SALIO "LA JUSTICIA A CUENTAGOTAS". Conseguilo en: "GIROLOCO" (Pza. Italia e/7 y diagonal77) * "Dardo Rocha" (6 e/48y49) * "Ulpiano" (48 e/12y13) * "Espacio Jurídico" (Talcahuano nº487 BsAs).

miércoles, 15 de octubre de 2014

SENTENCIA EN EL JUICIO POR EL CCD LA CACHA

VIERNES 24 de OCTUBRE  
DESDE LAS 10hs

JORNADA DE LUCHA 
EN LA ESQUINA DEL TRIBUNAL - 4 Y 51

(RADIO ABIERTA – MÚSICA – ARTE)


El Centro Clandestino de Detención “La Cacha” fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos. El nombre “La Cacha” se refiere al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que “hacía desaparecer gente”.
Los primeros relatos sobre el lugar, su funcionamiento y apodos de represores los tiene la justicia hace 30 años, y fueron producidos por el denominado grupo CLAMOR en San Pablo.

Tras tener 10 años la causa en sus manos, el juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter se dedicaron a fragmentar la causa y parcializar las imputaciones. El resultado fue que en marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 127 casos del año '77. Así quedaron fuera de este proceso decenas de compañeros cuyo paso por este campo está denunciado hace décadas, igual que un grupo de penitenciarios que nunca fue procesados.
Antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 de los mayores responsables del campo: el gobernador militar, Ibérico Saint Jean y el jefe del Destacamento 101, Alejandro Arias Duval. En la causa continúa prófugo el represor Teodoro Gauto, y fue detenido en Panamá Ricardo Von Kyaw.
Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas del Servicio Penitenciario, la Armada y el Ejército.

A pedido de la familia Bettini se sumó al juicio la causa por los asesinatos de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en noviembre del ’76, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, uno de los represores mencionados por Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.
Este juicio es fiel reflejo del proceso de “juicios a cuentagotas” en todo el país, que en 11 años sólo ha condenado a 496 represores por 2970 víctimas. Ello representa sólo el 25% de los 2.000 genocidas procesados en estos años.
En La Plata llegamos a esta sentencia con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 90 genocidas a la espera de ser juzgados. Es decir que el esquema de juicios que el Estado propone no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores.
Seguimos denunciando la impunidad de ayer y de hoy, porque sigue al frente del Ejército un genocida de inteligencia de la dictadura, porque se sigue criminalizando la protesta social y porque sigue muriendo un pibe pobre día por medio en cárceles y comisarías.

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS.
CON MILANI, BERNI Y GRANADOS CONTINÚA LA IMPUNIDAD.
BASTA DE AJUSTE Y REPRESIÓN K.

VIERNES 24 de OCTUBRE – DESDE LAS 10hs
JORNADA DE LUCHA EN LA ESQUINA DEL TRIBUNAL - 4 Y 51
(RADIO ABIERTA – MÚSICA – ARTE)

LA MEMORIA ES DEL PUEBLO, NO DE LOS GOBIERNOS
MULTISECTORIAL LA PLATA-BERISSO-ENSENADA

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miércoles, 1 de octubre de 2014

ALEGATOS CCD LA CACHA - Justicia YA!

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INDICE:
1. Presentación 2
2. Introducción 2
3. Los Genocidas
3.1 Zonificación. 7
3.2 Actas, Reglamentos y Ordenes que marcaron el accionar Represivo de la última dictadura Militar 7
3.3 Reglamentos y Ordenes que marcaron el accionar del Destacamento de Inteligencia 101 como unidad de Inteligencia del Ejército 11
3.4 Articulación entre las distintas fuerzas 15
4. Relación de La Cacha con otros CCDs y coordinación con otras fuerzas 26
5. Iglesia y dictadura 31
6. Genocidas civiles 32
7. Actuación del cuerpo médico policial 34
8. Los Compañeros.
8.1 Movimiento obrero 48
8.2 Movimiento universitario 49
8.3 Organizaciones políticas 51
8.4 Conscriptos 52
9. Embarazadas 53
10. Historia de la causa La Cacha. Mecánica de Juzgamiento y desguace 60
11. Delitos sexuales y sus consecuencias. Solicitamos cambio de calificación 66
12. Allanamientos y robos 73
13. Condiciones de vida en el CCD 74
14. Resistencia y solidaridad en el campo 75
15. Efectos psicosociales de la represión 76
16 Calificación legal 82
17. Autoría 95
17.1 De la ley penal aplicable 97
17.2 Concurso de delitos 100
17.3 Cambio de Calificación. Homicidios 100
18. Imputación 102
19. Atenuantes y agravantes 124
20. Acusación 125
21. Petitorio 143 

1.- PRESENTACION
Como hicimos en aquel primer juicio desde la declaración de la nulidad de las leyes de impunidad, que se llevó adelante contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, vamos a alegar un colectivo de abogados: Ailìn Álvarez, Carolina Vilchez y Pía Garralda en representación de la querella unificada, integrada por la Asociación de Ex - Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismos que, junto a la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Federación Universitaria de La Plata (FULP); HIJOS La Plata; Liberpueblo; Unión por los Derechos Humanos, integramos el colectivo Justicia YA! La Plata y la querellante particular María Laura Bretal, Norma Aquìn, Nora Gutiérrez Penette, Inés Paleo y Silvia Cavecchia.
Y finalmente lo hacemos también, habiendo pasado 8 años de impunidad, por nuestro compañero Jorge Julio López, desaparecido por segunda vez el 18 de Septiembre de 2006; quien seguramente de no ser por este secuestro y desaparición, estaría presente en esta sala.
En primer lugar, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, plantearemos oportunamente, en los puntos en los cuales exista coincidencia, las adhesiones al Alegato Fiscal.

2.- INTRODUCCION
Para comenzar este alegato, creemos importante destacar que si hoy estamos acá, acusando a los imputados en este juicio, es producto de la enorme lucha que han dado las organizaciones defensoras de los derechos humanos, sociales, políticas, los sobrevivientes, los familiares y todos los que desde el inicio de la dictadura y durante estos años, hemos luchado incansablemente contra la impunidad de los crímenes cometidos desde el aparato del Estado. Muchas de las personas que declararon en este juicio dieron cuenta de esta incansable lucha contra la impunidad.
Manifestamos que luego del extenso debate oral, consideramos demostrado que los delitos que aquí se juzgan no son hechos susceptibles de ser valorados aisladamente, sino que constituyeron parte de un plan sistemático de exterminio, un proceso genocida que llevaron adelante las fuerzas represivas del país, en forma sistemática y organizada desde el propio Estado; y que así solicitaremos que se lo reconozca y califique. La militarización del país comenzó mucha antes del golpe, la Triple A, el decreto de aniquilación de la subversión, el golpe policial (Navarrazo) en Córdoba en febrero del ’74, la militarización de la cuenca del Paraná con motivo de la huelga de los metalúrgicos de Villa Constitución, desapariciones y asesinatos por motivos políticos, son sólo algunos antecedentes.
Ya en dictadura, el Estado centralizó la organización del terror a través de la persecución, el hostigamiento, la desaparición forzada, la tortura, el asesinato, la apropiación, el encarcelamiento, las violaciones, abusos y el exilio de miles de personas, con la finalidad de exterminar a aquellos que participaron en todos los niveles de organización de la vida social argentina: partidario, estudiantil, gremial, cultural, barrial, etc., quienes luchaban por una sociedad sin opresión y sin explotación. Estos grupos organizados fueron el obstáculo para el afianzamiento y la consolidación del sistema político, económico, social y cultural de las clases dominantes, por lo que se constituyeron, para estos genocidas, en el grupo nacional a eliminar.
Dicho disciplinamiento fue necesario para alinear al país de acuerdo a las necesidades de los países imperialistas y para aumentar la explotación de la clase trabajadora y del pueblo en su conjunto.
El entender que los crímenes aquí juzgados son hechos individuales y sentenciarlos como tal, implicaría, a nuestro entender, una grave lesión no sólo a la justicia real, sino también a la construcción histórica necesaria para que hechos como los comprobados en este debate no se repitan. Y así sea por apegos a interpretaciones arcaicas y formalistas del derecho penal o para justificar de alguna manera (teoría de los dos demonios, estado de guerra interior, etc.) ¿ no lo hiciéramos, negaríamos no sólo la reparación por justicia real, sino también la posibilidad de sanear, aunque sea en parte, el daño social producido por los crímenes cometidos por la dictadura instaurada en marzo de 1976.
No es éste el primer genocidio perpetrado en nuestro país, pero sí lo es la posibilidad histórica, hecha en base al esfuerzo de víctimas sobrevivientes, familiares, testigos, organismos de DDHH, organizaciones sociales y sectores populares de juzgar y construir verdad.
El intento de amedrentar a los testigos, la desaparición de Jorge Julio López, el asesinato a Silvia Suppo, las amenazas de todo tipo, incluso las proferidas a viva voz por imputados dentro del propio espacio en donde se los juzga, siguen siendo posibles producto de una justicia parcial, fragmentada, desguazada, instruida en base a criterios que pueden parecer caprichosos pero que niegan implícitamente el carácter sistemático y planificado de los crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado.
El CCD y E La Cacha, creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ’78, en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos Fue uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación que tuvieron el Ejército, la Marina, las Policía Bonaerense y Federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército)
Este juicio representaba la oportunidad histórica de investigar en conjunto la coordinación represiva, además de lo que fue una de las maternidades clandestinas de la zona.
Creemos comprobado a lo largo del debate oral, que la creación de este Centro Clandestino de Detención y Exterminio tuvo un fin específico y particular. No perteneció exclusivamente a ninguna fuerza, no dependía operacionalmente, sólo de Policía como los casos de Arana y prácticamente todas las comisarías y comandos; tampoco del Ejército como el reg. 7 y el SIE 101, o de la Marina como el BIM3, ni tampoco a los penitenciarios U9, Maternidad de Olmos, etc. La creación de este CCDy E estuvo dada en la necesidad de coordinación de los estamentos de inteligencia de todas las fuerzas del terrorismo de estado.
Una vez más, quedó en evidencia en este juicio, que este genocidio no hubiera sido posible sin la participación y el sustento de diversos sectores sociales. La arenga permanente desde el sector mayoritario de la Iglesia, que en su cruzada occidental y cristiana justificó hasta los vuelos de la muerte; los partidos tradicionales que aportaron gobernadores, intendentes y funcionarios a la dictadura; los grandes medios de prensa; el Poder Judicial que hoy clama por la República, y juró en masa por el Estatuto del Proceso (la mayoría de las leyes que se sancionaron bajo la dictadura genocida hoy siguen formando parte de nuestro ordenamiento jurídico). Tampoco podemos dejar de mencionar a aquellos que se beneficiaron directamente al amparo del terror como la Sociedad Rural, banqueros, los grandes empresarios que a principios de febrero del año 1976 convocaron a un gigantesco paro patronal para denunciar las vacilaciones que percibían entre los militares para consumar el golpe; burócratas sindicales que aportaron listas donde se señalaban a los obreros combativos y pusieron interventores en los sindicatos al servicio de la represión. Todos constituyeron “la pata civil” del genocidio.
Sin embargo, por otro lado, y a pesar de un plan económico impuesto sobre la sangre de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y sobre el terror de todo el pueblo, escuchamos en estos debates cómo fue posible la resistencia. La de las madres y abuelas son un ejemplo, pero también en este Centro Clandestino de Detención y Exterminio y en las condiciones infrahumanas de tormento permanente a las que fueron sometidos los secuestrados, la palabra de aliento al compañero, el recordar nombres, teléfonos o direcciones para, en caso de lograr la salida del campo de concentración, contactar e informar a familiares de quienes permanecían desaparecidos, el intentar guardar el nombre de cada compañero, el conservar en la memoria un mapa del lugar, construido ante la imposición de la capucha, en base a pasos, orientado por voces, ladridos de perros, pasos de trenes, cantidad de escalones, etc. Hoy gracias a estas resistencias y a pesar de un estado que continúa organizado legal e institucionalmente para proteger los mismos intereses económicos que fueron los beneficiados por la dictadura, es que son posibles estos juicios, que como siempre decimos desde esta querella unificada, son los que tenemos y no los que queremos ya que seguimos exigiendo juicios a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros.
A ustedes les consta, Sres. Jueces, que hemos sido muy críticos de cómo llega a esta instancia el presente proceso, de esta administración de justicia en cuentagotas, parcializada, distorsionada que se constituye como parte de una nueva construcción de impunidad.
Dicha impunidad se ha intentado desde el período dictatorial( por ejemplo la ley de autoamnistía), pero sin dudas ha perdurado bastante más allá de los límites de la dictadura. Establecido ya el régimen constitucional, el presidente RAÚL ALFONSÍN decidió que se publique la lista de víctimas elaborada por la CONADEP, pero se opuso a que se haga pública la lista de represores, también compilada por la CONADEP. Sin dejar de mencionar la Ley de Obediencia Debida y de Punto Final y los Indultos bajo el gobierno de Menem.
Pero fundamentalmente los represores juzgados por los crímenes que aquí nos convocan, continúan beneficiados por la persistente negativa del estado a la apertura integral de los archivos. A esta protección legal, basada en la desaparición de esta prueba documental y al intento de desprestigiar las pruebas testimoniales, apelan una y otra vez las defensas. Sin embargo esta negativa a la apertura de los archivos va mucho más allá, nos impide saber el destino de la inmensa mayoría de los compañeros detenidos desaparecidos, impide recuperar la identidad a más de 400 hijos apropiados, impide, en definitiva, el juzgamiento a miles de genocidas que continúan caminado libremente por las calles o muriendo tranquilamente en sus casas sin haber sido juzgados. La apertura de los archivos es una decisión política y judicial que exigimos al gobierno, para el esclarecimiento de esa etapa nefasta de la historia de Argentina, que ninguno de los juicios por genocidio que se desarrollan en la actualidad puede suplir.
Creemos que el genocidio es una construcción, tiene sus antecedentes y también sus consecuencias y el intento de la impunidad es una de ellas. La impunidad es, para los perpetradores, necesaria tanto para evadir las consecuencias legales y sociales de los actos cometidos, como facilitadora y posibilitadora de futuros actos a cometer. La utilización de la desaparición forzada por motivos políticos o sociales que suman más de 200 casos desde el regreso de gobiernos constitucionales, es una prueba de ello.
Que la causa que investiga la desaparición forzada de nuestro compañero Jorge Julio López no tenga ningún imputado, significa el encubrimiento a la policía bonaerense.
Esta impunidad ha hecho posible la reciente designación de Cesar Milani en la jefatura del Ejército, quien estuvo a cargo de una dependencia similar al 101 que aquí se está juzgando, la Dirección de Inteligencia del Ejército. Milani está siendo investigado por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, Pedro Olivera y su padre, Alberto Olivera. Su designación implica un intento por parte del gobierno de devolver protagonismo político a los militares, esta vez bajo un disfraz “nacional y popular”.
Si el decreto de eliminación de la subversión es el antecedente al que apelan los genocidas como el que los habilitó a cometer los crímenes de lesa humanidad que realizaron, nos preguntamos ¿qué es lo que podrá justificar en el futuro la implementación de la ley anti-terrorista? No es ajeno a esta impunidad el Proyecto X como forma de espionaje. En este mismo debate hemos escuchado lo sucedido cuando el enemigo a espiar es el que protesta y se opone al hambre, la desocupación y la miseria o, como cuando las fuerzas legales apelan a la ilegalidad con el fin de criminalizar a quien se manifiesta. Los cinco mil procesados por luchar, la condena arbitraria a prisión perpetua a los petroleros de Las Heras bajo testimonios obtenidos mediante la tortura, la constante represión que sufren los trabajadores que están enfrentando las suspensiones y los despidos, el gatillo fácil, la desaparición de Luciano Arruga, los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán , Carlos Fuente Alba, la continuidad de burócratas sindicales como Gerardo Martínez, actual Secretario general de la UOCRA, quien fue integrante del Batallón 601 del Ejército, el asesinato de Mariano Ferreyra por parte de una burocracia sindical entrelazada con el Estado, el gobierno, y con la complicidad de la policía, son algunos ejemplos de la continuidad de las políticas represivas contra los trabajadores y el pueblo que se desarrollan al cobijo de esta impunidad.
Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 403 represores por 2400 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa el 20% de los 2.000 genocidas procesados en estos años. El año 2013 representa un estancamiento de juicios llegados a sentencia: 16 en todo el año, contra 25 concluidos en 2012. Este juicio era también la oportunidad de comenzar a juzgar los delitos sexuales cometidos en los CCD, pero juzgarlos en conjunto al resto de los demás delitos del plan genocida. Así lo entendemos, y así lo pidió la querella del espacio Justicia Ya La Plata. Pero la Justicia sigue sin hacerse cargo de estos planteos.
En La Plata, se llegó a fines de 2013 con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 80 represores a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso que el Estado propone cerrar en 2015, no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores.
Esta forma parcial de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país- resulta funcional a los intereses políticos, tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigmáticos. Estos reclamos, no se dirigen sólo al tribunal o al Poder Judicial, los dirigimos con mayor énfasis al poder político que, ante esta práctica judicial, que no genera soluciones reales sino que reitera un discurso vacío.
Por esto, señores jueces, hacemos nuestra la responsabilidad de dejar aquí sentado que no es simplemente objeto de nuestra intervención que se pruebe la autoría de cada caso particular, cada hecho, cada delito. Nuestro objetivo es mucho más ambicioso, es lograr que se juzgue y se condene a todos y cada uno de los genocidas y que se los juzgue y condene por todos y cada uno de los compañeros secuestrados, desaparecidos, torturados y asesinados.

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viernes, 26 de septiembre de 2014

A 24 Años sin Andrés Nuñez!

Sábado 27 de septiembre
13 a 19 hs – 7 entre 56 y 57
Radio Abierta – Arte – Bandas


Andrés Alberto Nuñez fue secuestrado en su domicilio la madrugada del 27/9/90 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y con la excusa del robo de una bicicleta fue llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano (Estancia El Roble) donde lo incineraron sobre una chapa dentro de un tanque australiano en desuso.
A 24 Años del secuestro, asesinato y desaparición de Andrés, sus familiares y amigos ratificamos nuestra voluntad inquebrantable de buscar verdad y castigo a todos los responsables de los hechos. El caso de Andrés fue símbolo de continuidad de las prácticas represivas con que la Maldita Policía Bonaerense de la dictadura siguió actuando durante la gestión de Eduardo Duhalde, Alberto Piotti y Pedro Klodzyck en los ’90, y que hoy nos sigue asesinando por gatillo fácil a un pibe de los barrios cada 28 horas.
La causa por el crimen de Andrés es una muestra más del oscuro entramado de complicidades políticas, policiales y judiciales: el campo donde encontraron a Andrés pertenecía al comisario de la Brigada de Lanús, Mario “Chorizo” Rodriguez, y el puestero del lugar se apellidaba, como dos de los responsables materiales y políticos del caso, Gerez Duhalde.
En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos y Alfredo Gonzalez fueron condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte, sentencia confirmada en agosto de 2012. Pero no actuaron solos. Durante 20 años el coautor del crimen, Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo de la justicia. Recapturado en agosto de 2012 en una cinematográfica persecución en Neuquén, Ponce fue procesado en la causa Nuñez y está requerido por delitos de lesa humanidad en la Causa 271 (Residual de Comisaría 5ta) por su actuación en dictadura en ese CCD. Fue mencionado por Jorge Julio Lopez en su testimonio de 2006.
Uno de los máximos responsables de la muerte de Andrés, el policía Pablo Martín Gerez, permanece prófugo. La familia de Andrés pide a los ministros Alak, Casal y Granados que arbitren los medios para detener a este peligroso criminal para poder enjuiciarlo.
El ex juez Amilcar Vara (destituido en 1998 en juicio político por encubrimiento en la causa Miguel Bru y en más de 27 casos de crímenes policiales) fue mencionado en el juicio Nuñez de 2010 por varios testigos como cómplice de las torturas a Andrés en la Brigada. Tras años de titubeos de los fiscales para pedir su procesamiento, Vara murió impune en marzo pasado y se llevó los secretos de dos décadas de complicidad judicial-policial.
Pese a los veloces sobreseimientos del juez Ricardo Szelagowski, reemplazante de Vara en la causa, en mayo de 2013 la Suprema Corte bonaerense resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 5 policías responsables del asesinato y ocultamiento del cuerpo de Andrés. Y en marzo de este año, apoyándose en la doctrina surgida de los casos “Bulacio” y “Bueno Alves”, dijo que el caso de Andrés es una “grave vulneración a los DD.HH.” y que se impone “extremar la diligencia judicial” para procesar y juzgar a los responsables.
Pese a los gobiernos que dicen defender los Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad han asesinado en todo el país desde 1983 a más de 4.000 personas con el gatillo fácil, las torturas y el fusilamiento público. La Bonaerense es denunciada por más de 1.200 casos mensuales de aplicación de tormentosen sedes policiales. Las desapariciones de Iván Torres (Chubut 2003), Jorge Julio Lopez (La Plata 2006), Luciano Arruga (La Matanza 2009), Daniel Solano (Río Negro 2011), Facundo Rivera (Córdoba 2012) y Cesar Monsalve (Trelew 2013) a manos de las distintas policías provinciales engrosan la lista de más de 200 casos de desaparición forzada vinculada a motivos sociales y políticos registrados en las últimas 3 décadas.


Por todo esto, la lucha por justicia en el caso de Andrés no está concluida. Por la condena a Ponce, Gerez, y todos los cómplices, exigimos:
*JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES
DEL ASESINATO DE ANDRÉS NUÑEZ.
*QUE BUSQUEN Y ENCUENTREN AL PRÓFUGO GEREZ YA!
*BASTA DE MUERTES POR TORTURAS EN COMISARÍAS Y CÁRCELES.
* JUICIO Y CASTIGO A LOS DESAPARECEDORES DE LOPEZ, ARRUGA, SOLANO Y TODOS LOS DESAPARECIDOS EN “DEMOKRACIA”.


Familiares y Amigos de Andrés Nuñez
HIJOS La Plata

Contacto:
Mirna Gomez (viuda de Nuñez) (0221) 155968507
Julio (HIJOS La Plata) (0221) 155892221

Ernesto Ferreyra (Abogado de Mirna) (0221) 155069885

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lunes, 22 de septiembre de 2014

Estos son los GENOCIDAS de la CACHA!



Desde Justicia Ya! convocamos a organizaciones gremiales, políticas, estudiantiles y todos quienes quieren justicia a acompañar los alegatos en el juicio La Cacha el día miércoles 24 de Septiembre a las 13hs. (aproximadamente).

Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas por GENOCIDIO y por todos los compañeros.


Los esperamos!!!!!!
30.000 compañeros desaparecidos presentes!!!
Ahora y siempre!!!!

Miércoles 24/9 - 13hs - Calle 4 e/ 51 y 53


ESTOS SON LOS GENOCIDAS... Perea Luis Orlando, Fernández Ricardo Armando, Grande Claudio Raúl, Amigo Miguel Ángel, Cacivio Gustavo Adolfo, Di Pasquale Jorge Héctor, Balmaceda Roberto Armando, Herzberg Juan Carlos, Acuña Héctor Raúl, Herrero Anzorena Emilio Alberto, Romero Pavón Carlos María, Palavezatti Anselmo Pedro, Miranda Isaac Crespín, Espinoza Raúl Ricardo, Batalla Rufino, Hidalgo Garzón Carlos del Señor, Etchecolatz Miguel Osvaldo, Garachico Julio César, Gargano Eduardo, Luján Horacio Elizardo, Smart Lamont Jaime.

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miércoles, 17 de septiembre de 2014

A 8 AÑOS SIN LOPEZ

CON MILANI, BERNI Y GRANADOS CONTINÚA LA IMPUNIDAD
Y LA REPRESIÓN

A 8 años de la desaparición de Jorge Julio López desde HIJOS La Plata sentimos la enorme necesidad de hacer un repaso de todas las actividades y medidas de lucha que llevamos adelante para impulsar el esclarecimiento del caso y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro. Por eso hoy 18 de septiembre de 2014 retomamos todas y cada una de las consignas que gritamos durante estos 8 años de lucha inclaudicable.

APARICIÓN CON VIDA YA! - 1 AÑO DE IMPUNIDAD K!
Resultaba estremecedor escucharnos coreando esa consigna nuevamente. Ninguno de nosotros deseaba estar aquel 18 de septiembre de 2006 en la Plaza San Martín cantándola. Pero ahí estábamos, y éramos muchos miles. Mientras nosotros, junto con los Organismos de DDHH y las organizaciones del campo popular, cortábamos calles, pintábamos murales, escrachábamos genocidas vinculados con la primera desaparición de López,  desde el gobierno se ejercían todo tipo de maniobras para encubrir su secuestro.
Desde el presidente Kirchner que exigía (no se sabe muy bien a quién, siendo que él era la autoridad máxima) que apareciera “el compañero Tito”, al Gobernador Felipe Solá, que encomendó a la bonaerense para la investigación, creando una comisión cuyos responsables fueron partícipes de la dictadura, o Aníbal Fernández, por entonces ministro del Interior, que declaró que "López podría haber ido a visitar a una tía", hasta los dolorosos dichos de Hebe de Bonafini , quien en momentos en que debería haber colocado todo el esfuerzo en la exigencia de búsqueda del compañero, sembró dudas sobre su condición de militante, manifestando que “había que investigar a López porque vivía en un barrio de policías”, revictimizando a la víctima una vez más!


ELLOS SABEN DÓNDE ESTÁ!  - 2 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
En un año entero de impunidad en la  investigación se desecharon todo tipo de pistas trascendentes, aportadas por el esfuerzo de los querellantes, en un proceso instruido por jueces cómplices que tenían fuertes vinculaciones con la institución policial directamente involucrada en el caso, cuyo mayor logro fue haber frustrado toda posibilidad concreta para conocer la verdad.
En ese momento la bonaerense contaba entre sus filas con más de 9.000 efectivos que participaron del terrorismo de Estado, a los cuales el entonces Ministro de seguridad León Arslanián decía que “NO LE RESPONDÍAN”.
Así fue como a 24 meses de la desaparición de Julio, se puso en la superficie lo que estaba oculto: las relaciones de poder que integran una trama extensa de complicidades, para la cual la impunidad es necesaria, como sostén de sus políticas centrales, y para esto el aparato de poder muestra que hay “solidaridades corporativas”, y que tienen a sus congresales, a sus legisladores, a sus jueces. Pero también se tienen a sí mismos. Y ahí están para recordarlo.


SILENCIO K = IMPUNIDAD! - 3 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
La primera  desaparición de Julio López fue en dictadura, en noviembre de 1976. Su segunda desaparición ocurrió el día de los alegatos en el juicio a Etchecolatz. Pero ésta no fue la última porque después de 3 años de silencio y negación, se instaló su  tercera desaparición marginado su caso  de la agenda del “gobierno de los derechos humanos” y de todos los medios de “comunicación”. Su nombre jamás fue ni siquiera pronunciado por la presidenta Cristina Fernández cuando el caso conmovió al país y, en particular, a la ciudad de La Plata, de la cual ella es oriunda.


FALTA LÓPEZ FALTA JUSTICIA! - 4  AÑOS DE IMPUNIDAD K!
Durante los 4 años que siguieron a la desaparición de López fueron continuas las desviaciones en la investigación para encontrar a sus secuestradores, y fue nula la decisión política por parte de los Estados Nacional y Provincial para identificar y castigar a todos los culpables. Al comienzo la investigación en la Justicia ordinaria fue una simple búsqueda de paradero, desconociendo el hecho como una desaparición forzada. De los 18 represores mencionados por López en su testimonio ninguno fue investigado. El allanamiento judicial a los genocidas detenidos en Marcos Paz fue sólo una requisa cantada, y la agenda secuestrada a Etchecolatz nunca se indagó. Y recordemos que indicios como el cadáver calcinado aparecido en Punta Lara, las llaves encontradas en el jardín de la casa de López, o el rastrillaje mediático del ministro Casal en Parque Pereyra nunca fueron aclaradas, y fueron plantadas para generar falsas expectativas en el caso. En cuanto a las pistas firmes fueron todas enviciadas por la Bonaerense, la SIDE y los JuecesArnaldo Corazza y Manuel Blanco para garantizar impunidad.


LOPEZ VOTA! - 5 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
La burla de 3 décadas de gobiernos constitucionales nos encontró a los 5  años de la desaparición de Julio López con un Estado que lo llamó a  votar en las PASO en la Escuela Especial N° 535 de Los Hornos, como si nada hubiera sucedido. Y el pedido del colectivo “Justicia Ya!” para que se constate en los padrones la condición de “Elector Ausente por Desaparición Forzada” a favor de López, fue contestada por el Juez Blanco diciendo que “no existían razones que me habiliten para proceder del modo pretendido”. Para completar el cuadro, las elecciones PASO tuvieron como candidato a Concejal suplente en la lista del Frente Para la Victoria en Berisso al hijo mayor de López, Rubén, quien encabezó la escandalosa denuncia de su familia contra quienes “no lo cuidaron a López”, por lo tanto “responsables de la desaparición por no haberle brindado protección en el juicio”: los jueces del proceso contra Etchecolatz y los querellantes.


6, 7, 8 AÑOS SIN LOPEZ! – 6 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
A la segunda desaparición de López siguieron los secuestros de Juan Puthod, Luis Gerez, Víctor Martínez y el asesinato de Silvia Suppo en Santa Fe. Todos ellos también fueron testigos en juicios contra genocidas. Ninguno de estos hechos fueron esclarecidos, y todos tuvieron la finalidad de amedrentar a los futuros declarantes y frenar los juicios contra los genocidas.
El de López tampoco fue el único caso de un desaparecido en “democracia” ya que también los casos de Arruga, Rivera Alegre, Solano y tantos otros continúan IMPUNES. Además durante los últimos períodos constitucionales hay  más de 4.000 casos de gatillo fácil, en los cuales la Policía Bonaerense, principal fuerza en armas del país, encabeza el ranking de asesinatos.


NI VIVITO NI COLEANDO. DESAPARECIDO EN DEMOKRACIA! - 7 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
En mayo de 2013, mientras la ciudad de La Plata apenas sobrellevaba el crimen social de las inundaciones, el gobierno Kirchnerista dio una muestra más de su habitual cinismo. En el acto de inauguración de la nueva Biblioteca del Colegio Nacional, la presidenta Cristina Fernández desvarió durante media hora regalando notebooks y citando a Charly García, mientras comparó a la dictadura con su gobierno y afirmó que "por suerte hoy nadie puede desaparecer, y estamos todos vivitos y coleando”.
Esta provocación de venir a la ciudad donde faltan Andrés Nuñez, Miguel Bru y Jorge Julio López a pintar un presente color de rosa, es digna de un gobierno que mantiene en el más absoluto silencio que a 7 años de su desaparición, en la causa López no hay ningún imputado, ni procesado, ni detenido. Las últimas novedades de la causa las hemos generado los organismos de DD.HH: la campaña de Habeas Corpus en 2013 y la denuncia del caso ante la CIDH (OEA) este año.


CON MILANI, BERNI Y GRANADOS CONTINÚA LA IMPUNIDAD Y LA REPRESIÓN
A la continuidad de  las política económicas burguesas le importa poco la fachada que asuma el Estado, en democracia o en dictadura siempre tendrá a mano el esquema represivo de modo legal o del otro. Lo concreto es que la violencia más cruda, aquella que el poder ejerce para construir hegemonía en una sociedad dividida en clases, está hoy  en manos del genocida Milani, del fascista Berni y del sheriff Granados, quiénes son los encargados de dar continuidad a las desapariciones forzadas, al gatillo fácil, a la represión a los trabajadores y al espionaje a las organizaciones populares no alineadas.
Por todo esto desde hace 2.920 días venimos exigiendo a los poderes ejecutivo, judicial, y legislativo que impulsen de manera concreta y efectiva la investigación y esclarecimiento YA del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Porque mientras se sigan violando los derechos humanos seguiremos tomando las calles en contra del Estado represivo, gobierne quién lo gobierne, en contra del olvido y el silencio, y en pie de  lucha por Julio López y por los 30.000 detenidos-desaparecidos.


A 8 AÑOS SEGUIMOS DICIENDO:

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN DE LOPEZ.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
RESTITUCIÓN DE TODOS LOS JÓVENES APROPIADOS EN LA DICTADURA.
NO AL TRASLADO DEL BNDG. POR LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD.

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