NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

lunes, 25 de julio de 2011

Los represores votan a Del Ser.

La “Unión de Presos Políticos de la República Argentina”, que simpatiza con la candidatura de Eduardo Duhalde, anticipó su apoyo a Del Sel en las elecciones del domingo en Santa Fe. Revelaron que están trabajando en su campaña.
El candidato del PRO, Miguel Del Sel, tiene el respaldo de los involucrados en causas por la represión.


Por Diego Martínez

Los nostálgicos de la capucha anticiparon su voto para las elecciones santafesinas. Según la “Unión de Presos Políticos de la República Argentina”, creada por condenados y/o procesados por crímenes de lesa humanidad con el fin supremo de “lograr la libertad” de sí mismos, “la Familia Militar, de las Fuerzas de Seguridad y muchos civiles tiene tomada la decisión de votar por el candidato que representa la voluntad plenamente opositora al Gobierno”. El elegido por los seguidores de Eduardo Duhalde, que en la presentación de su fórmula abogó por “cerrar las heridas del pasado con memoria, verdad y justicia” pero para los represores “ha asumido un compromiso concreto en relación con nuestros intereses finalizando definitivamente con los juicios” (Circular 12, 7/7/11), no es otro que Miguel Del Sel, el cómico a quien Mauricio Macri convenció para que se postulara en nombre del PRO, según contó el jueves ante la animadora Susana Giménez. El PRO tiene al menos otro candidato consustanciado con la causa de la impunidad: el abogado Néstor Oroño, defensor de represores santafesinos, entre otros el condenado civil de inteligencia y violador de secuestradas Horacio Américo Barcos.
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La Uppra es el último sello de los militares y civiles que reivindican el terrorismo de Estado y que a un lustro del inicio de los procesos sigue teniendo como mascarón de proa a Cecilia Pando. La primera “circular” de la agrupación, el 13 de mayo, puede leerse en la web de la más antigua “Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos” (AFyAPPA), que incluye entre sus secciones a la revista B1, ahora rebautizada como Madriz, y a la columna de reflexiones “Pensando con Cecilia”.

“Somos más de mil procesados, encarcelados, etcétera”, se presenta la Uppra, sin nombres y apellidos. “Estamos transitando una nueva etapa del conflicto iniciado en los setenta”, explican, y “queremos involucrarnos directamente” debido a “la extrema importancia que adquiere el próximo proceso electoral en razón de las consecuencias que su resultado pueda tener en el futuro de la Patria y en particular sobre el nuestro”, se sinceran en su carta de presentación. Admiten que en procesos penales son indefendibles (“sabemos que la solución del problema es de carácter esencialmente político”) y agradecen a los sellos que los precedieron: AFyAPPA, los Hijos y Nietos (HyNPPA), y los Abogados por la Justicia y la Concordia, el “apéndice para tareas sucias” de la Corporación de Abogados Católicos, según la definición del titular del CELS Horacio Verbitsky.

“La creación de la Uppra tiene por objeto lograr la libertad de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, penitenciarias y civiles que permanecen en cautiverio debido a supuestos ‘delitos de lesa humanidad’”, precisaron a principios de mayo los represores, que sólo omitieron a los religiosos en la enumeración. La liberación “deberá producirse en un plazo perentorio –rogaron–, mediante el pleno restablecimiento de la vigencia de la Constitución y de los Derechos y Garantías que de ella emanan”. Aseguraron que “no habrá en nuestra Patria plena vigencia del Estado de Derecho y la correlativa Seguridad Jurídica mientras perdure nuestra situación” y propusieron “apoyar a todas las organizaciones, personas y fuerzas políticas que se comprometan activamente a promover nuestra libertad y que exhiban para ello las acciones y compromisos pertinentes”.

Las circulares posteriores sugieren escasa acogida. El 1º de junio informaron sobre la creación de “pelotones en cada localidad con tareas de reclutamiento y propaganda” pero nunca informaron a qué candidatos apoyan. Ante las elecciones porteñas aclararon que no apoyaban a López Murphy porque nunca mencionó “el tema de los presos políticos” y reivindicaron a Duhalde sin mencionar a su delfín, Jorge Todesca. Del Sel es el primer candidato al que apoyan explícitamente. “Hay camaradas, familiares y amigos trabajando intensamente en Santa Fe y Rosario, involucrándose en la campaña y como fiscales”, escribieron. “Las elecciones en Santa Fe serán un nuevo hito en la carrera descendente del kirchnerismo”, se esperanzan.

Fuente: Pagina 12

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viernes, 22 de julio de 2011

Comunicado de Prensa. 19 de julio de 2011, Buenos Aires, Argentina

Boletín Electrónico de noticias y actividades de la AEDD nro 840
Asociación de ex Detenidos Desaparecidos

En los últimos días amanecimos con la noticia de que no hay elementos contundentes, de acuerdo a lo analizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que indiquen Marcela y Felipe Noble Herrera sean hijos de nuestros compañeros detenidos-desaparec idos. Aunque todavía falta una instancia de prueba que será la definitiva, el grupo Clarín disparó desde sus múltiples medios contra la lucha por los derechos humanos.
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Ya no hay quien dude, aunque en algunos tribunales se sigan negando a llamar las cosas por su nombre, que la dictadura perpetró un genocidio en la Argentina, que pretendía romper con cualquier lazo fraterno y solidario. Una de las formas que adquirió ese genocidio fue la del robo sistemático de los hijos de nuestros compañeros. Cerca de 500 bebés fueron arrancados de los brazos de nuestras compañeras detenidas. Más de 300 siguen portando la identidad que sus apropiadores les asignaron, siguen sin saber por qué luchaban sus padres, qué sueños tenían para ellos.
Marcela y Felipe pueden ser los hijos de nuestros compañeros. Semanas atrás, después de una década de dilaciones y tras un abrupto cambio de postura, se hicieron los análisis para ver si efectivamente lo eran. Los resultados se cruzaron con dos familias que se esperanzaban con encontrar a los bebés- hoy hombres y mujeres- que buscaron durante años y años. La segunda parte de la evaluación concluyó la semana pasada y no aportó pruebas concluyentes. Habrá que esperar hasta que termine la feria judicial y, quizás, más también para que el peritaje continúe. Lo que no dicen los medios de la Señora Ernestina Herrera de Noble- que tanto supo codearse y fotografiarse con los genocidas que secuestraban, torturaban, asesinaban, desaparecían a nuestros compañeros y también les robaban los hijos- es que en el BNDG no están los datos de las 500 familias que buscan a los chicos, que hay poco más de la mitad; que inclusive había muchas familias que, debido a la clandestinidad a que nos habían impuesto los genocidas para cuidar la vida, no sabían que sus hijos estaban en pareja o esperaban un bebé o que hay familias que no pueden dar su ADN porque fueron totalmente masacradas, excepto el bebé apropiado. ¿A qué se debe que estemos en esta situación? A que durante décadas el Estado no hizo lo que debe hacer. No procuró identificar a los chicos y tampoco abrió los archivos. No lo hicieron tampoco Néstor Kirchner ni Cristina Fernández de Kirchner, que siguen cuidando los secretos bien guardados de los genocidas, aunque muchos de los funcionarios del actual gobierno se llenen la boca hablando de los derechos humanos y pretendan hacernos creer que debemos agradecerles a ellos que un puñado de los represores se estén sentando en el banquillo de los acusados por algunos de sus tantos crímenes. Permítannos recordárselos nuevamente: Si hay alguien que tiene el mérito de estar metiendo en la cárcel a los genocidas es este pueblo que luchó contra la impunidad que los gobiernos democráticos les granjearon.

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La violencia del “Campo de la Rural” en la Mesa de Enlace contra campesinos e indígenas.

El pasado 7 de junio, en Santiago del Estero, Argentina, se denunciaban públicamente los pedidos de detención y allanamiento para 12 integrantes del MOCASE-VC, por parte del Juez Tarchini Saavedra, con falsas imputaciones para legitimar la usurpación por parte de la empresa Julianes Hnos., de 10.000 has en el paraje la Flor, Dto Alberdi, afectando a más de 50 familias campesinas e indígenas.
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La primera semana de julio atacaron a tiros la comunidad “La Overa”, en el departamento Albedi, y hace dos meses, otro grupo armado por empresarios de los agronegocios, atacó a vecinos de “El Hoyo” y amenazaron a niños y niñas de la escuela primaria.

El intento de la empresa Julianes Hnos. de alambrar la posesión campesina ha continuado con mucha más violencia. Esta vez quisieron asesinar a dos pobladores, uno de ellos de 72 años de edad. Los pobladores afectados son de los parajes La Avenida, Aibalito, Sol de Mayo, Monte Rico, Santa Marina, Simbol, integrantes de la Comunidad Indígena Lule-Vilela Ashca Caycu (Pers Jur. INAI N° 662), que habían denunciado que el alambrado reduce el territorio de pastoreo en común que poseen; Tres días antes andaban camionetas en la zona empresarios de Santa Fe averiguando por el campo. Hugo Juárez es uno de los matones contratados por los Julianes, y por otros terratenientes, este ya se había presentado en la casa de la familia Salto el día 28 de junio.

contactos: 03844-15408668//03844-15459275
Fuente: www.mnci.org.ar

Opinión: Esta semana la presidenta anunciaba desde Santiago del estero las inversiones y los emprendimientos en la provincia de grupos de agro-negocios, nada dijo de esta puja por la tierra que se da desde años a esta parte. El mercado de la soja va desplazando a los pueblos a una vida de exclusión y pobreza y las empuja a vivir en villas en los conurbanos de las grandes ciudades donde serán perseguidos por ser pobres para terminar engrosando la población del sistema carcelario.

Viva los que luchan!

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jueves, 21 de julio de 2011

EL UNICO CIVIL ACUSADO POR LOS VUELOS

Otro represor que se va a su casa.


Gonzalo Torres de Tolosa, el único civil procesado por su participación en los vuelos de la muerte durante la última dictadura, está de vuelta en su hogar. La Sala I de la Cámara Federal porteña revocó la decisión del juez federal Sergio Torres, que había ordenado su prisión preventiva en el penal de Ezeiza, y en base a los problemas de salud del ex miembro del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA le concedió el arresto domiciliario, que cumple en el piso 5º B de Blanco Encalada 1715. SEGUIR LEYENDO [+]
El abogado Torres de Tolosa, de 66 años, fue denunciado por el ex capitán Adolfo Scilingo como su acompañante en uno de los dos vuelos en los que se arrojó a personas vivas al mar.

Fuente: Pagina12

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miércoles, 20 de julio de 2011

JUZGADOS

Vesubio 14/07/11

ZeolittiSPF18
MartínezSPF20,5
ErlánSPF20,5
ChemesSPF21,5
MaidanaSPF22,5
GamenCnel.P.petua
PascarelliCnel.P.petua
SáenzCnel.impune
A casi un año y medio y con solo 8 genocidas imputados por los crímenes cometidos en CCD "el Vesubio", se dió la sentencia (14/07/11) del TOF Nº4 de Comodoro Py en la causa que investigó 156 crímenes de lesa humanidad, para 7 de ellos después de la muerte del responsable de dicho CCD. Durán Sáenz jefe del Vesubio murió impune el pasado 6 de junio.
Este CCD situado en camino de cintura y Au. Richieri, partido de La Matanza, coordinaban las “tareas operativas” del Ejército, la PBA y la PFA. Allí fueron vistos, entre otros, Haroldo Conti, Raymundo Gleyzer y Héctor Oesterheld. Circuito: Atletico, Banco, Olimpo (ABO). Diciembre/10
ArenasJefe 10325 años
TepedinoIE25 años
Taddei 25 años
GuglielminettiIE25 años
Del Pino601P.petua
Apesteguigend.P.petua
Cardozogend.P.petua
Donocikex com.P.petua
Falcóncdio.aelto.
RosaPFAP.petua
KalinecPFAP.petua
UballesPFAP.petua
AvenaSPFP.petua
GonzálezPFAP.petua
SimónPFAP.petua
Rolón P.petua
MiaraPFAP.petua
Fueron juzgados entre el año 2009 y el 2010 los siguientes genocidas del circuito ABO:
1-Samuel Miara, alias “Cobani”. Ex subcomisario de la PFA, jefe de la guardia de los 3 CCD. Testimonios de sobrevivientes aseguran que violó a varias detenidas y pateó a una embarazada. Condenado a 12 años en el 98 por la apropiación de los mellizos Reggiardo-Tolosa. Perpetua. 2-Oscar Augusto Isidro Rolón, alias “Soler”. Torturaba cn picanas, estaba como infiltrado en la Facultad de Derecho. Perpetua. 3-Julio Héctor (César) Simón, PFA, alias “Turco Julián”. Conocido por sus víctimas por su antisemitismo. Llevaba un llavero con una esvástica. Relató su experiencia como torturador ante las cámaras de TV y ya tiene dos condenas en su haber: una por la desaparición de la familia Poblete y otra por los secuestros de un grupo de militantes montoneros que regresaron al país en el marco de su operación de Contraofensiva. Recibió así su tercera condena. Perpetua. 4-Raúl González, alias “Mayor Raúl” o “El Negro”. Proveniente de la PFA, era el segundo jefe en los campos y participaba de interrogatorios. Perpetua. 5-Juan Carlos Avena, alias “Capitán Centeno”. Como adjuntor principal del SPF tuvo participación en la organización y dirección de El Olimpo. Perpetua. 6-Eufemio Jorge Uballes, PFA, alias “Anteojito Quiroga” o “Führer”. Ex subcomisario de la PFA. Era uno de los encargados del “traslado” de los detenidos. Los relatos de los sobrevivientes lo recuerdan haciéndoles decir “Heil, Hitler” mientras los torturaba. Perpetua. 7-Eduardo Emilio Kalinec,alias “Doctor K”. Ex oficial ayudante de la PFA. Lo condenaron por intervenir en la custodia de los detenidos y de participar en interrogatorios y tormentos aplicados en los centros Atlético, Banco y Olimpo. Siguió en funciones hasta hace apenas 6 años, cuando comenzó a ser juzgado. Perpetua. 8-Roberto Antonio Rosa, alias “Clavel”. Fue señalado como miembro de los grupos de tareas del circuito que dependía de la Superintendencia de Seguridad de la PFA. Saltó a la fama porque fue vinculado con el juez Norberto Oyarbide en el escándalo sobre la protección de prostíbulos. Antes había pasado por el Departamento de Leyes Especiales (juego clandestino) durante tres años, y durante ese lapso fue investigado por su presunto enriquecimiento ilícito. Perpetua. 9-Juan Carlos Falcón, alias “Kung Fu”. Guardia, diestro en las artes marciales. Los sobrevivientes lo señalaron como partícipe de los “traslados”. Ex custodio de Albano Harguindeguy, reconocido como violador. El tribunal consideró que no había suficientes pruebas para condenarlo. Fue absuelto. 10-Luis Juan Donocik, alias “Polaco Chico”. Comisario retirado de la PFA. Integraba el grupo de guardias denominados “candados”, responsables de impedir que los secuestrados hablaran y de llevarlos a la sala de torturas. Antes de retirarse tuvo a su cargo la comisaría 48ª. Vinculado con la empresa de seguridad privada Segar SA. Perpetua. 11-Guillermo Víctor Cardozo, alias “Cortés”. Ex gendarme. Se dedicó a adoctrinar en Campo de Mayo a los guardias de los CCD para que no hablaran de los crímenes con nadie. Durante los 90 fue comandante mayor y hasta 1998 fue segundo jefe de la Región II (Rosario) de GNA. Perpetua. 12-Eugenio Pereyra Apestegui, alias “Quintana”. Ex gendarme. Se lo recuerda con gomina y tacos, por su complejo de petiso. Obligaba a los secuestrados a hacer esfuerzos físicos inhumanos, escuchar discursos de Hitler y canciones de Nino Bravo. Fue uno de los pocos que habló durante la instrucción: dijo que en el centro sólo cumplían “funciones de seguridad en un objetivo militar”. Perpetua. 13-Raúl Antonio Guglielminetti,alias “Gustavino” o “Mayor Gustavino”. Ex agente civil de inteligencia del Ejército. Actuó como represor en al menos seis CCD y a principios de los 80 se dedicó a los secuestros extorsivos. Fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín. Detenido en agosto de 2008. 25 años. 14-Ricardo Taddei, alias “Cura” o “El Padre”. Integró las “patotas” que aplicaban tormentos. Se ofrecía como confesor para impartir castigos y absoluciones. En abril de 2007 fue extraditado desde España, donde vivió durante 20 años. 25 años. 15-Enrique José Del Pino, alias “Miguel”. Capitán del Ejército del Batallón de Inteligencia 601, había comenzado su carrera en 1975, bajo las órdenes de Antonio Domingo Bussi y Adel Vilas, en Tucumán. Luego pasó a ser jefe del GT que operaba en El Banco y El Olimpo. Fue detenido en 2007 luego de estar un año y medio prófugo. Perpetua. 16-Carlos Alberto Roque Tepedino,Pieza fundamental en la estructura de inteligencia del Ejército. Del 75 al 77 fue director de Inteligencia interior de la SIDE. Del 78 al 79 condujo el Batallón de Inteligencia 601. Se retiró en el 81, pero hasta el final de la dictadura se desempeñó como director general de Seguridad Interior. En democracia, “prestó servicios” como adscripto al Departamento de Informática en el comando del Ejército. 25 años. 17-Mario Alberto Gómez Arenas, Fue jefe del Destacamento de Inteligencia 103 de Capital Federal del 79 al 81. En 2008 fue condenado por su actuación como jefe del Destacamento 182 de Neuquén junto a dos de sus ex subordinados. 25 años. La condena dejó varias preguntas en el aire. Entre otras: ¿por qué el tribunal no castigó con la pena máxima a las desapariciones aún sin la presencia de los cuerpos?
HIJOS LA PLATA

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CORREPI - Boletín informativo nº 617

19 de julio de 2011


Sumario:

1.La federal mata, el gobierno nacional defiende y los jueces provinciales absuelven.
2.Narcopolicías en la delegación de drogas ilícitas.
3.Violencia contra los pobres, de sur a norte.
4.Represión contra trabajadores de Tartagal, Neuquén y Bs. As.
5.En Jujuy también se persigue a los pobres que luchan.
6.Chile: Continúa la lucha por la estatización de la educación.
7.Próximas actividades.
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VIOLENCIA CONTRA LOS POBRES, DE SUR A NORTE



Comallo, Río Negro, a 80 km . de Bariloche. Una comunidad mapuche que resiste, como puede, la usurpación territorial que realiza un empresario de apellido Chechile(*), socio de un camarista. Con la inestimable ayuda del juez provincial Calcagno, la custodia y protección de la policía provincial y los servicios de una patota armada, entraron al Lonco mapuche y agredieron a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas y humildes bienes. La razón, la propiedad de todas esas tierras, con vistas a emprendimientos comerciales.




La Overa, a 250 km . de la ciudad capital de Santiago del Estero. Veinte familias campesinas organizadas en el MOCASE, fueron atacadas por el empresario Suárez, a través de una patota que cuenta con la bendición de la policía local y la protección del organismo estatal INTA, que tiene al hermano del empresario agresor como alto directivo. La razón, desalojar al campesinado para desmontar, alambrar y cambiar la cultura agraria de la región.

Plaza Independencia, pleno centro de San Miguel de Tucumán. Con la presidenta Cristina de Kirchner en el escenario, una patota de encapuchados vinculados al gobernador K Alperovich, atacó las carpas de los médicos autoconvocados que luchan por condiciones de trabajo y vida dignos y que resistieron la pretensión oficialista de "no afear" el acto de la independencia.

A lo largo y ancho del país, los gobiernos argentinos actúas en defensa de los intereses de la clase que representan. Cuando no lo hacen con sus fuerzas regulares, lo hacen con sus fuerzas de choque, y, en todos los casos, con la justicia y otros organismos responsables que legitiman mirando para otro lado.

Represión tercerizada, diseño represor para los tiempos que corren. De la Patagonia al Norte, del mar a la cordillera, en el campo y la ciudad, paisaje argentino en las rutas de la democracia burguesa.

(*)Roberto Raúl Chechile: Arquitecto, de General Roca, empresario exportador de pelo de guanaco silvestre con propiedades en el sector de la educación privada, inmobiliarios y la ganadería en las provincias de Neuquén y Río Negro. Es gerente de La Constancia SRL, firma que integra con su esposa y Raúl Oscar Fernández. Antes tuvo Villa Pehuenia SRL, inscripta en Roca, pero en 2003 transfirió el paquete accionario a Eduardo Balbarrey. En el Alto Valle es conocido por ARCH SRL, firma que actualmente continúa integrando en partes iguales con Cristina Fernández Laino. En VLA la familia es propietaria de la escuela privada De los Andes, un gimnasio y cancha de fútbol y varios complejos de cabañas.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Jueves 21 de julio, 20:30, en el Centro Cultural y Social “Estación Esperanza”, Int. Giménez 950 de la ciudad de Rafaela, proyección del documental “YO SABIA, QUE A WALTER LO MATÓ LA POLICÍA ”, con compañeros invitados de CORREPI y CADH Rosario.

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martes, 19 de julio de 2011

Quiénes son los candidatos a jueces federales del interior

El abogado del malevo ferreyra fue propuesto para el juzgado de jujuy.

De los pliegos enviados por el Ejecutivo al Senado surge una variada oferta para cubrir las vacantes en las provincias. Abundan los secretarios de juzgados con causas relevantes.

Un mix de jóvenes brillantes, veteranos de larga trayectoria y abogados de curioso historial desembarcará en los juzgados federales del interior del país, cuando el Senado preste acuerdo a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo hace poco más de una semana.
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Acaso la postulación más llamativa sea la de Juan Carlos Nacul para el Juzgado Federal Nº2 de Jujuy. En el pasado, fue defensor de Mario “Malevo” Ferreyra, el ex comisario tucumano que, acechado por las imputaciones por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, se suicidó frente a las cámaras de Crónica TV. Nacul incluso le dio empleo en su estudio jurídico para completar los requisitos del régimen de salidas laborales del ex policía.

Hoy, cerca de los 60 años de edad, Nacul completa su trayectoria en la justicia desembarcando en un cargo de juez. La perseverancia dio resultados: participó de más de 20 concursos del Consejo de la Magistratura.

Otro “veterano” ocupará un cargo de vocal en la Cámara Federal de San Martín. Se trata del juez de primera instancia Juan Manuel Yalj, de 63 años de edad y de fugaces apariciones mediáticas a finales del año pasado, cuando ordenó excavaciones en Campo de Mayo buscando el cadáver del asesinado ex líder del ERP Mario Roberto Santucho, o más recientemente a principios de este año, cuando investigó un choque de trenes en la localidad bonaerense de San Miguel.

Por Néstor Espósito
Fuente: Tiempo Argentino

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Se cumplen hoy 35 años del asesinato de Santucho.

El 19 de julio de 1976, un "grupo de tareas" integrado por efectivos del Batallón de Inteligencia 601 y personal del Servicio de Inteligencia del Estado –SIDE– irrumpió en un departamento, ubicado en la calle, Venezuela al 3100, de Villa Martelli. En él se encontraban Mario Roberto Santucho y su compañera, Liliana Delfino, Benito Urteaga y su hijo de sólo 3 años José, Domingo Menna y su compañera Ana Lanzilotto de Menna, embarazada de 6 meses.

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La patota la encabezaba el capitán Juan Carlos Leonetti (aún hoy, el predio sobre el que funciona el Batallón de Caballería Motorizada con asiento en la ciudad de Paraná lleva su nombre). Se produjo un tiroteo y, como consecuencia, resultó asesinado Benito Urteaga y muerto el citado Leonetti, posiblemente por disparos de su propio grupo.

Resultó también seriamente herido el secretario general del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho. El, junto con sus acompañantes, fue trasladado a la Unidad Militar de Campo de Mayo, donde falleció pocas horas después de su ingreso. Su compañera y la pareja Menna-Lanzilotto integran la larga lista de "desaparecidos".

El hecho fue informado por los medios, como un éxito en la lucha contra la "subversión judeomarxista" y el propio Videla reconoció, que redactó el comunicado.

Luego de 7 días no se habló más del tema. Los diarios dejaron de hacer conjeturas sobre "el operativo que había permitido aniquilar" a la dirección de la organización revolucionaria. ¿Qué cambió en una semana? Sin duda el Estado Mayor General del Ejército y la junta militar gobernante variaron la táctica y estrategia.

Los jefes militares de la dictadura, con la concepción dominante, decidió conservar los restos de Santucho y Urteaga como trofeos de guerra y prenda de la posible negociación con el Ejército Revolucionario del Pueblo.

Para el general Santiago Omar Riveros, en ese momento el "capanga" de Campo de Mayo y responsable de las torturas y "desaparición de más de 5000 compatriotas", "Robi", como lo llamaban sus compañeros a Santucho, era el "Comandante del Ejército Rebelde" (así lo manifestó en las actuaciones judiciales citadas).

Por su parte, para el genocida Antonio Domingo Bussi, que exhibió el cadáver de Santucho, al inaugurar el Museo de la Subversión Juan Carlos Leonetti en 1979, "no existieron procedimientos ilegales, todo se escribía y se hacían tres copias, una quedaba en la unidad militar que intervenía en el operativo, otra iba al Cuerpo Militar del que dependía ésta y la tercera se remitía al Estado Mayor General" (declaraciones prestadas en los autos "Santucho, Ana Cristina y otro s/Información Sumaria").

Por el testimonio del Dr. Carlos Sparrow, médico en esa época de la policía de San Martín, sabemos que lo obligaron a redactar las dos partidas de defunción NN; ya que los médicos militares le manifestaron que temían "la represalia del ERP". En ellas se describen los rasgos físicos de nuestros compañeros, atribuyendo su muerte a los disparos de armas de fuego que recibieron.

En la inauguración del llamado Museo de la Subversión se exhibió embalsamado el cadáver de Santucho. En base a este dato y solicitando la colaboración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a finales de la década del noventa, realizamos una profunda excavación en ese lugar, hoy ocupado por una Mutual Militar, con resultado negativo. Asimismo, acompañados por el juez Alfredo Bustos, allanamos el Hospital Militar de Campo de Mayo, secuestrando el libro de "nacimientos" que registra, en octubre de 1976, el parto clandestino que le realizaran a la compañera de Menna. El hijo es uno de los nietos que buscan las Abuelas.

A su vez, en el amparo que tramita el juzgado contencioso del Dr. Marinelli, realizamos en los últimos meses del 2005, una exhumación de 5 cadáveres NN inhumados el 21 de julio de 1976. Por informaciones que nos acercara el Equipo Argentino de Antropología Forense sabemos que ninguno de ellos tiene relación con nuestra búsqueda.

En estos días, una persona que nos pidió absoluta reserva nos hizo saber que en aquella época un proveedor del Ejército que concurría asiduamente a Campo de Mayo se enteró, por comentarios de oficiales de dicha unidad, que a "Santucho y a Urteaga los habían inhumado en un lugar llamado El Leprosario".

En función de esa información, le hemos pedido al juez que realice una nueva inspección ocular para individualizar El Leprosario que, según nuestro testigo, se ubica dentro del llamado Campo de Tiro. Además, como existe un hospital al que se conoce también como El Leprosario, cercano a la localidad de General Rodríguez, que tiene un pequeño cementerio, solicitamos que se oficie al mismo, para que informe si se registraron inhumaciones durante el período julio a septiembre de 1976.

¿Por qué pensamos que van a aparecer? Los que, como el que escribe estas líneas, militábamos en el peronismo en 1955, vivimos el profundo odio que la oposición le profesaba a Evita. Sin embargo, su cadáver no sólo no fue destruido luego del golpe militar, sino que se lo preservó.

Sin hacer comparaciones, ya que no caben porque se trata de épocas distintas, es evidente que Robi y Benito son dos exponentes paradigmáticos de las generaciones del ’60 y del ’70, respetados por todos los que tuvimos el privilegio de conocerlos, pero también por sus asesinos y por la cúpula militar que encabezó el Estado terrorista.

Estamos seguros de que los jefes militares que han conducido el Ejército hasta nuestros días saben dónde están. En ese convencimiento le hemos solicitado una entrevista al general Roberto Bendini, sin ningún éxito hasta la fecha.

Completando este cuadro de acciones judiciales, presentamos una querella, en la denominada causa "Riveros", imputando a Videla, Bussi, Riveros, Valladares y Verplaetsen, la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de nuestros compañeros.

Queremos que se castigue a los culpables y, además, que podamos saber la verdad respecto de ellos y de los 30.000 compañeros secuestrados-desaparecidos.

Por Manuel Justo Gaggero
Abogado, director de la revista Diciembre 20

Fuente: Pagina/12

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SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS Y REPUDIO A LA REPRESIÓN DEL ESTADO.

SOLIDARIDAD DE CLASE CON LOS COMPAÑEROS DE LA CCC Y REPUDIO A LA REPRESIÓN DEL ESTADO NACIONAL

Desde nuestro Frente de Lucha en Rosario, espacio integrado por el Movimiento Itatí en Lucha (MIL), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y la Federación de Organizaciones de Base (FOB), llamamos a todos los sectores populares a solidarizarse con los compañeros de la Corriente Clasista y Combativa ante los graves hechos de represión de la Policía al servicio del Estado Nacional frente al edificio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación -sede rosario-. La misma llevada a cabo por las fuerzas de "seguridad" tuvo origen en acallar un reclamo por la nacionalización del proyecto de cooperativas "Argentina Trabaja" anunciado hace un par de años y que nunca fue cumplido.
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Estamos viendo gravemente que salir a la calle a reclamar por un incumplimiento (nadie esta pídiendo nada nuevo) es posibilidad cierta de represión. Hace un mes ante el reclamo a la provincia por una deuda pendiente significó la persecución política y gremial de la Municipalidad de Rosario a un compañero nuestro -incluso con la utilización de camaras de videovigilancia-. En esta oportunidad se reclama la deuda pendiente de proyectos de cooperativas PARA PODER TRABAJAR Y GANARNOS EL PAN y la respuesta del "gobierno de los Derechos Humanos" es palos y balazos de goma.
Entendemos que si el Estado se esta metiendo a perseguir y reprimir a las organizaciones populares, se esta metiendo con el pueblo y como pueblo no lo permitiremos.
Solo la acción directa desde abajo a través de movilizaciones populares puede salir a poner freno a esta arremetida desesperada de los políticos ambiciosos con sus campañas electorales queriendo barrer la "basura" abajo de la alfombra.

Ante la persecución y la represión respondamos con mas lucha y organización!
Arriba lxs que luchan!

Movimiento Itatí en Lucha-MIL

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La "Galle" a la calle.


EN NOVIEMBRE

(AW) Campaña por la libertad de la compañera Karina Germano y a sus compañeros presos en Brasil: Mauricio Hernandez Norambuena; Alfredo Canales Moreno;Marco Rodriguez Ortega; Marta Urrego Mejía y William Gaona Becerra, Presos internacionalistas del estado brasileño. Publicamos a continuación dos artículos (uno de ella misma) y 3 spots que levantamos de lagallealacalle.blogspot.com

audio 1

audio 2
audio 3



Mis sueños

Mis sueños son sumamente utópicos. Se tratan de realidades sociales casi ideales. Me imagino una forma de vida en una colectividad armoniosa, donde dejemos de ser mercancía en este mercado de la vida. Donde cada una de las personas seamos valoradas por nuestros talentos naturales, por los sentimientos que podamos brindar a los demás. Una sociedad basada en la libertad, libertad de amar, libertad de pensamiento, libertad de acción, y que ser libre sea lo cotidiano, sin necesidad de tener que estar batallando para ello.
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Como fui formada para la sociedad soñada del "hombre nuevo", que por allá en los `70 la consideraban ya un hecho, no me cuesta entender que se perdió esa batalla, y que aún se continúan pagando las consecuencias. Así pues, mis sueños pasan por una realidad más cercana a las posibilidades en las que me toca vivir.

No dejo de soñar en una justicia social, con igualdad de oportunidades para todos/as, pero intento transformarlas en productivas para la actualidad que me rodea.

Esta transformación la fundamento por la incredulidad de que un cambio tan profundo pueda ser real, ya que considero que ese cambio sólo puede ser posible por medio del compromiso de todos/as y sus voluntades. No considero que nuestro pueblo esté pensando en ello. Sí confío que en un futuro nuevas generaciones lo logren con nuevas formas. Por eso mis sueños más cercanos tratan sobre generar la mayor cantidad de herramientas para que en un futuro más próximo que lejano, se encuentre la fórmula correcta para conseguir esa sociedad idealizado por tantos en nuestra historia.

Sueño con la libertad. Con mi libertad, con la libertad de todos/as. Me veo pisando las calles de cualquier ciudad, nadando en ríos, mares, lagos o pantanos. Me siento amar y ser amada. Cierro los ojos y degusto un buen vino o una simple cerveza. Me veo vibrar de las risas que resuenan en mi interior. Camino viendo un horizonte de naturaleza, vagando como tantas veces por alguna porción montañosa, sintiendo la lluvia o el sol acariciar mi piel. Sueño con la presencia maravillosa de los/as compañeros/as que a lo largo de mi vida he compartido tantas cosas.

Mis ilusiones son que sigamos aprendiendo, que de a poco logremos erradicar la crueldad con la que debemos convivir a diario. Que no haya más presos/as, que no exista la miseria, que podamos decidir todo por nosotros mismos, que nos dejen vivir en paz, que la ternura invada las ganas de vivir de cada persona, generando la amplitud de pensamiento y la conciencia colectiva nos genere esa ideal calidad de vida.

Todo eso y más sueño, sueño que nuestro extraordinario planeta resista a los ataques de insensatez humana, que nos continúe dando la vida que nos merecemos.

GALLE
EZEIZA, JUNIO 2011

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lunes, 18 de julio de 2011

58 MESES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LÓPEZ

Para CRISTINA Y SCIOLI NO es tema.

Para DUHALDE, CARRIO, ALFONSÍN, etc., NO es tema.
Para los GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO es tema.
Para la JUSTICIA NO es tema.
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JORGE JULIO LÓPEZ es tema del pueblo y de las organizaciones populares, por eso este LUNES 18 al cumplirse 58 MESES de su SECUESTRO y DESAPARICIÓN CONVOCAMOS en la esquina de 7 y 51 a las 17:30 hs.

REALIZAREMOS UNA RADIO ABIERTA PARA EXIGIR:
BASTA DE IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO.
APARICIÓN YA DE JORGE JULIO LÓPEZ.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES.

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FIRMAS CONTRA EL TRASLADO DE DEVOTO A MERCEDES

Carta de los detenidos en Devoto a la presidenta de la Nación


(AW) Los lazos familiares y el derecho a la defensa en juicio que se verán gravemente afectados para todos los detenidos, el agravamiento de las condiciones de detención y la destrucción del valioso Centro Universitario Devoto, serán algunas de las consecuencias nefastas que traerá, de concretarse, el traslado a Mercedes. Los compañeros despliegan en esta carta una serie de propuestas alternativas. Entre ellas, le dicen a Cristina Fernández que: "no buscamos lograr que el CUD permanezca en la CABA mientras el resto de la población carcelaria sea alejada de la misma, sino por el contrario que la experiencia de autonomía y autogestión universitaria se multiplique como tal y se extienda a todos los ítems mencionados antes: Salud, Alimentación, Educación primaria y secundaria, Trabajo, Servicios Sociales y evaluación criminológica, cada uno con sus particularidades", afirman. Toda nuestra solidaridad con esta lucha.

Adhesión a: agrupasionparalalibertad@yahoo.com.ar




Dra. Cristina Fernández de Kichner

De nuestra mayor consideración:

Los firmantes, privados de libertad alojados en la cárcel de Villa Devoto, haciendo uso del derecho a peticionar ante las autoridades, nos dirigimos a Ud. con el objeto de poner a su consideración lo siguiente:

I.-A partir de su anuncio público del cierre definitivo del penal de Devoto y la construcción de un Complejo Penitenciario Federal en Mercedes, Pcia. de Bs. As., pasamos a un estado de incertidumbre respecto del lugar donde seremos alojados.
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En la actualidad, la cárcel de Devoto aloja aproximadamente 1.700 personas de los cuales cerca de un 70% somos procesados. Como tales, nos asiste el derecho a defensa en juicio así como la garantía de que nuestros lazos familiares sean respetados y favorecidos. Todo el cuerpo normativo que regula las condiciones de detención establece claramente que será el Estado quien vele por el respeto de estas premisas. Si se concreta el traslado de la población carcelaria alojada en Devoto al mega Complejo penitenciario a construirse, los 120 Km que lo separan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán la causa principal de que los derechos enunciados sean violados por el mismo Estado que debería garantizarlos.

Tomando como ejemplo el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, ubicado a 40 Km de la CABA, los registros de cantidad de visitas tanto de abogados defensores como de familiares de los allí detenidos muestran una baja del 60% respecto de Devoto. Estas cifras, llevadas al triple de distancia en la ciudad de Mercedes, crecerían exponencialmente con el consecuente agravamiento de la situación procesal y el daño irreparable a nuestras familias.

A lo expuesto se suma el hecho de que por razones de economía y practicidad procesal, se impone que los Juzgados tengan a aquellos detenidos a su disposición dentro de su radio jurisdiccional. Esta condición también se vería afectada radicalmente por la ubicación del nuevo Complejo. Incluso si se recurriera a medios tecnológicos tales como la teleconferencia u otros el resultado sería una deshumanización aún mayor del sistema judicial.

Lo hasta aquí mencionado amerita suficientemente a nuestro criterio una reconsideración del traslado de la población carcelaria alojada actualmente en Devoto al Complejo de Mercedes, el cual sí podría ser destinado al alojamiento de los condenados que actualmente ocupan las cárceles federales más alejadas de la CABA. Y así lo solicitamos a la Sra. Presidenta de la Nación.

Sin perjuicio de ello, nos sentimos en el deber de someter a su justo criterio algunos puntos más:

1) Política de Sectorización (celdas individuales):

Con este título se nombra oficialmente a una metodología de gobernabilidad aplicada sobre la población carcelaria basada en la división por sectores de acuerdo a criterios definidos por el Servicio Penitenciario Federal, tales como potencial de conflictividad del detenido, liderazgo negativo, etc. En la práctica, la realidad viene demostrando que se constituye en un sistema de castigos graduados encubiertos que llegan en muchos casos al aislamiento de las detenidas y los detenidos hasta veintitrés horas por día. El Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, en sus diez años de existencia, es una vez más un patético ejemplo del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención por estas causas. Cifras oficiales (ver informes anuales de la Procuración Penitenciaria Nacional) muestran el crecimiento año tras año de las muertes de detenidos en el citado Penal y de las denuncias por torturas y malos tratos. Ello no hace sino evidenciar que el alojamiento en celda individual no garantiza por sí solo una disminución en los niveles de violencia si no es acompañado de una profunda reforma en la institución penitenciaria. Un cambio que debe contemplar una reformulación de la estructura del SPF -hoy militarizada- y en la formación académica de sus cuadros, así como el traspaso definitivo de la salud, la alimentación, el trabajo y los equipos criminológicos de evaluación de las detenidas y los detenidos del ámbito federal a instituciones y organismos de la sociedad civil que gestionen tales actividades y controlen el respeto a la vida, la dignidad y los derechos humanos tanto de las detenidas y detenidos como de las y los profesionales civiles que desempeñan su trabajo intramuros, además del propio personal penitenciario.

En este sentido, solicitamos a la Sra. Presidenta que el establecimiento a construir sea sometido al control de los organismos pertinentes en cuanto a las condiciones de habitabilidad y su posible impacto en las condiciones de detención. Asimismo, que facilite e impulse el debate hoy instalado sobre la necesidad de una nueva Ley Orgánica para el servicio penitenciario.

2) La sociedad civil en la cárcel.

En la cárcel de Devoto funciona desde hace veinticinco años el Centro Universitario Devoto, dependiente de la Universidad de Buenos Aires en el marco del Programa UBA XXII -educación en cárceles-, bajo las premisas de la autonomía universitaria, la autogestión estudiantil y la autodisciplina del detenido. Aquí los estudiantes en situación de encierro -procesados y condenados- tienen, por convenio, garantizada su permanencia en la Unidad donde cursan sus estudios universitarios. El eventual traslado atentaría claramente contra su derecho a la Educación. Esta experiencia, única en el mundo por las características mencionadas, es digna de tomarse en cuenta como ejemplo de lo que se plantea en el punto anterior: La gestión de una institución de la sociedad civil dentro de los muros de la prisión.

A pesar de sufrir históricamente la incomprensión y el hostigamiento de parte de algunos sectores corporativos más retrógrados, la presencia de la UBA en la cárcel arroja estadísticas insoslayables: De las personas detenidas que han pasado por sus aulas sólo un 7% reincidió en el delito, contra casi un 50% para la población carcelaria que no participó de esa experiencia. Humildemente creemos que esto tiene una incidencia directa en el llamado "problema de inseguridad" pues nos da la pauta que si la tendencia en cuanto a las políticas de inclusión social encaradas por el gobierno Nacional es acompañada por una política seria, democrática y formadora de conciencia crítica dentro de los muros favoreciendo la intervención de las instituciones y organismos de la sociedad civil se podría optimizar una respuesta a la "inseguridad", la cual somos concientes es una problemática presente en todos los grandes centros urbanos, pero que en caso argentino se trata las más de las veces de una sensación construida desde la corporación mediática, con intereses muy lejanos al llamado bien común. En síntesis, creemos que la inseguridad se puede y debe erradicar estimulando la educación dentro de las cárceles, apoyando las experiencias que, como el CUD, vienen demostrando su eficacia en cuanto a la disminución del nivel de reincidencia y creando nuevos espacios de las mismas características en cada Unidad de detención.

Queremos dejar en claro a la Sra. Presidenta que con esta mención no buscamos lograr que el CUD permanezca en la CABA mientras el resto de la población carcelaria sea alejada de la misma, sino por el contrario que la experiencia de autonomía y autogestión universitaria se multiplique como tal y se extienda a todos los ítems mencionados antes: Salud, Alimentación, Educación primaria y secundaria, Trabajo, Servicios Sociales y evaluación criminológica, cada uno con sus particularidades.

III.-Es entonces por lo expuesto, que respetuosamente solicitamos a la Sra. Presidenta de la Nación que:

1) De construirse el Complejo Penitenciario Federal de Mercedes, éste sea sometido al control de los organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales en cuanto a sus condiciones de habitabilidad y el posible impacto de las mismas en las condiciones de detención.

2) De concretarse su construcción, sea ese Complejo destinado al alojamiento de los condenados por los sistemas judiciales Nacional y Federal que actualmente ocupan las Unidades Federales más alejadas de la CABA (U6 -Rawson-; U9 -Neuquén-; U15 -Rio Gallegos-; U7 -Resistencia-, por ejemplo), y que estas cárceles sean demolidas o bien remodeladas para otros destinos, tales como hospitales o establecimientos educativos.

3) De concretarse el cierre del penal de Devoto, el Estado Nacional y el Gobierno de la CABA emprendan la construcción de uno o más centros de detención dentro de la CABA para el alojamiento de procesados varones y mujeres y de condenados estudiantes de los sistemas judiciales Federal, Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4) Se incentive el debate sobre la necesidad de una nueva Ley Orgánica para el SPF que contemple los criterios ya mencionados.

Agradecemos a la Sra. Presidenta de la Nación, en nuestro nombre y el de nuestras familias, la consideración que pudiera brindar a lo expuesto y le saludamos con el mayor de los respetos.

agrupasionparalalibertad@yahoo.com.ar

Oscar Castelnovo -12.752.072
Periodista Agencia Rodolfo Walsh

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Otros 915 represores se agregan a las listas del Batallón de inteligencia 601.

Listado de personal de Inteligencia de la dictadura cívico militar

El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) pone en conocimiento (con fecha 05 de febrero del 2010) que en el marco de la investigación que se lleva adelante en la causa "Batallón de Inteligencia 601 Ejército Argentino y otros s/ privación ilegal de libertad", el presidente de la institución, Ramón Torres Molina, presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Juez Federal Ariel Lijo, un listado de personas que habían pertenecido a la nómina del personal de Inteligencia que revistó en el período 1976-1983.
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La lista obraba en fotocopia simple como resultado de las investigaciones llevadas adelante por el ANM y en virtud de la desclasificación efectuada por el decreto 4/10 sancionado por el Poder Ejecutivo Nacional. Con posterioridad, el ANM solicitó al Ministerio de Defensa una nueva lista y que contuviese el número de documento del personal de lnteligencia, la que, al ser remitida, incorpora 915 personas que no figuraban en el listado anterior. La misma se terminó de confeccionar en mayo de 2011 y fue publicada en la página web del ANM y de inmediato fue remitida al Fiscal Federal Jorge Felipe Di Lello, de la Fiscalía N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, que por delegación instruye la causa del Batallón 601.

Los listados recibidos por el ANM no incluyen documentación complementaria que pueda identificar a las personas más allá de su nombre, apellido y número de documento de identidad, no habiendo referencia a ningún tipo de actividad o profesión de las mismas.

Fuente: Prensa del ANM

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jueves, 14 de julio de 2011

CORREPI - Boletín informativo nº 616

13 de julio de 2011


Sumario:


1. Gerardo Martínez botón: Otro ladrillo para el paredón

2. Gran Hermano en la ciudad

3. La rutina de la tortura

4. Proyecto Sur y la Metropolitana

5. El hábito de la mentira

6. Más muertes en cárceles


EL HÁBITO DE LA MENTIRA

Ya sabemos que, en campaña, o para defender una gestión de gobierno, todo vale. Pero a veces, el tenor de las mentiras que se dicen indigna un poco más. Hace unos días, en Mar del Plata, se hizo un acto con la excusa formal de conmemorar la Noche de la Corbatas , el célebre episodio represivo, durante la dictadura, en que fueron desaparecidos siete abogados y las esposas de dos de ellos.

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Lo que se suponía un homenaje, fue en realidad un acto de campaña del kirchnerismo, y, además, mintiendo. Hernán Ordiales, representante del PEN en el Consejo de la Magistratura y evidente sostenedor del gobierno nacional, aprovechó la ocasión para repiquetear con la autodenominada “política de DDHH” del kirchnerismo. Y dijo: “el gobierno nacional dio protección y plena vigencia a los derechos humanos, en causas de lesa humanidad, y ha colaborado con los juzgados”. Y usó, como ejemplo de esto último, ni más ni menos que el caso Bulacio.

Todos los gobiernos que se han sucedido en los 20 años transcurridos desde que Walter Bulacio fuera detenido ilegalmente, torturado y muerto por la federal, han contribuido, cada uno a su manera, a la impunidad, necesaria no sólo para salvar al comisario Espósito y el resto de los responsables, sino, fundamentalmente, para preservar una de las más efectivas armas estatales para el control social: las facultades policiales para realizar detenciones arbitrarias.

En el caso de las dos gestiones peronistas de los Kirchner, les tocó en su agenda ser los encargados de incumplir la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, que desde el 18 de septiembre de 2003 ordena al estado argentino eliminar esas facultades policiales, terminando con la averiguación de antecedentes, los códigos contravencionales, las razzias y todo el sistema de normas y prácticas que nos hacen vivir en “libertad vigilada” si no somos lindos, ricos y rubios.

Como sus antecesores Menem, De la Rúa y Duhalde, los Kirchner pusieron todo el aparato estatal al servicio de la defensa de sus facultades represivas. Lo vemos hoy, cuando nuevamente se ha suspendido el trámite en la causa interna, y ya no tendremos juicio oral en la causa Bulacio en agosto. Así que, Dr. Ordiales, para hacer campaña para sus candidatos, trate de encontrar otro ejemplo en el que se note menos la mentira.

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Asamblea de estudiantes chilenos en La Plata.

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miércoles, 13 de julio de 2011

Viernes 15 fiesta en Sociales por Luciano Arruga.

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Buenos muchachos.

Investigan a Gerardo Martínez por Inteligencia durante la dictadura.

El secretario general de la UOCRA (Gerardo Martínez), figura en uno de los archivos desclasificados del Ejército como miembro civil del batallón 601 de inteligencia. Durante los años que estuvo como empleado del servicio de inteligencia desaparecieron 105 obreros del gremio, por lo que se realizó una denuncia para que se lo investigue.

El nombre de Gerardo Alberto Martínez y su documento 11.934.882 aparecen en los datos sobre el personal civil del batallón 601. Esto provocó que la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú radique la denuncia.
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Enrique Furman, quién es uno de los que impulsa la denuncia, expresó a Radio Continentalque "Martínez aparece en la UOCRA en esa época. El documento del Ejército es el que le entrega la fuerza a Nilda Garré por decreto de la Presidenta. No sabemos qué hacía en el 601 Martínez, por eso lo denunciamos. Queremos que se investigue si tuvo que ver con la desaparición de los 105 trabajadores de la UOCRA".

Por este caso, la LADH, el SITRAIC y la AEDD se presentaron como querellantes ante el juzgado federal nº 9 de Sergio Torres.

Graciela Rosenblum (de la LADH), declaró a la agencia DyN que "Partiendo de la base que el juez Ariel Lijo declaró al Batallón 601 como asociación ilícita, solicitamos a la justicia que verifique que estamos hablando de la misma persona (Gerardo Martínez) y que, de ser así, se investigue la asociación ilícita de la que sería miembro, se lo detenga y se lo requiera por la desaparición forzada de 105 trabajadores de la UOCRA durante la dictadura".

Foto: HIJOS LA PLATA
Fuente: ADN

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martes, 12 de julio de 2011

EN 8 AÑOS, MAS MUERTOS QUE CONDENADOS.

MOVILIZAMOS A LOS TRIBUNALES DE COMODORO PY EN CAPITAL FEDERAL. 14/07/11-16HS.

Tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 47 juicios orales con sentencia en todo el país. En ellos fueron enjuiciados sólo 224 represores (algunos represores en varias causas), donde hubo 207 condenas y 17 absoluciones por un universo de 975 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue condenado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena.
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Pero además, si bien hay otros 400 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad, o gozando de la domiciliaria; además de haber 37 represores prófugos de la justicia y 260 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia. Los últimos tres, genocidas tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés” , Rubén Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, y Pedro Durán Sáenz, jefe del CCD “El Vesubio” muerto impune durante el transcurso del juicio que este jueves llega a su fin.

ESTO NO ES JUSTICIA!

Seguimos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS Y CADA UNO DE LOS GENOCIDAS.
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LOPEZ.


HIJOS LA PLATA

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OTRA JODITA DE LOS JUECES MARPLATENSES

EL GENOCIDA RAFAEL MOLINA (alias “Charly” o “Charles Bronson”) APARTADO DE UN JUICIO POR “RAZONES DE SALUD”

Riojano. 67 años. Retirado de la FuerzaAérea , L.E. Nº 5.331.277, con último domicilio en la calle Figueroa Alcorta Nº 447, Barrio Poluyán de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba y, a junio 2010, alojado en laUP 44 del Servicio Penitenciario Bonaerense de Batán.

Molina fue subjefe de la Base Aérea de MDP, y como tal juzgado en esa ciudad en 2010, en la causa por los hechos de “La noche de las corbatas”, acusado de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, privación ilegítima de la libertad agravada por ser perseguidos políticos (38 hechos) e imposición de tormentos a los presos agravado por ser éstos perseguidos políticos (38 hechos), en grado de coautoría, todos los cuales concurren materialmente entre sí. Además, estaba acusado como autor penalmenteresponsable de los delitos de violaciones reiteradas agravadas contra varias detenidas. Todos los casos por su actuación en el Centro Clandestino de Detención “ La Cueva ”. Varios sobrevivientes del CCD, así como subordinados de este genocida lo describen como un “borracho violento y militarista”.
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En Junio de 2010, los jueces Juan Velazquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos Paris, del TOF de Mar del Plata lo sentenciaron a prisión perpetua, convirtiéndolo así en el cuarto integrante de la Fuerza Aérea condenado desde la reapertura de las causas contra los genocidas, tras la condena a Barda, Comes y Mariani en causa “Área Mar del Plata-Mansión Seré”, llevada a juicio en 2008.

Casi como una mala broma de la “Justicia”, esta semana los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto y ElvioOsores Soler, del nuevo Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, lo apartaron del juicio oral que se realiza en aquella ciudad desde junio pasado y que investiga delitos cometidos en dos centros clandestinos de detención, en perjuicio de 85 víctimas. El argumento esgrimido fue “problemas de salud del acusado”, y lo beneficiaron con la impunidad sobre hechos en perjuicio de 85 víctimas ocurridos en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Mar del Plata y el Centro Clandestino de Detención “ La Cueva ” (ex radar Base Aérea Mar del Plata), así como también en la Comisaría Primera y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.

El juicio continúa con las imputaciones sobre los represores Leandro Edgar Marquiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Maspero, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio, Nicolás Miguel Caffarello,

Marcelino Blaustein, Ernesto Orosco, Adriano Argüello, Fortunato Valentín Rezett, Aldo José Sagasti, Héctor Carlos Cerutti, Mario Jorge Larrea y Héctor Francisco Bicarelli, algunos de ellos ya condenados en otros juicios recientes.

Las dilaciones alrededor del juzgamiento de Molina no son nuevas:

- El tribunal que lo debía juzgar en 2010, que tardó 3 años en juzgar a Molina desde que la causa se había elevado a juicio, presentó un

- Ante ello, el Fiscal Daniel Adler, presentó una queja por retardo de justicia ante la Cámara de Casación, al considerar que “el trámite de la causa y el tiempo que aún resta para la realización del debate oral fijado por el Tribunal, atenta contra la razonabilidad del plazo en el que debe llevarse a cabo el proceso penal”.

- En respuesta, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal anuló la resolución del Tribunal, que pretendía estirar el inicio del juicio, y le ordenó al tribunal fijar una nueva fecha “en el más breve plazo”.

- Justamente, en su presentación, el Fiscal Adler había sostenido que los cuatro meses en que el tribunal pretendía estirar el comienzo del debatepodrían frustrar los fines del proceso en caso de agravarse el estado de salud de Molina. Esa previsión se hizo realidad por la tardanza de los jueces.

Del total de 1464 imputados registrado en 2010, sólo 1179 se encontraban con posibilidades de enfrentar un proceso penal. Los 243 restantes fallecieron o fueron declarados incapaces.

Este nuevo hecho es una tomada de pelo más a la lucha por Justicia de los organismos de DDHH, y confirma que tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 47 juicios orales con sentencia en todo el país. En ellos fueron enjuiciados sólo 224 represores (algunos represores en varias causas), donde hubo 207 condenas y 17 absoluciones por un universo de 975 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue condenado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Pero además, si bien hay otros 400 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad, o gozando de la domiciliaria; además de haber 37 represores prófugos de la justicia y 260 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia. Los últimos tres, genocidas tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés” , Rubén Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, y Pedro Durán Sáenz, jefe del CCD “El Vesubio” muerto impune durante el transcurso del juicio que este jueves 14 de julio llega a su fin.

ESTO NO ES JUSTICIA!

Seguimos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS Y CADA UNO DE LOS GENOCIDAS.
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LOPEZ.


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Río Negro: Torturas en el Penal Nº 1 de Viedma.

6 de julio de 2011
por La Cantora.
Río Negro, Penal Nº 1 de Viedma: 70 denuncias por torturas y tratos crueles.

Tras los cinco días de cortes de agua potable luz eléctrica, y los Habeas Corpus presentados por agravamiento de las condiciones de detención, Jueces de la Cámara en lo Criminal de Viedma, realizaron en la mañana de hoy, una inspección y labraron 70 denuncias por agravamiento de las condiciones de detención. La Cantora estuvo presente. El Servicio Penitenciario prohibió la entada a la prensa.

En la mañana de hoy, el Juez de Cámara en lo Criminal de la Sala B de Viedma, Dr. Jorge Bustamante, realizó una inspección en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro.
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La visita surge a partir de un Habeas Corpus colectivo a favor de al menos 137 detenidos en esa unidad penal, por agravamiento de las condiciones de detención, que fuera presentado en la tarde de ayer por la Asociación Civil La Cantora.

El Camarista, acudió al penal acompañado varios funcionarios judiciales y por la Defensora General. Allí realizaron una amplia recorrida por las instalaciones del establecimiento, pudiendo comprobar el estado de las mismas, las bajas temperaturas reinantes dentro de los pabellones y el estado y calidad de la alimentación que reciben los detenidos. Cabe agregar que por orden de la Dirección de la Unidad Penal, se prohibió la entrada a los trabajadores de prensa que deseaban cubrir el acto.

El pasado lunes 4 de julio, La Cantora había realizado la presentación de un recurso similar, sonde se denunciaba el corte de los servicio de agua potable y energía eléctrica desde el jueves 30 de junio. Asimismo, el 75 % de la población carcelaria se hacía plegado a una huelga de hambre como medida de protesta por la situación.

Si bien en la tarde de ayer, se anunció el reestablecimiento de los servicios, en la inspección realizada en la mañana de hoy, se comprobó que los mismos funcionaban parcialmente. Sólo en algunos sectores de la unidad de habían reestablecido la calefacción, y en otros el agua; principalmente en locaciones donde presta funciones los agentes del Servicio Penitenciario.

70 denuncias

Durante la recorrida, el Camarista se entrevistó personalmente con los detenidos, labrando al menos 70 denuncias por agravamiento de las condiciones de detención, las que se describieron como: torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; deterioro y falta de mantenimiento de las instalaciones; deficiente atención médica; alimentación de escasos valores nutricionales; arbitrariedad en la evaluación técnico criminológica por parte del Gabinete de profesionales designados para tal fin, cuya evaluación repercute directamente en la progresividad de la pena de los detenidos.

En las mismas se señalo a varios agentes de mediano rango dentro del Servicio Penitenciario pertenecientes a las áreas de Seguridad Interna y Requisa. Asimismo también, se radicaron denuncias sobre robo permanente, por parte del personal penitenciario de víveres y otros elementos que debieran ser proporcionados a los detenidos.

El Habeas Corpus presentado por La Cantora

En la tarde de ayer, la Asociación La Cantora, presentó ante la Sala B de la Cámara en lo Criminal, un recurso de Habeas Corpus, en favor de las 137 personas alojadas y privadas de su libertad en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro, y contra la situación de agravamiento de las condiciones de detención.

El petitorio solicitaba además de la pronta inspección, la intervención pronta investigación de los fundamentos de la presentación, donde se detallaban una serie de agravantes a las condiciones de detención, que se transforman según la legislación vigente en tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, el recurso solicitaba la intervención de Salud Pública para la atención médica necesaria, dados los males físicos y psicológicos que se derivaron de las consecuencias sufridas por los detenidos, luego de ser sometidos a tales agravantes.

Una posible salida

Esperando las resoluciones judiciales luego de la inspección y recolección de denuncias, cabe esperar una respuesta política e institucional acorde a las circunstancias por parte de la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial.

Cómo primera medida, el desplazamiento del cargo del Director del Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma, Horacio Veccio, y de los responsables de Seguridad Interna y Requisa, Coronado, Collueque y Poblete, nombrados recurrentemente en las denuncias realizadas por los detenidos.

En segundo lugar, se hace necesaria una amplia y profunda investigación para determinar procedimientos y responsabilidades, respecto de los faltantes de alimentos, víveres y otros elementos de limpieza y aseo personal que deberían ser asignados a los detenidos. Asimismo, de los insumos y herramientas necesarias para la reparación de las instalaciones.

Finalmente, la remoción, renovación y reestructuración del Gabinete Técnico Criminológico de evolución de los detenidos. Según la ley vigente, el mismo debe acompañar en el tratamiento al detenido en el transcurso del cumplimiento de la pena, y trabajar de cara a la futura resocialización. En la práctica, a través de un perverso sistema de premios y castigos, encierra una interminable cadena de favores, que agravan la detención.

En vísperas de un nuevo aniversario de nuestra Independencia, hay mucho trabajo pendiente para las oficinas de 25 de Mayo e Hilario Lagos.

Contactos:
Diego Candia: 02920-15-628352
Pablo Casals: 02920-15-550196

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lunes, 11 de julio de 2011

Violencia sin límites.

UNIDAD 48 DE SAN MARTÍN

(AW) "¡A mí no me contestés! ¡La concha de tu madre! ¡Vos no sabés quién soy yo! ¡Yo me recontra paro de manos, bigote! Gritó el guardia Dorrego, y seguidamente a la vista de los otros detenidos y de familiares procedió a tomarlo del brazo y meterlo en el interior de la garita. Allí le dio tres trompadas, lo tomó del cuello, cargó su pistola y se la martilló en la sien.

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-¡Viste que me paro de manos! ¡Yo banco guacho! Fueron las últimas palabras pronunciadas por Dorrego antes de subirse a su auto Ford Escort gris, patente SWN-027, con calcos que simulan impactos de bala en la carrocería y huir raudamente del lugar. Actualmente la Fiscalía General del Departamento Judicial San Martín investiga el hecho en el que Hop fue golpeado y luego simularon fusilarlo en la cárcel de San Martín". Parte, significativa, del relato del cronista.

Nota completa: Agencia Walsh

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Luis Sthrudreher sigue prófugo.

Fue interventor durante la dictadura militar. También estuvo en el gobierno de Cobos como director de Logística. Había sido beneficiado por el juez Julio Petra, que luego fue denunciado.

El cuestionado camarista Julio Petra.

Por: Daniel Calivares daniel.calivares@elsoldiario.com.ar

A fines de de la semana pasada, llegó la orden de detención dictada por la Justicia Federal de San Rafael para Luis Sthrudelher. Sin embargo, no fué detenido porque se encuentra prófugo de la Justicia, según confirmó el abogado del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Pablo Salinas.

Está acusado en una veintena de causas. Sin embargo se había podido salvar porque la Cámara Federal de Apelaciones, presidida por el juez Julio Petra le había dictado falta de mérito en el secuestro y desaparición de Aldo Fagetti y otras causas en las que estaba involucrado, Petra fué denunciado en el Consejo de la Magistratura por el hijo de un desaparecido sanrafaelino, Mariano Tripiana.

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Fue funcionario de la gestión de Julio Cobos como director de Logística en el ministerio de Seguridad, cuando este era comandado por Roberto Grillo. En el 2007 fue detenido por orden del ex juez federal Héctor Acosta (hoy jubilado) y luego beneficiado por la cámara que presidía Petra.

Su mandato se extendió hasta el 25 junio de 1976, cuando fue relevado el coronel Edgardo Lorca. En el juicio hecho en San Rafael se pudo confirmar que en la municipalidad, donde el ex funcionario tenía su oficina, funcionó un CCD.

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Siguen las domiciliaria... ahora le toca a la ESMA

El genocida Miguel García Velasco será veneficiado con la prisión domiciliaria (como tantos otros), asi lo dispuso el TOF Nº5 de Capital Federal, quien considera que presenta una enfermedad incurable y cuyo alojamiento en un establecimiento carcelario impediría el adecuado tratamiento de su patología.

Según la resolución, “de los datos incorporados al presente, surge que el nombrado padece un grave cuadro de salud, que requiere de cuidados intensivos y que, por sus particularidades, habilita a presumir que puedan presentarse situaciones que requieran un tratamiento de emergencia”.

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Agrega que “el Tribunal quiere mencionar que tiene presente la gravedad de los delitos atribuidos a García Velasco, no obstante y más allá de que se pueda coincidir o no con la puntual solución que se le da al presente caso –lo cual, en definitiva, quedará seguramente sujeto a la decisión de los tribunales superiores-, entendemos conveniente afirmar que los principios y derechos constitucionales, no admiten distinciones en sus destinatarios y deben aplicarse, sin más, cuando por derecho corresponda”.

Fuente: www.cij.gov.ar
Para descargar: fallo completo

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Fabián Sampietro cumple tres días de huelga seca sin recibir respuesta

El militante de La Cantora se cosió los labios exigiendo que la justicia resuelva su situación, dado que se encuentra encerrado sin condena firme. Actualmente se encuentra detenido en la Unidad 29 de Melchor Romero en manos de sus torturadores, ya que lleva adelante una importante causa contra tres oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense por torturas. En el cierre del tercer día sin ingerir alimentos ni líquidos, la justicia sigue sin responder.

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Entre un silencio y otro

¿Sabe la palabra cuando ya no se encuentra con el momento que la necesita ni con el lugar que la quiere?


Eduardo Galeano. Las palabras andantes



(APe) Como frutos prematuros los chicos tobas se caen de las escuelas a la primera brisa. Casi ninguno termina la secundaria y la mitad de los adolescentes no completan la primaria.

Dicen que es el hambre, las enfermedades, los embarazos tiernos, y también el idioma. Ellos no hablan en sus casas el español de los dibujos animados y en las escuelas no hay maestros bilingües que puedan entenderlos. Así, a fuerza de no saber qué dicen los otros, se van quedando cada vez más lejos y más adentro de sí mismos. Un adentro que para nosotros es un afuera inexorable.

Mapuches y kollas, en cambio, logran resistir más tiempo en los pupitres. Sólo un 25 % no completa el primario. El 40 % empieza el secundario pero apenas la mitad lo termina. Los porcentajes están muy por debajo de los promedios nacionales pero por encima de tobas, guaraníes y wichis.

Tiene que ver con gobiernos, enfermedades y miserias, pero también tiene que ver con las palabras. SEGUIR LEYENDO [+]
Mapuches y Kollas hablan español en sus casas. Eso les da un poco más de tiempo en el sistema educativo pero a la larga los condena al olvido de la lengua originaria. Para ellos tampoco existe la educación bilingüe.Por delante o por detrás a unos y otros los acorrala el silencio. Nuestro sistema educativo, un poco sordo y otro poco mudo, los condena a la mudez y a la sordera.

¿Sin las palabras de hoy cómo van a hacer los tobas para seguir hablando?
¿Sin los cantos de ayer cómo van a nombrar el mundo los mapuches y los kollas?
Dos preguntas y una sola respuesta en todos los idiomas.

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SENTENCIA POR VESUBIO 14/7 a las 16 horas en Comodoro Pi al 2002

Convocamos a movilizar hasta los Tribunales de Comodoro Py (2002) para reclamar la condena en cárcel común y efectiva a todos los genocidas, por todos los compañeros.

El centro clandestino de detención.

El campo de concentración ubicado entre el Camino de Cintura y la Autopista Riccheri empezó a funcionar en agosto de 1975, más de seis meses antes del golpe genocida del 24 de marzo de 1976. En ese momento, lo llamaban “La Ponderosa”. Después de que los militares se hicieran con el control del aparato estatal, se lo empezó a designar “El Vesubio”.

Según estimaciones de sus sobrevivientes, por ese campo de concentración habrían pasado cerca de 2500 personas para ser, en su gran mayoría, desaparecidas. Los escritores Haroldo Conti y Héctor Germán Oesterheld se cuentan entre las víctimas de Vesubio, así como el cineasta Raimundo Gleyzer.

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Un terreno poblado de eucaliptos daba la macabra bienvenida al Vesubio. La represión que se ejercía en ese centro clandestino se dividía en tres casas. La “casa 1” era donde residía el jefe del campo. La “casa 2” o también llamada enfermería era la que concentraba las salas de torturas mientras que la “casa 3” era la que servía para mantener secuestrados a la mayoría de los detenidos: los hombres en una sala y las mujeres en otra. También había una pileta de natación, vestigio de los tiempos en que el Vesubio servía como centro de recreación para el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Desde el 24 de marzo de 1976, el centro clandestino quedó bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército a cargo del genocida Carlos Guillermo Suárez Mason.

El primer jefe de ese centro clandestino fue el prefecto Alberto Neuendorf (alias Neuman o El Alemán). Después le siguió el mayor Pedro Durán Sáenz (Delta), recientemente fallecido impune, y más tarde, el coronel retirado Gustavo Cacivio (El Francés, identificado el año pasado y que por lo tanto quedó fuera de este proceso). El Vesubio funcionó hasta 1978. Ante la proximidad de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los represores demolieron las instalaciones. Intentaban borrar las pruebas de los secuestros, las torturas, las violaciones, los asesinatos y las desapariciones allí perpetradas.


La Causa

En 1983, un grupo de sobrevivientes denunció la existencia de este CCD. Así fue como se abrió la causa 1800 en el Juzgado Penal N°7 de Morón, a cargo de Alfredo Ruíz Paz. Ese mismo año se realizaron varias inspecciones oculares. La causa quedó paralizada desde que sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tras los años de lucha que posibilitaron su anulación en 2003, la investigación se reactivó. En julio de 2008, el juez Daniel Rafecas elevó a juicio a sólo ocho de los tantos genocidas que operaron en El Vesubio por sólo 156 casos de los miles de compañeros/as que pasaron por ese campo de tortura y muerte, repitiendo una táctica habitual en los juzgados argentinos: desguazar las causas para de esta forma desdibujar la magnitud que tuvo el genocidio en nuestro país.
En febrero del año pasado, el TOF Nº4 comenzó a juzgar a estos represores:
- Héctor Humberto Gamen, 84 años, general de brigada retirado. Era segundo comandante de la Brigada de Infantería. Imputado por 76 privaciones ilegales de la libertad (PIL) y tormentos así como por 16 homicidios.
- Hugo Idelbrando Pascarelli, 81 años, coronel retirado. Era el jefe del área militar 114, donde funcionaba Vesubio. Imputado por 15 PIL y tormentos así como por 2 homicidios.
- Pedro Alberto Durán Sáenz, 75 años, oficial de inteligencia de la Brigada. Era el jefe del centro clandestino. Se hacía llamar “Delta”. Imputado por 63 PIL y tormentos así como por 14 homicidios. MURIÓ IMPUNE ESTE AÑO durante el transcurso del debate.
- Ramón Antonio Erlán, 65 años, penitenciario (R), alias “Pancho”. Imputado por 140 PIL y tormentos.
- José Néstor Maidana, 59 años, penitenciario (R), alias “el Paraguayo”. Imputado por 85 PIL y tormentos.
- Roberto Carlos Zeoliti, 63 años, ex penitenciario, alias “Sapo”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
- Diego Salvador Chemes, 57 años, ex penitenciario, alias “Polaco”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
- Ricardo Néstor Martínez, ex penitenciario, alias “Pájaro”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
Sólo los penitenciaros están encarcelados mientras que los jefes del Vesubio llegaron a cada una de las audiencias en libertad.


Exigimos

En sus alegatos de abril, el colectivo Justicia YA! reclamó a los jueces del TOF 4 que reconozcan que en Argentina se perpetró un genocidio y que condenen por tal a sus ejecutores. La querella solicitó una pena de prisión perpetua para Pascarelli y Gamen y de 25 años para Erlán, Maidana, Zeoliti, Chemes y Martínez. También se exigió que todos los genocidas cumplan su condena en el lugar donde deben estar: en la cárcel común y efectiva. La desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López deja en claro que las víctimas y todos los interesados en hacer justicia sólo podemos estar seguros si los genocidas están tras las rejas. El compañero Roberto Cristina, desaparecido en El Vesubio, les dijo a sus torturadores que iban a pagar lo que estaban haciendo. Para honrar su memoria y la de los 30 mil, estaremos el próximo jueves 14 de julio exigiendo:

JUICIO Y CASTIGO PARA TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA PARA TODOS LOS COMPAÑEROS.

30000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
PRESENTES!
AHORA Y SIEMPRE!

Contactos de prensa:
- Guillermo Lorusso, AEDD, (011) 1551798041
- Dra. Liliana Mazea (011) 1558169178
- Dra. Sabrina Dentone (LADH) (011) 1549362704

Justicia YA! Buenos Aires está integrado por:
Asociación Anahí, Asociación Gremial Docente de la UBA;Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.

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domingo, 10 de julio de 2011

Ordenan detener a Luis Stuhldreher.

El Juzgado Federal de San Rafael pidió la detención de Luis Stuhldreher (era capitán cuando las FFAA tomaron el poder en 1976). En democracia fue funcionario del gobierno de Julio Cobos.

Fue intendente en San Rafael de Mendoza durante la dictadura militar, eludió el juicio en el 2010 debido a una "falta de mérito" que dictó la Sala A de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, desvinculándolo de 20 causas. La APDH le pidió al juzgado su inmediata detención y procesamiento al conocer la anulación de la medida. Tambien fue solicitada por EMV y J, y Familiares de detenidos-desaparecidos.

El camarista federal Julio Petra firmó la falta de mérito a favor de Stuhldreher en la causa que lo investigaba por la desaparición de Aldo Fagetti el 25 de febrero de 1976.

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El fiscal recurrió la decisión por nulidad y el expediente pasó a la Cámara Nacional de Casación Penal que finalmente revocó la resolución favorable al ex militar.

El ex intendente tenía como subordinado al teniente Aníbal Guevara, hoy condenado a prisión perpetua junto a los ex policías Raúl Ruiz Soppe y Juan Labarta, y al abogado Raúl Egea Bernal que recibió una condena de 8 años.

Stuhldreher dirigió una empresa de seguridad privada hasta el 2002 a cargo de la vigilancia de los edificios municipales de la capital mendocina y durante el gobierno de Cobos, y en la gestión de Roberto Grillo como ministro de Seguridad, tuvo a su cargo la Dirección de Logística hasta 2005. Según el matutino de San Rafael.

Fuente: ADN

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