NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

viernes, 29 de abril de 2011

La Colonia Papagayos, por primera vez fue señalada ante la Justicia Federal como un CCD.

La recorrida de los testigos junto a un fiscal federal.


El diputado Ricardo Puga junto con el Fiscal Federal Dante Vega fue a la Colonia Papagayos para reconocer el lugar que funcionó un centro de detención y tortura en la época de la dictadura y donde el legislador estuvo secuestrado.

Antes de la dictadura la Colonia ubicada en el medio de la montaña, funcionaba como una escuela de verano. Durante los años de secuestros y torturas funcionó como un centro clandestino y una vez que terminó ese período la escuela recuperó su función anterior que mantiene hasta hoy.

El edificio tuvo algunos cambios edilicios, pero los testigos que estuvieron allí detenidos no se olvidan de la puerta de ingreso que sigue intacta, así como las baldosas de los calabozos y otros sectores que están en uso, pero los mantuvieron intactos.

El diputado Puga estuvo detenido en el lugar y dijo a Radio Nihuil que “afortunadamente y con buen criterio reciclaron parte de la estructura dejando lo que originariamente estuvo acá y quedan porciones de la edificación muy importante, aunque desaparecieron partes importantes, pero se pueden constatar absolutamente los lugares que recorrimos hoy con el fiscal. El ingreso es imposible de no haberlo identificado”.

Recordó que en la cocona era uno de los lugares donde picaneaban a los detenidos y violaban a las mujeres.

Por otra parte, Sergio Miranda, otro hombre que estuvo allí detenido manifestó que “llegamos acá y siempre estuve a cara descubierta. Estuve en la última habitación con dos chicas que son desaparecidas”.

“El que me llevaba a mi es Celustiano Lucero (uno de los ex represores acusados y juzgados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza). Es el que me levantó de la plaza, el que me trajo acá y era el que traía y llevaba gente. Las chicas también me decían que participaba en las violaciones”.

Fuente: Diego Anguita Castillo / Diario UNO

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MAGISTRADOS PROCESADOS

Jueces: “Miret no omitió, sino que justificadamente postergó investigar”

El ex juez se defendió en tercera persona y Romano alegó que le negaron el derecho a la defensa. Sólo asistieron dos imputados.

ACUSADOS. Miret, el defensor de Romano, Adolfo Moreno, y el ex juez Guillermo Max Petra Recabarren.

Se los notaba incómodos, no estaban acostumbrados a ocupar el lugar de los acusados en la sala de debates, pero allí estaban. Los ex jueces Luis Francisco Miret y Guillermo Max Petra Recabarren fueron los únicos que, junto a sus abogados, asistieron a la audiencia de la Cámara Federal de Apelaciones a pedir que se dejen sin efecto sus procesamientos. En tanto, por el lado de Otilio Romano, solamente estuvo presente su abogado, mientras que el ex juez Rolando Carrizo y su abogado se ausentaron de la jornada.

Allí, todos los acusados pidieron la absolución, mientras que desde la querella y la fiscalía pidieron confirmar los procesamientos y atacaron los argumentos esgrimidos por los defensores. LAS DEFENSAS. "Quienes juzgan a los jueces deben esforzarse en entender las circunstancias", repitió una y otra vez Miret, intentando que la Cámara de Apelaciones diera marcha atrás con los procesamientos dictados por el juez federal Walter Bento, quien, además de a él, procesó al actual camarista Otilio Romano (76 hechos) y a los ex jueces Guillermo Max Petra Recabarren (22) y Rolando Carrizo (19).

"Quien no se puede poner en los zapatos de Miret no podrá juzgar con objetividad", repitió el ex camarista, que fue destituido a mediados de marzo por el Consejo de la Magistratura. Miret (35 hechos) y Guillermo Max Petra Recabarren fueron los únicos procesados que estuvieron presente en la sala de debates, ya que por el lado de Romano estuvo solamente su abogado, Adolfo Moreno, mientras que ni Carrizo ni su abogado, Carlos Reig, aparecieron en el lugar. Miret, durante las casi dos horas que habló, intentó que se pusieran en su lugar hace 35 años.

"Encuentro una situación irremediable. Los que hoy me juzgan no vivieron como adultos los años 1975-1976", afirmó Miret al comienzo de su defensa. "Las circunstancias influyen en las personas, en lo que hacen y omiten o postergan", adujo el ex camarista, que a lo largo de su defensa sostuvo que como juez no podía hacer nada, más aún teniendo en cuenta, según él, que recién se enteró de que había desaparecidos en Argentina en 1985, con la realización del Juicio a las Juntas Militares. El ex juez, quien dijo estar tranquilo con su conciencia, aseguró también que "a muchos condenados de 1975 hoy se los considera víctimas", y explicó que analizar hoy lo que pasó en 1975 y 1976 sin tener en cuenta el contexto histórico puede hacer que alguien caiga en un error.

"Esa ideología ha creado un clima desde donde el fiscal emite su requisitoria y contagia a jueces de jueces, ¿temor a mostrarse independientes?", le preguntó Miret a los jueces, y denunció que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, fue montonero y se quejó de que el ex ministro de Gobierno, Mario Adaro, se haya jactado del procesamiento contra los ex magistrados federales y Romano. Usando la tercera persona para referirse a sí mismo, Miret aseguró que tuvo oportunidad de hablar con muchos abogados de personas detenidas durante la dictadura y que con ellos coincidía en que era improducente investigar las denuncias que se hacían por torturas.

"Miret no omitió, sino que justificadamente postergó investigaciones", aseguró el magistrado que pidió a través de su abogado, Nicolás Portabella, que se dicte su absolución mediante el argumento de que los delitos que se le endilgan (no haber investigado casos de lesa humanidad) no son crímenes de esa característica y, por lo tanto, han prescripto. En segundo lugar habló Eduardo Mestre, en defensa de Guillermo Petra, que explicó que no estaba al alcance de los magistrados poder darles un remedio a los crímenes de la dictadura y también pidió que se dictase el sobreseimiento de su defendido.

En tanto, Adolfo Moreno, defensor de Romano, aseguró que a su cliente se le negó el derecho a la defensa, ya que se lo procesó cuando aún no terminaba su indagatoria por los 94 hechos por los que se lo imputó y afirmó que no se había demostrado dolo en el accionar de Romano como para que fuese procesado como partícipe en los crímenes de lesa humanidad.

"Acá había dos sectores, militares y civiles, y un cabo tenía más poder que un presidente de la Corte", señaló Moreno, y agregó: "Los jueces, ¿a quién debían recurrir, quiénes les daba garantías a ellos?". Finalmente, Moreno, antes de pedir la absolución o a lo sumo la falta de mérito, reclamó: "¿Qué conducta se le pide a Romano? ¿La exigida o la esperada? ¿Pedíamos visionarios que supieran que había un plan sistemático?".

A estos argumentos, uno de los encargados en contestar fue Pablo Salinas, en representación de la querella. Salinas señaló que todos los jueces procesados tuvieron su derecho a la defensa. "Nosotros queremos que tengan derechos de defensa, garantías, las que no tuvimos nosotros ni nuestros familiares", exclamó el abogado, quien pidió que se confirmen todos los procesamientos, y en el caso de Romano, que se lo acuse como partícipe primario y no secundario, tal como lo procesó el juez Walter Bento.

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Apareció muerto el ex agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel

Había sido condenado a perpetua por el crimen de carlos prats
Publicado el 29 de Abril de 2011

Por Claudio Mardones
El ex espía del régimen de Augusto Pinochet gozaba de libertad condicional. Lo hallaron sin vida en su domicilio con varias puñaladas.

Desde que cayó detenido en Buenos Aires durante 1978, el espía chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, siempre juró que terminaría sus días en Santiago de Chile, donde se formó como agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En 1971 se radicó con documentos falsos en la Argentina y tres años después organizó, bajo estrictas instrucciones del entonces dictador Augusto Pinochet, el asesinato del general democrático Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. Desde entonces afrontó dos períodos de detención y una larga lista de acusaciones por delitos de lesa humanidad, pero ayer, el destino le jugó una trampa y se interpuso en su soñado retorno a Chile. El jueves por la tarde, su sobrino lo halló sin vida dentro del departamento “D” que el ex agente de inteligencia ocupaba en el primer piso de Lavalle al 1438, en pleno corazón de Tribunales. Cuando el familiar entró al departamento, encontró a su tío tirado en el suelo, de costado y con dos puñaladas enla espalda y en el pecho que estaban rodeadas de sangre seca. Según los investigadores de la seccional 3ª de la Policía Federal, la puerta del departamento no fue forzada, un elemento que les permitió suponer que Arancibia Clavel conocía a su agresor. Cuando estalló la noticia, una primera versión sostuvo que el espía, en libertad condicional, se había suicidado, pero con el correr de las horas, una fuente de la Policía Federal confirmó que “hay componentes que no tienen relación con un suicidio, sino con un crimen de índole pasional o sexual”. Fue detenido en 1978 por la dictadura argentina, que lo acusó de realizar operaciones de espionaje contra la Argentina en el conflicto que mantuvo con Chile por el canal de Beagle. Un allanamiento judicial descubrió que el chileno tenía los listados aportados por el Batallón 601 del Ejército Argentino, con los que realizaba informes para la DINA en los que llegó a informar el destino de miles de desaparecidos. Pero lo cierto es que durante esos años, Arancibia Clavel fue una pieza clave del Plan Cóndor, auspiciado por la dictadura chilena para perseguir, detener y exterminar a opositores trasandinos en todos los países del Cono Sur. Por esos crímenes, entre ellos el asesinato de Prats, el espía volvió a la cárcel el 22 de enero de 1996 por orden de la jueza María Romilda Servini deCubría, y luego su prisión fue ampliada por la detención de Laura Elgueta Díaz y Sonia Díaz Ureta, dos ciudadanas chilenas que fueron detenidas por la Policía Federal en 1977 y estuvieron desaparecidas en el Centro Clandestino de Detención “El Atlético”, que funcionó en el subsuelo del depósito de suministros que la PFA tuvo en Paseo Colón bajo la Autopista 25 de Mayo. Las dos mujeres lo identificaron por el aroma de su perfume y aportaron pruebas que extendieron su prisión hasta 2009, cuando le dictaron la libertad condicional. Desde entonces, se domicilió en Tribunales, desde donde manejó dos flotas de taxis hasta ayer, cuando se transformó en el difunto más famoso del Plan Cóndor.


Fuente: Tiempo Argentino


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LA INCREIBLE HISTORIA DE ARANCIBIA CLAVEL




El hoy asesinado agente chileno supo los nombres de los detenidos desaparecidos de Chile y Argentina cuando los familiares luchaban en los tribunales por conocer su paradero. Participó de la Operación Cóndor, en el crimen del Prats, en el del general Schneider y espió a las fuerzas armadas vecinas para el conflicto del Beagle. Sorprendete con esta historia.

Enrique Arancibia Clavel. Chileno. Nacido en Punta Arenas el 13 de octubre de 1944; hijo de Eladio y Violeta, soltero, estudiante, domiciliado en general del Canto N° 122 Santiago. Cédula de Identidad N° 4.815.227 de Santiago. Clasificación dactiloscópica 86444-68262-97434. 1, 73 de estatura, peso 70 kg; ojos café, pelo castaño.

Así versaba la primera ficha policial que tuvo el ex agente de la DINA en Buenos Aires, recientemente liberado, pese a las dos condenas que pesan en su contra -una de presidio perpetuo por la muerte del general Carlos Prats y a 12 años por torturas a Laura Elgueta- cuando fue requerido en 1970 por su implicancia en la muerte del ex comandante en jefe del Ejército René Schneider.

Desde Patria y Libertad, pasando por sus tendencias filo nazis, la homosexualidad de la que nadie habla, jefe de información clandestina de la DINA en Buenos Aires después del golpe, reciclado a momentos como espía de información militar para la casi guerra con Argentina en 1978, un poco empresario y con una familia conservadora, ligada a la derecha y al Ejército -su hermano llego a ser jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)- es un personaje a quien la realidad lo superó, como si se tratara de la mejor novela del género conspirativo.

Pero de sus actividades las nuevas generaciones poco saben, de sus informes que llegaban cada semana a las oficinas de la DINA, firmados por Luis Felipe Alemparte Díaz, su identidad operativa, de las informaciones sobre detenidos desaparecidos chilenos y argentinos que manejaba a los pocos meses, incluso días, van reflejando el perfil de un hombre que conoció de cerca los años más oscuros de los regímenes del conosur.

En los archivos que guarda la Universidad Alberto Hurtado se detallan sus actividades. Memos a Luis Gutiérrez, nombre supuesto del jefe del servicio exterior de la DINA, a quien llegó a informarle que el ministro de bienestar social de Eva Perón, el tristemente célebre López Rega, golpeaba a la presidenta. "La versión la entregó el edecán naval de ella", escribió.

Tanto fue el acceso y la importancia que llegó a tener para la DINA Arancibia Clavel que conoció pormenores de la llamada Operación Colombo que llevó a cabo ese servicio para la eliminación de disidentes al régimen militar.

De hecho, enviaba listas con los desaparecidos y eliminados en Argentina -por izquierda, según versan sus informes- que contienen nombre completos, números de identidad, en momentos en que las organizaciones de derechos humanos luchaban par saber qué sucedía con sus familiares.

Pero la suerte de Arancibia Clavel cambió en 1978 cuando fue detenido por espionaje. El resto es historia. En 2000 fue condenado por el caso Prats, años más tarde por las torturas a Laura Elgueta y hoy está libre por beneficios carcelarios (NdR: el artículo fue escrito antes de que se conociera su muerte).

Si bien la periodista Mónica González en su libro "Bomba en una Calle de Palermo" reveló todas sus actividades, aún falta escribir su historia.

Fuente: El Mostrador de Chile

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La represión como única respuesta.

Un grupo de porteras de escuelas que tomaban instituciones públicas en el departamento jujeño de Ledesma fueron reprimidas por la policía provincial durante un desalojo. Cinco fueron detenidas y una debió ser hospitalizada.
(Red Eco) Jujuy – El conflicto no es nuevo, desde hace años reclaman el pase a planta permanente o al menos transitoria, quieren ganar más de los 900 pesos actuales y que les hagan los aportes jubilatorios correspondientes. A la continua falta de respuesta, se sumó en las últimas semanas la decisión del Ministerio de Educación provincial de nombrar personas sin antigüedad, y con todos los beneficios de un trabajo en blanco. Por este motivo, un grupo de alrededor de 300 porteras (vale aclarar, con antigüedad laboral de entre 5 y 14 años) resolvió comenzar un plan de lucha.
Primero fue la toma pacífica de Región Quinta, una de las instituciones públicas. Pero como desde el Ejecutivo jujeño seguían sin dar cuenta del reclamo, la toma se extendió a la totalidad de los establecimientos educativos públicos de Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Yuto y Caimán, todas localidades del departamento de Ledesma.
Tras tres semanas de toma, una jueza de San Pedro de Jujuy, la Dra. Pérez Rojas, ordenó desalojar en forma pacífica las escuelas. Pero particularmente en el Normal de Libertador General San Martín la orden judicial se cumplió violentamente. Según relató Julio de la organización CAPOMA a Radio Voces, cuando llegaron los efectivos al colegio las porteras les abrieron las puertas y comenzaron a retirarse cuando fueron reprimidas. “Las golpearon, las agarraron de los pelos, las subieron a las camionetas. Hay una compañera en el hospital con varios golpes en el cuerpo”, contó Julio. Otras cinco porteras fueron detenidas en la comisaría local y a las horas liberadas.
Pero no es la primera vez que esto ocurre: “La policía siempre actuó de esta manera, fue a intimidar, a sacar fotos a las compañeras, un seguimiento de persecución y hostigamiento, hasta llegar a este punto”, aseguró Julio.
En estos momentos, las movilizaciones y reclamos continúan. Cortes en la ruta nacional 34, manifestaciones de trabajadorxs de las localidades de Vinalito, El Talar, Yuto, Caimancito, Calilegua, Fraile Pintado, San Francisco, Valle Grande y Libertador. Además de marchas al municipio de Libertador para exigirle al intendente Jorge Ale (quien este año buscará su reelección) que se haga cargo del conflicto y busque el canal de diálogo y solución para las porteras.
“Desde el gobierno de Jujuy (a cargo del también peronista Walter Barrionuevo), la única respuesta es la represión por parte de la policía provincial, y la detención y judicialización de la protesta de las compañeras negándoles el derecho a la protesta por un trabajo digno”, denunció Julio a Radio Voces.
Trabajo digno, un verdadero privilegio en una provincia en la que el 42,7% de los trabajadorxs está en negro, y en la que el Estado es el principal empleador de trabajadorxs no registrados.

Fuente: Radio Voces

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COMUNICADO DE PRENSA DE JUSTICIA YA

27 de abril de 2011


Organizaciones nucleadas en JUSTICIA YA EN LA PLATA, denuncian el estado de indefensión de los testigos en los juicios a los genocidas de la Dictadura.

A más de una semana del secuestro y posterior aparición del compañero Víctor Martinez nada se sabe acerca de los responsables materiales e intelectuales del hecho.

Una vez más el manto de impunidad y encubrimiento con los que gozan los genocidas prevalece por sobre la seguridad de los testigos, una vez más al igual que lo sucedido en los secuestros de Gerez y Puthod. Los atentados a testigos, querellantes, familiares, jueces y abogados que hubo en el juicio a los genocidas de la U9 así como en otros que se realizan en el resto del país, no han sido investigados en absoluto. Al asesinato de Silvia Suppo, víctima, querellante y testigo en juicios a genocidas en Santa Fe se lo quiere hacer pasar por un hecho de violencia durante un asalto.

A más de cuatro años del secuestro y desaparición forzada de Jorge Julio López, testigo en el juicio a Etchecolatz, no es admisible que sigan sucediendo estos hechos. Desde el estado la única respuesta es el silencio que pretende naturalizar las desapariciones.

En nuestra ciudad esta previsto para este año la sustanciación del juicio a un grupo de genocidas que actuaron en cinco Centros Clandestinos de Detención durante la Dictadura en lo que fue parte del “Circuito Camps”. Consideramos un triunfo el haber podido romper con la mecánica de juicios individuales (Etchecolatz, Von Wernich) o a quienes actuaron en un solo lugar (Unidad 9). Sin embargo debemos denunciar que la inmensa mayoría de los genocidas permanecen libres sin haber pasado jamás por la justicia, o incluso algunos de ellos con causas penales o habiendo sido juzgados y declarados culpables permanecen en sus casas con prisión domiciliaria. Ejemplo de ello es que en este juicio sólo hay 23 imputados quedando sin ser juzgados decenas de genocidas que participaron, fueron vistos, reconocidos y denunciados por los sobrevivientes.

Son los tres poderes del Estado: el ejecutivo, legislativo y judicial, los que tienen la responsabilidad ineludible de proteger a los testigos. Es la impunidad la que permite a los genocidas de ayer planificar y llevar adelante los secuestros como los de Víctor Martinez y Jorge Julio López. Estos hechos han demostrado que los programas implementados en este sentido son completamente ineficaces y que no existe protección verdadera en tanto los genocidas sigan libres.

Exigimos el inmediato esclarecimiento del secuestro de Víctor Martinez, la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a todos los responsables. Con genocidas libres van a seguir sucediendo esos hechos, cárcel común, perpetua y de cumplimiento efectivo a todos ello

firmantes:
AEDD, HIJOS LA PLATA, UNION POR LOS DERECHOS HUMANOS,
CEPRODH, COLECIVO DE ABOGADOS POPULARES LA CIEGA
CASA DE DDHH HERMANOS ZARAGOZA.

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