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miércoles, 8 de junio de 2011

“Todavía no hay una verdadera democracia, por eso hay que seguir empujando”


ENTREVISTA A OSVALDO BAYER, HISTORIADOR Y ESCRITOR ARGENTINO. 07/06/11


Este historiador repasa el trasfondo de la actual desigualdad en la distribución de tierras: el expolio sufrido por los pueblos originarios por parte de los grandes terratenientes argentinos.



Emma Gascó y Martín Cúneo/Buenos Aires

Fuente: diagonalperiodico.net nº152
Foto: Emma Gasco


En 1963, Osvaldo Bayer sugirió en una charla en Rauch (Buenos Aires) la realización de un plebiscito para cambiar el nombre del pueblo por el de Arbolito. La propuesta no hubiera despertado tanta controversia si el nombre original no hiciera referencia a uno de los generales que dirigió la primera gran campaña contra los pueblos originarios; y el de Arbolito, al indio ranquel que terminó con su vida. La propuesta tampoco hubiera sido tan polémica si el entonces ministro del Interior no se llamara Juan Enrique Rauch, el bisnieto de aquel militar, quien mandó encarcelar a Bayer en una prisión de mujeres en cuanto volvió a la capital. Este episodio, entre tantos otros, habla del compromiso de Osvaldo Bayer con la memoria de los pueblos originarios, así como con el movimiento obrero argentino, al que dedicó libros como Los Vengadores de la Patagonia Trágica, investigación en que se basó La Patagonia Rebelde (1973). En esta película, Héctor Alterio y Federico Luppi compartieron cartel con un joven militante peronista que realizó un discreto papel de extra: Néstor Kirchner.

DIAGONAL: ¿Cuál es el origen de la distribución de la tierra?

OSVALDO BAYER: La distribución de la tierra se originó con las llamadas “campañas del desierto” sobre la tierra donde vivían los pueblos originarios. La mayor de esas masacres fue llevada a cabo por el general Julio A. Roca en 1879. La Sociedad Rural, creada por los estancieros de la provincia de Buenos Aires en 1866, cofinanció la campaña. El Ejército argentino marchó sobre los pueblos originarios y perpetró un verdadero genocidio. Roca reestableció la esclavitud en Argentina –eliminada en 1813–. En los diarios argentinos se podía leer: “Hoy reparto de indios. A toda familia que requiera se le entregará un varón como peón, una china como sirvienta o un chinito como mandadero”. También se repartieron 42 millones de hectáreas a 1.800 estancieros integrantes de la Sociedad Rural. Al presidente de la Sociedad Rural, el señor José María Martínez de Hoz, se le entregaron 2.500.000 ha. Los Martínez de Hoz eran una familia de españoles que habían llegado al Virreinato del Río de la Plata cuando era de dominio español como traficantes de esclavos. Luego se convirtieron en una familia de terratenientes y hoy todavía dominan la escena. Tanto es así que el ministro de Economía más famoso de la última dictadura militar era bisnieto de aquel traficante de esclavos.

D.: ¿Cuáles fueron las justificaciones para la “conquista del desierto”?

O.B.: Primero tildaron a los indios de ladrones, decían que se llevaban las vacas. Para luchar contra eso empiezan a construir la famosa zanja de Alsina, un foso de cinco metros de profundidad y tres de ancho, desde el Atlántico a la cordillera de los Andes. Se hicieron más de 360 kilómetros de zanja. Pero los pueblos originarios tuvieron mala suerte. Murió Alsina y el presidente Nicolás Avellaneda nombró al general Julio A. Roca como ministro de Guerra. Roca decide imitar la estrategia norteamericana: importa 10.000 fusiles de repetición, para terminar para siempre con los “salvajes”. Con apoyo de los grandes diarios de Buenos Aires se inició una gran campaña contra los pueblos originarios. El resultado fueron 14.000 indios muertos y unas 14.600 personas tomadas como esclavas, peones que irían a trabajar en las fortificaciones militares de la isla Martín García [en el Río de la Plata] o en la zafra del azúcar en la provincia de Tucumán. A las indias se las pone como sirvientas y se las separa de sus hijos. Para los integrantes de los pueblos originarios que se salvaron empezó un periodo de indigencia, de mucha pobreza. Muchos de sus nietos forman hoy parte de las villas miseria.
"A los pueblos originarios se les tildó de salvajes, los héroes son gente como Sarmiento, que les llamaba ’indios piojosos"

D.: ¿Cómo se enseña hoy la historia de esta época en Argentina?

O.B.: Los grandes héroes de la patria, además de los que lucharon en la independencia contra España, son los de la conquista del desierto. A los pueblos originarios siempre se les tildó de salvajes y los héroes son Roca, Bartolomé Mitre o Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento era un racista insoportable. Él casi siempre hablaba de los “indios piojosos”, a pesar de que tenía un 25% de sangre india, por su madre. Roca tiene el monumento más grande de Buenos Aires. En la Patagonia, las calles principales se llaman Julio A. Roca. Hace diez años hemos empezado con una campaña para cambiar esto y hemos logrado algunos triunfos. En algunos pueblos se ha cambiado el nombre de la calle Roca por Pueblos Originarios. Y ya hemos recolectado más de un millón de llaves de bronce para construir un monumento a la mujer originaria que reemplace el de Roca en el centro de Buenos Aires.

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“La política de DD HH ha creado una imagen inmune a la crítica”

Opinión: Esta nota que se realizo a fines del año pasado (2010) resulta tan contundente por como desnuda la política del gobierno, auto denominado "de los Derechos Humanos", y su imagen que vale la pena reproducirlo.

MARÍA DEL CARMEN VERDÚ, DE LA COORDINADORA CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL E INSTITUCIONAL (CORREPI).

Tras el asesinato del militante Mariano Ferreyra, DIAGONAL habla con Carmen Verdú, de Correpi, que representa a dos de los heridos en esta causa.

Fuente: diagonalperiodico.net
Foto: Omar Calvo

Martín Cúneo y Emma Gascó / Buenos Aires (Argentina)
Martes 30 de noviembre de 2010. Número 138

¿En qué pensaba Néstor Kirchner antes de morir? Jorge Altamira, histórico líder del troskista Partido Obrero, y Joaquín Morales Solá, analista del diario conservador La Nación, curiosamente coinciden en sus especulaciones sobre la muerte de Mariano Ferreyra. Este joven militante del Partido Obrero había sido asesinado una semana antes cuando apoyaba una protesta de los trabajadores precarios del ferrocarril. Su muerte a manos de un sicario contratado por la Unión Ferroviaria, un gremio de la CGT vinculada al Gobierno, había despertado una ola de solidaridad entre los movimientos de base. El escándalo amenazaba con avanzar hacia los responsables políticos al tiempo que aireaba una práctica convertida en habitual. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), hace un balance sobre este caso y la situación de los derechos humanos en Argentina.

DIAGONAL: Ferreyra fue asesinado por un integrante de una patota sindical (grupo violento ligado a la burocracia de los sindicatos). ¿Cómo funciona este entramado?

Mª DEL CARMEN VERDÚ: Así como se terceriza –subcontrata– la producción para incrementar ganancia, nosotros hablamos de “tercerización de la represión”. El Estado utiliza estos mecanismos para lavarse las manos. Ya en 2004, cuando los Kirchner viajaron a Tucumán para un acto público, los desocupados de la zona se habían organizado para manifestarse contra el Gobierno. Quienes los reventaron a golpes fueron los grupos de militantes de Barrios de Pie, que eran también una organización de desocupados, en ese momento guardia del kirchnerismo. Ejemplos como ése hay a patadas. No puede sorprender que, frente a la movilización de los trabajadores ferroviarios tercerizados, lo que impida que corten la vía sea una patota organizada desde la Unión Ferroviaria y la empresa con reclutamiento de sicarios y con vínculos con la Policía.

En todo momento la Policía escolta a la patota y, cuando los patrulleros han quedado justo en el medio entre el grupo de movilizados y la patota, se abren y la dejan pasar. Cuando la patota ha regresado se cierran para garantizarles la huida.

D.: ¿Se trata de un caso aislado?

M. C. V.: En el periodo kirchnerista, con Ferreyra son ya siete los asesinados en movilizaciones. El primero fue en 2003 en Jujuy, en una movilización espontánea de un pueblo de diez mil habitantes, donde se movilizaron 3.000 frente a la comisaría por la muerte tras tortura de un detenido común la noche anterior. Al reprimir esa movilización fusilan a Luis Cuéllar, un chico de 19 años. En 2007, Carlos Fuentealba fue asesinado con un disparo en la nuca en una movilización de los docentes en Neuquén. En 2008, Juan Carlos Erazo, trabajador del ajo, murió como consecuencia de una paliza que recibió por la Policía durante un piquete organizado porque no se les pagaba su salario. En 2010 hubo tres muertes de personas que se manifestaban contra hechos previos de gatillo fácil: Vargas, Cárdenas y Carrasco. Y finalmente, ya en una represión directa contra una movilización por reclamos laborales, murió Mariano Ferreyra.

D.: Desde el exterior se percibe el Gobierno de los Kirchner como el de los derechos humanos.

M. C. V.: La llamada “política de derechos humanos” le ha permitido crear una imagen inmune a cualquier crítica que tenga que ver con cuestiones represivas. ¿Quién puede llamar represor a un Gobierno que habla permanentemente de la defensa de los derechos humanos, que reivindica las luchas de los ‘70 o asume el rol de querellante en las causas de las dictaduras? Esos hechos concretos consiguen avances, pero no tienen incidencia en la realidad represiva de todos los días.

Aparte, esa imagen ha servido para dividir los movimientos de derechos humanos existentes antes de 2003, porque muchos optaron por subirse al protoplasma del partido del Gobierno.

D.: ¿Cuál es la visión que contrapone Correpi?

M. C. V.: Hay un promedio de un muerto al día por gatillo fácil o por tortura en cárceles, comisarías o institutos de menores. Hay más de 6.000 militantes o personas relacionadas con situaciones de protesta social que están bajo procesos penales. Tenemos un incremento permanente de leyes más represivas, exclusivamente en lo referente a la criminalización de la pobreza, desde luego no para los policías que cometen delitos.

Más del 66% de las personas que están en prisión técnicamente son inocentes, gozan de la presunción de no culpabilidad porque están procesadas, no condenadas. Como cualquier proceso dura cinco años, de cada diez personas que vayan a ser juzgadas, a seis, aunque se les condene, va a ser por penas menores de lo que ya cumplieron en pena preventiva.

Notas relacionadas: La Argentina que deja Néstor Kirchner, el “Restaurador”

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EX JUEZ FEDERAL TUCUMANO AL BANQUILLO.

EX JUEZ FEDERAL. Manlio Martínez fue imputado por delitos de lesa humanidad.


La Fiscalía Federal n° 1 de Tucumán, en un trabajo conjunto con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, presentó al Juez Federal Daniel Bejas un pedido para que cite a prestar declaración indagatoria al ex juez federal tucumano Manlio Torcuato Martínez por su participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado.

El pedido se realizó en la segunda parte de la causa conocida como “Romero Niklison”, en cuyo primer tramo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dictó sentencia en el mes de marzo de este año, condenando a Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz (a) “Tuerto” a prisión perpetúa. Se trata de la ejecución extrajudicial de cinco militantes de la organización Montoneros (María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz) en una vivienda de calle Azcuénaga n° 1.816/1.820 de San Miguel de Tucumán el día 20 de mayo de 1976.

Para la Fiscalía existen pruebas suficientes de que el ex magistrado participó en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario como forma de garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron estos hechos materialmente, o que dieron las órdenes para que se cometieran.

En su escrito, la Fiscalía explica que con su inacción para investigar a los ejecutores de estos delitos aberrantes Martínez cumplía con una promesa que había hecho al ser designado en sus funciones: no entorpecer la represión ilegal en la provincia. De esa manera, al cometer los hechos ilícitos, “los responsables del aparato represivo en Tucumán podían contar con la anuencia de aquél para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados” según señala el dictamen fiscal.

Además se lo acusa de haber enviado a un detenido a su cargo a un Centro Clandestino de Detención, entregándolo al entonces encargado del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía provincial, “Tuerto” Albornoz; y luego de haberlo privado de su libertad durante más de un año.

El ex juez Manlio Martínez deberá presentarse ante el juzgado federal de Tucumán, el próximo miércoles 8 de junio, a fin de prestar declaración indagatoria por los hechos que se le imputan.

Acerca del ex juez.

Manlio Martínez fue nombrado como juez federal de Tucumán entre 1974 y 1975. Según el entonces general Acdel E. Vilas, a cargo del “Operativo Independencia” en su primera etapa, este nombramiento obedeció a un pedido suyo, pues para él el accionar excesivamente “legal” del juez anterior entorpecía las tareas represivas de las FFAA a su cargo. Señala Vilas que en aquel momento pidió “la remoción de la Cámara de Apelaciones, del juez federal (…) y del fiscal, tratando que los nuevos nombramientos recayesen sobre personas de inequívoca ortodoxia”. Una de esas personas era Martínez.

Desde 1975 hasta 1983 Martínez dio muestras que cumpliría con la promesa realizada a Vilas. Sólo entre 1975 y 1976 fueron presentadas más de 350 acciones de habeas corpus ante su juzgado a fin de dar con el paradero de personas secuestradas y/o desaparecidas: todas fueron rechazadas o archivadas. Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas “legalizadas” eran sistemáticamente pasadas por alto por el ex juez, quien aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura. Pese a la innumerable cantidad de denuncias que tenía en su despacho (incluidos cientos de casos de hallazgos de cadáveres, violaciones de domicilio y secuestros) nunca inició investigación alguna para buscar a sus responsables. Existen además registros de su presencia en los Centros Clandestinos de Detención más importantes de la provincia, como la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza, lo que se llamaba “Puesto de Comando Táctico” del Operativo Independencia, la “Escuelita de Famaillá” y la Delegación local de la Policía Federal Argentina, donde el ex magistrado decidió no percibir que existían cientos de personas secuestradas y torturadas.

La causa por la que es imputado.

Pese a que Martínez habría estado presente ese mismo día en el lugar del hecho de la calle Azcuénaga (20/05/1976) y a que las escasas pruebas reunidas por la policía indicaban que se había tratado no de un enfrentamiento sino de un “fusilamiento masivo” (todas las víctimas presentaban múltiples heridas de bala en el cráneo), el ex juez decidió no investigar a los autores de estos hechos y, en cambio, hacer suya la versión oficial brindada por el IIIer Cuerpo de Ejército. En su declaración indagatoria Bussi señaló en estos hechos “la participación directa y personal del ex Juez Manlio Martínez cuya información al suscripto fue similar a la del Jefe Militar que intervino directamente”. Lo insostenible de la falta de investigación quedó demostrado con la minuciosa reconstrucción de los hechos realizada casi 30 años después por el Tribunal Oral de Tucumán, que sirvió de base para condenar a Menéndez y Albornoz.

Pese a cerrar la investigación respecto del personal militar y policial ejecutor de la masacre, Manlio Martínez entendió que sí había mérito suficiente para investigar al propietario del inmueble donde ocurrieron los homicidios, Miguel Armando Romano, a quien privó ilegítimamente de la libertad durante más de un año acusándolo de pertenecer a una asociación ilícita, pese a que su única acción fue firmar un contrato de alquiler con una persona a la que no conocía (quien actuaba además con nombre falso) y a que tenía un severo trastorno mental. Decidió que Romano debía ser detenido e incomunicado en el CCD que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán para luego, al agravarse su enfermedad mental al no proveerle la medicación que necesitaba como parte de su tratamiento, ordenar su internación en una institución psiquiátrica.

Será el próximo 8 de junio, la primera vez que el ex magistrado sea intimado por su participación en los delitos de violación de domicilio, homicidio doblemente agravado, privación ilegítima de la libertad con tormentos y/o vejaciones, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de su deber de promover la persecución penal por los hechos que se han descripto, todo ello en su carácter de juez federal y como miembro de una asociación ilícita.

Fuente: agenciadenoticiasdh@gmail.com

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Comunicado de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos.

Boletín Electrónico de noticias y actividades de la AEDD nro 817

Ante los hechos que son de dominio público y que involucran a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y en particular a su anterior apoderado Sergio Schoklender, la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos reafirma un principio que considera primordial para los organismos de DDHH, la autonomía de los organismos de DDHH de los gobiernos.

Ya hace tiempo decíamos:

“El rol de los organismos defensores de los DDHH es hoy el mismo que el que fue en el pasado y que el que será en el futuro, velar por la plena vigencia de los derechos humanos entendidos en su integridad, utilizando esencialmente tres herramientas: la denuncia del gobierno que los viola, la exigencia de justicia para los responsables directos y mediatos de esa violación y la preservación de la memoria de esos crímenes y del marco histórico en que se cometieron.”

Por eso manifestábamos y seguimos afirmando la necesidad de “absoluta independencia del gobierno en ejercicio, único con capacidad de violar esos derechos. Independencia política y económica, claro está; y esta condición, que no admite ambigüedades ni límites laxos, debe cumplirla no solo la institución como tal sino también quienes la representan”

Asimismo, ante los intentos de los genocidas y de los sectores que los apoyan y que se beneficiaron y benefician con su accionar genocida de ayer, de intentar utilizar estos sucesos para denigrar a las Madres de Plaza de Mayo y la lucha de los organismos de DDHH para terminar con los juicios contra los genocidas, reafirmamos que:

•Reivindicamos la luchas de las Madres de Plaza de Mayo y todo el movimiento popular durante la dictadura genocida y por Memoria; Verdad y Justicia durante los gobiernos constitucionales.
•Los crímenes no se borran y la impunidad no se legaliza por la presencia de uno o más oportunistas en el movimiento de derechos humanos. Por eso seguiremos luchando junto a nuestro Pueblo hasta que todos los genocidas estén en el único lugar que les corresponde la cárcel, y hasta que el país sin explotados y explotadores por el que dieron su vida nuestros 30000 compañeros detenidos desaparecidos sea realidad

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

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Mi vieja mula ya no es lo que era...

El título es nuestro, pero la nota esta firmada y fechada y la reproducimos tal cual a continuación.




06/06/11




El último jueves Hebe Bonafini dijo en Plaza de Mayo que ella no iba a hablar de “pelotudeces”. Esta expresión fue el disparador que me lleva a escribir estas líneas. Precisamente porque considero que los hechos que a todos nos conmocionan están en las antípodas de su trayectoria ética y, como tantos otros, esperaba ¿ilusoriamente? sus explicaciones.

Nosotros, y hablo en plural porque me siento parte de un colectivo, hemos acompañado durante los años duros de la dictadura a las madres. Hemos querido y admirado su férrea lucha sin concesiones por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos y por el juicio y castigo a los genocidas. Hemos sido testigos de su proceso de construcción de conciencia política y de su anhelo revolucionario producto de la práctica social que desarrollaron. Hemos conocido de cerca su firmeza y su posición ética de sostener los principios.

A partir del comienzo del período constitucional hemos tenido inmensos acuerdos y algunas divergencias. Pero, por sobre todo, siempre hemos respetado, no sólo la historia, sino su política independiente de los gobiernos y su papel cuestionador. También el liderazgo de Hebe.

No hemos compartido la consigna de “quien cobra la indemnización se prostituye” pero ¿cómo puede articularse la rigidez de aquélla postura con los negociados y la plata negra que hoy se denuncian? Hebe sí tiene la responsabilidad de decir algo sobre esto.

Resulta inaceptable que en la histórica Plaza, en presencia de funcionarios del gobierno nacional, de “la Cámpora”, de las huestes de Alicia Kirchner, de la CGT de Moyano, dijera que ella no iba a hablar de “pelotudeces”.

Nada de nuestra historia nos exime de la responsabilidad sobre los hechos que producimos. Más aún, ella misma nos exige dar cuenta delos mismos. La negativa a dar explicaciones es un acto de soberbia y de desprecio hacia nuestro pueblo y hacia todos aquellos que las merecemos, porque hemos luchado siempre y seguimos siendo coherentes con esa lucha y porque también somos dañados por la corrupción y el montaje que ensombrecen la trayectoria del movimiento de derechos humanos.

No reconocemos en la Hebe Bonafini actual a aquella en cuyo ejemplo de lucha nos hemos nutrido. Por eso es tan profundo el impacto subjetivo que nos atraviesa, fundado en el deseo de que esto no ocurriera, pero que, muy a pesar nuestro, la realidad nos lo impone una y otra vez.

Las palabras tienen sentido y significación, un valor simbólico. El pasaje de “Asociación” a “Fundación” marca el clivaje, confirma el cambio cualitativo en las definiciones y los proyectos de las Madres. Por un lado la Fundación pasa a ser la pantalla de una gran empresa, y por otro Hebe operadora de un gobierno. Este viraje nos diferencia y nos duele y produce un profundo daño a la lucha por los derechos humanos.

Cuando ya es imposible ocultar lo que en realidad es la punta del iceberg del escándalo de los negociados y la corrupción que involucra a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y al Gobierno, el montaje oficialista pretende circunscribirlo al ex apoderado de la institución.

Es decir, que Shoklender, orador en el acto del último 24 de marzo realizado por las Madres en el Mercado Central, sería simplemente una “anomalía” en un proyecto que funcionaba a las mil maravillas. De hoy en más, extirpada la anomalía todo continuará maravilloso. Ni Hebe ni el gobierno quedarían involucrados y la “obra” tendrá continuidad.

El “caso Schoklender”, por el contrario, constituye un verdadero analizador que permite visualizar la esencia de la política de cooptación del gobierno de los Kirchner. Este gobierno ha desarrollado dicha política, basada en las necesidades y urgencias de los más desposeídos para manipularlas como alimento de su pretendida imagen progresista

y cuyo verdadero objetivo, como toda su estrategia de gobierno, es favorecer a ciertas empresas y negocios y repartir cargos públicos, con fondos del Estado, a cambio de apoyo político.

A los efectos de conformar un escenario que le permitiera legitimarse, puso el foco en los organismos de derechos humanos y muy especialmente, como lo explicita con cinismo José Pablo Feinmann, en Hebe Bonafini. Para garantizarse gobernabilidad y terminar con la histórica experiencia de las asambleas populares surgidas del 2001, Kirchner aterrizó en un movimiento al que siempre había ignorado, utilizó la lucha contra la impunidad y el reconocimiento nacional e internacional de las madres y en esta misma perspectiva, no vaciló en dividir el movimiento de derechos humanos.

El blanqueo del entramado económico entre el gobierno y la Fundación, articulado por millonarios subsidios salidos de los ministerios K, pone en evidencia que la simbiosis Kirchner-Bonafini no es solamente un acuerdo político sino que la cooptación tiene una base material. En este caso, incorpora, de hecho, a la Fundación Madres de Plaza de Mayo al grupo empresarial que se ha beneficiado durante este período. Esta empresa constructora no dudó en utilizar “la patota”, marca registrada del kirchnerismo, para intimidar a quienes trabajaban en sus obradores.

No subestimo a Hebe. Cualquiera que la conozca sabe que es una mujer que tiene la lucidez de mirar el conjunto de los fenómenos que la rodean y que controla y maneja todo lo que ocurre en el ámbito de su liderazgo. Podrá decirse que no está en el último detalle de alguna operatoria, pero la Fundación es una estructura que la cuenta como protagonista con claro poder de decisión.

Evidentemente queda un hiato sin asunción de responsabilidad que, dolorosamente, confirma un antes y un después. En la Plaza de la lucha y la denuncia, Hebe Bonafini ha hecho el jueves usufructo de impunidad.

Diana Kordon.



Coordinadora del Equipo Argentino Psicosocial (EATIP) y de Liberpueblo.
http://www.blogger.com/dianakordon2011@yahoo.com

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