NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

sábado, 30 de abril de 2011

Todos a defender el acampe de los hermanos qom


(AW) Está la policia en el corte (Av de Mayo y 9 de Julio) de los hermanos Qom de la comunidad Navogoh. aparentemente tienen un acta de judicializacion contra Felix Diaz.
Existe la posibilidad de desalojo. Se pide la solidaridad de todos lxs compas Ya!

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viernes, 29 de abril de 2011

La Colonia Papagayos, por primera vez fue señalada ante la Justicia Federal como un CCD.

La recorrida de los testigos junto a un fiscal federal.


El diputado Ricardo Puga junto con el Fiscal Federal Dante Vega fue a la Colonia Papagayos para reconocer el lugar que funcionó un centro de detención y tortura en la época de la dictadura y donde el legislador estuvo secuestrado.

Antes de la dictadura la Colonia ubicada en el medio de la montaña, funcionaba como una escuela de verano. Durante los años de secuestros y torturas funcionó como un centro clandestino y una vez que terminó ese período la escuela recuperó su función anterior que mantiene hasta hoy.

El edificio tuvo algunos cambios edilicios, pero los testigos que estuvieron allí detenidos no se olvidan de la puerta de ingreso que sigue intacta, así como las baldosas de los calabozos y otros sectores que están en uso, pero los mantuvieron intactos.

El diputado Puga estuvo detenido en el lugar y dijo a Radio Nihuil que “afortunadamente y con buen criterio reciclaron parte de la estructura dejando lo que originariamente estuvo acá y quedan porciones de la edificación muy importante, aunque desaparecieron partes importantes, pero se pueden constatar absolutamente los lugares que recorrimos hoy con el fiscal. El ingreso es imposible de no haberlo identificado”.

Recordó que en la cocona era uno de los lugares donde picaneaban a los detenidos y violaban a las mujeres.

Por otra parte, Sergio Miranda, otro hombre que estuvo allí detenido manifestó que “llegamos acá y siempre estuve a cara descubierta. Estuve en la última habitación con dos chicas que son desaparecidas”.

“El que me llevaba a mi es Celustiano Lucero (uno de los ex represores acusados y juzgados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza). Es el que me levantó de la plaza, el que me trajo acá y era el que traía y llevaba gente. Las chicas también me decían que participaba en las violaciones”.

Fuente: Diego Anguita Castillo / Diario UNO

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MAGISTRADOS PROCESADOS

Jueces: “Miret no omitió, sino que justificadamente postergó investigar”

El ex juez se defendió en tercera persona y Romano alegó que le negaron el derecho a la defensa. Sólo asistieron dos imputados.

ACUSADOS. Miret, el defensor de Romano, Adolfo Moreno, y el ex juez Guillermo Max Petra Recabarren.

Se los notaba incómodos, no estaban acostumbrados a ocupar el lugar de los acusados en la sala de debates, pero allí estaban. Los ex jueces Luis Francisco Miret y Guillermo Max Petra Recabarren fueron los únicos que, junto a sus abogados, asistieron a la audiencia de la Cámara Federal de Apelaciones a pedir que se dejen sin efecto sus procesamientos. En tanto, por el lado de Otilio Romano, solamente estuvo presente su abogado, mientras que el ex juez Rolando Carrizo y su abogado se ausentaron de la jornada.

Allí, todos los acusados pidieron la absolución, mientras que desde la querella y la fiscalía pidieron confirmar los procesamientos y atacaron los argumentos esgrimidos por los defensores. LAS DEFENSAS. "Quienes juzgan a los jueces deben esforzarse en entender las circunstancias", repitió una y otra vez Miret, intentando que la Cámara de Apelaciones diera marcha atrás con los procesamientos dictados por el juez federal Walter Bento, quien, además de a él, procesó al actual camarista Otilio Romano (76 hechos) y a los ex jueces Guillermo Max Petra Recabarren (22) y Rolando Carrizo (19).

"Quien no se puede poner en los zapatos de Miret no podrá juzgar con objetividad", repitió el ex camarista, que fue destituido a mediados de marzo por el Consejo de la Magistratura. Miret (35 hechos) y Guillermo Max Petra Recabarren fueron los únicos procesados que estuvieron presente en la sala de debates, ya que por el lado de Romano estuvo solamente su abogado, Adolfo Moreno, mientras que ni Carrizo ni su abogado, Carlos Reig, aparecieron en el lugar. Miret, durante las casi dos horas que habló, intentó que se pusieran en su lugar hace 35 años.

"Encuentro una situación irremediable. Los que hoy me juzgan no vivieron como adultos los años 1975-1976", afirmó Miret al comienzo de su defensa. "Las circunstancias influyen en las personas, en lo que hacen y omiten o postergan", adujo el ex camarista, que a lo largo de su defensa sostuvo que como juez no podía hacer nada, más aún teniendo en cuenta, según él, que recién se enteró de que había desaparecidos en Argentina en 1985, con la realización del Juicio a las Juntas Militares. El ex juez, quien dijo estar tranquilo con su conciencia, aseguró también que "a muchos condenados de 1975 hoy se los considera víctimas", y explicó que analizar hoy lo que pasó en 1975 y 1976 sin tener en cuenta el contexto histórico puede hacer que alguien caiga en un error.

"Esa ideología ha creado un clima desde donde el fiscal emite su requisitoria y contagia a jueces de jueces, ¿temor a mostrarse independientes?", le preguntó Miret a los jueces, y denunció que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, fue montonero y se quejó de que el ex ministro de Gobierno, Mario Adaro, se haya jactado del procesamiento contra los ex magistrados federales y Romano. Usando la tercera persona para referirse a sí mismo, Miret aseguró que tuvo oportunidad de hablar con muchos abogados de personas detenidas durante la dictadura y que con ellos coincidía en que era improducente investigar las denuncias que se hacían por torturas.

"Miret no omitió, sino que justificadamente postergó investigaciones", aseguró el magistrado que pidió a través de su abogado, Nicolás Portabella, que se dicte su absolución mediante el argumento de que los delitos que se le endilgan (no haber investigado casos de lesa humanidad) no son crímenes de esa característica y, por lo tanto, han prescripto. En segundo lugar habló Eduardo Mestre, en defensa de Guillermo Petra, que explicó que no estaba al alcance de los magistrados poder darles un remedio a los crímenes de la dictadura y también pidió que se dictase el sobreseimiento de su defendido.

En tanto, Adolfo Moreno, defensor de Romano, aseguró que a su cliente se le negó el derecho a la defensa, ya que se lo procesó cuando aún no terminaba su indagatoria por los 94 hechos por los que se lo imputó y afirmó que no se había demostrado dolo en el accionar de Romano como para que fuese procesado como partícipe en los crímenes de lesa humanidad.

"Acá había dos sectores, militares y civiles, y un cabo tenía más poder que un presidente de la Corte", señaló Moreno, y agregó: "Los jueces, ¿a quién debían recurrir, quiénes les daba garantías a ellos?". Finalmente, Moreno, antes de pedir la absolución o a lo sumo la falta de mérito, reclamó: "¿Qué conducta se le pide a Romano? ¿La exigida o la esperada? ¿Pedíamos visionarios que supieran que había un plan sistemático?".

A estos argumentos, uno de los encargados en contestar fue Pablo Salinas, en representación de la querella. Salinas señaló que todos los jueces procesados tuvieron su derecho a la defensa. "Nosotros queremos que tengan derechos de defensa, garantías, las que no tuvimos nosotros ni nuestros familiares", exclamó el abogado, quien pidió que se confirmen todos los procesamientos, y en el caso de Romano, que se lo acuse como partícipe primario y no secundario, tal como lo procesó el juez Walter Bento.

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Apareció muerto el ex agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel

Había sido condenado a perpetua por el crimen de carlos prats
Publicado el 29 de Abril de 2011

Por Claudio Mardones
El ex espía del régimen de Augusto Pinochet gozaba de libertad condicional. Lo hallaron sin vida en su domicilio con varias puñaladas.

Desde que cayó detenido en Buenos Aires durante 1978, el espía chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, siempre juró que terminaría sus días en Santiago de Chile, donde se formó como agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En 1971 se radicó con documentos falsos en la Argentina y tres años después organizó, bajo estrictas instrucciones del entonces dictador Augusto Pinochet, el asesinato del general democrático Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. Desde entonces afrontó dos períodos de detención y una larga lista de acusaciones por delitos de lesa humanidad, pero ayer, el destino le jugó una trampa y se interpuso en su soñado retorno a Chile. El jueves por la tarde, su sobrino lo halló sin vida dentro del departamento “D” que el ex agente de inteligencia ocupaba en el primer piso de Lavalle al 1438, en pleno corazón de Tribunales. Cuando el familiar entró al departamento, encontró a su tío tirado en el suelo, de costado y con dos puñaladas enla espalda y en el pecho que estaban rodeadas de sangre seca. Según los investigadores de la seccional 3ª de la Policía Federal, la puerta del departamento no fue forzada, un elemento que les permitió suponer que Arancibia Clavel conocía a su agresor. Cuando estalló la noticia, una primera versión sostuvo que el espía, en libertad condicional, se había suicidado, pero con el correr de las horas, una fuente de la Policía Federal confirmó que “hay componentes que no tienen relación con un suicidio, sino con un crimen de índole pasional o sexual”. Fue detenido en 1978 por la dictadura argentina, que lo acusó de realizar operaciones de espionaje contra la Argentina en el conflicto que mantuvo con Chile por el canal de Beagle. Un allanamiento judicial descubrió que el chileno tenía los listados aportados por el Batallón 601 del Ejército Argentino, con los que realizaba informes para la DINA en los que llegó a informar el destino de miles de desaparecidos. Pero lo cierto es que durante esos años, Arancibia Clavel fue una pieza clave del Plan Cóndor, auspiciado por la dictadura chilena para perseguir, detener y exterminar a opositores trasandinos en todos los países del Cono Sur. Por esos crímenes, entre ellos el asesinato de Prats, el espía volvió a la cárcel el 22 de enero de 1996 por orden de la jueza María Romilda Servini deCubría, y luego su prisión fue ampliada por la detención de Laura Elgueta Díaz y Sonia Díaz Ureta, dos ciudadanas chilenas que fueron detenidas por la Policía Federal en 1977 y estuvieron desaparecidas en el Centro Clandestino de Detención “El Atlético”, que funcionó en el subsuelo del depósito de suministros que la PFA tuvo en Paseo Colón bajo la Autopista 25 de Mayo. Las dos mujeres lo identificaron por el aroma de su perfume y aportaron pruebas que extendieron su prisión hasta 2009, cuando le dictaron la libertad condicional. Desde entonces, se domicilió en Tribunales, desde donde manejó dos flotas de taxis hasta ayer, cuando se transformó en el difunto más famoso del Plan Cóndor.


Fuente: Tiempo Argentino


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LA INCREIBLE HISTORIA DE ARANCIBIA CLAVEL




El hoy asesinado agente chileno supo los nombres de los detenidos desaparecidos de Chile y Argentina cuando los familiares luchaban en los tribunales por conocer su paradero. Participó de la Operación Cóndor, en el crimen del Prats, en el del general Schneider y espió a las fuerzas armadas vecinas para el conflicto del Beagle. Sorprendete con esta historia.

Enrique Arancibia Clavel. Chileno. Nacido en Punta Arenas el 13 de octubre de 1944; hijo de Eladio y Violeta, soltero, estudiante, domiciliado en general del Canto N° 122 Santiago. Cédula de Identidad N° 4.815.227 de Santiago. Clasificación dactiloscópica 86444-68262-97434. 1, 73 de estatura, peso 70 kg; ojos café, pelo castaño.

Así versaba la primera ficha policial que tuvo el ex agente de la DINA en Buenos Aires, recientemente liberado, pese a las dos condenas que pesan en su contra -una de presidio perpetuo por la muerte del general Carlos Prats y a 12 años por torturas a Laura Elgueta- cuando fue requerido en 1970 por su implicancia en la muerte del ex comandante en jefe del Ejército René Schneider.

Desde Patria y Libertad, pasando por sus tendencias filo nazis, la homosexualidad de la que nadie habla, jefe de información clandestina de la DINA en Buenos Aires después del golpe, reciclado a momentos como espía de información militar para la casi guerra con Argentina en 1978, un poco empresario y con una familia conservadora, ligada a la derecha y al Ejército -su hermano llego a ser jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)- es un personaje a quien la realidad lo superó, como si se tratara de la mejor novela del género conspirativo.

Pero de sus actividades las nuevas generaciones poco saben, de sus informes que llegaban cada semana a las oficinas de la DINA, firmados por Luis Felipe Alemparte Díaz, su identidad operativa, de las informaciones sobre detenidos desaparecidos chilenos y argentinos que manejaba a los pocos meses, incluso días, van reflejando el perfil de un hombre que conoció de cerca los años más oscuros de los regímenes del conosur.

En los archivos que guarda la Universidad Alberto Hurtado se detallan sus actividades. Memos a Luis Gutiérrez, nombre supuesto del jefe del servicio exterior de la DINA, a quien llegó a informarle que el ministro de bienestar social de Eva Perón, el tristemente célebre López Rega, golpeaba a la presidenta. "La versión la entregó el edecán naval de ella", escribió.

Tanto fue el acceso y la importancia que llegó a tener para la DINA Arancibia Clavel que conoció pormenores de la llamada Operación Colombo que llevó a cabo ese servicio para la eliminación de disidentes al régimen militar.

De hecho, enviaba listas con los desaparecidos y eliminados en Argentina -por izquierda, según versan sus informes- que contienen nombre completos, números de identidad, en momentos en que las organizaciones de derechos humanos luchaban par saber qué sucedía con sus familiares.

Pero la suerte de Arancibia Clavel cambió en 1978 cuando fue detenido por espionaje. El resto es historia. En 2000 fue condenado por el caso Prats, años más tarde por las torturas a Laura Elgueta y hoy está libre por beneficios carcelarios (NdR: el artículo fue escrito antes de que se conociera su muerte).

Si bien la periodista Mónica González en su libro "Bomba en una Calle de Palermo" reveló todas sus actividades, aún falta escribir su historia.

Fuente: El Mostrador de Chile

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La represión como única respuesta.

Un grupo de porteras de escuelas que tomaban instituciones públicas en el departamento jujeño de Ledesma fueron reprimidas por la policía provincial durante un desalojo. Cinco fueron detenidas y una debió ser hospitalizada.
(Red Eco) Jujuy – El conflicto no es nuevo, desde hace años reclaman el pase a planta permanente o al menos transitoria, quieren ganar más de los 900 pesos actuales y que les hagan los aportes jubilatorios correspondientes. A la continua falta de respuesta, se sumó en las últimas semanas la decisión del Ministerio de Educación provincial de nombrar personas sin antigüedad, y con todos los beneficios de un trabajo en blanco. Por este motivo, un grupo de alrededor de 300 porteras (vale aclarar, con antigüedad laboral de entre 5 y 14 años) resolvió comenzar un plan de lucha.
Primero fue la toma pacífica de Región Quinta, una de las instituciones públicas. Pero como desde el Ejecutivo jujeño seguían sin dar cuenta del reclamo, la toma se extendió a la totalidad de los establecimientos educativos públicos de Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Yuto y Caimán, todas localidades del departamento de Ledesma.
Tras tres semanas de toma, una jueza de San Pedro de Jujuy, la Dra. Pérez Rojas, ordenó desalojar en forma pacífica las escuelas. Pero particularmente en el Normal de Libertador General San Martín la orden judicial se cumplió violentamente. Según relató Julio de la organización CAPOMA a Radio Voces, cuando llegaron los efectivos al colegio las porteras les abrieron las puertas y comenzaron a retirarse cuando fueron reprimidas. “Las golpearon, las agarraron de los pelos, las subieron a las camionetas. Hay una compañera en el hospital con varios golpes en el cuerpo”, contó Julio. Otras cinco porteras fueron detenidas en la comisaría local y a las horas liberadas.
Pero no es la primera vez que esto ocurre: “La policía siempre actuó de esta manera, fue a intimidar, a sacar fotos a las compañeras, un seguimiento de persecución y hostigamiento, hasta llegar a este punto”, aseguró Julio.
En estos momentos, las movilizaciones y reclamos continúan. Cortes en la ruta nacional 34, manifestaciones de trabajadorxs de las localidades de Vinalito, El Talar, Yuto, Caimancito, Calilegua, Fraile Pintado, San Francisco, Valle Grande y Libertador. Además de marchas al municipio de Libertador para exigirle al intendente Jorge Ale (quien este año buscará su reelección) que se haga cargo del conflicto y busque el canal de diálogo y solución para las porteras.
“Desde el gobierno de Jujuy (a cargo del también peronista Walter Barrionuevo), la única respuesta es la represión por parte de la policía provincial, y la detención y judicialización de la protesta de las compañeras negándoles el derecho a la protesta por un trabajo digno”, denunció Julio a Radio Voces.
Trabajo digno, un verdadero privilegio en una provincia en la que el 42,7% de los trabajadorxs está en negro, y en la que el Estado es el principal empleador de trabajadorxs no registrados.

Fuente: Radio Voces

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COMUNICADO DE PRENSA DE JUSTICIA YA

27 de abril de 2011


Organizaciones nucleadas en JUSTICIA YA EN LA PLATA, denuncian el estado de indefensión de los testigos en los juicios a los genocidas de la Dictadura.

A más de una semana del secuestro y posterior aparición del compañero Víctor Martinez nada se sabe acerca de los responsables materiales e intelectuales del hecho.

Una vez más el manto de impunidad y encubrimiento con los que gozan los genocidas prevalece por sobre la seguridad de los testigos, una vez más al igual que lo sucedido en los secuestros de Gerez y Puthod. Los atentados a testigos, querellantes, familiares, jueces y abogados que hubo en el juicio a los genocidas de la U9 así como en otros que se realizan en el resto del país, no han sido investigados en absoluto. Al asesinato de Silvia Suppo, víctima, querellante y testigo en juicios a genocidas en Santa Fe se lo quiere hacer pasar por un hecho de violencia durante un asalto.

A más de cuatro años del secuestro y desaparición forzada de Jorge Julio López, testigo en el juicio a Etchecolatz, no es admisible que sigan sucediendo estos hechos. Desde el estado la única respuesta es el silencio que pretende naturalizar las desapariciones.

En nuestra ciudad esta previsto para este año la sustanciación del juicio a un grupo de genocidas que actuaron en cinco Centros Clandestinos de Detención durante la Dictadura en lo que fue parte del “Circuito Camps”. Consideramos un triunfo el haber podido romper con la mecánica de juicios individuales (Etchecolatz, Von Wernich) o a quienes actuaron en un solo lugar (Unidad 9). Sin embargo debemos denunciar que la inmensa mayoría de los genocidas permanecen libres sin haber pasado jamás por la justicia, o incluso algunos de ellos con causas penales o habiendo sido juzgados y declarados culpables permanecen en sus casas con prisión domiciliaria. Ejemplo de ello es que en este juicio sólo hay 23 imputados quedando sin ser juzgados decenas de genocidas que participaron, fueron vistos, reconocidos y denunciados por los sobrevivientes.

Son los tres poderes del Estado: el ejecutivo, legislativo y judicial, los que tienen la responsabilidad ineludible de proteger a los testigos. Es la impunidad la que permite a los genocidas de ayer planificar y llevar adelante los secuestros como los de Víctor Martinez y Jorge Julio López. Estos hechos han demostrado que los programas implementados en este sentido son completamente ineficaces y que no existe protección verdadera en tanto los genocidas sigan libres.

Exigimos el inmediato esclarecimiento del secuestro de Víctor Martinez, la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a todos los responsables. Con genocidas libres van a seguir sucediendo esos hechos, cárcel común, perpetua y de cumplimiento efectivo a todos ello

firmantes:
AEDD, HIJOS LA PLATA, UNION POR LOS DERECHOS HUMANOS,
CEPRODH, COLECIVO DE ABOGADOS POPULARES LA CIEGA
CASA DE DDHH HERMANOS ZARAGOZA.

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jueves, 28 de abril de 2011

Foro sobre Criminalización de la Protesta y Prisión en América Latina.

Participarán compañeros(as) de Argentina, Chile, Paraguay y Perú. Al finalizar la charla se hará un homenaje por el Día del Joven Combatiente (29 de marzo, Chile). Invita: Coordinadora de Solidaridad Entre Pueblos. En el aula E2 en el entrepiso, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Calle 48 entre 6 y 7 A las 20hs.

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COMUNICADO DE PRENSA

LOS VECINOS DECIMOS BASTA

Exigimos la desmilitarización del barrio y el traslado definitivo de la Subestación eléctrica Rigolleau a una zona no poblada.

Movilización y corte de vías por tiempo indeterminado en 14 y Lisandro de la Torre, Berazategui, el día jueves 28 de abril a las 8:00 A.M. Concentramos en la esquina de las calles 145 y 21.

La “justicia” ha decidido, descaradamente, respaldar los intereses económicos de la empresa multinacional Edesur con la complicidad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, ignorando los derechos humanos y los derechos constitucionales del pueblo argentino. Haciendo uso de las fuerzas represivas garantizadas por el Estado, la empresa, ha establecido un verdadero estado de sitio militarizando con mas de 400 policías el barrio desde hace 10 días, al mejor estilo de la dictadura militar.
La resistencia vecinal en las calles ha logrado pacificamente frenar esta obra durante 6 años, pidiendo el traslado definitivo de la subestación eléctrica Rigolleau a una zona no poblada, en defensa de la vida y de un medio ambiente libre de contaminación.

Por eso hoy más que nunca, habiendo agotado los vecinos todas la instancias legales, hemos decidido resistir hasta las últimas consecuencias este proyecto de muerte y enfermedad, que cuenta además con el respaldo de la Union Industrial de Berazategui, los intereses inmobiliarios de barrios privados y countris y por de la Empresa Rigolleau, quienes serán beneficiarios directos de esta subestación.

Esta lucha ha sido la lucha de toda una comunidad que ejerce su legítimo derecho a la vida y a una sociedad justa, entendiendo que sin salud no tiene sentido el progreso.

Convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales, religiosas, culturales y ambientales a unirse a esta lucha de los vecinos en su irrenunciable reclamo por la vida.

Exigimos el traslado definitivo de la subestación fuera de toda zona poblada.
Exigimos la desmilitarización del barrio.
No a la represión, fuera las patotas rentadas por las autoridades.
No a la criminalización de los reclamos sociales.

Hacemos responsables de cualquier incidente y todas las consecuencias que deriven de este conflicto, a la empresa Edesur y a las autoridades, a quienes demandamos por no cumplir con sus deberes de funcionarios: garantizar la salud pública y la seguridad de la población.

VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA

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Comunicado de prensa

Pacheco, 27 de abril de 2011


AGRESION A RAMON BOGADO

Esta semana fue agredido seriamente Ramón Bogado, dirigente de la lucha de Kraft del 2009, en la puerta de la fábrica. Debió ser atendido en la Clínica , por su gravedad.

Esta agresión es parte de una serie de amenazas que han recibido anteriormente Jorge Penayo y María Rosario. Es un plan de intimidación para impedir que se presenten en las próximas elecciones de comisión interna.

Es evidente que en el caso de Bogado, el agresor es instrumentado por alguien, que lo quiere sacar del medio, tanto por el actual conflicto de paritarias, como para impedir que se presenten en las próximas elecciones.

Repudiamos este hecho y nos solidarizamos con el compañero. Y llamamos al conjunto de los trabajadores a unirnos para impedir que se sigan produciendo hechos como este.

Para comunicarse:
Ramón Bogado: (011)15-69962538
Jorge Penayo: (011)15-57819365
César García: (011)15-54623025

AGRUPACIÓN 1º DE MAYO DE TERRABUSI Y DE LA ALIMENTACIÓN

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miércoles, 27 de abril de 2011

A 20 años, yo no me olvido de Walter!

Walter David Bulacio fue asesinado por agentes de la Policía Federal Argentina y se convirtió en un caso emblemático contra la brutalidad policial, llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bulacio se encontraba entre la concurrencia del recital que la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ofrecía el 19/05/91 en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. Una razzia del personal de la Seccional 35ª, a la sazón a cargo del comisario Miguel Angel Espósito. Bulacio fue retenido en la comisaría y saldría de allí a la mañana siguiente, rumbo al Hospital Pirovano. Le fue diagnosticado traumatismo craneano, y dijo al médico que lo atendió haber sido golpeado por la policía. Murió cinco días más tarde, la autopsia encontró huellas de golpe con objetos contundentes en miembros, torso y cabeza.
A 20 años de su asesinato, no hay culpables condenados.

Mucha tropa riendo en las calles
con sus muecas rotas cromadas
y por las carreteras valladas
escuchás caer tus lágrimas

...Nuestro amo juega al esclavo
de esta tierra que es una herida
que se abre todos los días
a pura muerte, a todo gramo.
-Violencia es mentir-

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Los límites del testimonio.

Una y otra vez tienen que repetir experiencias terribles frente a sus torturadores, en causas que superponen torturas y aberraciones. El fiscal Crous, del Tribunal Federal Oral N0 4, logró que los testimonios de víctimas del Vesubio sean leídos. El problema de sentar “excepciones”.

por Alejandra Dandan

La pregunta atraviesa buena parte de los juicios de lesa humanidad: ¿es necesario que las víctimas vuelvan a contar lo que pasaron? Semanas atrás, a pedido del fiscal Félix Crous, el Tribunal Oral Federal N0 4 aceptó incorporar por lectura los testimonios de algunas víctimas del Vesubio que están con vida, pero no en condiciones de declarar por distintas razones. Eso es una excepción para la lógica penal, ya que el testimonio forma parte del derecho de un juicio justo para los acusados. Aun así, y pese al carácter excepcional, la decisión del TOF fue celebrada porque acelera un debate no sólo sobre el presente de los juicios sino sobre los que están por venir: las segundas partes de los juicios orales ya terminados y en donde si todo sigue así, podría darse el absurdo de que los mismos testigos tengan que volver a decir todo de nuevo, pero para acusar a otros represores.

Crous planteó el pedido en una audiencia. “Voy a ingresar en un tema que aparece en todos estos juicios –dijo– y que es qué valor tiene, y si hay que atenerse a una virtual inexistencia o inutilidad de las declaraciones que han brindado los testigos en un cuarto de siglo de impunidad, en la medida en que sigan vivos, o si debemos conformarnos con la siniestra paradoja de que su testimonio vale si muere”, explicó en referencia a que tal como está el derecho, un testimonio vale “por lectura” cuando un testigo está muerto. Los testigos en cuestión no están en condición de declarar por razones de salud física o psíquica. Crous habló de preservar la “integridad personal”, y dijo: “Entendemos que es un modo de resguardar el derecho de las personas a no ser revictimizadas y esto no afecta el derecho de los imputados: pedimos una medida de protección excepcional para estos procesos particulares y pedimos que se repare que estamos en procesos excepcionales”. En esa línea, en un planteo en el que habló de la responsabilidad del Estado, punzó al Tribunal para instarlo a discutir políticas a “riesgo de parecer lisonjero”. Y un dato: “Que las víctimas en momentos de absoluta imposibilidad muchas de ellas además de llevar la carga culposa de haber sobrevivido no tengan que cargar la carga culposa de no haber podido declarar”.

El TOF 4 aceptó. No fue el único ni la primera vez. Pero la decisión, dice Crous, aparece en un momento en el que empieza a discutirse, entre el ministerio público fiscal y los querellantes, qué hacer con las segundas partes de los juicios que se están desarrollando en este momento o que ya terminaron. En ellos va a juzgarse a nuevos represores por los mismos casos. Con esa lógica, cada uno debería volver a declarar todo de nuevo. Uno de los fundamentos es el llamado fallo Benítez: “En el fallo se declaró la nulidad de la sentencia condenatoria porque estaba basado sólo en declaraciones incorporadas por lectura sin el control de la defensa”, explica en este caso Guillermo Friele, fiscal de la causa Orletti, en referencia a ese fallo que es uno de los argumentos de estos debates. “La Corte entendió que de esa manera se estaba vulnerando el legítimo derecho de defensa en juicio, ahora bien –agregó–, la cuestión radica en cómo es interpretado ese precedente jurisprudencial.”

En Orletti, por ejemplo, no sucedió lo que sucedió en el juicio del Vesubio, ni lo que había sucedido antes en el juicio del circuito Atlético-Banco-Olimpo en los que se aceptaron las excepciones. “Yo tuve que desistir de varios testigos que no querían venir a declarar”, dice Friele a Página/12. “El más paradigmático fue el caso de G. V., que se había fugado a los tiros del centro clandestino. Ella no quiso prestar declaración por distintos motivos, aunque el principal era que tenía un problema psicológico por el cual temía enfrentarse con los represores que la tuvieron cautiva”, indicó. El problema se agravó en ese caso porque la fiscalía pidió incorporar un certificado médico y sobre esa base pidió la incorporación por lectura del testimonio. La defensa se opuso: pidió que a la mujer la revisen los peritos del Cuerpo Médico Forense; el Tribunal –en ese caso el TOF 1– aceptó pero la mujer se negó al chequeo y entonces el Tribunal rechazó incorporar por lectura su testimonio. “Como se puede ver –continúa el fiscal–, las interpretaciones varían según los Tribunales, pero mi opinión personal es que en estos juicios, por las características especiales que tienen, debería hacerse lugar a la incorporación por lectura.” Para Friele, el TOF de Vesubio abrió con la decisión una nueva “posibilidad jurisprudencial” para interpretar una excepción más a la prohibición de hacerlo.

Gabriela Sosti es fiscal adjunta de Alejandro Alagia, impulsor de la acusación en el juicio ABO (Atlético-Banco-Olimpo). Ella piensa que éste es uno de los temas que desvelan a fiscales y querellantes. “La mayoría le damos vueltas y vueltas al tema. Se lo está pensando, hay consideraciones técnicas muy variadas y de difícil solución. Creo que la argumentación tiene que seguir ahondando en las particularidades de este tipo de juicios. Pasó algo similar con el tema del plazo razonable con las prisiones preventiva y finalmente Casación mayormente interpreta estas normas hoy día de otra manera. Nosotros también tuvimos casos de personas enfermas y con certificados que acreditan esas dolencias y el Tribunal los ha incorporado por lectura”. Y dice: “El tema no es ese sino el de las futuras nuevas convocatorias a sobrevivientes que han declarado tantas veces y que si bien no manifiestan problemas psíquicos o físicos, lo cierto es que están hartos de que el Estado los revictimice una y otra vez en pos de cumplir un requisito formal no carente de hipocresía y ficcionalidad excesiva”.

Los límites
Quienes están en esta posición, están analizando ahora alternativas. Entre otras, la posibilidad de usar por ejemplo las grabaciones que hace el Incaa de las audiencias, o usar los testimonios escritos. En ese contexto, el testigo podría ser llamado a declarar sólo para agregar información puntual sobre el nuevo imputado, y para responder preguntas de los defensores. Pero eso es sólo parte del comienzo de una discusión larga y compleja en la que las partes están esperando además algún tipo de intervención de la Corte de Justicia de la Nación como para fijar algunos criterios.

Sobre esa base, existen posturas disidentes o un poco distintas. Especialmente sobre la decisión de pensar plantear estos juicios con carácter “excepcional”. Uno de ellos es Javier de Luca, integrante del equipo de fiscales de la causa a Luis Patti. “En mi opinión dice si un testimonio se corresponde con otras pruebas, el asunto pasa a ser de valoración de las pruebas y no de invalidez de tomar esa prueba para valorarla”. Pero sostiene de todos modos que “es un tema muy delicado y nada tiene que ver que las víctimas sean de delitos de terrorismo de Estado, porque el problema sigue siendo del Poder Judicial y del Ministerio Publico Fiscal, que tenemos la obligación de apurarnos y de poner todas las pruebas sobre la mesa para que la defensa las controle. Las víctimas de cualquier delito tienen los mismos derechos que los de estos casos.”

Rodolfo Yanzón es querellante. Integra el equipo de Kaos, a cargo de la acusación en juicios como ABO, Esma y Orletti. Yanzón está entre quienes vienen pensando alternativas hace tiempo. Evalúa incluso la idea de usar las grabaciones del Incaa en próximos debates. Pero como su compañera Carolina Varsky del Cels advierte los problemas del carácter de “excepción”. “Esto se viene dando hace tiempo con estos juicios”, dice. “Nosotros ya en 2007, con el juicio a Febres, lo habíamos planteado. Es un tema realmente delicado porque se trata de conciliar el interés de las víctimas y el de los imputados, con el agregado de que protegiendo el derecho de los imputados estamos protegiendo el futuro de estos juicios, cosa que muchos, lamentablemente, no ven o no pueden ver”. Su postura, explicó, “es que la regla es que si la defensa se opone a la incorporación por lectura de una declaración testimonial en un juicio oral, la declaración no se incorpora. Como excepción, y sólo como excepción, la regla cede frente al derecho de una víctima sólo si se trata de una persona que no está en condiciones de afrontar el trance de la declaración en juicio oral de modo verificable y si se trata de un testimonio relevante, es decir que tenga carácter de único”. Para Yanzón, deben darse los dos elementos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-166903-2011-04-24.html

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martes, 26 de abril de 2011

Golpe militar: el papel de las grandes empresas.

Desde los años previos a la instauración de la dictadura militar, pero con mayor intensidad a partir del 24 de marzo del ’76, se generó una estrecha relación entre las patronales y las fuerzas represivas del estado. Empresas como Acindar, Ford, Siderca, Ledesma, Mercedez Benz y muchas más, impulsaron y sostuvieron con aportes y logística la represión contra los sectores trabajadores.

Por ANRed- E (redaccion@anred.org)

“Hubo un modus operandi común en el accionar de las empresas durante este período. Acindar es un caso ilustrativo. El 20 de marzo de 1975 esta empresa llevó adelante una medida ejemplificadora contra el movimiento obrero, al hacer ingresar y tomar control de la fábrica a las Fuerzas Armadas, policiales y parapoliciales” comentó Victoria Basualdo en conversación con integrantes de la RNMA.

“La represión implicó la persecución y encarcelamiento de tres camadas de dirigentes sindicales y la instalación de un centro de detención clandestino dentro de la empresa” agregó Basualdo, quien realizó una investigación específica sobre la participación de algunas empresas en la implementación del modelo económico propio de la dictadura.

Una de las características principales de la relación entre Acindar y las FF.AA. es la persona de Martinez de Hoz, quien fue ejecutivo de la empresa hasta la instauración del golpe militar, dónde desempeño el cargo de Ministro de Economía.

El caso de Acindar también es paradigmático por la fuerte organización de los obreros metalúrgicos, así como su relación en ese tiempo con otros sindicatos. Basualdo ratificó en la transmisión en vivo que la RNMA realizó por los 35 años del golpe genocida que “a la fecha, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución está intentando iniciar un proceso contra Martinez de Hoz por su participación en la organización intelectual de la represión y desaparición de trabajadores de esa empresa”.

Según la investigadora de FLACSO Argentina - CONICET “esclarece aun más la relación entre patronales y FF.AA. el hecho de que mientras en el país se producía un proceso de desindustrialización de la economía, con una reducción del 10% de la producción, estas empresas tienen una participación positiva y de concentración económica en esos años”.

En los casos de las industrias automotrices Basualdo asegura que “Ford también tuvo un centro de detención dentro de la fábrica y en Mercedes Benz desapareció la comisión interna gremial que organizaba a los obreros.

Hacia el final de la entrevista realizada mientras la marcha por Avenida de Mayo empezaba a circular, Basualdo recordó un documental llamado “Milagros no hay” en el que la periodista alemana Gaby Weber interroga a Un ejecutivo de Mercedez Benz de esos años que al ser interpelado sobre el crecimiento de la empresa durante los años del golpe, expresó que “milagros no hay”, en clara alusión a la represión e imposibilidad de protestar de los trabajadores.

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LA CONDENA A PATTI.

Esta semana el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín condenó a prisión perpetua en cárcel común a varios represores de la dictadura, incluido Luis Abelardo Patti.


Esta demorada sentencia contra Patti es una buena excusa para reflexionar sobre un par de cosas. Primero, tenemos que recordar bien, con el prontuario completo, quién es el ilustre condenado.

Porque hoy es fácil ponerse contento por esta sentencia, y tratar de apropiarse de un poquito del mérito de la condena. No faltó nadie que dejara de festejar la noticia. En primerísimo lugar, hizo su autobombo el gobierno. Desde el secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, pasando por su aliado, el diputado Jorge Rivas, hasta el jefe de los diputados oficialistas Agustín Rossi, todos celebraron la noticia y compitieron para elegir los términos más duros para referirse al nuevo condenado.

Ni que hablar de los bastiones oficialistas en los extintos organismos de DDHH, como Madres y Abuelas, o de los ex kirchneristas, hoy alineados en otras variantes “progres” del peronismo, como Victoria Donda y el resto de los ex Libres del Sur.

Pero, decíamos, primero hay que acordarse bien de quién estamos hablando. Este tipo que hoy está internado en la clínica Fleni de Escobar porque tuvo un accidente cerebrovascular, ya era policía en 1975. Trabajaba en el destacamento policial "Otero", en Victoria, en el que funcionaba un centro clandestino de detención. Sus superiores eran hombres del círculo íntimo del Gral. Ramón Camps.

Corría 1977 cuando, ya afincado en Escobar, la ciudad que 18 años después lo elegiría intendente, Patti intervino en el fusilamiento de tres chicos que jugaban al metegol de un bar de la zona. El militante comunista que denunció el hecho a un diario local, todavía está desaparecido.

Un poco más tarde, cerca del ocaso de la dictadura, Patti secuestró y mató a Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, militantes montoneros, causa por la que fue condenado. Pero en los primeros años después del ’83, no sólo los apologetas explícitos de la dictadura ayudaron a demorar la imputación penal. Sus principales defensores, por aquellos años, fueron Carlos Menem y Eduardo Duhalde, que se cansaron de repetir que había sido “un enfrentamiento”.

En enero del ’90, en Garín, Patti encabezó la partida policial que fusilo al joven Luis Selaye. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38, como siempre. Un policía “arrepentido”, es decir, enfrentado con Patti en la interna policial, declaró el 5 de enero de 1996 al diario Página/12 que antes del operativo, ese revólver estaba "en el despacho del subcomisario Patti, que siempre hablaba que debía ser utilizado para justificar un enfrentamiento". El ex subcomisario nunca fue procesado por este caso.

En septiembre de 1990, Patti dos presos comunes, Miguel Guerrero y Mario Barzola, denunciaron que Patti los había torturado. El Juez de San Isidro Raúl Borrino ordenó una serie de pericias, y comprobó que los presos habían sufrido tormentos por golpes, quemaduras, submarino seco y picana eléctrica. Lo mandó detener.

El escándalo fue mayúsculo. En medio de una campaña mediática dirigida a desacreditar la denuncia, la Cámara Penal de San Isidro, en un fallo memorable, "bajó" la carátula de tormentos a apremios ilegales. Patti fue inmediatamente excarcelado, la causa entró en el túnel que preanunciaba la prescripción, y la “gente de bien” respiró tranquila. El adalid de la seguridad, estaba seguro.

“Voy a ser claro para que se entienda -le dijo Patti al Diario Clarín en octubre de 1990- la policía, para esclarecer un hecho tiene que cometer no menos de tres o cuatro hechos delictivos. De lo contrario no puede esclarecer absolutamente nada. Esto ocurre en la Argentina y en cualquier parte del mundo. ¿Cuales son estos delitos? Privación ilegal de la libertad, apremios y violación de domicilios, entre otros. Y no queda otro camino que hacer eso. Cuando los comisarios no esclarecen hechos es porque, como se dice en nuestra jerga, no se la juegan”.

Ningún fiscal lo acusó por esas declaraciones, que, en cambio, aportaron una sonrisa a los mismos que hoy piden más seguridad.

Así, mientras iba a fiestas con su novia fashion, Liliana Caldini, y era enviado como si fuera el Inspector Gadget a investigar el crimen de María Soledad Morales en Catamarca, Patti fue dejando en el olvido sus andanzas de juventud en la dictadura, y se recicló como “policía de la democracia”.

El martes 13 de agosto de 1996, de nuevo en Página 12, Patti, ya todo un símbolo de la “lucha contra la inseguridad”, declaró que estaba en contra de “los policías que no hacen nada porque no tienen orden del juez” y les aconsejó “pegar una buena patada en el trasero a los sospechosos para obtener prueba”.

Su alianza con el partido justicialista le garantizó la intendencia de Escobar, y luego una banca de diputado, en 2005, que ya no pudo ocupar, porque los aires habían cambiado, y el viejo policía descubrió que, como decimos siempre, la lealtad no figura en el diccionario de la burguesía. Sus antiguos amigos lo abandonaron, e hicieron fila para pegarle. Total, su aparato represivo ya estaba dirigido por otros.

Entonces, hoy pueden condenar a Patti a perpetua y festejarlo, mientras sostienen con las dos manos la impunidad de los que hoy, con el mismo uniforme, cumplen esa tarea, la misma que el internado en Fleni ya no les puede garantizar.

CORREPI (nota del boletín informativo nº604)
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar

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Asamblea para discutir que docentes nos forman en la facultad.

NO MAS FUNCIONARIOS DANDO CLASES EN DERECHO!!
NO MAS SORIA EN LA FACULTAD!!

Discutiremos la denuncia que va a presentar el consejero estudiantil por la minoria, para que se realice un juicio académedico a Pedro L. Soria, de acuerdo al Estatuto de la Universidad.

_ Debatir el fallo discriminatorio del profesor Daniel H. Piombo, para que en la sesión el Consejo Directivo se expida sobre esto.

Participemos todos los estudiantes en nuestras desiciones!!

Jueves 15hs Asamblea en la facultad
17hs vamos todos al Consejo

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Juicio VESUBIO-Tribunal Oral Federal Cuatro (TOF 4)

Lunes 25 y Martes 26 de Abril de 2011-10.30 horas: (en el SUM de C. Py 2002), las Dras. Liliana Mazea y Sabrina Dentone alegarán por la querella JusticiaYa! en el juicio por algunos de los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como “el Vesubio”. El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 4 tiene a su cargo el proceso contra ocho genocidas por 156 casos.


LOS GENOCIDAS

Estos son los ocho represores a quienes se sigue el juicio:
- Héctor Humberto Gamen, 85 años, general de brigada retirado. Era segundo comandante de la Brigada de Infantería.
- Hugo Idelbrando Pascarelli, 82 años, coronel retirado. Era el jefe del área militar 114, donde funcionaba Vesubio.
- Pedro Alberto Durán Sáenz, 75 años, oficial de inteligencia de la Brigada. Era el jefe del centro clandestino. Se hacía llamar “Delta”.
- Ramón Antonio Erlán, 65 años, penitenciario (R), alias “Pancho”.
- José Néstor Maidana, 59 años, penitenciario (R), alias “el Paraguayo”.
- Roberto Carlos Zeoliti, 63 años, ex penitenciario, alias “Sapo”.
- Diego Salvador Chemes, 57 años, ex penitenciario, alias “Polaco”.
- Ricardo Néstor Martínez, ex penitenciario, alias “Pájaro”.


ALGUNOS REPRESORES POR ALGUNAS VÍCTIMAS

En este juicio, estarán sólo ocho genocidas por crímenes cometidos contra 156 compañeros, aunque por el CCDTyE Vesubio pasaron otros cientos. En diciembre de 2009, Justicia YA! aportó un listado de 200 víctimas que estuvieron secuestradas en ese campo de concentración indicando los testigos que lo prueban, así como una nómina de otros quince compañeros que también pasaron por ese centro clandestino y solicitó al juez Daniel Rafecas, a cargo de la instrucción, que tome medidas para probarlo. Estos datos así como los nombres de los 58 represores que nunca fueron indagados por los crímenes cometidos en El Vesubio surgieron de los testimonios que integran la causa.

Contactos de Prensa:
Guillermo Lorusso, AEDD, 15- 5179- 8041
Dra. Liliana Mazea, FIDELA, 15-5816-9178
Dra. Claudia Ferrero (APEL): 1556045905
Dra. Elea Peliche (AEDD): 1554287881
Dra. Liliana Molinari (CODESEDH): 1551766480

Convoca – Contacto:
Justicia YA! Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.

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Chile: Cuestionable decisión de la Justicia

24/04/2011


DDHH consideran una burla la libertad de militares condenados.

Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó como "una burla para las víctimas" la decisión de la Corte Suprema de permitir que cinco militares condenados por violaciones a los derechos humanos cumplan sus penas en libertad.

Los militares Angel Custodio y Sergio Arredondo fueron condenados a cinco años de cárcel remitidos; mientras que Francisco Pérez, Leonardo Quilodrán y Daniel Walker recibieron una sentencia de cuatro años bajo el régimen de libertad vigilada. Todos ellos fueron procesados y condenados por la muerte de nueve opositores a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

Según García, esta decisión de la Corte Suprema es una incongruencia por parte del Poder Judicial. Por su parte el diputado comunista Hugo Gutierrez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que las sanciones judiciales no tienen relación con la gravedad de los hechos. La Corte Suprema decidió, asimismo, que tres de los condenados deberán indemnizar con 30 millones de pesos (unos 64.000 dólares) a cada una de las familias de las víctimas.

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URGENTE- CHACO

Corte por tiempo indeterminado.

(AW) Familias de la comunidad QOMPI de Chaco se encuentran en estos momentos cortando la ruta provincial N°3 en reclamo de 50 vivendas que el gobierno provincial promete desde 2009. Aparentemente hay una presentación judicial a la fiscalía de la zona para pedir el desalojo de los manifestantes.

(Buenos Aires, 25 de abril de 2011. Agencia Walsh) Desde las 9 de la mañana de hoy decenas de familias de la comunidad toba Qompi se encuentran cortando la ruta provincial N°3 sobre el puente La Sirena a la altura de la localidad Villa Río Bermejito, camino a las localidades de El Espinillo y Castelli en la Provincia del Chaco. 50 viviendas son las que reclaman les sean entregadas ya que el gobernador Capitanich hace dos años prometió su construcción y entrega.
Esta mañana una camioneta 4x4, que los manifestantes no pudieron identificar, intentó cruzar el corte a toda velocidad y los compañeros de la comunidad Qompi entendieron esto como una amenaza declarada para que cesen su reclamo. Asimismo, existe una presentación de civiles pidiendo el desalojo de la protesta en la fiscalía de turno que corresponde a la zona. Esta situación les llevó a considerar el corte por tiempo indeterminado hasta conseguir sus viviendas y de no tener respuestas para esta noche anunciaron a esta agencia que pondrán carpas y llamaran a todas las personas que quieran acompañarles para darle aun más fuerza al reclamo.

Contacto. Edilberto Pérez (03732-224670)

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Benetton obtiene un fallo para desalojar a la Comunidad Santa Rosa Leleque. 03/03/11

Por Avkin Pivke Mapu-Komunikación MapuChe
avkinpivkemapu@yahoo.com.ar


Este martes el Juez Omar Magallanes, del juzgado de ejecución de Esquel, fijó un plazo de 10 días para que la comunidad Santa Rosa Leleque desaloje el predio, en disputa con el grupo italiano Benetton. La resolución es en el marco de la segunda causa entre la compañía y los Mapuche, que recuperaron el territorio hace 4 años.

Esquel.- Martín Iturburu Moneff, abogado patrocinador de la firma Benetton, en diálogo con FM del Lago, confirmó con beneplácito que el juez Magallanes resolvió a su favor el interdicto presentado para recuperar la posesión. Por su parte Edgardo Manosalva patrocinante de los Mapuche enfatizó, en declaraciones a radio Kaleuche, que “el derecho indígena brilló por su ausencia y se aboca exclusivamente a aplicar el derecho civil”.

Manosalva sostuvo que siente un “profundo estupor por el fallo”, lo calificó de defectuoso en cuanto su contenido y aseguró que en breve se presentará la apelación.

A fines del año pasado la comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque presentó en los Tribunales de Esquel un recurso de casación y otro de inconstitucionalidad con el objetivo de que la justicia se pronuncie por la suspensión del juicio que se sigue por las más de 500 hectáreas. En tanto Iturburu Moneff, indicó que a su entender, si bien la medida puede ser apelada a instancias superiores, "debe ser cumplida" a favor de la multinacional demandante.

La comunidad está ubicada 80 kilómetros al norte de Esquel, a la vera de la ruta 40.

El antecedente privado

A principios de febrero los estancieros de Chubut iniciaron una campaña donde descalificaron a las comunidades Mapuche-Tehuelche por recuperar tierras, a la vez "solicitaban" a la justicia tener en cuenta el sagrado derecho civil: la propiedad privada. Los terratenientes ven como un problema lugares como Leleque, Gan Gan y la zona cordillerana".

En declaraciones al diario El Patagónico, Ernesto Siguero, presidente de la Federación de Sociedades Rural del Chubut consideró que “pseudo comunidades aborígenes” se han instalado en campos de algunos de los asociados de esa entidad ruralista. Según su denuncia, se trata de “gente que dice ser de pueblos originarios”, pero no lo sería.

El dirigente ruralista confesó públicamente que habían mantenido reuniones con el Gobierno de Das Neves. Además manifestó su intención de “tener alguna reunión con gente de la Justicia para poder analizar este tema y ver que todo sea dentro del marco de la ley”. Siguero señaló que el problema se registra en lugares como Leleque, Gan Gan y la zona cordillerana del sur de la provincia.

Días después y en la misma sintonía, la presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Digna de Blanco, reforzó las "indicaciones" afirmando –en declaraciones al diario Jornada- que existe preocupación respecto a un derecho consagrado en la Constitución que es el de la propiedad privada y que no implica ninguna discusión sobre derechos de otros”. De esta manera los estancieros de Chubut dejaban en claro que hay que "aplicar la ley" desconociendo toda la legislación vigente que reconoce los derechos a los Pueblos Originarios.

Estos derechos están consagrados y establecidos en el Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la OIT y en el artículo 34 de la Constitución de Chubut.

Una percepción

A mediados de febrero, antes de conocer el fallo, Rosa Rua Nahuelquir señaló a el diario El Chubut que "más allá de que la justicia huinca diga que le pertenece a Benetton, nosotros vamos a seguir ahí, porque es una tierra ancestral de nuestros antepasados y ahí viviremos. Esperamos que una vez en su vida la justicia determine que es una causa justa para el Pueblo Mapuche. Si dicen lo contrario una vez más vamos a seguir creyendo que la justicia no existe, porque lamentablemente si llegaran a fallar en contra: la justicia no existe, existe la injusticia”.

Cabe recordar que también a finales de febrero, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia realizaron el relevamiento territorial en la comunidad de acuerdo a la aplicación de la Ley Nacional 26.160, normativa que frena los desalojos y ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la realización del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.

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Ordenan Desalojo a Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque

A poco tiempo de celebrarse los 4 años de reafirmación territorial, en el día de ayer 1 de marzo, se llevó adelante la notificación de una orden de desalojo para la comunidad Mapuche -Tehuelche Santa Rosa Leleque.

Una vez más la justicia, a través del juez Omar Higinio Magallanes, responde a los pedidos del magnate italiano Luciano Benetton, quién a través de la “Compañía Tierras del Sud Argentino” lo venían solicitando.

Mañana jueves, a partir de las 11 horas, se llevará a cabo una concentración en Tribunales de Esquel, para repudiar los atropellos sufridos por la Comunidad Mapuche Sepúlveda como así también repudiar la orden de desalojo para la comunidad Santa Rosa Leleque y para hacer valer nuestros derechos como Pueblo pre-existente.

Contactos:
Rosa Rua Nahuelquir: (02945) 15417481

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lunes, 25 de abril de 2011

Crimen de Juan Andres Maldonado: ingresan a la casa de un testigo y destrozan sus pertenencias.

A tres días del comienzo del juicio oral y público por el asesinato de Juan Andres Maldonado, en un boliche de Berizzo, familiares de la víctima denunciaron que desconocidos ingresaron en la madrugada de hoy a la vivienda de un testigo, destrozando todo lo que encontraron.

El asesinato fue cometido el 9 de Agosto del 2009, en el boliche "Alcatraz" de Berizzo. Maldonado recibió un tiro en el pecho.

El juicio, que comienza el lunes 25 y se llevará a cabo hasta el 29, tiene como principales acusados al ex jefe de la barrabrava de Estudiantes, Fabián Gianotta, Ariel Orlando Everet y los patovicas Carlos Felipe Garaña Morales y Gastón Haramboure.

Gianotta, que es policía exonerado, también era el dueño de "Alcatraz", el boliche de Berizzo donde Juan Andres Maldonado fue asesinado. Antes de ser Capturado, los pesquisas habían allanado la casa de Gianotta en La Plata donde secuestraron marihuana y 11 proyectiles calibre .45, el mismo que fue utilizado para asesinar a Maldonado.

Los familiares de Maldonado denunciaron a este diario que "es llamativo que a tres días de comenzar el juicio nos hallan intimidado de esta manera, ingresando a la casa de uno de los testigos, destrozando todo lo que había, y sin robarse nada".



Juzgan a cuatro acusados, entre los que está el ex jefe de la barra Pincha Fabián Giannotta.


El Tribunal Oral en lo Criminal V La Plata comenzará a juzgar el lunes, a partir de las 9, a cuatro imputados -tres de ellos integrantes de la barrabrava de Estudiantes- por el crimen de un joven en Berisso, quien recibió un tiro en el pecho, presuntamente por parte de patovicas que custodiaban el local bailable Alcatraz, en Berisso. Los acusados son el jefe de la barra brava de Estudiantes Fabián Giannotta; sus laderos Carlos Felipe Garaña Morales y Ariel Orlando Evrett, como coautores del hecho; y el relacionista público Gastón Haramboure, imputado como partícipe necesario. El último de los nombrados es el único que no está en prisión, ya que goza de un arresto domiciliario. LO QUE SE PUDO ACREDITAR En la elevación a juicio oral tanto el juez de Garantías de La Plata César Melazo como la fiscal Graciela Riveros dieron por acreditado que el 9 de agosto de 2009, a las 6, en inmediaciones del boliche Alcatraz, al menos tres hombres -Giannotta, Garaña Morales y Evrett, presuntamente- "munidos de armas de fuego que les proporcionaron desde el interior del local, dispararon varias veces contra una muchedumbre de personas que se encontraba en las afueras del boliche, impactando uno de los proyectiles en Juan Andrés Maldonado (26), causándole la muerte". También entendieron que en la investigación surgieron pruebas y evidencias como para sospechar que "las armas supuestamente fueron entregadas por Haramboure". Para la fiscalía, los hechos narrados constituyen el delito de "homicidio calificado por el empleo de un medio idóneo para crear un peligro común", que establece penas de prisión o reclusión perpetua. EL CASO DE HARAMBOURE El juez concluyó que Giannotta, Garaña Morales y Everett serían coautores, mientras que Haramboure presunto partícipe necesario, es decir, habría prestado una colaboración sin la cual no hubiera podido perpetrarse el hecho. Sin embargo, el juez entendió que el caso encuadra en la figura legal de "homicidio simple", penado con 8 a 25 años de prisión. En caso de ser hallados culpables en juicio, a todos les correspondería la misma condena. Así lo establece el Código Penal en los artículos 45 y 46: al autor y al partícipe necesario les cabe la pena prevista para el delito que se les impute. El juicio se realizará en la sala de audiencias de la planta baja del fuero penal de 8 y 57. Grave amenaza a testigo reservado Un testigo de identidad reservada por el crimen del joven Juan Andrés Maldonado, cuyo juicio comienza el lunes, fue blanco de un ataque protagonizado ayer a la madrugada por desconocidos en su casa de Berisso, donde en momentos en que estaba junto a su madre ingresaron violentamente y provocaron graves destrozos en ese domicilio. Así lo dieron a conocer a este diario familiares de Maldonado, quienes consignaron que el episodio ocurrió alrededor de las tres de la mañana en una vivienda cercana a la plaza Mosconi de Berisso. Y agregaron que los agresores expresaron al testigo del caso, que es menor de edad, y a su madre, que habían ido allí "de parte de un barrabrava que está preso por el hecho". También revelaron que "tanto el chico como la mamá, al escuchar que les rompían la puerta de entrada a la casa, se encerraron en una habitación y estos tipos no pudieron ingresar donde estaban. Pero se dedicaron durante 40 minutos a destrozar en el resto de la vivienda todo lo que tenían a su alcance". Luego señalaron que "vamos a ahora a aceptar el ofrecimiento de la fiscalía de darnos custodia policial, pero pese al nerviosismo que lo ocurrido nos ha causado, si hasta el momento no nos habían podido intimidar, no lo lograrán cuando ya faltan dos días para el comienzo del juicio", indicaron en el entorno de la víctima.

Caso: JUAN ANDRES MALDONADO / BOLICHE ALCATRAZ
Jurisdicción: Provincia de Buenos Aires
Síntesis al 16/02/2011
Gastón Haramboure, uno de los cuatro acusados por el crimen de Juan Andrés Maldonado, recuperó la prisión domiciliaria.
La Sala I de la Cámara Penal de Casación le concedió este beneficio, a la espera del juicio oral a cargo del Tribunal Oral Criminal N°5 de La Plata.
Maldonado fue asesinado el 9 de agosto de 2009, en inmediaciones del boliche Alcatraz de Berisso. Haramboure y Fabián Gianotta están imputados como coautores de homicidio simple. Carlos Felipe Garaña Morales y Ariel Orlando Everet, como partícipes necesarios por ser quienes efectuaron los disparos que acabaron con la vida del joven.

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viernes, 22 de abril de 2011

La Lucha que nos parió! el programa de HIJOS La Plata

este sábado 14hs. en Radio Universidad FM 107.5mHz
Escuchanos por Interent www.lr11.com.ar

- Repasamos la desaparición forzada de Víctor Martínez y el rol del Estado en la protección de los testigos en causas contra los genocidas.
- Denunciamos el rol histórico y la situación actual de los jueces cómplices de la dictadura.
- A 24 años del alzamiento militar de semana santa del ’87 recordamos sus consecuencias en las leyes de impunidad.
- Sorteamos un libro de librería Giroloco.

LA LUCHA QUE NOS PARIÓ

Sábados 14 hs. Por FM Universidad 107.5 mhz

Escuchálo por internet: www.lr11.com.ar

Contactos: laluchaquenosparió@hotmail.com
hijos_laplata@yahoo.com.ar
hijosprensa.blogspot.com
En Facebook y Twitter: Hijos La Plata.

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miércoles, 20 de abril de 2011

Comunicado de prensa.

ESTE JUEVES 21/04 A LAS 16 HS CONCENTRAMOS EN 7 Y 50 (LA PLATA) PARA EXIGIR AL GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAL LA INMEDIATA APARICION CON VIDA DE VICTOR MARTINEZ.

Desde este lunes 18 de abril se desconoce el paradero de Víctor Martínez testigo ocular clave del asesinato del obispo Carlos Ponce de León en el año 1977, desapareció en la Ciudad de Buenos Aires, día en que se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López.

Convocamos a toda la sociedad y las organizaciones sociales y políticas a salir a la calle para exigir la aparición y gritar basta a la impunidad de ayer y de hoy, decir no al terror y al miedo y que no permitiremos otro López u otra Silvia Suppo.

MULTISECTORIAL DE LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

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Otro policía de la Federal sospechado por torturas en el Indoamericano

El fiscal de instrucción Sandro Abraldes pidió la detención y declaración indagatoria de un agente de la Comisaría 42 de la Policía Federal, en la causa que investiga la aplicación de torturas durante el primer día de intento de desalojo del Parque Indoamericano, el 7 de diciembre pasado. El fiscal había realizado el mismo pedido para otros cinco policías pero el juez de instrucción Eliseo Otero negó las detenciones.

La solicitud recayó sobre el uniformado José Miguel Fernández Rojas, quien fue grabado por el canal de noticias TN cuando golpeaba y arrastraba de los pelos a Maximiliano Emanuel Ríos. En esa filmación, el policía aparece con un chaleco refractario en una de sus manos y es capturado cuando arroja un piedrazo contra la cabeza de Ríos, a quien golpeó con puños, patadas y bastonazos cuando estaba en el piso, y luego lo arrastró de los pelos.

El fiscal pidió al juez Otero su detención por la magnitud de la pena, de 8 a 25 años, prevista para los funcionarios públicos que cometan cualquier clase de tortura y sean indagados por ese delito. Abraldes había solicitado lo mismo para otros cinco oficiales de la Policía Federal, pero el magistrado rechazó detenerlos, por lo que se prevé que tome el mismo temperamento respecto de Fernández Rojas.

El policía logró ser identificado a partir de la declaración de otros agentes que participaron en el operativo de desalojo.La División Asuntos de la Policía Federal no pudo reconocerlo en la filmación porque se encontraba de costado a la cámara y no se veía el grado de su uniforme.

Ríos fue agredido sobre un guardarrail de la avenida Escalada, en cercanías del Parque Indoamericano, cuando la Policía Federal y Metropolitana intentaron desalojar el predio de ocupantes que pretendían construir sus viviendas allí. Por las agresiones Ríos sufrió fractura del hueso nasal y diversas lesiones de carácter leve en su rostro y otras partes del cuerpo.

Abraldes había requerido las detenciones del comisario de la seccional 48 Eduardo Pereyra, el principal Roberto Morales, el agente de la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas (DOUCAD) Nahuel Fernández, el agente Facundo Suárez y el cabo de la Montada Patricio Sabah.

También había solicitado las indagatorias del comisario de la seccional 42 Miguel Angel Cariolo, del cabo de la DOUCAD Miguel Angel Luna y de los sargentos Alejandro Ismael Romero y Daniel Alberto Caloni.

Todos ellos comenzaron a ser indagados la semana pasada por el juez y se espera la culminación de todas las declaraciones para que Otero resuelva si los procesa o no. El mismo día que Ríos fue agredido fueron asesinados Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña durante el intento de desalojo y la principal sospecha apunta al accionar de oficiales de la Policía Federal y la Metropolitana.

Dos días después, fue asesinado en el mismo lugar Emiliano Canaviri Alvarez, cuya muerte se cree que ocurrió en el marco de un enfrentamiento entre vecinos. La causa por los homicidios también está a cargo del fiscal Abraldes y del juez Otero.

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A veinte años de su detención

Buenos Aires 19 de abril de 2011 (Jóvenes al Frente).-

Un 20 de Abril de 1991, Walter Bulacio era detenido por personal de la comisaría 35, en la entrada del recital de los Redondos en el estadio de Obras, seis días más tarde dejaba este mundo en el sanatorio Mitre producto de la represión policial.
La muerte de Walter marco a fuego a la juventud argentina, pero lamentablemente no fue la última, la lista de pibes y pibas victimas de la represión policial se ha ido incrementando en los 20 años que han pasado desde el asesinato de Bulacio. Torturas, palizas, insultos, simulacros de fusilamientos entre otras son escenas cotidianas para los pibes de los barrios mas humildes de nuestro País que son acosados todos los días por las distintas fuerzas de seguridad.
Como Walter, Rubén Carballo en 2009 perdió la vida a manos de la policía en el recital de Viejas Locas y Luciano Arruga continúa desaparecido por negarse a trabajar para la policía, lamentablemente estos casos son pequeñas muestras de lo que los jóvenes vivimos día tras día en los barrios de la Argentina.
En el País de las desigualdades y la represión solo un camino nos queda a los jóvenes, la organización. Organizarnos para defender nuestros barrios, nuestros amigos, nuestras familias y nuestra dignidad, ante un sistema que nos relega, que nos pone palos en las ruedas para estudiar, trabajar y crecer, que nos mete la droga para terminar con nuestro futuro y a la policía para amedrentarnos. Los jóvenes tenemos que mostrar que estamos de pie, que no nos han vencido y que vamos a ir por todo.

Jóvenes Al Frente.
contacto:
Facundo Villalba 0223 - 155290940

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DENUNCIA EN LA CAUSA SOBRE EL OBISPO PONCE DE LEON

TESTIGO DESAPARECIDO
Los organismos de DDHH abajo firmantes nos sumamos a la denuncia por la desaparición de Víctor Martínez, testigo del asesinato del obispo Carlos Ponce de León en el año 1977, ocurrida el pasado lunes 18 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, el mismo día en que se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López. Nos solidarizamos con su familia y amigos.
Exigimos al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad la inmediata difusión de su fotografía y que se implementen todas las medidas necesarias para su aparición con vida ya!

APARICIÓN CON VIDA YA! DE VÍCTOR MARTÍNEZ

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos - AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha – APEL
Comité de Acción Jurídica - CAJ
Comité de Defensa de la Salud , la Ética y los Derechos Humanos - CODESEDH
H.I.J.O.S. Oeste
HIJOS La Plata
Instituto de de Relaciones Ecuménicas –IRE
Liga Argentina por los Derechos del Hombre - LADH
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - MEDH




Víctor Martínez está desaparecido desde el lunes a las 13:00hs. Sus familiares presentaron un hábeas corpus. Es un testigo clave en el caso del obispo Carlos Ponce de León

Por Laura Vales

Víctor Martínez, testigo en la causa en la que se investiga la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, asesinado durante la dictadura en un accidente simulado, se encuentra desaparecido desde el lunes. Así lo denunciaron sus familiares, que presentaron un hábeas corpus. En el pedido de intervención a la Justicia advirtieron que Martínez había tenido años atrás amenazas de muerte. A las dos de la tarde del lunes salió de su casa, en la ciudad de Buenos Aires, para ir a una escribanía ubicada en el microcentro, a la que nunca llegó.

“Tenía después un turno con su terapeuta a las 17.30 y tampoco fue. Estamos preocupados”, relató anoche la abogada Gabriela Scopel. Vestía camisa blanca, pantalón y zapatos negros y un pulóver oscuro. La letrada agregó que en los hospitales de la ciudad, tanto como en el SAME y en la Policía Federal dijeron no tener rastros de él.

Martínez era el único acompañante de Ponce de León cuando el 11 de julio de 1977 el obispo sufrió el accidente que le causó la muerte. Tenía entonces 19 años –hoy tiene 52– y estaba haciendo el servicio militar en la Prefectura Naval, donde estuvo secuestrado después del accidente.

Como obispo de la diócesis de San Nicolás, Ponce de León había acompañado a los trabajadores de Villa Constitución perseguidos por el terrorismo de Estado e intercedió por varios desaparecidos. Su muerte conmocionó a la zona por su similitud con la del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, que había ocurrido un año antes.

La investigación del asesinato fue reabierta luego de la anulación de las leyes de impunidad, pero se topó con continuos obstáculos en su avance. El principal investigado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, jefe de la represión en la zona, hoy procesado (pero en libertad) en numerosas causas de desaparición de personas.

En el año 2008, el fiscal federal Juan Patricio Murray tuvo un fuerte cruce con el juez de la causa, Carlos Villafuerte Ruzo, cuando tras enterarse de que el cadáver del obispo había sido sacado de su tumba en la Catedral, pidió un análisis de ADN para certificar que el cuerpo dentro del ataúd no hubiera sido suplantado, pero se topó con una orden del juez suspendiendo la exhumación.

Martínez declaró en el expediente y fue acusado por falso testimonio y procesado. Por esto, inició una querella contra Villafuerte Ruzo. “A fines de diciembre presentamos una demanda por persecución religiosa contra el juez, en enero hicimos una presentación de juicio político en el Consejo de la Magistratura y el 24 de marzo, en el acto en la Plaza de Mayo, hubo un grupo que colgó una bandera con la consigna ‘juicio político al juez Villafuerte Ruzo’”, reseñó la abogada Scopel.

El hábeas corpus fue presentado “en atención a las causas penales que lo tienen como víctima, testigo, denunciante y querellante”, que son “eminentemente procesos en los que se investigan violaciones a los derechos humanos”.

El testigo estaba recibiendo atención psicológica por estrés post traumático, después de la reapertura de las causas de San Nicolás. Sus familiares contaron que sufre de alta presión, pero controlada con medicamentos, y que también suele usar bastón por problemas en su columna.

Por las amenazas de muerte que recibió fue abierta una investigación en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, aunque el expediente fue cerrado el año pasado por falta de pruebas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-166643-2011-04-20.html

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martes, 19 de abril de 2011

Comunicado de prensa.

Una ley contra los desalojos – un paso hacia la función social de la Tierra

En un histórico ejercicio de unidad un amplio abanico de organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar presentaremos un proyecto de ley contra los desalojos campesinos. El mismo, cuenta ya con el aval de referentes de distintos bloques parlamentarios.
En el marco de la ofensiva de la agricultura industrial y los agronegocios que ha provocado el acaparamiento de tierras y del comercio de los alimentos. La mesa de enlace aliada con las transnacionales propician un campo despoblado y al servicio de intereses extranjeros.
Las organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar proponemos Soberanía Alimentaria, y para lograrla es preciso detener los desalojos y avanzar en la declaración de la función social de la tierra y el fortalecimiento de la agricultura campesina y familiar.
El intenso debate al calor de la disputa por la renta agraria extraordinaria, que significó la batalla contra la derogación de la resolución 125, y sintiendo la necesidad de expresar nuestras reivindicaciones y propuestas es que nos encontraremos el día 19 del corriente a las 15hs en el Salón Auditorio del 5º Piso del anexo de la cámara de senadores H. Irigoyen 1710. Al mismo tiempo nos concentraremos frente al congreso nacional, para instalar en la agenda pública la necesidad de un imprescindible e inmediato freno a los desalojos rurales impidiendo el avasallamiento de los más elementales derechos humanos como parte del ordenamiento territorial, la lucha por la Soberanía Alimentaria, y el debate sobre la necesidad de una profunda Reforma Agraria Integral.
Esta actividad está enmarcada en el día internacional de la lucha campesina, el 17 de abril ha sido declarado en 1996 como el " El día internacional de la lucha campesina” en homenaje a los diecinueve campesinos del " Movimiento sin tierras de Brasil " asesinados por la policía brasilera durante una acción de movilización para acceder a tierras para producir y vivir dignamente.
Convocan y organizan:
Foro Nacional de Agricultura Familiar, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Movimiento Campesino Liberación, Frente Nacional Campesino, Mesa
Provincial de Organizaciones de Produtores Familiares de Buenos Aires.

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Identifican restos, cuatro eran muchachas embarazadas.


La justicia federal porteña formalizó la identificación de los restos de cinco desaparecidos durante la última dictadura y ordenó su entrega los familiares, con lo cual el número total de desaparecidos cuyos restos quedaron identificados suman 200, informaron ayer fuentes judiciales.Se trata de María Leonor Abinet, Gladis del Valle Porcel de Puggioni, Liliana Irma Ross de Rossetti, Norma Robert de Andreu y Miguel Ángel Soria, secuestrados en 1976, cuyos restos fueron exhumados en el cementerio municipal del partido de General San Martin en 1984 pero recién quedaron identificados ahora.Según informó Horacio Cattani, presidente de la Sala II de la Cámara Federal porteña a cargo de todas las actuaciones relacionadas con la búsqueda de la verdad y destino final de las personas desaparecidas, las labores para estas cinco identificaciones las inició el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2006.Todos los cuerpos habían sido hallados en los primeros días de febrero de 1977, en la localidad de Ciudadela, en el Gran Buenos Aires, y según las partidas de defunción todas las muertes se produjeron por heridas de bala.María Leonor Abinet tenía 31 años y estaba embarazada de siete meses cuando fue secuestrada el 16 de septiembre de 1976 en Caseros y dio a luz en cautiverio a Elena Gallinari Abinet, la primera hija de desaparecidos restituida, en 1986.Gladis del Valle Porcel de Puggioni fue secuestrada el 28 de octubre de 1976 cuando tenía 23 años y se encontraba embarazada de cinco meses, tras lo cual fue vista en los centros clandestinos de detención “Proto Banco” y “Vesubio”.Liliana Irma Ross de Rossetti fue secuestrada el día 10 de diciembre de 1976 en La Plata, cuando tenía 21 años y cursaba el cuatro mes de embarazo, y fue vista en el centro clandestino de detención de 1 y 60 en La Plata, dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.Norma Robert de Andreu, maestra y estudiante de arquitectura en la Plata, tenía 25 años cuando fue secuestrada el 16 de octubre de 1976 en Carhué, luego de lo cual fue vista junto a su marido también desaparecido, Edgardo Miguel Andreu, en el en el centro clandestino Pozo de Banfield.El quinto identificado es Miguel Ángel Soria, un obrero de 25 años delegado en los Astilleros Rio Santiago y en el frigorífico Swift que fue llevado al centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de La Plata.Los restos óseos habían sido recuperados del Cementerio Municipal de General San Martín, en 1984, pero volvieron a ser inhumados en esa necrópolis luego de que la Asesoría Pericial de La Plata no lograra ninguna identificación.Vueltos a exhumar en 2006 por orden de la Cámara Federal Porteña, se determinó que los restos correspondían a 35 personas, cuyos restos fueron sometidos a una “reasociación intraesqueletal” y enviadas las muestras a laboratorios cordobeses para los correspondientes análisis genéticos, “lo que permitió ir logrando paulatinamente las identificaciones”, señaló Cattani.

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"La propuesta es mejorar el barrio con la participación de los vecinos"

Diosnel Pérez es referente del Frente Popular Darío Santillán en la Villa 20 y candidato a presidente por la Lista Ocre en las elecciones de la Junta Vecinal del barrio.“Sería muy bueno que alguna vez un presidente del barrio se ponga al frente de los vecinos para pedir que se urbanice la villa”, planteó en diálogo con Prensa De Frente . Además, pidió la renuncia del Ministro de Salud Jorge Lemus por “no querer atender la salud de los vecinos” de las villas porteñas.
El militante sufre de la persecusión judicial: recientemente el fiscal Walter Fernández volvió a insistir con pedir su detención y la de otros dirigentes de la zona por la toma del Parque Indoamericano. El 15 de abril pasado se cumplieron los 120 días pautados por los gobiernos de Nación y Ciudad para comenzar a solucionar el drama habitacional de los 13.333 censados que aguardan una respuesta. "No hicieron ni una vivienda", denunció en el reportaje, donde planteó las propuestas de la lista que encabeza para la Villa 20.

-¿Cómo está la problemática de vivienda en el barrio?
-La situación sigue igual. O sea que no hay cambios: la falta de vivienda sigue, el gobierno de la Ciudad y Nación no cumplieron con sus promesas. Creer en que ese acuerdo se va a cumplir es como creer que Papa Noel existe. Ni cinco centavos pusieron. El único avance que quisieron hacer fue que pidieron la detención de los referentes de las organizaciones como responsables de la toma del Parque Indoamericano, de ahí en más no hay avances para ningún lado. Por eso están resguardando el espacio del Indoamericano porque no van a cumplir. Y saben que la gente no se va a quedar con los brazos cruzados ante la mentira que inventaron para que salgan del Indoamericano.

-¿Por qué te responsabilizan de la toma?
-Acá no hay “un” responsable de la toma. Son ellos, los gobernantes, los responsables por no tener una política seria para solucionar el problema de la vivienda. Pero nos quisieron poner a nosotros como responsables después de lo que pasó. La responsabilidad la tienen ellos. Acá hay una ley, la 1770: hace 6 años que tendrían que haber urbanizado la Villa y todavía no se hizo una sola vivienda. No hay solución. No hay respuestas. Se cumplieron los 120 días y no hay nada. Pasan los patrulleros y la otra vez militarizaron el Indoamericano porque les dijeron que la gente iba a tomar. Nosotros no sabemos qué está pensando la gente. No nos tienen que pedir permiso a nosotros para hacer la toma. Es la necesidad de la gente la que los lleva, no un tal Diosnel ni otro compañero. Es la necesidad la que obliga a los compañeros. Y nosotros solamente los ayudamos, estamos con ellos. Yo hace 25 años que entré acá y en su momento, también tomé un pedacito de tierra, que era un pantano. Algunos vecinos de la villa dicen que los que tomaron son “usurpadores”. Pero la realidad es que somos 40 mil habitantes acá en la villa y no hay ni uno que no haya “usurpado”. Nadie tiene título de propiedad, todos somos “okupas”, como nos dicen.

-¿Qué opinás de la política del PRO?
-Cuando salió un fallo de la jueza Elena Liberatori ordenando que se urbanice la Villa Rodrigo Bueno, el jefe de gabinete de Macri dijo que para él es un disparate pensar en urbanizar ese barrio en la zona de Puerto Madero. Ahí te das cuenta que para ellos, los pobres nos tenemos que ir de la Ciudad, nos tenemos que ir lejos. Siempre decimos, y los sostenemos, que tenemos derecho a vivir en la Ciudad aunque seamos pobres. No vamos a permitir que nos saquen. Si se va a urbanizar, se tiene que urbanizar acá, en la Capital. No vamos a salir de la Capital. Si piensan que no tenemos derecho de vivir acá, nosotros les decimos que sí, que tenemos derecho, como cualquier ciudadano, a vivir en la Ciudad. qu
Acá mis hijos nacieron y crecieron, fueron al colegio, y no me van a sacar así nomás de donde estoy. Es nuestro barrio. Y vamos a seguir viviendo acá. Si tenemos que luchar, lucharemos hasta las últimas consecuencias. No me van hacer entender e los pobres no podemos vivir en la Ciudad.

-¿Cómo avanzan en la lucha por el esclarecimiento de las muertes de Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emiliano Canevari?
-Los mató el Estado. Las muertes de parte de las fuerzas represivas del gobierno suelen quedar impunes. Eso lo sabemos. Nos pasó con Darío y Maxi, donde los responsables políticos están impunes. Va llevar mucho tiempo para tener preso a los responsables materiales y políticos. La Federal y la Metropolitana dispararon balas de plomo contra los vecinos. De la Federal, estaban los comisarios de la 36, la 48 y la 52, ellos estaban cuando agarraron a un muchacho y le rompieron la cara a golpes. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que haya justicia por los compañeros caídos.

-¿Cómo vienen las elecciones de la Junta Vecinal de la Villa?
-Todavía no tienen fecha, pero el juez Roberto Gallardo nos dio 60 días para llevarlas adelante. Faltan hacer muchas cosas, tenemos que hacer los cruces de los avales de las listas nuevas. Lo que ahora se aprobó fue el padrón. Con ese padrón vamos a ir a elecciones. No se empadronó mucho, unas 12 o 14 mil personas. Mucha gente que estaba en el padrón del 2007 que esta vez no se empadronó. Muchos inquilinos que vivían en una parte y cuando llegábamos para verificar nos decían que vivían en otra parte. Y no lo encontrábamos porque estaba en su trabajo y ahora quedaron sin empadronarse. El padrón se hizo en 2010. Hay mucha gente que se queja de eso, porque quedó afuera.

-¿Cuántas listas se presentan y con qué sectores se vinculan?
-Hay ley de lemas. Por ahora, hay 29 listas que se van a presentar. Hay dos frentes. Nosotros estamos en Frente “Unidos por el Cambio para el Barrio”, que agrupa a 16 listas. Participamos con nuestra lista, que es la Lista Ocre, con la que ya nos presentamos en 2007. En este Frente, está una lista de la Martín Fierro, de Quito Aragón, y otra vinculada al legislador Martín Hourest, con las que tenemos más relación y con las que habíamos formado un frente que se sumó a un frente más grande. Nuestra lista Ocre está conformada por referentes de organizaciones sociales.
Como presidente voy yo, que soy del Frente Popular Dario Santillán .
De vice va Marta Siles, un compañera de Barrios de Pié que es paraguaya, después viene una compañera de la CCC, que también se llama Marta y es peruana, y tenemos candidatos que son compañeros del Polo Obrero que son bolivianos. A la Lista Ocre la apoya el FOL, MTR La Dignidad y MTL Rebelde, además de Proyecto Sur y la CTA que nos están dando una mano.

-¿Y del otro lado?
-Está el famoso Frente “para el Futuro”, formado por 13 listas fantasmas, que maneja el mafioso de Marcelo Chancalay. Esta semana que pasó inauguró una canchita con algunos funcionarios del gobierno de la Ciudad y vino Martín Palermo. Está haciendo su campaña. Pero bueno, es la fuerza que está. Una de las listas que está con él es la de “Pampa”, que es un radical. Pienso que está vez Chancalay no tiene mucha fuerza. La gente ya no le cree más. Está diciendo cualquier cosa. Dice que hizo cosas que no hizo, como luchar contra el cementerio de autos que tenemos al lado del barrio. Esta pelea fue llevada adelante por las organizaciones sociales y los centros de salud de la zona. Él le hizo una denuncia al director del Centro de Salud 18 por luchar para que se saque el cementerio de autos y ahora él dice que el cementerio de autos se está levantando por la lucha que él llevó. Pienso que esta vez va a perder. No te puedo decir quién va a ganar.

-¿Cómo está la situación del Centro de Salud 18?
-Nos costó un montón independizar a los médicos de Chancalay, los tenía amenazados. Ahora trabajan con las organizaciones sociales, están más tranquilos, nadie los presiona. Antes, todos los trabajadores de limpieza tenían que ser gente de Chancalay. Los sacamos. Hubo muchas amenazas, Chancalay denunció al director de la salita por “abandono de persona” por supuestamente hacer política. ¡La política era que los chicos no se contaminen!

-¿Qué pensás del caso de la ambulancia que no quiso entra a la Villa 31?
-El director del SAME Alberto Crescenti es un mentiroso y discriminador. Que renuncie y vaya preso. A este compañero de la Villa 31 lo dejo morir. No es la primera vez que pasa. Esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Esta vez salió en los medios, no es la primera vez. La semana pasada un chico boliviano fue asesinado en Pola y Chilavert y la ambulancia tardó una hora en venir. El Procurador del gobierno de la Ciudad nos dijo en la Audiencia que se hizo el pasado viernes 15 de abril que ante cada llamada las ambulancias llegan a las villas en 10 minutos. Yo le dije que traje el certificado médico de mi hijo que tiene principio de epilepsia y cada vez que llamé, las cuatro veces que tuvo ataques, jamás llegó la ambulancia, siempre me tuve que ir en un auto de algún vecino solidario. Nunca aparecieron. Lo que dice el procurador es mentira. Estamos cansados de estos funcionarios mentirosos. Por eso luchamos por los centros de salud, como lo hicieron nuestros compañeros por la salita de Barracas. Cerescenti tiene que renunciar y el ministro de Salud Jorge Lemus también: no quiere atender la salud de los vecinos de las villas.

-¿Cuáles son tus propuestas como candidato a presidente de la Villa?
-Las propuestas de las Lista Ocre no son solamente las propuestas de Diosnel. Nosotros queremos que la comunidad sepa qué cantidad de plata hay, qué presupuesto viene para la Villa. Eso no le gusta a ninguno de los otros candidatos. Creen que si el presidente de la Junta le cuenta a la gente cuánta plata hay, se va a volver loco. Yo digo que la gente tiene derecho a saber qué cantidad de presupuesto tiene la Villa. Queremos que ante cada proyecto para la Villa 20 se haga una asamblea pública y que los vecinos decidan qué proyectos quieren que nosotros como representantes mandemos al gobierno. Eso tampoco le gusta a las otras listas. Ellos dicen “se te van a juntar 2000 personas y uno te va a decir que quiere agua, otro luz, otro un caño pluvial para no inundarse”. Y bueno, se llevará a votación y se hará lo que saque más votos. Pero no nos vamos a encerrar en una oficina para mandar proyectos que no le interesan a nadie.
Cada tres meses vamos a hacer una asamblea pública donde la junta rinda cuentas a los vecinos de la Villa 20.

-¿Y qué plantearían en esas asambleas?
-La propuesta es de empezar a luchar para que se urbanice la villa. Que todos tengamos vivienda. Que toda la gente que está viviendo en alquiler, que está pagando un montón de plata, tenga su propia vivienda. Procuraremos que sea así. Queremos tener los mínimos servicios: agua, caños cloacales, pluviales, que se termine la inundación, los cortes de luz en invierno y de agua en verano. La propuesta es mejorar el barrio con la participación de los vecinos. Sino, no hay forma de mejorar. Sino hay respuesta de los vecinos tampoco un representante solo no va a poder llevar adelante los cambios. Por eso pasa lo que está pasando. Chancalay está hace 11 años en la Junta Vecinal y cada día que pasa se vuelve más rico y nosotros seguimos con inundaciones, sin luz, sin agua para tomar. El agua que estamos tomando está contaminada, a Chancalay no le preocupa. Capaz que toma agua mineral, cuando deja de tomar su cerveza. Queremos sacarlo del barrio. Estamos cansados de sus promesas. Y sigue haciendo promesas.

-¿Cómo se explica que Chancalay siga teniendo poder, estando tan desacreditado entre los vecinos?
-Tiene su banca muy fuerte. Políticamente está bien parado, a veces a mi me hace pensar que el Estado es el que le da la fuerza. Él tendría que haber sido el representante de los vecinos enfrente del gobierno, pero es al revés: es el representante del gobierno ante los vecinos. Todos saben que el tipo se maneja con prepotencia, con patotas. A mi me amenazó muchas veces. En el momento que fui presidente de la junta electoral intentaron atentados contra mi persona, todo tipo de amenazas. La semana pasada me tiraron toda la oficina donde estaba trabajando como junta electoral. Y el pasado 15 de marzo cuando en la junta electoral planteamos que había dos listas que eran las únicas que cumplían con los avales que decía la ley fueron con cien personas, con toda la patota. Y entonces la junta electoral, por miedo, votó que todas las listas quedaran adentro. A eso nos referimos cuando le pedimos al juez que anule eso porque no podía ser, ya estamos cansados que gane el que tiene más patota. No vamos a permitir más patoteadas y tampoco la prepotencia. No estamos de acuerdo con eso. Vamos a luchar para tener una elección transparente en la Villa. El que gana, gana, pero que gane con transparencia, no con patotas, ni con amenazas.

-¿Les parece que desde la Junta Vecinal se van a poder aplicar cambios para el barrio?
-Para nosotros la lucha no termina si ganamos. No es que si soy electo presidente del barrio vaya a dejar de luchar. Más voy a luchar, pero al lado de los vecinos, no solo. Sería muy bueno que alguna vez un presidente del barrio se ponga al frente de los vecinos para pedir que se urbanice la villa. Acá nunca pasó esto. Nunca salió el representante legítimo del barrio a pedir que se saque el cementerio de autos para que no se contaminen más lo chicos con plomo o que el Hospital de Lugano se termine.

-¿Qué plantean respecto al tema de la inseguridad, que tanto afecto a los vecinos de la Villa?
-Es muy complejo el tema. Mucha gente quiere más policía. Yo no estoy de acuerdo. La seguridad tiene que ser a través de los propios vecinos. Siempre que escucho que la gente dice que venga gendarmería, yo les pregunto “¿ustedes quieren seguridad o más muertes?”. La verdad, para mí no es seguridad traer policías, ni gendarmería ni nada. Hay que concientizar a los vecinos y tener nuestra propia seguridad como vecinos. Trayendo policías va a ser peor. Todos sabemos que la policía acá adentro nos reprime todos los días. Los chicos andan en cosas en las que no tienen que andar porque la propia policía los presiona y los hace robar para ellos. Es complicado. Como te comentaba, la otra semana mataron a un boliviano en Pola y Chilavert. Le dieron dos tiros. Duele cuando un vecino que se está yendo a trabajar le pasa eso. Pero no se va a solucionar trayendo más policía. Tenemos que concientizar a los vecinos y cuidarnos entre nosotros. La policía no va a venir a cuidarnos. Nos va a venir a complicar más la vida. Los vecinos mismos tenemos que cuidarnos. Si vamos a salir a trabajar, ir todos juntos. Buscar una forma para no salir solos del barrio. Los que más sufren de los robos son los bolivianos.

-¿Qué piensan que se puede hacer con el tema del paco?
-Somos militantes pero no tenemos experiencia en muchas cosas, tampoco tenemos capacidad ni recursos para trabajar con esos chicos, podemos hacer muy poca cosa. El Estado tiene que estar presente para que no sigan en este camino que los está llevando la sociedad misma. Nadie nace ladrón. La sociedad y el Estado es el que los hace así, no les dan oportunidad, para nada. Eso es muy complicado, cómo podemos hacer para que los chicos no sigan matándose con el paco. Si la policía misma es la que lo maneja. Nunca tenemos que perder las esperanzas, hay que seguir luchando para que esos chicos no sigan con ese sistema de estar en la esquina perdiéndose en la droga.

-¿Qué le respondes a la gente que asocia a la villa solamente con la delincuencia?
-Los problemas del barrio existen. Pero hay muchas cosas buenas. Y hay muchas cosas muy importantes. A la sociedad que está afuera de la villa, les digo que la villa no es como los medios dicen, que todos somos chorros. Les puedo asegurar que el 80 por ciento de los edificios que están en Palermo, el Recoleta, en la Ciudad, fueron hechos con mano de obra de los villeros. Nos quieren dejar como que somos la ovejita negra, como dicen, de la Ciudad. Nosotros somos trabajadores. Tenemos nuestra profesión. Yo soy pintor de obra, se hacer albañilería. Hay un montón de compañeros, vecinos, que son todos obreros. Como en cualquier otro barrio, pasan cosas. Si se hubiere urbanizado, todo sería mejor. La villa es un lugar muy favorable para la gente que anda en cosas feas para esconderse porque hay muchos pasillos: eso es responsabilidad del gobierno. Queremos vivir dignamente: que hagan las calles como se tiene que hacer y que se pongan todos los servicios que correspondan para que no pase que roban en otro lado y después se esconden en la villa. Y después queda que los villeros son los que roban. Siempre digo, que los ladrones que por ahí nos hacen denuncia a nosotros están en la Casa Rosada, en la jefatura de gobierno de la Ciudad. Y en el Congreso y la Legislatura. Y en las empresas.

-¿Se da la integración entre los vecinos de la villa de distintas nacionalidades?
-La integración nos cuesta pero lo estamos logrando. Por ejemplo, te estaba contando de nuestra Lista Ocre ahí hay de todo un poco. Siempre le digo a los compañeros: “somos habitantes de la Villa 20, no interesa de dónde venimos, lo que hay que llevar en cuenta es que somos habitantes de la Villa 20 y queremos que sea un barrio de verdad, como tienen que ser, entonces no empecemos con que si sos bolivianos, paraguayo, argentino, peruano, somos latinoamericanos”. Lo importante es eso. Seguir adelante, sin discriminarnos entre nosotros. Si nosotros mismos nos discriminamos acá, los de afuera peor nos van a discriminar. La integración está avanzando mucho. Si se ganan estas elecciones en la Villa y lo sacamos al peor discriminador que tenemos, que es Marcelo Chancalay, que culpa a los inmigrantes de los problemas de vivienda. Ahora abraza y da besitos a los bolivianos, quiere ganar otra vez y después empezar a hablar mal de los bolivianos otra vez. Nos dividen por nacionalidades. No tenemos que permitirlo.

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