NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

viernes, 26 de septiembre de 2014

A 24 Años sin Andrés Nuñez!

Sábado 27 de septiembre
13 a 19 hs – 7 entre 56 y 57
Radio Abierta – Arte – Bandas


Andrés Alberto Nuñez fue secuestrado en su domicilio la madrugada del 27/9/90 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y con la excusa del robo de una bicicleta fue llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano (Estancia El Roble) donde lo incineraron sobre una chapa dentro de un tanque australiano en desuso.
A 24 Años del secuestro, asesinato y desaparición de Andrés, sus familiares y amigos ratificamos nuestra voluntad inquebrantable de buscar verdad y castigo a todos los responsables de los hechos. El caso de Andrés fue símbolo de continuidad de las prácticas represivas con que la Maldita Policía Bonaerense de la dictadura siguió actuando durante la gestión de Eduardo Duhalde, Alberto Piotti y Pedro Klodzyck en los ’90, y que hoy nos sigue asesinando por gatillo fácil a un pibe de los barrios cada 28 horas.
La causa por el crimen de Andrés es una muestra más del oscuro entramado de complicidades políticas, policiales y judiciales: el campo donde encontraron a Andrés pertenecía al comisario de la Brigada de Lanús, Mario “Chorizo” Rodriguez, y el puestero del lugar se apellidaba, como dos de los responsables materiales y políticos del caso, Gerez Duhalde.
En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos y Alfredo Gonzalez fueron condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte, sentencia confirmada en agosto de 2012. Pero no actuaron solos. Durante 20 años el coautor del crimen, Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo de la justicia. Recapturado en agosto de 2012 en una cinematográfica persecución en Neuquén, Ponce fue procesado en la causa Nuñez y está requerido por delitos de lesa humanidad en la Causa 271 (Residual de Comisaría 5ta) por su actuación en dictadura en ese CCD. Fue mencionado por Jorge Julio Lopez en su testimonio de 2006.
Uno de los máximos responsables de la muerte de Andrés, el policía Pablo Martín Gerez, permanece prófugo. La familia de Andrés pide a los ministros Alak, Casal y Granados que arbitren los medios para detener a este peligroso criminal para poder enjuiciarlo.
El ex juez Amilcar Vara (destituido en 1998 en juicio político por encubrimiento en la causa Miguel Bru y en más de 27 casos de crímenes policiales) fue mencionado en el juicio Nuñez de 2010 por varios testigos como cómplice de las torturas a Andrés en la Brigada. Tras años de titubeos de los fiscales para pedir su procesamiento, Vara murió impune en marzo pasado y se llevó los secretos de dos décadas de complicidad judicial-policial.
Pese a los veloces sobreseimientos del juez Ricardo Szelagowski, reemplazante de Vara en la causa, en mayo de 2013 la Suprema Corte bonaerense resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 5 policías responsables del asesinato y ocultamiento del cuerpo de Andrés. Y en marzo de este año, apoyándose en la doctrina surgida de los casos “Bulacio” y “Bueno Alves”, dijo que el caso de Andrés es una “grave vulneración a los DD.HH.” y que se impone “extremar la diligencia judicial” para procesar y juzgar a los responsables.
Pese a los gobiernos que dicen defender los Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad han asesinado en todo el país desde 1983 a más de 4.000 personas con el gatillo fácil, las torturas y el fusilamiento público. La Bonaerense es denunciada por más de 1.200 casos mensuales de aplicación de tormentosen sedes policiales. Las desapariciones de Iván Torres (Chubut 2003), Jorge Julio Lopez (La Plata 2006), Luciano Arruga (La Matanza 2009), Daniel Solano (Río Negro 2011), Facundo Rivera (Córdoba 2012) y Cesar Monsalve (Trelew 2013) a manos de las distintas policías provinciales engrosan la lista de más de 200 casos de desaparición forzada vinculada a motivos sociales y políticos registrados en las últimas 3 décadas.


Por todo esto, la lucha por justicia en el caso de Andrés no está concluida. Por la condena a Ponce, Gerez, y todos los cómplices, exigimos:
*JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES
DEL ASESINATO DE ANDRÉS NUÑEZ.
*QUE BUSQUEN Y ENCUENTREN AL PRÓFUGO GEREZ YA!
*BASTA DE MUERTES POR TORTURAS EN COMISARÍAS Y CÁRCELES.
* JUICIO Y CASTIGO A LOS DESAPARECEDORES DE LOPEZ, ARRUGA, SOLANO Y TODOS LOS DESAPARECIDOS EN “DEMOKRACIA”.


Familiares y Amigos de Andrés Nuñez
HIJOS La Plata

Contacto:
Mirna Gomez (viuda de Nuñez) (0221) 155968507
Julio (HIJOS La Plata) (0221) 155892221

Ernesto Ferreyra (Abogado de Mirna) (0221) 155069885

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lunes, 22 de septiembre de 2014

Estos son los GENOCIDAS de la CACHA!



Desde Justicia Ya! convocamos a organizaciones gremiales, políticas, estudiantiles y todos quienes quieren justicia a acompañar los alegatos en el juicio La Cacha el día miércoles 24 de Septiembre a las 13hs. (aproximadamente).

Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas por GENOCIDIO y por todos los compañeros.


Los esperamos!!!!!!
30.000 compañeros desaparecidos presentes!!!
Ahora y siempre!!!!

Miércoles 24/9 - 13hs - Calle 4 e/ 51 y 53


ESTOS SON LOS GENOCIDAS... Perea Luis Orlando, Fernández Ricardo Armando, Grande Claudio Raúl, Amigo Miguel Ángel, Cacivio Gustavo Adolfo, Di Pasquale Jorge Héctor, Balmaceda Roberto Armando, Herzberg Juan Carlos, Acuña Héctor Raúl, Herrero Anzorena Emilio Alberto, Romero Pavón Carlos María, Palavezatti Anselmo Pedro, Miranda Isaac Crespín, Espinoza Raúl Ricardo, Batalla Rufino, Hidalgo Garzón Carlos del Señor, Etchecolatz Miguel Osvaldo, Garachico Julio César, Gargano Eduardo, Luján Horacio Elizardo, Smart Lamont Jaime.

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miércoles, 17 de septiembre de 2014

A 8 AÑOS SIN LOPEZ

CON MILANI, BERNI Y GRANADOS CONTINÚA LA IMPUNIDAD
Y LA REPRESIÓN

A 8 años de la desaparición de Jorge Julio López desde HIJOS La Plata sentimos la enorme necesidad de hacer un repaso de todas las actividades y medidas de lucha que llevamos adelante para impulsar el esclarecimiento del caso y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro. Por eso hoy 18 de septiembre de 2014 retomamos todas y cada una de las consignas que gritamos durante estos 8 años de lucha inclaudicable.

APARICIÓN CON VIDA YA! - 1 AÑO DE IMPUNIDAD K!
Resultaba estremecedor escucharnos coreando esa consigna nuevamente. Ninguno de nosotros deseaba estar aquel 18 de septiembre de 2006 en la Plaza San Martín cantándola. Pero ahí estábamos, y éramos muchos miles. Mientras nosotros, junto con los Organismos de DDHH y las organizaciones del campo popular, cortábamos calles, pintábamos murales, escrachábamos genocidas vinculados con la primera desaparición de López,  desde el gobierno se ejercían todo tipo de maniobras para encubrir su secuestro.
Desde el presidente Kirchner que exigía (no se sabe muy bien a quién, siendo que él era la autoridad máxima) que apareciera “el compañero Tito”, al Gobernador Felipe Solá, que encomendó a la bonaerense para la investigación, creando una comisión cuyos responsables fueron partícipes de la dictadura, o Aníbal Fernández, por entonces ministro del Interior, que declaró que "López podría haber ido a visitar a una tía", hasta los dolorosos dichos de Hebe de Bonafini , quien en momentos en que debería haber colocado todo el esfuerzo en la exigencia de búsqueda del compañero, sembró dudas sobre su condición de militante, manifestando que “había que investigar a López porque vivía en un barrio de policías”, revictimizando a la víctima una vez más!


ELLOS SABEN DÓNDE ESTÁ!  - 2 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
En un año entero de impunidad en la  investigación se desecharon todo tipo de pistas trascendentes, aportadas por el esfuerzo de los querellantes, en un proceso instruido por jueces cómplices que tenían fuertes vinculaciones con la institución policial directamente involucrada en el caso, cuyo mayor logro fue haber frustrado toda posibilidad concreta para conocer la verdad.
En ese momento la bonaerense contaba entre sus filas con más de 9.000 efectivos que participaron del terrorismo de Estado, a los cuales el entonces Ministro de seguridad León Arslanián decía que “NO LE RESPONDÍAN”.
Así fue como a 24 meses de la desaparición de Julio, se puso en la superficie lo que estaba oculto: las relaciones de poder que integran una trama extensa de complicidades, para la cual la impunidad es necesaria, como sostén de sus políticas centrales, y para esto el aparato de poder muestra que hay “solidaridades corporativas”, y que tienen a sus congresales, a sus legisladores, a sus jueces. Pero también se tienen a sí mismos. Y ahí están para recordarlo.


SILENCIO K = IMPUNIDAD! - 3 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
La primera  desaparición de Julio López fue en dictadura, en noviembre de 1976. Su segunda desaparición ocurrió el día de los alegatos en el juicio a Etchecolatz. Pero ésta no fue la última porque después de 3 años de silencio y negación, se instaló su  tercera desaparición marginado su caso  de la agenda del “gobierno de los derechos humanos” y de todos los medios de “comunicación”. Su nombre jamás fue ni siquiera pronunciado por la presidenta Cristina Fernández cuando el caso conmovió al país y, en particular, a la ciudad de La Plata, de la cual ella es oriunda.


FALTA LÓPEZ FALTA JUSTICIA! - 4  AÑOS DE IMPUNIDAD K!
Durante los 4 años que siguieron a la desaparición de López fueron continuas las desviaciones en la investigación para encontrar a sus secuestradores, y fue nula la decisión política por parte de los Estados Nacional y Provincial para identificar y castigar a todos los culpables. Al comienzo la investigación en la Justicia ordinaria fue una simple búsqueda de paradero, desconociendo el hecho como una desaparición forzada. De los 18 represores mencionados por López en su testimonio ninguno fue investigado. El allanamiento judicial a los genocidas detenidos en Marcos Paz fue sólo una requisa cantada, y la agenda secuestrada a Etchecolatz nunca se indagó. Y recordemos que indicios como el cadáver calcinado aparecido en Punta Lara, las llaves encontradas en el jardín de la casa de López, o el rastrillaje mediático del ministro Casal en Parque Pereyra nunca fueron aclaradas, y fueron plantadas para generar falsas expectativas en el caso. En cuanto a las pistas firmes fueron todas enviciadas por la Bonaerense, la SIDE y los JuecesArnaldo Corazza y Manuel Blanco para garantizar impunidad.


LOPEZ VOTA! - 5 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
La burla de 3 décadas de gobiernos constitucionales nos encontró a los 5  años de la desaparición de Julio López con un Estado que lo llamó a  votar en las PASO en la Escuela Especial N° 535 de Los Hornos, como si nada hubiera sucedido. Y el pedido del colectivo “Justicia Ya!” para que se constate en los padrones la condición de “Elector Ausente por Desaparición Forzada” a favor de López, fue contestada por el Juez Blanco diciendo que “no existían razones que me habiliten para proceder del modo pretendido”. Para completar el cuadro, las elecciones PASO tuvieron como candidato a Concejal suplente en la lista del Frente Para la Victoria en Berisso al hijo mayor de López, Rubén, quien encabezó la escandalosa denuncia de su familia contra quienes “no lo cuidaron a López”, por lo tanto “responsables de la desaparición por no haberle brindado protección en el juicio”: los jueces del proceso contra Etchecolatz y los querellantes.


6, 7, 8 AÑOS SIN LOPEZ! – 6 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
A la segunda desaparición de López siguieron los secuestros de Juan Puthod, Luis Gerez, Víctor Martínez y el asesinato de Silvia Suppo en Santa Fe. Todos ellos también fueron testigos en juicios contra genocidas. Ninguno de estos hechos fueron esclarecidos, y todos tuvieron la finalidad de amedrentar a los futuros declarantes y frenar los juicios contra los genocidas.
El de López tampoco fue el único caso de un desaparecido en “democracia” ya que también los casos de Arruga, Rivera Alegre, Solano y tantos otros continúan IMPUNES. Además durante los últimos períodos constitucionales hay  más de 4.000 casos de gatillo fácil, en los cuales la Policía Bonaerense, principal fuerza en armas del país, encabeza el ranking de asesinatos.


NI VIVITO NI COLEANDO. DESAPARECIDO EN DEMOKRACIA! - 7 AÑOS DE IMPUNIDAD K!
En mayo de 2013, mientras la ciudad de La Plata apenas sobrellevaba el crimen social de las inundaciones, el gobierno Kirchnerista dio una muestra más de su habitual cinismo. En el acto de inauguración de la nueva Biblioteca del Colegio Nacional, la presidenta Cristina Fernández desvarió durante media hora regalando notebooks y citando a Charly García, mientras comparó a la dictadura con su gobierno y afirmó que "por suerte hoy nadie puede desaparecer, y estamos todos vivitos y coleando”.
Esta provocación de venir a la ciudad donde faltan Andrés Nuñez, Miguel Bru y Jorge Julio López a pintar un presente color de rosa, es digna de un gobierno que mantiene en el más absoluto silencio que a 7 años de su desaparición, en la causa López no hay ningún imputado, ni procesado, ni detenido. Las últimas novedades de la causa las hemos generado los organismos de DD.HH: la campaña de Habeas Corpus en 2013 y la denuncia del caso ante la CIDH (OEA) este año.


CON MILANI, BERNI Y GRANADOS CONTINÚA LA IMPUNIDAD Y LA REPRESIÓN
A la continuidad de  las política económicas burguesas le importa poco la fachada que asuma el Estado, en democracia o en dictadura siempre tendrá a mano el esquema represivo de modo legal o del otro. Lo concreto es que la violencia más cruda, aquella que el poder ejerce para construir hegemonía en una sociedad dividida en clases, está hoy  en manos del genocida Milani, del fascista Berni y del sheriff Granados, quiénes son los encargados de dar continuidad a las desapariciones forzadas, al gatillo fácil, a la represión a los trabajadores y al espionaje a las organizaciones populares no alineadas.
Por todo esto desde hace 2.920 días venimos exigiendo a los poderes ejecutivo, judicial, y legislativo que impulsen de manera concreta y efectiva la investigación y esclarecimiento YA del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Porque mientras se sigan violando los derechos humanos seguiremos tomando las calles en contra del Estado represivo, gobierne quién lo gobierne, en contra del olvido y el silencio, y en pie de  lucha por Julio López y por los 30.000 detenidos-desaparecidos.


A 8 AÑOS SEGUIMOS DICIENDO:

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN DE LOPEZ.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
RESTITUCIÓN DE TODOS LOS JÓVENES APROPIADOS EN LA DICTADURA.
NO AL TRASLADO DEL BNDG. POR LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD.

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martes, 16 de septiembre de 2014

JORGE JULIO LOPEZ. A 8 años de la segunda desaparición forzada.


LOPEZ 

A 8 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, en la causa no hay ningún imputado, ni procesado, ni detenido. Desde hace 2.920 días venimos denunciando que el encubrimiento que existe en la causa López obedece a una trama de complicidades policiales, políticas y judiciales con la impunidad.
Recordemos que el inicio de la investigación en la Justicia ordinaria fue una simple búsqueda de paradero, y significó el desconocimiento oficial del hecho como una desaparición forzada. Que de los 18 represores mencionados por Lopez en su testimonio ninguno fue investigado, y sólo están detenidos Garachico y Ponce en otras causas. Que el allanamiento judicial a los genocidas detenidos en Marcos Paz fue sólo una requisa cantada, y la agenda secuestrada a Etchecolatz nunca se indagó. Y recordemos que indicios como el cadáver calcinado aparecido en Punta Lara, las llaves encontradas en el jardín de la casa de Lopez, o el rastrillaje mediático del ministro Casal en Parque Pereyra nunca fueron aclaradas, y fueron plantadas para generar falsas expectativas en el caso. En cuanto a las pistas firmes como “Atalaya”, “Chicano” y “SPB” fueron enviciadas por la Bonaerense, la SIDE y los Jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco para garantizar impunidad.

A comienzos de septiembre murió el juez Manuel Humberto Blanco, último juez de la causa Lopez. Recordemos que hace 2 años el Juez Blanco aprovechó una resolución en la residucal de la causa de Comisaría 5ta para desacreditar el testimonio de Lopez, calificarlo de “vago” e “impreciso”, y decir que “el albañil debería haber comunicado a los organismos correspondientes los aberrantes sucesos mucho tiempo antes” y que “lamentablemente, el tiempo transcurrido opera en detrimento de la búsqueda de la verdad”. El finado magistrado dejó esta opinión como legado en la causa Lopez. Un legado de impunidad donde se invierten los valores y las responsabilidades, donde el Estado siempre cuestiona y siempre sale indemne, y donde son las víctimas las que cargan con el peso de reconstruir el horror para obtener Justicia.

En este año, la causa Lopez se vió nuevamente envuelta en una interna policial: En noviembre del año pasado declaró ante el fiscal Rodolfo Molina, un policía federal retirado del área de Investigaciones, Claudio Correa, quien dijo tener información sobre el destino de Lopez y actuar supuestamente empujado por el remordimiento. Este fabulador dijo tener detalles del secuestro de Lopez, de su asesinato por agentes de la Bonaerense y del ocultamiento de su cuerpo en un camping de Mar De Cobo , partido de Mar Chiquita. En su inconsistente denuncia, fue parte de un operativo mediático del canal C5N, que difundió una entrevista exclusiva al supuesto testigo. Meses más tarde, la denuncia fue desechada por el fiscal Molina, al igual que otras 34 pistas de la causa, y el policía Correa apareció involucrado en las protestas por más seguridad en Mar Chiquita, en el medio del levantamiento policial del verano pasado.

Por decisión de la Cámara Federal, el nuevo juez provisorio en la causa Lopez, y subrogante en 1 de los tribunales federales que instruyen las causas contra los genocidas en La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, es un conspicuo apologista de la última Dictadura Militar, profesor de Derecho de la Universidad Católica y ex tesorero del OPUS DEI en La Plata. Este personaje fue escalando en la Justicia bonaerense por mediación de Aníbal Fernández, y está denunciado en varias causas en el Consejo de la Magistratura y en el propio Tribunal UNO que ahora él mismo subroga. Como juez federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo, Ziulu prohibió en 2004 los piquetes en la autopista La Plata-Buenos Aires a pedido de la empresa Coviares Y en 2008 autorizó la instalación de una subestación de transformación eléctrica de la empresa EDESUR en la fábrica Rigolleau de Berazategui, pese a que los vecinos denunciaron que generaría un impacto letal en la salud de la población por efecto del electro-magnetismo.
Este personaje es el que va a tener por un tiempo en sus manos el destino de la causa Lopez.
Esta sería una oportunidad para que renovar al poder judicial en La Plata, ya que el Consejo de la Magistratura debe cubrir los cargos vacantes en los Tribunales Federales de competencia criminal y correccional, pero hasta ahora la Justicia sigue favoreciendo la impunidad sostenida de los crímenes del Estado.

Ante la inacción de la Justicia, y el silencio del poder político en el caso, los últimos años nos vimos obligados a ser las organizaciones querellantes las que aportamos novedades a la causa.
El año pasado hicimos la campaña de presentación masiva de Habeas Corpus por Lopez. Todos fueron rechazados con argumentos del tipo “no corresponde”, “resulta inadecuado” y “todas las medidas ya han sido evacuadas”.
Este año llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pidiendo que la Comisión o la Corte se pronuncien sobre el tema, se anoticien respecto de los 8 años de encubrimiento, que se investiguen las responsabilidades de esta situación de impunidad y que se llame la atención al Estado para que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro.
Recordemos que el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana en al menos DOS oportunidades, por las DOS figuras básicas en la actuación de sus fuerzas de seguridad: la detención irregular y torturas en el caso de Walter Bulacio (sentencia 2003) y la desaparición forzada en el caso de Iván Torres (sentencia de 2011).
En ambos casos, el Estado siguió desconociendo el accionar de sus fuerzas represivas, y aunque incorporó la figura de desaparición forzada a su ordenamiento legal, los casos se siguen produciendo.

Como lo presenciamos en el Juicio por La Cacha, los represores siguen amenazado a los testigos con total desparpajo.
REPUDIAMOS las gravísimas amenazas a una querellante, integrante del colectivo Justicia Ya! La Plata, por parte de uno de los imputados en el juicio, el represor Héctor Acuña, conocido como “el Oso”, en la audiencia de inicio de los Alegatos en este juicio.
Y EXIGIMOS a los Integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata las máximas sanciones para el represor, teniendo en cuenta que no es ésta la primera vez que este asesino se manifiesta agrediendo, amenazando y provocando al público integrado por sobrevivientes, familiares, militantes de organismos de DDHH, periodistas y ciudadanos. Lo hizo al comienzo del juicio y cada vez que pudo, insultando hasta a los jueces. Sostenemos que esta impunidad de acción de los genocidas es inadmisible en el ámbito de un Juicio, con los antecedentes que tiene esta ciudad, donde hace 8 años venimos denunciando la impunidad por la desaparición forzada de un testigo y ex detenido.

A 8 AÑOS SEGUIMOS DICIENDO: 
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LOPEZ. 
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SEGUNDA DESAPARICIÓN. 
BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD. 
CONDENA AL ESTADO ARGENTINO POR SER RESPONSABLE DE ESTOS 8 AÑOS DE IMPUNIDAD. 

JUICIOS 

Ya llevamos 11 años de anuladas las leyes de impunidad gracias a la lucha de todo el pueblo. Son a la vez 11 años de gobiernos kirchneristas que no han resuelto las cuestiones de fondo referidas a la impunidad de ayer y de hoy en los crímenes de Estado.
A 38 años del golpe genocida sólo se ha condenado a 480 represores y cómplices de la dictadura en todo el país, por sólo 2.860 víctimas. Esa cifra, 480 represores condenados, sigue representando menos de 1 represor condenado por cada CCD y marca claramente que la pretendida “política de Estado” de investigar y condenar los crímenes del pasado en verdad sigue reproduciendo la impunidad.
Por ejemplo, los crímenes de todas las grandes zonas represivas del país en dictadura siguen impunes: 92 condenas en Capital Federal, 64 en las provincias del sur, 54 en Tucumán, 41 en Córdoba, 40 en la zona del conurbano oeste, 36 en Mar del Plata, 28 en Rosario. ¿Vamos a creer que esa fue la cifra real de ejecutores del genocidio en cada zona?
En nuestra ciudad, donde deberían investigarse los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más la actuación del Ejército y la Armada, se condenó hasta ahora a sólo 46 represores en 10 juicios parciales y fragmentados.

Desde el año pasado, se está juzgando a 17 represores por su responsabilidad específica en el CCD La Cacha, que funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos.
Este juicio representaba la oportunidad histórica de investigar en conjunto la coordinación represiva del Ejército, la Marina, el Servicio Penitenciario y de Inteligencia, además de lo que fue una de las maternidades clandestinas de la zona.
La Justicia tiene desde hace 31 años en su poder los relatos de los sobrevivientes sobre La Cacha, su funcionamiento y apodos de los represores. Pero el juez Manuel Humberto Blanco, que tuvo en sus manos durante 10 años la instrucción de la causa, la fragmentó y dejó afuera los casos de decenas de compañeros. Además, en más de 20 casos, la Justicia contempló sólo los secuestros y tormentos pero no los homicidios, pese a estar identificados hace años los restos de muchos compañeros asesinados y enterrados clandestinamente.
Este juicio era también la oportunidad de comenzar a juzgar los delitos sexuales cometidos en los CCD, pero juzgarlos en conjunto al resto de los demás delitos del plan genocida. Así lo entendemos, y así lo pidió la querella del espacio Justicia Ya La Plata en el juicio. Pero la Justicia sigue sin hacerse cargo de estos planteos porque es una justicia de clase y machista, y no tiene voluntad real de condenar todos los delitos que fueron parte del plan genocida.
En el futuro en nuestra ciudad, irán a juicio oral las causas por el Pozo de Banfield y por los crímenes de la Armada, pero esas causas también fueron fragmentadas y lejos están de representar la actuación real de los grupos de tareas en la dictadura.
Para completar este panorama, los juicios que vendrán en La Plata no superarán en conjunto los 150 represores procesados en unas 20 causas en instrucción.

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS DE LA ÚLTIMA DICTADURA, A SUS CÓMPLICES CIVILES-JUDICIALES-RELIGIOSOS, Y A TODOS LOS QUE COLABORARON CON EL GENOCIDIO. 
QUEREMOS JUICIOS COMPLETOS POR CADA CCD, QUE INCLUYAN A TODOS LOS COMPAÑEROS QUE PASARON POR ESOS CAMPOS, Y TODOS LOS DELITOS QUE ALLÍ SE COMETIERON. 

BANCO DE DATOS GENÉTICOS 

En estos años el recorrido de la política de Restitución de la identidad de los hijos de desaparecidos apropiados por los genocidas no presentó grandes avances: si bien hubo 115 restituciones de identidad desde 1983, sólo 43 fueron realizadas en los últimos 11 años, y resta resolver más del 75% de los 500 casos denunciados hace décadas.
Todo lo que el Estado hace para devolver su identidad a los jóvenes apropiados es delegar su responsabilidad en los organismos de DD.HH, e impulsar campañas para que quien dude de su identidad se haga un ADN. Como en los últimos DOS casos resueltos, que los jóvenes se encuentren a sí mismos, es el fracaso de las políticas de Estado en este sentido.
Además, aunque hubo 76 militares, policías, médicos y civiles condenados específicamente por el delito de supresión de identidad, retención y ocultamiento de los menores, queda pendiente dilucidar la participación histórica y la responsabilidad penal de los jueces y médicos en la entrega de los niños, así como de los integrantes de la Iglesia Católica, verdaderos agentes de inteligencia de la represión, como Emilio Graselli, Mario Piki, y hasta el propio Jorge Bergoglio, que como tantos otros colaboraron con el plan criminal aportando información a los genocidas y ocultándola a los familiares de desaparecidos.
Además, está amenazado uno de los órganos clave para la restitución de los jóvenes apropiados: el kirchnerismo está empecinado en trasladar sin fundamentos el Banco Nacional de Datos Genéticos desde Hospital Durand a una nueva sede en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La jugada intenta convertir al Banco en la plataforma de un “Instituto de Genómica Humana” en sociedad con laboratorios y capitales privados del área de la salud.
Desde hace un año, organismos de DDH y organizaciones políticas y sociales venimos defendiendo la continuidad de la actual sede del Banco, en el Hospital Durand, y manifestándonos contra el desguace y vaciamiento. Además presentamos una medida cautelar en la justicia contencioso administrativa contra el traslado y planteamos la inconstitucionalidad de los artículos de la nueva ley del Banco que restringen su competencia a los casos de lesa humanidad del ’76 al ’83, porque atenta contra el derecho a la Identidad:
- excluye las causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas ocurridas bajo gobiernos constitucionales,
- y obliga a todo aquel que necesite un análisis de ADN por un conflicto de filiación a pagar en laboratorios privados, cuando debería ser un servicio gratuito garantizado por el Estado.
La mejor muestra de que el Banco funciona perfectamente, y no es necesario su traslado, es que en los DOS últimos casos resueltos, Guido Montoya y Ana Libertad Baratti De La Cuadra, fueron comprobados científica E INCONTESTABLEMENTE por el actual Banco.

RESTITUCIÓN DE TODOS LOS JÓVENES APROPIADOS EN LA DICTADURA. 
NO AL TRASLADO DEL BNDG. 
POR LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD. 
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS ENTREGADORES DE NIÑOS, APROPIADORES Y CÓMPLICES. 

HIJOS La Plata 
Septiembre 2014


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lunes, 15 de septiembre de 2014

ELLOS SABEN DONDE ESTA. 18/09 17:30hs Plaza Moreno


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