NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

viernes, 20 de diciembre de 2013

LAS TAREAS DE MILANI


 

Las ambigüedades con que el kirchnerismo afronta el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se van convirtiendo en cómplices paradojas. Así lo confirman no sólo la designación del represor Cesar Milani al frente del Ejército, sino el rol que este comienza a cumplir en el proceso de Juicio y Castigo: como parte del reciente fallo en por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, el tribunal exhortó al jefe del arma a que ponga a disposición de la justicia al coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, prófugo en la causa; lo que ubica al amigo de Hebe Pastor de Bonafini en la curiosa tarea de ser juez y parte del genocidio cometido en nuestro país.

El 17 de diciembre pasado, el Tribunal Oral Subrogante en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Tripputi y Martín Bava, condenó a 7 represores del Batallón de Comunicaciones 181, de la Subzona 51 y del CCD La Escuelita, por su actuación en dictadura en el Comando del Quinto Cuerpo del Ejército. El proceso contempló 89 casos de secuestros, torturas y homicidios, y la supresión de identidad de dos hijos de desaparecidas que los alumbraron en cautiverio.
Junto a los represores Carlos Stricker, Felipe Ayala, Bernardo Cabezón, Héctor Fidalgo, Ricardo Gandolfo, Alejandro Marjanov y Fernando Videla, se encontraba procesado el coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, de 60 años, ex integrante de la Compañía Comando y Servicios del Quinto Cuerpo, por su participación en la emboscada y fusilamiento de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo el 14 de noviembre de 1976, en la calle Fitz Roy 137 de Bahía Blanca.

Pero, al igual que el coronel retirado Miguel Antonio Villegas, que murió impune antes de ser condenado por realizar un simulacro de juzgamiento basado en información arrancada bajo tortura a tres detenidos, y el ex guardia del CCD La Escuelita Armando "Pato" Barrera, apartado por cuestiones de salud, Arroyo no fue de la partida por encontrarse prófugo.
En el punto 18 del fallo del tribunal bahiense, los jueces exhortan “a quien a este momento se desempeña como Jefe del Ejército, General de División César Milani, a fin que en tal carácter y como garantía y respeto por los derechos humanos, ordene la inmediata comparencia y puesta a disposición de (…) Carlos Alberto Arroyo, toda vez que, aún en esa condición, ostenta la situación jurídica de estado militar y debe obedecer el conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y reglamentos, y por ende, obligado a cumplir las órdenes que el Comandante le imponga”.

Además de librar oficio a la presidente, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por intermedio del Ministro de Defensa, el tribunal le pide a un cuestionado jefe del Ejército que encuentre a un procesado subalterno prófugo al que no dio de baja y con el que comparte un pasado de noche y niebla.


La mano que recibió César Santos Gerardo Del Corazón de Jesús Milani para legitimar su ascenso de parte de la ignota periodista y madre de Plaza de Mayo, así como de los 39 senadores que aprobaron su pliego por obediencia debida, se completa ahora con el exhorto de tres jueces federales que, aún disponiendo de la operatividad y la tarea de inteligencia de las fuerzas federales de seguridad para capturar a este genocida, no pierden oportunidad de agotar la vía formal de requerirlo al máximo jefe del arma, coimputado con el prófugo por delitos de lesa humanidad, aunque sin proceso firme por ahora.

Este es el primer capítulo de una novela basada en la super-extensión de la interpretación del concepto de presunción de inocencia, con ribetes de inversión de los criterios de valoración en los estándares de impugnación de ascensos militares, que el kirchnerismo impone con el caso Milani, documentadamente implicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo y el secuestro y torturas de Ramón Alfredo Olivera y su padre, ambos hechos ejecutados desde el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja en 1976, donde revistó el hoy jefe.

El escenario actual no hace sino confirmar la prolijidad del gobierno “de los Derechos Humanos” en la implementación de la “política del bombero”: implementa un plan de protección de testigos en casos de lesa humanidad un año después del secuestro de Jorge Julio Lopez, prohíbe la custodia de los genocidas procesados con prisión preventiva por integrantes de su propia fuerza tras el asesinato de Héctor Febres y la fuga de Julián “Laucha” Corres, promueve acordadas para la aceleración de los juicios tras 9 años de estancamiento de los procesos; y dice encontrar para abrir parcialmente luego de 10 años de gestión los archivos de las Fuerzas Armadas, con las que ya ha pactado la reconciliación. 

Una gestión que corre tras los hechos consumados en lugar de planificar todos los puntos débiles del proceso de reapertura de las causas a los genocidas, es la misma que festeja el magro saldo de los juicios: 450 genocidas condenados y 57 absueltos en 10 años de anuladas las leyes de impunidad, es decir, menos de 1 represor por cada uno de los 600 Centros Clandestinos de Detención. La misma que pretende cerrar los juicios en diciembre de 2015 cuando resta juzgar al 78% de los 2.100 represores procesados en estos años. La misma que pretende resumir en esos 2.100 represores el accionar coordinado en dictadura de más de 100 veces esa cantidad de represores. 

Habrá que ver si el genocida Milani logra construir con oficiales arrepentidos su Ejército de los Derechos Humanos, o apelando a su viejo conocimiento de las faenas de inteligencia por lo menos encuentra, o mejor dicho delata al prófugo Arroyo y al resto de los 40 represores del Ejército prófugos. Difícil tarea.            

HIJOS LA PLATA
Diciembre de 2013

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domingo, 15 de diciembre de 2013

JUICIO POR EL CCD LA CACHA. MÁS FRAGMENTACIÓN E IMPUNIDAD.



Miércoles 18 de DICIEMBRE - 10hs
CONCENTRACIÓN EN EL JUZGADO - 4 Y 51


¡¡¡LOS JUICIOS TARDÍOS Y FRAGMENTADOS NO SON JUSTICIA!!!

Finalmente, tras 21 meses de haber sido elevada a juicio, la causa por hechos fragmentados de los crímenes cometidos en el CCD La Cacha será llevada a juicio a partir del próximo 18 de diciembre en La Plata.
Presentamos aquí un resumen del devenir de la causa en su larga instrucción de 10 años y los detalles del proceso número 11 en nuestra ciudad, y que tiene de todo: fragmentación, genocidas muertos impunes, exonerados y prófugos.

EL CAMPO
El CCD “La Cacha” fue creado en el marco de una etapa definida del plan sistemático de represión ilegal diseñado por la junta militar y respondió a la necesidad de obtener información precisa para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia en Olmos (calles 197, avenida 53, Ruta Provincial n 36 y calle 47) y emplazado a 50 metros de lo que hoy es la entrada principal de la ex Unidad Penitenciaria n 8 y a unos 100 metros del muro de la Unidad Penitenciaria n1. Fue uno de los centros clandestinos de detención más sofisticados de la dictadura, por la coordinación represiva entre policía, penitenciarios, Fuerzas Armadas y varios órganos de inteligencia que actuaron en el lugar. Según los relatos de algunos sobrevivientes como Ricardo Victorino Molina el nombre “La Cacha” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante Manuel García Ferré, que en un cínico paralelo utilizado por los represores “hacía desaparecer gente”.


Desde hace casi 30 años, la justicia dispone de la declaración conjunta que parte de los sobrevivientes de este CCD hicieron ante la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo (conocido como Clamor). Allí, en octubre de 1983, los sobrevivientes Néstor Torrillas, Nelva Falcone, Alberto Diessler, Roberto Amerise, Ana María Caracoche, José Luis Cavalieri, Alcira Ríos y Luis Pablo Córdoba, detallaron un croquis y una descripción de las instalaciones de La Cacha con su distribución interna y una lista con los apodos de los represores y la pertenencia a cada arma o dependencia que intervenía.
Según el Trabajado de Recopilación de Datos de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por La Cacha pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el  destino, y hubo al menos 9 niños nacidos en cautiverio, muchos de ellos apropiados desde el hospital de la cárcel como el caso de Natalia Suarez Nelson-Corvalán, los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo-Tolosa y el hijo de Laura Carlotto.

LA CAUSA
Anuladas las leyes de impunidad en 2003, reabierta como Causa N 16.419  “Dr. Felix Pablo Crous s/ denuncia (La Cacha-L.Olmos)” y radicada en el Tribunal N°1 del juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el  Fiscal Federal Sergio Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires donde tres denunciantes anónimos y ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en el CCD. Cotejados los legajos penitenciarios del ‘76/’83, se citó a indagatoria al “Oso” Acuña, a Osvaldo Uset (a) “el negro”, a Víctor Irineo Garay (a) “pájaro loco” y a Domingo Mac Tier (a) “Mister Y” o “Mister X”.

Entre Junio y octubre de 2009 se presentaron como querellantes la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de DDHH de Nación. Recién en diciembre de 2009, la fiscalía hizo una descripción de los hechos y solicitó la detención de una veintena de imputados. Se comenzó entonces a imponer la división de la instrucción, contemplando sólo hechos perpetrados a lo largo del año 1977 y por sólo una porción de imputados porque, según el juez Blanco, “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad” habrían aconsejado ir por partes.

Para mostrar cierta movilidad en la causa, Blanco solicitó que el Poder Ejecutivo Nacional levante el secreto que protegía a la información de Inteligencia, e imputó a 12 agentes del Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 101. Las primeras detenciones, sobre 17 represores, se hicieron entre febrero y marzo de 2010. Luego, en abril de 2010, se suspendió el proceso contra Cesar Emilio Branne, por padecer “síndrome de Corea Huntington” o “Mal de San Vito”. Branne, que estaba con domiciliaria, quedó libre. En agosto de 2010 se procesó y detuvo a Rufino Batalla. En septiembre de 2010 se procesó a Juan Carlos Negri, Enrique Cicciari e Isaac Miranda. En diciembre de 2010 se le dictó la falta de mérito a Cicciari luego de indagarlo y, siendo el único imputado del Regimiento 7, quedó libre. En octubre de 2011, se constató el fallecimiento de Negri. Y para confirmar la costumbre judicial de llegar tarde  buscar a los represores, entre febrero y marzo de 2010 se determinó como prófugos a 3 imputados en la causa con órdenes de captura: Ricardo Luis Von Kyaw (aún hoy en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (aún hoy en Israel) y Miguel Angel Amigo (integrante del Destacamento 101 finalmente detenido en junio de 2012 y sumado a la causa en agosto de 2013).


Para cerrar esta obra maestra de la fragmentación, en marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio en el TOF N°2, incluyendo a sólo 17 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. Blanco fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los 3 genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa.

Las imputaciones recayeron entonces sobre 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg). Un total de 18 genocidas para uno de los campos más grandes de la zona represiva de La Plata. Pero el cuento no terminó allí, ya que el 25 de mayo de 2012 el coronel Arias Duval murió impune mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”.  Arias Duval era el único imputado en Cacha acusado por los homicidios y apropiaciones de niños, además de los secuestros y torturas, de manera que con su muerte quedan impunes cientos de delitos, pero principalmente escapa a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en dictadura en La Plata. En septiembre de 2012 murió impune el genocida Saint Jean.Su nombre y el de Arias Duval pasaron a integrar la irreversible cifra de 340 represores muertos impunes desde la caída de las leyes de impunidad, 8 de ellos imputados en causa Cacha.

Quizás por su rol como juez electoral y penal federal en delitos comunes, Blanco estuvo muy ocupado en intríngulis narco-electorales como para dedicarse de lleno a una causa como la de “La Cacha”, que durante una década estuvo en sus manos. Pero lo de su secretaria Ana Cotter resultó fuera de serie. Cuando elevaron a juicio la causa fragmentada, el espacio Justicia Ya La Plata se opuso por no estar completa la instrucción y contestó a la elevación en subsidio. En ese momento, Cotter prometió fervorosamente que iba a trabajar sobre lo que quedaba del año ‘77 y todo el año ‘78 para elevarla y que se juntara con lo ya elevado hace casi dos años. Ahora, en una posterior entrevista con Justicia Ya laseñora Secretaria aclaró que no tuvo ni tiene tiempo de completar la instrucción y que no lo iba a hacer porque se estaba ocupando de otra cosa; que de todas formas debería volver a tomar testimonios para que los sobrevivientes “reconozcan” a los represores; que sin reconocimiento, incluso dijo que “al menos dos”, ella no elevaría nada; y hasta se animó a espetar que quizás investigaría si los organismos querellantes le hacemos el trabajo.

Con estas posiciones no sólo se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía, penitenciarios, de la SIDE, de la Armada y del Ejército. También se retrocede a criterios ya superados como que la medida de prueba para imputar a reconocidos represores sea exclusivamente un reconocimiento fotográfico a 37 años de los hechos y haciendo recaer la responsabilidad del avance de la causa nuevamente en la víctimas.


EL JUICIO
Tras las muertes impunes de Arias Duval y Saint Jean, hubo que recaratular la causa con el nombre del represor Hidalgo Garzón, quien provocó un nuevo sobresalto. A comienzos de este año, el juez federal Carlos Rozansky debió bajar de las hermenéuticas discusiones del grupo “Justicia Legítima” para enfrentar el mamarracho que sus colegas Blanco y Corazza realizan con las causas a los genocidas en nuestra ciudad. Lo que Rozansky destacó en su resolución como “negligencia de parte del Juzgado de Instrucción” es en realidad una desidia que incluye la situación de la mitad de los represores procesados en todo el país.
El genocida Hidalgo Garzón está procesado en causa Cacha desde el 3 de marzo de 2010. El juez Blanco le dictó la preventiva por 127 casos de secuestro y torturas. El 28 de diciembre de 2010, mismo día en que la defensa del genocida lo pidió, Blanco lo mandó a un geriátrico. El 17 de mayo de 2012 (17 meses después y por efecto de la fuga del genocida Wolk) Corazza decidió ponerle Gendarmería a un grupo de genocidas, incluido Hidalgo Garzón.
El 16 de Enero de 2013 Catalina Ovando De Sanctis, una joven apropiada en Campo de Mayo y querellante en el juicio por ese CCD, lo vió andando en bicicleta por la calle, lo denunció a través de Abuelas, y se descubrió que en el geriátrico no había gendarmes, ni policías, ni médicos, ni mucho más que una empleada “colaboradora” en todo el edificio. El 12 de marzo pasado, Hidalgo Garzón fue condenado a 15 años de cárcel por el TOF 1 de San Martín por la apropiación de Catalina en el juicio Campo de Mayo 3. Pero hasta entonces se pasó la mayor parte del tiempo como procesado con régimen domiciliario de geriátrico abierto y con salidas de ciclismo. Hasta que la niña que él apropió hace 37 años lo cruzó en uno de sus paseos. La imagen señala la falta de voluntad con que la Justicia lleva adelante las causas contra los genocidas, y muestra que si no fuera por la atenta tarea de las víctimas, el pretendido proceso de juzgamiento no sería mucho más que otra bicicleteada del sistema Judicial.
Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía, Penitenciarios, de la Armada y del Ejército.

A pedido de parte de las querellas, en abril de este año se sumó al juicio la causa por los asesinatos de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en una cita envenenada en el barrio de Tolosa en noviembre del ’76, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, este último uno de los represores mencionados por Jorge Julio Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.
Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 403 represores por 2400 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa el 20% de los 2.000 genocidas procesados en estos años. El año 2013 representa un estancamiento de juicios llegados a sentencia: 16 en todo el año, contra 25 concluidos en 2012.
En La Plata llegamos a fin de este año con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 80 represores a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso que el Estado propone cerrar en 2015, no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores.



FICHA DEL JUICIO:

CAUSAS
-N° 3389/12 caratulada “HIDALGO GARZON, Carlos del Señor y otros s/ Inf. art. 144 inc. 1°, último párrafo, 142 incs. 1º y 5º agravado por el art. 144 ter 1º y 2º párrafo según ley 14.616 en concurso real, arts. 80 inc. 2º, 146 y 139 inc. 2º del Código Penal en concurso ideal”; (LA CACHA)
-N° 3471/13 caratulada “SMART, Jaime Lamont y otros s/ infracción art. 80 inc. 6° del C.P.” (BETTINI-BEARZI)
-N° 3494/13 caratulada “AMIGO, Miguel Ángel s/ Inf. art. 144 inc. 1°, último párrafo, 142 incs. 1º y 5º agravado por el art. 144 ter 1º y 2º párrafo según ley 14.616 en concurso real”. (AMIGO)

IMPUTADOS
1-      Carlos Hidalgo Garzón (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
2-      Jorge Di Pasquale (Destacamento 101): 22 secuestros y 22 casos de torturas.
3-      Gustavo Cacivio (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
4-      Ricardo Fernández (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
5-      Luis Perea (Destacamento 101): 124 secuestros y 124 casos de torturas.
6-      Roberto Balmaceda (Destacamento 101): 22 secuestros y 22 casos de torturas.
7-      Emilio Herrero Anzorena (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
8-      Carlos Romero Pavón (Destacamento 101): 113 secuestros y 113 casos de torturas.
9-      Anselmo Palavezzati (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
10-  Jaime Smart (ministro de Gobierno): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
11-  Juan Carlos Herzberg (Fuerza de Tareas 5 - Armada): 3 secuestros y 3 casos de torturas.
12-  Raúl Espinoza (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
13-  Claudio Grande (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
14-  Héctor Acuña (Servicio Penitenciario): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
15-  Rufino Batalla (Destacamento 101): 128 secuestros y 128 casos de torturas.
16-  Isaac Miranda (Servicio Penitenciario): 128 secuestros y 128 casos de torturas.
17-  Miguel Angel Amigo (Destacamento 101): 20 casos de secuestros y torturas.
18-  Miguel Osvaldo Etchecolatz (Director General de Investigaciones PBA): 2 homicidios.
19-  Julio César  Garachico (Unidad Regional La Plata PBA): 2 homicidios.
20-  Eduardo Gargano (Director General de Seguridad PBA): 2 homicidios.
21-  Horacio Elizardo Luján (Jefe Unidad Regional La Plata PBA): 2 homicidios.

AUDIENCIAS
Los días 18, 20 y 27 de diciembre, a las 10 hs. Luego Feria Judicial, y a partir del 5 de febrero audiencias los días miércoles y viernes hábiles.

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jueves, 12 de diciembre de 2013

14/12 ACTO POLÍTICO CULTURAL FRENTE A LA ESMA


Desde hace una década, el Estado argentino se ha dedicado a gestionar los ex Centros Clandestinos de Detención con la misma ambigüedad con que encara el resto de sus políticas de Derechos Humanos.
Los juicios son fragmentados y se logró condenar a sólo 400 genocidas en 10 años de anuladas las leyes de impunidad, lo que todavía representa menos de 1 represor por cada CCD que hubo en dictadura.
Mientras el 80 % de los jóvenes apropiados siguen sin conocer su identidad, el gobierno avanza con el desguace del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Y mientras el gobierno sólo ha señalizado poco más del 10 % de los 600 ex CCD, los “Sitios de Memoria” son más un circo que un espacio de lucha.
El punto culmine de esa gestión de los espacios de Memoria como cotos oficialistas es lo que sucede en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Ante la pretensión  por parte del Gobierno Nacional y de algunos organismos de Derechos Humanos oficialistas, de continuar con la avanzada de un proyecto de “Puesta Museográfica”, que prevé hasta la cínica idea de ubicar una fuente de agua en el sótano del Casino de Oficiales, desde HIJOS La Plata repudiamos el vaciamiento de contenido de los lugares donde se planificó, se puso en marcha y se concretó el genocidio.
En este lugar estuvieron secuestrados por razones políticas nuestros padres hace más de 30 años. Aquí fueron torturados salvajemente, luego fueron asesinados y sus cuerpos ocultados para sembrar la impunidad de esos crímenes. Acá nacieron y fueron apropiados nuestros hermanos, de los cuales la mayoría aún continúa con su identidad robada.
Por eso creemos que este lugar debe ser reconocido como lo que verdaderamente fue: “UN CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN, DESAPARICIÓN Y EXTERMINIO”.
Aquí deben estar presentes la historia de las luchas del pueblo, y la del aparato del terror de Estado. No se puede desvirtuar y banalizar la significación de estos lugares con su utilización para otras actividades que no sean estrictamente referidas a la Memoria, con el peligroso argumento de la “re-significación” o con falso pretexto de que “donde hubo muerte hoy debe haber vida”. Esto para nosotros representa una afrenta a la memoria de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos.
Desde Hijos La Plata estamos convencidos que este espacio debe ser preservado como prueba para conseguir la condena a todos los genocidas y sus cómplices, ya que la mayoría de los verdugos de este lugar de horror aún continúan impunes.
Porque la memoria no debe convertirse en un elemento estático que se conserva en un museo, sino que nos debe servir como una herramienta de acción y de lucha contra la impunidad de ayer, pero sobre todo contra la impunidad que hoy sigue generando el mismo sistema de hambre, opresión y saqueo contra el que lucharon los 30.000 compañeros desaparecidos.

No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos.

HIJOS La Plata


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miércoles, 11 de diciembre de 2013


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