NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

miércoles, 29 de enero de 2014

MUSEO DEL CASINO DE OFICIALES DE LA ESMA

LA DISNEYLANDIA DE FRESNEDA Y PARRILLI

Todo pasado es espectral.
Estoy convencido de que los recuerdos
son las herramientas más sofisticadas del olvido”.
Enrique Symns. “Réquiem”

A casi 38 años del golpe, la política de Derechos Humanos del kirchnerismo termina de desembarcar en las playas del Olvido empuñando los fetiches de la Armada Argentina. En esta nota los detalles del delirante proyecto de museo interactivo del oficialismo para el Centro Clandestino más grande del país. Y algunas reflexiones en torno a lo que esconden las políticas de Memoria cuando se institucionalizan.


LOS ACUERDOS

El Convenio de cooperación y colaboración para el “Museo de la Memoria en el ex Casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada está fechado en abril de 2013, y lleva las firmas del Secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, del Secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, y del rector de la Universidad de San Martín (UNSam), el kirchnerista Carlos Ruta.
El primer dato curioso para un proyecto que intenta recuperar la memoria del Centro Clandestino más grande del país, es que entre las definiciones iniciales del acuerdo se afirma que “la recuperación, resguardo y transmisión de recuerdos son reconstruidos con un revisionismo histórico con total respeto a la memoria de las víctimas y los sobrevivientes”. Desde noviembre de 2011, cuando el gobierno creó el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico dirigido por Mario “Pacho” O'Donell, financiado por Presidencia con 7 millones y medio de pesos por año, venimos asistiendo a la consolidación de un revisionismo kirchnerista que se presenta como una corriente nacional y popular, pero no es más que una propuesta genérica, difusa, efectista y oportunistamente compatible con las imágenes históricas colocables en librerías y documentales televisivos, para emplearla como propaganda pro gubernamental. Ello se verifica en las billikenistas, vendibles y emocionalmente efectivas producciones de los Pigna, los Brienza, los Anguita y otros subvencionados estatales para contar una supuesta historia heroica y anti-liberal siempre dentro de las lógicas de la industria cultural, y mientras se reproduce el país sojero-minero con modesta redistribución de 200 pesos mensuales, notebooks y TV digital. Pero así como en ese revisionismo kirchnerista no existe interés en cuestionar la construcción del capitalismo dependiente argentino, en los relatos de su política global de Derechos Humanos brillan por su ausencia los proyectos revolucionarios de la generación del '70, a la que conviene banalizar antes que negar. Y el proyecto museográfico para la ESMA es el ejemplo claro de la cristalización de esa tendencia. Pero no nos adelantemos.

Para darse avales técnicos adecuados, el Convenio apela al asesoramiento de la UNSam que, paradójicamente fue inaugurada en sede del ex Liceo Militar hace 20 años, habría desarrollado “un Centro de Producción e Investigación en conservación y restauración” que según se enuncia brinda asesoramiento a museos e institutos públicos y privados locales y extranjeros. En realidad, lo que la UNSam gestiona desde 2004 es la formación de recursos humanos en el Centro de Producción e Investigación en Restauración y Conservación Artística y Bibliográfica Patrimonial TAREA (de allí su sigla CEIRCAB TAREA) dirigido por Néstor Barrio, pero que se enfoca más en la recuperación de obras artísticas y bibliográficas históricas, y ha trabajado entre otros con cuadros de Antonio Berni, Benito Quinquela Martín y más espectacularmente, en la puesta en valor del mural “Ejercicio Plástico” del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, inaugurado por Cristina en 2010 en la Aduana de Taylor, ubicada en Casa Rosada y parte del Museo del Bicentenario. La característica incipiente del equipo de TAREA en trabajos relativos a Memoria, Historia y Patrimonio, puede constatarse en las ignotas jornadas que en noviembre pasado se realizaron en la UNSam con historiadores argentinos, franceses, italianos y brasileños, que intentaron debatir los desafíos respecto a los “lugares de memoria” y los “usos públicos del pasado”. Pero la problematización reciente de estas temáticas no excusas la desmesura de las polémicas propuestas del proyecto concreto que aquí analizamos.
Recordemos que el convenio para el Casino de la ESMA se encarga de precisar que por el interés histórico que tiene para la comunidad recuperar el edificio, el objetivo es la tan mentada puesta en valor del predio, que no es otra cosa que “el desarrollo de un proyecto museográfico y su ejecución, según los criterios científicos y técnicos más avanzados”. En cuanto a los tiempos de ejecución, el Convenio se estipula por 1 año, pero con prórroga automática por el mismo tiempo, y determina dos puntos: que “el edificio del casino quedará tal como se encuentra”, ya que el proyecto se limita a la puesta en valor, y que la inauguración del proyecto terminado será el 24 de marzo de 2014, es decir a los 12 meses desde su firma.
Es de destacar que este convenio fue firmado en el año signado por los debates sobre los “asaditos” y los ensayos de murgas que se vienen realizando en el predio, criticados por los organismos de Derechos Humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que precisamente, no son tenidos en cuenta a la hora de los acuerdos por su posición crítica de los usos de predio, y sin cuyo reclamo probablemente no se hubieran hecho explícitos los acuerdos de preservación del edificio del Casino.

RESPONSABILIDADES Y SECRETOS

En la distribución de acciones de las instituciones firmantes del Convenio se fijó un área de coordinación con un representante por cada parte (Secretaría General, Secretaría de DD.HH. y UNSam) que controla y aprueba el proyecto. Además se creó un Área Ejecutiva comandada por la Secretaría de DD.HH. para seleccionar documentación, coordinar los contenidos y editar los textos, un Equipo Técnico conformado por especialistas de la UNSam para relevar el predio, elaborar el croquis y realizar el anteproyecto (con presupuesto incluido a 2 meses de aprobado el Convenio) y se comprometió a la Secretaría de la Presidencia al aporte de $500 mil a la UNSam para su trabajo.

Resulta sugerente aquí que, además de realizar el aporte financiero, la cartera de Parrilli introdujo una cláusula de confidencialidad hacia los actores involucrados en el proyecto, que invitó a ceder los derechos intelectuales y patrimoniales de la propuesta museográfica a la Nación, y coordinó su ejecución como un secreto de Estado al decir que “las partes se avendrán a las pautas de seguridad y confidencialidad propias de la seguridad presidencial, manteniendo siempre el decoro y la reserva necesarias sobre toda información que por su naturaleza o contenido reviste clasificación de seguridad y llegue a su conocimiento directa o indirectamente con motivo de la ejecución de este convenio dentro del ámbito de la Presidencia de la Nación”.
Esta apelación a una cláusula de confidencialidad, sumada a una solicita renuncia irrevocable a los derechos intelectuales del proyecto de parte de los autores, resulta inaceptable para un proyecto público de interés para toda la sociedad. Más aún teniendo en cuenta que desde la sanción por la Legislatura porteña de la Ley 392 en junio de 2000 (que revocaba la cesión del predio a la Marina) así como desde la firma del Convenio N°8 de 2004, entre Nación y Ciudad, era una voluntad manifiesta del Estado destinar el espacio a un Museo de la Memoria. De hecho, desde el desalojo total del predio en 2007 comenzó a circular en distintos ámbitos privados que contratan obras con el Estado la posibilidad de venderle un proyecto para el Casino de la ESMA. Uno de ellos fue el proyecto del selecto grupo “CCFGM” de 6 arquitectos argentinos que han colocado negocios de restauración en el exterior para la Universidad de Economía de Viena y aquí en el país en el Hotel Mirador del Lago de Calafate, en el edificio Havana de Mar Del Plata y dos años consecutivos en el Museo del Bicentenario. En 2011 este grupo logró el segundo premio en un concurso para el Museo del Casino (dicho sea de paso, menos tecnológico y más realista que el oficial), lo que demuestra que los pulpos privados de la construcción estuvieron siempre al tanto de los posibles negocios con los destinos del predio, cubiertos ahora con un manto de secreto de Estado por Parrilli. Esto contrasta con la publicitada erogación de recursos que la Secretaría de la Presidencia realiza sobre otros proyectos faraónicos y que detalla en su página web. Allí, entre la publicidad de los pliegos y bases para contratación de obras de los últimos 5 años, predominan, en un 80 % de los aportes para distintos caprichos del parque temático interactivo de Tecnópolis y de la Unidad Ejecutora del Bicentenario, en los que llevan gastaos más de 200 millones de pesos.
Evidentemente, al “decoro” y la “reserva” que Parrilli reclama en la ejecución del proyecto para la ESMA, escapan los asaditos y las murgas que los organismos oficialistas vienen realizando en el predio con el aval político desde la Presidenta hacia abajo. Esos reclamos son más propios de una “omertá” que privilegia los negocios privados con lo público que de la inocente excusa de la preservación de la Memoria social.

LOS DETALLES

Dirigida al obseKuente secretario serrano Fresneda, la propuesta museográfica del legitimado Equipo Técnico se presenta como un plan y diseño conceptual y artístico del directorio del Ente Espacio para la Memoria, lo que concretamente sería responsabilidad de los organismos de Derechos Humanos que gestionan hoy la ESMA y del equipo de trabajo de la UNSam “designado a la Secretaría de DD.HH.”.
El Instituto Espacio para la Memoria administra en la ESMA los edificios del Casino de Oficiales, el edificio Central, el Pabellón Coy, la Enfermería, el Taller de Automotores y la Imprenta, es decir los espacios donde hubo detenidos en distintos momentos. El resto se reparte entre las dos líneas de Madres, Abuelas, Familiares, Hijos, la Unesco, Canal Encuentro y el grupo de Jozami.
El Equipo Técnico está integrado por los directores Valeria Barbuto (CELS) y Graciela Lois (Familiares), los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos Paula Maroni, Agustín Di Toffino (integrantes de HIJOS Capital y Córdoba respectivamente) y Ludmila Catela, y los curadores Alejandra Naftal, Hernán Bisman, Carlos Campos y Roberto Busnelli. En Abril de 2013 entregaron un informe de 60 páginas que, con más imagen que texto, se exhibe como el avance del trabajo entre enero y abril de 2013, esto es, hasta la firma del Convenio. Entre las definiciones más importantes, se puede leer que “esta propuesta es posible ahora porque hay Justicia. Se están llevando a cabo los juicios”, y porque “ha transcurrido el tiempo necesario que permite conjugar la articulación necesaria entre memoria e historia”.
A partir de allí, 4 apartados desarrollan los conceptos y dispositivos básicos que se pretenden ejecutar con el proyecto. El concepto ideológico la define como una “propuesta abierta y prolongada en el tiempo” y apela a los ejes de consenso e institucionalización de la propuesta. En cuanto a la interpelación a los visitantes, propone que “el cómodo se sienta incómodo y el incómodo se sienta cómodo”, algo así como sacudir al indiferente y contener al sensible. Respecto a las vivencias que la propuesta pueda generar, se plantea evitar el extrañamiento y generar salidas al trauma para promover la identificación y la reflexión.
A su vez, el concepto museográfico define claramente las consignas de “No debemos intervenir ni alterar constructivamente el edificio; ni reconstruir herramientas de las prácticas genocida”, y postula realizar sólo “obras de detenimiento del deterioro, preservación y necesidades de funcionamiento”.
La insistencia en este punto ofrece una imagen: “podríamos pensar que es una muestra museográfica que se desenchufa: se recogen los elementos expuestos y el edificio queda vacío tal cual lo encontramos”. De manera que como “recibimos un edificio vacío”, la “reconstrucción sólo podemos hacerla a través de los testimonios de las personas que pasaron por allí”. Este punto destaca también que la propuesta se hace cargo de la totalidad del edificio, es decir los 5.200 m2 del Casino de Oficiales, al que se concibe como testimonio y prueba judicial, y que lo que se hará será resignificar “en una narración sostenida por un sistema de dispositivos museográficos esta maquinaria de la muerte”. Estos dispositivos son concebidos como estaciones que organizan el recorrido en dos tipos de intervenciones: tradicionales o historiográficas (paneles, gráficas, fotografías, audiovisuales, objetos, documentos, noticias, ilustraciones, etc.) con la información sobre el lugar, su funcionamiento y las personas que pasaron por allí, e intervenciones vivenciales que apelen a las sensaciones, emociones, vivencias, experiencias, desplegadas desde dispositivos museográficos contemporáneos de última tecnología (mapping, hologramas, iluminación, sonidos, temperaturas, etc.) para, según se dice, “transmitir y aproximar ‘la vida’, tanto en sus aspectos más aberrantes de la dinámica de la represión ilegal como en los aspectos de resistencia de los compañeros allí detenidos”.

LOS FETICHES

Toda esta batería de definiciones formales resultan muy correctas a la hora de la discusión museográfica, pero cuando nos adentramos en la ejecución material de lo que es el proyecto museográfico quedan relegadas a letra muerta. El tramo de ejecución del proyecto cuenta con 16 ítems sobre igual número de espacios del edificio del Casino y una descripción de los dispositivos a instalar en cada estación.
En el Hall de acceso y Hall central se proponen paneles de vidrio pivotantes con explicaciones “del porqué del museo, la voluntad política que lo posibilita y una introducción a la historia del sitio”. Para la Planta baja (ex comedor del Casino) se estipula una muestra vivencial con la historia del edificio y el mapa de las estaciones a recorrer. Aquí se incluye la realización de un mapping al piso en escala real, proyectando el diagrama de “algunos espacios que convivieron simultáneamente en el Casino mientras funcionó como CCD. Así, el visitante podrá contrastar el tamaño de una ‘cucha' donde los detenidos eran confinados a vivir meses de su vida contra la dimensión de la oficina de Acosta, el dormitorio de los oficiales o la habitación en suite de Chamorro”. Según dice el proyecto “esa comparación vivencial de fácil comprensión de un espacio, dará una idea cabal de la magnitud del hacinamiento y deshumanización”. El Segundo ex comedor será transformado en una “Mediateca” que contará con una mesa con 12 LCD de pantalla táctil donde “los visitantes puedan interactuar, organizar su visita o acceder a toda la información que este museo contendrá o producirá acerca de lo que aconteció”.
Y desde aquí se direcciona el recorrido directamente de Planta Baja hacia el Tercer Piso del Casino, a través de la Escalera que conserva las marcas de los grilletes de los detenidos que allí transitaron. Entonces se esgrime la idea de “destacar esas marcas mediante gráfica y un juego complejo de luces dirigidas”. Ya en Tercer Piso, para el espacio que ocupó el sector denominado “Capucha” (principal lugar de reclusión de detenidos) se maneja la idea de utilizar el recorrido del pasillo de Capucha al Pañol como un espacio de tránsito a través de una tarima de madera sin intervención u ocupación espacial (de ida y vuelta), donde se harán zonas de descansos para observación de los tabiques-celdas en reuniones explicativas con despliegue de información gráfica. Aquí se estipula un “acondicionamiento térmico” y un “sistema automático de oscurecimiento de ventanas” que propicia un juego de luces “que cíclicamente permita la doble lectura de luz artificial-horror / luz natural-esperanza”.
Continuando el recorrido siempre en el Tercer Piso, el espacio que fue “Capuchita”
(ex tanque de agua, 2 salas de tortura y espacio de encierro similar a “Capucha” coordinado por Inteligencia Naval) será invasivamente intervenido con luces y sonido: como allí se combinaba el sonido de la tortura con el del agua llenando el tanque y los ruidos de la calle, se piensa “mantener este lugar vacío, en absoluta penumbra, sólo interrumpida por la luz rasante proyectada desde el piso inferior sobre la pared del tanque”. Además, “dos luces concentradas cortarán la oscuridad iluminando las dos grafías trazadas por los compañeros durante su cautiverio”. Y por si fuera poco, completarlo amplificando “mediante micrófonos en el exterior del edificio los sonidos del tránsito de la Avenida Libertador, del tren cercano y de los jóvenes en los patios de la escuela Raggio”.
También en el Tercer Piso, el lugar de la Maternidad Clandestina será intervenido desde un indolente juego conceptual: se argumenta que teniendo en cuenta que “'dar a luz' es uno de los momentos más importantes de cualquier mujer, está aquí contextualizado con la circunstancia de deshumanización que significó la dinámica represiva y la entrega de bebés”. Según el proyecto habrá “una cegadora luz de quirófano acompañada por el testimonio sonoro de algunas sobrevivientes”. En cuanto al Pañol (depósito de objetos robados en los operativos) se prevé utilizar una técnica de lleno total donde “cada uno de los espacios delimitados por las cabreadas del Pañol será ocupado completamente por grandes paquetes. Se trata de estructuras neumáticas transparentes con una cara interior translúcida: son objetos construidos con aire que ocupan prácticamente todo el espacio y dejan liberada sólo la tarima para el tránsito”. Aquí la intervención comienza a tomar ribetes de exuberancia tecnológica ya que se formula proyectar con cañón de video “sobre la superficie interior translúcida de los paquetes, imágenes de época de los objetos robados por los grupos de tareas a los detenidos”. Para la “Pecera” (lugar de trabajo esclavo y parodia de redacción periodística) se disponen 4 cubos de vidrio iluminados con documentos allí producidos, una fila de sillas ancladas a la tarima de tránsito donde “el público podrá interactuar sentándose en ellas o apoyándose en sus respaldos a descansar o a reflexionar acerca de lo experimentado” y una ambientación con sonidos de máquinas de escribir y télex.
De allí, la escalera del Tercer Piso a Planta Baja, denominada “Escalera a los Jorges” (en relación a Acosta, Vildoza y Rádice) será habilitada en su estado actual, para llevar al público a las habitaciones de los oficiales del Primer y Segundo Piso, que serán convertidas en salas de muestras. Nuevamente en Planta Baja, las oficinas de estos oficiales se transformarán en una nueva estación de muestras con paneles en las paredes y el techo del pasillo de acceso, que limitará el acceso a las oficinas, utilizadas por agentes de Inteligencia, Comunicaciones, Laboratorio y Documentación y que también continúan siendo prueba judicial.
En paralelo a ello se comienzan a desplegar las propuestas más polémicas de la iniciativa, como la intervención de la casa que el director de la ESMA, el genocida contraalmirante Rubén Chamorro, habitaba en el predio con su familia, con una apuesta de las más extravagantes del proyecto: “recrear un ámbito cotidiano y doméstico inaudito dentro de este contexto” colocando “mobiliario de época en la disposición que suponemos hubiera tenido, pero invertido y sostenido desde el techo” que apelaría a la ocurrente metáfora de "el reino del revés”.
Ya a este punto, el proyecto museográfico comienza a tomar un peligroso vuelo propio que se ve en las dos opciones para reacondicionar el salón llamado “El Dorado” (antiguo salón de ceremonial que utilizaban oficiales de Inteligencia y Operaciones). La apuesta más sobria es “Dueños de la vida y la muerte” que prevé un grupo de escritorios con pantalla táctil con información sobre los juicios a los represores de ESMA y la policíaca idea de poner archiveros con fichas de los desaparecidos. Pero el cúlmine del disparate y la obsecuencia política está en la otra propuesta, llamada “De cuadros Bajados” en clara alusión a uno de los pingües caballos de batalla del discurso kirchnerista en Derechos Humanos. Se trata de una estación de muestra con información de los usos de “El Dorado” en dictadura, acompañada de una acción de 30 cuadros vacíos ubicados en el piso sobre los que se proyecta la imagen de los genocidas y “su estado procesal” donde “la
fotografía en uniforme de cada uno de los marinos será reemplazada por su foto durante los juicios”. Para mayor asombro, se informa que “la imagen de los genocidas enjuiciados será barrida por las fotografías de las caras, nombres, profesiones, año de nacimiento y de detención o desaparición de los compañeros detenidos desaparecidos en la ESMA que ocuparán completamente el perímetro de toda la sala, convirtiendo lo que era penumbra en luz y victoria”. Eso sí, el pastiche se completa con la proyección “sobre el piso de madera de las palabras Memoria, Verdad y Justicia” y con “el video en 360 grados del día de la recuperación de la ESMA el 24 de marzo de 2004”.
Y lo que hasta el momento podía perecer un desliz de exageración estética, se reafirma como la dinámica misma del proyecto cuando se observa la propuesta para uno de los sectores clave del edificio, el “Sector 4” o “Sótano” ubicado en el subsuelo, que era el espacio de tortura al ingreso de los detenidos a la vez que la última instancia de permanencia antes de los “traslados”. Si bien se enuncia reconocer que es “un sitio con enorme carga semántica” y se insiste con “no reconstruir ni recrear el horror”, se proyecta la construcción de una fuente de 2 piedras al centro del salón: una de descarga en el piso con las inscripciones de los desaparecidos encontradas en el edificio grabadas en la piedra y haciendo las veces de receptora del agua, otra en lo alto desde cuyas perforaciones brotará el agua y en el medio de ellas las fotografías reveladas por Víctor Basterra en escala natural. Según se informa, “estas fotografías serigrafiadas sobre vidrios recibirán desde 5.000 poros perforados en la piedra superior 5.000 gotas de lluvia” que lavan el agua “a través del horadado de la piedra inferior y es recogida por las grafías de la base” y vuelve a subir. La alocada idea de la circulación de agua en el lugar es justificada como un “ciclo que simboliza la fertilidad y la vida”.
Luego de este delirio, los proyectos de un cubo de vidrio al final de la Escalera que se usaba para sacar a los detenidos a los vuelos (como falsa salida al playón) y de un techo de vidrio en el Playón con los nombres de los desparecidos y bancos grabados con los “hitos de la lucha por los derechos humanos desde 1983 hasta el presente” resultan casi nada.

ALGUNAS PREGUNTAS

Al cierre de esta nota nos enteramos de una nueva opereta kirchnerista para realizar el proyecto de museo como sea, quitando del medio no ya la crítica de los organismos independientes, sino para cercenar el espacio de opinión de los acólitos o del “apoyo crítico”. Se trata del rumor de un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad y Nación para traspasar el control de los ex centros de detención de la ciudad de Buenos Aires (no sólo la ESMA sino también Virrey Cevallos, Olimpo, Club Atlético y Automotores Orletti) al orden total y discrecional de la gestión nacional. Ello implicaría la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) como tal, para dar paso al total dominio del predio de parte de la gestión ejecutiva nacional. Sabemos también del comunicado público de preocupación y una carta del directorio del IEM al juez Torres, que instruye los (a su criterio) distintos tramos para un mismo lugar de extermino, de la causa ESMA, y que pide garantizar la intangibilidad del edifico del Casino. También sabemos de supuestas modificaciones del proyecto oficial para el Casino a terrenos menos surreales, con la quita de la fuente del Sótano entre otros cambios, lo que de todas maneras no frenó una medida judicial de amparo para detener innovaciones sobre el predio presentada por los organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
Nada de ello elude ni hace menos oportunas, sin embargo, algunas preguntas que surgen a partir del análisis concienzudo del proyecto de la ambición oficial sobre el predio de la ESMA.
¿Que pasa si algún nacido durante el cautiverio de sus padres en la ESMA recupera la identidad cuando el circo ya se concretó? ¿O algún familiar de algún secuestrado, que todavía los hay y no han podido acercarse a ese lugar, quiere conocerlo tal cual era? ¿No tiene derecho a encontrarse con la ESMA como estaba en 2004?
¿Qué significa esta saturación a lleno del vacío que representa la ausencia irreparable de los desaparecidos con objetos tecnológicos de presencia desafiante? ¿De qué remota legitimidad académica nacen estos proyectos de relaciones fantasmagóricas entre la exhibición en museo de lo público y el respeto al dolor de lo privado? ¿Qué se busca representar con este 'quid pro quo' de relaciones propias de cosas entre la memoria de las personas y relaciones sociales mediadas por las cosas?
Para entrarle a estos cuestionamientos habrá que adentrarse en procesos bien profundos, aunque no siempre visitados. En el tomo I de “El Capital” Carlos Marx desarrolla su propia teoría del Valor en economía política, y describe la índole social del trabajo humano que produce mercancías. En el punto 4, “El Carácter fetichista de la mercancía y su secreto”, afirma que a partir de la acumulación originaria y el intercambio generalizado de mercancías en el mundo industrial, las condiciones de vida expropiadas a las masas populares se autonomizan, cobrando vida propia como si fueran personas. Entonces, la inversión fetichista consiste en que las cosas se personifican y los seres humanos, arrodillados ante ellas, se cosifican.
Puesto a analizar esta interesante idea en contraste a las que hoy predominan en filosofía y en ciencias sociales, en su texto “La herencia del fetichismo y el desafío de la hegemonía en tiempos de rebelión” Néstor Kohan afirma que varias tradiciones académicas recientes, como el post-modernismo y el post-estructuralismo, han puesto en duda la misma existencia de sujetos autónomos, es decir de aquellos que justamente pierden su autonomía en el proceso explicado por Marx como fetichismo. Estas posiciones, que pulverizan al sujeto, han atribuido el rango universal a realidades sociales puntuales y han hecho proliferar los discursos políticos fragmentados, porque analizan los procesos sociales al margen de la historia y de la política.
¿Pero qué tiene que ver esto con las políticas de Memoria? Resulta que, si ya no hay sujetos revolucionarios, en este esquema sólo resta lo que Kohan define como “el predominio del espacio aplanado de la imagen por sobre el tiempo profundo de la historia, sobre la cual se estructura la memoria y la identidad individual y colectiva”. Para Kohan este es un esquema donde “con el olvido de la historia y la cancelación de la lucha de clases se anula la identidad del sujeto y se archiva su memoria”, es decir donde “desaparece toda posibilidad de crítica y de oposición radical al capitalismo y su vida mediocre, inauténtica, mercantilizada, serializada y cosificada”. La vida social se transforma entonces en una puesta en escena sin profundidad, donde todo es pura imagen y representación.
Y es a partir de esta fragmentación de lo social y pulverización del sujeto que todo reclamo (de Derechos Humanos, de género, ambientalista, de pueblos originarios, etcétera) que no apunta al sistema de conjunto, es perfectamente neutralizable, cooptable, integrable y asimilable en función de la dominación. Así cada movimiento social se mantiene inofensivamente en su parcela, y el movimiento de Derechos Humanos no escapa a este diagnóstico. El sujeto borrado que postuló el marxismo como crítica, y que empuña hoy el postmodernismo para legitimar la cultura homogeneizadora del mercado mundial, atraviesa las definiciones de la museografía orientada a las temáticas de Memoria. El nuevo fetiche (del portugués fetico: “hecho de la mano del hombre”) parece ser el uso de la tecnología para intentar explicar la mecánica de la represión política, el fenómeno de la desaparición forzada de personas y sus consecuencias, como una nueva vuelta de tuerca de este viejo mecanismo. ¿Qué mejor manera sino de transformar lo que nació como impulso de resistencia en algo estanco, funcional al sistema, institucionalizando la derrota de una generación para eternizar las debilidades del movimiento popular?
Por eso, para recuperar al Movimiento de Derechos Humanos como un poderoso puño que golpee al modelo de dominación en el centro de sus contradicciones, para evitar esa cristalización funcional de la derrota, debemos señalar estos desvaríos y dar cuenta de que la ESMA seguirá siendo la ESMA. Ni museo interactivo, ni espacio cultural, ni sitio fetichizado del Terror de Estado.

FINAL...Y DOS CAMINOS

Hace casi 10 años, el 24 de marzo de 2004, estuvimos en el acto que se realizó en la ESMA y por el cual el gobierno ordenaba desalojar el predio para avanzar hacia la realización del museo. Estuvimos porque queríamos que se escuchara nuestra voz. Una voz que, además de repudiar los crímenes del Terrorismo de Estado, de recordar a los 30 mil compañeros y exigir juicio y castigo a todos los represores, hablaba del presente. Hablaba de no pagar la deuda externa con el hambre del pueblo, de no entregar los recursos naturales al saqueo multinacional, de los responsables actuales de la represión a los que luchan, y del gatillo fácil en los barrios. Todo esto fue dicho en las narices del presidente Néstor Kirchner, de su esposa Cristina Fernández, y del jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, que tragaban saliva en el escenario. Y ese discurso, leído por una compañera de La Plata nacida en la ESMA, tenía una particularidad, había sido elaborado por las dos regionales más políticas de HIJOS por entonces: Capital Federal y La Plata.
Diez años después, con la política kirchnerista apropiándose las banderas históricas de los organismos de Derechos Humanos, la realidad nos encuentra en veredas opuestas.
La regional H.I.J.O.S. Capital se encuentra exultante disfrutando del galpón de la ESMA que el gobierno les regaló por los servicios prestados a su causa. Recibiendo en el CCD de la base Naval de Mar del Plata a la fragata Libertad que conducía Massera 6 años antes del golpe, realizando asados en el predio aunque lastimen la memoria de los sobrevivientes, promoviendo las murgas en el predio aunque ensordezcan las visitas guiadas y destrozando el ejemplo de lucha de sus padres grabando videos de campaña proselitista en su coto del mayor Centro Clandestino del país.
Desde HIJOS La Plata continuamos el camino de la lucha y la denuncia, con los organismos de DD.HH. Independientes del Estado y junto a los trabajadores. Denunciando los juicios a cuentagotas, la desvirtuación del Banco de Datos Genéticos y la banalización de los espacios de Memoria. Y señalando a los gobiernos que criminalizan la protesta, utilizan la represión como control social y dan continuidad a la extranjerización y el saqueo.
Dos caminos enfrentados y una historia que tarde o temprano nos pedirá rendición de cuentas. A cada cual su juego.

HIJOS LA PLATA
Enero 2013

Imagen: Proyecto Casa de Chamorro

Imagen: Proyecto Fuente Sótano

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miércoles, 1 de enero de 2014

Más justicia a cuentagotas.

EN 2013 SE CONSOLIDÓ EL ESTANCAMIENTO DE LOS PROCESOS A LOS GENOCIDAS

Con 2 juicios menos que el año pasado y un total de sólo 468 genocidas condenados, 2013 significó el estancamiento de la pretendida voluntad de condena del Estado sobre el Genocidio que ocurrió en nuestro país. Tras 10 años de anuladas las leyes de impunidad y 8 años de juicios, el proceso de juzgamiento se va estancando en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas cada año. Y pese a la persistencia de más del 70% de los represores imputados en estos años en espera de juicio, el gobierno kirchnerista dice querer cerrar los procesos en 2015.
En esta nota analizamos los magros datos de 8 años de juicios, realizamos proyecciones y explicamos por qué tal voluntad de clausura oficial es un disparate que sólo generaría más impunidad.

Las cifras que mencionamos son de elaboración propia. Se acompaña adjunta una tabla con detalles de los juicios concluidos entre 2003 y 2013. Nuestra base de datos, actualizada trimestralmente, puede consultarse en www.hijosprensa.blogspot.com.ar
Al 31 de Diciembre de 2013 el Estado argentino sólo efectivizó 111 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 111 juicios estuvieron procesados 633, y hubo como resultado 567 condenas sobre 468 represores, 61 absueltos y muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 2793 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 30% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 24% de ese número de procesados fue condenado.
Si tomamos como dato los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 468 condenados siguen representando, a 10 años de anuladas las leyes, menos de 1 represor condenado por CCD. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado.
Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83 (200 mil según estimaciones del propio Ministerio de Defensa) e incluso comparado con los cerca de 2.100 procesados, ese 24% de condenados sobre procesados, es decir que más del 70% de los represores procesados en 10 años está impune, es menos auspicioso que los datos defendidos como “avances” desde los sectores oficiales.

En cuanto a las zonas represivas y a las fuerzas que participaron del Genocidio, si subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército, las policías provinciales y los servicios penitenciarios se han hecho:
- 30 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo con 146 condenas.
25 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo con 100 condenas.
- 31 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército con 183 condenas.
En tanto en otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del norte bonaerense, vemos que el juzgamiento fueron solo 7 procesos y 39 condenas, por hechos del partido de Escobar, Tigre y de Campo de Mayo.
Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 7juicios que condenaron a 57 represores que actuaron en los CCD “La Escuelita” de Neuquén, las comisarías de Sierra Grande y Viedma, la Escuela de Cadetes de Viedma, algunos CCD de Bahía Blanca, la Base Almirante Zar, la Unidad 6 del SPF, el Batallón de Comunicaciones 181 y “La Escuelita” de Bahía Blanca.
En cuanto a los crímenes de la Armada, sólo se logró condenar a 36 integrantes de las patotas de esa fuerza, 2 prefectos y 8 civiles cómplices: Ortiz y Pertusio en la primera parte de la causa de Base Naval de Mar del Plata, 10 marinos y 2 prefectos en el segundo tramo de esa casusa, 17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA 2, Policarpo Vázquez, su mujer y la partera que los asistió en la apropiación de Evelyn Bauer-Pegoraro, 3 de los 4 represores del arma acusados en causa “Plan Sistemático”, 3 de los 5 marinos imputados por la “Masacre de Trelew”, el médico del hospital Naval Jorge Magnacco en “Plan Sistemático” y en la rémora de la causa Bauer-Pegoraro,
el marino entregador y al apropiador civil de Natalia Suarez Nelson-Corvalán, y a 3 de los civiles apropiadores de Fedrico Cagnola Pereyra desde la Esma.
Además sólo 8 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea condenados en las causas Mansión Seré, Hospital Posadas, Área Mar del Plata y La Cueva de Mar del Plata y la Base Aérea de ReconquistaY hubo sólo 7 integrantes de Gendarmería condenados, Víctor Enrique Rei en el caso de la apropiación de Alejandro Adrián Fontana-Sandoval, y 6 de los 7 gendarmes imputados la causa Arsenales-Jefatura de Tucumán.

Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 111 procesos realizados, el 22% tuvieron un solo imputado en el banquillo, el 41% tuvieron de 2 a 5 imputados, el 25% tuvieron entre 6 y 10 acusados, y sólo el 13% de los procesos se realizaron contra más de 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron. Y además confirma el proceso de fragmentación que estira los debates a más de un juicio, o bien los clausura en las mínimas responsabilidades.

Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 47 % de las condenas fueron por al máximo de la pena (prisión o reclusión perpetua). En efecto, el 14 % de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 39 % menos de 25 años. Esto nos hace reflexionar sobre la calidad de la condena con que el Estado valora los crímenes que está juzgando, que son de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, y fueron cometidos en grupos de tarea, utilizando el aparto de Estado y con acumulación de casos; pero que muchas veces son equiparados en sentencia en el monto de las penas a delitos graves y de sangre, pero cometidos por delincuentes comunes. 

Además, en estos 8 años de juicios hubo 61 polémicas absoluciones, 18 de las cuales correspondieron a juicios de 2013, y de las que en 8 años de juicios se hicieron notar el reguero de perdones que despachó el TOF Nº 1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total de 31, en el proceso por los hechos de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia; el escandaloso perdón en todos los 13 casos en que se acusaba al torturador Juan Carlos Rolón en el segundo juicio parcial por hechos ocurridos en la ESMA (su libertad no fue efectiva por estar procesamiento en otras 5 causas), la tomada de pelo que resultó la absolución de Rubén Paccagnini y Jorge Bautista en el juicio por la “Masacre de Trelew”; y la decisión más execrable, que fue sin dudas el fallo del segundo juicio por el CCD “La Escuelita”, donde los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano del TOF de Neuquén absolvieron en noviembre de 2012 a 8 de los 22 acusados y apartaron por “cuestiones de salud” a un represor que, ahora repuesto, vuelve a ser juzgado en 2013.
Estos casos alertan sobre la necesidad de mejorar el trabajo fiscal y de jueces de instrucción para completar las investigaciones incriminatorias preliminares sobre cada imputado, y para arribar a la etapa oral sin dar posibilidad a las “dudas” absolutorias.
Curiosamente venimos escuchando desde los sectores oficialistas que cada año que se inicia será realmente “el año de los juicios”, valoración propia de quien analiza en abstracto el proceso en lugar de ir a los números concretos. Si tomamos los últimos 4 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento se va estancando en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas cada año. En 2010 hubo 19 juicios con 114 condenas, mientras en 2011 hubo 21 procesos finalizados con 84 condenas, en 2012 fueron 25 juicios llegados a sentencia con 131 condenas, y en 2013 el proceso se estancó en 23 juicios concluidos con 161 condenas .
Aquí es donde entra a pesar la fragmentación de las causas que llegan a juicio, y por eso sostenemos la necesidad de acumular las causas para juzgar por circuito represivo o por CCD: porque sabemos que incluso más juicios por año no es necesariamente más justicia, y porque sumar juicios en abstracto no es lo mismo que destacar que en 2010, 7 de los 19 juicios fueron a 1 o 2 represores, y que esa cifra aumentó en 2011 a 9 de los 21 procesos, se sostuvo en 2012 en 9 juicios y que en 2013 11 de los 23 procesos juzgaron a 3 represores o menos.
Claro que no siempre esto es destacado por funcionarios de Justicia o Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, ni por el Ministerio Público, ni por la prensa adepta al gobierno, que viene pregonando “el año de los megajuicios” desde comienzo de 2013 y destaca el supuesto “salto cualitativo en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad” y afirma que “comenzaron a realizarse los llamados ‘megajuicios’”. Habría que recordarle a esa prensa obseKuente que en 2012 sólo 6 de los 25 juicios juzgaron a 10 o más represores, es decir que hubo tres veces más “mini-juicios” que “mega-juicios”. Los “mega-juicios” tan citados que en 2013 representaron sólo 7 de los 23 procesos concluidos.
  
La distribución geográfica de los procesos llegados a sentencia hasta el 31 de diciembre de 2013 en las 26 jurisdicciones Federales, continuó destacando a Capital Federal (con 21 debates concluidos, sólo 1 en 2013), como la jurisdicción donde mayor cantidad de juicios hubo en todo el proceso, seguida de La Plata (10 juicios)San Martín (9 juicios), Mar Del Plata (7 juicios)Tucumán (7 juicios) y Santa Fe (6juicios).
Sigue siendo crítica la situación de los juicios en los juzgados el interior del país, sobre todo en lo que fueron en dictadura zonas represivas importantes como Córdoba (5 juicios)Rosario (5 juicios) y Neuquén (2 juicios). Peor es el panorama en las provincias de noroeste y noreste del país, que en general no superan los 5 procesos terminados. El caso más extremo lo representa la provincia de Jujuy, que tuvo su primer sentencia de este tipo de juicios en mayo de 2013, a casi 10 años de anuladas las leyes de impunidad por el Congreso.
En cuanto a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos (contemplados en las figuras de supresión de identidad, retención y ocultamiento de un menor, falsificación de documento público y supresión de identidad), el panorama de juzgamiento ha avanzado con las mismas contradicciones que el resto de los procesos. Un total de 18 juicios en 10 años, que incluyeron 60 casos y donde se obtuvieron 72 condenas sobre similar número de represores. En esos 60 hechos juzgados, siendo que el total de restituciones fue de 109 identidades, y pese a haberse juzgado a algunos de los represores responsables de su apropiación, encontramos que en 15 de estos casos los jóvenes aún no han sido restituidos a su verdadera identidad.
Así lo detalla la siguiente tabla.
Causa
Condenados
Restituidos
Gallo-Sanz
2
Si
Sampallo-Barragán
3
Si
Fontana-Sandoval
1
Si
Suarez Nelson-Corvalán
2
Si
García-Recchia
2
Si
Cabandié-Alfonsín
1
Si
Bauer-Pegoraro
4
Si
Caso Negro-Valenzuela (2)
5
1 hermano si. Otro no
Martínez Aranda-Goya
2
Si
Plan Sistemático (35)
9
25 si. 10 no.
Casado-Tasca
2
Si
Teruggi-Mariani (Circuito Camps)
3
No
De la Cuadra-Baratti (Circuito Camps)
3
No
Ortega-Fossatti (Circuito Camps)
3
Si
García-Nadal (Circuito Camps)
1
Si
Caracoche-Gattica (Circuito Camps)
3
Si
Fallabella-Abdala (Circuito Camps)
3
Si
Galarza-Molina (Circuito Camps)
5
Si
Granada-Goncalves (San Nicolás)
1
Si
De Sanctis-Ovando (Campo de Mayo3)
1
Si
Alcaraz-Campos (Mendoza)
5
Si
Pereyra-Cagnola (Esma)
3
Si
Gallinari-Abinet (La Plata)
3
Si
Romero de Metz (Bahía Blanca)
2
No
Izurieta (Bahía Blanca)
2
No
  
Para la ciudad de La Plata el año 2013 sumó un ida y vuelta en la característica de los procesos, ya que si al comienzo de la reapertura de las causas se venía juzgando de a un represor por vez, y luego se comenzó a revisar los hechos de a un CCD por vez. Pero si en 2012 se logró juzgar parcialmente crímenes de 5 de los 29 CCD del Circuito Camps, que en el caso de los centros de La Plata dejaron para cada uno causas residuales, este año se volvió a la lógica de fragmentaciónEntre Junio y Julio de 2013 fueron realizados en La Plata los juicios por las causas Iaccarino y Gallinari-Abinet.
En la causa por los secuestros de los hermanos Iaccarino la justicia sólo llevó a juicio a los máximos jefes del CCD “El Infierno”. El resultado de la sentencia fue de lo peor que se obtuvo en los 8 juicios anteriores realizados en La Plata: condenas a 3 años a Bruno Trevisán y 4 años a Rómulo Ferranti por el delito de “vejaciones y severidades”. Para el tribunal las torturas fueron vejaciones y severidades, eso sí, cometidas “en el marco del Genocidio perpetrado en la última dictadura”. Este fallo nos mostró, una vez más con la disidencia incólume del juez Rozansky, las consecuencias concretas que arroja la fragmentación de las causas, porque muy diferente hubiera sido la sentencia y caracterización del delito si se hubieran juzgado en conjunto todos los crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de Lanús, porque se hubiera dado cuenta del conjunto de hechos y de la sistematicidad de la práctica represiva, y no se confundiría, 37 años después, una simple severidad con lisas y llanas torturas, delito que tiene penas más graves.
La causa "Madrid, Elichart y Kirilosky” juzgó este año en La Plata la retención y ocultamiento de menor, supresión y suposición de estado civil y falsedad ideológica de documento público en el caso de Elena Gallinari Abinet, nacida en 1976 durante el cautiverio de su mamá, María Leonor, e inscripta como hija propia por el represor Domingo Madrid. Elena nació en cautiverio y fue entregada a Madrid por el genocida de la Brigada de Investigaciones de La Plata Carlos Vercellone, que murió impune en julio de 2008.
Un gran abismo planteado en esta causa se refiere al CCD en el que su madre dió a luz a Elena, cosa que no ha sido nunca investigada, con la excusa de que no hay sobrevivientes con los que María Leonor haya compartido su detención.

Este caso tuvo la particularidad de que los tres imputados fueron sobreseídos por prescripción en 1990 por el juez Blanco, que casi veinte años después volvió a procesarlos cuando Elena se presentó como querellante en 2009, alegando con justeza que fue víctima de crímenes de lesa humanidad que no estaban prescriptos. Es decir: nuevamente es la voluntad de las víctimas, nunca la voluntad punitiva del Estado, la que pone las cosas en su lugar y enfrenta a la impunidad. Finalmente Madrid y su esposa fueron condenados a 10 años de prisión (8 menos que los solicitados por la querella particular), mientras la médica Kirilovski recibió 5 años de prisión (3 menos que los pedidos por la querella particular).

Suman entonces 49 los genocidas condenados en La Plata al 31 de diciembre de 2013, una cifra poco representativa para una ciudad que en dictadura contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. Pero los 49 genocidas condenados son menos representativos aún de los 29 CCD del Circuito Camps, circuito represivo que está en instrucción en La Plata, y donde hay unas 20 fragmentadas causas en instrucción con 150 procesamientos sobre unos 80 represores a ser juzgados en inciertos próximos juicios. Es decir que, aun presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 140 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone, al menos sobre el circuito represivo de la Policía Bonaerense en dictadura.

Pero en términos políticos nacionales, la gran creación kirchnerista de este año fue la alocada idea de cerrar los juicios en 2015. Desde abril de este año el Secretario de DD.HH., Martín “Ñato” Fresneda, salió plantear su voluntad de que “en el transcurso del 2015 empiecen a concluir los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad” porque supuestamente, "a partir del diseño de acumulaciones de expedientes y del mejoramiento de la política judicial sobre los procesos de delitos de lesa humanidad, se lograron importantes avances que hoy se pueden reflejar en los juicios que se desarrollan en distintos puntos del país". La realidad que pinta el ex abogado de HIJOS Córdoba se basa en trasladar mágicamente que como han llegado a juicio procesos complejos como los de los CCD ESMA o La Perla, que incluso reconoce “van a tardar entre un año y un año y medio en concluir”, el resto de las causas en instrucción en todo el país irán copiando ese modelo por generación espontánea, o por aplicación de una política nunca expresada.

En realidad la presidenta Cristina Fernández lo viene pregonando desde diciembre de 2011, cuando en el acto por el día de los Derechos Humanos dijo: “Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato estos juicios que han demorado más de treinta años en ser iniciados, puedan ser terminados” y “que el próximo presidente que tenga que prestar juramento el 10 de diciembre del 2015, no tenga que volver a pronunciar esta frase y hayamos dado vuelta definitivamente una página tan trágica de nuestra historia”.
Lo que propone el kirchnerismo es técnicamente impracticable si pensamos que en 10 años se juzgó al 30% de los procesados, que la cantidad de condenados por año se estancó y que el número general de imputados por juicio es constante. ¿A través de qué solución voluntarista habríamos de pensar que en 2 años se hará una tarea que, así planteadas las cosas, llevará varias décadas? Una proyección objetiva del proceso nos dice que juzgando a razón de un promedio de 600 represores cada 10 años, sin sumar nuevos procesamientos, concluiría recién en más de 3 décadas, y haría recaer una potencial condena a 3,5 represores por cada uno de los 600 CCD. E incluso si se acelerara al doble la capacidad punitiva, siempre que no se sumen más procesamientos, no se cerraría en menos de 2 décadas. Panorama que se complejiza si se agregan nuevos procesamientos, que de todas maneras no se resolverían en menos de 10 años, siempre que lo represores no abracen la muerte como último recurso de impunidad.
Desde una vista superficial de este desempeño juzgador del Estado, y analizando números en el vacío, no es nada desdeñable que más de 4 centenar y medio de represores, sobre todo figuras emblemáticas del Terror de Estado, pasen el final de su vida purgando las culpas de su campaña desaparecedora. Pero una visión más detallada de la magnitud de los hechos ocurridos en la represión, del horizonte de juzgamiento que el Estado se está proponiendo, y de la agudización de las variables que urgen más condenas en menos tiempo, nos presenta una situación más crítica.
Así planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de impunidad porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia que planificaron y ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre.
La pereza que presenta la situación actual de la política de Juicio y Castigo, la palpable improvisación en la ejecución de herramientas que completen y aceleren el proceso, nos produce a muchos un efecto inverso al que debería generar la de una pretensión de Justicia: la sospecha de que cada juicio que se concreta fuera no la posibilidad de continuar avanzando con otras investigaciones por demás lejanas, sino la clausura del necesario esclarecimiento de responsabilidades sobre hechos, víctimas y verdugos que han sido arbitrariamente relegados de los debates que se han efectivizado.
Una clara convicción de los sectores que seguimos el camino crítico a este proceso que hoy analizamos, es que la investigación y sanción de TODOS los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable del Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos. Por todo esto denunciamos que no existe una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio, y que todos, del primero al último de los verdugos, merecen castigo por formar parte del plan represivo.
HIJOS LA PLATA
Diciembre de 2013

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