NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

lunes, 8 de mayo de 2017

CHARLA DEBATE - TERRORISMO DE ESTADO ANTES DEL ‘76


Desde HIJOS La Plata invitamos a una charla debate sobre una temática compleja y polémica, pero a la que no le sacamos el cuerpo.
Desde el lunes 15 de mayo el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata estará juzgando a Carlos Ernesto Castillo y Juan José Pomares, integrantes de la banda de la derecha peronista CNU de La Plata, aunque solo se incluirán en el debate los casos de 7 víctimas en 3 hechos, de una lista total de más de 60 asesinatos aún impunes cometidos en nuestra ciudad entre 1974 y 1976.
Procesados en 2011, recién en marzo de 2015 se elevó la causa a juicio acusando a Carlos “Indio” Castillo por secuestros, homicidio, violación de domicilio y robo en los tres hechos principales, y a Juan José “Pipi” Pomares por secuestro y homicidio en uno de los hechos. Las víctimas fueron trabajadores, delegados gremiales y militantes del peronismo de izquierda. Ante graves amenazas a uno de los sobrevivientes, en junio de 2012 la Cámara Federal resolvió que todos los testigos/sobrevivientes tuvieran identidad reservada.
El “Indio” Castillo tuvo varias entradas y salidas de prisión en los '80 en causas por robo y tenencia de armas, se vinculó a los mandos carapintadas y trabajó para el Modín de Aldo Rico. Desde HIJOS La Plata lo escrachamos en su guarida impune en la ciudad en 1998. El “Pipi” Pomares se recicló en democracia como asesor del bloque del FPV en el senado provincial y en cargos municipales en las gestiones de Julio Alak y Pablo Bruera. Ambos operaron como jefes de la CNU La Plata antes de la dictadura, reportando directamente al gobernador peronista Victorio Calabró, y siguieron actuando al mando de los grupos de tareas luego del golpe.
La responsabilidad del gobierno peronista en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de lesa humanidad, son hoy innegables. Ya es hora de discutir a fondo la organización desde el Estado de la represión a los opositores políticos antes del golpe.
Pasados más de 40 años de los hechos, el juicio es una excelente oportunidad para revisar la concepción de los crímenes de Estado previos al golpe del '76. Pero también preguntarnos qué estamos juzgando en este proceso: a un grupo de lúmpenes desbocados con banca en la fuerzas de seguridad y armadas, o bien a una estructura criminal del Estado, con todo lo que ello significa que se utilizó para frenar la avanzada popular antes del golpe.
Si con la lucha y el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos hemos podido hacer reconocer en la justicia el carácter sistemático, planificado y extendido que tuvo la represión de Estado durante la última dictadura, y hasta hemos logrado que se lo defina específicamente como un Genocidio, es decir la eliminación del grupo nacional que se oponía al régimen, mucho falta por capitalizar respecto a lo que sucedió con la represión en el período previo al golpe.
En este sentido puede empezarse por repasar qué es lo que hace a un crimen de Estado un delito de lesa humanidad, cuál fue el contexto que gestó y permitió las graves violaciones a los Derechos Humanos producidas en ese interregno democrático entre las dictaduras del '66 y el '76, y cuáles son los principales escollos jurídicos y políticos para avanzar en el juzgamiento de los hechos cometidos en ese período.

Expondrán

Pablo Bonavena (sociólogo, docente e investigador del Movimiento Estudiantil).
Eduardo Soares (integrante de la Gremial de Abogados, Convocatoria Segunda Independencia, e hijo de un militante asesinado por la CNU).
Y un compañero de HIJOS La Plata.

Martes 9 de mayo. 18 horas.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UNLP) - Aula 2.

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