NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

miércoles, 25 de abril de 2012

Charla en Neuquén sobre la ley antiterrorista.


Nuestras acciones y reivindicaciones como clase trabajadora "no son actos terroristas”, son el camino para la construcción de un mundo nuevo, como lo soñaron nuestros 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos.

Pero los gobiernos nacional y provincial nos persiguen, reprimen, encarcelan, matan, y paradójicamente como hace 40 años atrás, nos hacen desaparecer.

Nuestras protestas sociales no pueden seguir judicializándose - 6000 compañeros con causas judiciales o presos en los últimos 20 años, es una cifra demasiado elevada para gobiernos que se dicen democráticos. Estos mismos gobiernos que garantizan Impunidad a los Genocidas de la última dictadura militar con cientos de excarcelaciones y prisiones domiciliarias. Estos mismos gobiernos que han aceptado nuevamente otro mandato del capitalismo, como es la LEY ANTITERRORISTA.

La aplicación de la Ley Antiterrorista confirma lo que venimos denunciando hace años: que el aparato represivo montado durante la dictadura, está aún intacto".
Por eso, Ni disciplinados, ni Coptados, convocamos a todas y todos , consecuentes con nuestros ideales, nuestra lucha y nuestra militancia, a debatir y construir herramientas que garantice la inmediata derogación de la Ley Antiterrorista y la libertad inmediata de todos los presos políticos.

Los y las Esperamos...

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Jornada cultural.

Martes, 24/04/12
Actividad de recordación del genocidio armenio.

(AW) En el marco del Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, que recuerda a las víctimas del genocidio armenio, este sábado se realizará un acto, a las 16 hs, en el anfiteatro Mercedes Sosa.
El próximo sábado 28 de abril, a partir de las 16 horas, en el anfiteatro "Mercedes Sosa" sito en Av. Eva Perón 1935 (ex Avenida del Trabajo) y Dávila (estación Medalla Milagrosa de la Línea E de subterráneos) se llevará a cabo un acto-festival por el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (se designó así cada 24 de abril en memoria a las víctimas del Genocidio Armenio).



El mismo es organizado por la Juventud de la Unión Cultural Armenia y por el Centro Cultural Simón Bolívar, con los auspicios del INADI y Mesas Barriales por la Seguridad (Parque Chacabuco).

Habrá proyección de audiovisuales, una muestra de fotos de Abuelas de Plaza de Mayo y la presentación del Conjunto de Danzas Armenias KAIANE, de la UCA.

Participan del acto, además de las instituciones organizadoras y auspiciantes, la Federación de Entidades Argentino Palestinas, la Federación de Entidades Arabes, la Fundación Luisa Hairabedian y el Movimiento Judío "No en nuestro nombre".

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Levantan el paro programado para hoy en hospitales.

Martes, 24/04/12
Levantan el paro en hospitales.

(AW) La CICOP, sindicato que nuclea a médicos y profesionales de la salud, informó que aceptó el aumento del 25% ofrecido por el gobierno de Buenos Aires y, por lo tanto, no se realizará el paro convocado para mañana. Sin embargo, mantendrán su participación en la Jornada de Lucha que llevará a cabo la CTA bonaerense el próximo jueves 26 de abril.
Buenos Aires, martes 24 de abril de 2012 (CICOP)LEVANTARON EL PARO DE 48 HORAS QUE HABÍAN CONVOCADO PARA MAÑANA

LA CICOP ACEPTÓ EL 25% DE AUMENTO OFRECIDO POR EL GOBIERNO DE SCIOLI PARA MÉDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD DE LOS 77 HOSPITALES BONAERENSES

El presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP) confirmó esta tarde que "el XXlX Congreso Extraordinario de la CICOP decidió por abrumadora mayoría aceptar en disconformidad la oferta salarial ofrecida por el gobierno provincial de un aumento de 25,18% ‘de bolsillo' para un ingresante de 36 horas".

En ese sentido, agregó que "valoramos como positivo la firma del decreto del artículo 48 que permite la nominalización del pago de las guardias, el aumento de los reemplazos de guardia (860 y 980 pesos feriados actual contra 1200 y 1500 con aumento), y la equiparación del aumento en el sueldo de los residentes con lo acordado con los profesionales de planta".

"Por ello, el Congreso de la CICOP decidió esta tarde suspender el paro de 48 horas que había sido votado para mañana y pasado mañana (25 y 26 de abril) y votó a favor de la participación activa en la Jornada de Lucha convocada por la CTA bonaerense para el jueves 26 de abril, en solidaridad con los Judiciales, en defensa de la libertad sindical y repudio a todo tipo de represión contra la protesta social", expresó.

Y finalizó al decir que "la CICOP reclama la reapertura de la paritaria para el mes de agosto, no aceptando la discusión salarial anual. En tanto, se acordó mantener abierta la mesa técnica para tratar distintos temas que hacen a las condiciones laborales".

Prensa: Marcos Viancheto 011.1553400973

CICOP:
Hugo Amor: 011.156095177
Marité Sosa: 011.1556096850
Alejandro Márquez: 011.1533312472
Viviana García: 011.155678544

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Defensa laboral.

Martes, 24/04/12
Marchan los trabajadores de la alimentación

(AW) A pocos días de vencerse el acuerdo paritario, los trabajadores de Kraft, PepsiCo, Stani y Bonafini se movilizarán mañana, a las 7.30AM en 9 de julio y Corrientes, para reclamar un aumento salarial y denunciar un intento de fraude por parte de Rodolfo Daer, secretario general del STIA.
Miércoles 25. 7:30 AM Corte en 9 de Julio y Corrientes y movilización

Los trabajadores de Kraft, PepsiCo, Stani y Bonafide se movilizan a la COPAL

El miercoles 25 a las 7:30 AM los trabajadores de Kraft, PepsiCo, Stani, Bonafide y de toda la oposición a Daer nucleada en la Lista BORDÓ cortarán la 9 de Julio y Corrientes y se movilizarán luego a la COPAL (Camara Empresaria de la Alimentación). Lo hacen para reclamar un aumento salarial del 40%. En estos dìas se vence el acuerdo paritario y las patronales dijeron que estaban dispuestas a dar un aumento del 15% de máxima, lo que constituye una provocación.

Frente a esto, las empresas cuentan con la total pasividad de Rodolfo Daer que no ha hecho absolutamente nada.
Por eso las internas y agrupaciones opositoras nucleadas en la LISTA BORDÓ marcharàn y tomaràn en sus manos la lucha por el salario.

Al mismo tiempo los trabajadores denunciarán el intento de fraude que quiere llevar a cabo Rodolfo Daer en las Elecciones del gremio que se llevarán a cabo el 10 de Mayo, mediante padrones inflados y múltiples trabas para la oposiciòn.

Daer quien hace 28 años está como Secretario general del STIA (Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación), quiere mantenerse en ese puesto mediante el fraude para continuar con sus privilegios. Entre ellos el "sueldo" que recibe del STIA y la Federaciòn, pagado con el aporte de los afiliados y los no afiliados, a quienes se les descuenta compulsivamente el 2% de su salario desde hace 8 años.

Javier "Poke" Hermosilla (Kraft-Terrabusi) y Catalina Balaguer (PepsiCo Snacks) denunciaran públicamente el salario que cobra Daer que llega a los 70.000 pesos por mes y que en diciembre con el aguinaldo alcanzó los 140.000 lo cual es un escándalo y un robo a los 12.000 obreros y obreras del gremio alimenticio.

Los trabajadores de Kraft y PepsiCo denuncian que mientras las empresas como Kraft ganan 500 millones de dólares al año.

A la vez Rodolfo Daer en el mes de Marzo cobró 77.000 pesos, y en Diciembre, con el aguinaldo, 139.000 pesos, un trabajador con categoría inicial apenas llega a los 4.000 pesos.

Para exigir un aumento del 40% y denunciar el intento de fraude en las elecciones del 10 de Mayo, los tabajadores de Kraft, PepsiCo, Stani y Bonafide cortamos la 9 de Julio y marchamos a la COPAL.


Javier Hermosilla: 1533130553
Catalina Balaguer: 1560989996
Lorena Gentile: 1536152025
Leonardo Norniella: 1549863566

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Apertura de molinetes.

Martes, 24/04/12
Continúan las medidas de fuerza en el subte

(AW) Trabajadores del subte llevarán a cabo, mañana de 9 a 11hs, la apertura de molinetes en distintas estaciones. Esta medida, sumada a las ya realizadas, tienen por fin que Metrovías se siente a dialogar en paritaria, que se encuentra vencida desde el 28 de febrero pasado.
APERTURA DE MOLINETES - MIERCOLES 25 DE 9 A 11HS

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 24 de abril de 2.012.-


El dia de mañana, miercoles 25 tal como fuera a nunciado en conferencia de prensa el lunes pasado, se llevaran a cabo medidas de fuerza con el objetivo de que la empresa Metrovias S.A. convoque a la discusion paritaria a los representantes de los trabajadores del subterraneo.

Las medidas de fuerza anunciadas se desarrollaran de acuerdo al siguiente cronograma:

- APERTURA DE MOLINETES MIERCOLES 25 DE 9 A 11 DE LA MAÑANA

-* Linea "A": Carabobo y Primera Junta
-* Linea "B": Federico Lacroze y Los Incas
-* Linea "C": Constitucion
-* Linea "D": Congreso de Tucuman
-* Linea "E": Plaza de los Virreyes
-* Linea "H": Corrientes (1)

(1) Se ha modificado la estacion. Era en la Est. Parque Patricios y el dia de mañana sera en la Est Corrientes


Mañana, Miercoles 25, los representantes de la AGTSyP recibiran a la prensa entre las 9 y las 11hs en la Est. Constitucion

Contactos de la AGTSyP:
Roberto Pianelli - Secretario Gral: 15.3215.5538
Nestor Segovia - Secretario Adjunto: 15.6371.1111
Enrique Rositto - Secretario de Prensa: 15.5573.5360


COMISION DIRECTIVA
ASOCIACION GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETRO

La Asoc Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, los "Metrodelegados", estan reclamando ser convocados a la discusion paritaria que se encuentra vencida el 28 de febrero pasado, ya que representan en forma mayoritaria al personal que trabaja en el subte porteño. A pesar de haber realizado los tramites y presentaciones correspondientes, la concesionaria del subte, Metrovias S.A. se niega sistematicamente a incorporarlos a la negociacion.

Durante las dos semanas ultimas, han realizado medidas de fuerza tendientes a obtener una respuesta favorable que han consistido en liberar los molinetes y dejar pasar en forma gratuita a los usuarios y paros fuera del horario pico.

Los reclamos que se presentaran en la mesa paritaria seran de aumento del 28% en el salario básico, viáticos y falla de caja, aumentar la antiguedad del 1.3% al 2%, modificar el regimen de licencias y el cambio de nivel salarial para el sector de boleteria.

Roberto Pianelli - Secretario General AGTSyP "Lo que nosotros queremos, es sentarnos a discutir nuestras paritarias, nuestro sueldo, nuestras condiciones de trabajo. Es hora de que Macri asuma su responsabilidad en el subte y se ponga a trabajar para destrabar este conflicto. No recibe los nuevos trenes que compro el Gobierno Nacional y que servirian para mejorar el servicio, le retiene 120 millones de pesos de subsidios de la Nacion a la Metrovias, que lo usa como excusa para retrasar el pago a trabajadores y proveedores "

Nestor Segovia - Secretario Adjunto AGTSyP "Metrovias cobra con el 127% de aumento el boleto desde enero y dice que no tiene plata, que esta en crisis financiera y que por eso no quiere hablar de paritarias. No quiere hablar de aumento con nosotros, no compra repuestos y no tenemos con que arreglar los trenes que se rompen. Los trabajadores del subte no queremos que haya un accidente grave y no vamos a sacar esos trenes a circular y eso perjudica a los pasajeros que van a esperar mas tiempo que venga un subte"


Enrique Omar Rositto
Secretario de Prensa - AGTSyP
(011)15-55735360
prensa@sindicatodelsubte.com.​ar
www.sindicatodelsubte.com.ar
facebook.com/prensadelsubte - twitter.com/prensadelsubte

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Murió en Bélgica general chileno antigolpista y víctima de la dictadura de Pinochet.

Mércoles, 18/04/12
Un general de la Fuerza Aérea de Chile que en 1973 se opuso al golpe que encabezó Augusto Pinochet y por ello fue condenado "por traición a la patria" en un consejo de guerra murió en Bélgica tras solicitar la aplicación de la eutanasia, según reveló hoy a Efe su hija Mónica. Aunque su fallecimiento ocurrió en Bélgica el pasado 25 de noviembre, se ignoraban hasta hoy las circunstancias en que murió Poblete, uno de los militares constitucionalistas que rechazaron el golpe contra el gobierno de Salvador Allende y por ello sufrieron la prisión, la tortura, el exilio y el despojo de su nacionalidad.

Poblete tenía el 93 años cuando falleció, después que su solicitud de eutanadia fue aprobada por un equipo de cinco médicos y un sicólogo, explicó su hija.
Agregó, en conversación con Efe desde Bélgica, que su padre optó por esa vía tras comprobar que padecía un cáncer generalizado, que ya no le permitiría continuar una vida activa:

"Él estaba grave, pero tenía todas sus facultades intelectuales intactas. Moralmente no quería verse disminuido ni que la familia lo viera en ese estado", explicó.

"Fue emocionante para mí, su hija, aceptar su pedido. Para mí y la familia era la primera vez que nos confrontábamos a la eutanasia", añadió.

Cuando los médicos aceptaron su pedido "fue también emocionante, pues desde ese momento supo que sus horas estaban contadas. Pudimos despedirnos de él. Toda la familia más algunos amigos estuvimos con él hasta el final. Partió tranquilo, fue muy doloroso para nosotros, pero nos dejo un mensaje de un hombre entero", remarcó.

En Chile a Poblete no le habría sido posible cumplir su decisión, puesto que la eutanasia está prohibida legalmente.

"Es una gran cosa que aquí en Bélgica exista la eutanasia, pues permite que los seres humanos en sufrimiento físico y moral puedan morir de manera digna", señaló la hija del oficial, que precisó que su padre se enteró de su cáncer sólo un mes antes de morir.

"Un mes antes de morir se quebró una pierna y entonces se supo que tenía un cáncer generalizado. Fue consecuente con sus ideas hasta el final de su vida", manifestó.

Indicó que su padre, a su edad, seguía reuniéndose especialmente con jóvenes belgas, a los que explicaba la importancia de respetar los derechos humanos. Participaba además en todos los actos y reuniones relacionados con el rechazo a las dictaduras y denuncia de sus crímenes.

Tras el golpe del 11 de septiembre de 1973, el general Poblete fue hecho prisionero y conducido a la Academia de Guerra Aérea, donde fue torturado, según testimonios, en presencia del jefe de la FACH y miembro de la Junta Militar, Gustavo Leigh.

Después fue recluido en la cárcel pública de Santiago, donde estuvo junto al general Alberto Bachelet, padre de la expresidenta Michelle Bachelet, en el momento en que éste murió a causa de la tortura.

En el consejo de guerra, contra los miembros de la FACH antigolpistas, el general Poblete fue condenado a 10 años de presidio, pero en 1975 se le conmutó la pena por el exilio y partió a Bélgica.

En 1977 la dictadura lo despojó de la nacionalidad chilena, que sólo recuperó en 2004, catorce años después de la recuperación de la democracia en Chile.

También desde Bélgica, el historiador chileno Jorge Magasich, autor del libro "Los que dijeron no" acerca del proceso a un centenar de marinos constitucionalistas, dijo a Efe que "hubo algunos episodios de su vida que me impactaron, como cuando por primera vez esquivó el cumplimiento de una orden.

Se le ordenó, recordó, en su calidad de comandante de un Ala (Departamento) de la FACH, enviar la lista de los suboficiales inscritos en cursos nocturnos o que estuviesen estudiando en universidades.

Esa orden, según Magasich, Poblete la interpretó como un plan de los golpistas para conocer a los suboficiales que a través de sus estudios estaban en contacto con civiles y podían ser partidarios de Allende.

El historiador lamentó que Poblete haya muerto "sin conseguir dos objetivos que deseaba ardientemente".

El primero, explicó, fue que se le restituyera la nacionalidad chilena tal como se le quitó: a través de un decreto publicado en el Diario Oficial, firmado por el presidente y todos los ministros.

"En 2004 el gobierno chileno le envió un pasaporte, pero evitó el aspecto simbólico de su demanda", recordó.

El segundo objetivo, era la anulación de la condena por "traición a la patria" pronunciada por el consejo de guerra.

Poblete se negó a asistir a los actos de reconciliación celebrados en los últimos años sin la revisión de las sentencias dictatoriales contra los militares constitucionalistas, señaló Magasich.

Añadió que esas condenas, se mantienen hasta hoy contra todos los soldados que respetaron la legalidad en 1973 y sugirió que los dos últimos deseos de Sergio Poblete "siguen pendientes y podrían ser concedidos de manera póstuma".

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A España y Repsol les salió el tiro por la culata.

Martes, 24/04/12
"Repsol es una de las peores empresas privadas del mundo". "Hace 5 años yo predije que Repsol sería sacada a patadas de América Latina". Pemex salvó de la quiebra el año pasado pasado a la petrolera española". El sexenio de Calderón es el sexenio de Repsol.
Alfredo Jalife
ENTREVISTA / caso Repsol - YPF - Argentina.
La medida de nacionalización de YPF, tomada por el gobierno de Cristina Fernández en Argentina el pasado 16 de abril, ha recibido respaldos de varios presidentes de la región.

España, por su parte, no consigió el apoyo del G-20 para castigar a la nación suramericana por la medida soberana contra Repsol. Mientras la francesa Total anuncia que puede aumentar producción de gas en el gigante suramericano.

En entrevista para el programa la Brújula del Sur (1), Alfredo Jalife (2), explicó que “El gobierno de España retrocedió cuando se dio cuenta que nadie el mundo los siguió, que las opciones (de las que disponía) eran limitadas y cuando las empresas estadounidenses salieron a buscar sustituir a Repsol (…) tampoco hubo solidaridad por parte de la Unión Europea para con Repsol”

Para el analista mexicano, Repsol es “una de las peores empresas privadas del mundo”, no obstante el gobierno de España salió en su defensa apresuradamente, descuidando en su análisis que “Argentina tiene cartas de represalias, tampoco está tan sola (…) hay muchos intereses españoles en Argentina. Iba a ser muy costosa para España una guerra financiera con el gobierno de Cristina Fernández (…) Si hubiesen buscado boicotear los productos agrícolas argentinos, no habrían sacado mucho y sus productos hubiesen ido a parar a otros mercados”

En la nueva geopolítica de la región Jalife observa que la solidaridad demostrada por los gobiernos de Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia, “fueron determinantes”.

Y agrega “Yo diría de casi toda Suramérica la respaldó, con la excepción patética de México (…) la posición de Colombia en nada se parece a la Felipe Calderón que fue totalmente grotesca”

La petrolera Repsol tiene muchos problemas financieros debido a sus malos manejos. Incluso el año pasado la para estatal mexicana Pemex, salvó a la española de la banca rota.

“Yo lo dije hace 5 años, que Repsol sería sacada de Latinoamérica a patadas. El único lugar del continente donde goza de canonjías es en México. Incluso yo llamo al sexenio de Calderón como el sexenio de Repsol”

En una semana el reino tuvo que modificar sus bravuconadas gracias a la soledad en la se vio internacionalmente. “Al gobierno español y a Repsol les salió el tiro por la culata ahora está pidiendo renegociar a ver si les dan lo que piden, cosa que yo no creo”



AUDIO completo de la entrevista a Alfredo Jalife

(*) Periodistas intragables
indiracarpio.blogspot.com @icarpio / ernestojnavarro.blogspot.com @ernestojnavarro

Para ampliar las informaciones:

(1) La Brújula del Sur es un programa que se transmite en la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad (albaciudad.org, @albaciudad, 96.3 FM) y Radio Rebelde (radiorebelde.info, @radiorebelde915, 91,5 FM), conducido por Ernesto J. Navarro y producido por Indira Carpio Olivo.
(2) Alfredo Jalife, es columnista del periódico mexicano La Jornada, analista y experto en Geopolítica, Globalización, Geoeconomía e Hidrocarburos. www.alfredojalife.com

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“Hay que expropiar el 100% de YPF”.

Miércoles, 25/04/12
Igual que desde varios sectores, Juan José Gonzalez de Proyecto Sur aseguró que es necearia la estatización de toda la empresa, no sólo el 51% del paquete accionario. Propuso además la participación de todas las provincias, de los trabajadores, usuarios y consumidores.
Foto archivo 8300web (Cecilia Maletti)
Después del histórico anuncio de la exporpiación del 51% de las acciones de YPF, se viene el momento de qué hacer con los recursos y plantear un plan de desarrollo.

El economista y referente de Proyecto Sur aseguró en La Palangana que la presidenta Cristina Fernández “se quedó corta” y que habría que “expropiar el 100% de YPF, al grupo Esquenazi y a los llamados accionistas del 17%”. “De todos modos es un paso positivo, es el comienzo de la reparación de la renta petrolera nacional“, sostuvo.

Como medidas de ahora en más propuso que el control sea social para lo que tendrían que participar todas las provincias, no solo las petroleras, los trabajadores, usuarios y consumidores.

“Hay que prohibir las exportaciones de petróleo y combustible. No puede ser que nos falte y las empresas como Repsol exporte”, agregó González.

También destacó que sería muy favorable limitar la cantidad de áreas que pueda tener cada firma. “Las empresas no deberían tener más de cinco áreas, y así evitamos el monopolio petrolero”, explicó.


Escuchá el análisis completo de González en La Palangana

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Exijamos rectificación.

Martes, 24/04/12
...deberíamos exigir una rectificación inmediata y categórica de su posición respecto a la decisión adoptada sobre la propiedad de Repsol en YPF. De no producirse tal rectificación deberían romperse inmediatamente la totalidad de vínculos y relaciones.
Exijamos rectificación a Comisiones Obreras

Las organizaciones obreras, democráticas y nacionalistas de América Latina deberíamos exigir a la dirección de Comisiones Obreras de España una rectificación inmediata y categórica de su posición respecto a la decisión adoptada por el gobierno argentino sobre la propiedad de Repsol en YPF. De no producirse tal rectificación deberían romperse inmediatamente la totalidad de vínculos y relaciones que las organizaciones sindicales de América Latina mantienen con CCOO.

Desde el 17 de abril y hasta el día de hoy 23 de abril se mantiene colocada en la página de internet de Comisiones Obreras un pronunciamiento en el cual “La Confederación Sindical de CCOO y su federación sectorial FITEQA … ha expresado su desacuerdo y rechazo a una medida que causará graves perjuicios a los accionistas, sobre todo a los pequeños accionistas, a los trabajadores y a la economía española…”. Luego de otro conjunto de consideraciones remata: “CCOO reitera su oposición a la decisión del Gobierno argentino, que califica de grave error, y evaluará los esfuerzos del Ejecutivo español y de la dirección de la empresa para defender los intereses sociales, políticos, económicos y jurídicos que están en juego.”. (El pronunciamiento completo puede verse en: www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:34269).

Más allá de cualquier valoración o interpretación que pueda tenerse sobre las motivaciones del gobierno de Cristina Fernández para retomar las acciones de Repsol, Comisiones Obreras debería partir del reconocimiento absoluto y pleno del derecho de un país soberano como Argentina a mantener el control de sus propios recursos naturales. Con su pronunciamiento la dirección de Comisiones Obreras se coloca abiertamente del lado de la defensa de una multinacional y del lado de un gobierno, el de Rajoy, que no solo desarrolla el más brutal ataque a los propios trabajadores españoles sino a los trabajadores del mundo a través del accionar de multinacionales con sede en España y a través de los planes políticos y económicos que impulsa y defiende en Europa y a nivel global.

La defensa de los derechos de los trabajadores, de los pueblos y naciones oprimidas y explotadas por el conjunto de la burguesía imperialista, de la cual la burguesía española hace parte, es absolutamente incompatible con la defensa de las multinacionales.

La solidaridad expresada abiertamente por las organizaciones obreras y sindicales de América Latina con los trabajadores españoles en la lucha contra los planes de sus gobiernos y del capital financiero mundial está teniendo como contrapartida y agradecimiento, parte de la dirección de Comisiones Obreras, el acto más vergonzoso y repudiable: colocarse del lado de su burguesía y su gobierno contra los intereses y derechos de los pueblos y naciones de América Latina de controlar sus propios destinos y decidir libremente sobre sus recursos y riqueza.


Juan Sánchez R.
Miembro de la Junta Nacional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios
ASPU – Colombia
Filial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) – Colombia

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Un fantasma amenaza al Hotel Bauen.

Miércoles, 25/04/12
El fantasma que amenaza al Hotel Bauen no es el de la tradicional sábana blanca. La amenaza se llama Mercoteles S.A., una verdadera empresa fantasma. Ésta es su historia. (parte 1)
El fantasma que amenaza al Hotel Bauen no es el de la tradicional sábana blanca. La amenaza se llama Mercoteles S.A., una verdadera empresa fantasma. Ésta es su historia.

Mercoteles S.A., la firma que dice ser la dueña del Hotel Bauen, no nació por generación espontánea: hay un largo camino detrás que comienza con el nacimiento del Hotel Bauen S.A. El mismo se construyó para la Copa Mundial de Fútbol Argentina 1978 con un crédito blando otorgado por la dictadura militar, a través del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), a Marcelo Iurcovich, un empresario con fluidos contactos con la Armada Argentina. El hotel se edificó en tiempo record pero el crédito nunca fue pagado.
En el medio, Bauen S.A. presentó balances y documentación falsa para cobrar los certificados de construcción. Como si fuera poco, Marcelo Iurcovich tenía un vicio: cambiar el nombre de su firma para que los empleados pierdan derechos y beneficios sociales, lo que originó una amplia red de empresas fantasmas que, entre otras cosas, lo ayudaron a evadir.
También acumuló una voluminosa deuda con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (G.C.B.A) en concepto de A.B.L. En 1997 anunció la venta del hotel al grupo chileno Solari S.A., en una operación cuanto menos dudosa, como detallaremos más adelante. Cuatro años más tarde Solari presentó la quiebra, Iurcovich ofreció devolver el dinero de la seña para que le restituyan la propiedad. La Justicia aceptó el ofrecimiento, pero Iurcovich nunca reintegró nada. Sorpresivamente en el 2004 la familia anunció que había vendido la propiedad a Mercoteles S.A.
Si la Justicia se hubiese encargado de investigar correctamente habría encontrado, sin demasiada dificultad, que entre Bauen S.A. y Mercoteles S.A. hay un íntimo hilo conductor: los mismos personajes que figuraron sucesivamente en los más altos puestos de Mercoteles S.A. son familiares de Marcelo Iurcovich o aparecen alternativamente como directivos o apoderados en las dos empresas. Es decir, las dos firmas tienen los mismos dueños.
Se podrá objetar que ser familiar de Marcelo Iurcovich no constituye delito alguno y es cierto, pero si se bucea en la historia del Bauen se encontrará, por ejemplo, que el recientemente fallecido Samuel Israel Kaliman, cuñado de Marcelo Iurcovich, que llegó a ser director suplente de Mercoteles S.A. al declarar ante el juez no supo decir:
· Quiénes integraban el directorio de Mercoteles (es decir no supo nombrar a sus propios compañeros de trabajo).
· No tenía idea de cuándo se reunía ese mismo directorio (o sea que no sabía qué días trabajaba).
· Se contradijo al decir que Mercoteles le había alquilado el hotel a la cooperativa B.A.U.E.N. y que esa entidad nunca pagó el alquiler. Ni siquiera pudo mostrar el contrato de alquiler, simplemente porque ese documento no existe. Apenas logró balbucear algunas frases desconectadas y la mayoría de ellas imprecisas y sin sentido.
Esto y muchas otras cuestiones que figuran en la causa judicial demostrarían claramente que Kaliman era un simple testaferro de Marcelo Iurcovich o, como se ha dicho, que Mercoteles es una empresa fantasma creada por la familia Iurcovich para recuperar el hotel sin tener que enfrentar a la Justicia.
¿Más pruebas? El actual presidente de Mercoteles S.A., Hugo Iurcovich, es el hijo y sucesor de Marcelo Iurcovich. Hugo, heredero de Bauen S.A., es el presidente de la empresa que reclama la propiedad del Hotel Bauen ¿Casualidad?
Mercoteles S.A. los orígenes:
Si se profundiza en la investigación se encontrará que Mercoteles S.A. se constituyó como sociedad el 20 de junio de 2001 con el aporte de 10.000 acciones de $10 cada una: un capital total de 100.000 pesos. Marcelo Gardella, ya se verá qué rol ocupa, suscribe cien acciones e integra el 25% del capital: o sea, doscientos cincuenta pesos en efectivo. Juan Carlos Hernández suscribe nueve mil novecientas acciones e integra otro 25%: 24.650 pesos, también en efectivo. Total del dinero aportado en moneda constante y sonante: $25.000 en efectivo.
El 75% restante de la capitalización podía ser satisfecho en dinero en efectivo, dentro de los dos años contados desde la fecha de inscripción del referido estatuto. Cinco días después, Mercoteles S.A. “compró” el Hotel Bauen valuado en $30.000.000. A partir de ahí no se le conoce ninguna actividad comercial o laboral.
Por si no se entendió: la empresa se constituyó con $25.000 y cinco días después compró el Bauen, valuado en 120 veces su capital. Resulta evidente el desfasaje entre el capital inicial y la supuesta operación. Esta venta recién fue anunciada el 10 de diciembre de 2004, cuando los trabajadores ya hacía rato que habían recuperado y puesto en marcha el hotel. ¿Por qué tardaron tanto en anunciar la venta? ¿Qué intereses ocultos impidieron anunciarla en tiempo y forma?
En el Acta Constitutiva de Mercoteles S.A. los recientemente mencionados figuran como:
· Presidente: Marcelo Hilario Gardella
· Director Suplente: Juan Carlos Hernández
Ambos personajes, con problemas en la Justicia argentina como en la uruguaya donde se los investiga por evasión fiscal y lavado de dinero. Más claro: Hernández tiene una causa por representar a una empresa off shore uruguaya que compró propiedades en Buenos Aires estando radicada en Chubut, en un intento de eludir a la Inspección General de Justicia (IGJ). (Resolución 8/03, 12/03 y 2/05).Gardella tuvo en Uruguay una causa por lavado de dinero.
Como se ha dicho, otro antecedente de peso es la costumbre de Marcelo Iurcovich de cambiar permanentemente la razón social de sus empresas, no solo para que los empleados pierdan beneficios sociales, sino también para evadir a la justicia. El caso más paradigmático es el de Poliequipos SAICIMSA, una empresa dedicada al mantenimiento y equipamiento de hospitales y cuyo principal cliente era el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El 30 de junio de 2005 en el Hospital Santojanni, de la Ciudad Autónoma, murieron tres personas. Habían dejado de funcionar todos los respiradores de terapia intensiva. El periodista Santiago O’ Donell investigo el caso y escribió en el matutino “Pagina/12”[1] que el hijo de uno de los fallecidos, Alberto Tromboli, puesto a investigar el tema comprobó que la empresa siguió prestando servicios bajo nombres diferentes. A saber: de Poliequipos pasó a llamarse Indaltec S.A.; de allí su nombre derivó a Divelux S.A. y posteriormente se transformó en Compañía Industrial de Mantenimientos y Servicios. Todas, absolutamente todas, eran de Marcelo Iurcovich y realizaban el mismo trabajo. Además del nombre de las firmas, el único cambio que realizó fue el letrero en la ropa de los obreros.
Basados en estos y otros elementos que sería largo seguir enumerando, queda expuesto el modus operandi de Marcelo Iurcovich, que se repite en los casos de Bauen S.A. y Mercoteles S.A., que se podría denominar como empresa fantasma, o lo que vulgarmente se dice “un helado de pollo”: ¡no existe!
Diferentes gobiernos - iguales medidas:
Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el Ministerio de Economía, a cargo de José Luis Machinea, implementó un plan de facilidades de pago mediante la Resolución Nº 831 del año 2000, por el cual se aprobó un plan de regularización de morosos para los deudores del ex BANADE, a cuya moratoria no se acogió la empresa BAUEN S.A. Así, queda registrado que no estaba entre sus intenciones cancelar la deuda contraída con el Estado.
Es importante recordar que BAUEN S.A. adeuda al Estado nacional al 12 de marzo de 2007, solo en virtud de la falta de pago de los préstamos otorgados por el BA.NA.DE, la suma de $8.616.524,87 de acuerdo a la última liquidación practicada en los autos "BAUEN SACIC C/ BANCO NACIONAL DE DESARROLLO S/CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN CREDITICIA"[2].
Asimismo vale la pena recordar que el 22 de febrero de 2001, también bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, la Justicia decretó la quiebra de la empresa Solari S.A., que hasta ese momento administraba el hotel. La causa comenzó a acumular pruebas y reclamos de los acreedores en el Juzgado Comercial número 9, secretaría 18, a cargo del juez Javier Dubois, en un proceso que culmina en diciembre de 2001, con la quiebra de Solari S.A.
El “socio” trasandino:
Solari S.A. había comenzado a comprar el inmueble del Hotel Bauen, en una operación por lo menos dudosa, (compró un edificio hipotecado, le dieron la posesión con solo el 10% del anticipo, cuando lo normal es del 25 al 30% y para ello suscribió un boleto de compra/venta frustrado: sólo pagó algunas cuotas a Iurcovich, quien reclamó ante el juez la nulidad del contrato).
Tras la quiebra, Iurcovich ofreció devolver los cuatro millones de dólares recibidos (de los 12 millones de dólares que cotizaba el total de la venta) a cambio de que la Justicia le restituyera el inmueble. El juez accedió al pedido, pero Iurcovich nunca pagó. Así las cosas, legalmente la propiedad no es de nadie: el que la compró no terminó de pagarla y el que la vendió no restituyó nunca lo cobrado al fondo de la quiebra. Semejante situación genera una indefinición legal sobre a quién le pertenece el inmueble. En el medio de ese proceso los trabajadores recuperaron el hotel de las cenizas, invirtieron más de cinco millones de pesos para ponerlo en funcionamiento, lo abrieron y lo recobraron para la comunidad, generaron puestos de trabajo y lo autogestionaron exitosamente, convirtiéndose así en sus legítimos propietarios.
En su sistemática campaña contra la Cooperativa B.A.U.E.N., Mercoteles S.A. y el doctor Gerardo Mario Palomero, indistintamente apoderado de Bauen S.A. y Mercoteles S.A., insisten en que el hotel no está habilitado y por lo tanto es un peligro para los pasajeros, los trabajadores y la sociedad. Sin embargo, por orden del juez Roberto Gallardo, en la causa “Cooperativa de Trabajo Buenos Aires (B.A.U.E.N.) contra GCBA sobre amparo (articulo 14 CCABA) expediente Nº 6774/1 del 17 de junio de 2005, el hotel fue habilitado y cuenta con las normas de seguridad necesarias para su normal funcionamiento.
Los hechos, hechos son:
Como la trama es compleja, éstos son, sintetizados, algunos de los hechos que nadie debería desoír en torno al hotel Bauen.
1976:El grupo Bauen – integrado en aquel momento por Marcelo Iurcovich, Gregorio Rubens, la empresa Poliequipos y Hoteles de Turismo– pidió al ex BANADE un crédito por 37 millones de dólares. Seis años después ese préstamo derivó en un juicio cruzado.
24/01/1977: Bauen SA presenta el certificado Nº1 de equipamiento y Nº1 de acopio y obra civil por las sumas de $ 31.147.632 y $ 224.150.380, cursándose los mismos el 03/02/1977 al BANADE. Aquí se descubre la doble contabilidad presentada por Bauen S.A[3].
31/10/1978: Bauen S.A. presenta al BANADE un balance falso. Sus deficiencias fueron informadas al Banco en la inspección del 27/07/1979 por una persona de nombre Sáez Rico[4].
07/03/1979: De sus obligaciones, Bauen S.A. cumplió con la que respondía al “Interés Público”: construir en plazo el hotel de cinco estrellas en la ciudad de Buenos Aires para el Campeonato Mundial de Fútbol 1978. No cumplió con la de amortizar el capital y los intereses, pues solo efectuó algunos pagos hasta el 07/03/1979[5].
27/03/1980: La firma Hoteles de Turismo declara que fue fundadora y accionista de Bauen S.A., retirándose ese día y transfiriendo sus acciones a Ramsay S.A., quien junto con Bauen S.A., Poliequipos S.A. y Corman S.A. forman un conjunto económico[6]
1980: El BANADE le inicia juicio a Bauen S.A. en demanda del pago de los créditos.
24/01/1997: Solari S.A. y Bauen S.A. celebran un contrato de compra-venta del edificio de la avenida Callao 360. El precio de la operación fue de U$S 12.995.000, y la posesión con el 10 % del precio pactado el 28/02/1997[7]
07/02/2000: La sociedad de origen chileno Solari S.A., se presenta en convocatoria de acreedores en el Juzgado Comercial número 9, a cargo del doctor Javier Dubois.
22/02/2001: La justicia decreta la quiebra de la empresa Solari S.A., que hasta ese momento administraba el hotel.
20/06/2001: Se inscribe ante la Inspección General de Justicia la firma Mercoteles S.A.
25/06/2001: Cinco días después de constituida (con $ 25.000) Mercoteles S.A. compra, sin desembolsar nada, el Hotel Bauen S.A. tasado en $30.000.000
28/12/2001: Se decreta la quiebra y cesa en sus actividades el Hotel Bauen.
21/03/20003: Los trabajadores toman el edificio con una sola consigna: “Ocupar, Resistir, Producir”. En ese marco, el juzgado resuelve otorgar la tenencia precaria por sesenta días a favor de la cooperativa Buenos Aires Una Empresa Nacional B.A.U.E.N.
17/06/2005: El juez Gallardo hace lugar a una medida cautelar y ordena al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dé curso al trámite de habilitación pertinente[8].
Mayo de 2006: La jueza Carla Cavaliere aprueba oficialmente la suspensión de la orden de clausura. Los trabajadores pueden entonces trasladarse dentro y fuera del hotel de forma libre y legal.
20/07/2007: La justicia, en primera instancia, determina que la empresa Mercoteles S.A. es la propietaria del Hotel Bauen. Les da un plazo de 30 días a los trabajadores para desalojarlo, medida que apelan.
20/05/2008: La justicia falla en segunda instancia a favor de Mercoteles S.A.
04/06/2008: La diputada Victoria Donda presenta un proyecto de Ley de Expropiación del Hotel Bauen.
21/04/2009: Los trabajadores presentan un recurso de queja, rechazado en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones[9].
05/07/2011: La Suprema Corte de Justicia falla en contra de los trabajadores del Bauen y a favor de Mercoteles S.A., a quién reconoce como la propietaria del inmueble.
19/04/2012: La jueza Paula Hualde cita a Cooperativa B.A.U.E.N. y a Mercoteles S.A. a una reunión de conciliación. Como no hubo acuerdo propone una nueva entrevista, sin designar fecha.
El Hotel Bauen nació con una marca de clase. A raíz de un acontecimiento histórico, diciembre del 2001, se convirtió en un símbolo. Por ello vale la pena preguntarse: ¿A quién corresponde seguir manejando su destino: a una empresa que, como quedó demostrado, es la continuidad de los que vaciaron, quebraron y abandonaron el hotel, o a sus trabajadores que de la nada y de las ruinas lo transformaron en un espacio para toda la sociedad?
Los empleados no recuperaron el hotel para sí, sino que lo transformaron en un punto de encuentro para toda la comunidad. Los trabajadores de Cooperativa B.A.U.E.N. esperan que aquellos que son los representantes del pueblo, se pongan los pantalones largos y de una buena vez pongan fin a nueve años de luchas e incertidumbres. Sería importante que al momento de votar la Ley de Expropiación, los diputados tengan en cuenta cada uno de los hechos aquí expuestos, para no legalizar con su voto el fraude de Mercoteles S.A. corresponsable del vaciamiento y quiebra del Hotel Bauen.


Será Justicia!

[1]Santiago O’ Donnell: Poliequipos la nave insignia del Grupo Iurcovich. Página/12, 21 de agosto de 2007.
[2]Extraído del proyecto de Ley de Expropiación de la diputada Victoria Donda.
[3]Extraído del proyecto de Ley de Expropiación de la diputada Victoria Donda.
[4]Demanda Bauen SACIC contra Banco Nacional de Desarrollo. Respuesta de la demanda.
[5]Causa Nº 8641 Bauen SACIC contra Banco Nacional de Desarrollo sobre cumplimiento de operaciones crediticias.
[6]Sentencia en la causa caratulada “Hoteles de Turismo SA contra sindicato de Luz y Fuerza – Capital Federal .Sobre retractación de oferta”.
[7]Camilo Rascado Fernández – Carlos Aguilar Pinedo: Solari SA. Concurso preventivo. Informe General, Art. 39. Ley 24.522.
[8]Extraído de la causa judicial Cooperativa de Trabajo Buenos Aires (Bauen) contra G.C.B.A. sobre amparo. Expediente Nº 6774/0.
[9]Del expediente judicial Solari S.A. sobre quiebra.
www.kaosenlared.net por Guillermo Berasategui

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El Senado debatirá hoy el proyecto que impulsa el retorno de YPF a manos del Estado.

Miércoles, 25/04/12
A partir de las 10, la Cámara Alta debatirá la iniciativa, que declara la "utilidad pública" de los recursos hidrocarburíferos y la expropiación del 51% de las acciones de YPF, iniciativa que cuenta con el apoyo mayoritario de los distintos bloques políticos.
El Senado debatirá el proyecto de ley que declara la "utilidad pública" de los recursos hidrocarburíferos y la expropiación del 51% de las acciones de YPF, iniciativa que cuenta con el apoyo mayoritario de los distintos bloques políticos. Por ese apoyo se descuenta que obtendrá la media sanción y será girado de inmediato a Diputados.

La sesión especial, convocada para las 10, tendrá como único tema la expropiación de las acciones actualmente en poder de la empresa española Repsol y hasta el momento están anotados 35 oradores para exponer su opinión al respecto.

El senador nacional Aníbal Fernández (FpV), quien será hoy el miembro informante del oficialismo como presidente de la citada comisión en el debate, afirmó que será "una jornada histórica" al tratar el Senado el proyecto del Gobierno.

En paralelo al avance del proyecto a nivel legislativo, la intervención en YPF -encabezada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof- avanzan en la concreción de reuniones con directivos de petroleras nacionales e internacionales, con el fin de analizar proyectos de inversión de la compañía para producir gas y petróleo, tanto convencional como no convencional.

La iniciativa legislativa, que cuenta con el apoyo de la bancada oficialista y de algunos bloques de la oposición, como el radicalismo y el FAP, también impulsa la expropiación de la firma YPF Gas, principal productora a gas en garrafas, también controlada por la española Repsol.

Tanto el Frente para la Victoria, como el radicalismo y el FAP votarán a favor de la expropiación de YPF. A estos se sumarán algunos dirigentes del peronismo disidente como la salteña Sonia Escudero, Carlos Reutemann, Roberto Basualdo y el pampeano Carlos Verna.

En tanto, ya adelantaron su voto negativo los peronistas puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, así como el salteño Juan Carlos Romero.

El proyecto declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., a YPF Gas, sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta".

Las acciones sujetas a expropiación se distribuirán del siguiente modo: "un 51 por ciento pertenecerá al Estado Nacional y el 49 por ciento restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI)".

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Contaminantes en niños en Bahia Blanca y La Plata.

Miércoles, 25/04/12
Los niños que viven cerca de la planta petroquímica tienen más incidencia de asma y más síntomas respiratorios como disnea, tos nocturna, y rinitis, así como disminución funcional de los pulmones en relación a niños que viven en otras zonas.

Durante más de dos años, un grupo de trabajo dirigido por el Dr Andrés Porta realizó un proyecto desde BIOS para evaluar la incidencia de la calidad del aire en el desarrollo de patologías respiratorias en la población infantil de dos distritos del territorio bonaerense y transferir los resultados obtenidos a los actores públicos y sociales claves en las definiciones sanitarias y ambientales regionales.

Los resultados obtenidos luego de dos años de trabajo, son preocupantes, ya que los niveles observados son similares a los hallados en La Plata antes de las mejoras que se realizaron en la industria entre 2007 y 2010, cuando el equipo técnico observó un importante compromiso respiartorio, prevalencia de asma y alergias. En el caso de Bahia Blanca, el aporte vehicular resultó un peligroso agregado.

QUE SE HALLÓ.

Los valores de compuestos orgánicos volátiles en La Plata de alcanos y compuestos aromáticos prevalecen, mientras compuestos clorados, cetonas y terpenos presentan niveles comparables entre La Plata y Bahía Blanca.

Otros resultados del trabajo han demostrado, en referencia a las zonas residenciales, que los niveles de alcanos y compuestos aromáticos son superiores en La Plata, invirtiéndose la relación para compuestos clorados, cetonas y terpenos. Respecto del material particulado, se observa en todas las zonas un predominio de los valores en Bahía Blanca por sobre los de La Plata.

IMPACTOS EN LA SALUD.

La contaminación del aire representa una amenaza importante para la salud pública en todo el mundo. La exposición crónica a contaminantes relacionados al tráfico vehicular y la industria química y petroquímica, tales como material particulado (MP), compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y gases inorgánicos (SO2 y NOx), produce efectos adversos al desarrollo y la función pulmonar, además del incremento de la morbilidad respiratoria, expresada frecuentemente en término de diagnóstico de asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), e incremento de la mortalidad principalmente en niños. Los estudios de función pulmonar en niños de la región se realizaron mediante la prueba espirométrica, seleccionando al azar los niños entre 6 y 12 años. Se realizaron 211 espirometrías por triplicado, 17 espirometrías en Bahía Blanca y 194 en La Plata.

QUÉ PUEDE HACERSE PARA REDUCIR EL RIESGO.

Los niveles de VOCs y PM en la Plata disminuyeron sensiblemente en los ultimos 4 años, luego de una efectiva acción del organismo de regulación, merced a los datos de varios años de monitoreo y la publicación de los datos obtenidos por parte del equipo de trabajo en La Plata.

En Bahia Blanca existe un acuerdo entre la Muncipalidad y las empresas del Polo Petroquímico para monitorear la contaminacion. Estos resultados muestran que los valores son importantes siendo necesario tomar medidas urgentes de proteccion para los habitantes.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales, sería fundamental poder hacer mas espirometrías para que los datos incrementen la validez estadistica, así como nuevos monitoreos de material particulado. Esa combinación (espirometrías + material particulado) en La Plata permitió demostrar las consecuencias de la contaminacion para la salud infantil, con estudios menos invasivos que las tomas en sangre.

El control de los niveles de material particulado es sumamente importante, dada la asociación directa entre éstos y el incremento tanto de enfermedades respiratorias como de mortalidad.

Las familias de los niños que participaron en este proyecto se han manifestado preocupadas, asi como dispuestas a participar de todo cuanto pueda redundar en la mejoría de la salud y la calidad de vida de sus comunidades. BIOS agradece profundamente a todos ellos y al FPLA que posibilitó técnicamente el trabajo, y espera se asuman las responsabilidades y se realicen las acciones para solucionar el problema.

Contacto para notas:
Dr. Andrés Porta, BIOS – Doctor en Ciencias Bioquímicas, Profesor Adjunto Ordinario de Química Analítica, Investigador Independiente, CIC. Dir. del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, UNLP. (0221) 15-5341384 aaporta@yahoo.com.ar


www.bios.org.ar
www.renace.net

Contaminantes en niños...

Notas relacionadas:

Contaminación en Petrobras Bahía Blanca.
Bahía Blanca: Censo de salud en Ing. White.
07/09 | Curso sobre Metodologías de estudio de impacto ambiental y territorial (con énfasis en estudios de caso transdisciplinarios).
No a la venta de las tierras de la Universidad Nacional de La Plata a Repsol – YPF y al Consorcio Puertos La Plata.

También hay pingüinos con petróleo en Mar del Plata: recuperan a casi 50.

www.opsur.org.ar

















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martes, 24 de abril de 2012

Judicialización contra las cooperativas autogestionadas

Lunes, 23/04/12
Petitorio por el desprocesamiento de Jerónimo Altschuler

Los abajo firmantes queremos manifestar nuestro repudio a la persecución política que sufre Jerónimo Altschuler, uno de los referentes del Frente de Organizaciones en Lucha y de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados (A.G.T.C.A.P).
Nuestro compañero
De acuerdo a lo que aparece en la causa, Jerónimo Altschuler es denunciado por nada más y nada menos, que el Secretario de Empleo ENRIQUE DEIBE por "acciones amenazantes que tienen carácter coactivo y ejercen presiones que atentan contra el normal funcionamiento de los organismos públicos". Bajo estos términos resulta ser entonces, que miles de trabajadores sin patrón cuyo salario no se acerca ni al mínimo vital y cuyos derechos laborales son hace años postergados, son una amenaza para el normal funcionamiento de inacción de este organismo público.


De esta manera corroboramos que desde las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo en lugar de brindarnos una solución a nuestro reclamo de continuidad en la línea 1 del PTA, nos incian causas judiciales para evitar las demandas de nuestro sector.

Cada semana nos encontramos con nuevos casos de criminalización de la protesta a lo largo de todo el país. Cada vez son más duros los métodos represivos hacia los trabajadores y el pueblo por parte de las distintitas fuerzas de seguridad del Estado, y siempre en detrimento de los abajo y en beneficio de unos pocos.
A poco tiempo de aprobada la nueva Ley Antiterrorista, impulsada desde este gobierno y luego de las denuncias por espionaje a militantes contra gendarmería, a través del Proyecto X; hoy siguen intentando, más que nunca, hostigar y disciplinar a todos aquellos que peleamos por trabajo, vivienda, salud y educación, a todos aquellos que luchamos por nuestros derechos, contra la explotación y las distintas formas de opresión.

Hacemos responsable a las autoridades del Ministerio de Trabajo, al Ministro Carlos Tomada y al Secretario de empleo Enrique Deibe de querer criminalizar a las cooperativas que desde el año 2001 a esta parte, hemos defendido y generado puestos de trabajo para los sectores más postergados de nuestro país.

Hace más de diez años que venimos luchando por condiciones dignas para trabajar y por recuperar nuestros derechos sociales y laborales , sin embargo la respuesta estatal que recibimos es el inicio de causas judiciales a nuestros delegados.

La causa contra Jerónimo Altschuler actualmente se encuentra en la Fiscalía Federal N 4 a cargo de Carlos Stornelli.

Exigimos el desprocesamiento de nuestro compañero Jerónimo Altschuler, así como el de todos los compañeros y compañeras procesados/as por luchar, que ya sumamos más de 5.000. Llamamos a salir a las calles a denunciar los métodos represivos que acompañan el ajuste y la precarización de la vida en beneficio de los sectores empresariales.

Sabemos que el único camino para construir un verdadero cambio social es la lucha, y ese camino no lo hemos de resignar.


Contactos:
Marianela Navarro: 11-55847642/ Leandro Pintos: 11-55847657

Adhesiones a: fol.comunicacion@gmail.com

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El socio que quedó contra las cuerdas

Lunes, 23/04/12
Sebastián Eskenazi tuvo en diciembre una reunión con la Presidenta donde ésta le recriminó el desempeño de YPF. Cuatro meses después quedó afuera de la empresa, con un paquete accionario desvalorizado y un horizonte financiero incierto
La primera señal de alarma se activó después de las elecciones presidenciales. Sebastián Eskenazi, el ahora ex CEO de YPF, tenía diálogo cotidiano con Cristina Fernández de Kirchner, pero luego del histórico triunfo de octubre se le empezó a dificultar el contacto con la Casa Rosada. La relación se tensó aún más luego de que en noviembre el directorio aprobara la distribución y el giro de dividendos, pese a la oposición del representante estatal en la firma. La propia Presidenta le confirmó a Eskenazi el malestar oficial al recibirlo en la Quinta de Olivos a fines de diciembre. En ese encuentro reservado, que se extendió por dos horas, la mandataria cuestionó el desempeño de la compañía en duros términos y le dijo que YPF iba a tener que hacerse cargo del costo creciente que suponía la importación de combustibles. El empresario salió de la reunión preocupado. Por entonces, ya sospechaba que el Gobierno estaba analizando tomar el control de YPF. Incluso había hecho consultas legales con jueces cercanos y hasta con un ministro de la Corte Suprema. Sin embargo, no se imaginó que en menos de cuatro meses el Grupo Petersen estaría afuera de la empresa, con un paquete accionario desvalorizado y un horizonte financiero incierto. Por eso, a los pocos días igual se fue de vacaciones a Uruguay.

El avance oficial sobre la compañía sorprendió a Eskenazi todavía en las playas de Punta del Este. El Gobierno hizo público su malestar el 16 de enero, cuando denunció a cinco petroleras por cobrar sobreprecios en la venta de gasoil a granel. Ese día, el ministro de Planificación, Julio De Vido, aprovechó también para pedirle a YPF un incremento de la inversión. “Necesitamos la puesta en valor del combustible para que los anuncios de nuevos descubrimientos no sirvan sólo para que la empresa obtenga una ganancia financiera”, afirmó. YPF respondió dos días después a través de un comunicado donde calificó como “injustificada” la denuncia por cartelización, pero no hizo mención al reclamo de De Vido.

El miércoles 25 de enero fue la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner la que se puso al frente del reclamo. “No olviden que las dueñas del subsuelo son las provincias, las empresas petroleras son apenas concesionarias (…). No se puede volver a la época del Virreinato, donde se llevaban todo y no dejaban nada. Creo que es bueno que sepan que han pasado esas épocas y que es necesario reinvertir en el país”, sostuvo en el primer discurso que dio luego de su licencia médica. Después de aquella intervención, a la conducción de YPF ya no le quedaron dudas de que el Gobierno analizaba una posible renacionalización de la empresa.

El fantasma de la estatización de YPF siempre preocupó a la conducción de la compañía. Ellos sabían que Néstor Kirchner había evaluado esa posibilidad cuando fue presidente, conocían las simpatías que generaba el tema en numerosos cuadros medios del gobierno e incluso periódicamente tenían acceso a encuestas donde una amplia mayoría de la población se manifestaba a favor de la nacionalización. En mayo del año pasado, el Grupo Petersen estuvo a punto de cancelar la compra de otro 10 por ciento de la empresa, operación que elevó su participación al 25,46 por ciento, porque la familia Eskenazi era consciente de que los dólares habían comenzado a escasear en el país y cualquier cortocircuito con el Gobierno los podía dejar muy expuestos. Lo único que hizo el discurso presidencial fue confirmar esos temores y obligar al presidente de Repsol, Antonio Brufau, a involucrarse personalmente en la negociación, dejando a los Eskenazi en un segundo plano.

Brufau se reunió con De Vido y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el lunes 6 de febrero para tratar de recomponer la relación, pero el resultado no fue bueno. El propio De Vido se los dijo a los gobernadores de las provincias petroleras el jueves 9 de febrero en el encuentro donde los mandatarios y el gobierno nacional empezaron a diseñar la quita de concesiones. El ejecutivo catalán volvió al país el 23 de febrero para una reunión de directorio donde también hubo problemas con el gobierno porque el representante estatal denunció que no lo dejaron entrar porque iba junto al viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Energía, Daniel Cameron. El tercer viaje fue a fines de ese mismo mes, cuando recrudecieron los temores sobre una posible intervención de la compañía. Entonces llegó junto al ministro de Industria de España, José Manuel Soria, para reunirse con De Vido y Lorenzino, pero tampoco hubo avances. Pese a ello, tanto Brufau como Eskenazi todavía creían que la relación se podía recomponer.

El 21 de marzo la evaluación de la cúpula de la empresa cambió. El directorio de YPF propuso ese día no distribuir los dividendos correspondientes a 2011, como reclamaba el Gobierno, y capitalizar a la compañía. De ese modo, la petrolera se comprometía a no demandar dólares en el mercado cambiario ni, obviamente, a girarlos al exterior. El anuncio ponía en crisis el acuerdo societario que había sellado el ingreso de Eskenazi a la compañía, pues éste se había endeudado en más de 3500 millones de dólares para comprar las acciones y venía pagando esos papeles con el dinero proveniente de los dividendos, siendo la propia Repsol uno de sus principales acreedores. Era una apuesta fuerte, pero el director estatal se opuso. “La capitalización no asegura que la plata se invierta donde tiene que ser invertida”, sostuvo Roberto Baratta. Brufau y Eskenazi concluyeron entonces que si el Gobierno rechazó esa idea fue porque ya había decidido tomar el control de la empresa y el desembarco era sólo una cuestión de tiempo.

Finalmente, el lunes pasado el desembarco se concretó, dejando al Grupo Petersen en una situación financiera muy delicada. Los Eskenazi conservan sus acciones, pero todavía deben cerca de 2800 millones de dólares y el Gobierno ya adelantó que en los próximos años el reparto de dividendos será mínimo para priorizar la inversión. Sin un flujo de ingresos que garantice el pago de esos papeles, lo más probable es que terminen en manos del pool de bancos acreedores, de Repsol o de algún nuevo inversor que le compre su paquete. El próximo vencimiento de deuda es en mayo, aunque los Eskenazi apuestan a refinanciarlo hasta que se termine de definir cómo quedará la nueva YPF.

Luego de su intervención protagónica en el Congreso, varios analistas identificaron a Axel Kicillof como el autor intelectual del proyecto de ley de expropiación. Sin embargo, cerca de los Eskenazi creen que la idea fue gestada por el ministro Julio De Vido, con el asesoramiento de Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas de Carlos Menem.
Fernando Krakowiak | Página/12

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Indulgencias y petróleo

La guerra por YPF: los soldados de las Cruzadas eran eximidos de todos sus pecados anteriores, ¿los luchadores del modelo gozarán del mismo privilegio?
Lunes, 23/04/12
“Todo lo que él rechazaba, yo lo rechazo, lo que él condenaba, yo lo condeno, lo que él amaba, yo lo abrazo, lo que él consideraba como verdadero, yo lo confirmo y apruebo”. Decía en 1088 Urbano II honrando a su antecesor Gregorio VII, “Vamos por todo.”

El Papa no se limitó a garantizar su apoyo a los gobernadores bizantinos, pronto concibió la idea de arrebatar YPF y el resto de Tierra Santa en un proceso en el que todo aquel que participase vería perdonados sus pecados y sería recompensado a su llegada a Palestina con las fértiles tierras de ésta, ricas en leche, miel, soja y petróleo.

Cuando preguntó a los asistentes al Patio de la Mujeres de la Casa Rosada si pondrán su espada al servicio de El, toda la audiencia contestó con un sonoro ¡Il le veut! (¡El lo quiere!).

Godofredo de Luis Guillón, Balduino de Santa Cruz, Roberto I de Palermo viejo y Raimundo de Quilmes, entre otros cruzados, llegaron a Constantinopla y tomaron Nicea.

El murió antes de recuperar YPF, los cruzados Godofredo, Balduino, Roberto I de Normandía y Raimundo, llegaron a Jerusalén y finalmente a Puerto Madero donde se hicieron del 51% de las acciones de YPF.

El murió 14 días antes de que los cruzados pudieran superar las defensas musulmanas y tomaran definitivamente Tierra Santa.

Al mediodía, después de la batalla, Ella dijo: “Lo único que lamento es que El no pueda….(llanto) yo creo que de algún lado nos está viendo, me gustaría que nos estuviera mirando..(sollozo) porque El siempre soñó con recuperar YPF para el país, siempre.” Aplausos.

Las indulgencias papales son otorgadas de hecho, los cruzados no deben rendir cuentas por sus delitos o pecados. Participar en la gesta pone a estos valerosos creyentes lejos del alcance de la justicia por bula papal de Urbano II.

La indulgencia es la remisión ante dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados, que se obtiene por mediación de la iglesia.

Tenemos Patria

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El dato es que no hay datos.

Lunes, 23/04/12
La ausencia de estadísticas oficiales, reglas del juego poco claras y las dificultades en acceso a la información acentúan la polarización.
Toda competencia deportiva requiere de ciertas reglas por todos conocidas para poder desarrollarse y llegar a buen término.
Del mismo modo, los índices de inflación, datos duros confiables o marcos legales son la base necesaria imprescindible para que se llegue a algún consenso o acuerdo.
Desde hace un tiempo, y como nunca antes, se nos impide a los periodistas y, por ende, a la sociedad toda, el acceso a la información de los datos estadísticos o de cualquier índole que reflejen la actividad estatal: licitaciones, presupuestos, gastos de las reparticiones, listas de empleados, salarios, etc.
Las reglas y hasta el tamaño de la cancha son alterados de manera errática y con un plan inescrutable que parece ser dictado por los humores o las necesidades coyunturales.
Muchos funcionarios e intelectuales, quienes paradójicamente siguen llamando “El Proyecto” a este proceso, no se animan a emitir sus opiniones o a identificar a los problemas públicamente. Tal vez porque teman que luego puedan ser desmentidos desde la Rosada a partir de una decisión impensable en el pasado reciente.
La carencia de datos duros confiables y aceptados por todos exacerba la subjetividad. Las discusiones se transforman en disputas entre fanáticos de dos clubes de fútbol que interpretan un accidentado penal.
El dato es que no hay datos.
En los once documentos de Carta Abierta (el grupo de intelectuales que apoyan al Gobierno) no aparece un solo dato duro o estadístico. Tampoco cuando hablan de monopolios o poderes concentrados los identifican con nombre y apellido.

Pero como es imposible hablar de logros sin decir alguna cifra, podemos escuchar casi semanalmente a nuestra Presidenta tirando números y aseveraciones difíciles de verificar.
“Construimos 1.250 escuelas nuevas”. “Nadie construyó más escuelas quenosotros”. Las 1.250 escuelas son en realidad 1.050 y no son todas nuevas. El 65% preexistían y fueron trasladadas a construcciones nuevas y algunas sólo fueron refaccionadas de alguna forma. Esa cifra aparentemente impresionante, si fuera cierta,es insuficiente para cubrir las necesidades educativas y fue triplicada en el período 1984/1994 en el que se construyeron 5.000 nuevas escuelas.
Uno de los ejemplos más interesantes respecto de las cifras oficiales con las que se construye “el relato” lo podemos encontrar en la Formosa de Gildo Insfrán.
Esta Provincia acusa 2,2% de desocupación. Un dato envidiado por países como Noruega y Finlandia que pertenecen, tradicionalmente, al grupo de los de menor desocupación del planeta. Ellos tienen tres veces más desocupación.
Quien haya tenido la oportunidad de viajar por las tierras del vinal y los yacarés sabe que puede ser que la Provincia esté mejor en algún aspecto que 20 años atrás, pero deberá contener la risa si piensa en el índice ostentado por el Gobierno por respeto a los miles de niños y ancianos que mueren todos los años por problemas de nutrición, falta de agua potable o enfermedades curables.
Para teatralizar un poco la situación, me imagino la siguiente escena: una apacible tarde de otoño a las orillas de un río del sur, un conocido constitucionalista vestido con impecable equipo de color caqui intenta pescar con una liviana caña deportiva una trucha arcoiris.
A unos metros de distancia, un lugareño con una gruesa caña, un cordel anudado en la punta, un anzuelo encarnado en su extremo con un pedazo de salamín.

-Eso no es correcto -dice en voz baja el constitucionalista-. Esa forma de pescar no es justa para el pez, la caña debe ser más fina, no se debe usar carnada. El pez debe tener la chance de escapar, de pelear en igualdad de condiciones.
-Yo no estoy haciendo deporte, señor. Tengo que alimentar a mis 5 hijos-le responde el lugareño al tiempo que pega velozmente con un palo corto a la trucha en la cabeza para guardarla en su bolsa.

Y mientras ambos discuten sobre cómo debe pescarse, aparece repentinamente un camión de la Presidencia de la Nación con un cartel que dice “Pescado para todos”.
Se bajan dos jóvenes de la Cámpora, y sin decir agua va, tiran dos cartuchos de dinamita al río. Tras la explosión, cientos de peces muertos quedan flotando.
Los recogen, los cargan en cajones al vehículo y se van hacia el pueblo cercano a repartir el pescado.


* Texto completo de nota publicada en Clarín el 21/04/2012

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“Investigaremos los daños ambientales”

Lunes, 23/04/12
Francisco “Paco” Pérez aseguró que Repsol ya tenía una demanda penal por contaminación en la localidad de Luján de Cuyo, pero afirma que ahora realizarán un análisis integral de todos los pozos. Además, afirmó que hay compañías interesadas en invertir

El gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, afirmó en diálogo con Página/12 que en los próximos días comenzarán a investigar los potenciales “daños ambientales” dejados por Repsol-YPF. La compañía ya cuenta con una demanda penal por contaminación en la localidad de Luján de Cuyo, donde opera su refinería. El gobernador sostuvo además que va a discutir con los otros gobernadores qué hacer con las concesiones que se le habían quitado a la compañía. Tras una gira por Dubai y los Estados Unidos, el mandatario asegura que hay compañías petroleras que quieren invertir en el país.

–¿Qué cambiará a partir de la recuperación del control de YPF por parte del Estado nacional y las provincias?

–Esto fue una decisión estratégica soberana que tiene que ver con dos ejes principales. Por un lado, está la cuestión del federalismo, ya que en el nuevo armado de la compañía (e incluso en el Consejo Federal) tendrán lugar las provincias productoras de hidrocarburos. Y en segundo lugar, podremos sentarnos en el directorio de la empresa y tener una participación activa en la toma de decisiones. Es una intervención inteligente, que apunta al mejor diseño de las políticas hidrocarburíferas que necesita el país. El proyecto que presentó la Presidenta fue el resultado de un trabajo conjunto con las provincias, donde ella nos fue marcando la pauta de cómo debía ser la nueva compañía. Ahora podremos diseñar en conjunto la política de expansión en la producción y comercialización del crudo y sus derivados.

–Durante su presentación en el Senado, Julio De Vido y Axel Kicillof sostuvieron que YPF posee en su haber una serie de pasivos ambientales que incidirán (negativamente) en la valuación final de la compañía. Incluso mostraron ejemplos puntuales de Mendoza. ¿Cuál es la situación ambiental en su provincia?

–En la etapa previa al conflicto con Repsol-YPF habíamos realizado una denuncia penal contra la compañía, en la zona de Ugarteche, una localidad de Luján de Cuyo. Ahora investigaremos los daños ambientales que dejó la empresa. Tenemos que ver realmente cuál es el estado de la compañía, cuál es el grado de operatividad de los pozos, cuáles están fuera de funcionamiento o parados. Debemos hacer una radiografía de la compañía para saber dónde estamos parados.

–Otro de los temas que surgen de los fundamentos del proyecto de ley tiene que ver con la política de precios alrededor de las naftas y una derivación de la producción hacia los combustibles más caros en detrimento del gasoil. ¿Esta situación se daba en su provincia?

–La refinería tenía capacidad ociosa porque no les llegaba el crudo –que ellos mismos extraen– para proveer a las catorce provincias a las cuales llegaban desde Mendoza. YPF aplicaba una política de desabastecimiento en todas las jurisdicciones. Por eso debemos cambiar la política de comercialización. En Mendoza, 18 departamentos no cuentan con estaciones de bandera, en otras tantas no se mejoró el cupo de abastecimiento en años, cuando el precio creció fuertemente. Su política de comercialización monopólica provocó el cierre de muchas estaciones de servicios, sobre todo a partir de la diferenciación en los precios; las inversiones de la destilería apuntaban a las naftas premium en detrimento de los combustibles que necesitaban desde la industria o la producción agropecuaria. Todas estas cuestiones no podían objetarse en la mesa del directorio. Era más importante para el país invertir en nuevos pozos que en naftas premium, que no son las que mueven la economía del país.

–¿Qué va a pasar con las áreas que le quitaron a YPF? ¿Fue una estrategia para disminuir el valor de la empresa antes de la expropiación?

–Vamos a tener que discutir este tema en coordinación con las provincias. Algunas se adelantaron y licitaron nuevamente las áreas. Nosotros quitamos dos concesiones, y a partir del desarrollo de la nueva YPF analizaremos el futuro de esos pozos. En realidad, la quita de las concesiones fue una estrategia mancomunada para no provocar, de golpe, ningún cambio estructural. Primero realizamos varios llamados de alerta y como la empresa hizo caso omiso a los mismos, se tomó la decisión de enviar un proyecto de ley al Congreso. Hace casi dos semanas, (Antonio) Brufau me llamó porque quería mostrarme el plan de inversiones de la compañía. En esa conversación le dije que primero debía retrotraer los precios de las naftas que habían aumentado dos veces en 72 horas. Eran sus últimos manotazos de ahogado, ya que antes no se había mostrado tan propenso a invertir.

–Una posibilidad que se estuvo barajando antes del anuncio del proyecto es que cada provincia, a través de sus empresas públicas de hidrocarburos, pueda explotar esas concesiones. ¿Sigue en pie esa idea?

–Todas las provincias trataremos de trabajar en una misma línea, en lo conceptual, pero hay que ver la característica de cada región. No es lo mismo Mendoza, que tiene una destilería, que Salta o Jujuy. Tampoco es lo mismo el tipo de crudo que se extrae de Neuquén que el que se saca en esta provincia. La situación varía en cada jurisdicción. También es diferente la situación gremial. Por lo tanto, primero trabajaremos por YPF y luego cada provincia analizará cuál es el mejor escenario para las empresas provinciales del sector.

–La semana pasada estuvo en Dubai, Nueva York y Washington. Habló de la situación de YPF con empresarios. ¿Están preocupados por la situación o interesados en invertir en el país?

–Ambas cosas. Pero la preocupación deviene una posibilidad de inversión, cuando se entiende bien el porqué de la medida. Los empresarios están interesados en saber cómo sigue esta nueva etapa en la vida de YPF. La retirada de Repsol genera la posibilidad de que ingresen nuevos jugadores. Incluso, varias empresas ya lo venían manifestando. En Mendoza entró recientemente una compañía alemana. Pudimos transmitir estos ejemplos. Hay muchas empresas líderes de Europa que perciben que en el país no hay turbulencias, como nos quieren hacer creer. El proyecto de ley apunta contra Repsol (por ser quien controlaba a la compañía) pero no se mete con el resto de las inversiones que hay en el sector. El proyecto en cuestión deja bien en claro que están abiertas las puertas para que haya joint ventures con otras compañías.

–¿Y tras su paso por Washington escuchó cuestionamientos del gobierno norteamericano?

–No ha existido ninguna declaración en ese sentido. Fueron los exabruptos del canciller de España los que cayeron mal en el gobierno de Estados Unidos. El funcionario se reunió con Hillary Clinton y dijo que tenían el apoyo de ellos para llevar adelante acciones contra la Argentina, pero en realidad nunca existió una declaración oficial norteamericana. El gobierno estadounidense no habló demasiado del tema y eso molestó al canciller español. Hay un dato clave para entender esta situación. Las principales empresas norteamericanas ya invierten en el país y están interesadas en continuar en esa línea, como Exxon o Apache, que es líder en el desarrollo de los pozos no convencionales, como es el caso del yacimiento Vaca Muerta en la cuenca de Mendoza y Neuquén.

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Sebastián Premici | Página/12

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viernes, 13 de abril de 2012

Circuito CAMPS

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martes, 10 de abril de 2012

JUICIO “CIRCUITO CAMPS” LA CASA DE LAS AUSENCIAS.

Martes, 10/04/12
Mefistófeles.- Debes tener sólo en cuenta que en aquellas épocas de terror, en que las oleadas de hombres inundaban el país y la nación, tales cuales, tanto era el pavor de que estaban poseídos, escondieron acá y allá sus más preciados tesoros. (…) Así ha sucedido desde entonces hasta ayer y aún hasta hoy. Todo ello está secretamente enterrado.

J.W. GOETHE. “FAUSTO”.



TODO VUELVE
El juicio “Circuito Camps” representa toda una oportunidad. Aún con el carácter fragmentario de lo que llegó a ser parte del juicio, esta causa fue denominada por los organismos de DDHH como causa “Circuito Camps”, ya que si bien en los ’80 hubo una primera causa “Camps” o “44”, que juzgó sólo a un puñado de represores que recibieron condenas mínimas y luego beneficios de impunidad, y si bien nunca se juzgó al Circuito Camps en su totalidad, sus 29 CCD y los miles de casos de los compañeros que por ellos pasaron, es la denominación que más se acerca a una acumulación de causas de esta característica. Hechas esas salvedades, la nueva “Causa Camps” es la más extensa de las llevadas a juicio hasta el momento en la ciudad, e investiga algunos crímenes cometidos en los CCD Comisaría Quinta (diagonal 74 entre 23 y 24), la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP - 55 Nº530, entre 13 y 14), Delegación de Cuatrerismo de Arana (137 esquina 640), Puesto Vasco (Don Bosco, Quilmes) y COTI 1 Martínez (Avenida del Libertador al 14.200, Martínez, San Isidro). En el debate serán juzgados 26 represores, acusados de delitos cometidos contra 280 víctimas.

Hay que destacar que hay dos grandes circuitos, no los únicos, delineados sobre estos CCD. Ello se determina a partir de la constatación del recorrido que tuvieron los detenidos dentro del esquema represivo de centros de detención. Varios casos comparten el camino Brigada-5ta-Arana (sobre todo militantes de La Plata) y otros el de Brigada-Puesto Vasco-Cot 1 (sobre todo los funcionarios del gobierno provincial de Victorio Calabró y casos de la disputa de negocios con la dictadura como con el grupo Graiver o Timerman).

En el caso de la Comisaría 5ta, la causa más avanzada desde hace tiempo, se incluyen casos y represores de ese CCD y del hecho de la casa Mariani-Teruggi. En este caso, los organismos presentaron en la etapa de instrucción una lista de más de 100 represores que actuaron en la 5ta, pero la justicia nunca pasó de imputar a una decena. Además durante la instrucción murieron impunes varios de los imputados: el jefe de l patota de la Unidad Regional, Juan Fiorillo, el comisario de la 5ta, Osvaldo Sertorio y el Director de Seguridad, Rodolfo Gonzalez Conti. Hay una ínfima cantidad de represores de la 5ta imputados en la causa: sólo dos agentes como Domingo Almeida y Luis Patrault. A esto se suman las imputaciones de la cadena de mando policial (Etchecolatz como Director de Investigaciones y Rodolfo Campos como subjefe de policía), la coordinación militar (Arias Duval, jefe del Destacamento de Inteligencia 101) y civiles con mando en el gobierno provincial como el interventor de facto Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Smart. Además se suman imputaciones por los hechos de casa de calle 30, pegadas a esta causa por su cercanía como jurisdicción de la 5ta, y porque se sabe que hubo coordinación desde esa comisaría para la actuación en el hecho con otras fuerzas militares y otras dependencias policiales. De todas maneras se juzgan los casos de varios compañeros detenidos desaparecidos y nacimientos de niños apropiados como los casos de Leonardo Fossatti-Ortega, Ana Libertad Baratti-De la Cuadra y Pedro Nadal-García, delito cuyo referente es en este juicio el médico policial Jorge Bergés. En el caso de la masacre de la casa de calle 30 se juzga la responsabilidad por los homicidios de los compañeros que estaban en la casa, que suma las imputaciones a Etchecolatz y sus choferes y custodia, Hugo Guallama y Norberto Cozzani, al oficial de Unidad Regional señalado como el que robó a la hija del matrimonio, Carlos García y al agente reconocido por Chicha Mariani como integrante del operativó que allanó su casa tras el ataque, Santiago Antonini. La situación de la apropiación de Clara Anahí Mariani-Teruggi está siendo juzgada en el juicio por el “Plan Sistemático” de sustracción de menores hijos de detenidos-desaparecidos que se sustancia en Capital Federal. En el caso de los CCD Arana-Brigada de Investigaciones-Puesto Vasco-Cot1 Martínez, hay varios imputados, aunque también un número ínfimo sobre las decenas de represores denunciados por los sobrevivientes. Los referentes son Ruben Páez (jefe de la Brigada), Miguel Kearney (jefe de Arana), Eros Tarela, Sergio Verduri, Roberto Grillo, Daniel Lencinas, Pedro Ferriole, Roberto Cabrera, Bernabé Corrales, Raúl Machuca y otros.
Compañeros asesinados en la casa de 30, imagen de Clara Anahi (apropiada durante el operativo).

Planteado así, el juicio representa la ocasión de ver, acusados todos juntos, a los 26 represores imputados como si fuera una imagen instantánea de las patotas que hace 35 años asolaban barrios, universidades, escuela y fábricas. La sensación de que algún fruto comenzaba a tener la lucha de tantos años contra tanta impunidad. De que se rompía con la mecánica de llevar a los estrados a un solo represor, como en los casos de Etchecolatz y Von Wernich, o bien a un solo lugar, como en el caso de la Unidad 9. Sin embargo, la sensación de “justicia” se desvanece rápidamente al comprobar que solo cinco de estos represores llegan al juicio cumpliendo prisión (por condenas anteriores o por la contundencia de la prueba en su contra) mientras que los demás están excarcelados o con prisión domiciliaria, gracias a las desprolijidades con que la justicia encaró la instrucción de estas causas. En ese sentido, fue toda una experiencia presenciar el momento en que, tras clarificarse la gravedad de lo que se los acusaba en las audiencias, varios represores se retiraban del lugar departiendo con sus abogados, deteniéndose a arrancar algún afiche que informaba su currículum a la sociedad platense o tomándose un taxi en la esquina como cualquier hijo de vecino.
Comienzo del juicio (12/09/11) a 26 represores del Circuito Camps
La primer audiencia, a salón lleno en la ex AMIA, desbordaba de ansiedad de parte de los militantes de organismos de DDHH, sobrevivientes, familiares y prensa, que acortaban la espera a cada rato con el clásico “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. A la entrada de los represores a la sala, fueron recibidos como corresponde: “¡Genocidas! ¿Guallama, García donde está Clara Anahi? ¡Asesinos! ¿Bergés, a quién le diste la hija de Silvia Valenzi? ¿Qué hicieron con Clara? ¿Dónde está Julio Lopez?". Mientras tanto los represores se iban ubicando en la hilera de sillas de un cubil enrejado, construido especialmente para la ocasión y custodiado por agentes del Servicio Penitenciario Federal. Varios genocidas, como Tarella, Bergés, Campos y García desplegaban su trabajosa actuación de viejitos achacados por el tiempo, con bastón, silla de ruedas, cánula y tubo de gas incluidos, algo denominado por las querellas como una “estrategia de impunidad biológica”. En un momento, cuando todo parecía aquietarse, la descarnada voz de una compañera ex detenida se despegó de las demás, y con un ímpetu que parecía haber sido acumulado por años se escuchó: “¡Julio Lopez también era anciano, y no venía arrastrándose y haciéndose el muerto como ustedes!”. Tras unos segundos para digerir la frase, la sala entera estalló en un aplauso conmocionado. Seguirían la lectura del requerimiento fiscal y las acusaciones por cada imputado y cada Centro Clandestino de Detención, pero algo sugería ya haber escuchado suficiente inculpación.


LA ABUELA
Declaración de Chicha en el juicio.
Tras la proyección de los testimonios de Adriana Calvo y Jorge Julio Lopez, logrado a pedido de la querella de Justicia Ya, la ronda de testimonios en el juicio comenzó con María Isabel Chorobik de Mariani, Chicha para sus compañeras de Abuelas y para toda la militancia de Derechos Humanos, madre de Daniel Mariani, suegra de Diana Teruggi y abuela de Clara Anahí. Con 87 años de edad y una espera de 35 años para poder contar su verdad, Chicha se mostró entera, con una memoria prodigiosa en un relato que duró casi 3 horas. Comenzó describiendo a su familia, a la que definió como “alejada de la política”, con su marido Enrique José Mariani, músico y director de orquesta del teatro Colón, ella profesora en el Liceo Víctor Mercante de La Plata, donde enseñaba arte, y los padres de Diana, Mario Teruggi y Genoveva Dawson, geólogo y botánica, que trabajaban en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
Diana y Daniel se habían conocido en el mismo Liceo, donde Diana, tres años menor que él, era alumna, y donde Daniel trabajaba en el área de Audiovisuales. Se pusieron de novios en el ’68 y a partir de su experiencia universitaria, él en Economía y ella en Letras, fueron abandonando las posiciones de su origen liberal para formarse como militantes populares. Se casaron en el ’72 y viajaron de luna de miel a Chile, donde la experiencia del proceso de polarización social que atravesaba el gobierno de Salvador Allende los marcó ideológicamente y comenzaron a militar en la izquierda peronista. Tras un paso de convivencia por un pequeño departamento y luego una casa en la entrada a la ciudad, en 1975, poco antes de que Diana quedara embarazada, vendieron todo y compraron una furgoneta y una vieja casa construida en los ’40, ubicada en calle 30 n° 1134, lindera con el barrio de Los Hornos. Al ser militantes, les pareció que esa zona alejada, con calles de tierra, era menos visible para un clima político en que hacía más de un año eran habituales la persecución y los asesinatos de parte de las bandas fascistas de la derecha peronista.
Por entonces Chicha sabía de la militancia de la pareja, pero desconocía sobre la imprenta. Visitó la casa unas 4 veces, con el detalle de que siempre le hacían cerrar los ojos y daban vueltas para despistarla en la furgoneta en que la llevaban. Reconstruida la memoria sobre el tema, en su testimonio en el juicio contó que “ya había nacido Clara Anahí. Mi hijo trabajaba en el Consejo Federal de Inversiones, y había pedido licencia para dedicarse a una empresa de conservación de alimentos. De conejos que criaban en la casa. Y tenían una imprenta donde estaba el lugar de los conejos. Estaba escondida, porque en ese momento no se podía hablar ni decir lo que uno pensaba. Todo el mundo recordará que cuando se declaró ilegal al ERP y a Montoneros, no se podía mencionar ni escribir en los diarios esos nombres, y se los mencionaba como ‘la organización declarada ilegal en primero (ERP) o segundo término (Montoneros)”.
En ese momento de su relato, al mencionar a las organizaciones revolucionarias, la torturante sombra de Etchecolatz pareció sentirse llamada a anunciar su presencia. Su abogado defensor, Máximo Liva, interrumpió para anunciar al tribunal: “El sr. Etchecolatz dice que no escucha”. Chicha, resuelta como siempre, recibió la afrenta de quien nuevamente intentaba amedrentarla hablando a sus espaldas y la devolvió con rápida ironía: “Si quiere acercarse y estar por acá cerca…”. Nueva ovación en aplauso interminable del público presente.
Chicha continuó el relato contando que el día del ataque estaba en su casa de 44 y 21, esperando a que Diana le llevara a Clara Anahí. Al escuchar algunas detonaciones sobre el mediodía, se preocupó por que les pudiera suceder algo en el camino, pero nunca imaginó que el operativo era en la casa de su hijo. Estuvo horas con esa inquietud, mientras veía pasar helicópteros, camiones del Ejército, soldados y policías. Entonces recibió un llamado informando que su padre se había descompuesto, y tras dejar una nota para Diana y Daniel en su casa, partió a City Bell. De manera que pasó la noche del 24 de noviembre en casa de su padre y se enteró de lo sucedido al otro día por los medios. Y contó que, decidida a volver a su casa, descubrió que también fue allanada y saqueada.
Entonces Chicha les hizo escuchar a los jueces un fragmento del audio del ataque a la casa, que le acercó mucho tiempo después un vecino del barrio, que había registrado media hora de los estruendos de disparos y la estampida de los distintos vehículos del operativo en un grabador de cinta abierta. La escucha fue como retornar por un momento a ese infierno de 4 horas que aún hoy está en el recuerdo de muchos vecinos de la casa.
De allí en más Chicha realizó un pormenorizado relato de su búsqueda por esclarecer lo sucedido, y principalmente por encontrar a su neta Clara Anahí. Esa búsqueda que la llevó a crear en noviembre del ‘77, junto a otras 11 luchadoras a las que conoció en los juzgados, el grupo de “Abuelas con nietos desaparecidos”, luego simplemente “Abuelas”, una de las organizaciones que en plena dictadura lograron hacer conocer en el mundo entero los detalles del plan genocida de apropiación sistemática de los hijos de los detenidos desaparecidos. La misma búsqueda que a partir de una simple nota periodística, que motivó varias visitas a los más destacados genetistas europeos y norteamericanos, sumó a la lucha por justicia una herramienta inédita de la genética para determinar la existencia de lazos biológicos entre nietos y abuelos, aún en ausencia de los padres, llamado hoy “índice de abuelidad”.
Aquella indagación que la llevó a descubrir una cantidad de datos fragmentarios, típicos de una trama de complicidades, que alumbraron la posibilidad de que Clara Anahí estuviera con vida:
- Los dichos del oficial de la Comisaría 5ta Jorge Luis Piazza, que dijo que tenía los cadáveres de quienes habían muerto en el ataque, pero aclaró que la nena no figuraba en el sumario y que debía haber quedado fuera de la casa. El sumario que luego, misteriosamente, desapareció.
- El cinismo de la entrevista con el comisario de la 5ta, Osvaldo Sertorio, que afirmó que Clara Anahí estaba viva y le aclaró: “Probablemente ya le cambiaron la identidad y ya tiene otros padres. Pregunte en la Unidad Regional”.
- El oportunismo del policía Daniel Del Arco, de la Dirección de Inteligencia de la bonaerense, que trató de venderle la beba a Chicha, lo cual le provocó una persecución por parte de Ramón Camps. Y la tarea de seguimiento de la DIPPBA a la obstetra de Diana, Esperanza Gurevich, para eliminar los datos médicos de la beba, que al no existir en la época métodos de identificación sanguínea, eran clave para comprobar la identidad de la nena.
- La complicidad de la iglesia se evidenciaba en el planteo de monseñor José María Montes, uno de los sacerdotes que casó a Daniel y Diana, que le dijo a Chicha en la Catedral: “La beba está bien. Deje tranquila a la gente que la tiene. Usted tiene que rezar y dejar que transcurra el tiempo”. También en la doble tarea del capellán Emilio Graselli, que armaba ficheros con los datos de los familiares de desaparecidos que luego entregaba a la inteligencia militar, y quien afirmó que Clara Anahí había sido ubicada “muy alto”.
Finalmente Chicha apuntó directamente a los genocidas partícipes del hecho, a Etchecolatz, a Guallama, a Cozzani y a García, que todavía se guardan la verdad de lo sucedido como una extensión de la tortura que significa para los familiares vivir en la incertidumbre. Los conminó a que digan lo que saben y demolió la teoría de que la nena murió en el ataque al preguntar: “¿Dónde está la comprobación? Porque yo no voy a admitir una verdad que no se compruebe. Cualquiera que sea”. Por último, dejó flotando en su relato una metáfora que extrajo de su oficio de docente de arte y que la pinta como la síntesis de una generación que todavía busca respuestas, y que en ese camino va encendiendo nuevas luchas: “Yo me he pasado los últimos 35 años de mi vida buscando detalle por detalle. Pero estoy buscando desde la nada, desde la oscuridad, desde la maldad más grande. Y yo me acuerdo haber enseñado arte egipcio a mis alumnos del Liceo Víctor Mercante, muchos de los cuales fueron asesinados. Y muchas veces hice hincapié en aquello que hacían los faraones de borrar todo lo que el faraón anterior había hecho, para que no quedara nada de memoria de eso. Esa desaparición que hacían de lo hecho. Estos señores hicieron lo mismo pero con las personas: trataron de que se borrara todo. Por suerte algunas quedamos y yo espero que se vayan aclarando los crímenes”.

LA MILITANCIA Y LOS ANTICIPOS DE LA MASACRE

La recuperación de las tareas militantes en la casa de calle 30 puede esbozarse con la lectura de la novela “La casa de los conejos” de Laura Alcoba. A partir de su breve paso por la casa como una niña de 8 años hija de militantes, Alcoba relata, siempre en el terreno de la reconstrucción-ficción, las obras de cimentación del embute para la imprenta que se hicieron durante el verano del ’75. Cuenta cómo la refacción del galpón del fondo, futura conejera, daban la excusa para la construcción de una segunda obra (el embute) en el hogar de “un matrimonio modelo, a salvo de toda sospecha”. Que es Diana la que asumía la tarea de llevar y traer tabicados bajo una frazada en la furgoneta al “Ingeniero” y al obrero que realizaban la obra. Que se comenzó con un gran pozo. Que son Daniel y Diana los que, por la noche, descartaban los escombros y la tierra en obras y baldíos de la zona. Que se continuó con un segundo muro a menos de dos metros de la medianera del fondo, a cuyo extremo derecho se montó una gruesa puerta hecha de ladrillos y montada sobre una estructura metálica deslizable que se operaba con un mecanismo electrónico al contacto de dos cables. Que el control de la puerta estaba siempre en un rincón, a la vista de todos, con la forma de una maraña desprolija de cables. Que el “Ingeniero” comentaba que el embute se le ocurrió leyendo “La carta robada”, de Edgar Allan Poe, y su premisa “nada esconde mejor que la evidencia excesiva”. Que Daniel explicaba que la cría, la elaboración y el embalaje del escabeche de conejos, que en realidad ellos se comerían, sería la vidriera para llenar cajas y cajas con ejemplares de Evita Montonera. Que Daniel sugirió que para disimular mejor las cajas, ante un posible control policial a la furgoneta, había que envolverlas para regalo. Que ella misma pasaba largas horas con Diana y su madre empaquetando centenares de ejemplares del periódico en la mesa de la cocina, a los que remataban con una envoltura de cintas ornamentales. Que debía hacer un esfuerzo en la mesa de la merienda para no mancharse con los hisopos con que se limpiaban las armas de la casa.
Tapa de la revista “Evita Montonera" año 2 nº13 (Abril/Mayo `76)
Y finalmente, Alcoba relata cómo, mientras Diana estaba a punto de dar a luz, abandonaron la casa con su madre para irse del país. Que mucho después supo que Roberto César Porfirio había ocupado la pieza del fondo, que supo ser de ellas, porque necesitaba esconderse con su hija tras ser asesinada su esposa.
La seguridad de los grupos militantes era una preocupación especial desde fines del ’75, atentos a lo que significó el “Operativo Independencia” desplegado en Tucumán y luego extendido a todo el país a través de los decretos de “Aniquilamiento de la subversión” y del accionar de la Triple A. Desde la ruptura de mayo del ’74, Montoneros venía implementando una etapa de Retirada Estratégica combinada con una Ofensiva Táctica Militar, tarea que implicaba el abandono de los frentes políticos y el reordenamiento de los militantes en estructuras logísticas o de combate para la transformación de las agrupaciones en milicias. Durante el año ’75 se realizaron dos campañas militares con centenares de operaciones de todo tipo que comenzaron a integrar las milicias con los pelotones de combate.
El pensamiento de la conducción expresaba que no podía haber política revolucionaria o proyecto de la toma del poder para los trabajadores y el pueblo, sin la construcción del poder militar propio y la destrucción del poder militar enemigo. Esto puede leerse en textos como “La Resistencia Peronista ataca – Fundamentos de la Ofensiva Táctica” o “Las milicias peronistas son posibles”, compilados en el segundo tomo de documentos de la organización que publicó Roberto Baschetti.

Por entonces, se caracterizaban dos “desviaciones” a la línea de la organización: la “militarista” (por su incapacidad de ofrecer una respuesta política totalizadora) y la “politicista” (porque, aunque sostenían la necesidad de elevar la acción reivindicativa al nivel político y aún militar, la aceptaban ‘sólo desde la lucha misma de las masas’, y
negaban la función de la vanguardia en las experiencias revolucionarias). La línea montonera comenzaba a alejarse de la idea donde era la conciencia política de las masas la que había generado la posibilidad de una vanguardia, y a empezaba a parecerse más a la de un grupo que valorando la identidad peronista como la conciencia política de los trabajadores y al peronismo como el Movimiento de Liberación Nacional, aun así, y como le recordara Rodolfo Walsh a la conducción, Montoneros todavía debía ganar esa representatividad y no atribuírsela de manera mecánica.
Pero además, junto con el desarrollo de la ofensiva militar, en 1976 se ensayó una propuesta política dentro del peronismo, la construcción del Partido Peronista Auténtico, que resultó atractiva para amplios sectores del combativismo y la izquierda peronista, junto a hombres representativos de la historia del movimiento. Sin embargo, el avance de la represión ponía límites al proyecto y a la propia estructura: el arresto y desaparición de Roberto Quieto, tercero en la conducción, en diciembre de 1975, decidió el recambio por una estructura de conducción con cuerpos colegiados como el Consejo Ejecutivo y el Congreso Partidario.
Producido el golpe, los reclamos “basistas” ponían todo el énfasis en la preservación de las propias fuerzas para luego realizar ofensivas más eficaces y contundentes. Así, se requería a los militantes el cumplimiento estricto de los horarios, la realización de controles diarios de seguridad, el desarrollo de prácticas anti-seguimiento, alternar los lugares de reuniones y realizar el traslado de materiales con embutes móviles. Además, si bien algunos sectores de la conducción agitaban una visión triunfalista respecto a las consecuencias del nuevo régimen, al augurar su rápido desgaste y una retirada similar a las de anteriores dictaduras, también se combatía internamente las actitudes de resignación fatalista, que paralizaba la propia capacidad de acción en “si me toca me toca” o “no es mucho lo que se puede hacer”. Incluso había polémicas respecto a los desafíos a la seguridad que planteaba la política de prensa de la organización, que intentaba manotazos de frentismo como el semanario “Información” (aparecido en debut y despedida el 23 de marzo del ’76) en lugar de prepararse para una prensa más artesanal y clandestina, en la experiencia de la resistencia tras el golpe del ’55.
A esto último estaba dedicado el grupo de la casa de calle 30, que imprimía y distribuía la “Evita Montonera”, autodenominada “revista oficial de Montoneros”, que con una tirada de 5 mil ejemplares, en sus 40 páginas desplegaba notas de análisis de coyuntura, hacía crónicas de las acciones de resistencia a la dictadura y principalmente establecía directivas para facilitar las discusiones entre las agrupaciones de base. En su número 13, de abril-mayo del ’76, la editorial afirmaba que “El Evita debe jugar un papel en la batalla contra la censura y la desinformación. Para eso necesitamos que, a través de los distribuidores, nos hagan llegar todo lo que pasa en la fábrica, en el barrio, en la escuela (…) para difundirlo y aprender de las experiencias”. La publicación, que se referenciaba como una herramienta política, organizativa, militar e ideológica, desplegaba por entonces la consigna: “Llegar al pueblo con nuestra prensa es ganarle una batalla al enemigo”.
A mediados de julio del ’76 a muchos militantes les llegó la noticia de que la conducción montonera se había ido del país en abril. Primero como un rumor, y luego casi como la confirmación de una traición, el hecho desató acaloradas discusiones entre dos posiciones: la necesidad de preservar estratégicamente a los principales cuadros de mando y la simpleza con que esos cuadros de conducción rechazaban en las discusiones de los últimos 3 meses las iniciativas de los “boludos de se quedaban a poner el cuerpo”. Ni los documentos de contrainteligencia, que anticipaban detalladamente la forma en que iba a operar el terrorismo de Estado en esa etapa, habían logrado consensuar la idea de que la única que quedaba era replegar la estructura y descentralizarla para, no ya revertir el avance represivo, sino salvaguardar a los militantes. Sin embrago, para muchos la idea de rajarse era, aún con la certeza de perder en cualquier momento, sólo defender la posibilidad de vivir lamentándose por no haberse quedado a pelear por lo que se creía.
En la ciudad de La Plata la cacería estaba desatada. Gracias a las tareas de la inteligencia militar y policial, se habían lanzado golpes demoledores sobre los sindicatos, fábricas y universidades, centrados en el secuestro y la matanza de cuadros combativos y militantes populares. Ya funcionaban a pleno varios de los Centros Clandestinos de Detención que son, fragmentariamente, parte del juicio “Circuito Camps”. Decenas de ex detenidos y familiares relataron en las audiencias de 2011 del juicio lo que se vivía en la universidad, en las escuelas y en los lugares de trabajo y militancia de La Plata entre el invierno y la primavera del ‘76.
Cristina Gil y Mónica Furman relataron sus secuestros de la noche del 19 de agosto de 1976, conocida como la “Noche de los Psicólogos”, ya que se trató de un operativo en el que se secuestró simultáneamente a varios psicólogos, psiquiatras y médicos de distintas cátedras de la Facultad de Humanidades, que fueron recluidos en la Brigada de Investigaciones y los CCD de Arana. Ambas contaron que fueron interrogadas en búsqueda de la militante Diana Conde, ex compañera de cátedra en la facultad.
Néstor Buzzo, fundador de la Federación Argentina de Radios Comunitarias y en los ’70 vinculado a la Juventud Universitaria Católica, contó que tras una breve detención anterior en la Comisaría 8va, fue nuevamente secuestrado el 1 de septiembre de 1976 y alojado durante 20 días en los CCD de Arana, Pozo de Quilmes y Brigada de Investigaciones de La Plata. En otra muestra de la complicidad de la iglesia con la represión, Buzzo contó que, por orden de Monseñor Plaza, el obispo José Montes se acercó a sus padres para informarles que él estaba vivo. Y tras reconstruir el funcionamiento de los lugares donde estuvo detenido, con irónica valentía, recordó que antes de ser liberado de la Brigada de La Plata, recibió un discurso moralizador del propio Miguel Etchecolatz, que le dio 5 pesos y lo invitó a irse del país. “Ya que está presente, me gustaría devolverle los 5 pesos”, dijo Buzzo.
Marta y Nora Ungaro dieron detalles de lo que conocemos como la “Noche de los lápices” del 16 de septiembre de 1976: el secuestro de su hermano Horacio en su departamento de los monoblock del barrio Hipódromo (ejecutada personalmente por Roberto Omar Grillo), la reconstrucción de su paso por los CCD de Arana y Pozo de Banfield, las caídas del resto de los secundarios y militantes de la UES del Normal 3, del Nacional y de Bellas Artes, la circulación de un material denominado “subversión en las escuelas” elaborado por el ministro de Educación de la dictadura, Dr Buera, y la actuación del CNU en la represión en los colegios secundarios, en particular del genocida Néstor Beroch, que luego en democracia se recicló como profesor y en la editorial de la UNLP. Además, destacaron que si bien hubo condenas por el caso en los juicios de la década del ’80, muchos represores se beneficiaron luego con las leyes de impunidad y la mayoría continúan impunes, como el jefe del pozo de Banfield, comisario Miguel Wolk, imputado junto a sólo 5 represores más por hechos de ese CCD.
El propio Jorge Julio Lopez, en su testimonio en el juicio a Etchecolatz (proyectado en video en estas audiencias), relató su secuestro del 27 de octubre de 1976, en paralelo a las caídas de otros militantes de la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre”, que funcionaba en el barrio de Los Hornos. Lopez contó que en ese lugar conoció a varios jóvenes de la Juventud Peronista que hacían tareas sociales y políticas en el barrio, como Mirta Manchiola o el matrimonio de Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Que el operativo de secuestro estaba comandado por Etchecolatz y su chofer Guallama, y que incluyó varias paradas para levantar gente en Los Hornos. El relato de Lopez sobre el asesinato de Patricia y Ambrosio en Arana sirvió para condenar a Etchecolatz a reclusión perpetua en 2006.
Las hermanas Ana y Blanca Barragán, secuestradas junto a sus esposos en Arana en noviembre del ’76, testimoniaron en este juicio que allí vieron a Mirta embarazada y muy deteriorada por la tortura. Les dijo “no siento al bebé” y les pidió que si salían avisen a su hermano. Mirta y su bebé continúan desaparecidos. Para Lopez “eran mujeres de oro, y estos asesinos las mataron sin piedad”.
Por entonces, pese a la represión, la censura y el miedo que imponía el régimen, no era ningún secreto la existencia de campos de concentración, de ejecuciones disfrazadas como enfrentamientos y de vuelos de la muerte. Y la militancia comenzaba a diseñar estrategias de denuncia sobre el accionar represivo ilegal del Estado.
El número 14 de “Evita Montonera” de octubre del ’76, el último que llegó a imprimirse en la casa de calle 30, lanzó una campaña nacional de propaganda donde, además de convocar a sus lectores a denunciar la política de hambre de la dictadura, se impulsaba a “decir lo que todos piensa pero muchos no se atreven a decir” y “mostrar que los ‘enfrentamientos’ donde mueren diez compañeros y ningún policía, no son tales, sino que son fusilamientos de presos”.
Lo más destacable de esta categórica e inusitada denuncia, seguramente elaborada a partir de la propia tarea de inteligencia o de los relatos de militantes que lograron escapar de la represión, es que su contenido determina el inicio de una tarea que más tarde continuarían las madres e hijos de esa generación de luchadores. Dice el “Evita Montonera” de octubre del ’76: “pondremos el acento en la difusión nacional e internacional de las atrocidades represivas que son, en su conjunto, responsabilidad de las Fuerzas Armadas y que en muchos casos se realizan en los mismos institutos militares, como por ejemplo las torturas y asesinatos masivos que se cometen en la Escuela de Mecánica de la Armada, en Campo de Mayo, en el Regimiento 1, en Villa Martelli (Buenos Aires), en Campo de la Rivera (Córdoba), en Famaillá (Tucumán), etcétera”.
Lo trágico es que esas denuncias eran casi premonitorias del infierno que vendría para el grupo de la casa de calle 30 poco después.

MATAR Y ROBAR

Las construcción de mentiras sobre lo ocurrido en el ataque a la casa Mariani-Teruggi comenzó con el comunicado a medida que la dictadura emitió sobre el suceso: “El Comando de la zona 1 informa a su población que siendo aproximadamente las 14:30, en la ciudad de La Plata, en la calle 30 y 56, en circunstancias en que fuerzas conjuntas ejecutaban un registro domiciliario como consecuencia de información proporcionada por la población, fueron atacados desde el interior de la finca registrada, produciéndose un enfrentamiento con elementos subversivos pertenecientes la organización declarada ilegal en segundo término. Como consecuencia del mismo resultaron muertos siete delincuentes subversivos. Finalizando el registro del inmueble, se pudo constatar que en la parte posterior del mismo funcionaba una imprenta de la mencionada organización. Asimismo este comando debe lamentar la muerte del agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, José Sconza, como así también las heridas de pronóstico reservado en tres integrantes de la Policía de la Provincia y un soldado de la fuerza del Ejército”.
La versión oficial del Primer Cuerpo del Ejército, que en La Plata reprodujo automáticamente el diario El Día, contenía varias omisiones elaboradas. En principio informaba que las personas asesinadas eran siete, pero nunca informó los nombres. Con sello habitual se caratuló al hecho como un enfrentamiento, pero no se informó del secuestro de ningún arma. Y lo más importante, no se hacía ninguna mención a la presencia de Clara Anahí en la casa, sea como asesinada o como sobreviviente. La maquinaria para hacerla desaparecer estaba en marcha.
Etchecolatz dando falso testimonio
La versión más documentada de los hechos, basada en testimonios y prueba judicial, la encontramos en la biografía de Chicha Mariani que escribió Juan Martín Ramos Padilla. Allí se narra con precisión que tras la caída del “ingeniero” que había construido el embute de la imprenta, al que torturaron e hicieron que marcara la casa, tarea que les llevó toda la mañana del 24 de noviembre, porque como lo llevaban siempre tabicado no podía indicar la ubicación exacta.
A la una y cuarto de la tarde, mientras Diana servía el almuerzo para sus compañeros, la comitiva llegó al lugar, que rápidamente fue cercado y se pobló de más de 200 efectivos armados de la Policía y el Ejército. Estaban presentes desde los jefes del Comando del 1er Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suarez Mason, de la 10ma Brigada de Infantería, Adolfo Sigwald, y del Regimiento 7, Roque Carlos Presti; hasta el jefe de la Policía, Ramón Camps, de Investigaciones, Miguel Etchecolatz, de Infantería, José Clemente Forastiero, de la Unidad Regional, Oscar Ioppolo y de la Comisaría 5ta, Osvaldo Sertorio.
Curiosamente, convocados de antemano y por fuera del procedimiento, también estaban presentes los bomberos e integrantes de la morgue policial.
En la casa se encontraban Diana, Clara Anahí, y los militantes Alberto Oscar Bossio, de 34 años, médico y padre de 4 hijas; Daniel Mendiburu Elicabe, de 25 años, estudiante de arquitectura y esperando un hijo; Roberto Cesar Porfidio, de 32 años, licenciado en Letras y al cuidado de una hija tras el asesinato de su mujer por los militares; y Juan Carlos Peiris, de 28 años, oriundo de Bahía Blanca y técnico que operaba las máquinas de la imprenta. Daniel Mariani se había salteado el almuerzo, y había salido en viaje a Capital Federal quince minutos antes del ataque.
Ubicados los represores en la fachada y los techos de las casas aledañas, bajo la dirección de los altos mandos, las fuerzas conjuntas comenzaron a disparar desde varios frentes. Mientras la lluvia de balas perforaba la casa, los militantes se refugiaron agazapados y Diana se ocultó con Clara Anahí en el baño. Tras varios minutos de fuego, los represores dispararon desde la calle con un mortero que cruzó el jardín, el dormitorio y produjo un boquete de más de un metro de diámetro en la pared del comedor. Entonces ingresó a la casa la brigada de explosivos con el capitán del Ejército Héctor Amuchástegui y el soldado-enfermero Carlos Bazán. Mientras tanto, Camps, Etchecolatz, Guallama y Cozzani fueron ganando posiciones en los techos vecinos y desde allí cazar a los militantes.
Porfidio fue ultimado mientras intentaba trepar un muro del patio trasero. Peiris cayó en el garaje, alcanzado por las balas detrás de la furgoneta. Bossio logró subir al techo y junto al tanque de agua fue acribillado mientras gritaba “Viva la patria! ¡Vivan los Montoneros!”. Mendiburu Elicabe fue ametrallado en el patio trasero. Diana salió corriendo hacia el fondo con su bebé en brazos y, por orden de Etchecolatz, fue asesinada por un disparo de Guallama junto al limonero del patio.
El asesino de Diana, Hugo Guallama
El relato ante Conadep del policía Carlos Alberto Hours en los ‘80’s, confirmó la modalidad del asesinato de Diana, y que Clara quedó ilesa junto al cadáver de su madre. Los testimonios de los policías Cecilio Gomez y Ramón Buzzato, que fueron felicitados por la Jefatura por su participación en el hecho, y varias pericias hechas sobre el lugar, determinaron que el agente José Sconza, que se encontraba en un techo vecino, fue alcanzado por una bala policial, al caer rompió el techo y murió dentro del inmueble.
El vecino Oscar Antonio Ruiz declaró en el juicio a Etchecolatz que pudo ver que un represor corpulento y morocho, al que llamaban “el Oso”, tomó a Clara Anahí, la envolvió en una frazada blanca, la sacó de la casa por una medianera y, por orden directa de Camps, la metió en un patrullero. Ruiz lo recuerda porque luego “el Oso” García lo amenazó con su arma y le ordenó que se metiera en su casa.

LOS JUNTACADÁVERES

35 años después de los hechos, los policías, militares, médicos y sacerdotes convocados al juicio continúan elaborando una intrincada red de complicidades que no logra responder una sencilla y profunda pregunta: ¿Qué pasó con Clara Anahí Mariani Teruggi?
A tiempo para su indagatoria, Miguel Etchecolatz, condenado ya a perpetua en 2006 por el asesinato de Diana y acusado en este juicio por 150 casos de secuestros, torturas y desapariciones en la casa de calle 30, Comisaría 5ta, Brigada de Investigaciones, Arana, Puesto Vasco, y 4 apropiaciones; se presentó nuevamente desafiante: exhibía un pin con su nombre y la consigna “Preso Político”. El presidente del TOF 1, Carlos Rozansky, lo invitó a retirárselo diciéndole que “este es un tribunal de la nación constituido legalmente y estamos haciendo un juicio ajustado a derecho”. Aceptando la propuesta pero no el concepto, se despachó en 15 minutos de una conocida defensa de su accionar represivo como una actuación patriótica frente al “terrorismo perverso y apátrida”, sobre lo injusto del juicio, que sólo “despierta odios y venganzas” y lo ha condenado de antemano. Rechazó las acusaciones, incluidas las del que denominó “el politizado caso Lopez”, al que describió como un testigo “aleccionado”, y para extender su práctica de la tortura sobre los familiares con el arma de la incertidumbre, dijo que podría aportar datos y pruebas sobre el destino de Clara, pero que se los reservaba para otra ocasión.
Norberto Cozzani
Citado a decir lo suyo sobre las acusaciones por casa de calle 30 y 18 casos del CCD Puesto Vasco, el represor Norberto Cozzani se mostró como el más verborrágico, alentado por una intención de despegarse de la defensa de los otros genocidas e intentando mostrarse predispuesto a colaborar y atento a las informaciones que los medios fueron difundiendo alrededor de los hechos juzgados. Describió en 2 horas la ejemplaridad de su carrera al iniciar el área de investigaciones de “delitos económicos” y su participación en el “Caso Graiver” como la de un simple auxiliar que detenía gente ilegalmente, grababa los interrogatorios y elevaba informes a sus superiores. Preguntado sobre calle 30 intentó explicar que a pesar de ser chofer de Etchecolatz no estuvo en el lugar y, sin embargo, fue condecorado por jefatura por el hecho, del que se enteró porque fue “el tiroteo más grande que hubo en la ciudad de La Plata”. También abonó a la estrategia del mutismo y, excusándose en “no sumar más dolor a la Sra Mariani”, prometió que “antes de que termine el juicio voy a explicar qué pasó en la calle 30”. Evidentemente estaba calculando sus palabras respecto a lo que dijeran o callaran Etchecolatz o Guallama.
En el caso del otro chofer de Etchecolatz, Hugo Guallama, directamente se escudó en el silencio y se negó a declarar, igual que la mayoría de los represores imputados en el juicio. Guallama ya había declarado en la instrucción de la causa ante el juez Corazza, y había afirmado que él no estuvo de guardia ese día, que sí estuvieron presentes sus superiores Etchecolatz, González Conti, Forastiero y Fiorillo, y que fue el oficial apodado “el Oso” el que ocultó a Clara en un móvil de la Unidad Regional. Su apartamiento del hecho fue desmentido en el juicio por la ex esposa de Guallama, Mabel Suarez, quien testimonió que en los ’70, angustiado por la culpa que sentía sobre lo que había hecho, la llevó una noche a la casa de calle 30 y le confesó que había disparado y que se habían robado un bebé.
El desvario del “OSO” Garcia.
A su turno, Carlos García, acusado también por 12 casos de Comisaría 5ta y señalado por el testigo Carlos Zaidman como su secuestrador, desvarió durante hora y media con minuciosas explicaciones de hechos que no hacen a lo que se está juzgando. Dijo que en la Vucetich le pusieron “el Oso” porque le gustaba la miel, que es injusto estar preso por los dichos de Guallama y que en la cárcel descubrió la palabra de Dios en el pabellón evangelista. Si bien no negó su actuación en procedimientos de la Unidad Regional a cargo de Juan Fiorillo, se amparó en su legajo para afirmar que no estuvo en la casa de calle 30 porque estaba destinado en la Brigada de San Martín.
Al ver complicada su maniobra de inocencia por aclaraciones que lo involucraban aún más en el hecho de calle 30, Cozzani amplió 2 veces su indagatoria. Dijo que con Etchecolatz “no existe relación, ni afinidad de ideas respecto al tema”. Adujo que en una indagatoria ante el juez Corazza en 2005, ya había declarado que “tenía conocimiento de que la beba había fallecido en el enfrentamiento”. Y en una curiosa estrategia de poner al juez como testigo de algo no probado, afirmó que el propio Corazza le sugirió por entonces que no podía divulgar esa versión porque “haría que se caigan todas las expectativas de vida” de Chicha Mariani. Esa cínica utilización de la mentira como verdad para pretender preservar las ilusiones de una abuela que busca a su nieta viva o muerta, no es más que otro capítulo en la imposición como verdad, nunca probada, de la versión de que Clara Anahí murió calcinada en el ataque. De hecho en su ambigua posición de búsqueda de la verdad, Cozzani se dedicó a confirmar algunas de las hipótesis planteadas por Chicha sobre los participantes del operativo, y a denostar otras, defendiendo la inocencia de los represores de bajo rango como él, un cabo, y planteando que “la cobardía de algunos superiores hizo que la niña no apareciera”. Consultado sobre la existencia de algún documento oficial que pudiera probar la versión de la muerte de Clara, respondió que se lo pregunten a Tarella.
Pese a no estar imputado en la causa de calle 30, pero obligado a contestar sobre el tema, el genocida Eros Tarella, oficial de la Dirección de Investigaciones acusado por 40 casos de los CCD Puesto Vasco y Cot1 de Martínez, aseguró que por su actuación en el Servicio de Inteligencia de la bonaerense (SIPBA), un día después del ataque el coronel Enrique Rospide, a cargo del área de inteligencia militar en la provincia, lo mandó a llevar una información al Comando de Operaciones, entre la cual había un volante escrito a máquina, sin firma ni origen, que decía textualmente “los bomberos sacaron sobre una chapa el cadáver carbonizado de una criatura”, pero que no conoce el destino de ese documento. Dijo que en la Jefatura de Policía ya se conocía el reclamo de Chicha, por lo que le requirió a Rospide por qué no decían la verdad, y que éste le respondió que “el Ejército no mata criaturas en combate”. Encriptando mucho más con esto la cadena de complicidades de los altos mandos policiales en lo sucedido, Tarella dijo que preguntó por el hecho a Camps, al jefe del Comando y a otros represores del área de Investigaciones, y que la desfachatada conclusión que saca es que “si esta pelotudez se hubiera resuelto antes, no estaríamos acá discutiendo esto”.
Las declaraciones testimoniales de los médicos forenses que intervinieron en el caso, no hicieron más que confirmar la cadena de irregularidades que se desplegó tras la masacre para encubrir la apropiación de Clara. Ello incluyó la certificación de los asesinatos de Bossio, Porfidio, Mendiburu y Peiris con nombre, apellido y causal de muerte, pero en el caso de Diana, se hizo circular la versión de que su cadáver estaba carbonizado y que era imposible de identificar. Cerró el círculo la expeditiva inhumación irregular del cadáver de Diana como NN en el cementerio municipal.
Citado a la audiencia, el médico policial Néstor De Tomas, hijo de un ex comisario de la 5ta e integrante de la Dirección de Sanidad y Medicina Legal de la bonaerense, órgano que actuaba como auxiliar en casos de homicidios, dio cuenta de la irregularidad cómplice con que actuaban. Aseguró que el 24 de noviembre del ’76 no le tocó la guardia, y que del hecho se enteró por los diarios, con lo cual deslindó su intervención en el caso. Al exhibirle el tribunal varios certificados de defunción de la causa donde figura su nombre, contestó que esas eran actas del registro civil y no certificados de defunción, y que en todo caso puede haber firmado los certificados, pero que fueron constatados por otro médico. Preguntado insistentemente sobre si no le resultaba irregular firmar algo que él mismo no había constatado, reconoció que sí, pero que era parte de la metodología de la época.
Llamado el otro el otro médico de guardia en Sanidad, Héctor Darbón, recordó que participó de la certificación de los asesinatos, y que lo impresionó ver un cadáver carbonizado en la morgue de esa dependencia, pero que no llegó al lugar ningún cuerpo de un menor. Explicó que la metodología era dar un número y descripción por cada caso, asentarlo en un libro y entregarlo a instrucción judicial. Al exhibírsele un acta de defunción de un NN carbonizado con su nombre, repitió que lo impresionó ver la carbonización pero no recordaba si lo había certificado. Por último se excusó en que era un profesional muy joven y que el médico más experimentado era el jefe de guardia Roberto Sciafardo.
Convocado a decir su parte, Sciafardo dijo que en la dictadura “hubo un incremento de cadáveres, la mayoría por balas”. A su vez indicó que entre los cadáveres que llegaron de calle 30 no se encontraba el de ningún bebé. Que tuvo actuación en la morgue pero no la recordaba, y que del hecho se enteró por los diarios. Para sumar sospechas sobre la actuación médica en el caso, recordó que en los años 80 un juzgado le pidió los libros de guardia entre 1976 y 1977, que años más tarde “desaparecieron”.
Un detalle no menor, que viene repitiéndose en todos los juicios realizados en nuestra ciudad hasta el momento, es la declaración de varios genocidas como “testigos” de hechos represivos de los que han participado y cuya citación como imputados, pedida por las querellas, nunca ha sido concedida. Además de la dilatación del proceso hacia futuros procesamientos en próximos e improbables juicios, esto provoca que los testimonios sean escuetos y más que específicos, para no contradecir la situación de testigo (conjurado a decir la verdad) con la posible autoinculpación en que podrían incurrir los represores-testigos si contaran todo lo que saben. Y exactamente eso se fue lo que ocurrió en este juicio con el desfile impune de varios represores “testigos” como el agente del destacamento de Arana Juan Carlos Urquiza; el agente de la Comisaría 5ta José Celedonio Torres y el jefe de la policía Federal en La Plata en dictadura Juan Rafael Pochelou, los tres imputados en la causa residual de Arana que quedó fuera de este debate.
Pero desfilaron además otros como el Capitán del Ejército Héctor Amuchástegui, oficial de logística en el Regimiento de Infantería 7 (por entonces ubicado en la actual plaza Islas Malvinas), que dijo que el 24 de noviembre del ’76 concurrió a la casa de calle 30 ante el requerimiento policial de apoyo. Rememoró que rodearon la manzana con 50 soldados al mando del jefe y subjefe del regimiento, Presti y Miloni, con orden de identificar personas, aunque sin haber recibido elementos concretos para hacerlo. Con senil tono castrense afirmó que “la unidad tomo posición en U sobre la manzana de la casa, y tras 2 horas hubo una explosión y se terminó el problema”. Indagado sobre si supo de muertos o heridos dijo que se enteró de 4 asesinados y que “en el regimiento se dijo que había un bebé”. Por último aseveró que el Ejército fue advertido de que se iba a disparar con un arma antitanque, que posiblemente haya sido una bazooka del tipo “Instalaza 88,9”, un proyectil de carga hueca que impacta y explota, o bien una del tipo “P.A.P.I. 3,62” utilizada como antitanque. Esta afirmación produjo una ampliación indagatoria de Cozzani, que acusó a Amuchástegui de enfermarse hoy “de miedo y de deshonor” cuando en aquella época “recorría la ciudad en una tanqueta”. En otro intento de abonar a la teoría del incendio en la casa y carbonización de los cuerpos, Cozzani dijo que “en calle 30 se usó un P.A.P.I.” (por sus siglas, Proyectil Antitanque Para Infantería) y que “me lo contó Pernías en Marcos Paz” (!). Todo ello para asegurar que quien disparó fueron las Fuerzas Armadas y no la Policía: “Fueron el BIM3, el Regimiento 7 o el Batallón 601”, dijo.
Forastiero detenido por falso testimonio
El más prodigioso de los casos de represores-testigos se dio con la testimonial de José Clemente Forastiero, durante la dictadura jefe de Infantería de la bonaerense con sede en 1 y 60, e imputado en la causa por ese CCD. Forastiero comenzó su declaración fingiendo una sordera que se le curó repentinamente cuando se empantanaron sus argumentos. Tras afirmar que envió personal a la casa de calle 30 para “cortar la calle” a pedido de la Jefatura, juró que él no estuvo en el lugar. Pero luego dijo que decidió ir tras enterarse que “había un herido con casco”, aunque “llegué, no me informaron nada, di media vuelta y me fui”. Recordado por el tribunal de las consecuencias de la negativa a declarar, repitió toda su versión sin consistencia y comenzó a tartamudear. Tras un receso para deliberar, el tribunal decidió procesarlo por falso testimonio por sus reticencias y omisiones en la declaración.
La complicidad o, más bien la participación activa de la iglesia católica en el Terrorismo de Estado, es patente en este caso con la “obra” de monseñor Emilio Teodoro Graselli. Secretario del vicario castrense, Graselli atendía a los familiares de desaparecidos en una oficina contigua a la capilla Stella Maris de Capital Federal, lugar en que la Armada infiltró y secuestró a un grupo inicial de Madres y a sus colaboradores. Chicha lo visitó allí en 1977 para pedirle que le ayudara a encontrar a Clara, y el obispo realizaba cuestionarios en que recababa datos con los que llenaba fichas que luego llegaban a la inteligencia militar. Graselli confeccionó más de 2.500 fichas de ese tipo, y en algunas de ellas marcaba en rojo la letra “M”, en obvia referencia a militantes Montoneros. Sobradas veces, Chicha testimonió que en su segunda visita a Graselli, éste le respondió que ya no se podía hacer nada, que había pasado demasiado tiempo y que era imposible recuperar a Clara, porque “había sido ubicada muy alto”.
Convocado a aclarar ese accionar, Graselli relató que como tanta gente visitaba al Vicario Castrense Monseñor Tortolo en Paraná, éste le encargó que atendiera a los familiares en Capital Federal. Que tomaba los datos, hacía las fichas y en el anverso indicaba un nombre “con quién comunicarse”. Que esas fichas se las entregaba a Tortolo, que supuestamente “pedía datos diariamente al Ministerio del Interior o a las Fuerzas Armadas”. Reconoció que atendió personalmente unos 2.500 casos, “30 o 40 por semana” dijo, y que la mayoría de las respuestas que él recibía era “no están detenidos”. Lamentándose porque “pasaron tantos años y no sabemos la verdad”, el cura mostró su verdadera disposición a colaborar en la investigación al ser consultado por las visitas de Chicha, a lo que sólo respondió “no lo recuerdo”.

LAS PRUEBAS

Los familiares de los militantes caídos en la casa de calle 30 relataron en el juicio la persecución por su militancia de que venían siendo víctimas desde mucho antes del golpe. Mauricio Peiris, contó que su hermano de Juan Carlos militaba en Montoneros y en la Asociación de Empleados de Comercio de Bahía Blanca y estaba clandestino desde el ’74. Asediado por la persecución de las patotas del Comando del 5to Cuerpo del Ejército, que incluyó allanamientos a su casa, a la casa del hermano y la madre, Juan Carlos se escapó de su ciudad y se vino continuar su militancia en La Plata.
La hermana de Alberto Bossio, Ana María, relató que la mañana del 24 de noviembre Alberto la visitó en su casa muy nervioso y le dijo que sabía que la casa de calle 30 estaba “quemada”. Alberto estaba clandestino desde el ’75, tras enterarse que estaba siendo perseguido por la Triple A, información que consiguió vía intercepción de la radio del BIM3 con un compañero. Ana María contó que en abril del ’76 había sido secuestrado por un comando del CNU su esposo Leonardo Miceli, cuyos restos la familia encontró luego en el cementerio de Avellaneda. Y que el día del ataque, fue a la casa 2 horas después de concluido el operativo, no ingresó pero recuerda que el olor a pólvora invadía toda la manzana.
La perito del archivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Bellingieri, confirmó el nivel de conocimiento que la Dirección de Inteligencia de la bonaerense (DIPPBA) tenía para desarrollar la cacería de los militantes. Comentó la existencia de un legajo específico en la mesa “DS” (delincuente subversivo) sobre el operativo, donde además de compendiar distintos memorándum policiales en la preparación del ataque, se dan detalles de los sucedido y se recopila información de prensa de medios locales sobre el tema. Pero principalmente, la perito expuso los legajos individuales de todos los militantes caídos en la casa: Mendiburu Elicabe señalado como integrante de la JTP a través de un procedimiento en un local en La Plata; Porfidio mencionado en varios legajos de los años ’73 al ’77 (lo que indica un seguimiento posterior al ataque) como un “posible blanco” por la inteligencia policial; y Peiris sindicado con pedido de captura en julio del ’76 en documentos intercambiados entre la inteligencia de Prefectura Naval, el Comando del 5to Cuerpo y la DIPPBA.
Las fichas del matrimonio Mariani-Teruggi son las más estremecedoras, ya que evidencian el trabajo que desde el Batallón 601 se hacía en enlace con la inteligencia policial, desde antes del ataque, sobre el embarazo de Diana: en el legajo “DS” N° 6.976 se documenta el seguimiento sobre la partera y el dentista de Diana, que poseían material sensible para identificar un cuerpo en el ámbito de la morgue y la identidad de un bebé, material que luego fue borrado de los archivos oficiales. El legajo N° 7.263 informa sobre la búsqueda de Daniel Mariani que la inteligencia militar y policial desarrollaban entre noviembre y diciembre del ’76. Y hasta Clara Anahí aparece en el legajo 12.577, de febrero del ’79, en un informe sobre su nacimiento y datos filiatorios, que prueba el especial interés que la bonaerense cultivaba sobre la niña apropiada tres años atrás, sobre todo ante la búsqueda de su abuela. La propia Chicha Mariani y las Abuelas como organización integraron decenas de informes de seguimiento durante toda la década del ’80.
El vecino que contradijo el testimonio de los genocidas
Fundamental fueron los testimonios de los vecinos del barrio para aportar detalles sobre el operativo y echar por tierra la versión de la muerte de Clara. Liliana Stancatti trabajaba en un “Modubank” de City Bell y vivía con su madre en 56 entre 24 y 25. Además de relatar la magnitud del operativo, dijo que un ex policía y agente de seguridad de su trabajo le dijo que sabía que “la nena no murió”, sino que fue “entregada a un alto jefe policial que no podía tener hijos”. Carlos Leotta trabajaba en un taller mecánico y vivía en 55 y 29. Contó en el juicio que al regresar de su trabajo se encontró con el operativo de fuerzas conjuntas en el barrio, escuchó el estruendo de los disparos, efectuados principalmente por la policía, y confirmó la finalización del ataque con una explosión enorme. Si bien reconoció no haber visto directamente lo que sucedía en la cuadra, aportó la versión de primera mano de una vecina que tenía un almacén en la esquina de la misma manzana y a la que apodaban “La Gallega”. Al parecer, esta mujer conocía a la familia Mariani-Teruggi porque le compraban insumos para hacer el escabeche de conejos y, según Leotta, ella comentó que “a la nena la sacaron con vida” y que lo afirmó “con una seguridad absoluta”. Cabría preguntarse: ¿Si en el hecho más comentado de la represión en La Plata, tanto los vecinos como amplios sectores de la fuerza policial sabían que la niña sobrevivió y que fue apropiada, con qué argumentos se sostiene la teoría de inversa? ¿Habiéndose borrado intencionalmente todos los registros oficiales desde su nacimiento hasta su pretendido fallecimiento, e incluso no habiendo cuerpo, qué otra forma hay de probar hoy la versión de los genocidas de la muerte de la niña? Las respuestas abonan hacen inexorable la tesis de la apropiación, sobre todo cuando los represores han dicho en el juicio que saben algo que cínicamente ocultan.
El destino de Daniel Mariani, posterior al ataque y hasta su caída en agosto del ’77, también fue relatado en el juicio. Nieves Luján Acosta, que conocía a Diana y Daniel por su militancia en una unidad básica del popular barrio de 16 y 530, contó que Daniel pasó a verlo una o dos semanas después del ataque, y que sabía de la muerte de Diana y la probable apropiación de Clara. El grupo de militancia de esa U.B. estaba referenciado con otra casa militante, la del matrimonio de Eduardo “El Turco” Aued y Graciela Médici en 132 y 35. En el peor momento de la represión, Eduardo y Graciela recibieron en su casa a varios militantes montoneros que escapaban del cerco, entre ellos Daniel (que se hacía llamar “Bocha” o “Esteban”) y Laura Carlotto. En una mudanza en la que ayudaba a Laura, Daniel cayó en el operativo que se realizó en la casa del matrimonio Aued-Médici el 1 de agosto de 1977. Nilda Aued, hermana de Eduardo, relató que su hermano y su cuñada embarazada fueron secuestrados y alojados en la Brigada de La Plata, en Arana y en el Pozo de Banfield. Ambos continúan desaparecidos. Según su relato, Daniel fue emboscado al llegar a la casa y herido intentando huir. Nieves Acosta relató que el operativo continuó en la U.B., a 20 cuadras de la casa. Acosta y su esposa fueron secuestrados y llevados con el mismo grupo a la Brigada y al Pozo de Banfield. Dijo que en cautiverio se enteró por Aued que Daniel había sido fusilado.

LA OBSTINACIÓN

Avanzado a este punto el relato de familiares y sobrevivientes, los genocidas insistieron sin pruebas con la estrategia del incendio en la casa y la muerte. Etchecolatz amplió largamente 2 veces su indagatoria, pero solo para agravar su situación. Primero pidió una inspección ocular en la casa, hoy museo de la “Asociación Anahí”, pero la condicionó a que él ponía los peritos. Además desdibujó la estructura de la casa, al decir que ellos dispararon la bazooka desde los techos a la medianera del fondo (imprenta), cuando está probado que el disparo se hizo de frente a la casa y que ninguno de los integrantes de la casa llegó al doble fondo para escapar o defenderse. Y sobre Clara dijo “no puedo asegurar si la criatura estaba adentro”, aunque afirmó desafiante: “Sra. Mariani, a Anahí se la quitó la subversión”. Poco antes de cumplirse 35 años del hecho, el tribunal realizó la inspección pero con peritos propios, ante lo cual Etchecolatz se negó a participar. El peritaje fue concluyente en cuanto a que no había rastros de fuego, lo que desmintió la versión de la muerte por carbonización. Además, el tribunal pudo ver la bañadera, que está intacta, y sumarlo a que la versión más fuerte es que la niña fue resguardada en esa bañadera y que por eso sobrevivió. No contento con ello, Etchecolatz volvió a pedir la inspección a la que se había negado a ir, y solicitó la declaración de Laura Alcoba, autora del libro “La Casa de los conejos”, porque en su relato probaría, para Etchecolatz, que en el lugar había armas, lo cual no lo exime de las responsabilidades por lo que se lo está juzgando.
En el caso de Cozzani , también realizó 2 ampliaciones indagatorias, pero sólo para insistir con una versión que no puede probar, al decirle al tribunal: “Yo le puedo explicar en que rincón estaba el cochecito de la beba, cuando yo entré, luego que todo había culminado. El cochecito era una masa de hierro retorcido, que sumado al Comunicado Oficial y las declaraciones de Tarella me hacen pensar que la nena está fallecida. El comentario es que todos habían muerto, aunque en el momento no la vi a la beba”. Cozzani volvió sobre sus anteriores afirmaciones, y las modificó con el argumento de que el receso de enero de 2012 en el juicio lo hizo reflexionar y querer contar la verdad, para lo cual sólo espera “un poco de dignidad entre el resto de los co-procesados. Si no lo hacen yo avanzaré en mis explicaciones, me comprometo”, dijo guardando cínicamente sus secretos.

¿FINAL?

Con todas las herramientas que el juicio proporcionó a su disposición, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata probablemente condene a los imputados por los asesinatos de Diana Teruggi, Roberto Porfidio, Juan Carlos Peiris, Alberto Bossio y Daniel Mendiburu; y por el apriete que sufrió Chicha como parte del operativo. Inclusive, es probable que se condene por la supresión de identidad y ocultamiento de Clara a varios represores en el denominado “Juicio por el Plan Sistemático de Apropiación”, que se lleva adelante desde comienzos de 2011 en Capital Federal. Pero aún así, nos quedan varias cavilaciones: Es portentoso que a esta altura de la reapertura de una política investigaciones sobre hechos cometidos desde la estructura del Estado, haya contradicciones tan grandes entre lo que ese Estado dice hacer y lo que efectivamente hace. Es irritante que las víctimas sobrevivientes, los familiares y las organizaciones de DDHH tengamos que estar pendientes de la buena salud de los represores para que no eludan con falsos achaques a la Justicia, o directamente para que puedan llegar a juicio y a sentencia. Es infamante que la capacidad investigativa de la Justicia federal par dar con el paradero de los jóvenes apropiados se reduzca a llamar a las posibles víctimas a dar sangre, o a esperar datos de alguna confesión despechada y calculada de los represores. Y finalmente, es una farsa de justicia que incluso con la posibilidad cierta de condenar a los desaparecedores y asesinos de sus padres, como en el caso de Clara Anahí Mariani-Teruggi o en el de Ana Libertad Baratti de la Cuadra, ese acto de “Justicia” excluya y hasta suprima la posibilidad de encontrar a los jóvenes apropiados y condenar a sus apropiadores con promesas de futuros e inciertos juicios.
Al final de juicio “Circuito Camps” escucharemos las “revelaciones” que durante todo el proceso guardaron Cozzani y Etchecolatz, aunque no esperamos nada de verdad de ellos. Ya aprendimos con las palabras finales de Etchecolatz, que el tribunal le otorgó en el juicio que lo tuvo como protagonista en 2006, que estos personajes no confiesan, sinó que lanzan afrentas. Así lo hizo el responsable de la segunda desaparición de Jorge Julio Lopez con una cita genérica de Borges sobre la legitimidad de quien intenta ser juez de los demás. Y lo hizo para proyectar su desafiante amenaza final: “No es este tribunal el que me condena, son Ustedes los que se condenan”. Nos permitimos redoblar la apuesta con otra cita del autor que mejor interpretó las contradicciones y los privilegios del conservadurismo en nuestro país. Cierra Borges su cuento “El cautivo”, sobre un niño desaparecido en un malón, criado entre indios y regresado, aunque incómodamente al hogar, diciendo: “Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron; yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una caricatura o un perro, los padres y la casa”.


Esta nota está dedicada a la memoria de Adriana Leyla Calvo, que nos enseñó con su ejemplo de lucha que la única investigación real sobre los crímenes del Terrorismo de Estado se hizo y se hará siempre desde el trabajo insistente, coherente e independiente de los sectores populares.
Nota publicada en 30000 RAZONES Nº3 HIJOS LaPlata.

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