Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 16 de mayo de 2017

Audio CHARLA DEBATE - TERRORISMO DE ESTADO ANTES DEL ‘76


El martes 9/5 realizamos en la Facultad de Arquitectura de la UNLP la charla sobre "Terrorismo de Estado antes del '76", con la presencia del compañero Eduardo Soares, ex militante de Montoneros, patrocinante de varios testigos/sobrevivientes en el juicio a Castillo y Pomares, integrante de la gremail de Abogados y del espacio Convocatoria por la Segunda Independencia.
Compartimos las fotos de Juan Cicale sobre la actividad y el audio de la charla con nuestra intervención, la de Soares, y el aporte de la compañera Nilda Eloy sobre el juicio a dos represores de la CNU que inicia este 15 de mayo.





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lunes, 8 de mayo de 2017

CHARLA DEBATE - TERRORISMO DE ESTADO ANTES DEL ‘76


Desde HIJOS La Plata invitamos a una charla debate sobre una temática compleja y polémica, pero a la que no le sacamos el cuerpo.
Desde el lunes 15 de mayo el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata estará juzgando a Carlos Ernesto Castillo y Juan José Pomares, integrantes de la banda de la derecha peronista CNU de La Plata, aunque solo se incluirán en el debate los casos de 7 víctimas en 3 hechos, de una lista total de más de 60 asesinatos aún impunes cometidos en nuestra ciudad entre 1974 y 1976.
Procesados en 2011, recién en marzo de 2015 se elevó la causa a juicio acusando a Carlos “Indio” Castillo por secuestros, homicidio, violación de domicilio y robo en los tres hechos principales, y a Juan José “Pipi” Pomares por secuestro y homicidio en uno de los hechos. Las víctimas fueron trabajadores, delegados gremiales y militantes del peronismo de izquierda. Ante graves amenazas a uno de los sobrevivientes, en junio de 2012 la Cámara Federal resolvió que todos los testigos/sobrevivientes tuvieran identidad reservada.
El “Indio” Castillo tuvo varias entradas y salidas de prisión en los '80 en causas por robo y tenencia de armas, se vinculó a los mandos carapintadas y trabajó para el Modín de Aldo Rico. Desde HIJOS La Plata lo escrachamos en su guarida impune en la ciudad en 1998. El “Pipi” Pomares se recicló en democracia como asesor del bloque del FPV en el senado provincial y en cargos municipales en las gestiones de Julio Alak y Pablo Bruera. Ambos operaron como jefes de la CNU La Plata antes de la dictadura, reportando directamente al gobernador peronista Victorio Calabró, y siguieron actuando al mando de los grupos de tareas luego del golpe.
La responsabilidad del gobierno peronista en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de lesa humanidad, son hoy innegables. Ya es hora de discutir a fondo la organización desde el Estado de la represión a los opositores políticos antes del golpe.
Pasados más de 40 años de los hechos, el juicio es una excelente oportunidad para revisar la concepción de los crímenes de Estado previos al golpe del '76. Pero también preguntarnos qué estamos juzgando en este proceso: a un grupo de lúmpenes desbocados con banca en la fuerzas de seguridad y armadas, o bien a una estructura criminal del Estado, con todo lo que ello significa que se utilizó para frenar la avanzada popular antes del golpe.
Si con la lucha y el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos hemos podido hacer reconocer en la justicia el carácter sistemático, planificado y extendido que tuvo la represión de Estado durante la última dictadura, y hasta hemos logrado que se lo defina específicamente como un Genocidio, es decir la eliminación del grupo nacional que se oponía al régimen, mucho falta por capitalizar respecto a lo que sucedió con la represión en el período previo al golpe.
En este sentido puede empezarse por repasar qué es lo que hace a un crimen de Estado un delito de lesa humanidad, cuál fue el contexto que gestó y permitió las graves violaciones a los Derechos Humanos producidas en ese interregno democrático entre las dictaduras del '66 y el '76, y cuáles son los principales escollos jurídicos y políticos para avanzar en el juzgamiento de los hechos cometidos en ese período.

Expondrán

Pablo Bonavena (sociólogo, docente e investigador del Movimiento Estudiantil).
Eduardo Soares (integrante de la Gremial de Abogados, Convocatoria Segunda Independencia, e hijo de un militante asesinado por la CNU).
Y un compañero de HIJOS La Plata.

Martes 9 de mayo. 18 horas.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UNLP) - Aula 2.

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martes, 2 de mayo de 2017

NUEVA DOMICILIARIA A MIGUEL ETCHECOLATZ

SE VA LA SEGUNDA
La justicia convalidó por segunda vez un recurso que otorga la prisión domiciliaria al símbolo de la represión en el Circuito Camps, condenado varias veces a perpetua. Los detalles del fallo y la discusión de fondo, que es la responsabilidad del Estado en la custodia de los reos de lesa humanidad.

Por HIJOS La Plata


PENAS MORIGERADAS
A la emergente situación de que casi la mitad de los genocidas judicializados por los crímenes cometidos durante la vigencia del Terrorismo de Estado se encuentran gozando de un beneficio pensado como extraordinario, en una acumulatoria que viene marcándose desde la gestión anterior y se profundiza con el negacionismo gobernante, se suman nuevos desafíos con las recientes opiniones de los máximos tribunales del país. Tanto la Corte Suprema como la Sala 1 de Casación vienen marcando el camino hacia el cumplimiento testimonial de las penas en los procesos referidos a los peores crímenes de Estado de nuestra historia.
La batalla de los defensores oficiales del genocida Miguel Etchecolatz, condenado 3 veces a prisión perpetua y otras dos a altas penas por ser responsable de centenares de secuestros, torturas, desapariciones y apropiaciones de niños, es un caso testigo para el resto de los represores que buscan la impunidad.
Como venimos señalando desde HIJOS La Plata, el año pasado comenzó a darse un festival de recursos de parte de los abogados de los represores, donde abundan no sólo los pedidos de domiciliarias, sino de salidas a estudiar, a casarse, a visitar parientes, a cumpleaños familiares y hasta de vacaciones.
En el caso de Etchecolatz, en julio pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de nuestra ciudad  le había otorgado la domiciliaria en dos de las causas que lo tienen a la espera de juicio, y si bien los jueces Germán Castelli y Jorge Michelli no comprobaron causales de salud para justificarse, ya que el represor desmejoró su salud a propósito y las querellas denunciaron la alteración de los informes médicos que presentó, hicieron prevalecer la “razón humanitaria” que avalaría mandarlo a su casa. Pero además el represor había conseguido el beneficio en otras causas que tiene pendientes, y en algunas el cese por agotamiento formal de la prisión preventiva. Sólo a partir de la lucha, la movilización, dos audiencias especiales con los jueces y varios recursos presentados contra aquella decisión se logró que la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata rechazaran la medida argumentando que no surgía “que el alojamiento carcelario conduzca indefectiblemente al agravamiento de la salud” del represor y que las manifestaciones de la defensa de “trato indigno, inhumano y cruel, resultan por el momento excesivas y meramente conjeturales”. A esto la Cámara sumó la afirmación de que “las patologías del imputado pueden ser tratadas dentro de la unidad carcelaria o del Hospital Penitenciario Central (HPC) de Eseiza y con la asistencia médica que su estado de salud requiere”. Pero esa decisión fue apelada a instancia superior.

CRITERIOS DIVERSOS
El fallo emitido el viernes pasado por la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana Figueroa, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, resuelve un recurso de la defensa de Etchecolatz presentado en la causa nº 737 residual por los crímenes cometidos en el CCD “Pozo de Banfield”. Allí la defensora pública del represor,  María Alejandra Altinier, interpuso un recurso en Casación contra el fallo de la Cámara Federal platense y contra una decisión del juez Ernesto Kreplak que había resuelto internarlo en un hospital extramuros con autorización a los médicos para darle alimentación o medicación forzosamente si corría riesgo su salud. La defensora basó el pedido en una batería de argumentos como la ausencia de motivación para negar el beneficio, la vulneración del principio “pro homine”, la razonabilidad e igualdad ante la ley, el derecho a la salud y a la vida, y hasta se permitió solicitar la aplicación al caso de la doctrina sentada por la Corte Suprema en la causa “Alespeiti” con el fallo del pasado 18 de abril (Ver más abajo). La defensa del represor llegó a afirmar que “no puede ser tratado adecuadamente en un centro de detención que carece de la infraestructura necesaria para un paciente de la avanzada edad y características de (…) quien ‘padece riesgo de muerte súbita’, que lo coloca en situación de vulnerabilidad, a diferencia de lo que ocurriría de encontrarse en su domicilio”. Importante remarcar el último punto: corre riesgo de muerte súbita, salvo en su domicilio.
Para resolver, los jueces de la Sala 1 de Casación responden a una misma cuestión con argumentos diversos. En su voto la jueza Ana María Figueroa se encargó de destacar que si bien existe un marco convencional y normativo que impone al Estado la obligación de respetar y garantizar la vida e integridad de las personas, lo aquí debatido no sólo representa una cuestión de índole humanitaria
Figueroa apunta que de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema en la causa "Alespeiti”, o incluso en los precedentes “Olivera Rovere” y “Bergés”, si el beneficio se concede sin informes del Cuerpo Médico Forense se debe concluir en que la resolución no se basa en estudios científicos que puedan entenderse suficiente. Y que en este caso el último informe del CMF data de agosto pasado, cuando Etchecolatz se encontraba en una huelga de hambre para forzar a resolver a su favor. Por entonces los antecedentes de hipertensión arterial, deterioro cognitivo moderado, labilidad emocional, adenoma de próstata y la deshidratación leve por negarse a alimentarse y medicarse no fueron suficientes para enviarlo a su casa, ya que su lugar de detención cumplía con las normas mínimas de alojamiento, y en todo caso podía ser tratado en un hospital extramuros. A criterio de la jueza, si en aquel momento nunca se mencionó que resultase más beneficioso cumplir su detención su casa, ahora en todo caso se deben actualizar los informes médicos y el CMF debería expedirse nuevamente.
La defensa adujo un nuevo informe del Servicio Penitenciario Federal donde reconoce que “el Hospital Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, continúa brindándole, como desde su ingreso hasta la fecha, los cuidados médicos descriptos anteriormente de acuerdo a su patología”.
Por último Figueroa recordó que ya había opinado en igual sentido sobre el caso Etchecolatz cuando el TOF1 le había otorgado el beneficio en julio del año pasado, y cuando la Sala resolvió nuevos recursos en las causas “Pozo de Quilmes” y “La Cacha” en diciembre último, siempre en el sentido de mantener el arresto en el HPC de Ezeiza y  extremar todos los cuidados médicos y geriátricos necesarios.
A su turno la jueza Liliana Catucci recordó que la aplicación del beneficio no es automática, “pues se impone la observancia de ‘irrenunciables imperativos humanitarios’ que deben ser evaluados por el magistrado que la concede, en virtud de la ‘facultad’ que le otorga el ordenamiento legal”.
Recoge la sentencia de la CSJN en causa “Alespeiti”, sobre todo en el esfuerzo garantista en cuanto al “trato digno y humano” de los genocidas privados de libertad. Tras reconocer que el último informe sobre Etchecolatz se hizo hace más de 8 meses, y sólo porque el SPF informó que tuvo una internación por “cuadro de abdomen agudo” en noviembre pasado, Catucci entiende que corresponde mandarlo a su casa, ya que la edad de 87 años le da para el beneficio y la posibilidad de muerte súbita informada por el SPF así lo justificaría.
En el restante voto, el juez Eduardo Riggi aporta la sutileza de que cumplido uno de los varios requisitos para otorgar la domiciliaria no se necesita del resto. Para Riggi “en modo alguno podría sostenerse que la situación del imputado (…) debería encuadrar en todas las causales previstas, pues la diversidad de situaciones contempladas conducirían a que en la práctica el beneficio sea meramente enunciativo, por la imposibilidad de que concurran todos los requisitos en una misma persona”. Con esto se quita de encima la discusión sobre el real estado de salud del genocida y apuesta a la autonomía del fundamento de la edad como causal suficiente, donde, al no haber riesgos procesales, correspondería mandar al reo a su casa. Riggi también entiende aplicable al caso la doctrina del fallo “Alespeiti” y como detalle al margen, pone especial énfasis en citar fallos previos de la misma Sala de Casación donde han opinado que “la posibilidad de conceder o denegar la prisión domiciliaria, no puede centrarse exclusivamente en la gravedad del delito reprochado”, especialmente en los votos emitidos en los casos de connotados represores del Circuito Camps como Rodolfo Gonzalez Conti, Bernabé Corrales y Miguel Kearney.
Catucci y Riggi otorgan por mayoría entonces el beneficio al genocida sin que su abogada defensora haya logrado acreditar de qué manera la prisión morigerada implicaría un beneficio para la salud del reo, y siendo que se encuentra alojado en el Hospital Penitenciario de mayor complejidad en el país. La medida todavía no se hará efectiva hasta que resuelva el tribunal de origen de la causa en La Plata. Aun así, la decisión no es de extrañar de estos dos magistrados, que fueron funcionarios del poder judicial tanto en el Camarón como en la dictadura. Riggi ingresó al Poder Judicial en el Camarón, fue cesanteado en la gestión de Héctor Cámpora y nombrado juez en 1978. Además hoy está denunciado por haber recibido coimas de los imputados por el asesinato de Mariano Ferreyra. Catucci comenzó su carrera judicial en julio de 1971 y fue nombrada jueza en 1980 y quedó a cargo de un juzgado de primera instancia en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal. Entre otras joyas participó con voto propio del fallo que condenó injustamente a Fernando Carrera por la llamada “Masacre de Pompeya”.
El dueto Riggi/Catucci había sentado criterio sobre su comprensión de la gravedad de los crímenes que se están juzgando en junio pasado, cuando decidieron anular la sentencia de primera instancia de la Masacre de Capilla del Rosario de agosto del ‘74, o causa “Carrizo”, absolver a los tres condenados y ponerlos en libertad. En lo esencial esa vez entendieron que los hechos no encuadraban en la categoría de crímenes contra la humanidad porque "no se encuentra acreditado por ningún medio de prueba o directamente no existía" a esa época, gobierno de Isabel Perón, "un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil" y porque "estaba debidamente instalado un gobierno constitucional”. La mayor paradoja de aquel fallo fue que se pronunciaba justificando la represión ilegal durante un gobierno democrático, pero la opinión era desarrollada por magistrados que integraron el poder judicial durante la última dictadura y siguen en funciones 40 años después para revisar aquellos hechos.
Cabe recordar también que una semana antes del fallo de la Sala 1, otra sala del mismo tribunal había rechazado un planteo similar de Etchecolatz en el primer tramo elevado a juicio de la causa
“Pozo de Banfield”. En ese caso los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron el planteo con los mismos argumentos de la jueza Figueroa en su voto. Y el juez Juan Carlos Gemignani hizo lugar al recurso en minoría, pero opinando que como el último informe médico de Etchecolatz era de 8 meses antes el tribunal platense debía realizar “las medidas conducentes a fin de determinar el estado de situación actual en el que se encuentra el encartado, contando en la praxis con informes actuales d Cuerpo Médico Forense que posibiliten un debido análisis del escenario fáctico y jurídico reinante”. Evidentemente Riggi y Catucci desconocieron la opinión de sus colegas.


UNA NUEVA CARTA
En este contexto, el máximo tribunal del país ha sumado una nueva carta para que jueguen los defensores de los genocidas. El reciente fallo de la Corte Suprema que concedió en tercera instancia la domiciliaria al jefe del Regimiento de Patricios en dictadura. José Felipe Alespeiti, de 85 años había sido juzgado y absuelto en octubre de 2009 en la causa “Jefes de Área” que incluyó 120 casos de secuestros y desapariciones a manos de grupos de tareas del Comando del 1er Cuerpo del Ejército. Apelada la absolución por las querellas, el genocida fue condenado en junio 2012 por Sala IV de Casación Federal a 22 años por 16 secuestros. Luego le fue concedida la domiciliaria por el Tribunal Oral 5 de CABA, pero revocada por  la misma Sala IV de Casación. En el camino fue  condenado a 12 años por asociación ilícita y 1 caso de secuestro en la causa “Plan Cóndor” en mayo de 2016. Con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, consiguió ahora el beneficio.
Del fallo, cuya pretensión fue rechazada en minoría por los ministros Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco por falta de agravio federal suficiente, interesan algunos fundamentos de los jueces que votaron por la afirmativa apelando fuertemente a la “razón humanitaria”.
Al iniciar su voto, y por las dudas, el cortesano Juan Carlos Maqueda se ataja al decir que “en modo alguno este fallo puede implicar tolerar o fomentar que, como un subterfugio que brinde amparo a alguna forma de impunidad, se adopten temperamentos análogos cuando ello no está verdaderamente justificado en circunstancias fundadas”.
Sobre la situación de Alespeiti, apunta que tanto los informes del Cuerpo Médico Forense de la Corte, como los del SPF y de peritos particulares de la fiscalía lo convencen de que el Estado no puede atender a un paciente cardíaco crónico, senil, casi ciego hipoacúsico y con locomoción limitada. Que revocación del beneficio por Casación carece de la fundamentación debida, pues habría omitido ponderar si “la detención en un establecimiento penitenciario podía comprometer o agravar su estado como también si la unidad carcelaria correspondiente resultaba efectivamente apta para alojarlo, resguardar su estado y tratarlo en forma adecuada”.
Ahora bien, a sabiendas de que es la propia tardanza del Estado en juzgar a los represores de la última dictadura, Maqueda ensaya un pedido por la celeridad de los juicios y por que “al disponerse la detención domiciliaria de un imputado o condenado, se evalúe la pertinencia de adoptar medidas encaminadas a garantizar la eficacia de esa modalidad de detención así como la sujeción de aquel a la jurisdicción”. Si se revisara rápidamente la infraestructura del Patronato de Liberados se comprendería por qué un juez del máximo tribunal del país necesita exigir garantías en la eficacia del cumplimiento de las domiciliarias. Pero aún más, Maqueda recuerda que en abril de 2014 el “Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”  dictó un pronunciamiento censurando al Estado argentino por no garantizar el acceso al máximo nivel de salud de un imputado de un delito de lesa humanidad. Y citando el “Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”  de la CIDH de diciembre de 2011, se permite recordarle a su gremio de magistrados que “las autoridades judiciales deben actuar con diligencia, independencia y humanidad frente a casos en los que se haya acreditado debidamente que existe un riesgo inminente para la vida de la persona debido al deterioro de su salud o a la 'presencia de enfermedad mortal".
Los flamantes cortesanos impulsados por la gestión macrista hicieron lo propio echando mano a altos valores justificadores. Horacio Rosatti se animó a recordar que “la humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado del Derecho, para diferenciarse de la barbarie, la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes”. Y el Dr. Carlos Rosenkrantz sumó la “falta de prueba respecto de la existencia de riesgos procesales” y una afirmación general de que “el Estado de Derecho hace imprescindible el respeto de los principios constitucionales de legalidad y debido proceso, incluso para aquellos imputados o condenados por la comisión de delitos aberrantes”.
Estas tres últimas convicciones (diligencia y humanidad frente a un preso enfermo, imparcialidad en la aplicación de la ley y necesidad del debido proceso), aparentemente tan urgentes en el ámbito de Lesa Humanidad contrastan con lo que sucede para quien se anime a atentar contra la propiedad privada. El fallo de la Corte es la confirmación de una justicia clasista que aniquila al pobre mientras beneficia al asesino de uniforme.


CUESTIONES DE FONDO
La principal excusa para que el estado abandone su responsabilidad en la custodia de los reos de lesa humanidad sería el déficit estructural que presenta el SPF para atender médicamente a pacientes longevos con patologías complejas. Sin embargo el mismo argumento no ha servido para desactivar la mafia de robo de bienes, tráfico de influencias y aniquilamiento de personas que significa hoy el Servicio Penitenciario federal . En contraste las condiciones de alojamiento de los represores no han empeorado con el tiempo, sino todo lo contrario. Así lo afirma un repaso del derrotero en el que por diversos hechos de fugas y principalmente por el asesinato del prefecto Héctor Febres en custodia de sus camaradas de arma en2007, pasaron de alojarse en dependencias militares a cárceles federales como las de Marcos Paz, Ezeiza y el híbrido de la prisión de Campo de Mayo. De allí fueron beneficiados en 2015 con el realojamiento en el sector A del Centro Federal de Detención de Mujeres de la Unidad 31 de Ezeiza, pensado como régimen acorde para madres con niños o embarazadas. La atención médica que reciben se realiza en el Hospital Penitenciario de mayor complejidad y mejores condiciones de todo el sistema federal del país, donde hoy está alojado por ejemplo el ex jefe del Ejército César Milani, y desde donde puja para obtener la domiciliaria.
Sin embargo, la preocupante tendencia al otorgamiento de domiciliarias no ha cesado. De hecho en la causa en que Casación le otorgó ahora el beneficio a Etchecolatz, la mayoría de los otros represores imputados han conseguido en distintas instancias el beneficio. Según el último informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de diciembre pasado, unos 519 represores, tanto procesados como condenados en estas causas, gozaban del beneficio de la domiciliaria. Ese número se incrementó en los meses siguientes, pero no deja de representar a más del 40% de todos los represores judicializados.
A esto se suma el asesoramiento masivo para conseguir el beneficio de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, uno de cuyos integrantes es el padre del asesor en derecho internacional del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, Siro Luis De Martini, que a su vez se encuentra gestionando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a estricto pedido de la Iglesia Católica,  lo que junto al secretario de DDHH Claudio Avruj han denominado “la situación de los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad”.
El debate por la reforma de la ley de ejecución penal, presentado por los medios como el “final de la puerta giratoria” en momentos en que el gobierno quiere endurecer las condiciones de detención para hacer campaña electoral, no escapa a una comprobación de la tan mentada igualdad ante la ley en término de las condiciones de alojamiento en la cárcel que tienen los represores de la dictadura con la que sufren los presos comunes en todo el país.
El lugar donde se atienden los represores de la última dictadura afectados por los achaques de la edad es el Hospital Penitenciario Central que funciona dentro del complejo carcelario de Ezeiza. Cuenta con 50 celdas en dos plantas y es un lugar muy codiciado dentro de ese penal, con habitaciones amplias con baño y ducha individuales, y camas como las de los hospitales, conectadas con sueros, oxígeno y otro tipo de aparatos de monitoreo para un seguimiento de 24 horas al día. Las habitaciones no suelen cerrarse con llave de noche, cuentan con computadoras, plantas, estufas y acondicionadores de aire. Ese es el ámbito que los abogados de los represores denuncian como “trato cruel e inhumano”.
En las cárceles de la Argentina muere por asesinato liso y llano, suicidios fraguados o inducidos, enfermedades no atendidas y “contexto de incendio”, un preso cada 37 horas. Ni hablar del cercenamiento que sufren la mayoría de los internos del Servicio Penitenciario Bonaerense denunciada año a año por la Comisión Provincial por la Memoria respecto al acceso a salud, alimentación, recreación y trabajo, concretamente las torturas que significan los golpes, la comida podrida, los colchones mojados por la humedad, el aislamiento injustificado y el abandono médico. Ese es el infierno cotidiano que la reforma impulsada por el macrismo quiere profundizar. Para citar sólo un caso del mismo penal de Ezeiza donde Etchecolatz dice ser maltratado, en enero de 2008 se otorgó la domiciliaria a un preso común de ese penal con paraplejia, vejiga neurogénica (con sonda) e internado en el HPC. Pero sólo se logró el beneficio por la intervención con un “Amicus Curiae” de la Procuración Penitenciaria, que entendió que ameritaba la medida el cuadro de salud irreversible del interno a quien su madre había encontrado desnudo, con diversas infecciones y rodeado de sus propios excrementos. Más de 70 de las denuncias de la Procuración por violación a derechos básicos de los presos comunes en la Unidad de Ezeiza pueden verse en http://www.ppn.gov.ar/?q=cpf1
La emergencia por el otorgamiento de domiciliarias a los peores asesinos de nuestra historia no es nueva, ni se reduce al caso de Etchecolatz. Pero marca lo que se viene: el otorgamiento masivo de domiciliarias tanto a procesados como a condenados, con el argumento falaz de la “razón humanitaria” o porque directamente el Estado abandona su responsabilidad de custodia y atención médica a los represores. Hoy más que nunca volvemos a afirmar nuestra exigencia de cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas, para que los procesos no se transformen en una farsa de justicia.


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lunes, 24 de abril de 2017

22 AÑOS DE LUCHA

A 22 años del nacimiento de la agrupación HIJOS La Plata, reivindicamos hoy más que nunca los puntos básicos que dieron origen a la organización:


- Juicio y castigo a los genocidas y a sus cómplices: 
Porque a 41 años del golpe genocida no se ha condenado ni al 10 % del real actuante del Terrorismo de Estado, y la mayoría de los represores judicializados goza del beneficio de prisión domiciliaria.
- Reivindicación de la lucha de nuestros padres y sus compañeros: 
Porque ante un gobierno negacionista del Genocidio, los recordamos como luchadores revolucionarios y no como víctimas.
- Restitución de la identidad de nuestros hermanos apropiados: 
Porque el Estado aún debe restituir su verdadera identidad a casi 380 hijos e hijas de desaparecidos.
- Reconstrucción de los lazos solidarios destruidos por la dictadura: 
Porque la desaparición de personas y de organizaciones enteras implantó el terror en el seno de la sociedad, y rompió las redes que fortalecían el campo popular, intentamos aportar a la construcción de espacios comunes con otros sectores sociales retomando experiencias de organización solidaria.
- Desmantelamiento del aparato represivo: 
Porque ningún gobierno constitucional desde 1983 a la fecha ha desactivado la represión, y en cambio se han llevado la vida de más de 5.000 personas con el “gatillo fácil”, las torturas y los fusilamientos en manifestaciones.
- Libertad a los presos políticos: 
Porque todos los gobiernos constitucionales han criminalizado la protesta y judicializado a los luchadores populares como herramienta para disciplinar a los que menos tienen o a los que se oponen a este modelo de explotación y saqueo.
-  Independencia institucional y partidaria y de otras organizaciones: 
Porque pese a la opción adoptada por muchos organismos de Derechos Humanos de abandonar la resistencia, trabajar con los partidos del sistema, apoyar a los gobiernos de turno y financiarse desde el Estado, la única manera de denunciar las violaciones a los Derechos Humanos es con coherencia militante e independencia política.


La lucha es un camino que elegimos hace 22 años y por eso es que la sostenemos día a día. 

Así como en estos 22 años no apoyamos a ningún gobierno hambreador y represor del pueblo, reafirmamos la voluntad de exigirle al Estado las mismas cosas que venimos exigiendo durante tanto tiempo, sin importar que se llame Alfonsín, Menem, De la Rua , Kirchner, Macri, porque lo que está en juego es la vida y la dignidad de todo un Pueblo. 
Porque creemos que los Derechos Humanos son cosas de todos los días, y mientras exista impunidad y se sigan violando los derechos políticos, económicos y sociales, seguiremos la lucha.

HIJOS La Plata

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domingo, 16 de abril de 2017

RECUPERAMOS EL MURAL DEL BIM 3 CON LA CONSIGNA “PERPETUA A MILANI”

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La semana pasada desde HIJOS La Plata estuvimos recuperando el mural que habíamos hecho en el ex Batallón de Infantería de Marina 3 como espacio de expresión política. En octubre de 2015 habíamos realizado una intervención con consignas sobre la situación impune de la Armada Argentina respecto a los crímenes de lesa humanidad que había cometido y en su mayoría continúan impunes. Nos parecía oportuno porque ese año estaba en curso el juicio a parte de los integrantes de la Fuerza de Tarea 5, la estructura de la Armada en nuestra zona, que entre otros Centros Clandestinos regenteaba el BIM 3.
En aquel momento le recordábamos a la gestión de la Facultad de Humanidades, Aníbal Viguera, Mauricio Chama y demás, que desde HIJOS y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en 2001 en la Cámara Federal platense un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las investigaciones por los delitos de lesa humanidad allí cometidos, cosa que no fue tenida en cuenta ni por los municipios de La Plata, ni de Ensenada, ni por la Provincia ni la Nación, en nombre en este caso de la UNLP. Decíamos que no alcanzaba con “hacer visible el hecho” de que están funcionando en un CCD cuando el Estado Nacional está obligado por la ley N°26691 no sólo a señalizar los CCD sino a preservarlos como prueba judicial, completar las investigaciones, actualizar su nómina, recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió. Decíamos que lo único que hizo la gestión fue poner un deslucido cartel que no incluye ni los nombres de los compañeros desaparecidos que pasaron por allí. 
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Eso molestó a varios de los sectores del kirchnerismo militante en la facultad, que ocultos en el anonimato y la oscuridad, nos taparon el mural en marzo de 2016, como lo muestra una de las fotos que ilustra esta nota.
Ahora volvimos al lugar para reponer nuestra expresión en el mismo muro. Elegimos la misma consigna con la que nos movilizamos este 23 de marzo en La Plata junto a la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada: “A 41 años del golpe, Perpetua a Milani”.
El jefe del ejército del kirchnerismo entre 2013 y 2015 está hoy detenido y acusado de participar de los secuestros y torturas de Oscar Schaller, Pedro y Ramón Olivera y Verónica Matta en La Rioja; así como de la desaparición  del soldado Alberto Ledo en Monteros (Tucumán) en 1976.
La pertinencia de señalar la falta de justicia en el caso es inversamente proporcional al esfuerzo que muchos sectores políticos, incluso organismos de Derechos Humanos, hicieron estos años por ocultar la realidad de la actuación de Milani en esos hechos. Mucho más ahora que la derecha pura y dura de Macri y Cambiemos intenta imponer el negacionismo y la reconciliación.

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Esperamos que esta vez el mural dure un tiempo prudencial. Porque sabemos que sigue sin alcanzar con saber y asumir “que la memoria es objeto de múltiples debates” cuando hay hechos fácticos irreversibles de los que el Estado no está dispuesto a hacerse cargo: no puede utilizarse ni re-significarse un predio donde se cometieron crímenes de Lesa Humanidad hasta que no se completen las investigaciones judiciales de esos hechos. Y no se puede pretender Memoria, Verdad y Justicia plenas cuando la mayoría de los genocidas están libres, o condenados pero gozando de la domiciliaria en sus casas.

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lunes, 3 de abril de 2017

SENTENCIA EN EL SEGUNDO JUICIO POR ANDRES NUÑEZ

UN POCO DE JUSTICIA
Por HIJOS La Plata 
El pasado viernes 31 de marzo se condenó al policía asesino Luis Raúl Ponce a reclusión perpetua en el segundo juicio por el secuestro, torturas, asesinato y desaparición de Andrés Nuñez. Nuestra visión del fallo, el difícil camino de juzgar las torturas como crimen de Estado y las tareas pendientes en la causa por el crimen de Andrés.

La audiencia final del segundo juicio oral y público por Andrés Nuñez del viernes 31 de marzo pasado cerró una nueva etapa del largo proceso que Mirna Gomez, esposa de Andrés, y su familia vienen dando durante 26 años en la búsqueda de justicia. Un poco de justicia, siempre tardía y sólo conseguida a través de la lucha, ha significado el fallo del Tribunal ad hoc que juzgó a Luis Ponce, integrado por los jueces Eduardo Raúl Delbés, presidente vitalicio de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, María Silvia Oyhamburu, vicepresidente de la Sala 1 de la misma Cámara) y Claudio Bernard, vicepresidente del Tribunal Oral Criminal 2. Así, Ponce fue encontrado responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada en concurso real con torturas seguida de muerte, agravado por haberse cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad. Por ello fue sentenciado a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. Pero el fallo tiene varios elementos interesantes.

EL FALLO
En principio el tribunal rechazó los planteos de prescripción con los que la defensa del asesino vienen ganando tiempo desde que el grupo de abogados Oscar Salas y Christian Romano se hicieron cargo del caso, y recordó que tanto la jueza de instrucción, Marcela Garmendia, como la Cámara penal y la Suprema Corte de provincia habían opinado sobre el tema afirmando la vigencia de la acción penal.
A continuación desestimó por extemporáneo un planteo de la defensa de nulidad de todos los actos de expediente desde que Ponce era representado por el Dr. Alejandro Casal. La pretensión de supuestos intereses contrapuestos entre el asesino Ponce y el resto de los policías torturadores y encubridores de la Brigada ya había sido contestada por el tribunal frente al propio Ponce con la pregunta “¿Si dice que es inocente, por qué no se eligió otro abogado distinto al que representaba a quienes usted dice que son culpables?”. El tribunal agregó ahora que más que intereses contrapuestos había una comunidad de intereses en un pacto de silencio que el mismo Ponce armó y que confirmó al estar prófugo por más de dos décadas.
Además, se dio por acreditado que dio por acreditado que Ponce intervino en las torturas que se aplicaban en la Brigada y en el caso de Núñez tuvo intervención directa “en cada una de las partes de la imputación: desde dar la orden directa y precisa del operativo de privación de la libertad, para luego, dentro de la Brigada, participar y dirigir el interrogatorio con maniobras de tortura y provocar con ellas la muerte”.
En su voto el juez Delbés consideró que el caso muestra la continuidad en la institución policial, y al amparo de sectores del poder judicial, coexistían aberrantes prácticas incompatibles con el estado de derecho y no dudó en calificar la actuación de la Brigada de Investigaciones de La Plata como  un plan sistemático de actuación con división de roles por parte de la ‘Patota’ de la Brigada, de la que Ponce era jefe.
A su turno la jueza Oyhamburu realizó una ajustada síntesis sobre los Tratados Internacionales y el derecho interno que propician el castigo de la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Dio por acreditado que en la Brigada funcionaba un aparato estatal destinado a la tortura tanto física como psicológica con el objetivo de obtener confesiones. En el caso de Andrés, su secuestro y tortura hasta la muerte tuvo como fin que se declarara culpable del robo de una bicicleta.
Finalmente el juez Bernard fue contundente al afirmar que estos procedimientos de las fuerzas de seguridad resultaban similares, y en muchos casos con los mismo agentes policiales, que los desplegados durante la dictadura, recordando además que el hecho se produjo a sólo siete años de concluido el último gobierno defacto y que aún existían por entonces grupos que pugnaban por recuperar el terreno perdido. Agregó que el crimen de Andrés revela la vigencia de un aparato estatal que produce deshumanización y que siempre actúa contra los grupos vulnerables de la población. Por ello levantaron a un trabajador y a un joven que hacía changas (en relación a Nuñez y a Jorge Guevara) para descargar sobre ellos el sistema de tortura que funcionaba al amparo del poder judicial.
Además el tribunal no encontró atenuantes a la hora de dictar la pena, y como agravantes determinó que el crimen se haya cometido en una sede policial y con pluralidad de intervinientes, así como la situación de prófugo por más de dos décadas que decidió el imputado.
Esta batería de argumentos demoledores sobre su propia actuación, pero también sobre el accionar de la institución policial y los jueces corruptos, eran demasiado para el asesino Luis Raúl Ponce, que como estrategia legal sólo pudo llevar a su mujer como testigo de su pretendida inocencia y que en una última y cobarde actitud pidió escuchar la sentencia en una sala contigua. Tendrá tiempo para reflexionar en una celda de la Unidad 9 de La Plata y tratar de explicarle a su familia por qué mintió durante 22 años sobre su oscuro pasado.

UN RECORRIDO CONTRA LA IMPUNIDAD
Además de la satisfacción por la condena a Ponce, fruto de la tarea de Mirna, sus abogados Manuel Bouchoux y Ernesto Ferreira, y las organizaciones que acompañamos a la familia, nos permitimos recordar un par de elementos más. Porque si ahora logramos que se juzgue a Ponce, y en 2010 se hizo lo propio con Alfredo González y Víctor Dos Santos, fue por la astucia de la propia Mirna, que un día le sugirió a su abogado Eduardo Hortel si no se podía invocar la doctrina del sistema interamericano sobre el caso “Bulacio vs. Argentina” en la causa de Andrés para evitar la prescripción de la causa. Hortel era un hombre con más de 50 años en la Justicia platense, que de coser expedientes como practicante ad honorem llegó a ser camarista, profesor de Derecho Procesal en la UNLP y uno de los redactores de la reforma al Código de Procedimientos bonaerense. Había presidido la cámara que condenó a prisión perpetua en 1999 a los ex policías Walter Abrigo y Justo José López por “torturas seguidas de muerte” contra el estudiante de periodismo Miguel Bru.
Pese a tanta experiencia, Hortel debía sortear una situación difícil: en octubre de 2006 la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías había confirmado la prescripción de las acciones penales respecto de 5 policías que encubrieron el crimen de Andrés y en febrero de 2007 prescribió la acción penal por el secuestro de Andrés sobre otro de los policías.
Entonces Hortel invocó la doctrina surgida de la Corte Interamericana en el caso Bulacio para intentar frenar el embate de la impunidad.
Como todos sabemos, Walter Bulacio, de 17 años, fue detenido arbitrariamente por la Policía Federal en abril de 1991 en el marco de un operativo sobre un recital de Los Redondos en el estadio de Obras. Alojado en la Comisaría 35 fue sometido a golpes en la cabeza y abandonado en un calabozo hasta que murió. La arbitrariedad de la “razzia”, más el brutal tormento aplicado en sede policial sobre un menor de edad hicieron del caso un emblema de la lucha contra ambas prácticas represivas. Pero poco más de un año después, el comisario Miguel Ángel Espósito es sobreseído en la causa. Diez años más tarde la querella es apartada de la causa. Ante esto, la familia con el patrocionio de la Dra. María del Carmen Verdú recurren a denunciar la situación en el sistema interamericano de Derechos Humanos. En septiembre de 2003 la Corte Interamericana (CIDH ) condena al estado argentino y decreta que la causa no prescribe, que se debe reponer a la querella, que se debe llegar a sentencia en plazo razonable y que se debe investigar a los jueces responsables de la situación de impunidad.
En paralelo a este caso otro hecho también sirvió como antecedente. En abril de 1988 Juan Francisco Bueno Alves, uruguayo residente en Argentina, de 43 años de edad y artesano marmolero de profesión, inició una transacción de compraventa inmobiliaria que finalmente se frustró. Cuando se estaba llevando a cabo una reunión para rescindir la transacción, Bueno Alves y su abogado, Carlos Alberto Pérez Galindo, fueron detenidos por funcionarios de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal de Argentina. Llevado a una comisaría en la Capital, Bueno Alves fue objeto de torturas con la técnica denominada “teléfono” (golpes con la mano ahuecada en los oídos) para que declarase contra sí mismo y su abogado. La imputación de torturas recayó sobre el policía federal René Jesús Derecho. La tardanza y complicidad judicial hicieron prescribir la causa, que llegada a la Corte Suprema de Nación para resolver, en julio de 2007 dijo que las torturas en democracia no eran un crimen de Estado, ni de lesa humanidad, por lo cual la causa había prescripto. Recurrido esto a la CIDH, en noviembre de 2011 el órgano falló condenando a Argentina a reabrir la causa por tratarse de una “grave violación a los Derechos Humanos cometida por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado”.
Atento a estas definiciones, Hortel solicitó la aplicación de tales criterios a la causa de Andrés. Sin embargo en marzo de 2008 la Cámara declaró que los delitos endilgados a un grupo de policías en la causa Nuñez no encuadraban en la definición de delito de “lesa humanidad” previsto en el Estatuto de Roma, manteniendo la prescripción. Recurrido a Casación, la Sala II de ese Tribunal de rechazó en octubre de 2009, los recursos contra las decisiones adoptadas por la Cámara entre 2006 y 2008, y dijo que lo resuelto por la CIDH en el caso "Bulacio vs. Argentina" no resultaba aplicable a este expediente, porque aquí iban a juicio Gonzalez y Dos Santos, si bien había otros apartados y algunos prófugos. Frente a esto, Hortel dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte bonaerense. Hortel murió en 2012 antes de ver el resultado de su labor: en mayo de 2013 los jueces Soria, Negri, Kogan y Pettigiani rechazaron el recurso extraordinario de nulidad,  pero hicieron lugar parcialmente al de inaplicabilidad de ley deducido, y ordenaron casar el fallo en lo relativo a la declaración de prescripción y devolver los autos a la instancia de origen. El máximo tribunal de la provincia dijo entonces que si “en Bulacio y Bueno Alves lo que hubo fue una propuesta de solución amistosa a los querellantes por la rama ejecutiva del Estado nacional ante la CIDH, en la causa Nuñez ciertamente no hay una sentencia de la Corte Interamericana que imponga seguir la solución. Pero aun así no conduce a prescindir de modo tajante de lo dicho por la CIDH en las dos sentencias dictadas contra nuestro país”, sobre todo en el hecho de que los actos de tortura están alcanzados por la protección de la Convención Americana, que el Estado tiene obligación de tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción, y que la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.
La Suprema Corte dijo entonces que “apreciada bajo esa perspectiva las implicancias de la doctrina emergente de los casos ‘Bulacio’ y ‘Bueno Alves’ antes referida, y pudiendo considerarse el ilícito de torturas seguidas de muerte por parte de agentes policiales perpetrado contra Andrés Núñez
como ‘grave vulneración de derechos humanos’ en el contexto allí establecido, que impone extremar la diligencia judicial en procura de la identificación y sanción de sus responsables”. Con esto quedaba firme la posibilidad de llevar a juicio a cuatro del grupo inicial de cinco policías encubridores del crimen de Andrés, ya que Oscar Silva había muerto.
En un segundo fallo de marzo de 2014, el tribunal confirmó lo dicho un año antes, esta vez frente a planteos de prescripción del capturado Ponce y del prófugo Gerez. En particular sobre Gerez dijo que “no puede dejar de considerarse que el referido imputado mantiene orden de detención desde el
10 de diciembre de 1993, con orden de captura activa, siendo su proceder el que ha insumido todo este tiempo de alongado proceso penal sin la posibilidad de un enjuiciamiento que le ponga fin a la situación procesal de incertidumbre que pesa sobre su persona”.
Una vez más queda comprobado el tortuoso camino que se debe recorrer para intentar nombrar las cosas como son y juzgar a la tortura como tal, evitando los eufemismos de vejaciones, severidades o apremios con que la justicia suele diluir este crimen de Estado. Ni hablar de la desaparición forzada de persona como el “crimen de crímenes” de los cometidos por agentes del Estado, siendo que la posibilidad formal de perseguir ese delito se remonta a 6 años atrás y la jurisprudencia a 1 sola condena, el caso Iván Torres, en 33 años de democracia.

CUENTAS PENDIENTES
Si los hechos del secuestro, torturas y asesinato de Andrés están lejos de discutirse porque han sido confirmados en dos fallos de primera instancia sobre tres de los responsables, y las pretensiones de prescripción fueron apartadas por sendos fallos de los máximos tribunales de la Nación y la provincia, nos queda seguir avanzando sobre el resto de los responsables.
Procesado desde diciembre de 1993 Pablo Martín Gerez se profugó de la justicia y así continúa hasta el momento. El prófugo Gerez está procesado en este tramo de la causa, junto a Ponce, porque es igualmente responsable del crimen y deberían haber sido juzgados en conjunto. Sin embargo resulta inaceptable que habiendo un fallo del máximo tribunal provincial que avala la continuidad de las investigaciones no se establezca un mecanismo efectivo para la búsqueda del asesino prófugo. Este criminal se ha burlado de la lucha de la familia, y hasta ha presentado en 2009 escritos a través de su abogada defensora, María Natalia Nosenzo, solicitando la prescripción de la causa y firmando de puño y letra por él mismo, siempre en calidad de prófugo. Ello indica, además de una situación irregular, que esta persona estaba en el país por lo menos hasta 2009.
La familia de Andrés ha recopilado y presentado en la instrucción de la causa información sobre el entorno de Gerez, entre ella el testimonio de un familiar que asegura que el ex policía visita y se comunica asiduamente con su madre, Nelly Ester Duhalde, en la localidad de General Belgrano de donde es oriundo el prófugo. Por lo demás el domicilio y teléfono de su madre son información pública. Por eso la familia exige a la justicia provincial y al Poder Ejecutivo nacional que se reactiven los incidentes de búsqueda y una estrategia de investigación criminal acorde al caso, como puede ser la inclusión de Gerez en el programa nacional “Buscar” del Ministerio de Justicia de Nación, que incluye a prófugos de causas de Lesa Humanidad, pero también a criminales en rebeldía en causas penales graves.
Pero además de Gerez, hay un grupo de cuatro agentes más siendo investigados por encubrimiento: el jefe de la Brigada Pedro Costilla y los efectivos Carlos Veiga, Ernesto Zabala y César Carrizo. Los nombres de estos policías fueron varias veces mencionados en el juicio que acaba de terminar  y deberá determinar lo que le cabe a cada uno respecto al amplio abanico de delitos como
allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, omisión de denunciar torturas, falsificación ideológica de instrumento público, encubrimiento personal, omisión culposa de evitar tormentos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Con este grupo de policías y su situación procesal se emparenta la situación actual del expediente en lo que resta de la causa Nuñez. Resulta que desconociendo el fallo del máximo tribunal provincial, la jueza de instrucción de la causa, Marcela Garmendia, insistió en 2015 con la prescripción de la casusa respecto a los encubridores. La posición fue rechazada por la Cámara en septiembre de ese año, que le devolvió las actuaciones para proseguir la investigación. Pese a ello en febrero de 2016 Garmendia se excusó de seguir interviniendo en el expediente con la excusa de tener “una postura diferente sobre la calificación legal” que les cabe a los policías. Esto derivó necesariamente en al abandono de la causa a su suerte, y será la Cámara penal la que deberá reasignar las actuaciones a un nuevo tribunal. Así las cosas lo que no toleraremos será que el Estado, que viene atentando contra la razonabilidad de todos los plazos en la causa, se tome un tiempo indefinido para detener a Gerez y juzgar a los encubridores.

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viernes, 31 de marzo de 2017

LA HISTORIA DE ANDRES NUÑEZ.

Mañana se conocerá el veredicto en el segundo juicio por el asesinato de Andrés Nuñez a manos de un grupo operativo de la Brigada de Investigaciones de La Plata en la primavera de 1990.
Luego de haber acompañado a la familia durante años, desde HIJOS La Plata contamos la historia completa de Andrés, la lucha de Mirna y su familia, y la significación del caso como una desaparición forzada en democracia.


26 AÑOS DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD POLICIAL
Por HIJOS La Plata

El 27 de septiembre de 1990 el grupo operativo de la Brigada de Investigaciones de La Plata estaba muy activo. La excusa para movilizar una cacería estaba a la altura de los acontecimientos: el robo de una bicicleta.
Al mando del grupo estaba el experimentado comisario Luis Raúl Ponce, que había comenzado de muy joven su carrera en la Bonaerense como integrante de las patotas de la Comisaría 8va y 5ta de La Plata, dos de los 13 Centros Clandestinos de Detención que existieron en la ciudad durante la dictadura militar. En la calle dirigía la comitiva un oficial más joven, Pablo Martín Gerez, que lleva más de 25 años prófugo en la causa. Lo secundaban tres agentes: Alfredo González, chofer del FIAT 147 blanco que habitualmente usaban en los operativos, Víctor Rubén Dos Santos y José Daniel Ramos.
Comenzaron por la tarde, secuestrando al joven Jorge David Guevara, mientras cortaba el pasto en una vereda del barrio El Dique de Ensenada. Y continuaron hasta la madrugada buscando a Nuñez. Andrés, para sus amigos “El Gallego”, tenía 30 años y era futbolista amateur. Había jugado en Cambaceres y en Estudiantes de Mar del Plata, siempre como marcador lateral derecho. Alguno de sus ex compañeros recuerdan que si no se destacaba por la habilidad, si por la fuerza, y porque “pegaba como una yegua”. Andrés sobrevivía haciendo changas de arreglos de electrodomésticos, iba y venía todos los días por la ciudad en una impecable bicicleta Olmo de carrera profesional color gris con detalles en rojo, de las que no había muchas por entonces. Cuando se conocieron con Mirna Gomez en el boliche Macondo de La Plata, de 45 8 y 9, él le dijo: “Te llevo en mi móvil”. Mirna pensó que la acercaría a su casa en auto, pero al llegar a la estación de servicio de 7 y 45, Andrés desató su bici y la invitó a subirse. En el corto tiempo que estuvieron juntos, la vida les dio una niña y vivían alternando entre una casa del centro y la casa de la madre de Andrés en Villa Elvira. Fue en esa casa de 119 y 78 que se presentó el grupo de la Brigada al mando de Gerez la madrugada del 27 al 28 de septiembre.

LOS HECHOS
Aquel día Andrés había salido a jugar al fútbol y no llegó a casa hasta la madrugada. El grupo de la Brigada se presentó cerca de las once de la noche. Cuando estaba llegando el compañero de la madre de Andrés, Walter Di Pietro, lo confundieron con Andrés. Lo subieron al móvil, lo golpearon y lo devolvieron a la casa, tras constatar su identidad. Luego esperaron a Andrés: Gerez y Ramos irrumpieron en la casa y pidieron que les sirvieran café, mientras González y Dos Santos custodiaba desde el auto.
Cuando llegó Andrés, con su equipo de gimnasia y su bolso deportivo lo llevaron al fondo, donde lo golpearon y amenazaron. Se podía ver la campera manchada por la pintura de la pared del fondo cuando se lo llevaban.
Mirna y la mamá de Andrés realizaron la búsqueda por hospitales y comisarías. Recibieron el dato de la Brigada, y allí se dirigieron. En la sede de la Brigada, calle 61 entre 12 y 13, les negaron la detención, pero se encontraron con la madre de Guevara que buscaba desesperada a su hijo. A partir de ese contacto supieron que estuvo esa noche en la dependencia se contó esa noche con la actuación de varios encubridores del hecho: los policías Héctor Lazcano, Héctor Ferrero, Roberto Mártire, Alejandro Dezeo, Ernesto Zavala, Oscar Silva, César Carrizo, Gustavo Veiga, el jefe de la dependencia Pedro Costilla y su segundo, Juan Kadluwoski.


LA CAUSA
El largo camino de lucha de Justicia por Andrés comenzó en 1990 con los debidos Habeas Corpus en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal N°7. El primer juez de la causa, Amilcar Benigno Vara, era un reputado amigo de los comisarios de la Maldita Bonaerense. En plena década de los gobiernos mafiosos de Menem en la Nación y Duhalde en la Provincia, La Bonaerense operó sobre el caso Nuñez, el Comisario “Chorizo” Rodriguez (Jefe de la Brigad de Investigaciones de La Matanza y padrino de Gerez) les gestionó un salvoconducto a los asesinos y ofreció 200 mil dólares a Vara para ocultar su responsabilidad y estirar el mayor tiempo posible la investigación. El expediente fue sistemáticamente inmovilizado por el juez Vara, quien en un encuentro con Mirna le aseguró que Andrés podría haberse fugado con otra mujer y que lo buscaran por su cuenta. En una de sus últimas actuaciones en la causa, y ante las testimoniales sumadas al expediente de otros detenidos que habían compartido cautiverio con Andrés y David Guevara aquella noche en la Brigada, Vara no tuvo más remedio que dictar los procesamientos de 13 de los agentes de investigaciones.
La abogada de Mirna, Elba Témpera, un personaje que trabajaba a dos puntas por sus contactos con La Bonaerense, sumó la declaración de Jorge David Guevara, que describió las torturas sufridas por él y por Andrés con la técnica del submarino seco (una bolsa en la cabeza con golpes en el estómago), más los dichos de los hermanos Jośe y Miguel Décima, detenidos durante varios meses en la Brigada, que contaron que esa noche escucharon gritos de una persona torturada, corridas por el pasillo de la dependencia y que supieron que a los policías “se les había ido la mano con alguien y que se les fue”.
Pese al avance de la investigación, y ante las apelaciones de los abogados de los policías, en marzo del '94 la Sala II de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Benjamín Sal Llargués, Sara González y Horacio Piombo, dispuso el sobreseimiento de los dos únicos detenidos, Lafit y Ozuna, porque para ellos la presencia de los polis esa noche en la Brigada no estaba probada. El resto de los procesados no se presentaron al llamado de la justicia, hasta que un hecho conmovió el curso de la investigación. La “Omertá”, el código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos considerados asuntos que incumben a las personas implicadas, funcionaba a la perfección. Hasta que a cinco año del hecho, el oficial José Ramos, rompió el código para beneficiarse individualmente y declaró que Nuñez había sido asesinado y enterrado en un campo de General Belgrano, a 110 km de La Plata.
Enseguida el nuevo juez de la causa, Ricardo Szelagowski, partió hacia allí en comitiva con su secretario Javier Guzmán, el policía-testigo Ramos, fotógrafos de la Asesoría Pericial y la abogada de Mirna, Elba Témpera.
Tras dos días de diligencia, con complicaciones para ubicar el lugar exacto, dieron con la estancia “El Roble, con su encargado Edgardo Gerez (primo del policía Pablo Martín), que reconoció que su pariente iba con frecuencia con otros policías a hacer prácticas de tiro y “caza menor”, las investigaciones arrojaron resultados incontrastables: Dentro de un cerramiento circular metálico tipo tanque australiano deteriorado, y luego de excavarse en varios sectores de su interior, se encontraron indicios de combustión en la tierra y restos de carbón, y al continuar la excavación, restos óseos presumiblemente humanos. Al día siguiente se continuó la tarea, y se hallaron más restos óseos y pedazos de una mochila, junto a jirones de prendas de vestir y calzado, y un alambre de acero forrado en plástico con un candado. Esos objetos fueron exhibidos al hermano de Andrés, Omar Nuñez, que había sido citado al lugar. Omar los reconoció sin dudas como pertenecientes a Andrés.
Mirna fue avisada con retardo del hallazgo de los restos ya que no estaba bien de salud y no quisieron empeorarla. Recién pudo reconocer los elementos encontrados el 11 de agosto. La pericia antropológica realizada por el EAFF describió completo el procedimiento, y destacó varios puntos:
- Que se exhumaron restos óseos humanos calcinados. - Que Andrés fue cremado en el mismo lugar donde lo enterraron, ya que se encontró sucesivamente capas de tierra quemada, carbón vegetal, cenizas, restos óseos humanos tiznados, calcinados e incinerados. - Que por la posición en que se encontraron los diversos restos, el cuerpo no estaba vestido al momento de inhumarlo ya que las prendas fueron colocadas debajo del cadáver y justamente por ello, como gran error de “procedimiento” de la banda de la Brigada de La Plata, estaban en buen estado de conservación. En tanto la pericia de ADN realizada comparó muestras de los restos encontrados con otras obtenidas del ADN de la hija de Andrés y Mirna, y de su hermano Omar: el resultado demostró que todas las muestras del material óseo encontrado correspondían a la misma persona y que el porcentaje de certeza para el estudio de filiación era de 91,99%.
Resuelto el destino final de Andrés, y aunque la aparición del cuerpo no modificó en nada el carácter del hecho como una desaparición forzada de personas, iban a pasar muchos años más para comenzar a conseguir Justicia en el caso. Y ni siquiera eso.
Para los 7 años del hecho, en septiembre del '97, sólo quedaba un detenido en la causa, que pasó de manos del juez Szelagowski a Nardo, con los principales imputados aún prófugos.


EL ESPIONAJE
El Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) es un extenso y pormenorizado registro de espionaje político e ideológico sobre hombres y mujeres a lo largo del siglo XX. En un análisis profundo, el Fondo documental incluye las persecuciones a militantes en los gobiernos constitucionales desde comienzo del siglo XX, tanto a anarquistas como a comunistas en gobiernos radicales y conservadores de la provincia, como a comunistas en las intervenciones federales de los '40 y la gestión peronista, pasando por las dictadura militares de las décadas del '50, '60 y '70 y llegando hasta los momentos mismos del año de apertura del archivo, cuando la Bonaerense era dirigida por Pedro Klodczyck. La maquinaria de persecución política y espionaje social nunca se detuvo, gobierne quien gobierne. El área de Inteligencia de La Bonaerense funcionó en todos los gobiernos democráticos de la provincia en el pasado siglo. Funcionó como DIPPBA entre 1956 y la reforma policial del ministro León Arslanián en el año 1998, cuando fue disuelta, cerrado su archivo y otorgado en custodia a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Ello no quiere decir, claro, que “La Bonaerense” no haya continuado realizando inteligencia para política y social con posterioridad a esa fecha, ya con órganos de distinta denominación pero con la misma función histórica: preparar la represión.
Este año, y en momentos del 28 aniversario de la Masacre de Ingeniero Budge, la CPM difundió un informe de documentos desclasificados de la DIPPBA, para comprender cómo el espionaje realizado en democracia también alcanzó a las luchas contra los crímenes del Estado. La persecución a familiares y al entorno de las víctimas, la vigilancia en conferencias y el registro de manifestaciones por reclamos de justicia, dan cuenta del mecanismo de espionaje e inteligencia sobre las víctimas y todos aquellos que denunciaban la responsabilidad de la policía en los crímenes.
La CPM presentó un extenso legajo con tres tomos de más de 300 fojas que se encontró en el archivo sobre la Masacre de Budge. En prolija prosa policial el informe muestra que en plena primavera alfonsinista la DIPPBA seguía organizando operativos de vigilancia con el fin de obtener todos los detalles posibles sobre las movilizaciones sobre casos que involucraran a “La Bonaerense”. Las organizaciones sociales, partidos políticos y movimientos que llevaban adelante las manifestaciones por el esclarecimiento de los diferentes casos de crímenes de Estado eran el principal blanco de vigilancia. En los partes de inteligencia se registran las actividades, los textos de las banderas y carteles que acompañaban las marchas y cuántas personas concurrían como también qué personas conocidas públicamente estaban presentes. Se destacan informes sobre cómo se componían las organizaciones, las conversaciones y discusiones, las medidas que tomaban, los lugares de reunión, hasta los antecedentes políticos de los integrantes. Toda esta información era recolectada por una figura central para la DIPPBA: el infiltrado. En HIJOS La Plata supimos sufrir esas modalidades en informes completos de asambleas semanales realizadas en un local que la agrupación tenía en los '90 en la calle 42 y 13, en el centro de La Plata. En este caso, la minucia con que se informaba lo hablado y actuado, y que detallaba la DIPPBA, sorprenden aún hoy, cuando la propia memoria no supo detectar al correspondiente buchón de “La Bonaerense”.
Conociendo estos informes de la CPM, Mirna se acercó a pedir una búsqueda específica en el archivo del DIPPBA sobre el caso de Andrés. Tras unas semanas de espera, el área de Archivo de la Comisión contestó al pedido con una gruesa carpeta de 147 fojas y 2 CD de 300 páginas más, donde se especificaban 7 legajos en que se mencionaba a Andrés Nuñez, a su mujer, a los políticos y policías implicados en el caso y a las organizaciones que alguna vez acompañaron la lucha de justicia en el caso. La información iba desde el mismo septiembre del año '90 hasta el '97, un buen promedio de seguimiento teniendo en cuenta que la DIPPBA funcionó activamente hasta un año más tarde.
En principio, y al igual que sobre la mayoría de los militantes políticos , dirigentes sociales o víctimas del aparato represivo de Estado que sufrieron persecución en las dictaduras del siglo XX, se encontró una ficha personal referida a Andrés y fechada en marzo de 1992. La ficha remitía al legajo N°31.270 y, fiel a la esquiva precisión policial, decía que Andrés tenía 32 años y reseñaba como antecedentes sociales: “Desaparecido – 11/10/90”.
Ese primer legajo referido pertenecía al denominado “Factor Policial”, consignaba el interés de la inteligencia policial desde el inicio del caso, y se nutría principalmente de recortes de la prensa platense que hacían referencia al hecho. Pero además, había informes de inteligencia acompañados de los volantes y afiches que el agente infiltrado en las actividades públicas recogía para sumar a su reporte.
El que iniciaba la carpeta, un Memorandum producido por la Dirección de Reunión de Información (DRI) fechada el 13 de octubre de 1990 y firmado por el subcomisario Carlos Bonanni, jefe de la DRI. Con alta valoración de importancia, reseñada en el “código B2” de la DIPPBA, informa al Director General de Inteligencia que si bien “estaría involucrado personal policial”, referente al caso “no se ha podido establecer la veracidad de lo acontecido” y que la confirmación la estaba siguiendo el mismísimo Director General de Investigaciones de la fuerza. Un segundo informe ya denotaba el interés de la Bonaerense en conocer la reacción popular al caso, porque había puesto agentes a infiltrar las concentraciones y movilizaciones. Otro informe
daba cuenta de una “intensa actividad panfletaria en el radio céntrico de nuestra ciudad” realizada por organismos de Derechos Humanos. Prolijo en su tarea, el informante consignaba el texto completo del volante, que llamaba a una movilización a fines de octubre del '90 en Plaza San Martín. Y además, una vez visitada la actividad, formulaba la clásica “Apreciación y Probable Evolución” de rigor: “efectuadas las tareas de inteligencia se estima una concurrencia de 100 personas”. Consignaba la mención de las organizaciones de DD.HH., estudiantiles y partidarias que acompañaron la movilización y destacaba especialmente “adhesión de fracciones de izquierda”.
Lo curioso del caso es que ese mismo volante reseñado fue utilizado posteriormente para operar sobre el caso, para crear confusión y desprestigiar la lucha. Ambos ejemplares, original y su deformación policial, constan en el material que la CPM entregó a la familia de Nuñez.
La técnica fue sencilla: Tratando de respetar la misma grafía del original, hecha con fibrón, se cambió la consigna “Aparición con vida de Andrés Nuñez” por “Aparición con vida del compañero Andrés Nuñez”, y sustituyendo la única consigna original de “¡Todos a Plaza San Martín” por la sugerente “Por la rebelión popular, contra el Terrorismo de Estado, contra el hambre y la pobreza de Menem y Erman González”. Todo firmado por una inexistente “Brigada Che Guevara” con el debido logo del guerrillero heroico.
El mismo día de la manifestación reseñada en el informe anterior, se generó un nuevo Memo en donde se afirmó que “de fuentes que merecen crédito, se estaría ante la posibilidad de que el mencionado Nuñez perteneciera al grupo denominado 'Brigada Che Guevara', de reciente conformación y actividad en nuestro medio”. La operatoria se auto justificaba por la “adhesión demostrada por distintas organizaciones afines con dicha brigada”. Fue una clara inversión de acusaciones realizada por los Pata Negra porque quienes estaban señalados como secuestradores de Andrés pertenecían a la única Brigada en danza en el caso, la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Pero el seguimiento policial no se redujo a espiar las manifestaciones y levantar volantes para consignarlos en informes de dudosa ortografía. Para la segunda movilización importante, convocada el 2 de noviembre del '90, la DIPPBA ya había avanzado sobre la familia de Andrés. Un informe fechado ese mismo día informaba que “la madre del supuestamente desaparecido Andrés Nuñez manifestó en la puerta de su domicilio y en rueda de vecinos, que su hijo se encuentra con vida, detenido en la Brigada de Investigaciones de Morón, y que en un corto tiempo se le otorgará permiso para verlo”. Además, jugando con las expectativas de una madre desesperada, calificaban que Isabel Olguín “supone que su hijo se encontraría muy golpeado y por ello las autoridades policiales no estarían dispuestas a conceder visitas”. Más allá de la versión falsa e intencionada de la detención de Andrés en Morón, una de las tantas echadas a correr por la propia Bonaerense, lo importante era que se reseñaba que la familia de Andrés vivía en Villa Elvira y se daban datos ciertos de la ubicación de la casa y de los vecinos. Los “Medios Propios” policiales andaban rondando la zona.
Tras la realización de esa marcha del 2 de noviembre, un nuevo informe de inteligencia de medios propios, esta vez con valoración más importante calificada como “A-2”, reflejó que la convocatoria alrededor del caso Nuñez estaba recopilando denuncias de detenciones ilegales y torturas en las Comisaría 1ra, 5ta y 9na de La Plata, todas ellas del centro de La Plata, y convocatoria a los vecinos de la zona y familiares de los jóvenes a organizarse para denunciarlo. Por ello realizaron el fichaje del lugar de reunión en la casa de calle 43 N° 580 ½, que por entonces era sede de la APDH, y la realización de una peña para juntar fondos para sostener la lucha.
A partir de entonces, las movilizaciones por Andrés tuvieron fecha y lugar fijos todos los viernes en Plaza San Martín hasta finalizar el año '90, donde se comenzó a popularizar un cantito: “Den respuesta, den repuesta. Seguimos en la plaza hasta que Andrés aparezca”. El reclamo estuvo presente en la décima Marcha de la Resistencia que organizaron las Madres en Plaza de Mayo el 5 y 6 de diciembre del '90 con un fuerte reclamo contra la serie de 10 indultos a los genocidas de la dictadura y militares de Malvinas, que estaba completando Menem ese fin de año.
Ante ello, la operatoria de la Bonaerense se redobló con nuevos volantes refrendados por la inexistente “Brigada Che Guevara” y hasta se pegaron afiches en zonas céntricas con la cara del Che y pidiendo por la aparición con vida del “Tte. Andrés Nuñez”. Los organismos denunciaron a los medios de comunicación esta campaña que pretendía ensuciar el caso, y dijeron al ya extinto diario “Sur” que Andrés nunca había tenido militancia política y que “el único Guevara del caso es el testigo que vio a Nuñez en la Brigada la madrugada anterior a su desaparición”. “Sur” fe el primer medio que se animó a publicar la versión detallada de los familiares de Andrés sobre lo sucedido la noche del secuestro y reveló los principales datos que, casi 20 años después, fueron corroborados en el primer juicio oral.
Si como dijimos, la DIPPBA fue desactivada en 1998, las tareas de inteligencia sobre organizaciones sociales y militantes políticos continuaron hasta hoy día, como lo prueban los seguimientos previos a la Masacre del Puente Pueyrredón, el Proyecto X de la Gendarmería y el agujero negro de la SIDE, transformada recientemente en en AFI tras el escándalo del caso Nisman.


EL JUICIO DE 2010
La primer instancia de llevar a los responsables del crimen de Andrés a juicio se dio a fines de 2010. De movida se planteaba como un juicio complejo: 65 testigos citados por las partes a escuchar en sólo una semana, expresamente del 23 al 30 de noviembre. Además las partes tenían dos semanas para ubicar a los testigos propuestos y notificarlo al juzgado.
En una primera tanda estaban citados los familiares de Andrés, junto a otras víctimas de torturas como detenidos en la Brigada, y sus familiares, para dar paso a los testimonios de integrantes del EAFF, que habían realizado la tarea de exhumación e identificación del cuerpo de Andrés, así como los primos de Gerez que regenteaban el campo donde se encontró el cuerpo y algunos familiares de los policías imputados. Más testimonios clave de otras personas detenidas durante septiembre en la sede de Investigaciones daban continuidad al juicio, junto al titular de la comisaría de General Belgrano en el año '95. Los hermanos de Andrés y otras personas citadas cerraban la tanda de testimoniales. Los imputados, Gonzalez y Dos Santos, quedaban a disposición para el comparendo, y completando el cuadro los jueces pedían a la guardia de Tribunales “personal policial en número suficiente” para cubrir las audiencias y “ a los efectos de mantener el orden”.
El proceso, a cargo de los jueces María Elia Riusech, Laura Lasaga y Raúl Dalto, significó el segundo juicio, después de la causa por Miguel Bru, en el que se llevaba a juicio en La Plata a policías por el delito de Tortura seguida de muerte. En las audiencias se reconstruyó al detalle lo sucedido aquella noche en la Brigada, y con la presencia de organismos de DDHH y otros familiares de víctimas de crímenes de Estado, se llegó a desandar la compleja estructura de impunidad que había pesado durante 20 años.
En su fallo los jueces recordaron que tanto González como Dos Santos habían admitido la realidad del crimen en instancia de sus respectivas declaraciones indagatorias, cosa que lejos de atenuar la responsabilidad de cada uno, terminó por aclarar detalles, y coincidía en lo esencial con la gran cantidad de prueba recolectada en el juicio, tanto en testimonios como en lo pericial y documental, lo que en conjunto despejaba cualquier duda sobre cómo habían sido los hechos.
Pero en la instancia de los fundamentos, donde los jueces aprovechan para demostrar cuánto saben de Derecho en largos argumentos copiosos en citas, hubo varios temas para analizar. Uno de ellos fue el relativo a la significancia del delito de Torturas, sobre todo en esa máxima no escrita de la investigación penal que pesa sobre los magistrados cómplices: “la bolsita no es Tortura”.
Una nueva versión de ese lema “una bolsita en la cabeza no es tortura”, fue planteada en el juicio por el defensor de Dos Santos, Dr. Claudio Ritter (conocido defensor de femicidas y golpeadores de sus mujeres), que trató de sostener la teoría de que la entidad de los castigos que recibió Andrés, aún habiéndole causado la muerte, no constituían tortura. La capacidad del letrado para relativizar los daños ejercidos por agentes del Estado, o personas comunes, sobre una persona indefensa le dio mucha labor profesional.
Al planteo del defensor contestó la presidente del tribunal, Dra. Riusech, que realizó una reflexión sobre el método del “submarino seco”: “colocar una bolsa plástica en la cabeza de modo de hacer faltar el aire, y producir la sensación de ahogo, contrariamente a lo sostenido por el Defensor, tal sensación, colocada la víctima en total indefensión, constituye un acto que intencionalmente infligió sufrimiento físico y psíquico grave”. Por ello, para la jueza Riusech, “la muerte puede vincularse al menos a título de culpa respecto de todos los que intervinieron en la ejecución del hecho y ello basta”.
Con todas las pruebas a su disposición, los jueces dieron por probada la responsabilidad de Gonzalez por los delitos de privación ilegal de la libertad calificada en concurso ideal con torturas seguidas de muerte, y de Dos Santos como autor de los tormentos que causaron la muerte a Andrés. Por ello los condenaron a prisión perpetua, accesorias legales y costas, e inhabilitación absoluta perpetua.
Además, en la sentencia se incluyó los dichos de Guevara sobre la presencia del juez Amilcar Vara en la Brigada la noche del crimen, lo que técnicamente sería la posibilidad de “surgir la comisión de un delito de acción pública”, el tribunal hizo enviar copia del acta de debate a la fiscalía de turno, para que lo investigue. Finalmente dispuso la entrega a su familia de los restos de la víctima, que habían descansado en una urna en el despacho del tribunal instructor de la causa. Sin embargo Mirna tuvo que esperar un tiempo más para poder sepultar los restos de Andrés, cerrando en parte el círculo de una larga lucha.
Luego vendría la detención de Ponce y el juicio que esta por concluir esta en marzo de 2017.


MISMAS PRÁCTICAS, MISMOS REPRESORES
Muchas veces señalamos la continuidad de las prácticas represivas de la última dictadura en democracia. En este caso, no sólo se trata de las mismas prácticas, sino del mismo represor, Luis Raúl Ponce, efectivo de las Comisarías 8va y 5ta en dictadura y mencionado en el testimonio de Jorge Julio Lopez como quien manejaba el móvil donde lo levantaron la noche del 27 de octubre de 1976 de su casa en Los Hornos. Lopez dijo que lo conocía del barrio.
Ponce fue detenido en el sur del país en agosto de 2012. Lo encontró la Policía de Seguridad Aeroportuaria por error: estaban buscando a Cesar Heriberto Peralta, prófugo en una causa de Lesa Humanidad en Santa Fe. Había cambiado su nombre por “Raúl Peralta”, adoptando su segundo nombre y el apellido de su madre. Tras ser aprehendido con resistencia a los tiros, se verificó que se trataba de Ponce, prófugo por más de 20 años en la causa de Andrés. Pero también fue procesado en la causa residual por delitos de lesa humanidad ocurridos en la Comisaría 5ta, el Pozo de Arana y la Brigada de Investigaciones de La Plata que no fueron tenidos en cuenta en el juicio “Circuito Camps” de 2012. En ese expediente está incluido el primer secuestro de Lopez, que será caso en ausencia en un juicio por el que él luchó y aportó todo lo que sabía, pero donde el Estado no está dispuesto a resolver su segunda desaparición forzada. Tras un tiempo de procesado, Ponce fue apartado de la causa porque los fiscales no sostuvieron la acusación con el cínico argumento de que Lopez no estaba presente para reafirmar lo que había testimoniado en 2006.
Ponce llegó a juicio este año 2017 y no tuvo otra estrategia que hacerse pasar por víctima del juez Vara, y ofrecer como testigo a su mujer, que se profugó con 'el en 1995. Hace 3 años que la familia de Nuñez pide que se ponga fecha de juicio a Ponce, hoy alojado en la Alcaldía Pettinatto de La Plata. Además murió impune en marzo de 2014 el primer juez de la causa, Amilcar Vara, señalado como cómplice de las torturas y el ocultamiento del cuerpo de Andrés, y destituido en Jury de enjuiciamiento en 1998 por complicidad en 27 casos de crímenes policiales.
Pese a los veloces sobreseimientos dictados hacía años por el juez Szelagowski, en mayo de 2013 la Suprema Corte bonaerense resolvió un planteo del abogado de Mirna, Eduardo Hortel, de declaración del hecho como delito de lesa Humanidad, por lo tanto imprescriptible. Si bien negó tal carácter, la Corte dijo que no estaba prescripta la acción sobre otros 4 policías responsables del asesinato y ocultamiento del cuerpo de Andrés. Y apoyándose en la doctrina surgida de los casos “Bulacio” y “Bueno Alves”, dijo que el caso de Andrés es una “grave vulneración a los DD.HH.” y que se impone “extremar la diligencia judicial” para procesar y juzgar a los responsables.
Pero además continúa prófugo desde 1990 el policía que comandó el grupo secuestrador, Pablo Martín Gerez, nacido hace 55 años en General Belgrano, lugar del hallazgo de los restos de Andrés. Hace poco aportamos a la causa, junto a los actuales abogados de Mirna, Manuel Bouchoux y Ernesto Ferreira, información de que Gerez visitaría a su madre, Nelly Esther Duhalde (prima del ex gobernador Duhalde), que vive Calle 53 N°445 de Gral Belgrano o la llamaría a su teléfono 2243 452862 o a un celular específico para el caso. Los datos no generaron medidas concretas de búsqueda, y la familia de Andrés se cansó de pedir al ministro de Justicia de Nación, Julio Alak, y a su sucesor Germán Garavano que incluyan la búsqueda de Gerez en el “Programa Buscar” de esa dependencia, siendo que se trata de uno de los prófugos más antiguos de la justicia penal bonaerense. Para completar el cuadro, en 2009 Gerez presentó un escrito en la causa a través de su abogada, Natalia Nosenzo, pidiendo la prescripción de la acusación. El detalle es que el escrito estaba firmado de puño y letra del prófugo: una mojadita de oreja a la lucha contra la impunidad.


LAS DESAPARICIONES EN DEMOCRACIA
Desde el caso del joven de 23 años Néstor “Lito” Gutiérrez, detenido por la Policía de Neuquén en diciembre de 1984 y cuyo cadáver apareció golpeado en las aguas del río Limay; hasta el caso de Ismael Sosa, de 24 años, que detenido por la policía en el ingreso a un recital en la ciudad cordobesa de Villa Rumipal apareció dos semanas después en las aguas del Embalse Río Tercero, podemos afirmar que se han producido en Argentina al menos 210 casos de desaparición forzada de personas entre 1984 y 2015.
La continuidad de la práctica de desaparecer personas tras detenerlas de parte de las fuerzas de seguridad de Argentina es palmaria. Digno de su “Maldita Policía” que nunca dejó de actuar, la provincia de Buenos Aires registra más de un 70% de los casos. Los picos represivos en materia de desaparición forzada han sido en los años 1994 (17 casos), 2001 a 2003, 2006 y 2009 (13 casos en cada año) y 1997 (12 casos). Y pese a la continuidad de los gobiernos constitucionales, tantas veces defendida como garantía suficiente del respeto a la vida y la libertad ambulatoria, la protección frente a las detenciones arbitrarias y las torturas, con los años los casos han seguido creciendo.
La descomposición de los casos a través de cada una de las décadas de gobiernos constitucionales, nos permite señalar que durante la década del '80, mientras el país salía de la dictadura, se dio sólo el 7% de los casos, mientras la década del '90, donde Argentina reformó su Constitución para incorporarle los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, registró el 35%. Pero más llamativo es que la mayor cantidad de casos, el 49%, se produjo durante la década del 2000, cuando el país estuvo mayormente dirigido por el denominado “Gobierno de los Derechos Humanos”. Completa el cuadro el período 2010-2015 que, con el 9% de los casos (un total de 19) supera en la mitad de tiempo al total de los producidos en la década del '80.
Ahora, si tenemos en cuenta las gestiones de los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, los casos se desagregan de tal manera que es la gestión de Carlos Menem la que mayor cantidad de casos registra (33%). Pero si juntamos las tres últimas gestiones del martrimonio Kirchner, nuevamente es el autodenominado “Gobierno de los Derechos Humanos” el que se ubica con mayor cantidad de casos (39%).
No deja de alarmar el crecimiento exponencial de la selectividad represiva que presenta esta modalidad, si analizamos las edades de las víctimas registradas. En la mayoría de los casos las víctimas eran jóvenes, pobres y pertenecientes a familias de trabajadores. Tomamos como referencia la edad de 25 años, porque según el propio archivo de CORREPI, la mayor cantidad de personas asesinadas por las diversas modalidades represivas del Estado ocupan la franja etaria de entre 15 y 25 años.
Así, aunque en muchos de los casos no existen registros de la edad de la víctima, con los datos existentes podemos afirmar que el 55% de los casos corresponden a personas menores de 25 años. Pero más sorprendente es analizar que tal porcentaje ha crecido a través de las décadas, ya que si en los '80 eran jóvenes el 43% de los casos, en los '90 subió al 56%, se mantuvo en tal cifra en el 2000, pero creció al 68% de los casos del período 2010-2015.
Varios son los “casos testigo”, en los que el desprecio por la vida, la selectividad represiva, la desidia investigativa y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad como una corporación encubridora son el eje conductor.
En casos como los de Andrés Nuñez, Miguel Bru e Iván Torres, la pretendida denuncia de un delito menor se convirtió en secuestro, seguido de torturas en sede policial y ocultamiento del cuerpo para encubrir los hechos anteriores. En otra modalidad típica, como los casos de Daniel Solano y Mario Golemba, la detención arbitraria y la eliminación de las víctimas se realizó por agentes del Estado en combinación con grupos económicos sobre conocidos referentes de organización sindical de base que luchaban contra situaciones de explotación laboral.
En casos como los de Luciano Arruga y Jonathan “Kiki” Lezcano, la persecución previa de la policía da paso a las detenciones, que se suceden en torturas, homicidio y ocultamiento del cuerpo”blanqueándolo” en el sistema formal de Hospitales, Morgues y Cementerios con la complicidad de toda la estructura estatal de gestión de la muerte. Si bien puede señalarse a un actor básico como ejecutor, la práctica de la desaparición forzada no es exclusiva de los agentes de policías provinciales o federales, como lo muestra el caso de Sergio Ávalos, donde la detención fue practicada en un sitio de diversión nocturna por su sistema de seguridad, que contaba con 40 integrantes del Ejército que realizaban adicionales.
Pero quizás el hecho que marca a fuego esta práctica perversa, y que une 40 años de continuidades del aparato de poder organizado para reprimir, es la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, porque se trata de un sobreviviente del Genocidio expuesto como testigo en una causa de lesa humanidad que dio inicio al proceso de juzgamiento de los crímenes del Terror de Estado con renovada impunidad. Definen el caso el señalamiento de las organizaciones de DDHH a la propia Policía Bonaerense, el silencio del gobierno al respecto, pese a la gravedad material y simbólica que presenta, y la apertura de una nueva categoría: el ex detenido desaparecido en dictadura, aparecido y vuelto a desaparecer en democracia.

La figura específica del tipo penal llamado desaparición forzada de personas, ya había sido admitida en nuestro ordenamiento legal cuando se ratificó en 1995 la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas (por ley 24.556) y con la revalidación en 2007 (por ley 26.200) del artículo 7.2.i del Estatuto de Roma, que consagra a nivel internacional la punición de esta modalidad delictiva. Sin embargo fue recién en mayo de 2011 (a través de la ley 26.679) que se incorporó a nuestro sistema legal el tipo penal específico y se lo incluyó en el art. 142 ter del Código Penal formando parte de los delitos contra la Libertad. Con todo, y pese a las recurrentes apelaciones a procesos de “Memoria, Verdad y Justicia”, en 32 años de democracia en nuestro país no se ha condenado a ningún agente del Estado por el delito específico de Desaparición Forzada de Persona. Ello porque la mayoría de los casos no se investigan, o bien llegan a juicio con figuras penales morigeradas o fragmentarias (como los apremios, las vejaciones, y en los menos de los casos la tortura seguida de muerte) que no explican la dimensión real de la prepotencia impune con que actúan los agentes del Estado en la represión cotidiana. Por eso, para denunciar las desapariciones forzadas negamos el homicidio simple y la averiguación de paradero. Nos encontramos con verdaderos hechos de desaparición cometidas por parte de agentes del Estado.
Como señala el Grupo de Trabajo sobe Desapariciones Forzadas de la ONU “una detención sea legal o ilegal, seguida de una ejecución extrajudicial constituye una desaparición forzada en sentido propio, siempre que esa detención o privación de libertad la hayan realizado agentes gubernamentales, de cualquier sector o nivel, o grupos organizados o particulares que actúen en nombre o con el apoyo directo o indirecto del Gobierno o con su consentimiento o aquiescencia, y que con posterioridad a la detención o incluso después de haberse llevado a cabo la ejecución, se nieguen a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que el acto se haya cometido en absoluto”. (ver http://www.ohchr.org)
Si en momentos de alto desarrollo de la conciencia popular y su las luchas sociales la desaparición forzada se utilizaba especialmente como método de represión política de los oponentes, hoy vemos que los altos niveles de desigualdad y la continuidad de prácticas de control social hacen que las víctimas afectadas sean en su mayoría jóvenes pobres, con instrucción básica y sin empleo formal, que habitan las barriadas populares y son el “enemigo” creado en todas las políticas de gestión del delito.
Pero ese giro represivo no es más que la puesta en funcionamiento de una amplia contradicción del sistema jurídico argentino que, exigiéndole a un juez o a un fiscal que funde razonablemente en hechos y en derecho el pedido de detención de una persona, le otorga a las fuerzas de seguridad, sin dar fundamento alguno, la posibilidad de detener por varias horas a quien se le ocurra. El secreto mejor guardado del Estado de Derecho es el sistema de detenciones arbitrarias, que responde a la necesidad de que el aparato represivo, cuente con herramientas eficaces que le permitan actuar discrecionalmente en el ejercicio del control social. Las faltas o contravenciones, y la detención de personas para averiguar sus antecedentes, dan la oportunidad para la extorsión y la recaudación de dineros ilegales, y son la antesala de la tortura y la muerte en comisarías, con el único fundamento real de la necesidad institucional de ejercer el control social a través del aparato de seguridad

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