiar, a casarse, a visitar parientes y hasta de vacaciones. Esto marca lo que se viene: el otorgamiento masivo de domiciliarias tanto a procesados como a condenados, con el argumento falaz de la “razón humanitaria” o porque directamente el Estado abandona su responsabilidad de custodia y atención médica a los represores. Lo dijimos en los juicios en que somos querella y lo volvemos a decir en esta plaza: exigimos cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas, para que los procesos no se transformen en una farsa de justicia.
En La Plata quedan por juzgarse importantes causas referidas a los crímenes cometidos en las Brigadas de Investigaciones de Lanús, Quilmes, Banfield y San Justo. También las causas referidas a los CCD de 1 y 60, el accionar del Regimiento 7 y las residuales de Comisaría 5ta, Arana y Brigada de Investigaciones. La mayoría de los procesados en esas causas goza de una tranquila estadía en su casa.

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viernes, 17 de marzo de 2017

JUICIO POR ANDRES NUÑEZ - cuarta audiencia

CUARTA JORNADA
Por HIJOS La Plata

En la cuarta audiencia del juicio a Luis Raúl Ponce por la desaparición de Andrés Núñez declararon un antropólogo que realizó las tareas de exhumación e identificación de los restos de Andrés, la esposa del imputado y el propio Ponce, que realizó una ensayada escena de autovictimización impune.


En primer lugar Alejandro Incháurregui, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, realizó un testimonio técnico: explicó las tareas habituales del equipo y las realizadas en agosto de 1995 por orden del juez Ricardo Szelagowsky en la estancia El Roble de General Belgrano. Describió las tareas para ubicar el tanque australiano en desuso donde se inhumaron los restos, así como las prácticas de preservación, exhumación y reconocimiento.
Relató que en el lugar se demarcaron tres cuadrículas de tierra, que en las dos primeras el resultado fue negativo y que el hallazgo se produjo en la tercera. Se encontraron restos óseos de una mano, del cráneo y un diente. Los restos presentaban signos de haber sido calcinados, lo cual hace más compleja la identificación, aunque no es imposible determinar varias características como sexo, edad, estatura y causales de muerte. Sin embargo por la posición en que fue ubicado el cuerpo, quemado con palos y gomas, pudo recuperarse debajo de los restos algunas de las pertenencias de Andrés, como parte de una mochila, de una campera y de los elementos para emparchar la bicicleta que siempre llevaba consigo. Como estudio complementario en 1995 se realizó una pericia por especialistas de la Facultad de Bioquímica de la UBA, que dieron como resultado más de un 91% de correspondencia con la filiación de Andrés.

A continuación se dio el turno a los testigos propuestos por la defensa. La esposa de Ponce, Nélida Segovia, desplegó un relato que, pese a sus pretensiones, poco ayudó a la situación de su esposo. Dijo que recordaba bien la noche de los hechos porque Ponce llegó a su casa de noche y afligido porque otros “se habían mandado una cagada en la Brigada”. Según Segovia él había salido esa noche a realizar otros operativos y cuando regresó a la sede policial encontró a tres agentes borrachos que le confesaron lo sucedido con Andrés. Instaló aquí la teoría de que ante la incertidumbre de los agentes de la Brigada el juez Amílcar Vara había mandado a desaparecer el cuerpo. Además describió convenientemente una supuesta enemistad entre su marido y Vara, que hasta “lo amenazó con echarlo de la Policía”. A pregunta de la fiscal Rosalía Sánchez de por qué no había declarado esto antes en la causa y sí ahora que el acusado es Ponce, respondió “no creí que fuera importante”. Por último reconoció que su marido se profugó en junio de 1995 por sugerencia de su abogado Alejandro Casal, y que ella a los dos años se fue con él.


El último en hablar fue el propio acusado, Luis Raúl Ponce, que dijo que pidió la palabra porque venía escuchando muchas mentiras que lo involucran. Dijo que conocía al juez Vara desde antes de ser designado como magistrado porque desde el área de Investigaciones trabajaba con él algunas causas. Que Vara le decía “cabezón”, que daba órdenes ilegales, armaba causas, cambiaba carátulas de expedientes a gusto y que tenía una gran amistad con el jefe de la Brigada, Pedro Costilla. Describió su tarea en la dependencia como jefe de Operaciones, organizando y coordinando los “grupos de trabajo” y dijo que con la llegada de Costilla, que venía del ámbito de Inteligencia, todo cambió: los grupos se dedicaban más a hacer calle para armar causas, apretar personas y obtener beneficios que a realizar investigaciones de delitos complejos. Según Ponce Costilla centralizaba todas las decisiones y tenía su grupo operativo cerrado con los agentes José Ramos y Víctor Dos Santos, a los que definió intencionalmente como lejanos a él y cercanos a Vara.
Según este asesino, su pelea con Vara se debió a que en cierta oportunidad detuvo a un hombre de Vara que realizaba defraudaciones, ante lo cual le dijo que se cuidara porque tenía familia.
Ponce trató de hacer prevalecer su versión de que la noche del asesinato de Andrés él no estaba en la Brigada, y que lo único que vio fue cuando entró a la oficina contigua a la guardia y se encontró a Jorge Guevara, de 16 años, esposado y golpeado. Guevara le habría dicho que le apretaban las esposas y él en un gesto humanitario habría ordenado que se las aflojen. Recordemos que en su testimonio al inicio del juicio Guevara relató con detalle las torturas con submarino seco y golpes que le propinaban los agentes de la dependencia, entre ellos Ponce, para que se hiciera cargo de un robo. Ponce agregó cínicamente que a los sumo le había dado un empujón para que se calmara. En este delirante relato, siguió diciendo que había salido a las 10 de la noche a Punta Lara a detener a un conocido ladrón de la zona y regresó a las 4 y media de la mañana. Según esta puesta en escena, cuando llegó encontró a los agentes José Ramos y Alfredo González llorando y drogados, quienes le confesaron que “se nos murió un tipo”. Cuando llegó el jefe de la dependencia, Pedro Costilla, habría dicho que no hagan nada, que ya había hablado con Vara y les recomendó desaparecer el cuerpo. En estoica posición, Ponce habría dicho “conmigo no cuenten” y se habría ido.


Al colmo de las confesiones, el asesino reconoció que había coimeado al juez Vara con 4.500 dólares que pidió prestados para que lo dejara libre en  el caso de Andrés, según él víctima de una extorsión de Vara que “era capaz de cualquier cosa”. Tras el hallazgo del cuerpo de Andrés en 1995 el juez Szelagowsky le dictó la captura, ante lo cual decidió fugarse porque lo iban a hacer cargo sólo a él.
Varias preguntas lo dejaron al descubierto. La fiscal Sánchez le preguntó con qué dientidad estaba como prófugo y dijo que había comprado un DNI falso en José C. Paz a nombre de Raúl Peralta (su segundo nombre y el apellido de su madre. Dijo que en el operativo en que lo detuvo la PSA por error en Bariloche (buscan al prófugo de lesa humanidad Cesar Heriberto Peralta) “me quisieron matar”. Que ante la supuesta ruptura del protocolo que cometieron en un procedimiento al pararlo con el auto “me pusieron una pistola en la cabeza y arranqué. Paré tres veces para entregarme y me seguían tirando”. Insistió en que hasta ahora “sólo me condenaron por alterar mi identidad”.
El presidente del tribunal, Claudio Bernard, le preguntó por qué, si es que era inocente, en lugar de ponerse clandestino no denunció la situación y eligió al mismo abogado que también representaba a quienes él decía que eran los responsables del crimen de Andrés. Respondió: “Quizás me equivoqué. No tenía plata para pagar a otro abogado, y Casal me dijo que no había nada contrapuesto. Vara me sobrepasaba como juez y estaba amenazado”.
En un último intento de victimización Ponce dijo: “¿Hasta cuándo voy a seguir perdiendo todo? Lo último que perdí fue mi libertad”. Esperamos que esa pérdida sea perpetua, definitiva y de cumplimiento efectivo de condena.

En la quinta audiencia del miércoles 22/3 está acordada la realización de los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa. Luego solo queda escuchar el veredicto del tribunal, aún sin fecha.

Andrés Alberto Nuñez, fue secuestrado, asesinado y ocultado su cuerpo el 28 de septiembre de 1990 por el accionar del personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por más de 5 años la familia no pudo hallar sus restos, hasta que uno de los policías implicados, José Daniel Ramos, colaboró para beneficiarse en la causa e indicó el lugar de inhumación clandestina en un campo de la localidad bonaerense de General Belgrano. Hasta el momento, y tras 26 años de luchar por justicia, sólo se ha conseguido parte del reclamo: se ha condenado a perpetua a 2 de los policías responsables (Víctor Dos Santos y Alfredo González), un tercero está siendo juzgado en estos días tras estar prófugo por 22 años y ser capturado en 2012 (Luis Raúl Ponce), un cuarto que permanece prófugo desde diciembre de 1993 (Pablo Martín Gerez), cuatro agentes más siendo investigados por encubrimiento (los efectivos Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla) y un ex juez penal de La Plata co-imputado por encubrir el caso (Amílcar Benigno Vara) murió impune en marzo de 2014.

LAS AUDIENCIAS SON ORALES Y PÚBLICAS. SE DESARROLLAN DE 10 A 14 HS EN EL FUERO PENAL DE LA PLATA CALLE 8 ENTRE 56 Y 57.
PARA CONCURRIR NO ES NECESARIO ACREDITARSE PREVIAMENTE.
SOLO SE DEBE SER MAYOR DE EDAD Y CONCURRIR CON DNI.
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JUICIO POR ANDRES NUÑEZ - tercera audiencia

TERCERA JORNADA 
Por HIJOS La Plata


En la tercera audiencia del juicio a Luis Raúl Ponce por la desaparición de Andrés Núñez las partes desistieron a varios testigos, otros no pudieron ser ubicados y sólo declararon las ex mujeres de dos policías de la Brigada de Investigaciones, quienes pidieron hablar sin la presencia de público ni del imputado.

En primer término testimonió Graciela Gomez, ex mujer de Alfredo González, condenado a perpetua en 2010 por el crimen de Andrés. Gomez era pareja de González al momento del secuestro de Andrés, y contó que la noche de los hechos estuvo con sus hijos en el cumpleaños de la hermana de su marido. Que por tal motivo recuerda que González la fue a buscar muy tarde por la casa de la hermana, lo cual no lo exculpa de haber producido las torturas a Andrés previamente como quedó demostrado en la sentencia que lo condenó a perpetua en 2010. Gomez agregó que al otro día su esposo salió y volvió al mediodía. Y que cuando el caso de Andrés se conoció en los medios, su esposo le contó que había lío en la Brigada. Para lo que interesa en este juicio, indicó que González continuó recibiendo su sueldo de policía por un tiempo en un acuerdo con Ponce, y que debía pasar a buscarlo por el estudio de un abogado de apellido Casal. Esto denota la situación de mando que Ponce ejercía sobre el grupo de policías responsables del hecho, además de que les garantizaba cobertura para buscar complicidad en la impunidad del crimen. De hecho el propio González había relatado en el juicio de 2010 que el comisario Ponce y el oficial Pablo Gerez lo mandaron a deshacerse del Fiat 147 en que el grupo había secuestrado a Andrés.


Luego aportó su relato Alicia Visconti, ex mujer del policía José Daniel Ramos, con quien dijo que tuvo una relación traumática y sufría reiterados episodios de violencia de género. La mujer, también ex integrante de la policía bonaerense, recordó que una noche de septiembre de 1990 su esposo llegó a su casa de madrugada, borracho y sucio, tras haberse ausentado tres días. Entonces le habría confesado entre llantos que al “flaco” (Alfredo) González se le había ido la mano con la bolsa y se le había muerto un preso en la Brigada, tras lo cual tuvieron que desaparecerlo, y que “ni con un brujo lo van a encontrar”.
Visconti había cobrado gran protagonismo en la instrucción de la causa en 1995, cuando declaró ante la justicia e incriminó a su entonces esposo, que quedó detenido, como responsable de haber descuartizado el cuerpo de Andrés. Por esto Visconti tuvo una disputa con Ramos de denuncias cruzadas de amenazas y lesiones, que llegó hasta un confuso episodio donde se la dio por desaparecida por un mes, con hábeas corpus incluido, y fue detenida en San Luis por abandonar sus funciones en la Policía.
Por aquel entonces Ramos fue utilizado por el resto de los policías implicados, en su mayoría prófugos, como chivo expiatorio de todas las responsabilidades del caso. Y si bien, en una negociación nunca aclarada con el juez Ricardo Szelagowsky, Ramos aportó información para que finalmente se encontrara el cuerpo de Andrés en agosto de 1995, el policía fue finalmente beneficiado con su apartamiento de la causa por considerárselo “insano”.


En la cuarta audiencia del jueves 16/3 están citados cuatro testigos propuestos por la defensa de Ponce, llevada adelante por los abogados Oscar Salas y Christian Romano del estudio “Salas y Asociados”, quienes también patrocinan al ex integrante de la CNU Juan José “Pipi” Pomares en una causa por delitos de Lesa Humanidad a la espera de juicio en el Tribunal Federal 1 de La Plata.

Andrés Alberto Nuñez, fue secuestrado, asesinado y ocultado su cuerpo el 28 de septiembre de
 1990 por el accionar del personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por más de 5 años la familia no pudo hallar sus restos, hasta que uno de los policías implicados, José Daniel Ramos, colaboró para beneficiarse en la causa e indicó el lugar de inhumación clandestina en un campo de la localidad bonaerense de General Belgrano. Hasta el momento, y tras 26 años de luchar por justicia, sólo se ha conseguido parte del reclamo: se ha condenado a perpetua a 2 de los policías responsables (Víctor Dos Santos y Alfredo González), un tercero está siendo juzgado en estos días tras estar prófugo por 22 años y ser capturado en 2012 (Luis Raúl Ponce), un cuarto que permanece prófugo desde diciembre de 1993 (Pablo Martín Gerez), cuatro agentes más siendo investigados por encubrimiento (los efectivos Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla) y un ex juez penal de La Plata co-imputado por encubrir el caso (Amílcar Benigno Vara) murió impune en marzo de 2014.

LAS AUDIENCIAS SON ORALES Y PÚBLICAS. SE DESARROLLAN DE 10 A 14 HS EN EL FUERO PENAL DE LA PLATA CALLE 8 ENTRE 56 Y 57.
PARA CONCURRIR NO ES NECESARIO ACREDITARSE PREVIAMENTE.
SOLO SE DEBE SER MAYOR DE EDAD Y CONCURRIR CON DNI.

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miércoles, 15 de marzo de 2017

JUICIO POR ANDRES NUÑEZ - segunda audiencia

SEGUNDA JORNADA
Por HIJOS La Plata - Fotos Juan Cicale


En la segunda audiencia del juicio a Luis Raúl Ponce por la desaparición de Andrés Núñez continuó la rueda de testigos.

En primer término declararon los hermanos José y Miguel Décima, que estuvieron detenidos varios meses de 1990 en la Brigada de La Plata, incluido septiembre, y compartieron el lugar con otros presos como Jorge Lijavesky, Jorge Gardes, Julio Gómez y José Luis Gubia. José Décima dijo que estaban alojados en un calabozo de contraventores, porque no había lugar en las celdas, y agregó que separado por una reja había otro calabozo en el que ingresaron a un menor torturado (Jorge Guevara). Que con su hermano asistieron al joven y les contó lo que había sufrido. Miguel Décima dijo que usaron un vaso para escuchar gritos y quejidos de las torturas que se oían en un lugar contiguo y que un guardia les confesó que “se les había ido la mano con alguien y se les fue”. Ambos coincidieron en que habían realizado un escrito (que consta en la causa) contando lo que sucedía para preservar la información si alguien salía, y porque tenían miedo a que les pasara algo por conocer el hecho.


Luego aportaron su relato Edgardo Gerez, primo del policía prófugo Pablo Martín Gerez y cuidador del campo donde fue enterrada la víctima, y su esposa Marta Gamboa. Gerez dijo que es primo hermano de Pablo Martín Gerez, y que el hermano de Pablo también es policía. Afirmó que él trabajaba cuidando en la estancia de General Belgrano donde fue encontrado el cuerpo de Andrés, ubicado a 1 kilómetro de la ruta 41 y propiedad de la familia Weihman, y que vivió allí mismo unos años antes de ocurrido el hecho. Describió los servicios del campo, que cuenta con 112 hectáreas, y donde había cuatro potreros, un molino, una casa y a 50 metros de esta un tanque australiano viejo que se usaba como basurero y quemadero. Allí es donde el grupo de la Brigada descuartizó y quemó los restos de la víctima. Recordó que su primo iba a veces al campo a cazar. Su esposa agregó que el primo de su marido iba con permiso de la dueña del campo a cazar, con amigos o compañeros de trabajo, lo que denota que el prófugo tenía amplio acceso al lugar para haber realizado la operación de desaparición del cuerpo de Andrés.


En la tercera audiencia del miércoles 15/3 están citados Alicia Visconti, esposa de José Daniel Ramos, uno de los 4 policías que realizaron el secuestro y desaparición de Andrés en su casa de Villa Elvira, y los antropólogos del EAAF que realizaron las tareas de remoción e identificación de los restos de Andrés en el campo de General Belgrano en 1995.


Andrés Alberto Nuñez, fue secuestrado, asesinado y ocultado su cuerpo el 28 de septiembre de 1990 por el accionar del personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por más de 5 años la familia no pudo hallar sus restos, hasta que uno de los policías implicados, José Daniel Ramos, colaboró para beneficiarse en la causa e indicó el lugar de inhumación clandestina en un campo de la localidad bonaerense de General Belgrano. Hasta el momento, y tras 26 años de luchar por justicia, sólo se ha conseguido parte del reclamo: se ha condenado a perpetua a 2 de los policías responsables (Víctor Dos Santos y Alfredo González), un tercero está siendo juzgado en estos días tras estar prófugo por 22 años y ser capturado en 2012 (Luis Raúl Ponce), un cuarto que permanece prófugo desde diciembre de 1993 (Pablo Martín Gerez), cuatro agentes más siendo investigados por encubrimiento (los efectivos Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla) y un ex juez penal de La Plata co-imputado por encubrir el caso (Amílcar Benigno Vara) murió impune en marzo de 2014.

LAS AUDIENCIAS SON ORALES Y PUBLICAS. SE DESARROLLAN DE 10 A 14 HS EN EL FUERO PENAL DE LA PLATA CALLE 8 ENTRE 56 Y 57.
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martes, 14 de marzo de 2017

JUICIO POR ANDRES NUÑEZ - primer audiencia

PRIMERA JORNADA
Por HIJOS La Plata - Fotos Juan Cicale


En la primer audiencia del segundo juicio por la desaparición de Andrés Nuñez se negó a declarar el asesino Luis Raul Ponce y se comenzó con la rueda de testigos.

En primer término declaró Jorge David Guevara, quien al momento de los hechos tenia 16 años y estuvo detenido en la Brigada la noche que torturaron y mataron a Andrés. Guevara relató con lujo de detalles las torturas sufridas por él mismo con el denominado “submarino seco”, una bolsa de consorcio en la cabeza y golpes en el estómago, y similares tormentos sufridos por Andrés, todo a manos de los policías Pablo Gerez, Alfredo Gonzalez, Victor Dos Santos, José Ramos y bajo el mando de Luis Raúl Ponce.


Luego Mírna Gomez, esposa de Andrés, rememoró el allanamiento sufrido por la familia en la casa de 119 y 78, Villa Elvira, por el grupo que llegó en un auto particular comandado por Gerez que en forma irregular e intempestiva buscaban al “Gallego” y se quedaron esperando hasta la madrugada hasta que Nuniez llegó. Entonces lo llevaron al fondo de la casa, lo golpearon lo esposaron y luego se lo llevaron sin decir a adonde. Mirna contó el derrotero de 26 años de lucha por justicia en el caso y pidió condena para Ponce el resto de los policías implicados. 


A su turno Walter Di Pietro, padrastro de Andrés y compañero de su madre Isabel Olguín, describió el operativo en el que lo secuestraron de la vivienda de Villa Elvira cuando lo confundieron con Andrés. Luego de golpearlo y amenazarlo con armas, lo devolvieron a la casa y se quedaron esperando a la victima.


Luego Norma Ordaz, madre de Jorge Guevara, relató que esa noche había ido a la sede de la Brigada, en 61 entre 12 y 13, a preguntar por su hijo y vio cómo era ingresado Andrés a la dependencia. Dijo que pese a que le negaron que su hijo estuviera all'i, incluido el comisario Ponce, ella escuchó sus gritos de dolor por el castigo que le estaban imponiendo. 


Por 'ultimo dio su testimonio Omar Nuñez, hermano de Andrés, quien contó como fue el procedimiento que en 1995 realizó el Equipo Argentino de Antropología Forense en el lugar de inhumación del cuerpo de su hermano en la estancia “El Roble” de General Belgrano, y el reconocimiento de restos de sus pertenencias que pudo realizar pese al macabro procedimiento para hacerlo desaparecer.

En la segunda audiencia del martes 14/3 están citados los hermanos José y Miguel Décima, que estuvieron detenidos aquella noche en la Brigada, al igual que el citado testigo Jorge Gardes, y todos ellos han relatado en el juicio anterior haber escuchado las torturas a Andrés y el revuelo imperante en la dependencia para deshacerse del cuerpo sin vida de la víctima. Además estarán convocados Edgardo Gerez, primo del policía prófugo Pablo Martín Gerez y cuidador del campo donde fue enterrada la víctima, y su esposa Marta Gamboa.


EL ASESINO LUIS RAUL PONCE ENTRA ESPOSADO AL JUICIO
Andrés Alberto Nuñez, fue secuestrado, asesinado y ocultado su cuerpo el 28 de septiembre de 1990 por el accionar del personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por más de 5 años la familia no pudo hallar sus restos, hasta que uno de los policías implicados, José Daniel Ramos, colaboró para beneficiarse en la causa e indicó el lugar de inhumación clandestina en un campo de la localidad bonaerense de General Belgrano. Hasta el momento, y tras 26 años de luchar por justicia, sólo se ha conseguido parte del reclamo: se ha condenado a perpetua a 2 de los policías responsables (Víctor Dos Santos y Alfredo González), un tercero está siendo juzgado en estos días tras estar prófugo por 22 años y ser capturado en 2012 (Luis Raúl Ponce), un cuarto que permanece prófugo desde diciembre de 1993 (Pablo Martín Gerez), cuatro agentes más siendo investigados por encubrimiento (los efectivos Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla) y un ex juez penal de La Plata co-imputado por encubrir el caso (Amílcar Benigno Vara) murió impune en marzo de 2014.

LAS AUDIENCIAS SON ORALES Y PUBLICAS. SE DESARROLLAN DE 10 A 14 HS EN EL FUERO PENAL DE LA PLATA CALLE 8 ENTRE 56 Y 57.
PARA CONCURRIR NO ES NECESARIO ACREDITARSE PREVIAMENTE.
SOLO SE DEBE SER MAYOR DE EDAD Y CONCURRIR CON DNI.

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sábado, 11 de marzo de 2017

COMIENZA EL SEGUNDO JUICIO POR LA DESAPARICIÓN DE ANDRÉS NUÑEZ

13 de marzo - 9 hs - 8 e/56 y 57
Tribunales de La Plata


El próximo 13 de marzo comenzará en La Plata el segundo debate oral por la desaparición de Andrés Nuñez, secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por un grupo operativo de la Brigada de Investigaciones de La Plata el 28 de septiembre de 1990. La familia de Andrés convoca a los medios y a las organizaciones populares a acompañar las audiencias.

EL JUICIO
Tras más de dos décadas prófugo y 4 años y medio de haber sido detenido, será llevado a juicio el ex comisario Luis Raúl Ponce, quien dio las órdenes para que, con la excusa del robo de una bicicleta, se detuviera a Andrés y se lo trasladara a la Brigada de 61 entre 12 y 13 para interrogarlo con métodos de tortura hasta matarlo, tras lo cual coordinó el ocultamiento del cuerpo en busca de la impunidad del crimen.
Andrés Alberto Nuñez, fue secuestrado, asesinado y ocultado su cuerpo el 28 de septiembre de 1990 por el accionar del personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La causa que investiga los hechos es la 84.650 del departamento judicial La Plata. Por más de 5 años la familia no pudo hallar sus restos, hasta que uno de los policías implicados, José Daniel Ramos, colaboró para beneficiarse en la causa e indicó el lugar de inhumación clandestina en un campo de la localidad bonaerense de General Belgrano. Hasta el momento, y tras 26 años de luchar por justicia, sólo se ha conseguido parte del reclamo: se ha condenado a perpetua a 2 de los policías responsables (Víctor Dos Santos y Alfredo González), hay otro a la espera de juicio tras estar prófugo por 20 años y ser capturado en 2012 (Luis Raúl Ponce), un cuarto que permanece prófugo desde diciembre de 1993 (Pablo Martín Gerez), cuatro agentes más siendo investigados por encubrimiento (los efectivos Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla) y un ex juez penal de La Plata co-imputado por encubrir el caso, Amílcar Benigno Vara, murió impune en marzo de 2014 (en la IPP 43576/10 de La Plata).
Dado que la causa lleva 26 años abierta, y es uno de los procesos con mayor tiempo de trámite en la justicia penal bonaerense, se instruye bajo el viejo código procesal penal por lo que se debió conformar un tribunal ad hoc para el debate oral. Estará integrado por los jueces Eduardo Raúl Delbés (presidente vitalicio de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal), María Silvia Oyhamburu (vicepresidente de la Sala 1 de la misma Cámara) y Claudio Bernard (vicepresidente del TOC 2).
El juicio a Dos Santos y González, realizado en 2010 y con sentencia ya confirmada a perpetua por torturas seguidas de muerte, lo realizó un tribunal integrado por jueces de las distintas salas de la Cámara, en aquella oportunidad los doctores María Elena Riusech, Laura Lasaga y Raúl Dalto.
El reo Ponce será defendido por los doctores Oscar Salas y Christian Romano del estudio “Salas y Asociados”, quienes también patrocinan al ex integrante de la CNU Juan José “Pipi” Pomares en una causa por delitos de Lesa Humanidad a la espera de juicio en el Tribunal Federal 1 de La Plata.
La familia de Andrés, su esposa Mirna Gómez como particular damnificada, será patrocinada por los doctores Manuel Bouchoux y Ernesto Ferreira, defensores oficiales en la UFD Nº 1.


EL COMISARIO
El comisario Luis Raúl Ponce fue quien dio las órdenes desde la sede de la Brigada de La Plata para que un grupo operativo allanara la casa de la familia de Nuñez en calles 78 y 119 de Villa Elvira en la primavera de 1990. Pero el comisario también guarda un oscuro pasado en la fuerza represiva que nos remonta a la última dictadura. Nacido en octubre de 1954 en Saladillo, Ponce realizó su formación en la Escuela Vucetich a mediados de los años '70, egresando como Oficial Subayudante. La temporalidad le da perfecta para haber integrado las patotas del Terrorismo de Estado.
De hecho, tanto al prestar declaración en la justicia federal en causa N° 7/SE en noviembre de 2005, como en el juicio oral contra Miguel Etchecolatz de 2006, el testigo Jorge Julio López identificó a Ponce como uno de los que participó de su secuestro en octubre de 1976 y que lo trasladó en más de una oportunidad durante su periplo por distintos lugares de detención clandestina. López manifestó textualmente que “...la persona que a él lo llevó en el auto secuestrado era Jorge Ponce del Servicio Penitenciario...”. Además, en el marco de la causa 1170/SU el policía Gabriel Ernesto Gonzáles prestó declaración testimonial y refirió que se desempeñó en la Dirección General de Investigaciones, al mando de Miguel Etchecolatz, y que éste le había ordenado tareas de coordinación con las diferentes unidades regionales que funcionaban en la provincia de Buenos Aires, razón por la cual debía viajar constantemente, a bordo de un auto conducido por un chofer de apellido Ponce, que le había asignado el propio Etchecolatz”. Años después, al momento de su descargo sobre esto y citado a indagatoria por la justicia federal Ponce negó ser el chofer en cuestión y afirmó que siempre trabajó haciendo sumarios y que en dictadura revistó siempre en la Comisaria de Villa Ponzatti, causalmente dependiente de la Comisaría 8va por donde pasó Lopez junto a otros detenidos antes de ser legalizado al PEN y ubicada a 6 cuadras de donde 24 años después Ponce mandó a secuestrar a Andrés.
Una vez estallada la denuncia por el caso Nuñez, y sabiéndose impune con la cobertura del juez Vara y el comisario Mario “Chorizo” Rodriguez, Ponce continuó viviendo en La Plata. De hecho, y aunque le pesaba la orden de detención, trabajó un tiempo en una agencia de taxis en Tolosa, dato aportado a la causa por la familia de Andrés y nunca investigado. Tiempo después el criminal había reorganizado su vida en el sur del país bajo otra identidad: había adoptado su segundo nombre, Raúl, y el apellido de su madre Laurentina Peralta. Pese a ello fue detenido en agosto de 2012, puede decirse que por error, en un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Junín de los Andes. La pesquisa trataba de ubicar al prófugo en una causa de Lesa Humanidad de Santa Fe Cesar Heriberto Peralta. Tras un operativo cerrojo en una ruta en el que el sospechoso se dio a la fuga, fue perseguido y aprehendido. Luego se comprobó su verdadera identidad y se lo trasladó a La Plata para responder en la causa Nuñez. Tras esto, en diciembre de 2013 el juez federal Arnaldo Corazza lo procesó en causa federal Nº 271 por el secuestro de Jorge Julio López en octubre de 1976 y como integrante de la patota de la Comisaría 5ta de La Plata en dictadura. Aún con confirmación del procesamiento por la Cámara Federal platense, la acusación se cayó por responsabilidad de los fiscales federales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, que no sostuvieron los cargos con el cínico argumento de que los datos eran confusos y que el testigo López no podía reafirmar sus dichos, ya que se encontraba nuevamente desaparecido. Cabe agregar que los instructores de la causa por la segunda desaparición de López en septiembre de 2006 eran los mismos fiscales que afirmaban lo dicho.
Durante toda la instrucción de la causa Nuñez los abogados de Ponce insistieron con recursos buscando la prescripción del expediente. Llegaron incluso hasta la Corte Suprema de Nación, que en diciembre de 2014 rechazó los planteos de la defensa. Esos recursos frustraron una primera fecha del juicio a Ponce, que había sido fijada por la Cámara Penal platense para fines de 2013. Finalmente este represor de la bonaerense de Ramón Camps, que siguió practicando la tortura y la desaparición de personas en democracia, será llevado al banquillo de acusados desde el 13 de marzo próximo.

EL PRÓFUGO
Pablo Martín Gerez es uno de los principales responsables del brutal crimen de Andrés. Siendo un oficial joven, comandaba el grupo operativo de 4 policías que se movilizaban en Fiat 147 blanco y que allanaron la casa de Villa Elvira. Se mostraba agresivo frente a la familia de Andrés porque no estaba cuando llegaron, y organizó la espera de la víctima en la misma casa durante horas con González, Dos Santos y Ramos, los dos primeros ya condenados a perpetua en 2010. Una vez que tuvieron al detenido en la Brigada, Gerez respondía a las órdenes del comisario Ponce, pero encabezó el interrogatorio con “submarino seco” y golpes y también proporcionó los contactos clave para el ocultamiento del cuerpo de Andrés en la estancia “El Roble” de General Belgrano, donde su primo era cuidador de la finca y donde solía visitar el lugar con otros uniformados para practicar tiro. Procesado desde diciembre de 1993, este asesino se profugó de la justicia y así continúa hasta el momento.
En mayo de 2013 la Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 4 policías responsables del asesinato y ocultamiento del cuerpo de Andrés: Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla. A su vez, en fallo de marzo de 2014, y apoyándose en la doctrina surgida de los casos “Bulacio” y “Bueno Alves” en la Corte Interamericana, la Suprema Corte desechó los planteos de prescripción de la defensa de los imputados Ponce y Gerez y dictaminó que el caso de Andrés constituye una “grave vulneración a los DD.HH.” y que se impone “extremar la diligencia judicial” para procesar y juzgar a los responsables. Es todo un dato que el caso de Andrés ocurrió a siete años de concluida la dictadura militar, y se convirtió en uno de los más de 210 casos de desaparición forzada de persona a manos de la fuerzas de seguridad en estas tres décadas de gobiernos constitucionales.
El prófugo Gerez está procesado en este tramo de la causa, junto a Ponce, porque es igualmente responsable del crimen y deberían ser juzgados en conjunto. Sin embargo resulta inaceptable que habiendo un fallo del máximo tribunal provincial que avala la continuidad de las investigaciones no se establezca un mecanismo efectivo para la búsqueda del asesino prófugo. Este criminal se ha burlado de la lucha de la familia, y hasta ha presentado en 2009 escritos a través de su abogada defensora, María Natalia Nosenzo, solicitando la prescripción de la causa y firmando de puño y letra por él mismo, siempre en calidad de prófugo. Ello indica, además de una situación irregular, que esta persona estaba en el país por lo menos hasta 2009.
La familia de Andrés ha recopilado y presentado en la instrucción de la causa información sobre el entorno de Gerez, entre ella el testimonio de un familiar que asegura que el ex policía visita y se comunica asiduamente con su madre, Nelly Ester Duhalde, en la localidad de General Belgrano de donde es oriundo el prófugo. Por lo demás el domicilio y teléfono de su madre son información pública.
Por eso la familia exige a la justicia provincial y al Poder Ejecutivo nacional una estrategia de investigación criminal acorde al caso, como puede ser la inclusión de Gerez en el programa nacional “Buscar” del Ministerio de Justicia de Nación, que incluye a prófugos de causas de Lesa Humanidad, pero también a criminales en rebeldía en causas penales graves.
La familia está convencida de que ubicar a una persona prófuga por tanto tiempo no se trata de una tarea imposible, como lo muestra el caso de la “masacre de Wilde”, donde en 2014 la justicia de Lomas de Zamora y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lograron dar con el paradero del cabo Marcos Rodríguez, imputado en el caso, prófugo por 20 años y que, al igual que en la causa de Andrés, no prescribió pese al paso del tiempo.

Seguimos exigiendo:

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE ANDRÉS NUÑEZ.
CÁRCEL AL ASESINO LUIS RAÚL PONCE.
BUSQUEN AL PRÓFUGO PABLO MARTIN GEREZ YA!!!
BASTA DE MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS

FAMILIARES Y AMIGOS DE ANDRÉS NUÑEZ
COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL

Contacto de prensa:  Julio (Colectivo Contra el Gatillo Fácil) 221 5892221

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jueves, 9 de marzo de 2017

24 DE MARZO #YO MARCHO CON EL EMVJ


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COMIENZA EL JUICIO POR OMAR CIGARAN

20 DE MARZO INICIO DEL JUICIO CONTRA EL POLICÍA ASESINO WALTER DIEGO FLORES POR EL ASESINATO DE OMAR CIGARÁN


LAS AUDIENCIAS SERAN LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE MARZO, Y LUEGO LA SENTENCIA. SON ORALES Y PUBLICAS. PARA ACREDITARSE DIRIGIRSE AL TRIBUNAL ORAL CRIMINAL N 4 DE LA PLATA, O COMUNICARSE POR FACEBOOK A COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FACIL.

INFORMACIÓN DE PRENSA EN:
www.justiciaporomar.wordpress.com

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