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martes, 21 de junio de 2011

boletín N°613 de CORREPI

REPRESIÓN PARA DISCIPLINAR, COOPTACIÓN PARA SILENCIAR

Hace unos días, Ricardo Dilan, un joven de la etnia wichi, de 28 años, fue detenido por la policía chaqueña por una contravención, y llevado a la comisaría. Horas después, según la versión oficial, se deprimió tan profundamente que confeccionó una cuerda con tela del colchón, y se suicidó.

A mil kilómetros de la selva chaqueña, en el barrio Trujuy de San Miguel, el domingo 12 de junio por la noche, otro muchacho, Elio Redioniggi, fue detenido por averiguación de antecedentes. Lo trasladaron a la comisaría 1ª de San Miguel, donde fue víctima del mismo virus suicidófilo, según explicaron los policías a su familia.

Dos jóvenes pobres y morochos, ninguno acusado de cometer un delito, víctimas favoritas del inmenso arsenal de facultades para detener personas arbitrariamente. Una vez más, el sistema de detenciones policiales arbitrarias prueba que es, sistemáticamente, la puerta de entrada, no sólo a la comisaría, sino a la tortura y la muerte. Como Walter Bulacio, como Sergio Durán, como millares de otros, codo a codo con los fusilados por el gatillo fácil.

Una vez más, también vemos cómo, tras la represión que busca disciplinar por el miedo, viene la cooptación, a través de funcionarios destacados para mostrar el lado “bueno” del mismo estado que mata, o, mejor aún, a través de sus facciones políticas colaterales disfrazadas de “militantes sociales”.

En el Chaco, ante el reclamo de la comunidad wichi, fue el fiscal especial de Derechos Humanos, Daniel Turraca, el que rápidamente convocó a los referentes del pueblo originario y les juró “investigar el caso”. En San Miguel, la tarea quedó a cargo del oficialista Movimiento Evita, que, con duros términos, salió a denunciar el asesinato de Elio. En plena campaña electoral, aprovecharon para hablar de las “bandas armadas y descontroladas de la policía bonaerense”, como si fueran marcianos, y no la obediente tropa del gobernador peronista, miembro del mismo partido que dirige el gobierno nacional, cuyo “proyecto nacional y popular” comparte el Movimiento Evita.

Así, ocultan que el gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias forman parte de una misma política de estado, que, junto a la represión selectiva, aplican tanto el gobierno nacional como los provinciales, porque todos la necesitan para defender los intereses en cuyo nombre gobiernan.

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