NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

viernes, 19 de octubre de 2012

TESTIGOS DESAPARICIÓN EIMPUNIDADES


 CON LA DEMOKRACIA … ¿NO SE DESAPARECE?

El segundo aniversario del asesinato del compañero militante Mariano Ferreyra nos encuentra otra vez en las calles, reclamando justicia en el caso, pero denunciando una vez más la existencia de asesinados por luchar y desaparecidos por razones políticas. La desaparición forzada por unas horas de Alfonso Severo, ex gerente ferroviario y testigo en la causa, vuelve a desnudar el límite de gobernabilidad democrática que el kirchnerismo plantea al autodefinirse como “el gobierno de los Derechos Humanos” y convivir con los oscuros poderes de la mafia.

La historia reciente de nuestro país nos ha enseñado que las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo de la víctima, y son perpetradas por fuerzas de seguridad o paraestatales con un objetivo claro: el disciplinamiento de los opositores políticos al régimen que ellos representan.

Y si bien hoy la doctrina de “Seguridad Nacional” que sustentó el accionar del Terrorismo de Estado ha devenido en política de “Control Social”, ello no excluye sino que es continuidad histórica y operacional de la tarea de construcción de un enemigo interno para justificar el accionar del propio interés de clase: ayer la dinámica de la desaparición forzada de personas sobre el terrorista subversivo, hoy el joven pobre y morocho como culpable de la inseguridad. Hoy asistimos sí a un sistemático proceso de institucionalización y borramiento de la memoria social, que se evidencia en la oficialización de las prácticas, los lenguajes y los símbolos que ayer transportaban la fuerza del proyecto emancipador y que hoy no son más que un pequeño kiosco desde el cual defender la continuidad del modelo de hambre, saqueo y represión.

No es novedad para nadie que hace ya tiempo que la política opera según el modelo organizativo de la mafia, de la acción reaccionaria que golpea para mantener sus intereses o para blindar a sus crímenes con la impunidad que el temor otorga. Y quien camine la senda de la lucha popular sabrá que esto se fomenta en todos los órdenes institucionales, desde las patotas gremiales a las transas universitarias, de los negociados empresariales a los pseudo-cooperativismos municipales. La premisa que al momento se pregona, principalmente el kirchnerismo, parece ser: O se está incluido en la esfera de intereses de una mafia particular o bien se está desamparado hasta límites de la barbarie.

Los casos de sobrevivientes del Terrorismo de Estado amedrentados o directamente secuestrados para detener en el avance de las causas contra los genocidas de ayer, conforman una seguidilla que nunca ha cesado. Demás está aclarar que ninguno de esos hechos ha sido investigado debidamente y todos continúan impunes.

No es sólo el caso de Jorge Julio López, albañil y militante popular detenido durante 4 años en 5 CCD del Circuito Camps, que tras animarse a contar su horror en el juicio contra uno de los jefes de la patotas de la bonaerense, Miguel Etchecolatz, inauguró 30 años después la categoría de ex detenido-aparecido-desaparecido.  Su caso puso en la superficie las relaciones de poder que integran una trama extensa de complicidades político-policial-judiciales, y la causa abierta para investigar el hecho es un verdadero monumento a la impunidad. En diciembre de 2006 se dio el caso de Luis Gerez, testigo en una de las causas contra el represor Luis Patti, secuestrado durante 2 días en Escobar y aparecido en Garín con signos de tortura. En mayo de 2008 Juan Puthod, ex detenido en varios CCD en dictadura y militante de la Casa de la Memoria de Zárate, fue secuestrado mientras organizaba un acto homenaje a los militantes montoneros Cambiasso y Pereira Rossi, por cuyo asesinato en 1983 también está señalado Patti. Reaparecido 30 horas después sin intervención policial, Juan murió de un ACV en mayo de 2010. La causa por el asesinato de Silvia Suppo, ex detenida y querellante en varias causas contra los genocidas en Santa Fe, naufraga en la intencionada hipótesis policial del homicidio en ocasión de robo, mientras se oculta que gracias a su testimonio se logró condenar a seis represores en la provincia 3 meses antes del hecho. Y el secuestro y encierro por 2 días de Víctor Martínez, testigo presencial en julio de 1977 del asesinato (en un fingido accidente en la ruta) del obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León, llevó esta dinámica a las calles del centro porteño en abril de 2011. Martínez venía señalando la responsabilidad del represor Manuel Fernando Saint Amant, juzgado hoy en Rosario en otra causa, como instigador del crimen.

Pero quien piense que la modalidad represiva del secuestro y desaparición como amedrentamiento terminó con la dictadura del ’76, o se reduce a los declarantes de las investigaciones reabiertas en esos casos se equivoca.

Mario Golemba, un joven agricultor de la Cooperativa yerbatera Picada Indumar, en la localidad 2 de Mayo de Misiones, está desaparecido desde el 27 de marzo de 2008. Dos presos de la cárcel de Oberá testimoniaron en la causa que ese día estuvieron detenidos en la comisaría de 2 de Mayo, a cargo del Comisario Ewaldo Katz, y que vieron a Golemba esposado, golpeado y trasladado en una camioneta policial. Conocida la noticia, el comisario Katz y 10 de sus muchachos fueron premiados, por decisión del ministro de gobierno misionero, con el traslado a la comisaría de la localidad de Aristóbulo del Valle, no casualmente la ciudad del entonces gobernador Maurice Closs.

Similar premio recibieron del gobernador Scioli y su superministro Casal los 8 agentes de la bonaerense implicados en la detención, torturas y desaparición del joven de 16 años Luciano Arruga, ocurrida en Enero de 2009 en el Destacamento policial de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. En efecto los efectivos no sólo no fueron separados de la mejor Maldita Policía del Mundo ni detenidos, sino que están cumpliendo funciones en comisarías de Lanús, Morón, Monte Grande, Ramos Mejía y La Matanza. Y a más de 3 años y medio de hecho, para el poder judicial el caso se sigue tratando de una simple “averiguación de paradero”.

Daniel Francisco Solano, trabajador de la cosecha de manzanas de 27 años, permanece desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, cuando fue retirado a los golpes del local bailable Macuba Megadisco de la ciudad de Choele Choel (Río Negro) por policías pertenecientes al grupo BORA (la Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto). Los familiares denunciaron que Solano sufría persecuciones de la empresa que lo contrataba, por sus denuncias acerca de supuestas irregularidades en el alojamiento, alimentación y pago de jornales; y relacionan su desaparición con una probable represalia de agentes de la Comisaría 8va de Choele. En el caso hay no menos de 25 policías imputados, entre ejecutores, encubridores y entorpecedores de la investigación. La única y tardía consecuencia fue la disolución del grupo BORA por el gobierno rionegrino en diciembre de 2011.

Facundo Rivera Alegre, joven cordobés de 20 años, es una víctima más del nefasto código de faltas del gobernador De la Sota, que otorga poderes extraordinarios a la Policía para desplegar estrategias represivas para perseguir todos los días a los pibes de los barrios tan solo por estar teñidos, usar gorritas, ir a los bailes y escuchar cuarteto. Rivera, desapareció el 19 de febrero de este año, cuando salía de un baile de Cuarteto en el Estadio del Centro, donde actuaba Damián Córdoba. Trabajaba y estaba retomando los estudios porque quería empezar Arquitectura este año. La sospecha más fuerte recae sobre los policías retirados que cumplen adicionales en estos eventos, y que es una invención más del Ministro de Seguridad de la Provincia, y ex Jefe de Policía, Alejo Paredes.

Alfonso Severo es un testigo que habla en el juicio por Mariano Ferreyra porque fue parte del armado de la Unión Ferroviaria y de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) que el kirchnerismo creó en 2004 para que gestionen 60 millones de pesos anuales en los subsidios a la tercerización en el servicio de trenes. Su aporte a la investigación es puntualmente por denunciar el sitio, el manejo y la modalidad con que la patota de Pedraza guardaba y utilizaba armas. Pero no fue el primer testigo amedrentado en la causa de Mariano. El lunes 1 de octubre pasado José “Cacho” Andino, militante del Movimiento Teresa Rodríguez, denunció haber sufrido amenazas al bajar del colectivo 148 en Florencio Varela. “Cacho” Andino tenía que declarar como testigo al día siguiente en el juicio por Mariano, ya que estuvo presente en la movilización de Barracas en el momento del ataque de la patota. “Tenemos que hablar con vos, no nos mirés”, le dijeron dos hombres, a bordo de una moto roja. Lo llamaron por su apellido, uno se puso delante de él y el otro atrás y lo empujaron hacia un callejón. “¡Piquetero hijo de puta! ¡Ni tu madre te va a reconocer si seguís hablando!”, le dijo uno. “¿Quién carajo te dijo que viste una escopeta?”, dijo el otro, en alusión a una entrevista periodística que dio Andino, en la que mencionó haber visto a alguien armado con una escopeta el día del ataque de la patota que mató a Ferreyra, además de otro hombre con un arma corta. Andino es uno de los pocos testigos que vio que alguno de la patota tenía un arma larga, lo cuál posteriormente se confirmó con una pericia balística. Y ese dato sirvió para determinar que el día que mataron a Mariano hubo más armas que las que contempla el juicio. En mayo de 2009 Andino y su organización sufrieron un allanamiento irregular al comedor del MTR en Florencio Varela en el marco de una causa armada contra la organización por el juez Claudio Bonadío.

Porque estamos convencidos de que es imposible que el Estado proteja a los testigos si es socio de los criminales investigados, porque sabemos que la única protección posible es que los represores, torturadores, asesinos, cómplices y mafiosos de ayer y de hoy estén en la cárcel.
Porque 300 genocidas presos en 9 años de juicios no es justicia, 3.500 jóvenes asesinados por el gatillo fácil no son excesos, 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones no son excepciones, 196 desaparecidos por razones políticas no es democracia.
Este 20 de Octubre, a 2 años sin Mariano, seguiremos estando en las calles, gritando y exigiendo Juicio y Castigo. Recordándole al “Gobierno de los Derechos Humanos” que aún existen persecuciones, presos, asesinados y desapariciones por luchar. Pero lo haremos sabiendo muy bien que para detener al monstruo azul desaparecedor de ayer, y al del gatillo fácil de hoy, no hay que provocarlo con escarmientos simbólicos, hay que empuñar el arma de la memoria y la movilización popular y barrerlos para siempre.


-                JUICIO Y CASTIGO A LOS EJECUTORES E IDEÓLOGOS DEL CRIMEN DE MARIANO FERREYRA.
-                BASTA DE PATOTAS Y TERCERIZACIÓN DE LA REPRESIÓN.
-                BASTA DE APRIETES A LOS TESTIGOS EN LAS CAUSAS POR LOS CRÍMENES CONTRA EL PUEBLO.
-                 BASTA DE NATURALIZAR LAS DESAPARICIONES FORZADAS
-                 MARIANO FERREYRA PRESENTE!!!

HIJOS LA PLATA

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lunes, 8 de octubre de 2012

EL “CIRCUITO CAMPS” A LA VANGUARDIA DE LOS MUERTOS IMPUNES

Murió el genocida Saint Jean.


Posicionando a la ciudad de La Plata a la vanguardia en la situación de impunidad de que gozan los represores de la última dictadura pese a la reapertura de los procesos judiciales en su contra, el pasado viernes falleció impune el tercer genocida imputado en el juicio “Circuito Camps”: el ex gobernador militar de la Provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint Jean.

Tras los fallecimientos en total impunidad de los represores Rubén Paéz (jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata entre junio y diciembre del ‘77) en febrero pasado y de Alejandro Arias Duval (jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata entre ‘76-‘79) en mayo de este año, la muerte del geronte Saint Jean, de 90 años, confirmó al proceso “Circuito Camps” como el juicio con mayor cantidad de represores muertos impunes durante las audiencias, lo que como mínimo debería llamar la atención sobre la falta de celeridad general del proceso.

Nacido en Chascomús, en septiembre de 1922, Saint Jean ingresó en el Colegio Militar en 1940. Fue director de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, agregado militar en Brasil y pasó a retiro en febrero del ’73. Designado gobernador de facto en la dictadura por Decreto n° 47 del 7 de abril del ‘76, ocupó el cargo hasta el 28 de marzo de 1981.

Beneficiado durante décadas con las leyes de impunidad, Saint Jean fue procesado a indagado en mayo de 2008. En el juicio “Circuito Camps” se señalaba su responsabilidad en la organización del plan represivo, en cuanto a la provisión y sostenimiento de la estructura edilicia, del personal y de los medios materiales indispensables para la realización de las conductas ilícitas perpetradas durante toda su fase ejecutiva. La acusación fiscal afirmaba que “Saint Jean asumió la gobernación de la provincia a sabiendas de que tal circunstancia requería ser parte de un plan criminal” y que “la Policía de la provincia de Buenos Aires no pudo haber funcionado con independencia del Poder Ejecutivo Provincial, así como tampoco pudo estar a disposición de otro organismo sin la decisión de este poder”.

Pese a su importante rol en la cadena de mandos represivos, la imputación a Saint Jean es una muestra del recorte  fragmentación que la justicia realiza en estos procesos: se lo acusaba sólo por 62 casos de secuestros, torturas y un homicidio, ocurridos en el CCD “Puesto Vasco”, entre ellos los sufridos por integrantes del “Grupo Graiver” y ministros del gobernador Victorio Calabró.


Saint Jean fue uno de los 15 genocidas cuya situación acusatoria se agravó en septiembre pasado, merced a la impecable actuación de la querella del espacio “Justicia Ya!” que logró ampliar la acusación por los homicidios de al menos 33 víctimas cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Ello importaba la posibilidad de condenarlo a prisión perpetua, por eso el tribunal le había revocado la domiciliaria de la que gozaba desde hace años en su departamento porteño de calle Cabildo N°639 y lo mandó al hospital penitenciario de Ezeiza.  
En las dos posibilidades de declarar que tuvo en el marco del juicio “Circuito Camps” se llamó a silencio, como la mayoría de los genocidas allí juzgados.

La justicia a cuentagotas sigue inclinando el fiel de la balanza hacia la impunidad, ya que a más de 9 años de caídas las leyes de impunidad son 313 los genocidas procesados muertos impunes contra 261 condenados.

Algunos de los últimos genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena.
El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes.

En diciembre de 2011, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. Y en febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

Las muertes impunes de Paez, Arias Duval y Saint Jean, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti, Osvaldo Sertorio y otros en las causas de La Plata, no hacen más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones.
De hecho en La Plata, aún con el proceso recortado por el “Circuito Camps” de 26 (ahora menos 3) represores imputados por unas 280 víctimas, en 2012 no se condenó a ningún genocida. Y suman sólo 20 los represores condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. Y hay en la Jurisdicción federal de La Plata unas 20 causas en instrucción con 94 procesamientos sobre 62 represores a ser juzgados en inciertos próximos juicios.

Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.



Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!

HIJOS La Plata

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195 desaparecidos en democracia.



195 desaparecidos en democracia.

Pareciera que hablar de desaparecido es hablar del pasado, de la dictadura, de Videla. Pero quien piense que esa modalidad represiva terminó con la dictadura del ’76 se equivoca: son 195 las personas que los gobiernos democráticos o sus patotas detuvieron, torturaron y desaparecieron bajo la cortina de la ‘democracia’.

La restauración democrática anunciaba que, en 1983, la organización del pueblo estaba aplastada. Sin embargo, ningún gobierno jamás dejo de reprimir las movilizaciones y protestas populares, lo que nos costó, hasta hoy, 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones. Pero a la clase dominante no le basta con reprimir y aleccionar a quienes ya se organizaron para luchar por sus intereses, sino que también necesita evitar esa organización. Así es como el gatillo fácil, las torturas sistemáticas y las detenciones arbitrarias, se despliegan en todos los barrios del país contra la juventud de los sectores más explotados.
Las fuerzas represivas del Estado no suelen esconder el cuerpo de sus víctimas de la represión “preventiva” o “selectiva”, sino que optan, cuando hay que dar alguna explicación, por hablar de manzanas podridas, malditas policías, inventar enfrentamientos o presos ahorcados.

Pero lo cierto es que, aun sin centros clandestinos de detención o fosas comunes donde disponer de la tortura y los cuerpos más fácilmente, el Estado se la rebusca para seguir desapareciendo personas con lo que tiene a mano. Muchas veces, luego de detenerlos y torturarlos, para deshacerse y esconder el cuerpo, los tiran a un río o dejan el cuerpo cerca de las vías del tren para simular un accidente. Las desapariciones de personas en basurales o terrenos baldíos también son frecuentes, o los entierros clandestinos. En estos casos, el cuerpo del desaparecido puede ser más fácilmente encontrado, pero hay veces que el aparto estatal es por demás eficiente en la desaparición y nunca más se conoce el paradero de la víctima.

Son 195 las personas que contabilizamos como desaparecidas desde 1983. Fueron detenidas por la policía o cualquiera de las otras fuerzas represivas; se las vio siendo torturadas en una comisaría, para luego ya no verlas más. Sabemos que es posible que haya más casos de desaparición donde el Estado ha actuado eficientemente en su tarea represiva, sin dejar huellas ni testigos.

El kirchnerismo, que hizo de los desaparecidos de la dictadura una bandera, es responsable de más de 67 casos de desapariciones, superado sólo por los diez años menemistas con casi 80 desaparecidos.
La represión a organizaciones de trabajadores, el gatillo fácil, la tortura y también la desaparición de personas siguen siendo política de Estado, no puede ser de otra forma en una sociedad dividida entre ricos y pobres.

(Fuente CORREPI)

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martes, 2 de octubre de 2012

Conferencia de prensa 3/10 a las 19hs., en el Club El Trébol, Itapirú 461, Valentín Alsina.

El 14 de septiembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictó la medida de no innovar en el predio de la ex fábrica Campomar, en Valentín Alsina, pedido que había  presentado la Comisión Provincial por la Memoria. El 19 de septiembre la propia Cámara le tomó testimonio a seis vecinos que aseguraron o dieron indicios serios de que en Campomar habría funcionado un centro clandestino de detención, fusilamiento y quizá, enterramiento de personas desaparecidas durante la dictadura cívico militar, entre 1976 y 1983.

Coches policiales y militares entrando y saliendo por los portones que dan a la avenida Remedios de Escalada; helicópteros descendiendo y ascendiendo del predio; gritos, tiros en la madrugada, ropa tirada en los alrededores de un predio que tiene una extensión de más de cinco hectáreas.
Los rumores sobre estos hechos corrieron durante décadas sin que nadie, ni el estado nacional ni provincial ni municipal, los haya investigado jamás.
Nuestro barrio sufrió la represión militar y está probado por la Justicia que la comisaría tercera de Alsina participó dentro de lo que se conoce como el “Circuito Camps.” Dicha seccional está a tres cuadras de los portones de Campomar.

Los seis testimonios sólo son la punta del iceberg. Sabemos que hay más vecinos que vieron y escucharon, pero no queda mucho tiempo. Pasaron 20 de los 30 días que la Cámara Federal de Apelaciones dio para investigar los hechos denunciados pero el Equipo de Antropología Forense aún no ha intervenido. Del testimonio de un antropólogo surge que hay otras posibilidades de investigar como el uso de la Geoquímica con prospección arqueológica que localiza áreas con presencia potencial de huesos y la Arqueometalurgia, que detecta objetos metálicos.
En diez días la Cámara decidirá si prolonga por treinta días el plazo de no innovar o considera que no hay indicios serios y revoca la medida liberando a Electroingeniería para que reanude las obras demoliendo los dos edificios centrales y con ello, algunas de las pruebas de lo que se intenta investigar. En la práctica, sería el fin de la investigación.
Nuestra convocatoria a una conferencia de prensa es para dejar constancia de dónde viene todo y qué es lo que está sucediendo. No hay para nosotros ninguna otra intención más que la de saber qué pasó allí. Si hubo personas que fueron secuestradas y llevadas para torturarlas, asesinarlas y, tal vez, enterrarlas en esa ex fábrica.
Sus familiares tienen derecho a saberlo; nosotros tenemos derecho a saberlo.
Los desaparecidos tienen derecho a que se sepa dónde están.
Como comisión de vecinos de Alsina pedimos que haya una decisión política para que, de verdad, se investigue. La búsqueda de la verdad nos hará mejores vecinos; mejores personas. Más dignos.

Comisión de Vecinos “Valentín Alsina por la Verdad”

La Comisión de Vecinos “Valentín Alsina por la Verdad” convoca a una conferencia de prensa este miércoles 3 de octubre, a las 19 hs., en el Club El Trébol, Itapirú 461, Valentín Alsina.

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