NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

lunes, 26 de marzo de 2012

Que mas se tiene que entregar por el proyecto NAC&POP?

Lunes 26/03/12
Protesta en el litoral contra el Comando Sur.
Organizaciones sociales y culturales de la región litoral firmaron un documento de repudio contra la presencia de militares del Comando Sur de los Estados Unidos en el litoral argentino, y llamaron al desmantelamiento de su sede. “Rechazamos las acciones y las palabras del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que abrió el territorio del litoral argentino a los halcones del Comando Sur del imperio bajo la máscara de ‘ayuda humanitaria’”, afirmaron los firmantes y advirtieron sobre “los graves riesgos que esta medida genera en las aspiraciones de paz, trabajo y unidad de los pueblos del continente”.


Reproducimos a continuación el documento “Repudio a la intrusión del Comando Sur estadounidense en el litoral argentino” completo: “Ante el peor mensaje, con vistas al 24 de marzo y el 2 de abril.Los miembros de las organizaciones sociales abajo firmantes repudiamos la inauguración de una base del Comando Sur de los Estados Unidos y de la Cuarta Flota en el Litoral Argentino y reclamamos su retiro, por las diez razones que exponemos.

Rechazamos las acciones y las palabras del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que (con la anuencia del ex ministro Aníbal Fernández) abrió el territorio del litoral argentino a los halcones del Comando Sur del imperio bajo la máscara de “ayuda humanitaria”. Y advertimos sobre los graves riesgos que esta medida genera en las aspiraciones de paz, trabajo y unidad de los pueblos del continente.

Para la prevención y acción sobre sequías, inundaciones o dengue, temas de alta significación, no necesitamos auxilio de militares norteamericanos.

La inauguración de esta casa del Comando Sur en el aeropuerto de Resistencia constituye una burla a los luchadores por la emancipación, muchos de ellos desaparecidos o muertos por grupos que fueron brazos del imperialismo, y a quienes recordamos este 24 de marzo; y una burla también a los combatientes muertos en las Malvinas y a los veteranos de guerra, con quienes conmemoramos este 2 de abril los 30 años de la recuperación transitoria de nuestra soberanía usurpada en el Atlántico Sur.

Contra todas las advertencias del buen juicio, Capitanich encubre con pretensiones de filantropía una base estratégica para el Comando Sur y la IV Flota.

Sostenemos que esa Casa debe ser desmantelada por las siguientes diez razones:

1- Nada tienen que hacer militares de un país imperialista metidos en nuestra región de paz. La excusa de que habrá trabajadores argentinos no desmiente el ingreso de los uniformados del norte.

2- Para los casos de emergencia o catástrofe existen los organismos argentinos de salud, emergencia, seguridad, o los que deban crearse con esos propósitos. E incluso podemos contar con información satelital apropiada para prevenir efectos de inundaciones y sequías.

Nuestro litoral posee decenas de instituciones nacionales, provinciales, municipales y de entidades civiles equipadas para la prevención, y que deben ser apoyadas para mejorar sus sistemas, pero en ningún caso se requiere el auxilio de militares estadounidenses.

3- Si no existen razones para abrir paso a un poder militar extranjero, menos aún al estadounidense, que mantiene sojuzgados a tantos países del planeta, y que está denunciado como protagonista de los últimos golpes de estado en nuestro continente; el mismo que colaboró con Gran Bretaña en el asalto al territorio argentino hace treinta años, para quedarse en Malvinas, incluso con el aporte de los satélites que ayudaron a hundir nuestros buques. Tenemos muy claro que saben mucho de satélites, y para qué los usan.

4- El Comando Sur posee navíos provistos de misiles atómicos, tiene portaaviones de propulsión nuclear, es una fuerza militar imperialista y por tanto enemiga de nuestros pueblos trabajadores. La peor de todas. Otros países hermanos han denunciado al Comando Sur y a la IV Flota por sus patrullajes en nuestras costas como una “amenaza”. A esos mismos países les agradecemos su acompañamiento a nuestros reclamos por las Malvinas, y no es coherente darles como respuesta esta señal harto contradictoria.

5- Estamos advertidos de que las potencias imperialistas aliadas en la OTAN, que ya usurparon a sangre y fuego nuestro territorio y pretenden crear un país satélite de 5 millones de kilómetros cuadrados en el Atlántico Sur, vienen por el agua, vienen por la cuenca, las tierras fértiles, el oro, el petróleo, la energía; vienen por nuestras riquezas, e informados como estamos de esta situación no es razonable facilitarles sus objetivos, menos aún a sus fuerzas armadas que usarán la información con propósitos de espionaje en la triple frontera.

6- La ley llamada ´antiterrorista´ fue dictada a la medida de los Estados Unidos para proteger el extractivismo de sus trust en los países dependientes como el nuestro, y esta casa de los militares en el Chaco resulta un paso más en la política invasiva del norte.

7- Los gobiernos nacional y provincial no han ofrecido ningún fundamento que nos convenza de que se trata de una cooperación con los pueblos del litoral; existen fundamentos, sí, para demostrar que se trata de una penetración injustificada, y consentida por las autoridades transitorias.

8- Los pueblos del Litoral no hemos sido informados debidamente ni consultados, de modo que nos vemos obligados a tomar esta determinación del gobernador chaqueño como una provocación a los intereses de toda la región litoral. Ya padecimos en la misma línea, durante los años 90, las condenables prácticas de marines norteamericanos en la zona de Ibicuy, Entre Ríos.

9- No hay modo de explicar la confusión del gobernador Capitanich que ve palomas donde hay halcones, y ve una casa humanitaria donde, a todas luces, está “el huevo de la serpiente”.

10- Nuestros pueblos ya sepultaron la alianza con los Estados Unidos, la exhumación de sus restos propuesta por Capitanich (según las declaraciones conocidas en estos días) corre por su cuenta y expresa exactamente lo opuesto a las aspiraciones de los pueblos de nuestra América, Abya Yala. Capitanich debe velar por los intereses y derechos de los chaqueños, no por los que pagaron sus becas, y en cualquier caso no tiene jurisdicción sobre el conjunto de los pueblos del litoral, a los que expone sin medir consecuencias ni reparar en el temible precedente que está sentando.

Por la emancipación de nuestros pueblos, por la preservación de nuestras riquezas, por la unidad de los pueblos de Abya Yala, por la dignidad frente al imperialismo y al colonialismo, ¡fuera Comando Sur, del Litoral argentino!

Paraná, 23 de marzo de 2012.


*Junta Americana por los Pueblos Libres -JAPL-.
*Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”, de la Facultad de Ciencias de la Educación UNER.
*Foro Artiguista Entrerriano.
*Regional Entre Ríos de la CTA (C.E. Locales Paraná, Concepción del Uruguay, Federación, Villaguay).
*Proyecto Sur Entre Ríos.
*Sindicato Empleadas en Casas de Familias de Entre Ríos.
*Corriente Clasista Combativa -CCC- Entre Ríos.
Estas agrupaciones son integradas por trabajadores en general, estudiantes, docentes, periodistas, artistas, cooperativistas, dirigentes gremiales, ambientalistas, economistas, e investigadores de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y de la República Oriental del Uruguay”.
Red Eco Alternativo

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Chaco: se instala el Comando Sur norteamericano

Viernes, 23/03/12
En un reciente anuncio, rodeado por el comandante Edwin Passmore y Jefferson Brown, ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, el Gobernador Capitanich informó sobre la instalación de una base del Comando Sur en el marco del "Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias", impulsado en su momento por el actual Senador Aníbal Fernández.
El Comando Sur, tras el disfraz de ayuda “humanitaria” y la lucha contra el “narco-terrorismo”, es el instrumento que ha implementado Estados Unidos para intervenir en Latinoamérica, especialmente en aquellos países donde los gobiernos no están alineados con los dictados de Washington.

Los partes de prensa afirman que este emprendimiento, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Resistencia, es el primer Centro de respuesta a emergencias que demandó una inversión de 3 millones de dólares y fue ejecutado a través de la donación de la Embajada de Estados Unidos y su finalidad será realizar campañas de "concientización humanitaria" y de instrucción a la población, para luego en un futuro cercano, establecer tropas para "ayuda humanitaria".
El Comando Sur, tras el disfraz de ayuda “humanitaria” y la lucha contra el “narco-terrorismo”, es el instrumento que ha implementado Estados Unidos para intervenir en Latinoamérica, especialmente en aquellos países donde los gobiernos no están alineados con los dictados de Washington.
La instalación de esta base en nuestra provincia, corazón del Mercosur, es de orden estratégico, la actividad de esta base no se restringirá únicamente a la “ayuda humanitaria” o intervención de catástrofes, sino que entre otras funciones realizará el monitoreo, inteligencia y vigilancia de las importantes reservas de agua dulce (Acuífero Guaraní), del Petróleo y recursos forestales; la formación y entrenamiento de las fuerzas de seguridad y también, en los casos que amerite, la intervención solapada en la vida política de la región.
La entrega de tierras a capitales Saudíes (principales aliados de EEUU en el Golfo Pérsico) y la instalación de esta base del Comando Sur en nuestra provincia, son las aristas de una política de entrega de nuestra soberanía a intereses foráneos.
A días de un nuevo aniversario del golpe militar 24 de marzo (apoyado y estimulado por EEUU) y de un nuevo aniversario del 2 de abril, este anuncio es una nueva afrenta a nuestra soberanía, y muestra nuevamente el doble discurso del kirchnerismo.


Red Eco Alternativo.
22 de marzo de 2012
Prof. Marcelo Salgado
Coordinador ISEPCI/Chaco
www.isepci.org.ar

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Contra la impunidad de ayer y de hoy a 36 años del golpe cívico – militar

Domingo 25/03/12
"A este ritmo serían necesarios 50 años para terminar de juzgar a los represores"
La multitudinaria marcha organizada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), con motivo del trigésimo sexto aniversario del golpe cívico militar de 1976, exigió en Plaza de Mayo, al Gobierno Nacional en un documento consensuado, cárcel común y efectiva de todos los genocidas incluidos los actores civiles y eclesiásticos, la unificación de las causas, inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura, basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión, derogación de la ley Antiterrorista sancionada el año pasado, reclamó además la aparición con vida de Jorge Julio López junto con la libertad de los 5.000 presos por luchar y el cese a la violencia contra los Pueblos Originarios, campesinos y demás pueblos que se oponen al saqueo del modelo extractivista y los agro - negocios.

Foto: AW

Ante una Plaza de Mayo repleta de columnas de personas que comenzaron a llegar a las 17.11, que partió del Congreso un poco después de las 15.30, y que a las 18.30 no terminaba de incorporar a la totalidad de los marchantes dada la magnitud convocada, expresaron los oradores: "Repudiamos a la dictadura que a costa de la sangre de nuestro pueblo impuso ferozmente la entrega, el endeudamiento la explotación y el hambre, además del exterminio de decenas de miles de compañeros, los campos de concentración de la más brutal dictadura que conoce nuestra historia".

En esta línea apuntaron a los crímenes que empezaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia en Tucumán y en el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple AAA) y demás bandas fascistas en todo el país, por lo cual demandaron justicia.
Reivindicaron también "al amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir transformaciones de fondo en la Argentina".
La impunidad de la dictadura continúa
"Luchamos porque se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campos de concentración (existieron 600) y hoy no llegamos ni a dos represores por campo procesados y condenados". Seguidamente apuntaron a que miles de represores caminan por las calles o están activos, como sucede con los más de 1000 oficiales y subo oficiales de la Armada que prestaron servicio entre 1976 y 1983 y hoy se encuentran en funciones sin ser investigados.



El encuentro denunció que las causas por delitos de Lesa Humanidad siguen siendo en su inmensa mayoría, fragmentadas, parcializadas y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio y remarcaron que "a este ritmo serían necesarios 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados". Sobre esto señalaron a los jueces, cómplices, socios familiares y amigos de los genocidas que entorpecen los juzgamientos, y al Gobierno Nacional por tener oportunidad de cambiar a los magistrados y no lo hace.

El procurador General de la Nación, Esteban Righi, jefe máximo de los fiscales por nombrado a propuesta de Presidencia de la Nación porque avalo a los fiscales cómplices al tiempo que dio instrucciones precisas para el desguace las causas e impulsa su fragmentación, incluida la que tiene más pruebas del país, la de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Tuvieron que pasar más de seis años de juicios orales, para que finalmente la Cámara de Casación se pronuncie con una acordada para acelerar y mejorar el desarrollo de las audiencias contra los genocidas, logro que le atribuyeron a todas las organizaciones.
"De los cerca de 850 condenados y procesado, solo 297 están detenidos en unidades penitenciarias, el resto goza de domiciliarias o directamente esta libre", sentenciaron y trajeron a colación el "aberrante caso del genocida Luciano Benjamín Menéndez Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército que tiene 6 condenas a cadena perpetua pero las cumple alegremente en su casa, entre otros, como médicos torturadores que recibieron penas menores por su actuación o esperan libres la confirmación de las respectivas condenas ". Exhortaron a que los juicios sean por campo de concentración, circuito represivo y escala de mando.

La apertura y publicación de la totalidad de los archivos la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas, fue otra de las exigencias planteadas por el documento consensuado al Gobierno, ya que aseguran, "contienen el destino de los 30.000 compañeros detenidos - desaparecidos y de sus hijos apropiados". Recordemos que más de 400 niñas/os que secuestró la dictadura junto a las personas desaparecidas o que fueron nacidas en cautiverio y luego dadas en adopción a militares o cercanos, continúan sin saber su verdadera identidad. Sólo 105 nietos fueron recuperados hasta el momento.


Jorge Julio López, secuestrado en la dictadura y desaparecido en septiembre de 2006 cuyo testimonio envió a Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y Silvia Suppo (secuestrada, torturada y abusada sexualmente por grupos de tareas a los 17 años y obligada a abortar por la misma gente, testigo en causas por derechos humanos, asesinada en marzo del 2010, testimonió en la causa que condenó al ex juez federal Víctor Brusa a 21 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos) "son bandera, testimonio y símbolo que evidencia descarnadamente la continuidad del aparato represivo de la dictadura".

El documento ahondo en la responsabilidad del Gobierno, "autodenominado defensor de los Derechos Humanos, para ocultar en la continuidad de la impunidad y sus políticas represivas, mientras mantienen las privatizaciones y las reformas anti obreras del menemismo".
Se solidarizaron con los familiares de y las víctimas de la tragedia de once, y dijeron que los que pasó "es consecuencia directa de las políticas de negociados millonarios y corruptos de la gestión kirchnerista con Trenes de Buenos Aires (TBA), los Cirigliano y la burocracia sindical", intereses que además, indicaron que estuvieron detrás del crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. A continuación señalaron que las líneas ferroviarias deben estar en manos de los trabajadores y sus usuarios.

Así, fueron apoyados los pueblos que se oponen a los emprendimientos mega mineros: "La lucha de los pueblos de Famatina, Belén, Tinogasta, Esquel, Santa María, Chilecito y todos aquellos que se han alzado contra la política de saqueo de nuestras riquezas en beneficio de las corporaciones imperialistas".
Los Pueblos Originarios -cuya permanencia en sus territorios ancestrales en defensa de los bienes naturales comunes de la devastación- prevista por la Constitución, se incumple en su inmensa mayoría a la vez que son perseguidos, discriminados, asesinados (caso Qom de Formosa, caso Diaguita al norte tucumano, caso Ferreyra en Santiago del Estero) obtuvieron el apoyo de los miles de convocados al acto. "¡Su lucha es la nuestra!", clamaron.

A estas exigencias se sumaron:

•La nacionalización sin pago de las empresas inglesas y demás multinacionales, en el territorio argentino. La anulación de los pactos secretos firmados entre el menemismo e Inglaterra.

•No al pago de la deuda externa.

• No a la criminalización de la pobreza y la protesta. Aumento de los planes sociales, sin clientelismo. Trabajo genuino.
"La Ministra Garré (Nilda), el pasado 16 de marzo, tildó de extorsionadores a los desocupados de Argentina Trabaja cuando reclamaban un aumento salarial". No fue la primera vez que se ataca la protesta desde un estrado oficial. "Eso da luz verde a que magistrados y fiscales cómplices avancen más en la criminalización de la protesta social".
El gatillo fácil se sigue cobrando la vida de los jóvenes en las barriadas populares, con la complicidad de la policía, jueces y funcionarios.

Ciudad de Buenos Aires
Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un capítulo aparte: "por la destrucción de la salud y la educación pública (en estos días intenta cerrar 221 cursos y grados de las escuelas estatales en la Ciudad) mientras otorga subsidios millonarios a establecimientos privados". Acusaron a Macri de proteger los súper negocios inmobiliarios a costa del desalojo de familias humildes y "en sintonía con el Gobierno Nacional". A través de la policía metropolitana dijeron, instrumenta políticas de espionaje y represión contra docentes, trabajadores, ocupados y desocupados".

•Anulación de toda la legislación represiva.

En el último año y medio, en todo el país fueron asesinados 18 luchadores populares. La ley antiterrorista la cual demandaron que sea derogada, y que fue sancionada el año pasado a propuesta del poder ejecutivo, "porque pretende acallar las luchas y quienes la votaron son verdaderos responsables de traición al pueblo". La ley, fija el encarcelamiento a quienes exijan por sus derechos a una autoridad nacional, a un gobierno extranjero, o a organismos internacionales para que haga o deje de hacer algo. Desde el inicio de la gestión Kirchner - Fernández, van contabilizados 5.000 luchadores del campo popular.
"Ante nuestros 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos nos comprometemos en la lucha hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad: una Argentina liberada de la opresión imperialista y la explotación".

Protagonistas varios
Desde Chile sin escalas, Roberto, manifestó su total apoyo a las luchas, los detenidos - desaparecidos tanto de Argentina como del país vecino. Cabe recordar que el Plan Cóndor, impulsado por Estados Unidos, instauro en toda Latinoamérica dictaduras con el fin de evitar la instalación de otra Cuba en la región.
Lamentó además la inexistencia de juicios a represores en Chile, "transitan libremente por las calles" y apunto sobre las enormes desigualdades sociales - económicas, la persecución a los trabajadores, estudiantes con la Ley Antiterrorista local para que no hagan escuchar sus reclamos.
"Esperamos que este año sea todavía más álgido con respecto a la lucha de los estudiantes (que se encuentra en un impasse dada la escalda represiva del Gobierno de Sebastián Piñera.

El mundo con el que soñaban
Roberto reflexiono además sobre la consolidación del modelo neoliberalista, sobre el mundo contra el que luchaban las personas desaparecidas, "para la gran burguesía nosotros somos un país desarrollado, pero eso es no querer ver la franja divisoria entre la gran mayoría y ellos, pero nosotros vamos a tratar por todos los medios de impedir que esta brecha siga adelante".
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), acompañó como cada año la multitudinaria marcha. Uno de sus miembros Adrian, dijo "La represión, tanto en democracia como en dictadura es política de Estado. Desde 1983 a la fecha se sigue torturando se sigue matando, porque mientras siga habiendo una sociedad divida en clases la represión es el arma de la clase dominante para mantener la opresión de muchos debajo de los privilegios de pocos".

Ferroviarios se suman
Se juntaron por primera vez varias organizaciones de empleados ferroviarios para exigir justicia por sus 111 compañeros desaparecidos durante el genocidio, y repudiar al gobierno de facto. "La presencia masiva del pueblo en general, es muy importante en las calles para empezar a cambiar las cosas", respondió Gustavo, trabajador ferroviario.
Piensa al igual que Roberto, que el Estado liberalista contra el que se levantaron en armas o no los desaparecidos, está más que vigente, "debemos empezar a construir porque no se admite que haya tanta brecha social entre los que más tienen y los que no tienen casi nada".

Hijo y maestro que luchan te están enseñando

Alejo, es hijo de desaparecidos, y tiene, al igual que sus compañeros que no están, que sus propios padres, que los miles que van a su lado saltando y cantando, la misma convicción que Joaquín, docente tal como señala el documento consensuado: Están comprometidos con la historia, con el presente, el futuro, y apoyan las luchas que recorren el país.


Agencia Walsh
Amalia Colombo.

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Documento 24/03/12. EMVJ

Domingo, 25/03/12
Masiva movilización a 36 años del golpe genocida.
Más de 70 mil personas de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, de DDHH y de trabajadores marcharon desde el Congreso hasta Plaza de Mayo con la consigna: "30 mil detenidos-desaparecidos: Presentes!, Ahora y siempre!". Reproducimos el documento conjunto del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

DOCUMENTO 24 DE MARZO 2012
ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

Hoy, 24 de marzo, en esta jornada que nos reúne año a año, salimos a las calles y plazas de nuestra Argentina a repudiar el golpe genocida y a decir ¡presente! a nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos.

Cada 24 de marzo nuestra cita es con la Memoria, la Verdad y la Justicia, es con la Lucha, es mirar al futuro con las banderas de la rebeldía que la dictadura quiso, pero no pudo acallar.

Estamos acá para apoyar todas las luchas de los trabajadores y el pueblo, en defensa de sus derechos y contra la represión y la criminalización de la protesta.

Hoy decimos también ¡presente! a todos los luchadores populares asesinados por las fuerzas represivas durante los gobiernos constitucionales.

Este 24 de marzo, expresamos nuestro dolor e indignación por ese crimen largamente anunciado, que nos conmoviera el 22 de febrero: la masacre de Once y desde esta Plaza nos solidarizamos con los familiares de las 51 víctimas y nos sumamos a su exigencia de justicia.



Compañeras y compañeros:

Una vez más repudiamos a la dictadura que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso ferozmente la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre.

En este aniversario del golpe, repudiamos el exterminio de decenas de miles de compañeros, dirigentes y militantes obreros y populares. Repudiamos los campos de concentración, la desaparición, el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, el robo de niños, que impuso la más brutal dictadura que conoce nuestra historia. Repudiamos también los crímenes que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia en Tucumán y en el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país. ¡Repudiamos y Exigimos justicia!



Denunciamos al poder económico proimperialista, a los banqueros, a las empresas y la oligarquía terrateniente que planificaron y financiaron el golpe; a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la cúpula de la Iglesia que los bendijo; al poder judicial que los amparó; a los políticos que los avalaron; a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos. ¡Denunciamos y exigimos justicia!

Repudiamos el golpe que pretendió aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir transformaciones de fondo en la Argentina. Y que por eso buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo: cuerpos de delegados, centros de Estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, las más diversas militancias. La brutal represión, planificada y racional, tiene un nombre preciso: genocidio.



Estamos en la Plaza denunciando la dictadura genocida, pero estamos también aquí, compañeras y compañeros, revindicando la extraordinaria lucha de nuestro pueblo contra la impunidad. Ni la obediencia debida, ni el punto final, ni los indultos, pudieron con nuestra firme decisión de conquistar el castigo a todos los genocidas.

El camino iniciado con el heroísmo de las madres y otros organismos de ddhh plantados frente a la dictadura y con la resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de solidaridades que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos 36 años de presencia en las calles en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable de justicia. La anulación de las leyes de impunidad, que abrieron la posibilidad de juzgar a los genocidas fue un logro histórico de nuestra lucha.



Hoy, a 8 años, hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro país, con un resultado de 267 represores condenados y cerca de 850 procesados. Estas conquistas no tienen antecedentes en ninguna otra parte del mundo ni época de la historia.





Sin embargo la impunidad de la dictadura de ninguna manera ha llegado a su fin. Luchamos por que se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de concentración, y por todos los delitos que cometieron contra todos nuestros compañeros.

Existieron más de 600 centros clandestinos durante la dictadura y no llegamos ni a 2 represores por campo procesados o condenados!

Miles de represores caminan libres por las calles o están activos, como sucede con los más de 1000 oficiales y 3000 suboficiales de la Armada que prestaron servicios entre 1976 y 1983 y hoy se encuentran en funciones sin ser investigados.

Denunciamos que las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas, y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio. A este ritmo serán necesarios por lo menos 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados.

Denunciamos a los jueces cómplices/socios/familiares/amigos de los genocidas que entorpecen y demoran las causas, y denunciamos al Poder Ejecutivo, que tuvo y tiene la posibilidad de impulsar el cambio de los mismos y no lo hace.



Denunciamos al Procurador General de la Nación, jefe máximo de los fiscales, Esteban Righi, nombrado a propuesta de la presidencia de la Nación, porque avaló a los fiscales cómplices, dio instrucciones precisas para el desguace de las causas, e impulsa la fragmentación del juicio de la causa con más pruebas del país: la causa ESMA. Luego de más de 6 años de juicios orales, la Cámara de Casación finalmente se pronunció con una acordada para acelerar y mejorar el desarrollo de las audiencias contra los genocidas, y esto es un logro de todas las organizaciones que, desde el primer día denunciamos al desguace de las causas.

Luchamos para que todos los represores vayan presos a una cárcel común y efectiva, porque de todos los condenados y procesados, sólo 297 están detenidos en unidades penitenciarias. El resto goza de domiciliarias o directamente están libres, como el aberrante caso del genocida Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, que tiene 6 condenas a cadena perpetua pero las cumple alegremente en su casa; como el genocida Svedas, torturador del Circuito Camps que entra y sale de las audiencias libremente; como los médicos torturadores Magnaco y Berges, que tuvieron penas menores y las cumplieron en sus domicilios, o como los genocidas Olivera Róvere, Comes y Mariani, jefes de área del Primer Cuerpo de Ejército, que a pesar de estar condenados están en libertad hasta que la Cámara de Casación resuelva algún día confirmar la condena.



Luchamos por la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que contienen la información sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados. Exigimos al Gobierno su inmediata apertura y publicación!

Luchamos por la identidad de los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices. Hoy, 105 han recuperado su identidad, pero más de 400 siguen aún desaparecidos porque la política oficial no abre los archivos y sólo impulsa que quienes duden de sus orígenes, se hagan una prueba genética.

Luchamos exigiendo justicia por nuestros compañeros desaparecidos y asesinados, por Julio López y Silvia Suppo, que testimoniaron y lucharon contra la impunidad, y dieron sus vidas por ello. Julio y Silvia son bandera y testimonio, y símbolos que evidencian descarnadamente la continuidad del aparato represivo de la dictadura. Denunciamos al Gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que han echado sobre ellos un manto de impunidad y olvido. Exigimos el inmediato desmantelamiento del aparato represivo de la dictadura.

Denunciamos a Gerardo Martínez, agente del 601 y actual organizador de patotas de la UOCRA contra los trabajadores. Su accionar durante los años de la dictadura, y el de los cerca de 5500 agentes de inteligencia del Batallón 601 y de la Fuerza Aérea que fueron publicitados en el año 2010 deben ser investigados y juzgados sin más demoras! Exigimos cárcel ya!

Este 24 de marzo, reafirmamos que, el Gobierno que se presenta como líder de la lucha contra la impunidad de la dictadura no ha tomado las medidas políticas necesarias para garantizar el castigo a todos los culpables. Lejos de eso, por un lado pretende limpiar la imagen de las fuerzas represivas que siguen teniendo en sus filas a los genocidas de ayer y a sus discípulos de hoy; y por el otro, se vincula y hace negocios con otros genocidas, los que planificaron y financiaron el golpe, los que matan hoy de hambre, miseria, enfermedad, balas de goma y de plomo, como los Blaquier en Jujuy.



Por todo eso, este 24 de marzo, seguimos exigiendo que se unifiquen las causas, que los juicios sean por campo de concentración, circuito represivo y escala de mandos, y que se juzgue a todos los genocidas por los delitos cometidos contra todos los compañeros, y por lo que son: genocidas.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!

Compañeras y compañeros:

Hoy salimos, una vez más, a denunciar la impunidad de ayer y de hoy.

Salimos a denunciar al gobierno nacional, que utiliza las banderas de los ddhh, honradas por nuestra lucha de tantos años, porque pretende adueñarse de lo que supimos conseguir para ocultar su responsabilidad en la continuidad de la impunidad y su política represiva.

Estamos una y otra vez en la calle denunciando que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mantiene las privatizaciones y las reformas antiobreras del menemismo. Denunciamos que privilegia el pago de la deuda externa, las multimillonarias ganancias de empresas extranjeras y nacionales producto de una política extractiva, de saqueo y de superexplotación de los trabajadores. Asegura los beneficios a su propio grupo económico y sus amigos como en el caso del transporte, la entrega de nuestros recursos, el compromiso económico con las empresas imperialistas de la minería contaminante; los agronegocios como la soja; y la extranjerización de la tierra. Hoy, además, apremiado por la crisis económica mundial, profundiza medidas contra los trabajadores y el pueblo e intenta aplicar un plan de ajuste. Esta política es la verdadera contracara del discurso con el que se autodenomina progresista, defensor de los derechos humanos, nacional y popular.



Denunciamos este 24 de marzo al gobierno por la masacre de la estación Once, que nos duele, nos golpea y nos llena de bronca. Fue un verdadero crimen contra hombres, mujeres, y jóvenes trabajadores. Es la consecuencia directa de la política de privatizaciones que se mantiene desde el menemismo y de los negociados corruptos de la gestión kirchnerista con TBA, los Cirigliano y la burocracia sindical, a quienes durante 8 años les otorgaron subsidios millonarios pagados por el Estado Nacional. Unos y otros llenaron sus bolsillos a costa de la destrucción de nuestro sistema ferroviario. Esos mismos intereses son los estuvieron detrás del crimen de Mariano Ferreyra.

Los 51 muertos y los más de 600 heridos, son una muestra brutal del absoluto desprecio del gobierno y sus amigos empresarios por la vida de los sectores más humildes de nuestro pueblo. El cuerpo de delegados del Ferrocarril Sarmiento, cuyos dirigentes fueron perseguidos y reprimidos por el Gobierno en numerosas oportunidades, así como otros sectores de la oposición ferroviaria antiburocrática, han venido realizando durante todos estos años centenares de denuncias sobre los negociados, la corrupción, el desmantelamiento y el deterioro del sistema ferroviario. La reciente muerte de un trabajador de la línea D del subte, que falleció electrocutado mientras estaba trabajando es un ejemplo de esta dramática situación.



Nos llena de indignación el discurso del gobierno que no vaciló en culpabilizar a las víctimas y en negar su responsabilidad, presentándose como querellante en la causa, en la que hasta hoy el único imputado es el conductor del tren. Al mismo tiempo los funcionarios nacionales y la empresa dejaron en la más absoluta indefensión a las víctimas y sus familiares.

Exigimos juicio y castigo a los responsables de la masacre de Once: De Vido, Jaime, Schiavi, Cirigliano y Luna! Exigimos la reestatización de los ferrocarriles ya! con control obrero y de los usuarios.

Exigimos que comience ya el juicio contra Pedraza, la patota y los policías involucrados en el asesinato de Mariano Ferreyra!



Salimos este 24 de marzo a manifestar nuestra solidaridad con los pueblos de Famatina, Belén, Andalgalá, Tinogasta, Esquel, Santa María, Chilecito y todos aquellos que se han alzado contra la política de saqueo de nuestras riquezas en beneficio de los intereses de las corporaciones imperialistas depredadoras como la Barrick Gold y OSISKO, que se llevan lo que nos pertenece, contaminan nuestras tierras y ponen en riesgo la existencia de poblaciones enteras y la vida de sus habitantes.

Denunciamos hoy la brutal represión al pueblo de Tinogasta, la zona liberada a las patotas de las megamineras en Andalgalá, la represión directa y el encarcelamiento masivo en Belén y Santa María, la amenaza de aplicar la ley antiterrorista a los manifestantes. Unimos nuestra voz a la de ellos, reivindicamos su firmeza frente a la brutal represión que sufrieran, las persecuciones, las amenazas del gobierno nacional y sus socios locales, los gobernadores, para intentar paralizarlos y aislarlos. Y denunciamos también que las megamineras tuvieron zona liberada para acosar y perseguir a los periodistas que apoyan las puebladas o simplemente fueron en busca de información.

Las corporaciones que depredan nuestra cordillera y que son apoyadas por la presidenta son las mismas que saquean nuestro petróleo y nuestros recursos en las Islas Malvinas.

Desde esta plaza denunciamos al imperialismo colonialista inglés que usurpa nuestras Malvinas. Exigimos al gobierno que anule los pactos secretos con los ingleses firmados por Menem, y nacionalice sin pago a las empresas inglesas y a todas las multinacionales que saquean nuestras islas del Atlántico Sur.

Porque estamos comprometidos con la historia, con el presente y con el futuro, reivindicamos las luchas que recorren todo el país: las puebladas, cortes de calles y de rutas, huelgas, acampes, piquetes, las más diversas expresiones que dan voz a la legítima defensa de sus derechos por parte de las organizaciones obreras y populares. Y celebramos también las nuevas formas de organización de los trabajadores ocupados y desocupados, de los jubilados, de los estudiantes, de los pueblos que defienden sus condiciones ambientales, de los campesinos, de los pueblos originarios.



Sus demandas son las nuestras: no al ajuste y los tarifazos, no al hambre y la precarización laboral; salarios acordes a la canasta familiar y 82% para los jubilados, no al tope salarial; trabajo genuino y planes sociales sin clientelismos, tierra, vivienda, salud, educación para todos. No al saqueo de nuestros recursos naturales; no a la entrega; no al pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta.



Denunciamos que el gobierno nacional despliega hace largo tiempo una política represiva y de criminalización de las protestas, que pretende encubrir con mentiras, silencios y un discurso demonizante y persecutorio. De cada lucha surgen nuevos dirigentes y militantes procesados. Las causas abiertas en todo el país suman ya más de 4000. Víctor Oñate, delegado petrolero de Santa Cruz, y los compañeros MarioTapia y Aldo Claro de Jujuy siguen presos. Numerosas manifestaciones son reprimidas violentamente y el gobierno utiliza las patotas paraestatales y de la burocracia sindical para tercerizar la represión.

Pero nuestra lucha conquista logros y hoy celebramos haber obtenido la libertad de Carlos Olivera, dirigente de construcción, y de Karina Germano, hija de desaparecidos, que fueron bandera de lucha del Encuentro Memoria Verdad y Justicia a lo largo de estos años de injusta detención. Alertamos, sin embargo que la libertad de ambos no ha sido efectivizada al día de hoy. Hemos también conseguido la absolución de compañeros procesados por solidarizarse con las luchas de los trabajadores.

Cada una de estas conquistas nos reafirman en la convicción de seguir el camino de construcción de la unidad para defender los derechos populares.

En defensa de los derechos del pueblo denunciamos al gobierno de Macri por la destrucción de la salud y educación pública, en estos días intenta cerrar 221 grados y cursos de nuestras escuelas públicas mientras otorga subsidios millonarios a las escuelas privadas. Macri protege los super-negocios inmobiliarios, a costa del desalojo de cientos de familias humildes. En sintonía con el gobierno nacional, Macri, a través de la policía Metropolitana, instrumenta políticas de espionaje y represión contra docentes y trabajadores ocupados y desocupados.





Compañeras y compañeros:

Este 24 de marzo nuestra indignación se multiplica, porque la política represiva del gobierno reconoce un punto de inflexión: en el último año y medio fueron asesinados 18 luchadores populares y a fines del año pasado, el Congreso sancionó la ley antiterrorista a propuesta del poder ejecutivo.

Este gobierno pretende acallar la lucha, pero hoy decimos en esta Plaza que nuestra fuerza de denuncia y de exigencia se potencia en el homenaje militante a cada uno de los compañeros asesinados por luchar: Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (Bariloche)- Mariano Ferreira- Roberto López y Mario López (Formosa)- Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (Indoamericano.) Martires Lopez (Chaco)- Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (Jujuy)- -Cristian Ferreyra (Santiago del Estero) - Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (Rosario Santa Fe)- Noemí Condorí (Escobar).

Estos nombres se suman a los más de 70 compañeros y compañeras asesinados desde el año 2001, entre ellos:

Javier Chocobar (Tucumán), Lázaro Duarte (Neuquén), Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy), Darío Santillan y Maximiliano Kosteki (Puente Pueyredon), Petete Almirón y todos los muertos del 19 y 20 de diciembre de 2001.

El 4 de abril se cumplirán cinco años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, símbolo de la lucha docente en defensa de la escuela pública y la dignidad salarial. Por todos y cada uno de ellos exigimos el castigo a los responsables políticos y materiales!



La ley antiterrorista es el instrumento legal propuesto al Congreso por la presidenta Cristina Fernández para profundizar el castigo a todos los que luchan. Su sanción corre el velo de las máscaras democráticas con que se adorna el gobierno. Y los diputados y senadores que la votaron son verdaderos responsables de traición al pueblo argentino. Mientras la mayoría oficialista se ha negado una y otra vez a tratar una ley contra la criminalización de la protesta, la Ley antiterrorista exigida por el GAFI y el Grupo de los 20 fue aprobada entre gallos y medianoche.

Esta nueva ley califica de terrorista al que “exige a una autoridad nacional, a un gobierno extranjero o al agente de un organismo internacional que haga o deje de hacer algo”. Su aprobación permite que todo aquel que reclame por sus derechos pueda ser catalogado de terrorista con la consecuencia inmediata de ser encarcelado.

Fundamentar esta Ley en la masacre impune de la AMIA como si fuera un aporte a su esclarecimiento es una infamia que el gobierno manipula para ocultar sus propias responsabilidades en el encubrimiento de este crimen político.



Miles salimos a las calles a repudiarla y así como conseguimos la anulación de las leyes de impunidad, este 24 de marzo asumimos el compromiso de continuar en la lucha hasta conseguir que este engendro represivo sea derogado y se anule toda la legislación represiva.

Denunciamos hoy también la responsabilidad del gobierno en las actividades de infiltración y espionaje sobre las organizaciones y militantes obreros y populares, a través del proyecto X de la Gendarmería, denunciado por los trabajadores de Kraft junto a organizaciones de derechos humanos y políticas, y el accionar de la SIDE y de todos los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad. Estas actividades de inteligencia se utilizan para armar causas contra luchadores obreros y populares.

Hoy, 24 de marzo, denunciamos que el gatillo fácil y los asesinatos de jóvenes en las barriadas populares siguen siendo la moneda corriente de la criminalización de la pobreza; y que la desaparición de mujeres y niños por la trata de personas se profundiza con la complicidad directa de la policía, jueces y funcionarios, como se está demostrando en el juicio por la desaparición de Marita Verón.

Seguimos denunciando la impunidad de funcionarios y empresarios por los 194 jóvenes de Cromañon. Exigimos juicio y cárcel a los responsables y cómplices!



El pasado 16 de marzo la ministra Garre acusó de extorsionadores a los desocupados del programa Argentina trabaja que reclamaban un aumento salarial. En sus denuncias involucró a dirigentes sociales y políticos. No es la primera vez que el Gobierno y sus funcionarios atacan a los luchadores desde un estrado oficial. La figura de extorsión en palabras de la presidenta o de un ministro es la luz verde para que jueces y fiscales cómplices avancen aún más en la criminalización de la protesta.

Las brutales declaraciones oficiales sobre la tragedia de Once, los ataques de la presidenta de la Nación hacia los docentes en lucha, la equiparación de la huelga a la extorsión, el proyecto X y la ley antiterrorista, marcan una escalada en la política represiva del Gobierno, escalada que intenta desarticular las luchas de los trabajadores y el pueblo contra el ajuste, el tarifazo, por aumento salarial y por la plena vigencia de todos sus derechos.

Compañeros y compañeras:

Nuestro pueblo sigue luchando en defensa de sus legítimas demandas. Cada día son más los que se movilizan y cada conquista estimula nuevos reclamos. Cada injusticia, cada derecho violado genera una respuesta popular que ninguna represión podrá doblegar.

Este 24 de marzo expresamos nuestra solidaridad con todas las rebeliones populares que recorren el mundo. Ante nuestros 30.000 detenidos-desaparecidos nos comprometemos a seguir dando nuestro Presente en la lucha hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad, una Argentina liberada de la opresión imperialista y de la explotación.

En ese camino, sorteando todos los embates, estuvimos, estamos y estaremos cada 24 de marzo en esta Plaza.


A 36 años del Golpe

CARCEL YA A TODOS LOS GENOCIDAS
INMEDIATA APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA
NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY
Exigimos al Gobierno
BASTA DE AJUSTE, SAQUEO, ESPIONAJE Y REPRESION
DEROGACION DE LA LEY ANTITERRORISTA
30000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTE!

ANRed
EMVJ

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Dictadura militar, resistencia obrera y el paro del 30 de Marzo de 1982.

Viernes 23/03/12
El accionar de la dictadura genocida contra los trabajadores y el pueblo tuvo como objetivo desarticular las organizaciones obreras, disciplinar en el plano de la producción y aniquilar las organizaciones revolucionarias y populares. Ante la represión, las tácticas de resistencia obrera se llevaron a cabo en “una serie de medidas que posibilitaran enfrentarla sin brindar blancos para el castigo”. A medida que pasaron los años, la lucha se fue afianzando, hasta realizarse importantes huelgas generales reclamando el fin del régimen militar.
General Tomás Liendo.
EL GOLPE DE LOS GENOCIDAS DEL 76

Su primer objetivo, fue desarticular las organizaciones obreras, sus luchas, disciplinar en el plano de la producción, controlar las demandas y cuestionamientos que generaría la imposición de un modelo económico de fuerte corte liberal, y aniquilar las organizaciones revolucionarias y populares. Además, se propusieron apropiarse como clase del poder del Estado, porque lo necesitaba para la aplicación del proyecto económico encarnado en la figura del ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz.

MEDIDAS CONTRA LOS TRABAJADORES

Las primeras disposiciones fueron la intervención de la CGT y de numerosos sindicatos - entre ellos 27 federaciones y 30 regionales de esa central obrera-, la suspensión de la actividad gremial -asambleas, reuniones, congresos-, la prohibición del derecho de huelga, la separación de las obras sociales de los sindicatos. En 1979, la Ley de Asociaciones Profesionales limitó la cantidad de delegados de fábrica -en el caso de Ford, por ejemplo, se redujo de 300 a 6-, se aprobó la libre afiliación - a pesar de que el 95% de los trabajadores ratificaron a sus anteriores sindicatos -, se disolvieron las federaciones de tercer grado y se exigieron cuatro años de antigüedad en el empleo para ser elegidos como delegados, además de la infaltable constancia de “buena conducta” de la policía para poder presentarse a trabajar. A esto se sumó la Ley de Prescindibilidad, que autorizaba el despido de cualquier empleado de la administración pública. A un mes del golpe se reformó la Ley de Contratos de Trabajo, anulando normas en materia de derechos.

La Junta Militar designó como Ministro de Trabajo al General Liendo, que entre sus primeras actividades tuvo la de definir la política del gobierno hacia el movimiento obrero en su mensaje del 1º de mayo de 1976: “la intervención militar no se hizo en contra de un determinado sector social, partido político o sistema económico, sino para corregir excesos, impedir desviaciones, reordenar y reencauzar la vida nacional, cambiar la actitud argentina con respecto a su propia responsabilidad, facilitar en suma, el desarrollo pleno de nuestra potencialidad”. Para luego puntualizar que “referido a las disposiciones legales que encuadran la actividad y estructura gremial, su revisión no tiene en modo alguno como objetivo lesionar el principio protector incito en el derecho laboral, ni cercenar ningún derecho inalienable del trabajador. Su finalidad es la de corregir excesos, vicios, instrumentar normas que eviten la corruptela en la utilización de fondos y reconstruir la armonía en el campo laboral a través de las relaciones individuales de trabajo”.

Posteriormente, dejó en claro cual era la política para cualquier oposición en las fábricas a la dictadura al afirmar que “Con relación a la actividad de la subversión en el ámbito fabril se sabe que ella intenta desarrollar una intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación a nivel del sector laboral. Los objetivos de esa campaña son: la destrucción de la Nación, la paralización del aparato productor, la instauración de una dictadura marxista y la negación del ser nacional. Para combatir y destruir a la subversión hay que conocer su modo de actuar: adoctrinamiento individual y de grupos para la conquista de base obreras, colocándose a la cabeza de falsas reivindicaciones, creación de conflictos artificiales para logra el enfrentamiento con dirigentes empresarios y el desprestigio de los auténticos dirigentes obreros, el sabotaje a la producción, la intimidación, secuestro y asesinato de obreros y empresarios que se opongan a sus fines. Ejecutores de ese accionar son agentes infiltrados y activistas perfectamente diferenciales de los verdaderos delegados que ejercen la representación gremial de sus mandantes. Frente a ese accionar, el gobierno y las FFAA han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores y el aniquilamiento de enemigo de todos “.

Todas esas medidas se combinaron con represión: fueron ocupadas militarmente las fábricas en conflicto, y se reprimió especialmente a distintos gremios industriales y de servicios, a sus delegados y miembros de comisiones internas, como una larga lista de abogados laboralistas.

Con los años, la CTA, producto de testimonios y documentación recuperada, denunció la existencia de un número aproximado de 10000 trabajadores desaparecidos, lo cual nos marca que el 67% del total de los detenidos desaparecidos fueron asalariados.

Agregando que “el aniquilamiento de las organizaciones populares adquiere una centralidad desconocida extendiendo su aplicación al conjunto de la comunidad. En este esquema la noción de lo subversivo involucra a toda forma de organización, resistencia o disidencia frente a los objetivos del proceso militar. Se convierte en práctica habitual la supresión de dirigentes gremiales y miembros de comisiones internas o de simples trabajadores cuya práctica sindical supone automáticamente enfrentarse con el Estado represor”. Se marcó la complicidad de los directivos de muchas empresas con la represión ejercida contra los trabajadores. Indicaron en este sentido que muchos activistas sindicales fueron secuestrados debido a que eran señalados por aquéllos ante quienes ejercían la represión y que en muchos casos fueron utilizados locales de las empresas para la detención y tortura.



RESISTENCIA OBRERA A LA DICTADURA

Pablo Pozzi, en su libro “Oposición obrera a la dictadura”, plantea que ante la represión los trabajadores elaboraron “una serie de medidas que posibilitaran enfrentarla sin brindar blancos para el castigo”.

El trabajo a reglamento, el trabajo a tristeza, el quite de colaboración y el sabotaje fueron algunas de las medidas que se fueron adoptando. Los primeros años 76-77 fueron cruciales en el avance de los métodos de lucha, mientras que el tiempo y la lucha permitieron ir tomando fuerzas. El aumento de la cantidad de conflictos y de medidas de fuerza, que se plasmaron en el año 79 con la primera toma de fabrica desde el golpe, las huelgas por tiempo indeterminado, las movilizaciones del Swiff y en San Miguel de Tucumán, fueron emergentes de ese avance cualitativo y cuantitativo.

A partir del año 1979 se notó una aceleración en el proceso de acumulación de fuerzas del movimiento obrero. El “paro sorpresivo” cuyas características son: corta duración, y niveles de organización muy altos que permiten conseguir desde la base una gran efectividad. Ante el paro sorpresivo, la fuerza represora se siente impotente, los conflictos no le dan tiempo para actuar. Cuando se enteran del hecho, ya no hay margen de acción porque éste ha concluido. Además, los trabajadores se mantienen en sus lugares de trabajo, lo que les permite obrar con rapidez y aprovechar al máximo el factor sorpresa.

Por otra parte, en los conflictos por despidos y cierres, las respuestas fueron distintas, con un enfoque opuesto al anterior. Es decir, “extender el conflicto a la calle, extenderlo a otras fabricas y lograr el apoyo de otros sectores sociales”. Fueron los ferroviarios, metalúrgicos y automotrices los que estuvieron al frente de la resistencia por la calidad de las medidas de fuerza.

La dictadura se vio forzada a reestructurar su táctica con la clase obrera. Durante 1978 y1979 si bien se mantuvo un nivel represivo sensiblemente alto, puso especial énfasis más en la construcción de un sindicalismo afín a sus intereses, “apolítico”, colaboracionista. Hacia diciembre de 1981 con la asunción de Galtieri, era evidente que la dictadura había logrado algunos “éxitos” parciales (obras sociales, debilitamiento organizativo).

La primer huelga general se realizó días previos a la conmemoración del 1º de Mayo de 1979. Una vez anunciado el paro, fueron detenidos varios dirigentes, pero los sindicalistas de “los 25” ratificaban la decisión de parar y en el comunicado emitido aludía a “los vínculos de amistad que unen a las FFAA de la Nación con el pueblo y lamenta que la política económica los lleva a tomar esta detención”. Por su parte, el gobierno explícito que estaba garantizada la libertad de trabajo, a la vez que calificó a la medida como “paro ilegal”.

En Rosario, salvo en un sector de los ferroviarios del Mitre y algunos establecimientos fabriles, no se alteraron las actividades fundamentales. No fue acatada por otros sectores, incluso los gremios de la carne y los metalúrgicos, informaron que no habían ordenado ninguna medida de fuerza. Según el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, los datos del ausentismo fueron en los Talleres del Ferrocarril Mitre del 98%, en la Planta de Celulosa Argentina en Capitán Bermúdez del 98%, en Electroclor fue del 100%, y en empresas más chicas como Calzado Arroyito del 16%.

La peregrinación a Luján de ese año convocó a más de un millón de jóvenes, según los cálculos de los diarios de la época. Se hizo bajo la consigna "Unidos a María anunciemos a Jesús". Los carteles de las parroquias, grupos estudiantiles y de trabajadores pedían “Paz y Trabajo” con el guiño cómplice de parte de la jerarquía eclesiástica, en relación al inminente conflicto con Chile.

Las protestas continuaron con la huelga general del 22 de julio de 1981, convocada por la CGT Brasil, que resultó exitosa. Fueron reprimidas las manifestaciones en Mendoza, San Miguel de Tucumán, Rosario, Córdoba y Avellaneda.

El 7 de noviembre de 1981, una manifestación por las calles de Liniers culminó con un acto de más de 20 mil personas frente a la Iglesia de San Cayetano, donde también hubo una gran represión con cientos de detenidos.

Es indudable que la dictadura modificó al movimiento obrero. Desde un punto organizativo, debemos remarcar el surgimiento de nuevas camadas de activistas y el desarrollo de conducciones paralelas a las cúpulas sindicales en el lugar de trabajo. La defensa que hicieron los trabajadores tanto del control sobre las condiciones de trabajo como de sus organizaciones gremiales fueron lo destacable del periodo. Las características que tomó la solidaridad obrera y la unidad de la clase frente a la patronal y la represión enfatizan lo expresado.



EL PARO DEL 30 DE MARZO DE 1982

Para el 30 de marzo de 1982, los trabajadores nucleados en la CGT Brasil y bajo la conducción de Saúl Ubaldini convocaron a una jornada de protesta en todo el país, bajo las consignas “Paz, Pan y Trabajo”, “Abajo la dictadura militar”.

La posible movilización de amplios sectores de la población, motivó que el Ministerio del Interior presionara para que la marcha no se hiciera, bajo el argumento que la CGT no había solicitado la autorización correspondiente para realizar el acto y que estas situaciones podían producir alteraciones a la seguridad y el orden público, a la vez se recordó que seis dirigentes sindicales, entre ellos Saúl Ubaldini, se encontraban procesados por haber declarado otras huelgas generales.

El día de la protesta, Buenos Aires amaneció con carros de asalto, carros hidrantes, la montada de la policía federal, militares en traje de fajina, armas largas y cortas, por todo el centro porteño.

Desde horas tempranas los obreros y trabajadores de todas las especialidades se fueron agrupando para marchar hacia el centro. Los dirigentes llegaron abrazados por Av. de Mayo hasta la avenida 9 de julio y detrás, cientos de activistas. La marcha pretendía entregar un documento en Casa Rosada. Se cantaba "Pueblo Unido jamás será vencido", "Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar" y "Luche luche que se van".

Hubo al menos tres horas de violentos enfrentamientos entre los manifestantes, que intentaban llegar hasta la Plaza de Mayo, y centenares de policías. Las fuerzas de seguridad no sólo arremetieron contra quienes integraban las columnas de manifestantes, sino que detuvieron también a tres periodistas (uno de ellos de una cadena de televisión norteamericana) y a tres reporteros gráficos. Uno de los problemas que debieron enfrentar los uniformados se centraba en que los grupos populares se armaban y disolvían rápidamente en distintas esquinas, para reaparecer una y otra vez a corta distancia, improvisando con ello una táctica que obligó a la policía a redoblar su acción y a endurecer la represión.

Se reprimió duramente las concentraciones que se efectuaron en los alrededores de Tribunales y en el puerto; por primera vez, empleados y funcionarios de la zona céntrica de Buenos Aires arrojaban desde balcones y ventanas todo tipo de proyectiles contra los elementos de la represión.

Organismos de Derechos Humanos con Adolfo Pérez Esquivel a la cabeza intentaban llegar a Casa Rosada a entregar el petitorio.

Por la noche los noticieros informaron del asesinato de dos trabajadores, uno en Mendoza, José Benedicto Ortiz, trabajador y sindicalista textil, y la del salteño Dalmiro Flores, obrero mecánico, asesinado frente al Cabildo. Según la versión oficial Flores "no acató la voz de alto que le impartió" un policía de civil que se bajó de un Ford Falcón verde. Ascencio Flores, el padre de Dalmiro, explicó que su hijo "no escuchó la voz de alto porque era sordo". La jornada arrojó más de 2500 heridos y unos 4000 detenidos en todo el país.

Entre los detenidos figuraban el entonces secretario general de la CGT nacional, Saúl Ubaldini, y cinco integrantes de la comisión directiva; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a un grupo de madres de Plaza de Mayo. Las imágenes trascendieron adentro y afuera del país.

Hubo manifestaciones en Mendoza, donde la represión culminó con el asesinato de un sindicalista; en Rosario, dos mil trabajadores recorrieron el centro de la ciudad con consignas contra la dictadura; en Mar del Plata y San Miguel de Tucumán detuvieron a doscientas personas por repudiar al gobierno militar; en Córdoba, el Tercer Cuerpo del Ejército patrulló las calles con columnas de hasta siete vehículos militares por temor a la movilización de los trabajadores".

Al día siguiente, la CGT elaboró un documento afirmando que el proceso militar estaba "en desintegración y desbande" y reclamando un gobierno cívico militar de transición a la democracia. Ese texto nunca llegó a difundirse, porque antes los militares salieron de la sombría situación en que se habían colocado fugando a Malvinas.

Los diarios reflejaron en sus tapas los "importantes disturbios" y la sensación de que la estabilidad de la Junta Militar estaba seriamente amenazada. Sin embargo, tres días después, tropas argentinas tomaron las islas Malvinas.

La CGT y los trabajadores le habían demostrado a los dictadores que debían dejar el gobierno, que ya nada era igual, que se había alcanzado un grado de organización suficiente para hostigarlos hasta echarlos. El movimiento obrero hizo el 30 de marzo del 82 una jornada tan trascendente como lo fueron en los años 60 y 70, las grandes movilizaciones donde se cantaba “Obreros y Estudiantes unidos y adelante”, y en cada barricada se vivía un clima de lucha, libertad y solidaridad .


ANRed
LEONIDAS F. CERUTI. HISTORIADOR

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El comienzo de la represión en democracia y el golpe genocida a la clase obrera.

FECHA
Antes de la última dictadura militar en la Argentina -durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón, primero, y de María Estela Martínez de Perón, después- la barbarie represiva se expresó en cambios en la legislación penal, en la carta blanca a José López Rega para crear una fuerza paramilitar: la "Triple A" (Alianza Anticomunista Argentina) y en el mandato a las Fuerzas Armadas para el aniquilamiento de la “subversión”.

La ofensiva fue muy fuerte en particular contra las organizaciones gremiales más combativas y clasistas, lo que abarcó desde intervenciones a los sindicatos hasta el paso a la clandestinidad de dirigentes y activistas, detenciones y asesinatos. Se preparó así el terreno para uno de los principales objetivos del golpe de Estado de 1976: desarticular la organización de la clase trabajadora e imponer un modelo económico antipopular y antiobrero.

La primavera democrática duró poco

Luego del 25 de mayo de 1973, la legislación represiva sancionada por el régimen militar fue derogada y se disolvió el fuero antisubversivo. Pero esa primavera duró poco y dio comienzo una escalada represiva, iniciándose con el envío del Poder Ejecutivo a las Cámaras para reformar el Código Penal. La reforma fue considerada de la misma naturaleza que la legislación promulgada por el régimen militar que gobernó el país entre 1966-73.

La primera respuesta vino del Gral. Juan Domingo Perón, quien advirtió que si la ley no era aprobada se apelaría a las mismas armas que se buscaba combatir. El 23 de enero de 1974 declaró al diario La Nación que “Nosotros vamos a proceder de acuerdo a la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer, no tenga la menor duda”. (1)

Después de la muerte de Perón, se tomaron distintas medidas represivas. En septiembre de 1974 se aprobó la ley de represión del terrorismo, que penaba la difusión de información relacionadas con esos hechos y la obstrucción al trabajo cuando el conflicto era declarado ilegal. De acuerdo a esa ley, el Ministerio de Trabajo prohibió las huelgas por motivos salariales, los paros y ocupaciones de plantas, y comenzó a intimar, amenazar y suspender personerías gremiales con más frecuencia que antes. En el mes de noviembre se implementó el estado de sitio en todo el país y se encarceló a cientos de activistas gremiales y políticos, abogados laboralista y estudiantes.

Hasta ese momento la participación de las Fuerzas Armadas en forma abierta era evitada y la lucha era encabezada por grupos paramilitares, “ejecutores del trabajo sucio”, a través de la Triple A.

Pero al poco tiempo, el Ejecutivo nacional sancionó el Decreto Nº 261, en el que anunció oficialmente que había ordenado a las Fuerzas Armadas tomar intervención en la “lucha antisubversiva”, firmado por la presidenta María Estela de Perón y los ministros Rocamora, Ivanissevic, Vignes, Savino, López Rega, Gómez Morales, Otero. En el Articulo Nº 1 se decía que “El comando General del Ejército procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos...”.

En octubre de ese año, se sancionó el Decreto Nº 2770 por el cual se creó el Consejo de Seguridad Interna, fijando sus atribuciones, y el Consejo de Defensa. Ese decreto lleva la firma del presidente provisional Italo Luder y los ministros Arauz Castex, Vottero, Ruckauf, Emery, Cafiero y Robledo. (2)

La represión a la clase obrera apareció con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución. Luego de las heroicas jornadas protagonizadas por la clase obrera, durante junio-julio de 1975, cuando la burguesía, desde su Estado, intentó planificar la crisis capitalista -con el proyecto económico de Rodrigo de distribución contra los trabajadores y el respaldo político del lopezreguismo- se encontró con la intransigencia proletaria que derrumbó totalmente ese intento autocrático.

El proletariado acrecentó sus fuerzas de clase, organizándose fabrilmente, comenzando a superar -aunque en forma embrionaria- la constitución sindical. Pero la expresión de su mayor fortalecimiento consistió nuevamente en debilitar aún más a la burguesía, haciéndole cada vez más difícil gobernar bajo la forma más democrática de la dictadura del capital, la democracia burguesa parlamentaria. Recuperar la autoridad política para usar el Estado era el medio necesario para recomponer todas las relaciones sociales anarquizadas, restaurar el orden, no sólo en la economía sino en la sociedad toda, era la necesidad fundamental de la burguesía.

Desde esos días comenzaron a aparecer con frecuencia en el discurso de militares, empresarios, políticos y sindicalistas, las apelaciones a la lucha contra la “guerrilla fabril”, “las huelgas salvajes” y los “infiltrados en el movimiento obrero”, tras lo cual “toda la potencia represiva del Estado se concentró furiosamente sobre las fábricas, los trabajadores y sus aliados, con todos los medios a su alcance...”.


José López Rega, Juan Domingo Perón y Ma. Estela Martínez de Perón
El Sindicato de Obreros y Empleados de Petroquímicos Unidos (SOEPU), de la ciudad de San Lorenzo, denunció la represión desatada en esos días a través de un pronunciamiento “Contra la escalada de Terror y Matonaje”, en el cual plantearon: “la escalada terrorista que invade el país, y que invariablemente ha quedado impune (jamás se encontró un asesino a sueldo del imperialismo), los asesinatos, cárceles, invención de falsos complots. Secuestros, amenazas a auténticos exponentes del arte popular, a políticos, etc. Las amenazas a nuestro asesor letrado y a uno de nuestros dirigentes, las amenazas a un dirigente de los obreros de Sulfacid y su familia, la inmolación del joven compañero José Polenta. No podríamos comprender la existencia del terrorismo y el matonaje impune, sin entender el poder que lo nutre”. (3)

Por su parte, en octubre de ese año, el genocida Gral. Jorge Rafael Videla al participar en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos, realizada en Montevideo, reveló la decisión militar sobre la cuestión del poder y declaró que en la Argentina deberían morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del país.

El ciclo de la barbarie represiva se cerraba: cambios en la legislación penal, amenazas desde el ejecutivo nacional de actuar fuera de la ley, carta blanca a López Rega para crear la Triple A, órdenes a las Fuerzas Armadas para aniquilar a la “subversión”.

Finalizados los 49 días de la presidencia de Cámpora (25 de mayo- 13 de julio de 1973) , durante las presidencias de Lastiri (13/7/73- 12/10/73), de Perón (12/10/73-1/7/74) y sobre todo durante la presidencia de Isabel Perón (1/7/74-24/3/76) la represión siguió un ritmo creciente contra peronistas de izquierda, líderes sindicales antiburocráticos, activistas gremiales de las grandes empresas, militantes de las organizaciones de izquierda, abogados laboralistas y defensores de presos políticos, periodistas, estudiantes..

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en su informe “Nunca Más” contabilizó 458 asesinatos durante ese período: 19 en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975, obra de grupos parapoliciales, que actuaron principalmente con el nombre de “Triple A”, dirigida por José López Rega, ministro, sucesivamente, de Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón, y secretario privado de los dos últimos.

Entre los primeros atentados atribuidos a la “Triple A”, se cuentan la bomba que explotó en el automóvil del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen el 21 de noviembre de 1973, que le ocasionó graves heridas, y el asesinato del abogado del Peronismo de Base Antonio Deleroni y de su esposa, el 27 de noviembre del mismo año. Solari Yrigoyen había hecho pocos días antes una larga exposición en el Senado criticando las reformas a la ley de asociaciones profesionales de trabajadores, destinadas a consolidar el control de la burocracia sindical sobre el movimiento obrero. Pocos días antes del atentado, un notorio representante de esa burocracia, Lorenzo Miguel, había calificado a Solari Yrigoyen como “enemigo público número uno”.



Pero ya antes había comenzado la represión contra el movimiento obrero: el 17 de julio de 1973 fue intervenida la CGT de Salta y en esos días se produjeron ataques armados contra la CGT, SMATA y Luz y Fuerza de Córdoba.

Dicha represión incluyó también en 1973 el asesinato de militantes sindicales: Carlos Bache, del Sindicato de Ceramistas de Villa Adelina, el 21 de agosto; Enrique Damiano, del Sindicato de Taxistas de Córdoba, el 3 de octubre; Juan Ávila, de la Construcción de Córdoba, el 4 del mismo mes: Pablo Fredes, de Transportes de Buenos Aires, el 30 de octubre; Adrián Sánchez, de Mina Aguilar, Jujuy, el 8 de noviembre de 1973.

Durante el Gobierno de Isabel Perón (1974-76) se le dio al enfoque represivo iniciado con la dictadura 66-73 una apariencia de legitimidad mediante el decreto secreto Nº 261 de febrero de 1975 que ordenó a las Fuerzas Armadas emprender las acciones militares necesarias para aniquilar a los elementos subversivos en la provincia de Tucumán.

Los asesinatos de políticos, de abogados y otros profesionales, y de activistas sindicales siguieron en 1974 y 1975 a un ritmo creciente y los sindicatos más combativos fueron intervenidos y sus dirigentes encarcelados.

La ofensiva fue muy fuerte contra las organizaciones gremiales combativas y clasistas, lo que abarcó desde intervenciones a los sindicatos, detenciones, asesinatos, paso a la clandestinidad de dirigentes y activistas.

En 1973, en un “accidente” automovilístico sumamente sospechoso fallecieron el Secretario General del combativo y clasista SOEPU, el Flaco Moglia, y su esposa Betty.

En agosto de 1974, el Gobierno le retiró la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense y en octubre fue detenido su secretario general Raimundo Ongaro.

También en agosto de 1974 el sindicato SMATA Córdoba, en conflicto con la empresa Ika Renault, fue intervenido por la dirección nacional del gremio. La mayoría de sus dirigentes y activistas fueron encarcelados y muchos de ellos fueron asesinados durante la dictadura 76-83, entre ellos su secretario general, René Salamanca.

En octubre de 1974, la policía allanó el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y detuvo a varios militantes sindicales. Su secretario general, Agustín Tosco, consiguió eludir la detención y pasó a la clandestinidad hasta su muerte, el 5 de noviembre de 1975. Ya instalada la Junta Militar, el Secretario general adjunto del mismo sindicato, Tomás Di Toffino, fue secuestrado el 28 de noviembre de 1976 y fusilado en un campo militar en Córdoba el 28 de febrero de 1977 en una “ceremonia castrense” presidida por el general Luciano Benjamín Menéndez.

Atilio López, secretario general de la CGT de Córdoba y ex vicegobernador de la Provincia, fue asesinado en Buenos Aires el 16 de setiembre de 1974. Seis meses antes, en marzo de 1974, había sido derrocado del Gobierno de Córdoba junto con el Gobernador Obregón Cano por el Jefe de Policía provincial, coronel Navarro. El Gobierno nacional, en lugar de reponerlos en sus cargos, intervino la Provincia.

Sólo en 1974 fueron asesinados por lo menos 25 activistas sindicales. En el mismo año también fueron asesinados los abogados Rodolfo Ortega Peña (quien era diputado nacional) en julio; Alfredo Curutchet y Silvio Frondizi, en septiembre y las abogadas y periodistas Nilsa Urquía y Marta Zamaro, de Santa Fe, vinculadas al gremio gráfico liderado por Raimundo Ongaro y a la CGT de los Argentinos, en noviembre. En 1975 fueron asesinados los abogados Concepción de Grandis, Rafael Fagalde, Sergio Karakachoff, Ángel Gerardo Pisarello y Felipe Rodríguez Araya.


Rodolfo Ortega Peña, asesinado por la Triple A en 1974
La represión contra los refugiados de países vecinos comenzó antes de la dictadura, en setiembre de 1973, contra los chilenos que huían del golpe de Pinochet. Muchos de ellos al llegar de Chile fueron detenidos en Ezeiza. Los exiliados chilenos solicitaron a Perón su intervención personal para resolver el problema. No obstante, el primer resultado concreto provino de la Justicia. El 17 de octubre de 1973, el juez federal Miguel Inchausti hizo lugar al recurso de amparo interpuesto por 112 asilados chilenos alojados en el Hotel Internacional de Ezeiza, ordenando su libertad inmediata. Pero este fallo judicial no fue obedecido por las autoridades de la Dirección de Migraciones, que, haciendo caso omiso de lo dispuesto por el juez Inchausti, dieron un plazo de 24 horas a los asilados chilenos para abandonar el país. El secretario del Juzgado, Guillermo Díaz Lestrem (posteriormente secuestrado y asesinado por la dictadura militar), impulsó decisivamente el fallo favorable a los refugiados. Otro caso, entre otros, fue el de los refugiados uruguayos Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica, secuestrados y asesinados en setiembre de 1974. Esta hospitalidad con los refugiados tenía antecedentes: en 1954, 32 guatemaltecos y 3 salvadoreños, no obstante haber llegado legalmente como asilados a Argentina escapando a la sanguinaria represión desatada en Guatemala por la dictadura militar que sucedió al Gobierno de Arbenz, fueron alojados durante un año gratuitamente por el Gobierno... en la cárcel de Villa Devoto. Eran de izquierda y el secretario de Estado estadounidense John Foster Dulles no los quería en libertad.

El Operativo “Serpiente Roja”

Luego del gran triunfo de los trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución, en marzo de 1974, la represión apareció con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975 en dicha ciudad, a partir del accionar de las fuerzas conjuntas reclutadas por la SIDE, que incluían a la Policía Federal, Provincial, Ejército y Gendarmería, grupos de choque entre los cuales iban armados los guardias blancos pagados por las acerías de Martínez de Hoz, y miembros de la Triple A. Las órdenes firmadas por Rocamora, Savino y López Rega eran claras: ahogar en sangre a los obreros y activistas de Villa Constitución.

La ciudad se despertó invadida por miles de efectivos de fuerzas represivas. Con una lista de los domicilios provista por la empresa Acindar, se lanzaron sobre las casas de cientos de activistas obreros. El operativo se extendió a lo largo del cordón industrial del río Paraná, pasando por el barrio de SOMISA de San Nicolás y las fábricas combativas del norte de Rosario.

Isabel de Perón, desde el gobierno nacional, denunció un "complot de características inusuales en la Argentina". Ese complot, según el comunicado oficial, pretendía paralizar la industria, amenazando a los obreros mediante el terrorismo para no ir a trabajar. Decía: "La gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva terrorista, puesta en marcha por una deleznable minoría nacional". Los diarios del 21 de marzo titularon "Denuncian que fue desbaratado un complot destinado a paralizar la industria pesada" (La Opinión) y "Denuncian amplio plan subversivo" (Mayoría).

El saldo de la represión fue la detención de la Comisión Directiva de la UOM-Villa y de cientos de militantes. Cuando llegó la noticia a las fábricas, los metalúrgicos paralizaron la producción. Los obreros, en estado de asamblea permanente, ocuparon nuevamente los establecimientos.


Trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución
Comenzó así una larga y dura huelga con movilización por la libertad de los presos y la devolución del sindicato. Cuando la Prefectura rodeó la fábrica, los obreros se replegaron a los barrios. Un Comité de Lucha de las fábricas y barrios encauzó la enorme participación y solidaridad de toda la zona. Se inició una resistencia de dos meses donde todos aportaron al fondo de huelga y a las masivas marchas del 16 y 22 de abril en el centro de Villa, respondidas con más represión.

Pero el gobierno de Isabel y López Rega, con el apoyo de la CGT, estaba decidido a terminar con el movimiento obrero combativo, aceptando el costo político que del operativo dejó a los dirigentes de Villa presos y sin abrir el diálogo. Los metalúrgicos volvieron a las fábricas el 19 de mayo, sufriendo más bajas entre despidos y asesinados.

El plan represivo se denominó Operativo Serpiente Roja. Fue uno de los mayores ejemplos de complicidad del Estado, sus fuerzas de seguridad, la burocracia sindical y los empresarios para atacar a la clase obrera.

Una columna de 105 Ford Falcón -cargados de policía, miembros de la Triple A y matones- invadió la ciudad. En los dormitorios de solteros de Acindar se montó el primer campo de concentración, en un adelanto de lo que haría luego la dictadura del 76. Fueron cientos los detenidos y más de veinte los asesinados.

Los vecinos cuentan que ese día las campanas de la parroquia San Pablo Apóstol celebraron el operativo. El cura Samuel Martino, responsable de la iglesia, aparece en las listas de represores de la CONADEP.

Carlos Sosa, miembro de la Unión Ferroviaria, comentó algunos datos de la crueldad con que actuaron los represores: “El 16 de octubre secuestraron al delegado Julio Palacio, a la doctora De Grandi y a un pastor, Carlos Ruesca. Los fusilaron y aparecieron los cuerpos mutilados: a la doctora le cortaron los senos, a los hombres los testículos y los tiraron en Albarellos para que todo el pueblo los viera.
“Un año después, Alfredo Martínez de Hoz renunció a su puesto en la dirección de Acinda, y asumió como ministro de economía de la dictadura. Lo reemplazó el General Alcides López Aufranc, quien en 1969 había encabezado la represión del Cordobazo. En esa jornada, durante un coctel en su honor, aprovechó para brindar por ‘los 23 delegados de Villa Constitución que ya no joderán más porque están bajo tierra’.” (4)

La represión antisindical en grandes fábricas transnacionales, como Ford, Fiat, Mercedes Benz, Peugeot, Renault, entre otras, antes de la dictadura y durante ella, se llevó a cabo en varios casos con la colaboración de personal superior de las empresas y de algunos dirigentes de las centrales sindicales. Uno de ellos, José Rodríguez, ha sido señalado como cómplice en el juicio por la desaparición de trabajadores de Mercedes Benz durante la dictadura. El mismo José Rodríguez que en 1974 intervino la seccional Córdoba de SMATA y que aún hoy es Secretario General del sindicato.


Elena Villagra junto a la tumba de su compañero, Rodolfo Ortega Peña
El golpe genocida contra la clase obrera

Meses antes del golpe de 1976 los fenómenos que caracterizaban la situación del país eran los siguientes:

Imposibilidad de mantener la conciliación de clases en el terreno de la producción

Se puso al rojo vivo la contradicción entre economía y política

La burguesía se debatía en su impotencia para gobernar, que se expresaba en: debilitamiento del ejecutivo; ruptura de la prescindibilidad de las Fuerzas Armadas; necesidad del reforzamiento de sus instituciones

Indisciplina social y productiva. La indisciplina fabril y la anarquía social carcomían el “cuerpo social”.

Los empresarios estaban atemorizados por el poder creciente de las comisiones internas y cuerpos de delegados dentro de las fábricas y por la situación económica que combinaba control de precios y alta inflación. A mediados de 1975, en una reunión privada con Videla, sugirieron que las Fuerzas Armadas asumieran el poder. El compromiso que tomaron los principales empresarios fue que uno de ellos, José Alfredo Martínez de Hoz, fuera el responsable de la gestión económica del nuevo gobierno militar. Los sectores con poder económico resolvían así sus dos problemas principales: ellos arreglarían las finanzas del país, mientras los militares ponían orden eliminando a la subversión. Los medios de comunicación mayoritarios también apoyaron el golpe.

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue clara y contundentemente contra la clase obrera y los trabajadores, para restaurar el orden en la producción y desarticular las distintas formas de organización obrera e imponer un plan económico de distribución contra el proletariado.

Desde 1969, en distintas zonas industriales, se fueron dando formas organizativas democráticas, con gran participación de las bases obreras, estableciendo con el tiempo profundas relaciones interfabriles, con innumerables contactos regionales y nacionales. A lo que se sumó la intensificación de las relaciones y debates al interior de las fábricas, de las fábricas a otras fabricas, de las zonas industriales a los barrios obreros.

Para frenar ese desarrollo en ascenso, el principal objetivo de la dictadura militar fue destruir y paralizar toda esa organización que se venia gestando.

La supresión de las garantías civiles fue la metodología para imponer las condiciones necesarias de destrucción y reestructuración económica, política, social y cultural, según los lineamientos internacionales que condicionaron los años sucesivos. Se desarticularon las formas de participación, de movilización, que venían construyendo los sectores populares. Fueron años trágicos, con profundas secuelas de sufrimiento y dolor, cambios y mutaciones.

Los militares genocidas vinieron a poner disciplina y orden capitalista, ante la indisciplina social y productiva, la indisciplina fabril, la anarquía social que corroía el cuerpo social, y que había roto las jerarquías políticas en todos los planos. Lo hicieron para controlar las cuestiones sociales e implementar mecanismos de desarticulación y escisión de todas las estructuras y organismos participativos, bajo signos de alta violencia y sin vigencia de las garantías civiles. La larga lista de atropellos y apremios ilegales a los que fueron sometidas los detenidos explican la crudeza del modelo de reorganización de la estructura productiva del país.



El primer objetivo de la Junta Militar de Videla, Massera y Agosti fue desarticular las luchas, la organización de la clase obrera, controlar las demandas y cuestionamientos que generarían el segundo objetivo, que fue la imposición de un modelo económico antiobrero. Su aplicación trajo consecuencias sociales, como el cierre de fábricas, desocupación, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores y de la población. La clase obrera, como hemos analizado desde un tiempo antes del golpe militar del 24 de marzo, venía soportando una dura represión, pero desde ese día se inició la mayor persecución desde sus orígenes en el siglo XIX.

Nunca, como en el período 1976-83, se alcanzó lo que ahora conocemos como terrorismo de estado, nunca como entonces se llegó al nivel de exterminio de miles de hombres, mujeres y niños. La sociedad argentina se vio sometida por la dictadura militar que llevó al paroxismo la persecución política, la cárcel, la tortura y la desaparición de personas.

El segundo objetivo del golpe militar -imponer el proyecto económico- estuvo encarnado en la figura del Ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz y fue elaborado como un programa de “modernización del aparato productivo y racionalidad”. En la práctica, esto se manifestó en un lenguaje economicista que explicaba y trataba de justificar el proyecto de apertura económica, con el fin de atraer inversiones de capitales que concretaran la reestructuración económica. Todo se tradujo en una crisis económica que fue en aumento, con fábricas cerradas, miles de desocupados y una deuda externa que endeudó al país por años.

Las consecuencias de la represión son conocidas: 30.000 desaparecidos, miles de muertos, torturados, secuestrados, robo de niños y todo el tipo de aberraciones. El 24 de marzo de 1976 representa la muerte, la corrupción, la persecución, el exilio. No obstante el terror, la resistencia y la búsqueda de personas se manifestaron públicamente. Los jueves, la Plaza de Mayo vio marchar a las Madres. Publicaciones clandestinas y periodistas independientes contribuyeron con su valerosa tarea a sacar a la luz los oscuros sucesos de ese período.

Notas:
1.- La Nación, 23 de enero de 1974, pág. 4
2.- Ley de Isabelita / Aniquilamiento, Libro CTA
3.- El Petroquímico, Nº 33
4.- Saglul, Carlos, “Operativo Serpiente Roja”, periódico CTA, Año VII, Nº 74, Marzo 2011

Foto portada: Imagen de “El Petroquímico”, boletín de los trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos
Leónidas Ceruti, historiador.

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El golpe militar del 24 de marzo de 1976 y la clase trabajadora.

Sábado, 24/03/12
"El conflicto entre capital y trabajo se encontraba en el centro de la escena a mediados de los años ’70, y constituyó uno de los principales desafíos que el golpe militar se propuso enfrentar".
Aún hoy, 36 años después, existen fuertes debates tanto académicos como políticos sobre el significado y carácter del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y la dictadura que éste inauguró.


Frente a las perspectivas que privilegian la dimensión política de esta historia, y que entienden al golpe militar exclusivamente en el marco del enfrentamiento entre fuerzas armadas y organizaciones político-militares, consideramos fundamental introducir una mirada de clase que permite iluminar aspectos centrales de esta historia. Esta breve intervención tiene como objetivo sintetizar los hallazgos de algunas investigaciones realizadas desde distintos campos y disciplinas, que en conjunto permiten dar cuenta de las relaciones existentes entre las transformaciones sociales, políticas y económicas en un período que tuvo un impacto clave en la historia argentina de las últimas décadas. Rescataremos entonces aquí algunas líneas que consideramos fundamentales para la discusión histórica y política, que creemos que sería muy rico profundizar.
1. La importancia del conflicto entre capital y trabajo desde fines de los ’60 hasta mediados de los ’70 y sus vinculaciones con las confrontaciones políticas

En lo que se refiere al período previo al golpe militar, se produjo una creciente articulación entre las aproximaciones que habían destacado la importancia del proceso de radicalización política y el crecimiento de las organizaciones políticas y político-militares del campo de la izquierda, con aquellas centradas en el conflicto entre capital y trabajo entre fines de los años ’60 y mediados de los años ’70 (1) .

En los últimos años hubo un gran número de contribuciones que hicieron aportes importantes para superar la división previa entre estudios políticos y estudios del mundo del trabajo, y comenzaron a explorar la relación estrecha, rica y muchas veces tensa y contradictoria que se fue tejiendo entre militancia política y militancia sindical (2). Algunos de estos trabajos se centraron en el activismo sindical de base, afirmando que las luchas en torno a la organización en el lugar de trabajo fueron un campo de importancia decisiva en el que se tejieron estas vinculaciones. (3)

Al mismo tiempo, una cantidad de trabajos se centraron en el momento inmediatamente anterior al golpe, que se caracterizó por una agudización del conflicto sindical, mostrando una creciente actividad de los sectores tanto combativos como ortodoxos del sindicalismo (4). Todos ellos contribuyen a afirmar que el conflicto entre capital y trabajo se encontraba en el centro de la escena a mediados de los años ’70, y que constituyó uno de los principales desafíos que el golpe militar se propuso enfrentar.

2. La significación que tuvo el final de la segunda etapa de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI)

Existen también contribuciones importantes que permiten apreciar que este auge de la radicalización política y la lucha obrera se produjo en un contexto estructural que sentó ciertas condiciones de posibilidad que fueron aprovechadas por la clase trabajadora. Frente a estudios anteriores, basados en información estadística incompleta, que sostenían que la industrialización había entrado en una fase de estancamiento definitivo en la década del ’60, una serie de trabajos realizados en el campo de la economía demostraron que pueden distinguirse, en la segunda etapa de la ISI, caracterizada por una creciente diversificación e integración de la estructura industrial argentina y que se extendió desde mediados de los años ’50 hasta mediados de los ’70, dos subetapas distintivas (5).

Si bien en la totalidad de la segunda ISI las industrias dinámicas fueron la automotriz, la metalúrgica y la química, en un contexto de claro ascenso de la participación del capital extranjero en la economía, hay que distinguir una primera subetapa, extendida entre mediados 1956 y 1963, que se caracterizó por un crecimiento del PBI a una tasa del 2,1% anual y ciclos de corto plazo que implicaron, en sus fases descendentes, caídas del producto en términos absolutos (6). En cambio, en la segunda subetapa desarrollada a partir de 1964, el crecimiento del PBI fue del orden de 5,1% anual hasta 1974.

Durante este último período siguieron existiendo ciclos ascendentes y descendentes, aunque éstos ya no involucraron caídas en términos absolutos sino desaceleraciones del crecimiento, luego seguidas por alzas más pronunciadas. Esto sugiere que el modelo sustitutivo, aún con sus limitaciones y problemas, lejos de estar agotado a mediados de los años ’70, había transitado en cambio un período de gran crecimiento y desarrollo durante una década. Esta evolución constituyó un punto de partida para el activismo obrero que tuvo grandes logros. Estudios económicos disponibles proveen un dato clave referido a la distribución funcional del ingreso que refleja el poder de la clase trabajadora: en 1974, los salarios tenían una participación de alrededor de 48 puntos en el ingreso nacional, es decir estaban cerca de igualar el hito histórico de 50 puntos alcanzado durante los dos primeros gobiernos peronistas. Este es otro dato clave para reafirmar el poder de la clase trabajadora que, aún con fuertes diferencias y confrontaciones internas, se hallaba en un gran nivel de organización y movilización a mediados de los años ’70.

3. La estrecha vinculación existente entre políticas económicas, laborales y represivas de la última dictadura militar

Desde esta perspectiva y con estos aportes en mente, es posible comprender que el golpe de estado de 1976 intentó no sólo dirimir una confrontación política de las fuerzas armadas contra las organizaciones políticas y político-militares del campo de la izquierda en sentido amplio, sino también poner fin a fuertes conflictos existentes entre las clases que estaban fuertemente vinculados con el proceso de radicalización social acentuado desde fines de los años ’60. Tres líneas de política de la dictadura militar, en el campo económico, laboral y represivo, fueron centrales para reformular la dinámica anterior de relación y conflicto entre las clases (7).

Las políticas represivas constituyeron una de las marcas más visibles de la dictadura militar: la instauración del terrorismo de estado, y la aplicación de la desaparición de personas como método privilegiado, además del encarcelamiento, el asesinato y demás formas de persecución a la oposición y de disciplinamiento social son sin dudas las características más resonantes del gobierno que tomó el poder por la fuerza en 1976 (8). Sin embargo, sólo recientemente han tomado mayor visibilidad e importancia las aproximaciones que enfatizaban que esta política represiva no estuvo únicamente dirigida a militantes políticos del campo de la izquierda, sino también a sectores importantes de la clase trabajadora, entre los cuales los delegados, miembros de comisiones internas y activistas de base tuvieron un papel muy importante (9).

Al mismo tiempo, estudios recientes destacaron la importancia de examinar las vinculaciones que se establecieron entre fuerzas armadas y elites económicas en la represión a los trabajadores, destacando que tuvieron como objetivo central marcar un punto de inflexión en la historia previa de organización y lucha del movimiento obrero argentino, en particular en la desarrollada en el lugar de trabajo (10).

Esta relación entre sectores del capital concentrado y fuerzas militares no se restringió a la política represiva, sino que se plasmó también en la política económica, que marcó un profundo quiebre en la historia de más de cuatro décadas de industrialización desarrollada en el país desde la década del ’30, promoviendo una inédita redistribución del ingreso en contra de los trabajadores, una creciente apertura al mercado internacional, un acelerado crecimiento del endeudamiento externo y una marcada desindustrialización. Un símbolo central de esta relación fue José Alfredo Martínez de Hoz, que pasó de ser Presidente del directorio de la empresa siderúrgica Acindar, en la cual se desarrolló un proceso represivo de inédita magnitud en 1975 que incluyó un campo de detención dentro del predio de la fábrica, a ser Ministro de Economía de la dictadura militar entre 1976 y 1981 (11).

La clase trabajadora no sólo sufrió el fuerte embate de las políticas represivas y económicas, sino que además vio dramáticamente reducida su posibilidad de organización y lucha debido a un profundo reordenamiento de la legislación y la práctica de las relaciones laborales, que comenzó por la intervención por parte de personal militar de la CGT y de los gremios más importantes y representativos, e incluyó una batería de legislación que prohibió toda forma de organización en el lugar de trabajo, así como toda forma de movilización en el espacio público.

Es importante destacar que a pesar del impacto de esta ofensiva desarrollada en estos tres frentes, distintos sectores de la clase trabajadora consiguieron organizarse y movilizarse durante la dictadura, con demandas económicas y laborales, o con protestas contra la avanzada represiva, lo cual resultó fundamental para mantener ciertos niveles de organización y de lucha que permitieron, en la transición a la democracia, iniciar un proceso de reconstrucción y reorganización obrera (12).

4. Las profundas transformaciones estructurales operadas durante la dictadura y su legado para la historia posterior de la clase trabajadora

Frente a interpretaciones que se refieren al “fracaso” de la dictadura militar aduciendo que éste fue finalmente desplazado del poder en 1983, resulta imprescindible recordar que las transformaciones operadas en este período marcaron fuertemente el rumbo de las décadas siguientes de la historia argentina. No sólo las políticas represivas dejaron un legado de terror y disciplinamiento social de gran impacto, al tiempo que los retrocesos en los derechos laborales sólo pudieron ser revertidos parcialmente en un proceso que llevó años, sino que se produjeron en esta etapa cambios en la estructura económica y social que se mantuvieron y profundizaron durante los gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura (13).

Las políticas que dieron inicio a estos cambios profundos en la economía argentina fueron la Reforma Financiera de 1977, y su confluencia con la apertura económica y la drástica reducción de la protección arancelaria implementada en 1979, las cuales promovieron una transformación en los precios relativos de los sectores económicos en perjuicio del sector industrial. Esto ocasionó un abrupto descenso de la participación del sector industrial en el Producto Bruto Interno, al tiempo que las transferencias al capital concentrado favorecieron una profunda reestructuración del sector, que se concentró de manera inédita (14). Al mismo tiempo, se produjo un dramático incremento de la deuda externa (de alrededor de 8 mil a 140 mil millones de dólares, entre 1976 y 2001) y una transformación de su funcionalidad y objetivo (15).

Una ilustración clara y contundente del impacto de estos procesos en la clase trabajadora es la evolución de la participación de los asalariados que llegó a un piso de 22 puntos del PBI en la crisis hiperinflacionaria de 1982 (16).

Este cambio del patrón de acumulación de capital, que tuvo lugar en un contexto de cambios profundos en la economía mundial que marcaron el fin del denominado “modelo fordista”, se implementó en el caso argentino con un ritmo especialmente acelerado y abrupto y tuvo un sesgo particularmente excluyente y regresivo que marcó en forma significativa la historia de la clase trabajadora y sus organizaciones en las décadas siguientes.

A modo de conclusión: la clase trabajadora y sus desafíos hoy

El conjunto de aportes citados (que son sólo algunas de las aproximaciones que proveen claves útiles), nos permite no sólo comprender algunos aspectos importantes de la historia reciente argentina, sino también detectar líneas para la construcción futura. El gran desafío hoy, a la hora de recordar el golpe de estado, es no sólo discutir en qué medida algunos de estos legados regresivos se encuentran presentes aún en la actualidad, sino también encontrar formas de combatirlos. El fortalecimiento de la clase trabajadora y sus organizaciones, el apuntalamiento y extensión de mecanismos de representación en los lugares de trabajo y la articulación de los trabajadores con organizaciones políticas representativas parecen, en este sentido, vías fundamentales para revertir definitivamente las herencias de la dictadura y abrir nuevos caminos.

Notas:

1. El Cordobazo fue un símbolo de la confluencia de estas luchas, y la bibliografía sobre él es amplia y diversa. Ver entre muchos otros Balvé, Murmis, Marín, Aufang, Balvé, Jacoby, Lucha de Calles, Lucha de Clases. Elementos para su análisis (Córdoba 1971-1969), Buenos Aires, Ediciones RyR, 2006, Beba Balvé y Beatriz Balvé, El 69. Huelga política de masas. Rosariazo, Cordobazo, Rosariazo, Buenos Aires, Ediciones RyR, 2005, Gordillo, Mónica, Córdoba en los 60: la experiencia del sindicalismo combativo, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1996, Nicolás Iñigo Carrera, “Acerca de los sesenta y los setenta” en Anuario IEHS, N° 12, Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires, Tandil, 1997. Ver también sobre la organización obrera en la segunda ISI Daniel James, Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976, Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores, 2005 (primera edición 1990), Alejandro Schneider, Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo (1955- 1973), Buenos Aires, Ediciones Imago Mundi, 2006, y artículos de Darío Dawyd, “La ‘huelga santa’ de los petroleros de Ensenada. Petróleo, peronismo y política en el 68 argentino” y Valeria Snitcofsky, “Villas de Buenos Aires y conflictos portuarios bajo el gobierno de Onganía: aportes para un análisis de la articulación entre sindicalismo de base y organización territorial” en Victoria Basualdo (coord.), La clase trabajadora argentina en el siglo XX: experiencias de lucha y organización, Buenos Aires, Cara o Ceca, 2010.

2. Algunos de los estudios sobre la relación entre clase obrera y distintos sectores de la izquierda son Federico Lorenz, Los zapatos de Carlito. Una historia de los trabajadores navales de Tigre en la década del setenta, Buenos Aires, Norma, 2007, Agustín Santella y Andrea Andújar, “El Perón de la fábrica éramos nosotros”. Las luchas metalúrgicas de Villa Constitución. 1970-1976, Buenos Aires, Desde el subte, 2007; Daniel de Santis, La historia del PRT-ERP por sus protagonistas, Buenos Aires, Estación Finlandia, 2010; Pablo Pozzi y Alejandro Schneider. Los setentistas. Izquierda y clase obrera (1969-1976), Buenos Aires: Editorial de la Universidad de Buenos Aires (EUDEBA), 2000, María Cristina Tortti, “Protesta social y "nueva izquierda" en la Argentina del “Gran Acuerdo Nacional”” en Taller, Revista de Sociedad, Cultura y Política vol. 3, no. 6, Buenos Aires: abril 1998; María Cecilia Cangiano, What did it mean to be a revolutionary? Peronism, Clasismo and the steel workers of Villa Constitución. Argentina, 1945-1996, Tesis de doctorado, SUNY Stony Brook. 1996. Uno de los temas que aún requieren una exploración más exhaustiva y sistemática es la relación entre la clase trabajadora y las organizaciones político-militares.

3. Ver por ejemplo Victoria Basualdo, “Los delegados y las comisiones internas en la historia argentina: una mirada de largo plazo, 1943-2007” en Daniel Azpiazu, Martín Schorr y Victoria Basualdo, La industria y el sindicalismo de base en la Argentina, Buenos Aires, Editorial Cara o Ceca, 2010, y Victoria Basualdo, “Labor and structural change: Shop-floor organization and militancy in Argentine industrial factories (1943-1983)”, Tesis de doctorado, Columbia University, 2010.

4. Ver, entre otros, James, Resistencia e Integración; Juan Carlos Torre, Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976, CEAL, Buenos Aires, 1983; Elizabeth Jelin, "Conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976"; Revista Mexicana de Sociología, año XL, vol. XL, no. 2, abril-junio 1978; Ruth Werner y Facundo Aguirre, Insurgencia obrera en la Argentina. Clasismo, coordinadoras interfabriles y estrategias de la izquierda, 1969-1976, Ediciones IPS, 2007; Héctor Lobbe, La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976), Buenos Aires, RyR, 2006; Yolanda Colom y Alicia Salomone, “Las Coordinadoras ínterfabriles de Capital Federal y Gran Buenos Aires”, en Razón y Revolución N° 4, Buenos Aires, 1997; María Celia Cotarelo y Fabián Fernández, “La lucha del movimiento obrero y crisis de la alianza peronista. Argentina, Junio -Julio, 1975 y Marzo 1976, en Anuario PIMSA, Buenos Aires, 1997; María Celia Cotarelo y Fabián Fernández, “La huelga general con movilización de masas” en Anuario PIMSA, Buenos Aires, 1998; y artículos de Florencia Rodríguez, “Estrategias de lucha en industrias dinámicas durante la segunda ISI. Un análisis a partir del estudio de caso de Mercedes Benz Argentina” Federico Lorenz, “‘Por la buena o por la mala.’ Militancia sindical y violencia política entre los trabajadores navales de la zona Norte, 1973-1975”, Belén Zapata, “‘Necesitaban gente que estuviese en el oficio...’ Del olor a plomo, al olor a tinta en los talleres gráficos de La Nueva Provincia (1973-1976)” y Victoria Basualdo, “La organización sindical de base en Acindar Villa Constitución en la segunda ISI: aportes para la comprensión de sus particularidades y significación histórica” en Basualdo (coord.), La clase trabajadora argentina en el siglo XX.

5. Ver Eduardo Basualdo, Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, Mario Brodersohn “Estrategias de estabilización y expansión en la Argentina, 1959-67” en Aldo Ferrer y otros, Los planes de estabilización en la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 1969, y “Política económica de corto plazo, crecimiento e inflación en la Argentina, 1950-1972” en Problemas económicos argentinos, Buenos Aires, Macchi, 1973, y E. Eshag y Rosemary Thorp, “Las políticas económicas ortodoxas de Perón a Guido (1953-1963). Consecuencias económicas y sociales” en Ferrer, Los planes de estabilización, entre otros.

6. Estas crisis externas recurrentes, que habían comenzado en los años finales del peronismo, se debían a un desbalance entre el nivel de importaciones necesario para sostener el desarrollo industrial y las insuficientes exportaciones para financiarlas, en un contexto de baja rentabilidad del sector agropecuario.

7. Algunos de los trabajos que abordan la historia de los trabajadores durante la dictadura son: Victoria Basualdo, con la colaboración de Florencia Rodríguez e Ivonne Barragán, “La clase trabajadora durante la última dictadura militar argentina, 1976-1983. Apuntes para una discusión sobre la “resistencia” obrera,” Dossier disponible en: http://www.comisionporlamemoria.org..., La Plata, Comisión Provincial por la Memoria, 2010; Arturo Fernández, Las prácticas sociales del sindicalismo, Alvaro Abós, Las organizaciones sindicales y el poder militar, Buenos Aires, CEAL, 1984; Pablo Pozzi, Oposición obrera a la dictadura (1976-1982), Buenos Aires, Contrapunto, 1988; Bernardo Gallitelli y Andrés Thompson, “La política laboral en la Argentina del “Proceso”, en Manuel Barrera y Gonzalo Fallabella (comps.), Sindicatos bajo regímenes militares. Argentina, Brasil, Chile. Santiago de Chile, CES-Naciones Unidas, 1990; Ricardo Falcón, “La resistencia obrera a la dictadura militar. Una reescritura de un texto contemporáneo a los acontecimientos” en Hugo Quiroga y César Tcach (comps.), A veinte años del golpe. Con memoria democrática, Rosario, Homo Sapiens Ediciones, 1996; Osvaldo Calello y Daniel Parcero, De Vandor a Ubaldini, Centro Editor de América Latina, 1984; Paul W. Drake, Labor movements and dictatorships. The southern cone in comparative perspective. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1996; Daniel Dicósimo, “Dirigentes sindicales, racionalización y conflictos durante la última dictadura militar”, Revista Entrepasados No. 29, 2006; Ivonne Barragán, “Acción obrera durante la última dictadura militar, la represión en una empresa estatal. Astillero Río Santiago (1974-1984)” en Basualdo (coord.), La clase trabajadora argentina en el siglo XX.

8. Ver entre otros Pilar Calveiro, Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Buenos Aires, Editorial Colihue, 1998.

9. Ver Basualdo, con la colaboración de Florencia Rodríguez e Ivonne Barragán, “La clase trabajadora durante la última dictadura militar argentina” e Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal “Las luchas de la clase obrera: alineamientos y desapariciones en la Argentina de los ’70. Una Medición”, en Antognazzi y Ferrer (Comp.), Argentina: raíces históricas del presente, Escuela de Historia, Humanidades y Artes, UNR, 1996, entre otros.

10. Ver Victoria Basualdo, “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina. Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”, en Suplemento especial de Engranajes a 30 años del golpe militar, FETIA-CTA, marzo de 2006 disponible en: http://www.riehr.com.ar/detalleInv.....

11. Ver Basualdo, “Complicidad patronal-militar”, José Ernesto Schulman, Acindar, una empresa del Proceso, Buenos Aires, Ediciones del PC, 1985; Ernesto Rodríguez, Oscar Videla, María Cecilia Cangiano, Bernardo Gallitelli, Ángel Porcu y Victorio Paulón, El Villazo. La experiencia de una ciudad y su movimiento obrero, Villa Constitución, RHR Libros, 1999; Jorge Winter, La clase trabajadora de Villa Constitución. Subjetividad, estrategias de resistencia y organización sindical, Buenos Aires, Editorial Reunir, 2010.

12. Basualdo, con la colaboración de Florencia Rodríguez e Ivonne Barragán, “La clase trabajadora durante la última dictadura militar argentina.”

13. Un trabajo clásico en este sentido es Aldolfo Canitrot, “La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976”, en Revista Desarrollo Económico, Vol. XIX Nº 76, 1980.

14. Sobre la política económica de la dictadura y sus impactos estructurales, ver Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse, El Nuevo Poder Económico en la Argentina de los años 80, Buenos Aires, Legasa, 1986 y Hugo Nochteff, “Reestructuración industrial en la Argentina: Regresión estructural e insuficiencias de los enfoques predominantes” en Revista Desarrollo Económico, Vol. 31, No. 123 (Oct. - Dic., 1991). Específicamente sobre las distintas formas que asumieron las transferencias al capital concentrado, ver Manuel Acevedo, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse, ¿Quién es quién? Los dueños del poder económico (Argentina, 1973-1987), Buenos Aires, Editora/12 y Pensamiento Jurídico, 1990, Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo, Cara y contracara de los grupos económicos, Buenos Aires, Cántaro Editores, 1989.

15. Si durante la sustitución de importaciones la deuda externa había sido aplicada a financiar importaciones imprescindibles para el desarrollo del sector industrial, durante esta etapa, en cambio, puede verse que la magnitud y evolución de la fuga de capitales es equivalente al monto de la deuda externa, llegando en 2001 a 137 mil millones de dólares. Ver Eduardo Basualdo, Acerca de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una estrategia política, Buenos Aires, FLACSO/Editorial UNQUI /Página 12, Colección Economía Política Argentina, 2000.

16. Para un análisis exhaustivo de las transformaciones económicas de la etapa ver Eduardo Basualdo, Estudios de historia económica argentina.


Para contactarse con la investigadora: basuvic@yahoo.com.ar
www.redeco.com.ar

Por Victoria Basualdo (FLACSO Argentina-CONICET).

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