NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 12 de julio de 2011

EN 8 AÑOS, MAS MUERTOS QUE CONDENADOS.

MOVILIZAMOS A LOS TRIBUNALES DE COMODORO PY EN CAPITAL FEDERAL. 14/07/11-16HS.

Tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 47 juicios orales con sentencia en todo el país. En ellos fueron enjuiciados sólo 224 represores (algunos represores en varias causas), donde hubo 207 condenas y 17 absoluciones por un universo de 975 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue condenado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena.
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Pero además, si bien hay otros 400 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad, o gozando de la domiciliaria; además de haber 37 represores prófugos de la justicia y 260 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia. Los últimos tres, genocidas tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés” , Rubén Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, y Pedro Durán Sáenz, jefe del CCD “El Vesubio” muerto impune durante el transcurso del juicio que este jueves llega a su fin.

ESTO NO ES JUSTICIA!

Seguimos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS Y CADA UNO DE LOS GENOCIDAS.
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LOPEZ.


HIJOS LA PLATA

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OTRA JODITA DE LOS JUECES MARPLATENSES

EL GENOCIDA RAFAEL MOLINA (alias “Charly” o “Charles Bronson”) APARTADO DE UN JUICIO POR “RAZONES DE SALUD”

Riojano. 67 años. Retirado de la FuerzaAérea , L.E. Nº 5.331.277, con último domicilio en la calle Figueroa Alcorta Nº 447, Barrio Poluyán de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba y, a junio 2010, alojado en laUP 44 del Servicio Penitenciario Bonaerense de Batán.

Molina fue subjefe de la Base Aérea de MDP, y como tal juzgado en esa ciudad en 2010, en la causa por los hechos de “La noche de las corbatas”, acusado de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, privación ilegítima de la libertad agravada por ser perseguidos políticos (38 hechos) e imposición de tormentos a los presos agravado por ser éstos perseguidos políticos (38 hechos), en grado de coautoría, todos los cuales concurren materialmente entre sí. Además, estaba acusado como autor penalmenteresponsable de los delitos de violaciones reiteradas agravadas contra varias detenidas. Todos los casos por su actuación en el Centro Clandestino de Detención “ La Cueva ”. Varios sobrevivientes del CCD, así como subordinados de este genocida lo describen como un “borracho violento y militarista”.
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En Junio de 2010, los jueces Juan Velazquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos Paris, del TOF de Mar del Plata lo sentenciaron a prisión perpetua, convirtiéndolo así en el cuarto integrante de la Fuerza Aérea condenado desde la reapertura de las causas contra los genocidas, tras la condena a Barda, Comes y Mariani en causa “Área Mar del Plata-Mansión Seré”, llevada a juicio en 2008.

Casi como una mala broma de la “Justicia”, esta semana los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto y ElvioOsores Soler, del nuevo Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, lo apartaron del juicio oral que se realiza en aquella ciudad desde junio pasado y que investiga delitos cometidos en dos centros clandestinos de detención, en perjuicio de 85 víctimas. El argumento esgrimido fue “problemas de salud del acusado”, y lo beneficiaron con la impunidad sobre hechos en perjuicio de 85 víctimas ocurridos en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Mar del Plata y el Centro Clandestino de Detención “ La Cueva ” (ex radar Base Aérea Mar del Plata), así como también en la Comisaría Primera y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.

El juicio continúa con las imputaciones sobre los represores Leandro Edgar Marquiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Maspero, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio, Nicolás Miguel Caffarello,

Marcelino Blaustein, Ernesto Orosco, Adriano Argüello, Fortunato Valentín Rezett, Aldo José Sagasti, Héctor Carlos Cerutti, Mario Jorge Larrea y Héctor Francisco Bicarelli, algunos de ellos ya condenados en otros juicios recientes.

Las dilaciones alrededor del juzgamiento de Molina no son nuevas:

- El tribunal que lo debía juzgar en 2010, que tardó 3 años en juzgar a Molina desde que la causa se había elevado a juicio, presentó un

- Ante ello, el Fiscal Daniel Adler, presentó una queja por retardo de justicia ante la Cámara de Casación, al considerar que “el trámite de la causa y el tiempo que aún resta para la realización del debate oral fijado por el Tribunal, atenta contra la razonabilidad del plazo en el que debe llevarse a cabo el proceso penal”.

- En respuesta, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal anuló la resolución del Tribunal, que pretendía estirar el inicio del juicio, y le ordenó al tribunal fijar una nueva fecha “en el más breve plazo”.

- Justamente, en su presentación, el Fiscal Adler había sostenido que los cuatro meses en que el tribunal pretendía estirar el comienzo del debatepodrían frustrar los fines del proceso en caso de agravarse el estado de salud de Molina. Esa previsión se hizo realidad por la tardanza de los jueces.

Del total de 1464 imputados registrado en 2010, sólo 1179 se encontraban con posibilidades de enfrentar un proceso penal. Los 243 restantes fallecieron o fueron declarados incapaces.

Este nuevo hecho es una tomada de pelo más a la lucha por Justicia de los organismos de DDHH, y confirma que tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 47 juicios orales con sentencia en todo el país. En ellos fueron enjuiciados sólo 224 represores (algunos represores en varias causas), donde hubo 207 condenas y 17 absoluciones por un universo de 975 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue condenado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Pero además, si bien hay otros 400 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad, o gozando de la domiciliaria; además de haber 37 represores prófugos de la justicia y 260 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia. Los últimos tres, genocidas tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés” , Rubén Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, y Pedro Durán Sáenz, jefe del CCD “El Vesubio” muerto impune durante el transcurso del juicio que este jueves 14 de julio llega a su fin.

ESTO NO ES JUSTICIA!

Seguimos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS Y CADA UNO DE LOS GENOCIDAS.
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO.
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Río Negro: Torturas en el Penal Nº 1 de Viedma.

6 de julio de 2011
por La Cantora.
Río Negro, Penal Nº 1 de Viedma: 70 denuncias por torturas y tratos crueles.

Tras los cinco días de cortes de agua potable luz eléctrica, y los Habeas Corpus presentados por agravamiento de las condiciones de detención, Jueces de la Cámara en lo Criminal de Viedma, realizaron en la mañana de hoy, una inspección y labraron 70 denuncias por agravamiento de las condiciones de detención. La Cantora estuvo presente. El Servicio Penitenciario prohibió la entada a la prensa.

En la mañana de hoy, el Juez de Cámara en lo Criminal de la Sala B de Viedma, Dr. Jorge Bustamante, realizó una inspección en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro.
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La visita surge a partir de un Habeas Corpus colectivo a favor de al menos 137 detenidos en esa unidad penal, por agravamiento de las condiciones de detención, que fuera presentado en la tarde de ayer por la Asociación Civil La Cantora.

El Camarista, acudió al penal acompañado varios funcionarios judiciales y por la Defensora General. Allí realizaron una amplia recorrida por las instalaciones del establecimiento, pudiendo comprobar el estado de las mismas, las bajas temperaturas reinantes dentro de los pabellones y el estado y calidad de la alimentación que reciben los detenidos. Cabe agregar que por orden de la Dirección de la Unidad Penal, se prohibió la entrada a los trabajadores de prensa que deseaban cubrir el acto.

El pasado lunes 4 de julio, La Cantora había realizado la presentación de un recurso similar, sonde se denunciaba el corte de los servicio de agua potable y energía eléctrica desde el jueves 30 de junio. Asimismo, el 75 % de la población carcelaria se hacía plegado a una huelga de hambre como medida de protesta por la situación.

Si bien en la tarde de ayer, se anunció el reestablecimiento de los servicios, en la inspección realizada en la mañana de hoy, se comprobó que los mismos funcionaban parcialmente. Sólo en algunos sectores de la unidad de habían reestablecido la calefacción, y en otros el agua; principalmente en locaciones donde presta funciones los agentes del Servicio Penitenciario.

70 denuncias

Durante la recorrida, el Camarista se entrevistó personalmente con los detenidos, labrando al menos 70 denuncias por agravamiento de las condiciones de detención, las que se describieron como: torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; deterioro y falta de mantenimiento de las instalaciones; deficiente atención médica; alimentación de escasos valores nutricionales; arbitrariedad en la evaluación técnico criminológica por parte del Gabinete de profesionales designados para tal fin, cuya evaluación repercute directamente en la progresividad de la pena de los detenidos.

En las mismas se señalo a varios agentes de mediano rango dentro del Servicio Penitenciario pertenecientes a las áreas de Seguridad Interna y Requisa. Asimismo también, se radicaron denuncias sobre robo permanente, por parte del personal penitenciario de víveres y otros elementos que debieran ser proporcionados a los detenidos.

El Habeas Corpus presentado por La Cantora

En la tarde de ayer, la Asociación La Cantora, presentó ante la Sala B de la Cámara en lo Criminal, un recurso de Habeas Corpus, en favor de las 137 personas alojadas y privadas de su libertad en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro, y contra la situación de agravamiento de las condiciones de detención.

El petitorio solicitaba además de la pronta inspección, la intervención pronta investigación de los fundamentos de la presentación, donde se detallaban una serie de agravantes a las condiciones de detención, que se transforman según la legislación vigente en tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, el recurso solicitaba la intervención de Salud Pública para la atención médica necesaria, dados los males físicos y psicológicos que se derivaron de las consecuencias sufridas por los detenidos, luego de ser sometidos a tales agravantes.

Una posible salida

Esperando las resoluciones judiciales luego de la inspección y recolección de denuncias, cabe esperar una respuesta política e institucional acorde a las circunstancias por parte de la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial.

Cómo primera medida, el desplazamiento del cargo del Director del Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de la ciudad de Viedma, Horacio Veccio, y de los responsables de Seguridad Interna y Requisa, Coronado, Collueque y Poblete, nombrados recurrentemente en las denuncias realizadas por los detenidos.

En segundo lugar, se hace necesaria una amplia y profunda investigación para determinar procedimientos y responsabilidades, respecto de los faltantes de alimentos, víveres y otros elementos de limpieza y aseo personal que deberían ser asignados a los detenidos. Asimismo, de los insumos y herramientas necesarias para la reparación de las instalaciones.

Finalmente, la remoción, renovación y reestructuración del Gabinete Técnico Criminológico de evolución de los detenidos. Según la ley vigente, el mismo debe acompañar en el tratamiento al detenido en el transcurso del cumplimiento de la pena, y trabajar de cara a la futura resocialización. En la práctica, a través de un perverso sistema de premios y castigos, encierra una interminable cadena de favores, que agravan la detención.

En vísperas de un nuevo aniversario de nuestra Independencia, hay mucho trabajo pendiente para las oficinas de 25 de Mayo e Hilario Lagos.

Contactos:
Diego Candia: 02920-15-628352
Pablo Casals: 02920-15-550196

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