NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

jueves, 19 de mayo de 2011

Tres nuevos heridos

Por Irina Hauser

A cinco meses de la represión durante el desalojo del Parque Indoamericano, siguen apareciendo personas que fueron heridas con perdigones de plomo durante aquel operativo. Sus testimonios y la evidencia de los orificios que les dejaron las balas en el cuerpo son fundamentales en la investigación judicial, a cargo del fiscal Sandro Abraldes, porque confirman que los disparos no provenían de armas tumberas sino de escopetas compatibles con las que usan tanto la Policía Metropolitana como la Policía Federal, protagonistas del feroz despliegue. Un dato clave es que estos testigos fueron baleados casi a la misma hora y en puntos muy próximos de donde cayeron muertos Rosemarie Churapuña y Bernardo Salgueiro. Se conocieron, además, imágenes tomadas por cámaras de la Autopista 7 que comprometerían a la policía porteña en el asesinato de la chica.

Churapuña y Salgueiro fueron asesinados ese 7 de diciembre a la nochecita, cuando las policías desataron la represión. Los mataron en dos extremos del Indoamericano distantes entre sí y sin embargo les extrajeron perdigones prácticamente iguales. Ninguno de los dos participaba de la toma, estaban mirando. A él lo mataron en el ingreso a la villa 20. A ella, a 250 metros del cruce entre la Autopista 7 y Castañares. Desde un comienzo, la policía intentó instalar la teoría de que los plomos provenían de armas de fabricación casera accionadas en el enfrentamiento con ocupas y vecinos. El testimonio de Wilson Fernández Prieto fue el primero en contradecir esa versión: tiene un orificio de bala en el hombro izquierdo, otra le arrancó parte de la oreja derecha y dijo que pudo ver a policías disparar desde el puente de Escalada (donde había federales y metropolitanos) hacia donde estaba él, también en la villa 20. Poco después denunció seguimientos e interrogatorios policiales irregulares.

Hace algunas semanas, la fiscalía de Abraldes dio con otros tres jóvenes heridos en Soldati, en la misma jornada y en horarios próximos, al analizar la lista de pacientes que habían ingresado para atenderse en los hospitales cercanos, explicaron allegados a la causa. Los peritos de Gendarmería evaluaron las heridas que presentan dos de ellos, con orificios de entrada y salida (los proyectiles no están) y dijeron que son propias de municiones de plomo compatibles con escopetas policiales.

José Ronald Meriva Guzmán vive en la villa 20 y estaba llegando del trabajo cuando vio gente corriendo por la avenida Escalada, algunos lanzando piedras, hacia la entrada a su barrio. Bajó por el terraplén, pegado a un cementerio de autos, y en paralelo veía policías “de negro”. Al voltearse hacia el puente sintió “un calor” en la pierna. Un perdigón se la había atravesado. Guzmán dijo que, cerca, vio a un hombre herido en la oreja, que sería Wilson. En un punto cercano mataron a Salgueiro. La querella que representa a su familia llevó a declarar el lunes a un hombre que estaba junto a él. No sólo dijo que vio a la policía gatillar: mostró que él recibió un tiro en la pierna.

Miguel Angel Montoya se encontraba en la otra punta del predio. Estaba, dijo, en la casa de un amigo suyo en Los Piletones, cuando recibió el aviso de que habían herido a un conocido. Salió, escuchó escopetazos y cruzó la Autopista 7, donde vio un camión hidrante, además de agentes policiales arriba y al costado. También vio a tres o cuatro uniformados dentro del Indoamericano tirando bombas de gas hacia la gente, que devolvía con piedras. Fue cerca de las 20.30, precisó. “Escuché un disparo. Dos balas me pegaron en el cuerpo (en la pierna y sobre la cintura) y otra me agujereó la remera”, recordó ante la fiscalía. Montoya aceptó hacer una reconstrucción en el lugar y se situó en un punto muy cercano a donde asesinaron a Churapuña. Una de las pruebas fuertes que corroboran este relato y complican a la Policía Metropolitana sobre su accionar en ese sector del parque es una filmación de las cámaras de la autopista, que registra el avance de un grupo de sus agentes en dirección a ese punto y a la hora señalada por Montoya. El otro hombre herido debía declarar el lunes último, pero faltó.

Abraldes les pidió a los jefes de la Federal y de la Metropolitana que informen qué policías integraban tanto el grupo del puente de Escalada como el que está filmado llegando a la autopista. Hasta ahora sólo fueron señalados dos hombres de la policía porteña. En la causa aún no hubo llamados a indagatoria por los homicidios y heridos. También se investiga un tercer asesinato, el de Emiliano Canaviri, que ocurrió dos días después, cuando ocupaba un predio lindero al Indoamericano.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-168445-2011-05-19.html

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Los nombres del 601

El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) presentó ayer una lista con los nombres y responsabilidades específicas de 915 civiles y 108 suboficiales que prestaron servicios en el Batallón de Inteligencia 601 durante la última dictadura militar. La presentación se hizo en el marco de la investigación a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello, “Batallón de Inteligencia 601 del Ejército argentino y otros sobre privación ilegítima de la libertad”. Como resultado de esta última entrega, ascendió a 6030 el número de agentes de inteligencia civiles y militares identificados, luego de que esta información permaneciera archivada y con carácter secreto durante 27 años. Con anterioridad se presentaron los nombres de 712 espías provenientes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) a pedido del juez federal de Bahía Blanca Eduardo Testoni, en la causa “Investigación de delito de lesa humanidad (Armada Argentina). A partir del decreto presidencial 4/2010, promovido desde la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, se abrieron los archivos que contienen información calificada como “secreto de Estado” entre 1976 y 1983. En enero del año pasado, el ANM entregó al juez federal Ariel Lijo un primer listado con nombres y funciones que revistaban 1599 civiles y 345 militares en el Batallón porteño 601, y de 2535 agentes civiles de inteligencia que se desempeñaron en distintos destacamentos y secciones de inteligencia del país. El Batallón 601 reunió personal de todos los servicios de inteligencia y Di Lello es uno de los primeros avocados a investigar su rol.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-168462-2011-05-19.html

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¿Quién debe investigar?

Por Julián Axat

La reciente promulgación de la Ley Nº 26.679 es significativamente valiosa desde el punto de vista institucional –y reconoce, también, la histórica lucha de los organismos de derechos humanos–, no sólo por haber introducido en el Código Penal de la Nación el delito de desaparición forzada de personas, sino también por haber agregado el artículo 194 bis al Código Procesal Penal nacional.

Esta última disposición obliga a los jueces a apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja que pudieran estar involucrados –o meramente sospechadas– como autores o partícipes de los hechos que se investigan. De esta manera, se evita y corrige la lamentable situación por la que atravesó la causa por la desaparición de Julio López, donde la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sospechada de haber participado en el crimen, se investigó a sí misma durante casi 18 meses.

Por otra parte, la promulgación de la ley podría leerse como una fuerte señal hacia dentro del Poder Judicial, que debería evitar, en el futuro, la común operatoria de delegar las investigaciones sobre torturas en manos de los mismos policías denunciados, o sus camaradas, expertos en el arte de dormir las causas en un cajón, la rebaja de la carátula a severidades y apremios, o directamente la prescripción.

Años de banalización de la tortura por delegación al perpetrador nos enseñan que las verdaderas causas de la inseguridad pueden ser atacadas con políticas claras por parte del legislador nacional. En este sentido, es elogiable la medida y sería recomendable que las Legislaturas provinciales adoptaran la misma modificación procesal a los fines del respeto de los derechos humanos.

Integrante de AJUS (Abogados por la Justicia Social).

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-168466-2011-05-19.html

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“No fueron loquitos sueltos”

La abogada Myriam Bregman centró su acusación contra Astiz, Acosta y Cavallo, entre otros, en que los tormentos, los homicidios, los secuestros fueron parte de un plan que involucró a toda la Armada. Hoy pedirán las penas.

Por Adriana Meyer

“Patricia Walsh, Laura Villaflor y María Celeste Hazan son tres hijas que entrelazan hoy las historias de vida, de militancia y de compromiso de sus propios padres; en su nombre vamos a acusar a los aquí presentes para no permitir que se instale la mayor impunidad, la gran Operación Masacre, la del genocidio perpetrado en la Argentina.” Así comenzó el alegato de Myriam Bregman en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de exterminio que funcionó en la ESMA. La abogada destacó que “no fueron loquitos sueltos, no fueron errores, no fueron excesos, fue toda la institución”, en alusión a la Armada, y enfatizó que “quedan miles de ellos en funciones”. Sentada entre el público, muy cerca de los represores , la hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh se conmovió por la “fuerza, claridad y lucidez” del alegato, que calificó de “impresionante y extraordinario porque estuvo a la altura de lo que nos hubiera pedido mi padre y sigue el ejemplo de su Carta Abierta”.

Mientras en una pantalla gigante se sucedían imágenes de la ESMA, la casa de Walsh en el Tigre y los rostros de los desaparecidos del Grupo Villaflor, los genocidas se iban dando vuelta para mirar de frente a sus acusadores, Bregman y Luis Bonomi. Acosta desistió de sus habituales “siestas” y, al igual que al resto, se lo vio muy inquieto. “Estaban nerviosos sintiendo el impacto del alegato colectivo de Justicia Ya!, político y a la vez rigurosamente acusatorio, construido con la fortaleza de los sobrevivientes”, dijo Patricia Walsh a Página/12 . De hecho, los letrados hablaron también en nombre de los ex detenidos-de-saparecidos de la ESMA Luis “Cachito” Fukman, Carlos “el Sueco” Lordkipanidse, ambos de Montoneros, y Osvaldo Barros, del Grupo Obrero Revolucionario.

Bregman planteó que la Armada en su conjunto actuó “en un plan sistemático de exterminio, un genocidio contra una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social para cambiar regresivamente al país, aumentar la explotación de la clase trabajadora y disciplinarla, a la vez que redoblaban las ataduras al imperialismo”. Y acusó a Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Julio Coronel, Juan Fotea, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Jorge Radice, Ernesto Weber y Pablo García Velazco por el asesinato de Walsh, cuya Carta Abierta a la Junta Militar fue el eje argumentativo del alegato, con citas textuales del escrito.

“Estos integrantes de la Unidad de Tareas 3/3.2 realizaron el viernes 25 de marzo de 1977, entre las 14.30 y las 16, un operativo de gran magnitud en las inmediaciones de San Juan y Entre Ríos, para secuestrar a Rodolfo Walsh, interrogarlo bajo tortura y someterlo a condiciones inhumanas”, dijo la abogada. El escritor se resistió y se defendió con un arma calibre 22, pero fue baleado. Los restos de Walsh siguen desaparecidos, aunque su hija Patricia sospecha que pueden estar en el campo de deportes de la ESMA. “Hay que hacer los peritajes de una vez e impedir que sigan haciendo deportes allí, que es jurisdicción nacional”, dijo Walsh, impulsora de la nulidad parlamentaria de las leyes de impunidad.

Los imputados también deberán responder por la sustracción de los objetos personales de Walsh, además de la pistola, un reloj Omega y un portafolios con copias de la Carta Abierta junto al boleto de compra venta de su casa de San Vicente. Y también por los que se llevaron tras el allanamiento de esa vivienda y la del Tigre, entre ellos cuentos, proyectos literarios, sus memorias, su diario personal, carpetas con materiales periodísticos, documentos de Montoneros, cartas, libros, dibujos y fotos. Varias de estas pertenencias fueron vistas en la ESMA, según fue relatado en el juicio. En tal sentido, Patricia Walsh destacó el coraje de los vecinos de San Vicente y de Tigre, que declararon sobre esos operativos por primera vez. Los informes aportados por la Comisión Provincial por la Memoria indicaron que la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense había hecho actividades de Inteligencia previas a tales procedimientos. Un dato inédito surgido del juicio indica que cuatro de sus vecinos del Tigre fueron secuestrados y llevados a la ESMA, luego de que sus casas también fueran allanadas.

“Empiezo a subir la escalera y tropiezo con un grupo que estaba muy excitado, alcanzo a ver una camilla y desnudo de la cintura para arriba reconozco a Rodolfo, me parece ver un par de impactos de bala en el pecho, los comentarios eran ‘se nos quedó’”, relató en el juicio Martín Gras, y abonó así la teoría de que habría llegado herido a la ESMA. En ese momento las imágenes mostraron la escalera de la ESMA y su hija Patricia se estremeció conmocionada. “Era una leyenda para algunos oficiales”, agregó.

Bregman cuestionó que el juicio haya dejado afuera a las compañeras y a los hijos de los sobrevivientes, que también estuvieron cautivos. “Hay 250 represores de la ESMA identificados y más de 800 compañeros estuvieron ahí secuestrados, pero este juicio es contra 18 victimarios por 86 víctimas”, precisó. Y replicó a la defensa de los represores que “el desguace de la causa, lejos de perjudicarlos, los beneficia”. Tras argumentar que la Armada tenía archivos de su accionar genocida, tal como admitió el cardenal Jorge Bergoglio en su declaración, la abogada recordó que el Tribunal Oral Federal Nº5 les negó el pedido de allanamiento al Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y a los domicilios de Acosta y Emilio Massera, donde presumiblemente podrían haberse encontrado documentos de Walsh.

En un cuarto intermedio, uno de los familiares de los imputados comentó al resto: “A ésta Alfredo la tiene en la garganta”. Alfredo, que es Astiz, tendrá que escuchar hoy de nuevo a ésta, que es Bregman, y a su colega Bonomi, cuando aleguen por el caso de Raymundo Villaflor y pidan las penas para él y los demás genocidas: prisión perpetua en cárcel común.

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Gacetilla de Prensa

Muere una joven de 34 años por el derrumbe de una pared en 38 e/3 y 4
"Por la voracidad de los "desarrolladores inmobiliarios", la complicidad y negligencia de los funcionarios; hoy lamentamos la muerte de una joven. Dijeron desde la Asamblea Defendamos La Plata, en estado de consternación e indignación por lo ocurrido en el derrumbe de la calle 38 e/3 y 4.
"Esto lo venimos advirtiendo desde hace más de un año, hechos de este tipo se vienen sucediendo a diario con consecuencias menores a la pérdida de vidas humanas." afirmó un miembro de la organización.
Desde este ámbito están convencidos que los vecinos de La Plata están sometidos al abandono y la decidia de los funcionarios, siendo victimas de la más voraz especulación inmobiliaria, con consecuencias como : la destrucción de la identidad, devastación de espacios verdes y árboles, tránsito descontrolado, abandono, suciedad. Y muerte.
Asimismo agregaron : "Está claro que el derrumbe ocurrió por el pozo que están haciendo al lado para realizar una construcción en altura que no debería estar en este barrio. A la sombra de las torres que sin precauciones se levantaban en cualquier lugar de La Plata, ya hace un año que desde Defendamos La Plata, junto a profesionales y técnicos especializados, anunciamos que esto podía pasar."
Frente a este hecho se nos viene inmediatamente a la memoria el caso del gimnasio de Villa Urquiza, en la Capital Federal, analizando que frente a tal inoperancia del estado, las consecuencias podrían haber sido peor.
El relajamiento de las normas de construcción para favorecer la especulación inmobiliaria establecido en el nuevo Código de Planeamiento Urbano, impuesto de manera prepotente por la administración Bruera –y todos sus socios especuladores– a la Ciudad, provocó una estampida de demoliciones y construcciones no programadas. Sin controles adecuados, sin estudios ambientales, sin una proyección seria de crecimiento, sin protección para la gente.
"No cabe duda que la convalidación de este COU por el Gobernador Scioli pondrá aún más en riesgo la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, ya que les dará la luz verde para seguir adelante. Si esto sucede el Gobernador también tendrá responsabilidad por las consecuencias de dicha convalidación.
Asimismo, los vecinos indignados dijeron que esto demuestra cómo estamos siendo tratados, de la importancia de lo cotidiano y nuestra vida para aquellos que deberían cuidarnos. En definitiva, el egoísmo, la especulación y la arrogancia de esta administración que hace oídos sordos a los reclamos de los vecinos, trae las terribles consecuencias que todos lamentamos. "Esta actitud hoy se cobra una víctima, una joven platense, con nombre y apellido, que deja a su hijita, a su familia y a todos nosotros sumergidos en una avalancha de indignación y dolor por algo que podría haber sido evitado." finalizó con lágrimas en los ojos una vecina que conocia a la victima.

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Asociación sin fines de lucro por la defensa y protección del patrimonio histórico.

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