NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

sábado, 19 de febrero de 2011

COMUNICADO de PRENSA

HIJOS ALTO VALLE

Cipolletti, 18 de febrero 2011

Ante el ataque perpetuado por una patota sobichista contra las compañeras de la Colectiva Feminista La Revuelta, desde la organización H.I.J.O.S. Alto Valle no sólo sentimos la necesidad de manifestar nuestro mayor repudio a la impunidad de la que hacen gala quienes viven a costillas del Pueblo y solidarizarnos con las compañeras, poníendonos a disposición, sino que también queremos compartir una breve reflexión sobre las elecciones internas del MPN.

El corrupto y asesino Jorge Omar Sobisch disfruta de los contactos y las prebendas que ha venido armando a lo largo de su carrera politiquera, con la plata de las y los trabajadores neuquinos, la misma plata que era negada a la educación y salud pública, a las viviendas sociales, a la obra pública. Sobisch se mantuvo en el poder gracias a la genuflexión de los gremios que luego le soltaron la mano (como UPCN y los petroleros de Pereyra), gracias a la prioridad que se daba para que las empresas privadas -nacionales y multinacionales- saqueen los recursos del Pueblo, gracias a una Maldita Policía Neuquina pertrechada y con carta blanca para castigar a quien osase levantar la voz.
Pero, y debemos hacer un mea culpa, Sobisch también está libre e impune porque cuando tuvimos la oportunidad de echarlo no dimos el paso decisivo. Cuando la Maldita Policía Neuquina reprime salvajemente y mata al compañero Carlos Fuentealba en Arroyito se gestó una manifestación popular que creció hasta su colorario el lunes 9 de abril de 2007, para luego devenir en un acampe que el tiempo desgastó. Así, como había logrado sobrevivir a la cámara oculta realizada por el entonces diputado Taylor (de RECREAR, que ahora goza de sendos negocios inmobiliarios en Plottier...cómodo precio para el silencio), Jorge Omar Sobisch, el asesino, sobrevivió a la pueblada que hizo chispa aquel funesto y triste 4 de abril de 2007.

La actual interna del MPN es para el pueblo, como elegir entre la horca y la hoguera.
Sobisch NUNCA MÁS; pero también Sapag NUNCA MÁS, Pechén NUNCA MÁS... MPN NUNCA MÁS. Porque son parte de este sistema capitalista que mata con el hambre, con las balas y con la impunidad. Son parte de este sistema al que se enfrentaron nuestros padres hasta la muerte.
¿O acaso Sapag, Parrilli, Farizano son propuestas antisobichistas? Lo que tiene de exquisito este sistema que nos consume y oprime es cómo nos hace caer en los personalismos. De esta forma, nos concentramos en la cara visible de la maquinaria de corruptos y sanguijuelas y no en la estructura que los sostiene y nos contiene.

Invitamos a todas y todos a reflexionar al respecto y a desoir el mandato que dirigentes político-partidarios y sindicales están realizando a la sociedad:
participar de la interna del MPN es ser cómplices de la opresión y la represión, la corrupción y pauperización social. Es ser cómplices de que las escuelas se sigan cayendo a pedazos, que los hospitales no tengan recursos, que los policías repriman a diario en los barrios, que las patotas ataquen a las y los luchadores.

Que voten quienes tengan culpas y deudas que pagar con ellos. La cárcel en la que deben estar Sobisch, sus funcionarios y amigotes, la misma cárcel en la que deben estar los genocidas y otros opresores del Pueblo como Menem, Duhalde, Soria y tantos otros y otras, esa cárcel no les llegará a través del voto a Sapag, sino a través de la movilización popular incansable e innegociable.
"LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA", y la que se vende.-

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LA CAMARA DE CASACION BENEFICIO A DOS REPRESORES

Donde no deben estar

Roberto Albornoz y Luis Armando de Cándido estaban en una cárcel común por los crímenes que cometieron en Tucumán. El primero seguirá preso en su casa; el segundo quedó en libertad.

Luis de Cándido, con muletas, y Roberto Albornoz, al ser juzgados junto a Luciano Benjamín Menéndez.

Cuna del terrorismo de Estado en 1975 con el operativo “Independencia”, devastada en dictadura de la mano de Antonio Domingo Bussi, Tucumán no tiene un solo represor condenado en la cárcel. A pesar de los “riesgos inminentes” para los testigos invocados por el Tribunal Oral Federal en su sentencia de junio pasado, cuando ordenó que los genocidas cumplan su pena en una cárcel común, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó la decisión con inusual celeridad y permitió abandonar el penal de Villa Urquiza a Roberto Heriberto Albornoz y Luis Armando de Cándido, los únicos dos condenados que no estaban en su casa. Hijos regional Tucumán calificó de “vergonzosa” la decisión de Liliana Catucci, Gustavo Mitchel y Angela Ledesma.

El máximo tribunal penal de la Nación suele tomarse su tiempo para confirmar sentencias en causas por delitos de lesa humanidad. De cuarenta fallos en el último lustro, Casación confirmó once, de los cuales sólo tres fueron revisados por la Corte Suprema de Justicia y están técnicamente “firmes”. La demora permite que sigan libres y no se revea el modo de ejecución de la sentencia de represores que pagaron altas sumas para evitar la cárcel, como Jorge Olivera Róvere, los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani o el coronel Bernardo Menéndez, que se da el lujo de defender como abogado a sus camaradas en desgracias.

En el caso tucumano el tribunal demostró que no siempre es lento. En julio del año pasado, luego de escuchar durante meses a sobrevivientes y familiares de víctimas de la ex Jefatura de Policía de Tucumán, el TOF local condenó a prisión perpetua a Albornoz, el ex titular de ese centro clandestino, y a 18 años de cárcel al policía De Cándido. Como la ley permite el beneficio del arresto domiciliario a los mayores de setenta años (Albornoz tenía 78 años, De Cándido, 71), los vocales del tribunal debatieron sobre el modo de cumplimiento de la sentencia. Se impuso el criterio de Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi (votó en disidencia Gabriel Casas), de revocar el arresto domicilio de quien fuera mano de derecha de Bussi y la excarcelación de su subordinado. En sus argumentos destacaron los antecedentes de amedrentamientos a testigos, tanto del El Tuerto Albornoz, que además había violado su arresto domiciliario, como de De Cándido, reconocido por las víctimas como uno de los más feroces torturadores de la ex Jefatura.

A siete meses del fallo y sin pronunciarse sobre el fondo de la sentencia, la Sala III de Casación decidió retrotraer la situación al comienzo del juicio, léase liberar a De Cándido y encerrar en su casa a Albornoz, que encabezó sesiones de torturas contra centenares de tucumanos. “La interpretación de las normas, especialmente cuando está en juego la libertad de las personas o una morigeración del lugar de detención, debe ser restrictiva. Para revocar el arresto domiciliario u ordenar la detención de un imputado deben existir elementos objetivos que permitan sostener que existen –o que permitan presumir– riesgos procesales, circunstancia que no se presenta en autos”, escribieron Catucci, Mitchel y Ledesma.

Hijos Tucumán manifestó su “más enérgico repudio” a la resolución y recordó que “esta marcada intencionalidad de favorecer a los genocidas responsables del terrorismo de Estado tiene lamentables antecedentes: fue esta misma Cámara la que excarceló a Astiz y al Tigre Acosta, dándose el lujo de resolver las formas de cumplimiento de las penas sin resolver antes el fondo de la cuestión”. Desde la reapertura de causas en 2003 hubo en Tucumán sólo dos juicios que derivaron en cinco condenas. “A constantes dilaciones, con megacausas como Arsenal de Azcuénaga que lleva años a la espera de ser elevada a juicio oral –lamentó Hijos–, se agrega la decisión de Casación de mandar a sus casas a los dos únicos genocidas que cumplían sus condenas en cárceles comunes. ¿Será justicia?”

Fuente: Pagina 12

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Presentarán recurso extraordinario contra prisión domiciliaria de Albornoz y De Cándido.

Los querellantes, en su conjunto, que actuaron en el juicio por la causa “Jefatura de Policía”, presentarán un recurso extraordinario contra la decisión de la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal que otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a Albornoz y Luis De Cándido hasta que la sentencia quede firme. Organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos repudiaron la decisión de los jueces.

La Sala tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, presidida por Liliana Catucci revocó el alojamiento de Roberto Albornoz y Luis De Cándido, en Villa Urquiza. Esto se debe a que durante el juicio por la causa “Jefatura de Policía”, según los jueces, “no se ha probado que los acusados hayan puesto en riesgo los fines del proceso”. Ambos imputados deben cumplir su condena en prisión común, según el fallo del Tribunal que estuvo a cargo del juicio. Sin embargo esa decisión quedará efectiva cuando la sentencia quede firme. (Ver aparte)

La decisión de que salgan de Villa Urquiza para que los imputados vuelvan a ser alojados en sus respectivos domicilios, causó, por supuesto, indignación en los organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos y los abogados querellantes que participaron del juicio: Emilio Guagnini, Julia Vitar, Valentina García Salemi, Daniel Weisemberg, Bernardo Lobo Bugeau y Laura Figueroa.

“Presentaremos, los querellantes en forma conjunta, un recurso extraordinario por arbitrariedad manifiesta”, indicó Guagnini. “Entendemos que por la naturaleza aberrante de los delitos el beneficio de la prisión domiciliaria no corresponde”, agregó.

“Esto es una burla para las víctimas del Terrorismo de Estado y la sociedad en su conjunto”, expresó. Por último informó que en caso de negarnos el recurso dextraordinario presentaremos una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Repudio a la decisión de Casación Penal

“Al más sangriento e insigne represor de la provincia, el Heriberto Albornoz alias El Tuerto, denunciado en la casi totalidad de las causas por Terrorismo de Estado, se le ha permitido salir de la Cárcel de Villa Urquiza y ha sido enviado a su casa. El fallo vil también contempla la libertad condicional de De Candido, el secuestrador, desaparecedor, de Marta y Rolando Coronel, el que a las sombras de la impunidad usurpó el hogar de la familia Coronel”, dijeron en un comunicado Raquel Zurita, Marta Gómez, Marta Rondoletto, Leticia Pérez, todos familiares de desaparecidos y querellantes en causas por derechos humanos.

“Denunciamos a la opinión pública, que una vez más, la Cámara de Casación obstaculiza el proceso democrático que busca cimentar el estado de Derecho. Con este fallo la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala Tercera desconoce el valiente esfuerzo realizado por los testigos y sobrevivientes dando a conocer la Verdad histórica, y abroquela a los sectores más reaccionarios defensores de los genocidas. La Corte Suprema debe actuar con toda su autoridad para que se haga justicia ya”, sostienen.

Por su parte desde el Peronismo Auténtico aseguran que “a pesar de los años transcurridos en democracia, aun los conceptos vitales que debieran sustentar este sistema, luego de la larga noche genocida, se ven pisoteados por resoluciones o dictámenes, en este caso de la Cámara de Casación”.

“Los beneficiados son Roberto Heriberto Albornóz y Luis Armando De Cándido, reconocidos autores tanto, de secuestros, maltratos, aplicación de tormentos, responsabilidad de la muerte, en muchas de las historias de padecimientos que tuviera que soportar nuestro pueblo, para instalar el terrorismo de Estado, que luego les permitiría en sus casos enseñorearse públicamente del impune poder del que gozaban e incluso que les permitiera apropiarse y disponer de los bienes y viviendas de las víctimas de sus secuestros”, continúan.

“Como peronistas, tenemos el deber de de manifestarnos en contra de esta determinación que además menoscaba la sentencia adoptada por este Tribunal Oral Federal, que demostró valientemente su consecuencia con las historias vertidas en audiencia”.

Sebastián Ganzburg

Fuente: Tucuman Hoy

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Fue absuelta toda la cadena de mandos intermedios del principal centro de detención clandestino riojano.

La Cámara Federal de Córdoba revisará una causa de La Rioja que involucra a Menéndez
Fue absuelta toda la cadena de mandos intermedios del principal centro de detención clandestino riojano. Organizaciones acordaron iniciar el juicio político al juez Herrera Piedrabuena.


En los próximos días se espera que llegue a la Cámara Federal de Córdoba un recurso de apelación por la resolución del juez Daniel Herrera Piedrabuena en la causa “Menéndez” de la provincia de La Rioja. En plena feria judicial, el magistrado cerró los procesamientos de 17 de los 66 imputados por secuestros y tormentos en el principal centro de detención clandestino riojano, el Instituto de Rehabilitación Social (IRS).

Con habilitación de la feria –insólita para este tipo de decisiones–, el 17 de enero el juez sobreseyó o dictó falta de mérito para la cadena intermedia de mandos y dejó las responsabilidades libradas sólo a Luciano Benjamín Menéndez (entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército) y a quienes cometieron directamente los secuestros o las torturas, un grupo de gendarmes o guardiacárceles.

De esta forma, el magistrado argumentó que los tormentos son delito “de propia mano” (aquellos consumados únicamente por quienes realizan personalmente la acción) y no debe involucrarse a quienes consintieron o estaban por encima en la cadena de mandos.

Por otra parte, respecto de las detenciones y allanamientos, Herrera Piedrabuena convalidó los secuestros y lejos de considerarlos privación ilegítima de la libertad o violación de domicilio entendió que no deben considerarse delito. En estos dos puntos el juez riojano va en contra de toda la jurisprudencia en la materia y ha recibido fuertes críticas que no se limitan al ámbito de su provincia.

Otra de las cuestiones más resistidos de la resolución fue el sobreseimiento del antecesor de Herrera Piedrabuena, el juez federal Roberto Catalán, quien cumplía prisión domiciliaria y ahora está libre. Él estaba a cargo de las personas privadas de su libertad y se dice que conocía las condiciones de detención y tomaba declaración a los detenidos con los ojos vendados.

Pero Herrera Piedrabuena negó que esos detenidos hayan estado ilegítimamente privados de su libertad. Entendió, en cambio, que estaban sometidos a proceso por la ley 20.840 que reprimió los “delitos subversivos” o que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) entonces a cargo de la Junta Militar.

Por este y otros motivos, el fiscal federal de La Rioja Darío Illanes el 28 de enero apeló la resolución. Fuentes allegadas a este funcionario judicial mostraron su indignación porque aún no fue notificado de la concesión del recurso.

En la vecina provincia no se demoraron las reacciones en torno a esta resolución judicial. Además de considerar que nunca en la historia de la Justicia federal se habilitó la feria judicial para dictar una resolución de este tipo, lanzaron fuertes críticas por los argumentos esgrimidos por el magistrado.

El juez federal riojano también fue denunciado por la Unidad Fiscal de crímenes de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.

Además del pedido de apelación del fiscal Illanes, familiares de detenidos, organizaciones sociales y partidos políticos acordaron pedir el juicio político a Herrera Piedrabuena.

El requerimiento será formalizado ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura nacional, hoy con mayoría oficialista.

Para apoyar esa intención, en La Rioja se están juntando firmas y, según el sitio www.DataRioja.com en dos días ya se reunieron 400 adhesiones. El semanario digital citó declaraciones de las víctimas de la dictadura: “Herrera Piedrabuena debe explicarle al pueblo de La Rioja el por qué de su apresuramiento para dar sobreseimiento y falta de mérito a quienes hicieron tanto daño al país y el por qué de su lentitud para citar a los aproximadamente 50 testigos restantes”.

Fuente: La Voz del Interior, viernes 18

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a cuatro años del asesinato de Sandra Ayala Gamboa.


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Petitorio contra la policía en las escuelas.

Llevalo a tu escuela y hacelo firmar y mandanos las firmas que consigas, queremos juntar miles de firmas y repartir el petitorio y las adheiones el día de inicio de clases a los padres y estudiantes para repudiar la política de Scioli

Los abajo firmantes rechazamos la medida adoptada por el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal de enviar policías a las escuelas para “brindar información y eventualmente dar charlas didácticas sobre prevención del delito”. Asimismo repudiamos este nuevo avance represivo, y el intento de lavarle la cara a esta institución responsable de 1.500 casos de gatillo fácil, de los últimos fusilamientos de Franco y Mauricio, los jóvenes de José León Suarez y el de Lucas Rotella de Baradero; la misma que tiene una historia genocida, que maneja la trata de niñas y jóvenes, el narcotráfico, vinculada secuestros y delitos. Denunciamos además el intento de militarizar las escuelas como parte de la campaña de criminalización de la juventud en la que el gobernador Scioli insiste con bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes. Quienes suscribimos la presente exigimos al gobernador Daniel Scioli y todas las autoridades legislativas y ejecutivas de la Pcia. de Buenos Aires la vuelta atrás de esta medida represiva y es por ello que llamamos al resto de las organizaciones de trabajadores, comisiones internas y cuerpos de delegados, a los centros de estudiantes, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y políticas a sumar su adhesión a esta amplia campaña democrática que impida la presencia policial en las escuelas .

PRIMERAS FIRMAS: Victoria Moyano - nieta restituda por Abuelas de Plaza de Mayo; Alejandrina Barry-hija de desaparecidos-; Carla Lacorte, víctima de gatillo fácil -integrantes del CEPRODH.

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