NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 24 de abril de 2012

Judicialización contra las cooperativas autogestionadas

Lunes, 23/04/12
Petitorio por el desprocesamiento de Jerónimo Altschuler

Los abajo firmantes queremos manifestar nuestro repudio a la persecución política que sufre Jerónimo Altschuler, uno de los referentes del Frente de Organizaciones en Lucha y de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados (A.G.T.C.A.P).
Nuestro compañero
De acuerdo a lo que aparece en la causa, Jerónimo Altschuler es denunciado por nada más y nada menos, que el Secretario de Empleo ENRIQUE DEIBE por "acciones amenazantes que tienen carácter coactivo y ejercen presiones que atentan contra el normal funcionamiento de los organismos públicos". Bajo estos términos resulta ser entonces, que miles de trabajadores sin patrón cuyo salario no se acerca ni al mínimo vital y cuyos derechos laborales son hace años postergados, son una amenaza para el normal funcionamiento de inacción de este organismo público.


De esta manera corroboramos que desde las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo en lugar de brindarnos una solución a nuestro reclamo de continuidad en la línea 1 del PTA, nos incian causas judiciales para evitar las demandas de nuestro sector.

Cada semana nos encontramos con nuevos casos de criminalización de la protesta a lo largo de todo el país. Cada vez son más duros los métodos represivos hacia los trabajadores y el pueblo por parte de las distintitas fuerzas de seguridad del Estado, y siempre en detrimento de los abajo y en beneficio de unos pocos.
A poco tiempo de aprobada la nueva Ley Antiterrorista, impulsada desde este gobierno y luego de las denuncias por espionaje a militantes contra gendarmería, a través del Proyecto X; hoy siguen intentando, más que nunca, hostigar y disciplinar a todos aquellos que peleamos por trabajo, vivienda, salud y educación, a todos aquellos que luchamos por nuestros derechos, contra la explotación y las distintas formas de opresión.

Hacemos responsable a las autoridades del Ministerio de Trabajo, al Ministro Carlos Tomada y al Secretario de empleo Enrique Deibe de querer criminalizar a las cooperativas que desde el año 2001 a esta parte, hemos defendido y generado puestos de trabajo para los sectores más postergados de nuestro país.

Hace más de diez años que venimos luchando por condiciones dignas para trabajar y por recuperar nuestros derechos sociales y laborales , sin embargo la respuesta estatal que recibimos es el inicio de causas judiciales a nuestros delegados.

La causa contra Jerónimo Altschuler actualmente se encuentra en la Fiscalía Federal N 4 a cargo de Carlos Stornelli.

Exigimos el desprocesamiento de nuestro compañero Jerónimo Altschuler, así como el de todos los compañeros y compañeras procesados/as por luchar, que ya sumamos más de 5.000. Llamamos a salir a las calles a denunciar los métodos represivos que acompañan el ajuste y la precarización de la vida en beneficio de los sectores empresariales.

Sabemos que el único camino para construir un verdadero cambio social es la lucha, y ese camino no lo hemos de resignar.


Contactos:
Marianela Navarro: 11-55847642/ Leandro Pintos: 11-55847657

Adhesiones a: fol.comunicacion@gmail.com

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El socio que quedó contra las cuerdas

Lunes, 23/04/12
Sebastián Eskenazi tuvo en diciembre una reunión con la Presidenta donde ésta le recriminó el desempeño de YPF. Cuatro meses después quedó afuera de la empresa, con un paquete accionario desvalorizado y un horizonte financiero incierto
La primera señal de alarma se activó después de las elecciones presidenciales. Sebastián Eskenazi, el ahora ex CEO de YPF, tenía diálogo cotidiano con Cristina Fernández de Kirchner, pero luego del histórico triunfo de octubre se le empezó a dificultar el contacto con la Casa Rosada. La relación se tensó aún más luego de que en noviembre el directorio aprobara la distribución y el giro de dividendos, pese a la oposición del representante estatal en la firma. La propia Presidenta le confirmó a Eskenazi el malestar oficial al recibirlo en la Quinta de Olivos a fines de diciembre. En ese encuentro reservado, que se extendió por dos horas, la mandataria cuestionó el desempeño de la compañía en duros términos y le dijo que YPF iba a tener que hacerse cargo del costo creciente que suponía la importación de combustibles. El empresario salió de la reunión preocupado. Por entonces, ya sospechaba que el Gobierno estaba analizando tomar el control de YPF. Incluso había hecho consultas legales con jueces cercanos y hasta con un ministro de la Corte Suprema. Sin embargo, no se imaginó que en menos de cuatro meses el Grupo Petersen estaría afuera de la empresa, con un paquete accionario desvalorizado y un horizonte financiero incierto. Por eso, a los pocos días igual se fue de vacaciones a Uruguay.

El avance oficial sobre la compañía sorprendió a Eskenazi todavía en las playas de Punta del Este. El Gobierno hizo público su malestar el 16 de enero, cuando denunció a cinco petroleras por cobrar sobreprecios en la venta de gasoil a granel. Ese día, el ministro de Planificación, Julio De Vido, aprovechó también para pedirle a YPF un incremento de la inversión. “Necesitamos la puesta en valor del combustible para que los anuncios de nuevos descubrimientos no sirvan sólo para que la empresa obtenga una ganancia financiera”, afirmó. YPF respondió dos días después a través de un comunicado donde calificó como “injustificada” la denuncia por cartelización, pero no hizo mención al reclamo de De Vido.

El miércoles 25 de enero fue la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner la que se puso al frente del reclamo. “No olviden que las dueñas del subsuelo son las provincias, las empresas petroleras son apenas concesionarias (…). No se puede volver a la época del Virreinato, donde se llevaban todo y no dejaban nada. Creo que es bueno que sepan que han pasado esas épocas y que es necesario reinvertir en el país”, sostuvo en el primer discurso que dio luego de su licencia médica. Después de aquella intervención, a la conducción de YPF ya no le quedaron dudas de que el Gobierno analizaba una posible renacionalización de la empresa.

El fantasma de la estatización de YPF siempre preocupó a la conducción de la compañía. Ellos sabían que Néstor Kirchner había evaluado esa posibilidad cuando fue presidente, conocían las simpatías que generaba el tema en numerosos cuadros medios del gobierno e incluso periódicamente tenían acceso a encuestas donde una amplia mayoría de la población se manifestaba a favor de la nacionalización. En mayo del año pasado, el Grupo Petersen estuvo a punto de cancelar la compra de otro 10 por ciento de la empresa, operación que elevó su participación al 25,46 por ciento, porque la familia Eskenazi era consciente de que los dólares habían comenzado a escasear en el país y cualquier cortocircuito con el Gobierno los podía dejar muy expuestos. Lo único que hizo el discurso presidencial fue confirmar esos temores y obligar al presidente de Repsol, Antonio Brufau, a involucrarse personalmente en la negociación, dejando a los Eskenazi en un segundo plano.

Brufau se reunió con De Vido y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el lunes 6 de febrero para tratar de recomponer la relación, pero el resultado no fue bueno. El propio De Vido se los dijo a los gobernadores de las provincias petroleras el jueves 9 de febrero en el encuentro donde los mandatarios y el gobierno nacional empezaron a diseñar la quita de concesiones. El ejecutivo catalán volvió al país el 23 de febrero para una reunión de directorio donde también hubo problemas con el gobierno porque el representante estatal denunció que no lo dejaron entrar porque iba junto al viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Energía, Daniel Cameron. El tercer viaje fue a fines de ese mismo mes, cuando recrudecieron los temores sobre una posible intervención de la compañía. Entonces llegó junto al ministro de Industria de España, José Manuel Soria, para reunirse con De Vido y Lorenzino, pero tampoco hubo avances. Pese a ello, tanto Brufau como Eskenazi todavía creían que la relación se podía recomponer.

El 21 de marzo la evaluación de la cúpula de la empresa cambió. El directorio de YPF propuso ese día no distribuir los dividendos correspondientes a 2011, como reclamaba el Gobierno, y capitalizar a la compañía. De ese modo, la petrolera se comprometía a no demandar dólares en el mercado cambiario ni, obviamente, a girarlos al exterior. El anuncio ponía en crisis el acuerdo societario que había sellado el ingreso de Eskenazi a la compañía, pues éste se había endeudado en más de 3500 millones de dólares para comprar las acciones y venía pagando esos papeles con el dinero proveniente de los dividendos, siendo la propia Repsol uno de sus principales acreedores. Era una apuesta fuerte, pero el director estatal se opuso. “La capitalización no asegura que la plata se invierta donde tiene que ser invertida”, sostuvo Roberto Baratta. Brufau y Eskenazi concluyeron entonces que si el Gobierno rechazó esa idea fue porque ya había decidido tomar el control de la empresa y el desembarco era sólo una cuestión de tiempo.

Finalmente, el lunes pasado el desembarco se concretó, dejando al Grupo Petersen en una situación financiera muy delicada. Los Eskenazi conservan sus acciones, pero todavía deben cerca de 2800 millones de dólares y el Gobierno ya adelantó que en los próximos años el reparto de dividendos será mínimo para priorizar la inversión. Sin un flujo de ingresos que garantice el pago de esos papeles, lo más probable es que terminen en manos del pool de bancos acreedores, de Repsol o de algún nuevo inversor que le compre su paquete. El próximo vencimiento de deuda es en mayo, aunque los Eskenazi apuestan a refinanciarlo hasta que se termine de definir cómo quedará la nueva YPF.

Luego de su intervención protagónica en el Congreso, varios analistas identificaron a Axel Kicillof como el autor intelectual del proyecto de ley de expropiación. Sin embargo, cerca de los Eskenazi creen que la idea fue gestada por el ministro Julio De Vido, con el asesoramiento de Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas de Carlos Menem.
Fernando Krakowiak | Página/12

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Indulgencias y petróleo

La guerra por YPF: los soldados de las Cruzadas eran eximidos de todos sus pecados anteriores, ¿los luchadores del modelo gozarán del mismo privilegio?
Lunes, 23/04/12
“Todo lo que él rechazaba, yo lo rechazo, lo que él condenaba, yo lo condeno, lo que él amaba, yo lo abrazo, lo que él consideraba como verdadero, yo lo confirmo y apruebo”. Decía en 1088 Urbano II honrando a su antecesor Gregorio VII, “Vamos por todo.”

El Papa no se limitó a garantizar su apoyo a los gobernadores bizantinos, pronto concibió la idea de arrebatar YPF y el resto de Tierra Santa en un proceso en el que todo aquel que participase vería perdonados sus pecados y sería recompensado a su llegada a Palestina con las fértiles tierras de ésta, ricas en leche, miel, soja y petróleo.

Cuando preguntó a los asistentes al Patio de la Mujeres de la Casa Rosada si pondrán su espada al servicio de El, toda la audiencia contestó con un sonoro ¡Il le veut! (¡El lo quiere!).

Godofredo de Luis Guillón, Balduino de Santa Cruz, Roberto I de Palermo viejo y Raimundo de Quilmes, entre otros cruzados, llegaron a Constantinopla y tomaron Nicea.

El murió antes de recuperar YPF, los cruzados Godofredo, Balduino, Roberto I de Normandía y Raimundo, llegaron a Jerusalén y finalmente a Puerto Madero donde se hicieron del 51% de las acciones de YPF.

El murió 14 días antes de que los cruzados pudieran superar las defensas musulmanas y tomaran definitivamente Tierra Santa.

Al mediodía, después de la batalla, Ella dijo: “Lo único que lamento es que El no pueda….(llanto) yo creo que de algún lado nos está viendo, me gustaría que nos estuviera mirando..(sollozo) porque El siempre soñó con recuperar YPF para el país, siempre.” Aplausos.

Las indulgencias papales son otorgadas de hecho, los cruzados no deben rendir cuentas por sus delitos o pecados. Participar en la gesta pone a estos valerosos creyentes lejos del alcance de la justicia por bula papal de Urbano II.

La indulgencia es la remisión ante dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados, que se obtiene por mediación de la iglesia.

Tenemos Patria

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El dato es que no hay datos.

Lunes, 23/04/12
La ausencia de estadísticas oficiales, reglas del juego poco claras y las dificultades en acceso a la información acentúan la polarización.
Toda competencia deportiva requiere de ciertas reglas por todos conocidas para poder desarrollarse y llegar a buen término.
Del mismo modo, los índices de inflación, datos duros confiables o marcos legales son la base necesaria imprescindible para que se llegue a algún consenso o acuerdo.
Desde hace un tiempo, y como nunca antes, se nos impide a los periodistas y, por ende, a la sociedad toda, el acceso a la información de los datos estadísticos o de cualquier índole que reflejen la actividad estatal: licitaciones, presupuestos, gastos de las reparticiones, listas de empleados, salarios, etc.
Las reglas y hasta el tamaño de la cancha son alterados de manera errática y con un plan inescrutable que parece ser dictado por los humores o las necesidades coyunturales.
Muchos funcionarios e intelectuales, quienes paradójicamente siguen llamando “El Proyecto” a este proceso, no se animan a emitir sus opiniones o a identificar a los problemas públicamente. Tal vez porque teman que luego puedan ser desmentidos desde la Rosada a partir de una decisión impensable en el pasado reciente.
La carencia de datos duros confiables y aceptados por todos exacerba la subjetividad. Las discusiones se transforman en disputas entre fanáticos de dos clubes de fútbol que interpretan un accidentado penal.
El dato es que no hay datos.
En los once documentos de Carta Abierta (el grupo de intelectuales que apoyan al Gobierno) no aparece un solo dato duro o estadístico. Tampoco cuando hablan de monopolios o poderes concentrados los identifican con nombre y apellido.

Pero como es imposible hablar de logros sin decir alguna cifra, podemos escuchar casi semanalmente a nuestra Presidenta tirando números y aseveraciones difíciles de verificar.
“Construimos 1.250 escuelas nuevas”. “Nadie construyó más escuelas quenosotros”. Las 1.250 escuelas son en realidad 1.050 y no son todas nuevas. El 65% preexistían y fueron trasladadas a construcciones nuevas y algunas sólo fueron refaccionadas de alguna forma. Esa cifra aparentemente impresionante, si fuera cierta,es insuficiente para cubrir las necesidades educativas y fue triplicada en el período 1984/1994 en el que se construyeron 5.000 nuevas escuelas.
Uno de los ejemplos más interesantes respecto de las cifras oficiales con las que se construye “el relato” lo podemos encontrar en la Formosa de Gildo Insfrán.
Esta Provincia acusa 2,2% de desocupación. Un dato envidiado por países como Noruega y Finlandia que pertenecen, tradicionalmente, al grupo de los de menor desocupación del planeta. Ellos tienen tres veces más desocupación.
Quien haya tenido la oportunidad de viajar por las tierras del vinal y los yacarés sabe que puede ser que la Provincia esté mejor en algún aspecto que 20 años atrás, pero deberá contener la risa si piensa en el índice ostentado por el Gobierno por respeto a los miles de niños y ancianos que mueren todos los años por problemas de nutrición, falta de agua potable o enfermedades curables.
Para teatralizar un poco la situación, me imagino la siguiente escena: una apacible tarde de otoño a las orillas de un río del sur, un conocido constitucionalista vestido con impecable equipo de color caqui intenta pescar con una liviana caña deportiva una trucha arcoiris.
A unos metros de distancia, un lugareño con una gruesa caña, un cordel anudado en la punta, un anzuelo encarnado en su extremo con un pedazo de salamín.

-Eso no es correcto -dice en voz baja el constitucionalista-. Esa forma de pescar no es justa para el pez, la caña debe ser más fina, no se debe usar carnada. El pez debe tener la chance de escapar, de pelear en igualdad de condiciones.
-Yo no estoy haciendo deporte, señor. Tengo que alimentar a mis 5 hijos-le responde el lugareño al tiempo que pega velozmente con un palo corto a la trucha en la cabeza para guardarla en su bolsa.

Y mientras ambos discuten sobre cómo debe pescarse, aparece repentinamente un camión de la Presidencia de la Nación con un cartel que dice “Pescado para todos”.
Se bajan dos jóvenes de la Cámpora, y sin decir agua va, tiran dos cartuchos de dinamita al río. Tras la explosión, cientos de peces muertos quedan flotando.
Los recogen, los cargan en cajones al vehículo y se van hacia el pueblo cercano a repartir el pescado.


* Texto completo de nota publicada en Clarín el 21/04/2012

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“Investigaremos los daños ambientales”

Lunes, 23/04/12
Francisco “Paco” Pérez aseguró que Repsol ya tenía una demanda penal por contaminación en la localidad de Luján de Cuyo, pero afirma que ahora realizarán un análisis integral de todos los pozos. Además, afirmó que hay compañías interesadas en invertir

El gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, afirmó en diálogo con Página/12 que en los próximos días comenzarán a investigar los potenciales “daños ambientales” dejados por Repsol-YPF. La compañía ya cuenta con una demanda penal por contaminación en la localidad de Luján de Cuyo, donde opera su refinería. El gobernador sostuvo además que va a discutir con los otros gobernadores qué hacer con las concesiones que se le habían quitado a la compañía. Tras una gira por Dubai y los Estados Unidos, el mandatario asegura que hay compañías petroleras que quieren invertir en el país.

–¿Qué cambiará a partir de la recuperación del control de YPF por parte del Estado nacional y las provincias?

–Esto fue una decisión estratégica soberana que tiene que ver con dos ejes principales. Por un lado, está la cuestión del federalismo, ya que en el nuevo armado de la compañía (e incluso en el Consejo Federal) tendrán lugar las provincias productoras de hidrocarburos. Y en segundo lugar, podremos sentarnos en el directorio de la empresa y tener una participación activa en la toma de decisiones. Es una intervención inteligente, que apunta al mejor diseño de las políticas hidrocarburíferas que necesita el país. El proyecto que presentó la Presidenta fue el resultado de un trabajo conjunto con las provincias, donde ella nos fue marcando la pauta de cómo debía ser la nueva compañía. Ahora podremos diseñar en conjunto la política de expansión en la producción y comercialización del crudo y sus derivados.

–Durante su presentación en el Senado, Julio De Vido y Axel Kicillof sostuvieron que YPF posee en su haber una serie de pasivos ambientales que incidirán (negativamente) en la valuación final de la compañía. Incluso mostraron ejemplos puntuales de Mendoza. ¿Cuál es la situación ambiental en su provincia?

–En la etapa previa al conflicto con Repsol-YPF habíamos realizado una denuncia penal contra la compañía, en la zona de Ugarteche, una localidad de Luján de Cuyo. Ahora investigaremos los daños ambientales que dejó la empresa. Tenemos que ver realmente cuál es el estado de la compañía, cuál es el grado de operatividad de los pozos, cuáles están fuera de funcionamiento o parados. Debemos hacer una radiografía de la compañía para saber dónde estamos parados.

–Otro de los temas que surgen de los fundamentos del proyecto de ley tiene que ver con la política de precios alrededor de las naftas y una derivación de la producción hacia los combustibles más caros en detrimento del gasoil. ¿Esta situación se daba en su provincia?

–La refinería tenía capacidad ociosa porque no les llegaba el crudo –que ellos mismos extraen– para proveer a las catorce provincias a las cuales llegaban desde Mendoza. YPF aplicaba una política de desabastecimiento en todas las jurisdicciones. Por eso debemos cambiar la política de comercialización. En Mendoza, 18 departamentos no cuentan con estaciones de bandera, en otras tantas no se mejoró el cupo de abastecimiento en años, cuando el precio creció fuertemente. Su política de comercialización monopólica provocó el cierre de muchas estaciones de servicios, sobre todo a partir de la diferenciación en los precios; las inversiones de la destilería apuntaban a las naftas premium en detrimento de los combustibles que necesitaban desde la industria o la producción agropecuaria. Todas estas cuestiones no podían objetarse en la mesa del directorio. Era más importante para el país invertir en nuevos pozos que en naftas premium, que no son las que mueven la economía del país.

–¿Qué va a pasar con las áreas que le quitaron a YPF? ¿Fue una estrategia para disminuir el valor de la empresa antes de la expropiación?

–Vamos a tener que discutir este tema en coordinación con las provincias. Algunas se adelantaron y licitaron nuevamente las áreas. Nosotros quitamos dos concesiones, y a partir del desarrollo de la nueva YPF analizaremos el futuro de esos pozos. En realidad, la quita de las concesiones fue una estrategia mancomunada para no provocar, de golpe, ningún cambio estructural. Primero realizamos varios llamados de alerta y como la empresa hizo caso omiso a los mismos, se tomó la decisión de enviar un proyecto de ley al Congreso. Hace casi dos semanas, (Antonio) Brufau me llamó porque quería mostrarme el plan de inversiones de la compañía. En esa conversación le dije que primero debía retrotraer los precios de las naftas que habían aumentado dos veces en 72 horas. Eran sus últimos manotazos de ahogado, ya que antes no se había mostrado tan propenso a invertir.

–Una posibilidad que se estuvo barajando antes del anuncio del proyecto es que cada provincia, a través de sus empresas públicas de hidrocarburos, pueda explotar esas concesiones. ¿Sigue en pie esa idea?

–Todas las provincias trataremos de trabajar en una misma línea, en lo conceptual, pero hay que ver la característica de cada región. No es lo mismo Mendoza, que tiene una destilería, que Salta o Jujuy. Tampoco es lo mismo el tipo de crudo que se extrae de Neuquén que el que se saca en esta provincia. La situación varía en cada jurisdicción. También es diferente la situación gremial. Por lo tanto, primero trabajaremos por YPF y luego cada provincia analizará cuál es el mejor escenario para las empresas provinciales del sector.

–La semana pasada estuvo en Dubai, Nueva York y Washington. Habló de la situación de YPF con empresarios. ¿Están preocupados por la situación o interesados en invertir en el país?

–Ambas cosas. Pero la preocupación deviene una posibilidad de inversión, cuando se entiende bien el porqué de la medida. Los empresarios están interesados en saber cómo sigue esta nueva etapa en la vida de YPF. La retirada de Repsol genera la posibilidad de que ingresen nuevos jugadores. Incluso, varias empresas ya lo venían manifestando. En Mendoza entró recientemente una compañía alemana. Pudimos transmitir estos ejemplos. Hay muchas empresas líderes de Europa que perciben que en el país no hay turbulencias, como nos quieren hacer creer. El proyecto de ley apunta contra Repsol (por ser quien controlaba a la compañía) pero no se mete con el resto de las inversiones que hay en el sector. El proyecto en cuestión deja bien en claro que están abiertas las puertas para que haya joint ventures con otras compañías.

–¿Y tras su paso por Washington escuchó cuestionamientos del gobierno norteamericano?

–No ha existido ninguna declaración en ese sentido. Fueron los exabruptos del canciller de España los que cayeron mal en el gobierno de Estados Unidos. El funcionario se reunió con Hillary Clinton y dijo que tenían el apoyo de ellos para llevar adelante acciones contra la Argentina, pero en realidad nunca existió una declaración oficial norteamericana. El gobierno estadounidense no habló demasiado del tema y eso molestó al canciller español. Hay un dato clave para entender esta situación. Las principales empresas norteamericanas ya invierten en el país y están interesadas en continuar en esa línea, como Exxon o Apache, que es líder en el desarrollo de los pozos no convencionales, como es el caso del yacimiento Vaca Muerta en la cuenca de Mendoza y Neuquén.

www.opsur.org.ar
www.pagina12.com.ar
Sebastián Premici | Página/12

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