NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

viernes, 30 de marzo de 2012

Balearon la vivienda de los Ragni.

Lunes, 26/03/12
LAS DE PLAZA DE MAYO, NEUQUEN Y ALTO VALLE y la CORRIENTE DE MILITANTES POR LOS DERECHOS HUMANOS.
CONVOCAN a CONFERENCIA DE PRENSA


Se realizara viernes 30 de marzo a las 11,30 hs. en Mascardi 55 - Casa de las Madres de Plaza de Mayo -

Para denunciar públicamente que la vivienda en la que funciona la Casa de las Madres y vive la familia Ragni - Oscar e Inés - ha sido objeto de un ataque en la madrugada de este lunes.
se pueden observar los rastros de por lo menos 4 balazos en una de las puertas de ingreso a la vivienda.
Descontamos que se podrá dimensionar la gravedad de este hecho y la preocupación de tod@s ante esto que estamos denunciando.
El lunes a la madrugada, la vivienda de Inés y Oscar Ragni fue atacada a balazos por desconocidos, según se informó ayer al cierre de esta edición a través de un comunicado de prensa firmado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle.
La vivienda está ubicada en la calle Mascardi 55, en el barrio El Progreso de esta ciudad.
El texto del comunicado expresaba que "la vivienda en la que funciona la Casa de las Madres y vive la familia Ragni ha sido objeto de un ataque en la madrugada de este lunes".
El documento señala que "se pueden observar los rastros de por lo menos cuatro balazos en una de las puertas de ingreso a la vivienda. Descontamos que se podrá dimensionar la gravedad de este hecho y la preocupación de todos ante esto que estamos denunciando".
Desde Madres de Plaza de Mayo se convocó a una conferencia de prensa para hoy a las 11.30 en la sede de esta organización donde se brindarán detalles de lo sucedido.
Tanto Inés como Oscar estuvieron presentes el miércoles en el inicio de las audiencias del segundo juicio contra 24 represores acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar. En la oportunidad, en el interior del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Inés Ragni junto a otros familiares de víctimas de la represión, expresaron su repudio a los acusados.

Piden que se investigue agresión

Durante la audiencia de ayer, la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), representada por Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazabal, presentó un pedido al tribunal para que se investigue la agresión que sufrió el miércoles Nadia París, quien fue alcanzada por una granada de gas lacrimógeno, lanzada desde uno de los vehículos que trasladaba a los imputados cuando estos se retiraban al final la audiencia. "Responsabilizamos al tribunal porque son los encargados de la seguridad", señalaron las abogadas, que recibieron la respuesta del presidente Orlando Coscia de que el hecho será investigado.
Nadia, hija de Eduardo París, quien estuvo secuestrado en La Escuelita, expresó "estamos disconformes con lo que está sucediendo en las audiencias porque todas las medidas restrictivas son hacia el público, es como que se está protegiendo a las personas que secuestraron torturaron y desaparecieron a nuestros familiares".

El Tribunal evaluará si imputa a los acusados por Genocidio
El Ceprodh ratificó su intención de acusar a los imputados por el delito de Genocidio, tal como lo estipula la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Las defensas quieren que se separen las causas de los policías de las del resto de las fuerzas de seguridad, por una cuestión de jurisdicción. Mañana a las 9 el TOF deberá expedirse.
Luego de una breve sesión, el debate oral y público entró en un cuarto intermedio pasadas las 16 hasta mañana a las 9. En ese tiempo deberá decidir con varios planteos de las partes (cuestiones preliminares), antes de iniciar las indagatorias previstas para el 11 de abril próximo.
De parte de las defensas de los acusados, los planteos tienen que ver concuestiones de jurisdicción e incumbencia. Estos planteos provinieron de parte de los policías rionegrinos acusados, quienes entienden que si eran empleados de la provincia, la jurisdicción que debería juzgarlos es la provincial. En el caso de Ignacio Del Magro, su abogado Rodolfo Ponce de León aseguró que deben ser juzgadas en forma separada las responsabilidades de las fuerzas de seguridad nacionales que la de las provinciales.
Este argumento fue rebatido por las querellas, para quienes hubo un plan sistemático de represión, del que participaron en forma coordinada todas las fuerzas de seguridad. Hubo también -de parte de las defensas- un planteo de nulidad de todo lo actuado del abogado Corigliano.
Por parte de la querella, fue el Ceprodh el que planteó la necesidad de acusar a los imputados de delito de genocidio, de acuerdo con lo establecido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a la que adhirió el gobierno argentino.

www.8300.com.ar
Nato Cantero

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Sábado 31 13hs. La lucha 2012, FM107.5mHz.

Viernes, 30/03/12
La Lucha que nos parió... el programa de HIJOS La Plata
Entrevistamos a un integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, espacio que presentó el día 23/03 el informe sobre la Criminalización de la Protesta durante los gobiernos de los Kirchner.
Ponete en tema:
Sitio web de EMVJ
Descargar Informe en formato PDF

Recordamos el “DÍA DEL JOVEN COMBATIENTE” que conmemora en Chile el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, y Paulina Aguirre, que pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Establecemos un paralelo con la “Masacre de Avellaneda”, donde asesinan a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Ponete en tema:
SUBVERSO-JOVEN COMBATIENTE (YOUTUBE)
CCTT-29/03 DIA DE LOS Y LAS JÓVENES COMBATIENTES
CCTT-Carta de los Padres de los Hermanos Vergara Toledo

Sábados 13hs. FM Universidad 107.5mHz
Escuchálo en vivo por Internet: Radio Universidad

Contactos:
lalucha2012@gmail.com//hijoslalucha.blogspot.com.ar
hijos_laplata@yahoo.com.ar//hijosprensa.blogspot.com.ar
fb/t/G+: Hijos La Plata

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jueves, 29 de marzo de 2012

4/4 18hs, movilización a la Casa de la prov. de Neuquén.

Miércoles, 28/03/12
CABA, 4/4 18hs, A 5 años del fusilamiento de Carlos Fuentealba, movilización a la Casa de la provincia de Neuquén.

A CINCO AÑOS DEL FUSILAMIENTO DE CARLOS FUENTEALBA, CONTINUAMOS EXIGIENDO JUSTICIA COMPLETA YA!

Desde la Comisión Carlos Presente (CO.CA.PRE.) convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a concentrarse el 4 de abril a las 18 Hs en el Obelisco para movilizarnos hasta la Casa de la provincia de Neuquén y exigir que se investigue a los autores políticos e intelectuales del asesinato de Fuentealba.

El 4 de abril de 2007 en Arroyito, durante una movilización docente fue fusilado por la policía provincial Carlos Fuentealba. Con la pelea de su compañera de vida Sandra Rodríguez y los docentes neuquinos se logró el procesamiento y la condena del cabo Darío Poblete en la denominada Causa Fuentealba I.

Cinco años más tarde, los responsables políticos y autores intelectuales siguen impunes gracias a la complicidad de la justicia y el poder político de la región. La Causa Fuentealba II, que busca investigar las responsabilidades políticas se encuentra trabada por el andamiaje judicial organizado por la alianza histórica entre el poder judicial y el Movimiento Popular Neuquino que mantiene la impunidad de los privilegiados en la provincia.A cinco años del asesinato del docente Carlos Fuentealba exigimos que sea investigado y acusado Jorge Omar Sobisch, gobernador de Neuquén en ese entonces y una de las cabezas del Movimiento Popular Neuquino, partido político que gobierna la provincia desde 1962.

Desde la Co.Ca.Pre Buenos Aires vemos que actualmente se están ejecutando políticas de estado basadas en la tercerización de la represión mediante el accionar directo de policías provinciales y agentes parapoliciales. El asesinato de Mariano Ferreyra, ejecutado por una patota y con complicidad de la Policía Federal y la represión a pobladores catamarqueños que protestaban en contra de la megaminería son ejemplos de ello. Hoy, la represión y el patoterismo, están amparados bajo la Ley Antiterrorista, ideada por el actual gobierno nacional.

Desde la Co.Ca.Pre Buenos Aires, consideramos que Carlos Fuentealba es un ejemplo de docente a seguir, un docente comprometido con la transformación de la realidad de sus compañeros y de sus alumnos.


Luchar por la justicia completa es luchar contra la impunidad, por una educación pública para todos
¡La justicia que no es completa, no es justicia: cárcel para Sobisch y para los policías responsables del operativo!
¡Carlos Fuentealba presente, ahora y siempre!

Contactos:
Beto Rodríguez (familiar): 15-59983362
Joaquín: 15-3880-1739

ANRed
Comisión Carlos Presente

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Silencio K y sorpresa de la CIDH.

Martes, 27/03/12
Un país, dos realidades y un Estado mudo

Convocado para abordar la situación de los pueblos originarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo extractivo.
"El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes". Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígenas, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja.
"Pesa a la obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados", denunció Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la "paradójica situación" que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas "acusadas por usurpación de sus propias tierras".
La CIDH convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de sesiones, el tema era: "Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina"
Zimerman fue la primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino y solicitaron que "revierta una patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta".
"Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia", resumió.
El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial. "Su implementación ha sido completamente deficiente", afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siente convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provinciasse niegan a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad.
Recordó que en Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches "imputados y perseguidos" por defender el territorio y remarcó que "la actitud del Estado argentino queda evidenciada en el hecho que no está participando de esta audiencia la principal autoridad nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)".
Felix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que tenían "buena vida" cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron cuando se "privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo le interesa la actividad económica".
Díaz responsabilizó a "los gobiernos y las empresas" por la situación de los pueblos originarios. "La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (...) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas", explicó el líder qom.
Aún no habían pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda, los organismos de derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino.
Verónica Huilipan, con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en idioma mapuche. "Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina", aseguró y acusó al Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza y no de derechos.
Precisó que desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes defienden el territorio. "Ya tenemos que contar muertes de hermanos", lamentó y denunció al INAI por "dejar desprotegidas a las comunidades".
Explicó que el movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de criminalización y represión.
"Los últimos 15 años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y NOA, padecen una crisis humanitaria", finalizó.

Otra Argentina

Los representantes del Estado también contaron con veinte minutos para exponer.
Javier Salgado, de la Cancillería argentina, comenzó con una aclaración: "El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en Argentina".
Mencionó la reforma constitucional de 1994 (que reconoce los derechos indígenas) y aplicó un argumento conocido: "Luego de una década de política noeliberal, donde no estuvieron en agenda las comunidades indígenas, a partir de 2003 se gesta un proceso de efectiva ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado en materia indígena".

Fue muy breve y dio paso a Andrea Gualde, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, que -ante la sorpresa de los presentes-, comenzó a leer un informe.
Afirmó que hubo avances en tres aspectos: identidad, tierras y acceso a la Justicia. Y destacó que el actual Gobierno sancionó "tres leyes fundamentales" para los pueblos indígenas: Ley 26206 (de Educación Nacional) que "establece la educación intercultural bilingüe", la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que, remarcó Gualde, "reserva frecuencias de radio AM y FM, y de televisión" para las comunidades.
Y la Ley 26160. En contraposición con los expositores que le antecedieron, la representante del gobierno argentino destacó que fueron "relevadas 305 comunidades, siete provincias finalizadas, 3.270.403 hectáreas".
"Se han realizado acciones positivas encontrándose en la actualidad la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país", señaló y, respecto al acceso a la Justicia, precisó que el INAI realizó un "esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos" en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado "26 proyectos que benefician a 429 comunidades" (no precisó qué proyectos).
"Para dar una idea de la importancia en la agenda pública, la Presidenta en la primera sesión del Congreso de este año anunció la incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino", recordó Andrea Gualde y, siempre leyendo el discurso, aseguró que "a partir de 2003, el gobierno nacional asumió como política de Estado no sólo la consulta a los pueblos indígenas en todos los intereses que los afecten sino también en la construcción conjunta de políticas públicas en relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan".
La funcionaria habló durante poco más de diez minutos. Siempre leyó el informe. Sólo levantaba la vista de las hojas cuando hacía pausas en la lectura, miraba a los representantes de la CIDH, y volvía a sumergirse en las hojas A4.

Preguntas
Los comisionados de la CIDH hicieron consultas:
-¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas?
-¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades?
-¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)?
-¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado).
-¿Qué ocurre que "estas medidas" (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones?
-¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral)
-¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160?
La CIDH otorgó cinco minutos a cada representación.

Respuestas

Verónica Huilipan graficó lo que se estaba viviendo en la audiencia: "Ponemos en evidencia dos países distintos. Esta situación muestra el vacío de la política pública, sino no tendríamos el nivel de criminalización, violencia y asesinatos por defender el territorio".
Explicó que el derecho a la consulta del Convenio 169 no está reglamentado. "Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste".

Silvina Zimerman, del CELS, confirmó que el derecho a la consulta no está reglamentado, pero subrayó que en la práctica igual se podría poner en marcha. También afirmó que "en ningún caso (de Argentina) se pone en práctica el derecho a la consulta" a las comunidades indígenas. Incluso remarcó que el anuncio de la Presidenta en el Congreso (respecto al proyecto de ley para modificar el Código Civil e incorporar la propiedad comunitaria indígena) tampoco "fue consultado con ninguna comunidad".
Reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes y reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo no los cumple. Cerró su discurso con otra característica de las políticas públicas para los pueblos originarios: modificar algo, para no cambiar nada. "Es curioso, la 26160 releva los territorios pero no garantiza títulos de propiedad", lamentó.

Silencio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la palabra a los representantes del Estado argentino. Cinco minutos para responder las consultas.
Javier Salgado, de Cancillería, explicó que habían tomado nota de todas las consultas, prometió que consultarían a las "autoridades competentes" y que responderían por escrito.
Aunque le sobraban más de cuatro minutos, no respondió ninguna consulta. Tampoco la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Gualde.
Los comisionados de la CIDH, que moderaban la audiencia, miraron sorprendidos. Y, ante el silencio del Estado, dieron por finalizada la jornada.

audio
odhpi.org
Darío Aranda

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Ni autogobierno ni aberración.

Jueves, 29/03/12
Bruno Rodríguez Monsalve tenía 24 años. El 18 de enero, preso en la comisaría 2ª de Trelew, vio y escuchó a los nueve policías provinciales que torturaron a un joven de 16 años, usando, entre otros métodos, la violación con un bastón "Tonfa". Su testimonio era clave.
Durante la instrucción de la causa, Bruno confió en las garantías que el propio estado torturador le ofreció para protegerlo, tras haber sido objeto de incontables amenazas a su vida. Así, lo trasladaron a otra provincia para “resguardar su vida” porque no estaba seguro en su hogar. Volvió a Trelew esta semana para retirar su DNI, necesario para conseguir trabajo en su nuevo lugar de residencia. Pensaba hacer el trámite en el día y regresar, pero ese mismo día, llegó a su casa mortalmente herido, con tres puñaladas. Clarísima advertencia, además, para los demás testigos, el joven víctima de la tortura y su familia.

No necesitamos que se identifique a los autores materiales de este asesinato para conocer la identidad de los responsables políticos, ni nos convencen las declamaciones del gobierno provincial y el gobierno nacional para despegarse del crimen.

El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, quiere lavarse las manos con la renuncia del jefe de policía Juan Carlos Siri, como si la represión fuera un problema de "cambio de figuritas" y no una política de estado. La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, se lamenta en 140 caracteres, hablando de "aberración" y alegando el "autogobierno de la policía". Recurrentemente, cada vez que sus policías, sus gendarmes, sus prefectos o sus guardiacárceles matan, violan, torturan, secuestran o protagonizan los peores delitos y sobreviene la indignación popular, nos vienen con el argumento de la "burocracia autónoma", el "descontrol", la "política propia" o el "autogobierno".

Como si las fuerzas de seguridad no dependieran, vertical y jerárquicamente, del gobierno de turno, más allá de sus internas, que reproducen muchas veces las del partido de gobierno. Como si, alguna vez, las fuerzas de seguridad desobedecieran una orden cuando se los manda a reprimir. Como si, en lugar de parte del APARATO REPRESIVO DEL ESTADO, fueran una banda amorfa, innominada, dirigida desde algún lugar de la estratósfera.

El aparato represivo ES EL ESTADO. Y su jefe es el gobierno que lo administra, en cada ciudad, provincia y nación. El gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, son las herramientas de los de uniforme, mientras jueces y fiscales, legitimadores de la represión, garantizan su impunidad, como la semana pasada vimos también en Trelew, con la absolución de los asesinos de Julián Antillanca.


NO ES UN POLICÍA, NI NUEVE: ES TODA LA INSTITUCIÓN, QUE EJECUTA UNA POLÍTICA DE ESTADO.
¡INSEGURIDAD ES LA POLICÍA EN LAS CALLES!
¡GATILLO FÁCIL ES REPRESIÓN!

ENA - Encuentro Nacional Antirrepresivo
Integrado por:
CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional);
FAM (Frente Antirrepresivo de Mar del Plata);
CADH (Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario);
Sociedad de Resistencia (Mendoza),
AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva Estatal- Comodoro Rivadavia);
Corriente del Pueblo (Jujuy),
Jóvenes KURMI (Jujuy),
Movimiento Campesino de Jujuy (MoCaJu);
Militantes Antirrepresivos de Olavarría;
Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos de El Bolsón;
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Cordoba (CADDHH);
Pájaros en la Cabeza (Santa Fe);
Antirrepresión (Misiones);
Centro Cultural y Social Estación Esperanza (Rafaela).
CADH Rosario

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Como se le lava la cara a las instituciones represivas...

Jueves, 29/03/12
(Opinión)
Tanto ayer como hoy las cárceles son, fueron y seran elementos de control social. Esta política de la comisión de DDHH de la legislatura de Buenos Aires esta en "sintonia fina K" con las políticas de volver a generar confianza y credibilidad a las instituciones represivas del Estado, asi como el "museito de Arana" o el destacamento de Lomas del Mirador (donde desapareció Luciano Arruga), dos simbolos de la nefasta política de DDHH de este gobierno y principalmente del Gobernador Scioli. Este títere que cambia de careta segun la época tiene un objetivo claro y es que por un lado reforzar las insituciones represivas y por el otro lavarles la cara con vistas de que las futuras represiones venideras sean tomadas casi como un acto de justicia y con el marco legal que les garantiza la ley antiterrorista y el espionaje que realizan desde siempre...


La comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, en la U9

La Unidad Penal N° 9 de La Plata, la cárcel que más presos políticos alojó durante la última dictadura militar, fue el escenario elegido por la Comisión de Derechos Humanos del Senado para llevar adelante la reunión de comisión en un lugar emblemático, con el objetivo de conmemorar los 36 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El impulsor de esta propuesta fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Santiago Carreras. Y él mismo explicó que como parte de la impronta que se está realizando en la Legislatura bonaerense, decidieron "hacer una sesión en conmemoración al 24 de marzo en un lugar distinto y elegimos el Penal 9 por toda su historia, por la cantidad de compañeros que han sido torturados y masacrados en la dictadura, por la gran responsabilidad que hubo por parte de los militares acerca del maltrato que hubo con todos los compañeros que estaban encerrados en esa situación".

"Esto va en sintonía de lo que entendemos de lo que debe ser la memoria, de ir hacia el pasado en búsqueda de los hechos que fueron muy significativos en la historia de nuestra patria y darle un correlato con el presente y lógicamente una proyección con el futuro", resaltó el senador del Frente para la Victoria a Diagonales.com.

Este paso de la Comisión de Derechos Humanos es único en la historia de la Legislatura provincial y forma parte de un cambio de concepción del trabajo legislativo que se instaló con la llegada del vicegobernador Gabriel Mariotto al Senado bonaerense. "Queremos que la comisión sea itinerante, que no esté estática que vaya para adelante, que no se junte solamente en el Senado", enfatizó el legislador de La Cámpora.

Además, Carreras explicó que la particularidad de llevar el trabajo legislativo a la Unidad 9 tiene que ver con "darle una sensibilidad extrema al hecho que nos conmueve, que nos perturba, que nos llega de sentimientos y que nos pone en un horizonte de entender que esa indignidad que han vivido tantos compañeros no puede olvidarse. Se tiene que generar un Estado presente y activo que nos permita ver la política de derechos humanos con mucha profundidad y mucha sensibilidad en el pasado, y también con un correlato en el presente".

La sesión contó con la presencia de los senadores Cecilia Comerio, Marina Moretti, Emilio López Muntaner, Silvia Pérez y Roberto Costa, además del coordinador de la Comisión contra la Tortura, Roberto Cipriano; representantes de la Agrupación Hijos y del Centro de Estudios Legales y Sociales; el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín; la titular del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini; e integrantes de otros organismos de Derechos Humanos.

Durante la jornada hubo diversos oradores, entre los que se destacaron Matías Moreno, hijo de Carlos Moreno. El relató el caso de su padre, por cuyo secuestro y asesinato en 1977 fueron condenados civiles y militares el último 16 de marzo.

También dieron testimonio Horacio Moiraghi, que tuvo a su padre detenido y torturado en el Penal 9; Juan Grimal, quien fue preso político en la última dictadura militar; Clara Bacchini, hija de Héctor Bacchini, secuestrado durante la última dictadura y cuyo caso se juzga en el juicio del "Circuito Camps".

Los oradores coincidieron en reivindicar la gestión en materia de derechos humanos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a propósito de los Juicios por la Verdad que se llevan a cabo en todo el país. "Néstor no solamente bajó el cuadro de Videla, sino también que transformó todos los centros de detención en espacios para la memoria y fue el primer presidente en pedir perdón a todos los familiares y víctimas del terrorismo de Estado", aseguró Moreno.

Por último, Omar Randón (uno de los internos del Penal) solicitó en un discurso conmovedor mejorar las condiciones dentro de la Unidad para los detenidos y facilitar el acceso al estudio y a un trabajo remunerado. Además, pidió celebrar la iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de sesionar dentro del Penal 9.

Los senadores ya habían recorrido el penal el lunes pasado, donde pudieron charlar con más de 40 internos que expresaron su situación, sus experiencias y sus sensaciones. "Estar mano a mano con ellos y conocer la parte más sensible de ellos a uno de lo llena de responsabilidad. Nos da mucha fuerza para impulsar la comisión de la mejor manera. Vamos a seguir con esta temática, recorriendo cárceles, y vamos a seguir dándole un impulso diferente a los que es el Senado y a las que son las comisiones", enfatizó Carreras.


Diagonales
María Micaela Ciancio mmciancio@diagonales.com

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Facundo Rivera esta desaparecido hace 40 días y no se sabe nada.

Jueves, 29/03/12
Desesperada búsqueda de un joven de barrio Juniors.
Facundo Rivera fue a un baile y no volvió. Pasaron 40 días, y hay pocos datos sobre su paradero. Los familiares marchan todos los jueves por la aparición del muchacho.


Facundo Rivera (20), conocido como “El rubio del pasaje”, salió de su casa de barrio Juniors, donde dejó a una hija de 10 meses, el 19 de febrero. Fue con tres amigos a un baile de Damián Córdoba en el Estadio del Centro, y no regresó. Desde entonces su familia lo busca desesperadamente. Todos los jueves a las 18.30 se reúnen en la Iglesia Catedral de Córdoba para marchar por su aparición.

El fiscal que investiga el caso, Alejandro Moyano, aseguró que lo están buscando y prefirió no dar detalles sobre las hipótesis que manejan respecto del paradero del joven. En principio se habló de un posible secuestro, pero la sospecha nunca fue confirmada.

La madre del muchacho, Viviana Alegre, dijo que recién ayer la Policía comenzó a revisar las cámaras de seguridad del lugar en donde se lo vio a Facundo por última vez. También indicó que hoy comenzará un rastrillaje por la ciudad de Córdoba. El caso está en manos de la División de Protección de las Personas de la Policía de Córdoba. Según se indicó, hay varias pistas sobre el paradero de Rivera, aunque todavía no pudieron hallarlo.

Viviana Alegre no pasa un solo día sin buscar a Facundo. Dijo que asiste a los bailes de Damián Córdoba con una foto de su hijo con la esperanza de que alguien le aporte datos sobre su paradero. Contó que recorrió hospitales, clínicas y comisarías. Algunas asociaciones como Hijos colaboran en la búsqueda. También lo rastreó en España, donde vive su padre, quien dijo que no está con él y que tampoco se comunicaron. Además el pasaporte de Facundo fue hallado en su domicilio.

Lo último que se supo del “Rubio del pasaje” es que lo vieron en el baile el 19 de febrero, y que luego subió a un colectivo, de la línea E2, en calles Colón y Mendoza, según relataron a la madre unos chicos que se fueron del baile con Facundo. Después dijeron que en realidad caminaron juntos hasta Colón y La Cañada, donde se despidieron. “Ahí se cruzó y no supimos más de él”, le contó uno de los jóvenes a Viviana.

Alegre se quejó porque la Policía aún no identificó al chofer del ómnibus que habría trasladado a Facundo luego del baile. “Desde la Policía me aseguran que están investigando, pero casi no hay avances en la causa. Dicen que tienen varias pistas, pero no hay nada concreto sobre mi hijo”, se quejó la mujer.

La mamá de Facundo, que aseguró que su hijo nunca se ausentó de su casa, dice estar desconcertada. “Facundo no tenía problemas económicos (trabajaba en pintura y albañilería), ni familiares. Además era muy cariñoso y responsable con su hija. No sé qué pudo haberle pasado”, dijo Alegre, quien ya carga con el dolor de una hija fallecida en un choque.

La mujer relató que un mes antes de la desaparición su hijo le contó sobre una pelea que presuntamente mantuvo con cuatro efectivos policiales. También le narró otro hecho en el que supuestamente unos agentes lo golpearon en un baile.

La denuncia fue radicada el 21 de febrero en la Unidad Judicial Nº 2. El 24 de ese mes tomaron intervención la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas y el fiscal del Distrito 1 Turno 5, Alejandro Moyano. El último lunes, Alegre se constituyó como querellante particular en la causa, para tener acceso al expediente, y aportó dos testigos que declararían en los próximos días.

Advertencia.
Al día siguiente de la desaparición de Facundo alguien llamó a la casa de madre advirtiéndola que desista de buscar a su hijo. “No vas a verlo nunca más”, le aseguraron. Tras esto, cortaron el teléfono. Desde entonces recibe llamadas en su casa, “a veces preguntan por Facundo y otras cortan”, dijo la mujer. Si alguien sabe algo de Facundo Rivera puede aportar datos al correo electrónico hijo_tamo92@hotmail.com.


Diario La voz (Córdoba)

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La nueva Facultad de periodismo será formadora de pingüinos?

Martes, 27/03/12
(Opinión)
Ultimo momento: El nuevo edificio de Periodismo llevará el nombre de un militante revolucionario cuya trayectoria hace honor a la profesión, es el ideal de profesional y de persona que aspira esta casa de altos estudios y es de alguna manera el reconocimiento a su visión sobre la realidad y el futuro que se avistaba para nuestro país... el nombre de la sede será Rodolfo Wal..., perdón, será Nestór Kirchner.!?
-voz en off: (que H.... de P....).


(AW)
Denuncian designación autoritaria del nombre de la Facultad de Periodismo: se llamará Nestor Kirchner.
Extrañamente, cuando todavía no comenzaron las clases, las autoridades de Periodismo de La Plata, decidieron nombrar al nuevo edificio de la institución "Néstor Carlos Kirchner". Desde la oposición estudiantil, denuncian que dicho acto se produjo a espaldas de toda la comunidad académica.

Facultad "Néstor Carlos Kirchner", otro avance antidemocrático de las autoridades.
En la jornada de hoy asistimos a una nueva muestra de autoritarismo por parte de la gestión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y su agrupación Rodolfo Walsh. No sólo resolvieron nombrar al nuevo edificio "Néstor Carlos Kirchner" a espaldas de toda la comunidad académica, sino que lo hicieron sin siquiera abrir el debate a lxs consejerxs, prohibiendo las propuestas alternativas que llevaríamos desde el Colectivo de Trabajo con la consejera de base.

Para el mediodía de hoy fue citada una sesión extraordinaria del Consejo Directivo en momentos donde no hay cursadas y con un sólo día hábil de anticipación, prohibiendo de este modo un debate de conjunto para arribar a un acuerdo que contenga a todas las expresiones políticas que habitan nuestra facultad.

Desde el Colectivo de Trabajo, con la representatividad estudiantil, pretendíamos poner sobre la mesa la propuesta de implementar un mecanismo democrático para la resolución del nombre del nuevo edificio de todos, y que la que discusión no se limite al gusto de la gestión encabezada por la decana Florencia Saintout, que con esta maniobra pretende posicionarse con fuerza hacia adentro del Frente Para la Victoria.

En segunda instancia, nos parecía importante que se contemplen propuestas que se desprendan de todas las identidades políticas de la facultad, no sólo del kirchnerismo. De esto modo, llevaríamos las propuestas de Rodolfo Walsh, Miguel Bru y Jorge Julio López, como posibilidades a ser discutidas con todos los claustros, al entenderlas como un síntesis de las varias posturas políticas.

Sin embargo, nada de esto pasó y la gestión kirchnerista avanzó con total despotismo. Iniciada la sesión, decenas de estudiantes comenzamos con el folklore de los cánticos, denunciando que con el gobierno kirchnerista existe la mayor cantidad de procesadxs y presxs políticxs desde la vuelta a la democracia, de las implicancias de la Ley Antiterrorista sancionada por el gobierno y sobre el segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López. A tan sólo tres minutos de iniciado los cantos y sin permitirnos hablar, la decana Saintout decidió comenzar la votación, posición que fue apoyada por los otrxs quince consejerxs.
Lamentablemente, algunas agrupaciones cedieron a la provocación planteada por Saintout y se trenzaron en una escaramuza menor con algunas autoridades oficialistas, desviando de este modo la perspectiva política que pretendía el Colectivo de Trabajo.

Creemos que la tarea es discutir con el conjunto de lxs estudiantes estas maniobras antidemocráticas que son moneda corriente en las autoridades. Por este motivo, convocamos a una asamblea para el jueves 12 a las 15 horas -en la primera semana de cursadas- donde de manera fraterna y democrática elijamos el nombre del edificio, de modo que contenga a todas las expresiones políticas.

Desconocemos la resolución que tomaron 15 personas de nombrar al edificio "Néstor Carlos Kirchner", sin someter el proceso a un debate plural, en un momento sin cursadas y sin permitir la expresión de la minoría estudiantil en el Consejo Directivo


Contacto: Rosario Bernasconi (consejera estudiantil por la minoría) (0221) 15-5116972
Agencia Walsh

Colectivo de Trabajo (CAUCE) en COB La Brecha

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miércoles, 28 de marzo de 2012

LEY ANTITERRORISTA… Un análisis de HIJOS La Plata.

Miércoles, 28/03/12
AYER 20.840

Para consolidar el modelo de país a seguir, Argentina necesitó desde sus comienzos una construcción que no solo la encaminaran normativamente, sino que sentara las bases para la conformación de instituciones y planes que desde el Estado permitieran la consolidación de la unidad nacional. No es casual que a poco de iniciado el siglo XX, se hayan dictado la ley de residencia (1902), la ley de defensa social (1910), y se hayan centralizado las cárceles e institutos de encierro. Es justamente en ese momento en que se consolidó un modelo normativo de “delincuente peligroso”, encarnado en ese momento en el inmigrante politizado o en el agitador huelguista local. La construcción de un enemigo peligroso fue variando según las necesidades de sostener un modelo, es decir para construir un país o para que ese país pueda estructurar un modelo económico, social y cultural era importante contar con las herramientas para poder controlar lo que no se adaptaba.


En la historia más reciente, con los últimos dos golpes militares, se pudo ver como, por medio de una construcción normativa, que legitimó las peores atrocidades, se abrió camino a una nueva concepción de “lo peligroso”.

Desde la presidencia de Arturo Frondizi y durante el Onganiato, el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) habilitó a las Fuerzas Armadas para reprimir las huelgas y protestas obreras y poner a los activistas bajo jurisdicción de los tribunales militares, con el fin de “lograr la más rápida y eficaz represión de todo acto de alteración del orden público, violencias contra las personas o bienes públicos o privados, servicios públicos, templos o establecimientos religiosos, sabotajes, depredaciones, etc."

Desde la tercera presidencia de Perón, el ícono de la construcción normativa-represiva fue la Ley 20.840 (Ley de Seguridad Nacional) sancionada el 28/9/1974. Este instrumento establecía que se castigaba al que para lograr sus postulados ideológicos intente o preconice por cualquier medio, alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la nación, por vías no establecidas por las disposiciones normativas que organizan la vida política, económica y social de la nación.

A partir de esta norma-marco, se sucedieron una serie de decretos que estructuraron la política de persecución y eliminación del enemigo interno. La ley de Seguridad Nacional y los posteriores decretos son los primeros pasos de la construcción normativa que legitimó al poder genocida.

No es extraño que esta construcción se hizo en bajo un gobierno constitucional, y que permitió la incorporación de nuevos términos en el lenguaje legal, tales como “aniquilación”, “subversivo”, “consejos de seguridad”, etc. Esta fue la señal de que se estaba armando la estructura de funcionamiento para perseguir y controlar al enemigo.

Como ejemplo traemos el caso del secuestro y torturas en 1977 del director del diario “La Opinión”, Jacobo Timerman, para cuya justificación, el genocida Ramón Camps, jefe de la policía bonarense en dictadura, citaba la mencionada ley 20.840 y realizaba, imputar a Timerman, una curiosa interpretación del delito de asociación ilícita basado en el punto 2 del artículo 1 de esa norma, que reprimía al que “realice actos de divulgación, propaganda o difusión” de acciones para “alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación”. Con ello encontraba el antecedente y basamento legal para la actuación del plan sistemático genocida.

HOY ANTITERRORISTA

Pasados ya 38 años de la sanción de aquella ley que se convirtió en una herramienta de persecución y castigo, un nuevo proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo el 14 de octubre de 2011 al Congreso de la Nación, fue aprobado en Sesiones Extraordinarias y promulgado el 27 de diciembre con el N° 26.734.

Desde el 2005 la Argentina viene transitando el camino de aprobar convenios y leyes antiterroristas. Ya ese año, se convirtieron en ley dos convenios: la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, adoptada por la OEA en el 2002, y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la ONU en 1999.

A su vez, en 2007 se sancionó la ley N° 26.268 que incorporó al código penal los delitos de asociación ilícita terrorista y los de financiación de este tipo de asociaciones. En esa ley se considera que una asociación ilícita terrorista tiene las siguientes características:
a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político;
b) Estar organizada en redes operativas internacionales;
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas.

El proyecto 2011 de reforma de esa ley, firmado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Cesar Alak, y por el jefe de Gabinete, Anibal Fernandez, propuso que:
1) se aumentaran las penas frente a pretendidos actos terroristas o sus financiadores.
2) se utilizaran conceptos muy imprecisos que, por su eventual asociación simbólica al terrorismo, abren la posibilidad de que sean aplicables a las figuras penales frecuentemente utilizadas para la criminalización de la protesta social, como en los casos de resistencia a desalojos, cortes de vías de circulación o actos de protesta en el espacio público.

A pesar de que el proyecto establece que no se aplicará en los casos en que se trata del ejercicio de un derecho constitucional, no hay garantías de que los luchadores sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras. Además, dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de prueba, y deberán ser esos líderes sociales los que tengan que demostrar que no son terroristas en los procesos penales.

Podemos decir entonces que un nuevo manotazo represivo es necesario para el avance de la militarización de los territorios, la criminalización de las organizaciones en lucha y la actuación de grupos de operaciones especiales en los conflictos sociales.
Es aquí donde se igualan los objetivos de persecución y castigo de la ley de “20.840 de Seguridad Nacional” con los de la ley “Antiterrorista”.

En 1974, el General Perón, apoyándose en millones de votos obtenidos en las urnas, daba una vuelta de rosca en su afán represivo y mandaba a que el Congreso reforme el Código Penal. En rechazo a ese giro reaccionario, ocho diputados montoneros se negaron a votar positivamente, temiendo que dos artículos referidos a la asociación ilícita, fueran utilizados como artilugio legal para perseguir a las organizaciones armadas.

Perón los conminó a abandonar el bloque: “El que no está de acuerdo se va”, les dijo. Por lo tanto los ocho diputados de la tendencia, entre los que se encontraban el joven montonero Carlos Kunkel, Armando Croatto, Santiago Diaz Ortiz, Jorge Glellel, Anibal Iturrieta, Diego Muñiz Barreto, Roberto Vidaña y Rodolfo Vittar renunciaron a sus bancas. Después de sancionada la ley, el Consejo Superior peronista expulsó del partido justicialista a los diputados renunciantes. Hoy, apoyándose en millones de votos obtenidos en las urnas, Cristina Fernández da una vuelta de rosca en su afán represivo y manda a que el Congreso reforme el Código Penal. Entre los diputados que votaron positivamente esta nociva ley antiterrorista está el ex montonero y disidente con la 20.840, Carlos Kunkel.

Perón encaró el giro reaccionario porque tenía claro cómo había que "exterminar a los extremistas". Cristina, obedeció a la presión internacional de un agente financiero de segundo orden como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), bajo la promesa de recibir un certificado de “país confiable” del G-20 para recibir supuestas inversiones extranjeras. Y mandó a su bloque de diputados a votar en unanimidad el proyecto de endurecimiento de la ley antiterrorista. Lo que pocos dicen, es que ser un “país confiable” del G-20 implica cumplir con las políticas fijadas para la región por el Pentágono y el Comando Sur del ejército norteamericano.

Ante una crisis financiera global cuyos coletazos ya están llegando a nuestro país de la mano de los topes salariales, los tarifazos encubiertos y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los sectores populares, es evidente que nuevamente existe la necesidad de crear un nuevo enemigo, una nueva clase de delincuente que permita al Estado ejercer su poder punitivo. Es por esto que conceptos como “delincuente peligroso”, “subversivo” y “terrorista”, tienen como fin una vez más legitimar la noción de “peligrosidad”, dándoles sin duda una funcionalidad ideológica que tiene que ver con la adaptabilidad a las circunstancias y necesidades de cada momento histórico, y permitiendo así un control amplio y sin restricciones de todo aquello que ponga en tela de juicio el orden social establecido o a establecer.

PRIMERAS CONSECUENCIAS

De la misma manera que la avanzada militarista y represiva se puede observar en todo el sur de nuestro continente a través del golpe de estado perpetrado en Honduras, de la permanente violación de los derechos humanos en Colombia y de los derechos ancestrales en Chile, por tomar sólo algunos ejemplos, en la Argentina hemos sido testigos de más de una decena de asesinatos vinculados a la defensa del territorio por parte de comunidades y poblaciones. La militarización y represión la vivimos actualmente en el amedrentamiento que vienen sufriendo desde el 1º de enero del corriente año las Asambleas Riojanas en defensa del Cerro Famatina, lo que se evidencia no sólo en el cerco que las fuerzas represivas especiales ejercen en el corte, sino también en la persecución, la intimidación, las amenazas, el armado de listas “negras” de luchadores que denuncian trabajos de inteligencia por parte de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation y la judicialización de las luchas de compañeros contra los proyectos megamineros en nuestra cordillera.

Otro ejemplo de que esta ley ya puede ser puesta en marcha, son los hechos acontecidos el pasado 29 de enero en Catamarca, cuando para impedir el bloqueo a los camiones de minera La Alumbrera, en el departamento de Santa María, varios manifestantes fueron imputados por el fiscal provincial interviniente, Julio Landivar, quien utilizó el artículo 213 bis del Código Penal, que es uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista como de competencia federal.

Analizando lo sucedido en Catamarca encontramos la intencionalidad de esta nueva ley que más que antiterrorista es ella misma terrorista. En su artículo 41 quinquies establece:
"Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional."

Si se analiza con atención, nos percataremos de que solo habla de desestimar los agravantes. Y aunque se esté actuando al amparo de un derecho constitucional o defendiendo un derecho humano, se penará, solo que sin los agravantes. La pregunta es ¿desde cuando es punible defender un derecho humano?
La modificación de la ley antiterrorista deroga el artículo 213 ter del código penal que especificaba las características de las organizaciones para ser consideradas terroristas. Es decir que a partir de ahora, no es necesario “tener un plan para propagar el odio”, ni “estar organizado en redes internacionales”, ni “disponer de armas de guerra o agentes químicos o bacteriológicos” para ser considerado terrorista. Con esta derogación se abre el espectro para criminalizar a cualquier otro tipo de organización que no necesariamente tenga estas características.

E independientemente de que el vigente artículo 213 bis del CPN establezca penas para quien “organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor", no se define de ninguna manera a la forma en que se puede infundir temor, con lo cual la renovada ley permite inventar causas sin ninguna restricción dándole a los funcionarios involucrados una herramienta de represión para cuando se lo requiera.
Está claro que esta maniobra está hecha con el fin de utilizar cualquier tipo de artilugio legal para legitimar la persecución y el castigo a quienes se oponen a los modelos establecidos.


AYER LEY 20.840-HOY LEY ANTITERRORISTA…
SIEMPRE LAS CONSECUENCIAS DE LAS POLÍTICAS DE HAMBRE Y SAQUEO LAS PAGA EL PUEBLO!!!
HIJOS LA PLATA

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Hallan 43 Falcon utilizados durante la dictadura militar.

Martes, 27/03/12
Estaban en la base naval de Bahía Blanca. Sospechan que fueron utilizados para secuestrar personas. También realizan pericias en aviones que habrían sido usados para los "vuelos de la muerte".

En el marco de una causa por delitos de lesa humanidad fueron hallados hoy en la base naval Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, 43 vehículos Ford Falcon, utilizados durante la última dictadura militar. La inspección ocular fue realizada por el juez federal Eduardo Tentoni. También se realizaron pericias en aviones que habrían sido utilizados para los "vuelos de la muerte", según consignó el Centro de Información Judicial.

Durante la diligencia el magistrado visitó un depósito en la base naval Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires, en el que se encontraban 43 automóviles marca Ford Falcón, hoy fuera de servicio y que fueron utilizados por la fuerza hace más de 30 años.

Los autos fueron secuestrados, registrados y puestos bajo custodia del jefe de la Intendencia Naval de la base. Además, el juez dictó una medida cautelar de no innovar para garantizar la preservación y el resguardo de los automóviles, de manera que dichos elementos permanezcan ajenos a la disposición de cualquier otra autoridad que no sea la judicial.

Además, se realizaron pericias en algunos aviones que prima facie intervinieron en los llamados "vuelos de la muerte", se secuestraron manuales y planos estructurales de algunas aeronaves y microfilmaciones cuyo contenido aún se desconoce. Esto tuvo lugar en la inspección realizada en la Base Aeronaval Comandante Espora y en el Museo de la Aviación Naval de Bahía Blanca.

Diagonales

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Tribunal inicia juicio a mapuches imputados por Ley Antiterrorista.

Lunes, 26/03/12
En el juicio se piden sobre 25 años de cárcel para diez comuneros mapuches procesados por Ley Antiterrorista. Hay dos menores de edad imputados y ha sido catalogado como “un nuevo montaje” por líderes indígenas y defensores de derechos humanos chilenos. La audiencia quedó pendiente para el próximo 2 de abril.

Se trata del atentado contra el peaje de Quino, comuna de Victoria, ocurridos el 10 de octubre de 2009, donde siete miembros de la comunidad Autónoma de Temucuicui son procesados, junto a dos de la comunicad Cacique José Guiñón y un comunero de Santiago, y donde se piden penas desde 25 a 40 años de cárcel.
Entre ellos figuran dos menores de edad, imputados también por crímenes terroristas. Uno de ellos es Patricio Queipul, sobrino del lonko de la comunidad autónoma, quien ha sido buscado por la policía desde los 11 años y quien ha tenido que vivir en la clandestinidad. El otro es Luis Marileo, quien estuvo recluido en Chol Chol y participó en las dos huelgas de hambre en 2010 y 2011 exigiendo el respeto a los derechos de la niñez mapuche.
Respecto de la situación procesal que afecta a estos niños el abogado defensor, Lorenzo Morales, afirmó que “se debe tener claro que hay dos menores de edad involucrados y hasta el momento todavía están acusados por la ley 18.314, es decir la Ley Antiterrorista y además por la asociación ilícita terrorista. Todo eso tiene que de alguna manera depurar los juzgados de garantía de Victoria y veremos en qué termina. Yo creo que debe concluir en tipos penales menores”.
Sin embargo, existe el peligro de que en este caso se realice el juicio bajo la Ley Antiterrorista y se recalifiquen los delitos a los menores con posterioridad, con lo que también se estarían violando sus derechos. Para evitar esto, los abogados solicitaron que se inicie un proceso separado para revisar la situación de los jóvenes.
Cabe señalar que este juicio ha sido calificado, tanto por comuneros como por juristas como un nuevo intento de montaje hacia el pueblo mapuche. Esto porque la principal prueba del Ministerio Público sería la declaración de un testigo protegido.
Jorge Hunchullán, werkén de la comunidad Autónoma de Temucuicui, afirmó que se trataría de Raúl Castro Antipán, quien supuestamente habría participado junto a los acusados en los hechos y quien también está siendo protegido en otras causas contra comuneros y recibiría dinero a cambio, lo que ha sido desmentido por la Fiscalía.
En este contexto, el vocero reiteró que el proceso no es más que una estrategia para mantener presos a los líderes mapuche considerando que “van más de tres años que los hermanos están imputados bajo la Ley Antiterrorista y durante tres años no se ha podido comprobar la participación de ninguno de ellos, claramente aquí están procesados tres años y haber estado encarcelado casi dos años significa que hay un ánimo de intentar criminalizar a nuestros hermanos y tenerlos en una situación incómoda como imputados por Ley Antiterrorista por lo cual ellos no pueden ejercer ningún tipo de trabajo, solamente obedecer a un tribunal que los tiene con medidas cautelares”.
Además, Huenchullán denunció que durante el tiempo en que se ha extendido la investigación, se han producido hechos que afectan a la comunidad como son diversos allanamientos, interrogatorios de niños en escuelas de Temucuicui y en el camino a sus casas, hostigamiento a familiares de los acusados y dirigentes, además de torturas en contra de algunos de los imputados.
Hechos que cinco abogados particulares y tres abogados de la Defensoría Penal Pública intentarán probar en una próxima audiencia que quedó pendiente para el próximo 2 de abril.

Red Eco Alternativo
Paula Correa - radio.uchile

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Inauguran un mural en el ex CCDTyE "Automotores Orletti".

Martes, 27/03/12
El mural fue diseñado en el marco de talleres de artes plásticas realizados por estudiantes de 6° grado de la Escuela N°9 “La Mauro”, y del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, además del artista plástico Armando Dilon. La inauguración seré este miércoles 28 de marzo, a las 14, en Venancio Flores 3521.


Red Eco Alternativo

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Cuatro jóvenes imputadas tras la detención de 18 manifestantes el 24 de marzo en Córdoba.

Lunes, 26/03/12
Durante la madrugada del sábado 24 de marzo pasado 18 jóvenes militantes de la agrupación “Jóvenes por la Memoria” fueron detenidxs por realizar intervenciones en la Plaza Solares, de la localidad cordobesa de Alta Gracia, en conmemoración por los 36 años del Golpe de Estado. Si bien ya fueron liberados, 4 quedaron imputadxs por las pintadas.


En el operativo policial y judicial fueron detenidos 18 jóvenes, de los cuales cuatro fueron imputados de “daño calificado”, y se le secuestraron las pancartas, pinturas, afiches y volantes con los que se iba a acompañar la marcha prevista para la tarde del 24 de marzo.
En la sesión especial realizada por el Concejo Deliberante, prevista para conmemorar los 36 años del golpe, lxs familiares de lxs jóvenes y militantes pidieron a los concejales que se expidan sobre estas detenciones que duraron hasta las 7 de la mañana. En este sentido, el presidente del Concejo, Facundo Torres, realizó gestiones ante el fiscal quien se comprometió a intermediar para que se le devuelvan los objetos a los chicos, lo que finalmente sucedió.

Red Eco Alternativo

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martes, 27 de marzo de 2012

Exitoso panel en La Plata.

Miércoles, 21/03/12
Nilda Eloy, Elia Espen (Madres), Vilma Ripoll e HIJOS rechazan ley antiterrorista del gobierno
Un exitoso panel realizado hoy en la Facultad de Humanidades de La Plata cuestionó la ley antiterrorista y el Proyecto X promovidos por el gobierno nacional. Elia Espen, Madres Línea Fundadora y espiada por el Proyecto X, sostuvo: “lucho hace 35 años contra la criminalización de la protesta y con esta ley no vas a poder salir a reclamar. Con mis años, voy a seguir y les pido a todos enfrentar esta nefasta ley”.


Nilda Eloy, ex detenida desaparecida, compañera de Julio López, sostuvo: “con esta ley, al luchador se lo transforma en delincuente y a su reclamo, en un delito”. Vilma Ripol, dirigente del MST (en Proyecto Sur) señaló: “la protesta por planes sociales, el gobierno la tildó de extorsión y desestabilización, dos cargos para aplicar la ley antiterrorista. Debemos pelear por su derogación”. Finalmente Patricio, representante de HIJOS, sostuvo: “estas leyes apuntan a restringir libertades fundamentales y responden a la exigencia del Departamento de Estado norteamericano”.
MST

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Otro genocida muerto impune, ahora en San Luis.

Martes, 27/03/12
El ex policía y represor puntano, Guillermo Albisu, falleció ayer en la ciudad de San Luis sin ser juzgado y luego de ser imputado como coautor en la desaparición de siete personas y autor de privaciones ilegítimas de detenciones durante la dictadura. Desde la reapertura de los juicios a los genocidas hubo 287 genocidas muertos impunes y 274 condenados.

El comisario inspector Albisu fue jefe del departamento Operaciones (D-3) durante la última dictadura y estaba acusado como coautor de las desapariciones de Nolasco Leyes, Raúl Sebastián Cobos, Pedro Valentín Ledesma, Domingo Chacón, Graciela Fiochetti, Sandro Santana Alcaraz, y Vicente Rodríguez.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Luis lamentó que una vez más la justicia llegue tarde y cuestionó que el sistema judicial demore demasiado tiempo en dar respuestas razonables consagrando la impunidad y frustrando la expectativa de Justicia.

Sabemos apuntó el organismo en un comunicado- que hay quienes apuestan a la dilación, a estirar los procesos y a consagrar en definitiva otro punto final, el punto final biológico, afirmaron finalmente.

Desde la reapertura de los juicios a los genocidas hubo 287 genocidas muertos impunes y 274 condenados.


Diario Hoy

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lunes, 26 de marzo de 2012

Que mas se tiene que entregar por el proyecto NAC&POP?

Lunes 26/03/12
Protesta en el litoral contra el Comando Sur.
Organizaciones sociales y culturales de la región litoral firmaron un documento de repudio contra la presencia de militares del Comando Sur de los Estados Unidos en el litoral argentino, y llamaron al desmantelamiento de su sede. “Rechazamos las acciones y las palabras del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que abrió el territorio del litoral argentino a los halcones del Comando Sur del imperio bajo la máscara de ‘ayuda humanitaria’”, afirmaron los firmantes y advirtieron sobre “los graves riesgos que esta medida genera en las aspiraciones de paz, trabajo y unidad de los pueblos del continente”.


Reproducimos a continuación el documento “Repudio a la intrusión del Comando Sur estadounidense en el litoral argentino” completo: “Ante el peor mensaje, con vistas al 24 de marzo y el 2 de abril.Los miembros de las organizaciones sociales abajo firmantes repudiamos la inauguración de una base del Comando Sur de los Estados Unidos y de la Cuarta Flota en el Litoral Argentino y reclamamos su retiro, por las diez razones que exponemos.

Rechazamos las acciones y las palabras del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que (con la anuencia del ex ministro Aníbal Fernández) abrió el territorio del litoral argentino a los halcones del Comando Sur del imperio bajo la máscara de “ayuda humanitaria”. Y advertimos sobre los graves riesgos que esta medida genera en las aspiraciones de paz, trabajo y unidad de los pueblos del continente.

Para la prevención y acción sobre sequías, inundaciones o dengue, temas de alta significación, no necesitamos auxilio de militares norteamericanos.

La inauguración de esta casa del Comando Sur en el aeropuerto de Resistencia constituye una burla a los luchadores por la emancipación, muchos de ellos desaparecidos o muertos por grupos que fueron brazos del imperialismo, y a quienes recordamos este 24 de marzo; y una burla también a los combatientes muertos en las Malvinas y a los veteranos de guerra, con quienes conmemoramos este 2 de abril los 30 años de la recuperación transitoria de nuestra soberanía usurpada en el Atlántico Sur.

Contra todas las advertencias del buen juicio, Capitanich encubre con pretensiones de filantropía una base estratégica para el Comando Sur y la IV Flota.

Sostenemos que esa Casa debe ser desmantelada por las siguientes diez razones:

1- Nada tienen que hacer militares de un país imperialista metidos en nuestra región de paz. La excusa de que habrá trabajadores argentinos no desmiente el ingreso de los uniformados del norte.

2- Para los casos de emergencia o catástrofe existen los organismos argentinos de salud, emergencia, seguridad, o los que deban crearse con esos propósitos. E incluso podemos contar con información satelital apropiada para prevenir efectos de inundaciones y sequías.

Nuestro litoral posee decenas de instituciones nacionales, provinciales, municipales y de entidades civiles equipadas para la prevención, y que deben ser apoyadas para mejorar sus sistemas, pero en ningún caso se requiere el auxilio de militares estadounidenses.

3- Si no existen razones para abrir paso a un poder militar extranjero, menos aún al estadounidense, que mantiene sojuzgados a tantos países del planeta, y que está denunciado como protagonista de los últimos golpes de estado en nuestro continente; el mismo que colaboró con Gran Bretaña en el asalto al territorio argentino hace treinta años, para quedarse en Malvinas, incluso con el aporte de los satélites que ayudaron a hundir nuestros buques. Tenemos muy claro que saben mucho de satélites, y para qué los usan.

4- El Comando Sur posee navíos provistos de misiles atómicos, tiene portaaviones de propulsión nuclear, es una fuerza militar imperialista y por tanto enemiga de nuestros pueblos trabajadores. La peor de todas. Otros países hermanos han denunciado al Comando Sur y a la IV Flota por sus patrullajes en nuestras costas como una “amenaza”. A esos mismos países les agradecemos su acompañamiento a nuestros reclamos por las Malvinas, y no es coherente darles como respuesta esta señal harto contradictoria.

5- Estamos advertidos de que las potencias imperialistas aliadas en la OTAN, que ya usurparon a sangre y fuego nuestro territorio y pretenden crear un país satélite de 5 millones de kilómetros cuadrados en el Atlántico Sur, vienen por el agua, vienen por la cuenca, las tierras fértiles, el oro, el petróleo, la energía; vienen por nuestras riquezas, e informados como estamos de esta situación no es razonable facilitarles sus objetivos, menos aún a sus fuerzas armadas que usarán la información con propósitos de espionaje en la triple frontera.

6- La ley llamada ´antiterrorista´ fue dictada a la medida de los Estados Unidos para proteger el extractivismo de sus trust en los países dependientes como el nuestro, y esta casa de los militares en el Chaco resulta un paso más en la política invasiva del norte.

7- Los gobiernos nacional y provincial no han ofrecido ningún fundamento que nos convenza de que se trata de una cooperación con los pueblos del litoral; existen fundamentos, sí, para demostrar que se trata de una penetración injustificada, y consentida por las autoridades transitorias.

8- Los pueblos del Litoral no hemos sido informados debidamente ni consultados, de modo que nos vemos obligados a tomar esta determinación del gobernador chaqueño como una provocación a los intereses de toda la región litoral. Ya padecimos en la misma línea, durante los años 90, las condenables prácticas de marines norteamericanos en la zona de Ibicuy, Entre Ríos.

9- No hay modo de explicar la confusión del gobernador Capitanich que ve palomas donde hay halcones, y ve una casa humanitaria donde, a todas luces, está “el huevo de la serpiente”.

10- Nuestros pueblos ya sepultaron la alianza con los Estados Unidos, la exhumación de sus restos propuesta por Capitanich (según las declaraciones conocidas en estos días) corre por su cuenta y expresa exactamente lo opuesto a las aspiraciones de los pueblos de nuestra América, Abya Yala. Capitanich debe velar por los intereses y derechos de los chaqueños, no por los que pagaron sus becas, y en cualquier caso no tiene jurisdicción sobre el conjunto de los pueblos del litoral, a los que expone sin medir consecuencias ni reparar en el temible precedente que está sentando.

Por la emancipación de nuestros pueblos, por la preservación de nuestras riquezas, por la unidad de los pueblos de Abya Yala, por la dignidad frente al imperialismo y al colonialismo, ¡fuera Comando Sur, del Litoral argentino!

Paraná, 23 de marzo de 2012.


*Junta Americana por los Pueblos Libres -JAPL-.
*Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”, de la Facultad de Ciencias de la Educación UNER.
*Foro Artiguista Entrerriano.
*Regional Entre Ríos de la CTA (C.E. Locales Paraná, Concepción del Uruguay, Federación, Villaguay).
*Proyecto Sur Entre Ríos.
*Sindicato Empleadas en Casas de Familias de Entre Ríos.
*Corriente Clasista Combativa -CCC- Entre Ríos.
Estas agrupaciones son integradas por trabajadores en general, estudiantes, docentes, periodistas, artistas, cooperativistas, dirigentes gremiales, ambientalistas, economistas, e investigadores de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y de la República Oriental del Uruguay”.
Red Eco Alternativo

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Chaco: se instala el Comando Sur norteamericano

Viernes, 23/03/12
En un reciente anuncio, rodeado por el comandante Edwin Passmore y Jefferson Brown, ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, el Gobernador Capitanich informó sobre la instalación de una base del Comando Sur en el marco del "Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias", impulsado en su momento por el actual Senador Aníbal Fernández.
El Comando Sur, tras el disfraz de ayuda “humanitaria” y la lucha contra el “narco-terrorismo”, es el instrumento que ha implementado Estados Unidos para intervenir en Latinoamérica, especialmente en aquellos países donde los gobiernos no están alineados con los dictados de Washington.

Los partes de prensa afirman que este emprendimiento, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Resistencia, es el primer Centro de respuesta a emergencias que demandó una inversión de 3 millones de dólares y fue ejecutado a través de la donación de la Embajada de Estados Unidos y su finalidad será realizar campañas de "concientización humanitaria" y de instrucción a la población, para luego en un futuro cercano, establecer tropas para "ayuda humanitaria".
El Comando Sur, tras el disfraz de ayuda “humanitaria” y la lucha contra el “narco-terrorismo”, es el instrumento que ha implementado Estados Unidos para intervenir en Latinoamérica, especialmente en aquellos países donde los gobiernos no están alineados con los dictados de Washington.
La instalación de esta base en nuestra provincia, corazón del Mercosur, es de orden estratégico, la actividad de esta base no se restringirá únicamente a la “ayuda humanitaria” o intervención de catástrofes, sino que entre otras funciones realizará el monitoreo, inteligencia y vigilancia de las importantes reservas de agua dulce (Acuífero Guaraní), del Petróleo y recursos forestales; la formación y entrenamiento de las fuerzas de seguridad y también, en los casos que amerite, la intervención solapada en la vida política de la región.
La entrega de tierras a capitales Saudíes (principales aliados de EEUU en el Golfo Pérsico) y la instalación de esta base del Comando Sur en nuestra provincia, son las aristas de una política de entrega de nuestra soberanía a intereses foráneos.
A días de un nuevo aniversario del golpe militar 24 de marzo (apoyado y estimulado por EEUU) y de un nuevo aniversario del 2 de abril, este anuncio es una nueva afrenta a nuestra soberanía, y muestra nuevamente el doble discurso del kirchnerismo.


Red Eco Alternativo.
22 de marzo de 2012
Prof. Marcelo Salgado
Coordinador ISEPCI/Chaco
www.isepci.org.ar

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Contra la impunidad de ayer y de hoy a 36 años del golpe cívico – militar

Domingo 25/03/12
"A este ritmo serían necesarios 50 años para terminar de juzgar a los represores"
La multitudinaria marcha organizada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), con motivo del trigésimo sexto aniversario del golpe cívico militar de 1976, exigió en Plaza de Mayo, al Gobierno Nacional en un documento consensuado, cárcel común y efectiva de todos los genocidas incluidos los actores civiles y eclesiásticos, la unificación de las causas, inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura, basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión, derogación de la ley Antiterrorista sancionada el año pasado, reclamó además la aparición con vida de Jorge Julio López junto con la libertad de los 5.000 presos por luchar y el cese a la violencia contra los Pueblos Originarios, campesinos y demás pueblos que se oponen al saqueo del modelo extractivista y los agro - negocios.

Foto: AW

Ante una Plaza de Mayo repleta de columnas de personas que comenzaron a llegar a las 17.11, que partió del Congreso un poco después de las 15.30, y que a las 18.30 no terminaba de incorporar a la totalidad de los marchantes dada la magnitud convocada, expresaron los oradores: "Repudiamos a la dictadura que a costa de la sangre de nuestro pueblo impuso ferozmente la entrega, el endeudamiento la explotación y el hambre, además del exterminio de decenas de miles de compañeros, los campos de concentración de la más brutal dictadura que conoce nuestra historia".

En esta línea apuntaron a los crímenes que empezaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia en Tucumán y en el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple AAA) y demás bandas fascistas en todo el país, por lo cual demandaron justicia.
Reivindicaron también "al amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir transformaciones de fondo en la Argentina".
La impunidad de la dictadura continúa
"Luchamos porque se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campos de concentración (existieron 600) y hoy no llegamos ni a dos represores por campo procesados y condenados". Seguidamente apuntaron a que miles de represores caminan por las calles o están activos, como sucede con los más de 1000 oficiales y subo oficiales de la Armada que prestaron servicio entre 1976 y 1983 y hoy se encuentran en funciones sin ser investigados.



El encuentro denunció que las causas por delitos de Lesa Humanidad siguen siendo en su inmensa mayoría, fragmentadas, parcializadas y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio y remarcaron que "a este ritmo serían necesarios 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados". Sobre esto señalaron a los jueces, cómplices, socios familiares y amigos de los genocidas que entorpecen los juzgamientos, y al Gobierno Nacional por tener oportunidad de cambiar a los magistrados y no lo hace.

El procurador General de la Nación, Esteban Righi, jefe máximo de los fiscales por nombrado a propuesta de Presidencia de la Nación porque avalo a los fiscales cómplices al tiempo que dio instrucciones precisas para el desguace las causas e impulsa su fragmentación, incluida la que tiene más pruebas del país, la de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Tuvieron que pasar más de seis años de juicios orales, para que finalmente la Cámara de Casación se pronuncie con una acordada para acelerar y mejorar el desarrollo de las audiencias contra los genocidas, logro que le atribuyeron a todas las organizaciones.
"De los cerca de 850 condenados y procesado, solo 297 están detenidos en unidades penitenciarias, el resto goza de domiciliarias o directamente esta libre", sentenciaron y trajeron a colación el "aberrante caso del genocida Luciano Benjamín Menéndez Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército que tiene 6 condenas a cadena perpetua pero las cumple alegremente en su casa, entre otros, como médicos torturadores que recibieron penas menores por su actuación o esperan libres la confirmación de las respectivas condenas ". Exhortaron a que los juicios sean por campo de concentración, circuito represivo y escala de mando.

La apertura y publicación de la totalidad de los archivos la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas, fue otra de las exigencias planteadas por el documento consensuado al Gobierno, ya que aseguran, "contienen el destino de los 30.000 compañeros detenidos - desaparecidos y de sus hijos apropiados". Recordemos que más de 400 niñas/os que secuestró la dictadura junto a las personas desaparecidas o que fueron nacidas en cautiverio y luego dadas en adopción a militares o cercanos, continúan sin saber su verdadera identidad. Sólo 105 nietos fueron recuperados hasta el momento.


Jorge Julio López, secuestrado en la dictadura y desaparecido en septiembre de 2006 cuyo testimonio envió a Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y Silvia Suppo (secuestrada, torturada y abusada sexualmente por grupos de tareas a los 17 años y obligada a abortar por la misma gente, testigo en causas por derechos humanos, asesinada en marzo del 2010, testimonió en la causa que condenó al ex juez federal Víctor Brusa a 21 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos) "son bandera, testimonio y símbolo que evidencia descarnadamente la continuidad del aparato represivo de la dictadura".

El documento ahondo en la responsabilidad del Gobierno, "autodenominado defensor de los Derechos Humanos, para ocultar en la continuidad de la impunidad y sus políticas represivas, mientras mantienen las privatizaciones y las reformas anti obreras del menemismo".
Se solidarizaron con los familiares de y las víctimas de la tragedia de once, y dijeron que los que pasó "es consecuencia directa de las políticas de negociados millonarios y corruptos de la gestión kirchnerista con Trenes de Buenos Aires (TBA), los Cirigliano y la burocracia sindical", intereses que además, indicaron que estuvieron detrás del crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. A continuación señalaron que las líneas ferroviarias deben estar en manos de los trabajadores y sus usuarios.

Así, fueron apoyados los pueblos que se oponen a los emprendimientos mega mineros: "La lucha de los pueblos de Famatina, Belén, Tinogasta, Esquel, Santa María, Chilecito y todos aquellos que se han alzado contra la política de saqueo de nuestras riquezas en beneficio de las corporaciones imperialistas".
Los Pueblos Originarios -cuya permanencia en sus territorios ancestrales en defensa de los bienes naturales comunes de la devastación- prevista por la Constitución, se incumple en su inmensa mayoría a la vez que son perseguidos, discriminados, asesinados (caso Qom de Formosa, caso Diaguita al norte tucumano, caso Ferreyra en Santiago del Estero) obtuvieron el apoyo de los miles de convocados al acto. "¡Su lucha es la nuestra!", clamaron.

A estas exigencias se sumaron:

•La nacionalización sin pago de las empresas inglesas y demás multinacionales, en el territorio argentino. La anulación de los pactos secretos firmados entre el menemismo e Inglaterra.

•No al pago de la deuda externa.

• No a la criminalización de la pobreza y la protesta. Aumento de los planes sociales, sin clientelismo. Trabajo genuino.
"La Ministra Garré (Nilda), el pasado 16 de marzo, tildó de extorsionadores a los desocupados de Argentina Trabaja cuando reclamaban un aumento salarial". No fue la primera vez que se ataca la protesta desde un estrado oficial. "Eso da luz verde a que magistrados y fiscales cómplices avancen más en la criminalización de la protesta social".
El gatillo fácil se sigue cobrando la vida de los jóvenes en las barriadas populares, con la complicidad de la policía, jueces y funcionarios.

Ciudad de Buenos Aires
Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un capítulo aparte: "por la destrucción de la salud y la educación pública (en estos días intenta cerrar 221 cursos y grados de las escuelas estatales en la Ciudad) mientras otorga subsidios millonarios a establecimientos privados". Acusaron a Macri de proteger los súper negocios inmobiliarios a costa del desalojo de familias humildes y "en sintonía con el Gobierno Nacional". A través de la policía metropolitana dijeron, instrumenta políticas de espionaje y represión contra docentes, trabajadores, ocupados y desocupados".

•Anulación de toda la legislación represiva.

En el último año y medio, en todo el país fueron asesinados 18 luchadores populares. La ley antiterrorista la cual demandaron que sea derogada, y que fue sancionada el año pasado a propuesta del poder ejecutivo, "porque pretende acallar las luchas y quienes la votaron son verdaderos responsables de traición al pueblo". La ley, fija el encarcelamiento a quienes exijan por sus derechos a una autoridad nacional, a un gobierno extranjero, o a organismos internacionales para que haga o deje de hacer algo. Desde el inicio de la gestión Kirchner - Fernández, van contabilizados 5.000 luchadores del campo popular.
"Ante nuestros 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos nos comprometemos en la lucha hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad: una Argentina liberada de la opresión imperialista y la explotación".

Protagonistas varios
Desde Chile sin escalas, Roberto, manifestó su total apoyo a las luchas, los detenidos - desaparecidos tanto de Argentina como del país vecino. Cabe recordar que el Plan Cóndor, impulsado por Estados Unidos, instauro en toda Latinoamérica dictaduras con el fin de evitar la instalación de otra Cuba en la región.
Lamentó además la inexistencia de juicios a represores en Chile, "transitan libremente por las calles" y apunto sobre las enormes desigualdades sociales - económicas, la persecución a los trabajadores, estudiantes con la Ley Antiterrorista local para que no hagan escuchar sus reclamos.
"Esperamos que este año sea todavía más álgido con respecto a la lucha de los estudiantes (que se encuentra en un impasse dada la escalda represiva del Gobierno de Sebastián Piñera.

El mundo con el que soñaban
Roberto reflexiono además sobre la consolidación del modelo neoliberalista, sobre el mundo contra el que luchaban las personas desaparecidas, "para la gran burguesía nosotros somos un país desarrollado, pero eso es no querer ver la franja divisoria entre la gran mayoría y ellos, pero nosotros vamos a tratar por todos los medios de impedir que esta brecha siga adelante".
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), acompañó como cada año la multitudinaria marcha. Uno de sus miembros Adrian, dijo "La represión, tanto en democracia como en dictadura es política de Estado. Desde 1983 a la fecha se sigue torturando se sigue matando, porque mientras siga habiendo una sociedad divida en clases la represión es el arma de la clase dominante para mantener la opresión de muchos debajo de los privilegios de pocos".

Ferroviarios se suman
Se juntaron por primera vez varias organizaciones de empleados ferroviarios para exigir justicia por sus 111 compañeros desaparecidos durante el genocidio, y repudiar al gobierno de facto. "La presencia masiva del pueblo en general, es muy importante en las calles para empezar a cambiar las cosas", respondió Gustavo, trabajador ferroviario.
Piensa al igual que Roberto, que el Estado liberalista contra el que se levantaron en armas o no los desaparecidos, está más que vigente, "debemos empezar a construir porque no se admite que haya tanta brecha social entre los que más tienen y los que no tienen casi nada".

Hijo y maestro que luchan te están enseñando

Alejo, es hijo de desaparecidos, y tiene, al igual que sus compañeros que no están, que sus propios padres, que los miles que van a su lado saltando y cantando, la misma convicción que Joaquín, docente tal como señala el documento consensuado: Están comprometidos con la historia, con el presente, el futuro, y apoyan las luchas que recorren el país.


Agencia Walsh
Amalia Colombo.

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