NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

jueves, 6 de diciembre de 2012

26 menos 3 represores


Este fin de año llega a SENTENCIA EL JUICIO contra 26 menos 3 represores del CIRCUITO CAMPS.
Convocamos a todos, a acompañar la sentencia el miércoles 19 de diciembre en la sede de la ex - amia calle 4 entre 51 y 53 de la ciudad de La Plata.

_Porque esto no son los juicios que queremos.
_Porque faltan muchos represores por encarcelar.
_Porque quedan muchos jóvenes apropiados por restituir a su identidad.
_Porque falta Julio López y falta justicia.

Seguimos luchando por JUICIO Y CASTIGO a todos los genocidas de la última dictadura
y por JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.

HIJOS La Plata




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martes, 6 de noviembre de 2012

Justicia?


Otra sentencia nos encuentra…otra injusticia se cristaliza…otra posibilidad de impunidad se confirma.
El 2º Juicio a los genocidas de la región nos permite decir, una vez más, que estamos ante un Poder Judicial selectivo que restringe el derecho de defensa de los pobres y al mismo tiempo facilita la impunidad de los autores de los más graves crímenes de la historia nacional. Pensemos si a estos criminales que han asistido al “evento jurídico” durante poco más de 7 meses, les corresponderá una condena igual a aquella que soportan la mayoría de los presos comunes y de los luchadores populares procesados por reclamar sus derechos o si serán beneficiados con el reguero de favores a los que nos tiene acostumbrados este Estado.
Cómo se entiende el concepto de justicia si hay un Poder Judicial que favorece a aquellos que asesinaron a una generación en pos del sostenimiento de un sistema capitalista que aún hoy sigue en pie y a aquéllos que en estos tiempos llevan a cabo los más atroces delitos como el gatillo fácil o la trata de personas?
La represión a organizaciones de trabajadores, el gatillo fácil, la tortura y también la desaparición de personas siguen siendo política de Estado, no puede ser de otra forma en una sociedad dividida entre ricos y pobres. Son 195 las personas contabilizadas como desaparecidas desde 1983. El kirchnerismo, que hizo de los desaparecidos de la dictadura una bandera, es responsable de más de 67 casos de desapariciones, superado sólo por los diez años menemistas con casi 80 desaparecidos. Ayer la doctrina de “Seguridad Nacional”, hoy la política de “Control Social” como clara continuidad de un sistema represivo e injusto. Ayer el subversivo, hoy el joven morocho y pobre culpable de la inseguridad.
Por ello es que a partir del inicio de los juicios a los represores de la última dictadura, desde HIJOS Alto Valle hemos manifestado nuestro absoluto repudio hacia su ejecución y posterior condena. Por qué?
Porque el mismo sistema que desde antes del año 1976 -porque no debemos olvidarnos del accionar de los grupos paramilitares como la Triple A- reprimió, asesinó, violó, torturó y desapareció militantes de todas las banderas ideológico-políticas es el mismo que hoy, más de 37 años después quiere impartir “justicia”. Porque al avalar, invisibiliza y torna en víctima la lucha popular volviéndola cosa juzgada ofreciendo solo un paliativo que acalla voces, ideas y dolores de tres generaciones y de una sociedad toda.
Porque desde las acciones del Estado actual no existe una reivindicación de la lucha revolucionaria de nuestros viejos, sino un encuadramiento jurídico social de los crímenes cometidos que llevan a la victimización y la invisibilización de los movimientos revolucionarios argentinos del ´70, quienes lucharon explícitamente no sólo contra el estado de facto, sino contra el capitalismo voraz que impedía la plena realización de una sociedad igualitaria.
Porque la apropiación de la militancia por parte del Estado nacional no hace más que confirmar la capacidad de metamorfosearse del sistema capitalista en el que seguimos viviendo. La oficialización de las prácticas, los lenguajes y los símbolos que ayer transportaban la fuerza del proyecto emancipador se visualizan al agregar el 24 de marzo de 1976 como feriado en el calendario nacional, al crear museos para la memoria, al cooptar a los organismos de Derechos Humanos, al convertir en funcionarios a aquellos que alguna vez estuvieron de “este lado” de la militancia; el Estado legitima la lucha de los familiares de desaparecidos, y al legitimarla la anula, le quita el más alto valor que sus ideas y acciones promovían: ser revolucionarios y luchar por el cambio social.
Porque 300 genocidas presos en 9 años de juicios no es justicia, 3.500 jóvenes asesinados por el gatillo fácil no son excesos, 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones no son excepciones, 195 desaparecidos por razones políticas no es democracia, es capitalismo.
Porque la justicia a cuentagotas sigue inclinando la balanza hacia la impunidad, ya que a más de 9 años de caídas las leyes de impunidad son 313 los genocidas procesados muertos impunes contra 261 condenados.
Porque basta ver las condenas del juicio por “La Escuelita” en el año 2008 para comprender de qué estamos hablando: de todos los condenados a cárcel común en aquélla ocasión, siete de ellos gozaban de prisión domiciliaria a los 90 días de dictado el fallo.
Porque los juicios de este año lo único que logran es seguir consolidando esta parodia jurídica de este Estado injusto y represor; porque la impunidad pasea en los juzgados es que sabemos que sólo caminando la calle y en la movilización popular, como lo hacían nuestros viejos y sus compañeras y compañeros, es donde estos genocidas sentirán el peso de sus condenas.

· No hay justicia, hay escrache
· Justicia popular
· Reivindicación de la lucha revolucionaria de nuestros viejos

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viernes, 19 de octubre de 2012

TESTIGOS DESAPARICIÓN EIMPUNIDADES


 CON LA DEMOKRACIA … ¿NO SE DESAPARECE?

El segundo aniversario del asesinato del compañero militante Mariano Ferreyra nos encuentra otra vez en las calles, reclamando justicia en el caso, pero denunciando una vez más la existencia de asesinados por luchar y desaparecidos por razones políticas. La desaparición forzada por unas horas de Alfonso Severo, ex gerente ferroviario y testigo en la causa, vuelve a desnudar el límite de gobernabilidad democrática que el kirchnerismo plantea al autodefinirse como “el gobierno de los Derechos Humanos” y convivir con los oscuros poderes de la mafia.

La historia reciente de nuestro país nos ha enseñado que las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo de la víctima, y son perpetradas por fuerzas de seguridad o paraestatales con un objetivo claro: el disciplinamiento de los opositores políticos al régimen que ellos representan.

Y si bien hoy la doctrina de “Seguridad Nacional” que sustentó el accionar del Terrorismo de Estado ha devenido en política de “Control Social”, ello no excluye sino que es continuidad histórica y operacional de la tarea de construcción de un enemigo interno para justificar el accionar del propio interés de clase: ayer la dinámica de la desaparición forzada de personas sobre el terrorista subversivo, hoy el joven pobre y morocho como culpable de la inseguridad. Hoy asistimos sí a un sistemático proceso de institucionalización y borramiento de la memoria social, que se evidencia en la oficialización de las prácticas, los lenguajes y los símbolos que ayer transportaban la fuerza del proyecto emancipador y que hoy no son más que un pequeño kiosco desde el cual defender la continuidad del modelo de hambre, saqueo y represión.

No es novedad para nadie que hace ya tiempo que la política opera según el modelo organizativo de la mafia, de la acción reaccionaria que golpea para mantener sus intereses o para blindar a sus crímenes con la impunidad que el temor otorga. Y quien camine la senda de la lucha popular sabrá que esto se fomenta en todos los órdenes institucionales, desde las patotas gremiales a las transas universitarias, de los negociados empresariales a los pseudo-cooperativismos municipales. La premisa que al momento se pregona, principalmente el kirchnerismo, parece ser: O se está incluido en la esfera de intereses de una mafia particular o bien se está desamparado hasta límites de la barbarie.

Los casos de sobrevivientes del Terrorismo de Estado amedrentados o directamente secuestrados para detener en el avance de las causas contra los genocidas de ayer, conforman una seguidilla que nunca ha cesado. Demás está aclarar que ninguno de esos hechos ha sido investigado debidamente y todos continúan impunes.

No es sólo el caso de Jorge Julio López, albañil y militante popular detenido durante 4 años en 5 CCD del Circuito Camps, que tras animarse a contar su horror en el juicio contra uno de los jefes de la patotas de la bonaerense, Miguel Etchecolatz, inauguró 30 años después la categoría de ex detenido-aparecido-desaparecido.  Su caso puso en la superficie las relaciones de poder que integran una trama extensa de complicidades político-policial-judiciales, y la causa abierta para investigar el hecho es un verdadero monumento a la impunidad. En diciembre de 2006 se dio el caso de Luis Gerez, testigo en una de las causas contra el represor Luis Patti, secuestrado durante 2 días en Escobar y aparecido en Garín con signos de tortura. En mayo de 2008 Juan Puthod, ex detenido en varios CCD en dictadura y militante de la Casa de la Memoria de Zárate, fue secuestrado mientras organizaba un acto homenaje a los militantes montoneros Cambiasso y Pereira Rossi, por cuyo asesinato en 1983 también está señalado Patti. Reaparecido 30 horas después sin intervención policial, Juan murió de un ACV en mayo de 2010. La causa por el asesinato de Silvia Suppo, ex detenida y querellante en varias causas contra los genocidas en Santa Fe, naufraga en la intencionada hipótesis policial del homicidio en ocasión de robo, mientras se oculta que gracias a su testimonio se logró condenar a seis represores en la provincia 3 meses antes del hecho. Y el secuestro y encierro por 2 días de Víctor Martínez, testigo presencial en julio de 1977 del asesinato (en un fingido accidente en la ruta) del obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León, llevó esta dinámica a las calles del centro porteño en abril de 2011. Martínez venía señalando la responsabilidad del represor Manuel Fernando Saint Amant, juzgado hoy en Rosario en otra causa, como instigador del crimen.

Pero quien piense que la modalidad represiva del secuestro y desaparición como amedrentamiento terminó con la dictadura del ’76, o se reduce a los declarantes de las investigaciones reabiertas en esos casos se equivoca.

Mario Golemba, un joven agricultor de la Cooperativa yerbatera Picada Indumar, en la localidad 2 de Mayo de Misiones, está desaparecido desde el 27 de marzo de 2008. Dos presos de la cárcel de Oberá testimoniaron en la causa que ese día estuvieron detenidos en la comisaría de 2 de Mayo, a cargo del Comisario Ewaldo Katz, y que vieron a Golemba esposado, golpeado y trasladado en una camioneta policial. Conocida la noticia, el comisario Katz y 10 de sus muchachos fueron premiados, por decisión del ministro de gobierno misionero, con el traslado a la comisaría de la localidad de Aristóbulo del Valle, no casualmente la ciudad del entonces gobernador Maurice Closs.

Similar premio recibieron del gobernador Scioli y su superministro Casal los 8 agentes de la bonaerense implicados en la detención, torturas y desaparición del joven de 16 años Luciano Arruga, ocurrida en Enero de 2009 en el Destacamento policial de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. En efecto los efectivos no sólo no fueron separados de la mejor Maldita Policía del Mundo ni detenidos, sino que están cumpliendo funciones en comisarías de Lanús, Morón, Monte Grande, Ramos Mejía y La Matanza. Y a más de 3 años y medio de hecho, para el poder judicial el caso se sigue tratando de una simple “averiguación de paradero”.

Daniel Francisco Solano, trabajador de la cosecha de manzanas de 27 años, permanece desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, cuando fue retirado a los golpes del local bailable Macuba Megadisco de la ciudad de Choele Choel (Río Negro) por policías pertenecientes al grupo BORA (la Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto). Los familiares denunciaron que Solano sufría persecuciones de la empresa que lo contrataba, por sus denuncias acerca de supuestas irregularidades en el alojamiento, alimentación y pago de jornales; y relacionan su desaparición con una probable represalia de agentes de la Comisaría 8va de Choele. En el caso hay no menos de 25 policías imputados, entre ejecutores, encubridores y entorpecedores de la investigación. La única y tardía consecuencia fue la disolución del grupo BORA por el gobierno rionegrino en diciembre de 2011.

Facundo Rivera Alegre, joven cordobés de 20 años, es una víctima más del nefasto código de faltas del gobernador De la Sota, que otorga poderes extraordinarios a la Policía para desplegar estrategias represivas para perseguir todos los días a los pibes de los barrios tan solo por estar teñidos, usar gorritas, ir a los bailes y escuchar cuarteto. Rivera, desapareció el 19 de febrero de este año, cuando salía de un baile de Cuarteto en el Estadio del Centro, donde actuaba Damián Córdoba. Trabajaba y estaba retomando los estudios porque quería empezar Arquitectura este año. La sospecha más fuerte recae sobre los policías retirados que cumplen adicionales en estos eventos, y que es una invención más del Ministro de Seguridad de la Provincia, y ex Jefe de Policía, Alejo Paredes.

Alfonso Severo es un testigo que habla en el juicio por Mariano Ferreyra porque fue parte del armado de la Unión Ferroviaria y de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) que el kirchnerismo creó en 2004 para que gestionen 60 millones de pesos anuales en los subsidios a la tercerización en el servicio de trenes. Su aporte a la investigación es puntualmente por denunciar el sitio, el manejo y la modalidad con que la patota de Pedraza guardaba y utilizaba armas. Pero no fue el primer testigo amedrentado en la causa de Mariano. El lunes 1 de octubre pasado José “Cacho” Andino, militante del Movimiento Teresa Rodríguez, denunció haber sufrido amenazas al bajar del colectivo 148 en Florencio Varela. “Cacho” Andino tenía que declarar como testigo al día siguiente en el juicio por Mariano, ya que estuvo presente en la movilización de Barracas en el momento del ataque de la patota. “Tenemos que hablar con vos, no nos mirés”, le dijeron dos hombres, a bordo de una moto roja. Lo llamaron por su apellido, uno se puso delante de él y el otro atrás y lo empujaron hacia un callejón. “¡Piquetero hijo de puta! ¡Ni tu madre te va a reconocer si seguís hablando!”, le dijo uno. “¿Quién carajo te dijo que viste una escopeta?”, dijo el otro, en alusión a una entrevista periodística que dio Andino, en la que mencionó haber visto a alguien armado con una escopeta el día del ataque de la patota que mató a Ferreyra, además de otro hombre con un arma corta. Andino es uno de los pocos testigos que vio que alguno de la patota tenía un arma larga, lo cuál posteriormente se confirmó con una pericia balística. Y ese dato sirvió para determinar que el día que mataron a Mariano hubo más armas que las que contempla el juicio. En mayo de 2009 Andino y su organización sufrieron un allanamiento irregular al comedor del MTR en Florencio Varela en el marco de una causa armada contra la organización por el juez Claudio Bonadío.

Porque estamos convencidos de que es imposible que el Estado proteja a los testigos si es socio de los criminales investigados, porque sabemos que la única protección posible es que los represores, torturadores, asesinos, cómplices y mafiosos de ayer y de hoy estén en la cárcel.
Porque 300 genocidas presos en 9 años de juicios no es justicia, 3.500 jóvenes asesinados por el gatillo fácil no son excesos, 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones no son excepciones, 196 desaparecidos por razones políticas no es democracia.
Este 20 de Octubre, a 2 años sin Mariano, seguiremos estando en las calles, gritando y exigiendo Juicio y Castigo. Recordándole al “Gobierno de los Derechos Humanos” que aún existen persecuciones, presos, asesinados y desapariciones por luchar. Pero lo haremos sabiendo muy bien que para detener al monstruo azul desaparecedor de ayer, y al del gatillo fácil de hoy, no hay que provocarlo con escarmientos simbólicos, hay que empuñar el arma de la memoria y la movilización popular y barrerlos para siempre.


-                JUICIO Y CASTIGO A LOS EJECUTORES E IDEÓLOGOS DEL CRIMEN DE MARIANO FERREYRA.
-                BASTA DE PATOTAS Y TERCERIZACIÓN DE LA REPRESIÓN.
-                BASTA DE APRIETES A LOS TESTIGOS EN LAS CAUSAS POR LOS CRÍMENES CONTRA EL PUEBLO.
-                 BASTA DE NATURALIZAR LAS DESAPARICIONES FORZADAS
-                 MARIANO FERREYRA PRESENTE!!!

HIJOS LA PLATA

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lunes, 8 de octubre de 2012

EL “CIRCUITO CAMPS” A LA VANGUARDIA DE LOS MUERTOS IMPUNES

Murió el genocida Saint Jean.


Posicionando a la ciudad de La Plata a la vanguardia en la situación de impunidad de que gozan los represores de la última dictadura pese a la reapertura de los procesos judiciales en su contra, el pasado viernes falleció impune el tercer genocida imputado en el juicio “Circuito Camps”: el ex gobernador militar de la Provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint Jean.

Tras los fallecimientos en total impunidad de los represores Rubén Paéz (jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata entre junio y diciembre del ‘77) en febrero pasado y de Alejandro Arias Duval (jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata entre ‘76-‘79) en mayo de este año, la muerte del geronte Saint Jean, de 90 años, confirmó al proceso “Circuito Camps” como el juicio con mayor cantidad de represores muertos impunes durante las audiencias, lo que como mínimo debería llamar la atención sobre la falta de celeridad general del proceso.

Nacido en Chascomús, en septiembre de 1922, Saint Jean ingresó en el Colegio Militar en 1940. Fue director de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, agregado militar en Brasil y pasó a retiro en febrero del ’73. Designado gobernador de facto en la dictadura por Decreto n° 47 del 7 de abril del ‘76, ocupó el cargo hasta el 28 de marzo de 1981.

Beneficiado durante décadas con las leyes de impunidad, Saint Jean fue procesado a indagado en mayo de 2008. En el juicio “Circuito Camps” se señalaba su responsabilidad en la organización del plan represivo, en cuanto a la provisión y sostenimiento de la estructura edilicia, del personal y de los medios materiales indispensables para la realización de las conductas ilícitas perpetradas durante toda su fase ejecutiva. La acusación fiscal afirmaba que “Saint Jean asumió la gobernación de la provincia a sabiendas de que tal circunstancia requería ser parte de un plan criminal” y que “la Policía de la provincia de Buenos Aires no pudo haber funcionado con independencia del Poder Ejecutivo Provincial, así como tampoco pudo estar a disposición de otro organismo sin la decisión de este poder”.

Pese a su importante rol en la cadena de mandos represivos, la imputación a Saint Jean es una muestra del recorte  fragmentación que la justicia realiza en estos procesos: se lo acusaba sólo por 62 casos de secuestros, torturas y un homicidio, ocurridos en el CCD “Puesto Vasco”, entre ellos los sufridos por integrantes del “Grupo Graiver” y ministros del gobernador Victorio Calabró.


Saint Jean fue uno de los 15 genocidas cuya situación acusatoria se agravó en septiembre pasado, merced a la impecable actuación de la querella del espacio “Justicia Ya!” que logró ampliar la acusación por los homicidios de al menos 33 víctimas cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Ello importaba la posibilidad de condenarlo a prisión perpetua, por eso el tribunal le había revocado la domiciliaria de la que gozaba desde hace años en su departamento porteño de calle Cabildo N°639 y lo mandó al hospital penitenciario de Ezeiza.  
En las dos posibilidades de declarar que tuvo en el marco del juicio “Circuito Camps” se llamó a silencio, como la mayoría de los genocidas allí juzgados.

La justicia a cuentagotas sigue inclinando el fiel de la balanza hacia la impunidad, ya que a más de 9 años de caídas las leyes de impunidad son 313 los genocidas procesados muertos impunes contra 261 condenados.

Algunos de los últimos genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena.
El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes.

En diciembre de 2011, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. Y en febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

Las muertes impunes de Paez, Arias Duval y Saint Jean, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti, Osvaldo Sertorio y otros en las causas de La Plata, no hacen más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones.
De hecho en La Plata, aún con el proceso recortado por el “Circuito Camps” de 26 (ahora menos 3) represores imputados por unas 280 víctimas, en 2012 no se condenó a ningún genocida. Y suman sólo 20 los represores condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. Y hay en la Jurisdicción federal de La Plata unas 20 causas en instrucción con 94 procesamientos sobre 62 represores a ser juzgados en inciertos próximos juicios.

Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.



Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!

HIJOS La Plata

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195 desaparecidos en democracia.



195 desaparecidos en democracia.

Pareciera que hablar de desaparecido es hablar del pasado, de la dictadura, de Videla. Pero quien piense que esa modalidad represiva terminó con la dictadura del ’76 se equivoca: son 195 las personas que los gobiernos democráticos o sus patotas detuvieron, torturaron y desaparecieron bajo la cortina de la ‘democracia’.

La restauración democrática anunciaba que, en 1983, la organización del pueblo estaba aplastada. Sin embargo, ningún gobierno jamás dejo de reprimir las movilizaciones y protestas populares, lo que nos costó, hasta hoy, 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones. Pero a la clase dominante no le basta con reprimir y aleccionar a quienes ya se organizaron para luchar por sus intereses, sino que también necesita evitar esa organización. Así es como el gatillo fácil, las torturas sistemáticas y las detenciones arbitrarias, se despliegan en todos los barrios del país contra la juventud de los sectores más explotados.
Las fuerzas represivas del Estado no suelen esconder el cuerpo de sus víctimas de la represión “preventiva” o “selectiva”, sino que optan, cuando hay que dar alguna explicación, por hablar de manzanas podridas, malditas policías, inventar enfrentamientos o presos ahorcados.

Pero lo cierto es que, aun sin centros clandestinos de detención o fosas comunes donde disponer de la tortura y los cuerpos más fácilmente, el Estado se la rebusca para seguir desapareciendo personas con lo que tiene a mano. Muchas veces, luego de detenerlos y torturarlos, para deshacerse y esconder el cuerpo, los tiran a un río o dejan el cuerpo cerca de las vías del tren para simular un accidente. Las desapariciones de personas en basurales o terrenos baldíos también son frecuentes, o los entierros clandestinos. En estos casos, el cuerpo del desaparecido puede ser más fácilmente encontrado, pero hay veces que el aparto estatal es por demás eficiente en la desaparición y nunca más se conoce el paradero de la víctima.

Son 195 las personas que contabilizamos como desaparecidas desde 1983. Fueron detenidas por la policía o cualquiera de las otras fuerzas represivas; se las vio siendo torturadas en una comisaría, para luego ya no verlas más. Sabemos que es posible que haya más casos de desaparición donde el Estado ha actuado eficientemente en su tarea represiva, sin dejar huellas ni testigos.

El kirchnerismo, que hizo de los desaparecidos de la dictadura una bandera, es responsable de más de 67 casos de desapariciones, superado sólo por los diez años menemistas con casi 80 desaparecidos.
La represión a organizaciones de trabajadores, el gatillo fácil, la tortura y también la desaparición de personas siguen siendo política de Estado, no puede ser de otra forma en una sociedad dividida entre ricos y pobres.

(Fuente CORREPI)

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martes, 2 de octubre de 2012

Conferencia de prensa 3/10 a las 19hs., en el Club El Trébol, Itapirú 461, Valentín Alsina.

El 14 de septiembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictó la medida de no innovar en el predio de la ex fábrica Campomar, en Valentín Alsina, pedido que había  presentado la Comisión Provincial por la Memoria. El 19 de septiembre la propia Cámara le tomó testimonio a seis vecinos que aseguraron o dieron indicios serios de que en Campomar habría funcionado un centro clandestino de detención, fusilamiento y quizá, enterramiento de personas desaparecidas durante la dictadura cívico militar, entre 1976 y 1983.

Coches policiales y militares entrando y saliendo por los portones que dan a la avenida Remedios de Escalada; helicópteros descendiendo y ascendiendo del predio; gritos, tiros en la madrugada, ropa tirada en los alrededores de un predio que tiene una extensión de más de cinco hectáreas.
Los rumores sobre estos hechos corrieron durante décadas sin que nadie, ni el estado nacional ni provincial ni municipal, los haya investigado jamás.
Nuestro barrio sufrió la represión militar y está probado por la Justicia que la comisaría tercera de Alsina participó dentro de lo que se conoce como el “Circuito Camps.” Dicha seccional está a tres cuadras de los portones de Campomar.

Los seis testimonios sólo son la punta del iceberg. Sabemos que hay más vecinos que vieron y escucharon, pero no queda mucho tiempo. Pasaron 20 de los 30 días que la Cámara Federal de Apelaciones dio para investigar los hechos denunciados pero el Equipo de Antropología Forense aún no ha intervenido. Del testimonio de un antropólogo surge que hay otras posibilidades de investigar como el uso de la Geoquímica con prospección arqueológica que localiza áreas con presencia potencial de huesos y la Arqueometalurgia, que detecta objetos metálicos.
En diez días la Cámara decidirá si prolonga por treinta días el plazo de no innovar o considera que no hay indicios serios y revoca la medida liberando a Electroingeniería para que reanude las obras demoliendo los dos edificios centrales y con ello, algunas de las pruebas de lo que se intenta investigar. En la práctica, sería el fin de la investigación.
Nuestra convocatoria a una conferencia de prensa es para dejar constancia de dónde viene todo y qué es lo que está sucediendo. No hay para nosotros ninguna otra intención más que la de saber qué pasó allí. Si hubo personas que fueron secuestradas y llevadas para torturarlas, asesinarlas y, tal vez, enterrarlas en esa ex fábrica.
Sus familiares tienen derecho a saberlo; nosotros tenemos derecho a saberlo.
Los desaparecidos tienen derecho a que se sepa dónde están.
Como comisión de vecinos de Alsina pedimos que haya una decisión política para que, de verdad, se investigue. La búsqueda de la verdad nos hará mejores vecinos; mejores personas. Más dignos.

Comisión de Vecinos “Valentín Alsina por la Verdad”

La Comisión de Vecinos “Valentín Alsina por la Verdad” convoca a una conferencia de prensa este miércoles 3 de octubre, a las 19 hs., en el Club El Trébol, Itapirú 461, Valentín Alsina.

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jueves, 20 de septiembre de 2012

ESCRACHE


Sergio Verduri en el Juicio “Circuito Camps”

En las audiencias del Juicio Circuito Camps se mencionó a Verduri en la acusación fiscal por los hechos de los CCD Puesto Vasco y Cot 1 de Martínez.

La causa Puesto Vasco se inició con la denominación n° 3/Secretaría Especial, y estaba caratulada como “Raffo, José Antonio y otros s/ desaparición forzada de personas”. Raffo era un médico policial integrante de las patotas del conurbano sur como Puesto Vasco, y los Pozos de Quilmes y Banfield. Raffo encabezaba la acusación, pero murió impune hace algunos años, lo que demuestra el grado de impunidad de que gozaron y gozan muchos genocidas pese a estar procesados en varias causas, porque los juicios no llegan nunca (y se mueren impunes) o porque cuando llegan reciben beneficios extraordinarios (como excarcelaciones o domiciliarias).

En la causa que llega a juicio sobre Pueto Vasco y Cot 1 de Martinez, denominada ahora “Tarela y otros..” son imputados en el requerimiento fiscal 9 represores: Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Eros Amilcar Tarela, Norberto Cozzani, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Jorge Antonio Bergés, Ibérico Saint Jean y Jaime Smart. Sólo 3 de estos 9 son procesados específicos de estos centros: Tarela, Verduri y Cabrera.

La acusación fiscal contempla sólo 70 casos de personas que pasaron como detenidas ilegales por esos CCD.  Recordemos que según la investigación de la AEDD, sólo en Puesto vasco pasaron al menos 67 personas como detenidos ilegales (64 fueron liberadas, dos desaparecidas y una asesinada). Sólo en Puesto Vasco, y esta causa incluye Puesto Vasco y Cot 1 Martínez.
Hay varios hechos que fueron parte de la causa y en los que se declaró falta de mérito o que aún no han sido resueltos por la Cámara Federal de Apelaciones, que por ello no son parte de este juicio y  se promete que “deberán conformar un nuevo expediente”.

Sergio Verduri fue Oficial de la Dirección General de Investigaciones entre ’76-’77 y de la Brigada de Investigaciones de Lanús entre ’77-‘79. Acusado por 32 casos del CCD “Puesto Vasco” (Subcomisaría Don Bosco, Quilmes).
Al igual que la mayoría de los represores juzgados en el Juicio “Circuito Camps” Verduri llegó al proceso sin pisar la cárcel. Goza de la prisión domiciliaria en su casa de Avda Rivadavia 14.480, Ramos Mejía, y lo va a buscar y lo devuelve a su casa el Servicio Penitenciario Federal para cada audiencia los días Lunes y Martes.
En su indagatoria frente al Tribunal Oral 1 de La Plata, Verduri se negó a declarar, pero hizo un infame pedido: si no podían pasarlo traerlo más rápidamente desde su casa a las audiencias, porque sufría claustrofobia y le podía provocar taquicardia.

En el caso de Héctor Mariano Ballent, Jefe de Ceremonial del gabinete del Gobernador Calabró y secuestrado como parte del operativo que chupó a una decena de sus funcionarios, a Verduri se lo acusa sólo por su secuestro en “Puesto Vasco”, no por torturas, ya que si bien la fiscalía entiende que el hecho mismo de haber estado privado ilegalmente de la libertad en los centros clandestinos de detención constituye el tipo penal de aplicación de tormentos, se lo acusa de esta manera “en respeto del derecho de defensa del imputado y del principio de congruencia”. Similar situación argumentó la fiscalía para descartar la acusación a Verdui respecto de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos sufridos por Roberto Hualde y Jorge Daniel Rubinstein, dictados además la falta de mérito a favor de Cabrera en el caso Hualde y por no haber sido indagado ni procesado por el caso de Rubinstein.

También en el juicio “Circuito Camps”, el testigo Osvaldo Papaleo refirió que Verduri era uno de los oficiales que estaba a cargo en “Puesto Vasco”. Papaleo ya había testomniado en en 2007 en el juicio a Cristian Von Wernich que entre los represores que actuaban en ese CCD estaban Cabrera, Lechner, Pretti y Verduri.

De hecho en una indagatoria previa al juicio “Circuito Camps” el propio Verduri asumió que en marzo del ‘77 fue transferido a la Brigada de Investigaciones Lanús y en abril del mismo año se le ordenó que debía prestar funciones en la Subcomisaría de Don Bosco, cada vez que le fuera requerido, siendo por lo tanto su función allí esporádica. En ese sentido, expresó que quien estaba a cargo de la dependencia mencionada podía indicarle que actuara como “oficial de guardia, con lo que la función cambiaba para desempeñar la custodia de los detenidos, su alimentación y las cosas normales que suceden en una dependencia policial con detenidos”. En aquella indagatoria Verduri reconoció que en “Puesto Vasco” estaban detenidos Jacobo Timerman, Papaleo, Ballent, Silvio Has, Juan Destéfano, el Doctor Miralles y otros cuyos nombres no recordaba.

En otro testimonio del juicio “Circuito Camps” el periodista José Alberto Moya hizo un  relato de su estudio sobre algunas comisarías y Brigadas, a través del análisis periodístico de diarios del momento. “Soy periodista… estudié el Diario EL Sol (de Quilmes), fue mi principal fuente de información para saber qué pasó en la dictadura… como yo era docente, yo quería aplicar técnicas de lectura de diarios y saber qué pasaba en mi ciudad… fui a ver el Diario El Sol, cuyo archivo es muy bueno y me dediqué a mirar todos los ejemplares desde el Cordobazo hasta el golpe”, comenzó explicando. Moya habló sobre el policía Luis Alberto Ferian: “Aparecía en los diarios como Jefe de la Brigada Fantasma, que era un grupo operativo de la Brigada de Quilmes”, y explicó que “me llamó la atención que apareciera Brigada Fantasma en el encomillado de muchas notas, el diario daba cuenta de los operativos de la Brigada Fantasma”. Finalmente Moya dijo que en ese diario “Por ejemplo decía: `la Patrulla Fantasma esclareció un robo`. Y aparecían como parte del grupo Ferian, Juárez, Sinieri, Cáceres, Rincón y Antonio Chena (quien avanzó como Jefe de Calle de la Policía de Berazategui). Todos ellos estaban bajo las órdenes de Verduri”.

En marzo de este año se sumó al juicio en curso la causa “Puesto Vasco 2”, que contempla acusaciones contra Norberto Cozzani, Roberto Cabrera y Sergio Verduri por 34 casos de detenidos en ese CCD que habían sido instruídos aparte de la causa Raffo.

CCD Puesto Vasco.

El Centro Clandestino de Detención denominado “Puesto Vasco” funcionó en las instalaciones de la Subcomisaría de Don Bosco, ubicada en la calle Pilcomayo n° 69 de la localidad de Don Bosco, partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Conforme surge del Informe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires obrante a fojas 1.589,  a partir del 10 de octubre de 1.966 el Destacamento de Don Bosco comenzó a funcionar como Subcomisaría por Resolución n° 14.909.

Por otra parte, cabe destacar que por Resolución n° 22.540, con fecha 25 de Agosto de 1.970, se resolvió suprimir la Subcomisaría de Don Bosco. Asimismo, en el Informe previamente citado consta que, entre el 24 de marzo de 1.976 y el 19 de diciembre de 1.979, no se registran antecedentes de la situación orgánica funcional de esa dependencia.

De lo expuesto se desprende que la Subcomisaría de Don Bosco en el período mencionado funcionó en absoluta clandestinidad lo que, sumado a los elementos probatorios que a continuación se expondrán, evidencia que este lugar fue utilizado para alojar ilegalmente personas secuestradas y someterlas a tormentos, en el marco del plan terrorista implementado por el Estado durante la última dictadura militar.  

En ese sentido en la Causa n° 13/84 se acreditó que este establecimiento fue ocupado “entre los años 1977 y 1978 […] por la Sección Cuatrerismo de Lanús, como así que él mismo, paralelamente y en virtud del comando operacional dispuesto por Decreto 2272/75, Ley Provincial 2589 y Ley Nacional 21.267, estuvo a disposición de la autoridad militar y que por dicha razón no es posible informar qué personal prestó servicios en la misma y qué detenidos hubo allí alojados en esa época".

Respecto a las condiciones edilicias de esta dependencia se ha podido determinar, por medio de los innumerables testimonios brindados por los sobrevivientes que permanecieron confinados allí, que existía un acceso para vehículos a través de un portón metálico que ocultaba el patio. El edificio contaba con una sola planta con oficinas y calabozos pequeños. Asimismo, cabe destacar que la cocina fue acondicionada para funcionar como sala de tormentos.

Por otra parte, en cuanto a las condiciones de detención allí imperantes, se ha corroborado que eran deplorables e inhumanas debido a que la alimentación era deficiente y la comida era proveída en forma humillante, las celdas donde alojaban a los detenidos eran húmedas, de reducidas dimensiones, con pisos de cemento, sin colchones y con escasa iluminación (declaración testimonial de Juan Ramón Nazar, fojas 1.092/1.106, entre otras). Asimismo, los secuestrados permanecían generalmente vendados, encerrados en las celdas de las cuales sólo podían salir para acceder a los baños cuando así lo decidían los oficiales (declaración testimonial de Norma Esther Leanza, fojas 2.072/2.077) o para ser sometidos a interrogatorios bajo tormentos (testimonio de Silvia Cristina Fanjul, fojas 2.335/2.358).
Dicho accionar se caracterizaba por la aplicación de corriente eléctrica y golpes en diversas partes del cuerpo, así como por el padecimiento psicológico que implicaba la permanente amenaza de ser sometidos a esas aberrantes prácticas al percibir el sufrimiento de otros detenidos (testimonios de Silvia Cristina Fanjul, fojas 2.335/2.358; Juan Ramón Nazar, fojas 1.092/1.106, entre otros).

SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE!

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miércoles, 19 de septiembre de 2012

Marcha a 6 años sin López...

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lunes, 10 de septiembre de 2012

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A 40 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW REIVINDICAMOS LA UNIDAD EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA


El 15 y 22 de Agosto se cumplieron 40 años de un suceso trascendental para el campo popular y sus organizaciones políticas: la brillante fuga del penal de máxima seguridad de Rawson de un grupo de militantes revolucionarios del Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros en una operación unitaria, y en su contracara, la recaptura y fusilamiento de 16 de esos compañeros en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew. 

Tras desarrollar ampliamente la estrategia de lucha revolucionaria por el Socialismo en nuestro país, las organizaciones político-militares sufrieron la concentración de sus cuadros militantes presos en la Unidad Nº 6 de Rawson. El régimen de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse demostraba así que su convicción en la defensa de los intereses del capitalismo monopolista, vigente entonces y ahora, no repararía en daños a la hora de reprimir. La creación de la Cámara Federal en lo Penal, llamada por la militancia “El Camarón”, un esquema de excepción compuesto de jueces y fiscales que actuaron en lo que llamaron “fuero antisubversivo” (algunos de los cuales participaron luego del genocidio del ’76) y que logró llenar las cárceles de presos políticos. 
La apuesta política del régimen, el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN), se propuso convocar a elecciones condicionadas y generar el consenso de los sectores de la burguesía para aislar al movimiento revolucionario. Otra jugada que, nuevamente, evidenciaba que frente a la violencia del estado y de los grupos que sacan jugosas tajadas del patrimonio común la salida era la organización del campo popular y la lucha en las calles. 
Pero el crecimiento de la organización militante, la acumulación de experiencias en la lucha de calles, la fina producción teórica y de propaganda de las organizaciones armadas revolucionarias, tanto de la izquierda roja como del peronismo combativo, las mostraba fortalecidas y haciendo retroceder a la dictadura. Más allá de las ricas polémicas sobre la línea política, como “nacionalismo-internacionalismo”, “clasismo-policlasismo”, “partido de clase-foco armado” o “masa-vanguardia”, que diferenciaron en su origen a los grupos de la izquierda peronista de sus pares marxistas, todas las organizaciones político militares del momento compartían la visión de que la lucha debía plantearse la toma del poder a través la combinación de la lucha por la liberación nacional, con la lucha antimperialista y anticapitalista de la clase trabajadora. 

El monumental operativo de fuga, pacientemente planificado durante meses, y ejecutado casi a la perfección en las narices del régimen, es la demostración histórica de que los sistemas represivos no son infalibles, y que a la lucha revolucionaria, incluso en las peores condiciones objetivas, no la detienen ni las rejas, ni la vejación, ni las balas. 
Ese ejemplo de unidad en la acción frente al enemigo común, aún en la diversidad de posiciones y con claridad de objetivos, es la mejor muestra de lo que se puede lograr cuando la voluntad supera al miedo. 

Esa unidad político-militar en la acción para la fuga del penal de Rawson demostró, una vez más, que cuando el Pueblo se organiza lo que luego sobreviene es la represión aleccionadora y desarticuladora de las fuerzas populares: la imposibilidad de completar la huída por fallas operativas, puso a un grupo de compañeros a merced de la barbarie militar. Y el asesinato cobarde de quienes habían pactado la rendición, fue el tubo de ensayo del Plan Sistemático de aniquilamiento de militantes populares que se desplegó poco tiempo después. Brotó en Trelew la primer sombra de lo sistemático que sería el accionar de los grupos paramilitares como la Triple A y la dictadura del '76. 
Sin embargo, sabemos que esos héroes -no sólo los 16 masacrados, sino también los 3 sobrevivientes y aquellos 6 que pudieron escapar para seguir luchando- generaron las condiciones para el llamado a elecciones y el fin de la dictadura de Lanusse. A ello podemos sumarle otro punto, quizá el más alentador de todos: si el deber de todo prisionero político es la libertad, esto quiere decir que la continuidad de la lucha revolucionaria es posible. 
El testimonio valiente de los sobrevivientes de la Masacre, que luego cayeron combatiendo a la dictadura, supo recoger el relato histórico de la verdad de lo sucedido. 
Desde mayo pasado se está realizando el juicio a los genocidas Luis Sosa, Emilio del Real, Carlos Marandino y Rubén Paccagnini por la Masacre de Trelew. El proceso llega demorado y marcado por algunos rasgos de impunidad: los marinos Horacio Mayorga y Roberto Bravo fueron apartados del juicio por diversos artilugios legales. 

Este año se están conociendo los testimonios y la documentación para logar la condena a este reducido grupo de represores de la Armada. Y eso se consiguió gracias a la lucha inclaudicable de los familiares, los ex detenidos, los ex presos políticos, los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones del campo popular que son las continuadoras de la lucha revolucionaria por la que dieron su vida los compañeros asesinados y desparecidos. Pensemos que estos revolucionarios y revolucionarias no fueron iluminados o únicos, sino la vanguardia del pueblo, porque estos compañeros y compañeras salieron de las filas del pueblo organizado. 

Hoy por hoy las cárceles del sistema siguen saturadas de jóvenes y pobres, y la gobernabilidad democrática se arroga el monopolio de la memoria como si el presente fuera magnífico e ideal y se tapara con un dedo la evidencia de la desigualdad y la injusticia. Frente a este panorama, seguimos defendiendo el rol crítico e independiente de las organizaciones de Derechos Humanos, para denunciar la falta de celeridad en la actuación de la justicia, que en 9 años de caídas las leyes de impunidad sólo condenó al 15 % de los genocidas procesados por planificar y ejecutar el Terrorismo de Estado. Los mismos que señalamos la confusión que pregona un gobierno como el actual, que dice pretender recuperar la soberanía económica mientras sigue pagando deuda con el hambre del pueblo, y mientras acomoda su legislación represiva a los mandatos de las potencias centrales como en el caso de la Ley Antiterrorista. Y los mismos que no acotamos la defensa de los Derechos Humanos al período ’76-’83, sino que denunciamos la continuidad del esquema de represión, hambre y saqueo en el gatillo fácil, en el espionaje, la judicialización y la criminalización a los que luchan, en la exclusión social planificada y en la entrega de nuestros recursos naturales a intereses concentrados. 

Este 22 de agosto levantamos la memoria de los caídos en Trelew, pero no para entregarla a la quietud de los museos, ni a los actos oficialistas, sino con la convicción de que es un pilar fundamental para seguir construyendo la unidad de los que luchan por un proyecto de emancipación que sigue hoy tan vigente como ayer. 

A 40 AÑOS DE LA FUGA DE RAWSON Y LA MASACRE DE TRELEW 

- Reivindicamos la lucha de nuestros viejos y sus compañeros por un país justo y solidario. 
- Condena a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros. 
- Restitución de nuestros hermanos apropiados. 
- Juicio y castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez y Luciano Arruga. 
- Basta de gatillo fácil y criminalización de los que luchan. 
- Derogación de la Ley Antiterrorista. 

HIJOS EN LUCHA.
H.I.J.O.S. ALTO VALLE, HIJOS LA PLATA, H.I.J.O.S. BARILOCHE, H.I.J.O.S. ZONA OESTE, HIJOS en lucha Córdoba.

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viernes, 7 de septiembre de 2012

6 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ


PARA DETENER AL MONSTRUO NO HAY QUE PISARLE LA COLA,
SINO CORTARLE LA CABEZA

A 6 años de la desaparición de Jorge Julio López pasa el tiempo, implacable como el silencio de los gobiernos kirchneristas nacional y provincial respecto al tema.

Lopez era un tipo del pueblo, un albañil oriundo de General Villegas que se afincó de joven en el barrio platense de Los Hornos, y que en su juventud decidió aportar periféricamente a la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” que Montoneros tenía en el barrio. Su convicción de aportar a la verdad de lo sucedido con algunos de sus compañeros de militancia como Ambrosio De Marco y Patricia Dell Orto, lo llevaron a que ya viejo se animara a relatar con nombre y apellido a los verdugos de su cautiverio en 5 Centros Clandestinos del Circuito Camps.

Pero para algunos sectores eso fue demasiado. Demasiado para la trama extensa de complicidades políticas, policiales y judiciales, que se dedican a pactar la impunidad de ayer para sostener la explotación de hoy. Demasiado para Solá, Arslanián, Scioli, Casal, Cristina, Aníbal, Alak Garré, Corazza y Blanco, a quienes el tema nunca les interesó más allá de un “anciano extraviado” o a lo sumo una “averiguación de paradero”.

Desde hace 2.160 días venimos denunciando reiteradamente el encubrimiento que existe en la causa López. La Justicia Federal platense demostró su ineptitud investigativa total frente al autogobierno policial que maneja todos los grandes delitos en la provincia de Buenos Aires. Y se dedicó a seguir pistas alocadas, realizar allanamientos cantados y a proteger al entorno del genocida Miguel Etchecolatz. El mismo que nos dijo en el juicio el día que desaparecieron a Julio: “No es este tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan”… Imposible no relacionar las palabras de este genocida con la situación de uno de los testigos que aportó a su condena.

Apartada la policía bonaerense de la investigación a pedido de los organismos de Derechos Humanos, la Federal no se dignó siquiera a elaborar un mínimo sistema de análisis de entrecruzamiento de llamadas entre el círculo de represores que Lopez mencionó, una base de datos que permita luego obtener el cruce de comunicaciones. Pese a que hace 4 años la Cámara Federal dispuso crear una “Unidad Especial” capacitada y equipada que investigue exclusivamente el caso, y aunque parezca increíble, la respuesta de la Federal a la Fiscalía sobre su accionar fue que “no sabían muy bien lo que tenían que hacer”.

A 6 años sin Lopez no hay ningún procesado ni detenido en la causa. Lo único que avanzó fue la escandalosa denuncia de la familia Lopez, patrocinada por los abogados Gascón Cotti y Wortman Jofré, contra los organismos de Derechos Humanos que acompañamos a Julio a declarar, ya que nos acusaron “por no haberle brindado protección en el juicio”.

Para mayor complejidad, en La Plata sólo pudimos condenar a 20 represores en 9 años de juicios. Y sabemos que la mejor manera de proteger a los testigos es condenar a todos los genocidas, con justicia por todos los compañeros desparecidos.

A 6 años seguiremos estando en las calles, gritando y exigiendo Juicio y Castigo. Recordandóle al “Gobierno de los Derechos Humanos” que aún existen desaparecidos por razones políticas. Pero lo haremos sabiendo muy bien que para detener al monstruo azul desaparecedor de ayer (y al del gatillo fácil de hoy) no hay que provocarlo con escarmientos simbólicos, hay que empuñar el arma de la memoria popular y barrerlo para siempre.

A 6 AÑOS SIN LOPEZ
EL SILENCIO DEL GOBIERNO ES ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD

18 de septiembre 2012
Marcha de Plaza Moreno a Plaza San Martín

HIJOS LA PLATA

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6 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ

PARA DETENER AL MONSTRUO NO HAY QUE PISARLE LA COLA, 
SINO CORTARLE LA CABEZA 
A 6 años de la desaparición de Jorge Julio López pasa el tiempo, implacable como el silencio de los gobiernos kirchneristas nacional y provincial respecto al tema. 
Lopez era un tipo del pueblo, un albañil oriundo de General Villegas que se afincó de joven en el barrio platense de Los Hornos, y que en su juventud decidió aportar periféricamente a la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” que Montoneros tenía en el barrio. Su convicción de aportar a la verdad de lo sucedido con algunos de sus compañeros de militancia como Ambrosio De Marco y Patricia Dell Orto, lo llevaron a que ya viejo se animara a relatar con nombre y apellido a los verdugos de su cautiverio en 5 Centros Clandestinos del Circuito Camps. 
Pero para algunos sectores eso fue demasiado. Demasiado para la trama extensa de complicidades políticas, policiales y judiciales, que se dedican a pactar la impunidad de ayer para sostener la explotación de hoy. Demasiado para Solá, Arslanián, Scioli, Casal, Cristina, Aníbal, Alak Garré, Corazza y Blanco, a quienes el tema nunca les interesó más allá de un “anciano extraviado” o a lo sumo una “averiguación de paradero”. 
Desde hace 2.160 días venimos denunciando reiteradamente el encubrimiento que existe en la causa López. La Justicia Federal platense demostró su ineptitud investigativa total frente al autogobierno policial que maneja todos los grandes delitos en la provincia de Buenos Aires. Y se dedicó a seguir pistas alocadas, realizar allanamientos cantados y a proteger al entorno del genocida Miguel Etchecolatz. El mismo que nos dijo en el juicio el día que desaparecieron a Julio: “No es este tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan”… Imposible no relacionar las palabras de este genocida con la situación de uno de los testigos que aportó a su condena. 
Apartada la policía bonaerense de la investigación a pedido de los organismos de Derechos Humanos, la Federal no se dignó siquiera a elaborar un mínimo sistema de análisis de entrecruzamiento de llamadas entre el círculo de represores que Lopez mencionó, una base de datos que permita luego obtener el cruce de comunicaciones. Pese a que hace 4 años la Cámara Federal dispuso crear una “Unidad Especial” capacitada y equipada que investigue exclusivamente el caso, y aunque parezca increíble, la respuesta de la Federal a la Fiscalía sobre su accionar fue que “no sabían muy bien lo que tenían que hacer”. 
A 6 años sin Lopez no hay ningún procesado ni detenido en la causa. Lo único que avanzó fue la escandalosa denuncia de la familia Lopez, patrocinada por los abogados Gascón Cotti y Wortman Jofré, contra los organismos de Derechos Humanos que acompañamos a Julio a declarar, ya que nos acusaron “por no haberle brindado protección en el juicio”. 
Para mayor complejidad, en La Plata sólo pudimos condenar a 20 represores en 9 años de juicios. Y sabemos que la mejor manera de proteger a los testigos es condenar a todos los genocidas, con justicia por todos los compañeros desparecidos. 
A 6 años seguiremos estando en las calles, gritando y exigiendo Juicio y Castigo. Recordandóle al “Gobierno de los Derechos Humanos” que aún existen desaparecidos por razones políticas. Pero lo haremos sabiendo muy bien que para detener al monstruo azul desaparecedor de ayer (y al del gatillo fácil de hoy) no hay que provocarlo con escarmientos simbólicos, hay que empuñar el arma de la memoria popular y barrerlo para siempre. 
A 6 AÑOS SIN LOPEZ 
EL SILENCIO DEL GOBIERNO ES ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD 
18 de septiembre 2012 
Marcha de Plaza Moreno a Plaza San Martín 
HIJOS LA PLATA

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jueves, 6 de septiembre de 2012

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miércoles, 22 de agosto de 2012

A 40 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW REIVINDICAMOS LA UNIDAD EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA


16 rosas rojasnacidas de madrugadaregresarán cada nochede la tierra liberada

El 15 y 22 de Agosto se cumplen 40 años de un suceso trascendental para el campo popular y sus organizaciones políticas: la brillante fuga del penal de máxima seguridad de Rawson de un grupo de militantes revolucionarios del Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros en una operación unitaria, y en su contracara, la recaptura y fusilamiento de 16 de esos compañeros en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew.
Tras desarrollar ampliamente la estrategia de lucha revolucionaria por el Socialismo en nuestro país, las organizaciones político-militares sufrieron la concentración de sus cuadros militantes presos en la Unidad Nº 6 de Rawson. El régimen de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse demostraba así que su convicción en la defensa de los intereses del capitalismo monopolista, vigente entonces y ahora, no repararía en daños a la hora de reprimir. La creación de la Cámara Federal en lo Penal, llamada por la militancia “El Camarón”, un esquema de excepción compuesto de jueces y fiscales que actuaron en lo que llamaron “fuero antisubversivo” (algunos de los cuales participaron luego del genocidio del ’76) y que logró llenar las cárceles de presos políticos.


La apuesta política del régimen, el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN), se propuso convocar a elecciones condicionadas y generar el consenso de los sectores de la burguesía para aislar al movimiento revolucionario.Otra jugada que, nuevamente, evidenciaba que frente a la violencia del estado y de los grupos que sacan jugosas tajadas del patrimonio común la salida era la organización del campo popular y la lucha en las calles.



Pero el crecimiento de la organización militante, la acumulación de experiencias en la lucha de calles, la fina producción teórica y de propaganda de las organizaciones armadas revolucionarias, tanto de la izquierda roja como del peronismo combativo, las mostraba fortalecidas y haciendo retroceder a la dictadura. Más allá de las ricas polémicas sobre la línea política, como “nacionalismo-internacionalismo”, “clasismo-policlasismo”, “partido de clase-foco armado” o “masa-vanguardia”, que diferenciaron en su origen a los grupos de la izquierda peronista de sus pares marxistas, todas las organizaciones político militares del momento compartían la visión de que la lucha debía plantearse la toma del poder a través la combinación de la lucha por la liberación nacional, con la lucha antimperialista y anticapitalista de la clase trabajadora.


El monumental operativo de fuga, pacientemente planificado durante meses, y ejecutado casi a la perfección en las narices del régimen, es la demostración histórica de que los sistemas represivos no son infalibles, y que a la lucha revolucionaria, incluso en las peores condiciones objetivas, no la detienen ni las rejas, ni la vejación, ni las balas.
Ese ejemplo de unidad en la acción frente al enemigo común, aún en la diversidad de posiciones y con claridad de objetivos, es la mejor muestra de lo que se puede lograr cuando la voluntad supera al miedo.

Esa unidad político-militar en la acción para la fuga del penal de Rawson demostró, una vez más, que cuando el Pueblo se organiza lo que luego sobreviene es la represión aleccionadora y desarticuladora de las fuerzas populares: la imposibilidad de completar la huída por fallas operativas, puso a un grupo de compañeros a merced de la barbarie militar. Y el asesinato cobarde de quienes habían pactado la rendición, fue el tubo de ensayo del Plan Sistemático de aniquilamiento de militantes populares que se desplegó poco tiempo después. Brotó en Trelew la primer sombra de lo sistemático que sería el accionar de los grupos paramilitares como la Triple A y la dictadura del '76.


Sin embargo, sabemos que esos héroes -no sólo los 16 masacrados, sino también los 3 sobrevivientes y aquellos 6 que pudieron escapar para seguir luchando- generaron las condiciones para el llamado a elecciones y el fin de la dictadura de Lanusse. A ello podemos sumarle otro punto, quizá el más alentador de todos: si el deber de todo prisionero político es la libertad, esto quiere decir que la continuidad de la lucha revolucionaria es posible.
El testimonio valiente de los sobrevivientes de la Masacre, que luego cayeron combatiendo a la dictadura, supo recoger el relato histórico de la verdad de lo sucedido.
Desde mayo pasado se está realizando el juicio a los genocidas Luis Sosa, Emilio del Real, Carlos Marandino y Rubén Paccagnini por la Masacre de Trelew. El proceso llega demorado y marcado por algunos rasgos de impunidad: los marinos Horacio Mayorga y Roberto Bravo fueron apartados del juicio por diversos artilugios legales.

Este año se están conociendo los testimonios y la documentación para logar la condena a este reducido grupo de represores de la Armada. Y eso se consiguió gracias a la lucha inclaudicable de los familiares, los ex detenidos, los ex presos políticos, los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones del campo popular que son las continuadoras de la lucha revolucionaria por la que dieron su vida los compañeros asesinados y desparecidos.Pensemos que estos revolucionarios y revolucionarias no fueron iluminados o únicos, sino la vanguardia del pueblo, porque estos compañeros y compañeras salieron de las filas del pueblo organizado.

Hoy por hoy las cárceles del sistema siguen saturadas de jóvenes y pobres, y la gobernabilidad democrática se arroga el monopolio de la memoria como si el presente fuera magnífico e ideal y se tapara con un dedo la evidencia de la desigualdad y la injusticia. Frente a este panorama, seguimos defendiendo el rol crítico e independiente de las organizaciones de Derechos Humanos, para denunciar la falta de celeridad en la actuación de la justicia, que en 9 años de caídas las leyes de impunidad sólo condenó al 15 % de los genocidas procesados por planificar y ejecutar el Terrorismo de Estado. Los mismos que señalamos la confusión que pregona un gobierno como el actual, que dice pretender recuperar la soberanía económica mientras sigue pagando deuda con el hambre del pueblo, y mientras acomoda su legislación represiva a los mandatos de las potencias centrales como en el caso de la Ley Antiterrorista. Y los mismos que no acotamos la defensa de los Derechos Humanosal período ’76-’83, sino que denunciamos la continuidad del esquema de represión, hambre y saqueo en el gatillo fácil, en el espionaje, la judicialización y la criminalización a los que luchan, en la exclusión social planificada y en la entrega de nuestros recursos naturales a intereses concentrados.

Este 22 de agosto levantamos la memoria de los caídos en Trelew, pero no para entregarla a la quietud de los museos, ni a los actos oficialistas, sino con la convicción de que es un pilar fundamental para seguir construyendo la unidad de los que luchan por un proyecto de emancipación que sigue hoy tan vigente como ayer.


A 40 AÑOS DE LA FUGA DE RAWSON Y LA MASACRE DE TRELEW

- Reivindicamos la lucha de nuestros viejos y sus compañeros por un país justo y solidario.
- Condena a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros.
- Restitución de nuestros hermanos apropiados.
- Juicio y castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez y Luciano Arruga.
- Basta de gatillo fácil y criminalización de los que luchan.
- Derogación de la Ley Antiterrorista.

HIJOS EN LUCHA: H.I.J.O.S. ALTO VALLE, HIJOS LA PLATA, H.I.J.O.S. BARILOCHE, H.I.J.O.S. ZONA OESTE, HIJOS EN LUCHA Cba.


Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!
HIJOS La Plata

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martes, 21 de agosto de 2012

Juicio “Circuito Camps”. LA IMPORTANCIA DE LOS PLANTEOS DE JUSTICIA YA EN LAAMPLIACIÓN DE ACUSACIÓN A HOMICIDIO.

Resumimos en este texto, para mejor comprensión de aquellos que no andamos los complejos caminos de la argumentación técnico-jurídica, el importante pedido de ampliación en la acusación a los genocidas que se juzgan en el proceso conocido eufemísticamente como “Circuito Camps” (aunque no contempla ni la sexta parte de los CCD del circuito y que lleva a 2 represores imputados muertos impunes mientras se desarrolla), pedido que realizó con inteligente fundada oportunidad la querella del espacio Justicia Ya La Plata, del cual formamos parte.

En principio y concretamente se solicitó que se amplíe la acusación original a los genocidas imputados en el juicio por “continuidad delictiva” entre la privación ilegitima de la libertad, tormentos y los homicidio calificados en 33 casos de los que forman parte del juicio.

La Legitimación

Aquí se defiende la legitimidad y autonomía de la querella para requerir la ampliación de la acusación, independientemente de lo que haga el Ministerio Publico Fiscal. Para ello se apoya en el fallo “Santillan” de la CSJN que, como jurisprudencia, habilita argumentos para acusar y requerir pedidos que agravan el caso, cuando la prueba producida en el debate así lo requiere.

Los Fundamentos Generales

Se basan en que en lo que va del juicio se produjo más información que a su comienzo sobre los crímenes contra la humanidad que se juzgan.
Se explica que si bien la ampliación de la imputación es una excepción a la inmutabilidad de la acusación (no se puede acusar de distintos hechos en un mismo proceso) sí se puede emplear cuando la prueba así lo justifique.

Se demostró que:
- Los imputados adherían activamente desde el rol que cumplían, a un plan común, que implicaba la comisión de una serie de delitos dirigida finalmente al aniquilamiento de un grupo de personas.
- Hubo vinculación entre los secuestros, cautiverio, tormentos, con la organización sistemática de los traslados como comienzo de ejecución del delito de homicidio.
- La cadena comenzaba con la privación ilegal de la libertad y el alojamiento en centros clandestinos de detención donde eran sometidos a toda clase de torturas. Luego, y en ocasiones luego de circular por varios campos de detención, eran ejecutados; y para ello, se implementaron dos formas centrales; el traslado en aeronaves para ser arrojados vivos al mar o el fusilamiento realizado bajo enfrentamientos fraguados. Finalmente, con la complicidad judicial necesaria, los cuerpos que eran dejados en espacios públicos o que aparecían por efecto de las mareas en diferentes playas, fueron enterrados en fosas comunes, evitando con ello la identificación de las victimas, cerrando de este modo el plan de exterminio.-

Sobre los Casos

Y eso fue lo que sucedió con 33 víctimas en 6 grupos, cuyos restos fueron inhumados clandestinamente en distintos cementerios del circuito represivo, entre ellos el de La Plata . Los caso, de compañeros que fueron alojados como detenidos ilegales en los CCD de La Plata Comisaría 5ta, Bridada de Investigaciones y Arana,y de Puesto Vasco (Quilmes) y Cot 1 (Martínez) son los de:
Almarza, Guillermo Abel; Bachini, Héctor Federico; Baratti, Héctor Carlos; Bonetto, Roberto Jorge; Ciancio, Luis Alberto; Cicero de Sobral, Elsa Lilia; Diego, Ana Teresa;
Dillon de Ciancio, Patricia; Fernández de Mercader, Silvia Anahí, Fraccarolli, Humberto Luis, Garín de De Angelis, María Adelia, González De Mora, Silvia Amanda; Ibáñez Roberto, La Spina De Cena, Nora Susana; Lezana Piñeyro, Graciela;
Lugones, Carlos Eduardo, Malnatti Salazar, Hector Hugo; Mercader, Mario Miguel,
Mora, Juan Carlos, Rubinstein, Jorge, Sagués de Perdigué, Graciela Beatriz, Santucho, Mónica, Simón, Carlos Francisco, Sobral, Guillermo Ramón, Traverso De Bozzi, Susana, Williams, Carlos Guillermo. Galarza, Liliana Amalia, Idiart, Cecilia Luján,
Mainer, María Magdalena, Mainer, Pablo Joaquín, Moncalvillo, Domingo Héctor,
Morettini, María Del Carmen y Salamone De Guevara, Nilda Susana.

Hay que señalar que en el derrotero de la identificación de los restos de los compañeros fueron clave los hallazgos, exhumaciones e identificaciones hechos en la causa Cerviño. El caso de María Teresa Cerviño el que ayudó a desanudar la trama: encontrado su cadáver en abril del ’76, colgado del Puente de Pellegrini y Pereyra Lucena de Lomas de Zamora, con un cartel que rezaba “yo fui montonera, seguime”, junto con un paquete que contenía arena y una granada. Se hizo por entonces una rápida autopsia y se lo enterró en Avellaneda sin informar el hallazgo del cadáver a la familia de la víctima. Tras batallar con el patrocinio de Emilio Mignone (fundador del CELS), la madre de María Teresa (Matilde) logró que se desarchive la causa y en diciembre del ’82, determinar que con la complicidad judicial se había depositado en el Cementerio de Avellaneda, a María Teresa Cerviño, y a 6 cadáveres NN más.
Un dato: el instructor policial designado para esta investigación en los ’80 fue el mismísimo Pedro Klodczyk, luego jefe de la Maldita Policía de Duhalde en los ’90.
Este fue el caso que permitió, no sin trabas que duraron años, la intervención del EAFF para la exhumación e identificación de los cuerpos de los compañeros desaparecidos. Y desarrollado el trabajo del EAFF en los distintos lugares de enterramiento del Circuito Camps, llega la identificación de 33 de los compañeros que son parte de la causa.

Esta acumulación de prueba posibilitó que se pueda acusar a

- SAINT JEAN, SMART, ETCHECOLATZ y CAMPOS por 23 de esos casos, porque participaron de la mecánica de los CCD por donde pasaron estos compañeros, como autores mediatos por dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados de poder del delito de homicidio.

- A SVEDAS, ALMEIDA, CORRALES, KEARNEY, ARGUELLO, GARCIA, GRILLO, MACHUCA, PATRAULT, LUJÁN y SITA por 31 de los casos, por coautoría funcional en relación con el delito de homicidio agravado por el número de personas intervinientes, por ensañamiento y por alevosía.

En suma, las nuevas circunstancias aparecidas en el debate, la documental agregada y especialmente las introducidas por los testimonios de los sobrevivientes y del Equipo Argentino de Antropología Forense (que dio cuenta en el juicio de su trabajo y de los casos en que hubo identificaciones) pueden demostrar la relación indubitable entre el secuestro, tortura , traslado y el homicidio de 33 personas que durante su cautiverio permanecieron en los CCD de l Circuito Camps que se están juzgando.

Finalmente se Pide

Aplicar la ampliación de acusación a cada grupo de genocidas, procedimiento previsto en el art. 381 del C.P.P.N, conforme la ampliación requerida en cada caso.

Y se agrega como demanda que hasta tanto se resuelva sobre lo solicitado, toda vez que la variación en la calificación legal y con ello la pena en expectativa, genera un riesgo procesal por el peligro de fuga, disponga el Tribunal la inmediata detención de algunos de los imputados, entre ellos Fernado Svedas, acusado en los casos Galarza, hermanos Mainer, Morettini, Salomone, Moncalvillo, Idiart y Traverso.

Con este planteo se abren varios caminos. No sólo la Fiscalía tiene el argumento, que por propia elaboración no supo generar, para agravar los tipos y característica de pena que se puede pedir para los genocidas imputados, sino que se está en condiciones, como querella independiente, de pedir cárcel perpetua para varios de los genocidas responsables de los homicidios planteados.
Acompañamos la labor del equipo jurídico de Justicia Ya La Plata en otra demostración de lucidez, dedicación y valentía en los planteos en estos juicios que, como se demostró desde los juicios a Etchecolatz en 2006 y a Von Wernich en 2007, necesitan la mirada y acción permanente del trabajo crítico de las organizaciones de Derechos Humanos en los procesos, tanto de labor jurídica, como de difusión en la sociedad de los detalles de lo nuestro reclamo:

*Juicio y Castigo a todos los Represores por el Delito de Genocidio.
* Juicio por Centro Clandestino de Detención o Circuito Represivo.
* Cárcel Común, Perpetua y Efectiva por todos los Compañeros.
*Restitución de Nuestros Más de 400 Hermanos Apropiados por los Genocidas.
* Juicio y Castigo a los responsables de la Segunda Desaparición de Jorge Julio Lopez.
* Mayor Celeridad en la Instrucción de las Causas para No Pretender Juzgar Muertos Impunes.
* Condena a los Civiles Empresarios y Religiosos Cómplices del Genocidio.

HIJOS LA PLATA

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miércoles, 15 de agosto de 2012

A 40 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW REIVINDICAMOS LA UNIDAD EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA

El 15 y 22 de Agosto de 2012 se cumplieron 40 años de un suceso trascendental para el campo popular y sus organizaciones políticas: la brillante fuga del penal de máxima seguridad de Rawson de un grupo de militantes revolucionarios del Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros en una operación unitaria, y en su contracara, la recaptura y fusilamiento de 16 de esos compañeros en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew.

Tras desarrollar ampliamente la estrategia de lucha revolucionaria por el Socialismo en nuestro país, las organizaciones político-militares sufrieron la concentración de sus cuadros militantes presos en la Unidad Nº 6 de Rawson. El régimen de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse demostraba así que su convicción en la defensa de los intereses del capitalismo monopolista, vigente entonces y ahora, no repararía en daños a la hora de reprimir. La creación de la Cámara Federal en lo Penal, llamada por la militancia “El Camarón”, un esquema de excepción compuesto de jueces y fiscales que actuaron en lo que llamaron “fuero antisubversivo” (algunos de los cuales participaron luego del genocidio del ’76) y que logró llenar las cárceles de presos políticos.
La apuesta política del régimen, el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN), se propuso convocar a elecciones condicionadas y generar el consenso de los sectores de la burguesía para aislar al movimiento revolucionario. Otra jugada que, nuevamente, evidenciaba que frente a la violencia del estado y de los grupos que sacan jugosas tajadas del patrimonio común la salida era la organización del campo popular y la lucha en las calles.
Pero el crecimiento de la organización militante, la acumulación de experiencias en la lucha de calles, la fina producción teórica y de propaganda de las organizaciones armadas revolucionarias, tanto de la izquierda roja como del peronismo combativo, las mostraba fortalecidas y haciendo retroceder a la dictadura. Más allá de las ricas polémicas sobre la línea política, como “nacionalismo-internacionalismo”, “clasismo-policlasismo”, “partido de clase-foco armado” o “masa-vanguardia”, que diferenciaron en su origen a los grupos de la izquierda peronista de sus pares marxistas, todas las organizaciones político militares del momento compartían la visión de que la lucha debía plantearse la toma del poder a través la combinación de la lucha por la liberación nacional, con la lucha antimperialista y anticapitalista de la clase trabajadora.

El monumental operativo de fuga, pacientemente planificado durante meses, y ejecutado casi a la perfección en las narices del régimen, es la demostración histórica de que los sistemas represivos no son infalibles, y que a la lucha revolucionaria, incluso en las peores condiciones objetivas, no la detienen ni las rejas, ni la vejación, ni las balas.
Ese ejemplo de unidad en la acción frente al enemigo común, aún en la diversidad de posiciones y con claridad de objetivos, es la mejor muestra de lo que se puede lograr cuando la voluntad supera al miedo.

Esa unidad político-militar en la acción para la fuga del penal de Rawson demostró, una vez más, que cuando el Pueblo se organiza lo que luego sobreviene es la represión aleccionadora y desarticuladora de las fuerzas populares: la imposibilidad de completar la huída por fallas operativas, puso a un grupo de compañeros a merced de la barbarie militar. Y el asesinato cobarde de quienes habían pactado la rendición, fue el tubo de ensayo del Plan Sistemático de aniquilamiento de militantes populares que se desplegó poco tiempo después. Brotó en Trelew la primer sombra de lo sistemático que sería el accionar de los grupos paramilitares como la Triple A y la dictadura del '76.
Sin embargo, sabemos que esos héroes -no sólo los 16 masacrados, sino también los 3 sobrevivientes y aquellos 6 que pudieron escapar para seguir luchando- generaron las condiciones para el llamado a elecciones y el fin de la dictadura de Lanusse. A ello podemos sumarle otro punto, quizá el más alentador de todos: si el deber de todo prisionero político es la libertad, esto quiere decir que la continuidad de la lucha revolucionaria es posible.
El testimonio valiente de los sobrevivientes de la Masacre, que luego cayeron combatiendo a la dictadura, supo recoger el relato histórico de la verdad de lo sucedido.
Desde mayo pasado se está realizando el juicio a los genocidas Luis Sosa, Emilio del Real, Carlos Marandino y Rubén Paccagnini por la Masacre de Trelew. El proceso llega demorado y marcado por algunos rasgos de impunidad: los marinos Horacio Mayorga y Roberto Bravo fueron apartados del juicio por diversos artilugios legales.

Este año se están conociendo los testimonios y la documentación para logar la condena a este reducido grupo de represores de la Armada. Y eso se consiguió gracias a la lucha inclaudicable de los familiares, los ex detenidos, los ex presos políticos, los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones del campo popular que son las continuadoras de la lucha revolucionaria por la que dieron su vida los compañeros asesinados y desparecidos. Pensemos que estos revolucionarios y revolucionarias no fueron iluminados o únicos, sino la vanguardia del pueblo, porque estos compañeros y compañeras salieron de las filas del pueblo organizado.

Hoy por hoy las cárceles del sistema siguen saturadas de jóvenes y pobres, y la gobernabilidad democrática se arroga el monopolio de la memoria como si el presente fuera magnífico e ideal y se tapara con un dedo la evidencia de la desigualdad y la injusticia. Frente a este panorama, seguimos defendiendo el rol crítico e independiente de las organizaciones de Derechos Humanos, para denunciar la falta de celeridad en la actuación de la justicia, que en 9 años de caídas las leyes de impunidad sólo condenó al 15 % de los genocidas procesados por planificar y ejecutar el Terrorismo de Estado. Los mismos que señalamos la confusión que pregona un gobierno como el actual, que dice pretender recuperar la soberanía económica mientras sigue pagando deuda con el hambre del pueblo, y mientras acomoda su legislación represiva a los mandatos de las potencias centrales como en el caso de la Ley Antiterrorista. Y los mismos que no acotamos la defensa de los Derechos Humanos al período ’76-’83, sino que denunciamos la continuidad del esquema de represión, hambre y saqueo en el gatillo fácil, en el espionaje, la judicialización y la criminalización a los que luchan, en la exclusión social planificada y en la entrega de nuestros recursos naturales a intereses concentrados.

Este 22 de agosto levantamos la memoria de los caídos en Trelew, pero no para entregarla a la quietud de los museos, ni a los actos oficialistas, sino con la convicción de que es un pilar fundamental para seguir construyendo la unidad de los que luchan por un proyecto de emancipación que sigue hoy tan vigente como ayer.

A 40 AÑOS DE LA FUGA DE RAWSON Y LA MASACRE DE TRELEW

- Reivindicamos la lucha de nuestros viejos y sus compañeros por un país justo y solidario.
- Condena a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros.
- Restitución de nuestros hermanos apropiados.
- Juicio y castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez y Luciano Arruga.
- Basta de gatillo fácil y criminalización de los que luchan.
- Derogación de la Ley Antiterrorista.

HIJOS EN LUCHA: H.I.J.O.S. ALTO VALLE, HIJOS LA PLATA, H.I.J.O.S. BARILOCHE, H.I.J.O.S. ZONA OESTE, HIJOS en lucha Córdoba.

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