NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 22 de agosto de 2017

NO LO NIEGUEN MÁS!!!

SANTIAGO ESTÁ DESAPARECIDO, NO EXTRAVIADO.


En una muestra más de cinismo, el Ministerio de Seguridad que conduce la ministra Patricia Bullrich, difunde en el área de "Personas Buscadas" de su blog una imagen de Santiago Maldonado ofreciendo una recompensa de 500 mil pesos y con la leyenda "extraviado".
Lo decimos una y otra vez: SANTIAGO MALDONADO ES UN DETENIDO-DESAPARECIDO!!! No está extraviado ni perdido!!!
La definición estricta de la desaparición forzada de personas vigente en la Ley 26.679 es “la privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad”. Recordemos que el Artículo 142 ter del Código Penal, modificado por esa ley, no hace exclusivos en la definición de este delito a los casos con resultado de muerte probada o presunta, sino que pone el acento en la concurrencia de la complicidad estatal y la negativa a reconocerla o informarla debidamente.
Las pruebas son concluyentes, cada vez más testigos confirman que Santiago fue cercado por agentes de Gendarmería, golpeado, subido a una camioneta y luego trasladado con rumbo desconocido.
APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO! 
CON VIDA TE LLEVARON, CON VIDA TE QUEREMOS!
FUERA LA GENDARMERIA DE CUSHAMEN!
MACRI, P.BULLRICH Y NOCETI SON RESPONSABLES!
LIBERTAD YA A FACUNDO JONES HUALA!

HIJOS LA PLATA

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domingo, 20 de agosto de 2017

ONCEAVA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

LA CONTUNDENCIA DE LOS DATOS

En una nueva jornada del juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares tres testigos aportaron su visión de la CNU desde las miradas documental, histórica y de investigación periodística. Apabullado ante la contundencia de la información, el “Pipi” Pomares pidió hablar y desvarió durante casi una hora haciéndose la víctima.

Por HIJOS La Plata


En primer término Claudia Bellingeri, perito judicial de la Comisión Provincial por la Memoria sobre el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), continuó con la exposición que había iniciado la audiencia anterior. Completó la descripción de los archivos de inteligencia de la bonaerense, entre los que se encuentran las fichas personales de algunas de las víctimas del juicio como el gremialista del hipódromo Carlos Domínguez, asesinado por la CNU el 12 de febrero del ’76, de quien aseguró la perito que “aparece hasta el último volante que sacó la agrupación sindical, donde llama a los trabajadores a recuperar el gremio intervenido y a luchar por la reincorporación de los cesantes”. La misma información presentó en el caso de Leonardo Miceli, estudiante de la UTN y trabajador de una tercerizada de Propulsora, de quien figura información sobre una detención anterior que sufrió el 17 de octubre de 1970 y las denuncias que su familia realizó tras su secuestro el 20 abril de 1976, lo que según la perito “da cuenta de cómo la inteligencia policial construye a las víctimas”. Además, en el caso de Miceli se encontró en el archivo de inteligencia un legajo sobre el hallazgo de su cadáver acribillado junto a los de Horacio Urrera y Carlos Sathicq, hecho que la inteligencia de la bonaerense compartió especialmente con el Batallón 601 de inteligencia del Ejército en materia de antecedentes y evolución del caso.
También describió el legajo de hallazgo de los cadáveres de Néstor Dinotto y Graciela Martini, secuestrados y asesinados por la CNU el 4 de abril del ‘76, hecho que la inteligencia policial cifró como “Nº4815” en la Mesa “DS” del archivo, que hacía referencia a hechos sobre lo que calificaban “Delincuentes Subversivos”.
Respecto a los imputados figuran amplios antecedentes de ambos. De Pomares se consigna una detención y fichaje de mayo de 1972, cuando realizaba pintadas de la Concentración Nacional de Estudiantes Secundarios (CNES) colateral secundaria de la CNU que integraba junto a Néstor Causa, Gerónimo Gualla, Juan Carlos Gomila, Alberto Arana Maderna y Alberto Lampusano, entre otros.  En el caso de Castillo existen varios documentos sobre las causas por tenencia de armas, robos, atentados y asociación ilícita que continuó cometiendo en la década del ’80 y ’90. También figuran los contactos que la banda tenía con los grupos de tareas de López Rega y las áreas de inteligencia estatal, a través de una empresa privada de investigaciones denominada “Servicios Suratlánticos”, registrada en Mar Del Plata en los ’70 donde compartían negocios los peces gordos de la represión Aníbal Gordon, César Enciso, Leonardo Miguel Save y el mismísimo Otto Paladino, uno de los fundadores de la Triple A y en dictadura jefe de la SIDE. Finalmente la perito describió un organigrama de la CNU La Plata realizado por la DIPPBA donde ubican a Castillo como jefe, a Pomares como segundo o “Capitán” y a otros represores como “Pucho” Sánchez, Miguel “Turco” Nasif y Raúl “Chiche” Mendoza como integrantes de la banda.


El siguiente testigo fue el docente e investigador en Historia de la Facultad de Humanidades de la UNLP, Juan Luis Carnaghi, convocado para describir el contexto histórico en que se cometieron los crímenes de la CNU, principalmente a través de los conceptos de su tesis doctoral “Nacionalistas, católicos y peronistas. Auge, afianzamiento y reconfiguración de la CNU La Plata, 1955-1974”.
Carnaghi afirmó que su motivación inicial fue investigar con mayor profundidad lo que suele denominarse genéricamente como “derecha peronista”, precisar su cronología y el peso de la CNU dentro de ese espacio. Puesto a describir los orígenes y consolidación de la CNU como grupo con identidad y actividades propias, lo describe como el resultado de dos tradiciones distintas en el campo nacionalista: por un lado la trayectoria individual, político-intelectual, de su mentor Carlos Disandro, su proceso de radicalización de ideas sobre la tríada peronismo-universidad-catolicismo, y una trayectoria de militancia política del nacionalismo juvenil platense, básicamente el grupo Tacuara, que confluyó en el Instituto Cardenal Cisneros, que dirigía Di Sandro, en el germen de la CNU, cuyo nacimiento se ancla en 1965 pero tenía una década de formación. De hecho dos de los líderes de la primer CNU La Plata, Martín Salas y Félix Navazo, provenían de Tacuara.
Sobre el Programa político CNU, el docente afirmó que el grupo estaba muy anclado en la idea de reivindicar el restablecimiento de la ley universitaria peronista 13.031 de 1947, como una batalla contra la autonomía universitaria, por la designación de autoridades desde el ejecutivo nacional y de control del poder de los claustros. A su vez en términos de acción se basaban en la impugnación de otros actores políticos tanto humanistas como reformistas o de izquierda, ya que según Carnaghi “en su esquema no había lugar para esos actores”.
Con una etapa de crecimiento y despliegue de acciones en la universidad entre 1965 y 1971, según el historiador la CNU se reorganiza y baja su actividad desde ese año, en parte por las consecuencias legales del atentado y asesinato de Silvia Filler que cometieron en la Universidad de Mar Del Plata en diciembre del ’71. Desde allí para el año ’73 se reconfiguran en lo que Carnaghi denomina un “Cártel político sindical” (concepto que toma de la definición “power cartel” que el historiador británico Ian Kershaw realizó analizando el fenómeno del ascenso del nazismo) y donde distintos actores políticos, en este caso CNU y UOM-Juventud Sindical Peronista-62 Organizaciones, coincidían en la acción por tener un ideario común en el catolicismo ortodoxo y el anticomunismo y ciertos objetivos compartidos, centralmente hacer prevalecer el ala derecha del movimiento peronista en el proceso político. En ese sentido puede entenderse la evolución del grupo inicial de la CNU, el crecimiento de sus acciones violentas desde los hechos de Ezeiza en junio de 1973 y su vinculación desde 1974 con el Estado provincial, ahora en manos de un hombre de la UOM como Victorio Calabró, para cumplir un rol represivo.
Puesto a describir la relación entre Di Sandro y Perón, el historiador recordó las visitas del intelectual al líder en Puerta de Hierro en 1967, la copiosa correspondencia que fluía entre ambos y la adscripción del propio Perón al concepto de “sinarquía” para resolver la puja existente por la identidad peronista entre las diversas corrientes del movimiento.  Esa dinámica de “depuración ideológica” a la interna del movimiento peronista, según Carnaghi también se reflejó en la política universitaria local, en una lucha contra el modelo inclusivo de la UNLP que venían desarrollando los sectores ligados a la izquierda peronista, y con los asesinatos de los dirigentes Rodolfo Achem y Carlos Miguel en octubre de 1974 como máximo exponente.
En la concepción del historiador Perón realiza una opción por ese “Cártel político-sindical” y desacredita al sector de la Tendencia revolucionaria, a los que tacha de “infiltrados, apátridas o falsos peronistas”, sobre todo desde la puesta en práctica de Documento Reservado del Consejo Superior Peronista de octubre del ’73 que obliga a “denunciarlos y combatirlos por todos los medios”. Tal opción puede verse en el derrotero de Perón respecto a las ideas del marxismo, que según Carnaghi “primero lo desaprueba, luego en el exilio alienta a los sectores de izquierda del movimiento, pero finalmente ya en 1973 termina condenando la idea de quienes pugnaban por construir un socialismo nacional”.


A continuación el periodista Daniel Cecchini explicó los pormenores de la investigación que realizó junto a Alberto Elizalde Leal, que fue publicada por entregas en el semanario Miradas al Sur y está compilada en el libro “La CNU - El terrorismo de Estado antes del golpe”. El periodista dijo que la motivación esencial de su trabajo, iniciado en 2010, fue que si bien había investigaciones sobre la Tiple A o el Comando de Libertadores de América que operó en Córdoba, no existían muchos había trabajos sobre la CNU. Además como platense y militante en los 70, en su caso en el PRT, conocía a algunas de las víctimas. En la indagación periodística pudieron determinar al menos 68 casos de víctimas de la banda de Castillo contados al detalle en el libro. El autor aseguró que “siempre los blancos fueron estudiantes, docentes, sindicalistas de base, funcionarios de la universidad, y militantes, nunca personas armadas ni que pertenecieran a organizaciones armadas”. Describió al grupo como integrado por 40 o 45 personas, con un núcleo duro de 15 integrantes, más 5 o 7 que rotaban prestando apoyo. “Todas las fuentes coinciden en señalar que el jefe era Castillo y Pomares un integrante importante”, dijo Cecchini, y en el núcleo duro, o los que siempre estaban en los operativos, ubicó a Ricardo Walsh, Dardo Quinteros, Ricardo Calvo, Vicente Álvarez y Alfredo Lozano. Y algunos que actuaban aunque en menos ocasiones eran Jacek Piechoki, Gerardo Rafael Blas y Patricio Errecalde Pueyrredón, entre otros.
Además planteó tres etapas en la historia de la CNU: entre ‘67/’71 como grupo de choque de la derecha en la universidad, desde 1974 como herramienta del terrorismo de Estado del gobierno de Victorio Calabró, y desde Octubre de 1975 funcionando para la represión bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Sobre la etapa inicial del grupo, Cechini recordó la figura de Carlos Di Sandro y contó que lo tuvo como profesor en el Colegio Nacional. También rememoró que en 1964 Perón había designado a Di Sandro como delegado de la juventud en el movimiento peronista, y que el profesor había nucleado varios pesados de la represión en su Instituto Cardenal Cisneros del barrio “El Mondongo” como Néstor Beroch, el subjefe del Distrito Militar, Mario Lopez Osornio y el policía Jorge Vicente Schoo. De hecho aseguró que a través de los contactos con Schoo, director del Liceo Policial y la Escuela Vucetich, Di Sandro daba cursos sobre la “sinarquía” en la Jefatura de Policía. Cecchini ubicó al grupo inicial de la CNU rompiendo asambleas universitarias y apaleando a estudiantes de izquierda. Pero ya a partir de los gobiernos de Héctor Cámpora y Oscar Bidegain, con la avanzada de la izquierda peronista en ámbitos de poder, el grupo realiza una escalada de violencia con atentados y amenazas de muerte. Sobre el período en que se desplegó el terror de Estado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires,  el periodista afirmó que “la CNU fue un engranaje de las prácticas del terrorismo de Estado en el gobierno de Calabró. Este accionar era no sólo tolerado, sino propiciado por el gobierno y se realizaba en conjunto con la burocracia sindical y la policía bonaerense”. Entonces recordó la primera operación grande de la CNU La Plata del 6 al 8 de agosto de 1974 tras cinco blancos: el militante de la JUP Luis Macor, el sindicalista del SUPE Carlos Enio Pierini, el histórico de la resistencia peronista Horacio Chaves y su hijo Gonzalo, secretario de la JTP, y la docente y decana de Humanidades Reyna Diez. Para Cecchini es el hecho inaugural del modus operandi de sembrar cadáveres acribillados como un mecanismo de diseminación del terror. Sobre los contactos de la CNU con la policía bonaerense, el periodista recordó que el coordinador desde la Unidad Regional era Julio Cesar Garachico, que hubo al menos 3 policías en la banda (Alfredo Lozano, Roberto Storni y Vicente Álvarez) y que varios de los operativos tenían obvia cobertura policial o “zona liberada”, como los casos del asesinato de Mario Gershanik, realizado a una cuadra de la Jefatura, o de Ricardo “Patulo” Rave, con dos patrullas cortando la calle mientras era secuestrado a pocas cuadras de la comisaría 2da. “Una fuerza irregular no puede hacer esos operativos, y si tiene protección policial de fuerza irregular no tiene nada, es parte del aparato represivo”, sentenció Cecchini. Finalmente sobre el período final de la CNU, Cecchini opinó que en el contexto de la puesta en vigencia a nivel nacional del decreto de “aniquilamiento de la subversión” de 1975, se dio la coordinación de acciones entre la inteligencia militar y las bandas paraestatales. Contó que con Elizalde Leal pudieron constatar que a partir de una reunión en el Sindicato de Papepleros en Bernal se acordó que la CNU pasaba a depender del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. La investigación de Cecchini y Elizalde Leal detalla que por órdenes del coronel Alejandro Arias Duval, jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, se juntaron el jefe de Prensa y Difusión del Ministerio de Bienestar Social, Miguel Ángel Tarquini (a su vez jefe de la Zona Sur de la CNU), el agente del 601 Orestes Vaello, gente del sindicalista papelero Fernando Donaires y varios suboficiales de la Bonaerense, del Ejército y de Prefectura, y el comisario mayor Alberto Pacheco (alias “El Mono”), encargado desde la Bonaerense de bajar las órdenes a la banda de Castillo. El testigo dijo que este pase de mando del grupo puede constatarse tanto en el pasaje del CNU Emilio Centeno Quiroga al Destacamento 101, como en el accionar de la banda en el cordón industrial del gran La Plata, con los asesinatos de Salvador Delaturi, Carlos Scafide, Leonardo Miceli y Carlos Satich, todos militantes y trabajadores en empresas de aquella zona. “Después del golpe los grupos que habían participado en el terrorismo de Estado previo al golpe se integran al plan represivo. Y pasamos de los cuerpos acribillados en descampados a la desaparición forzada de personas”, concluyó Cechini que habló por casi dos horas.


Sobre el final de la audiencia, el asesino Juan José “Pipi” Pomares realizó una ampliación de indagatoria, derecho que tiene como imputado pero que no utilizó para defenderse de hechos puntuales sino para desvariar. Con un discurso desordenado y lastimoso, sin aceptar preguntas de las querellas, el “Pipi” trató durante tres cuartos de hora de pintarse como una víctima de la situación y en el intento debió ser asistido por las instrucciones de su abogado Néstor Salas, a quien definió como su “amigo”. Comenzó diciendo que hablaba porque había escuchado “muchos disparates y mentiras” durante todo el juicio. Prometió decir la verdad “sin provocar a nadie” y en una muestra de su primaria mixtura de peronismo y cristianismo aseguró “La verdad es la única realidad. La verdad es una sola, aunque cada uno tiene su propia verdad”. Siguiendo con los pasajes místicos dijo que “a Dios no lo echa nadie de ningún lado, él está acá escuchando todo”, en clara alusión al pedido de retiro del crucifijo de la sala de audiencias que había realizado la querella de Justicia Ya. “Cuando la majada es flaca el cordero es gordo” se entusiasmó Pomares, “y a mí me vienen engordando desde hace 10 años, cuando leí en internet: ‘Pomares, la cara más visible de la CNU’”.
Intentó despegarse de la banda de la derecha peronista diciendo que nunca fue a la universidad, y que recién está terminando el secundario. “Me han salpicado con sangre que nunca derramé. No soy el que ustedes quieren que yo sea”. Relató que fue detenido y sufrió cárcel en la Unidad 9 en dictadura, sin agregar que en una causa por cometer robos comunes haciéndose pasar por policía junto al resto de los CNU, y sentenció: “Ninguna fuerza me protegía, me torturó la policía de Camps”. La única defensa puntual que realizó sobre lo que se dijo en el juicio fue contestar a la declaración de Daniel Pastorino, uno de los sobrevivientes del operativo donde la CNU asesinó a Néstor Dinotto y Graciela Martini, que había dicho que quien manejaba el auto en que los secuestraron era Pomares y que lo reconoció con bigote en una rueda de fotos que le exhibieron en el juzgado de instrucción. Pomares intentó desligarse diciendo que cuando joven no tenía bigote porque no le salía, y que no tenía registro para manejar, aunque sí lo hacía porque dijo que le robaba el Siam Di Tella al padre, que lo castigaba por ello. Tras hablar largo tiempo con los ojos cerrados, llorar, gritar y hasta recitar unos versos de la marcha de la bronca dijo: “Fui, soy y seré un militante peronista. Fui un eslabón más en la cadena de la resistencia peronista. Yo me enamoré del león herbívoro”, en alusión a Perón. Y agregó que “los peronistas fuimos víctimas siempre, fuimos el fiambre del sándwich, por derecha y por izquierda siempre nos fagocitaron”.
El asesino denunció que como parte del tratamiento que recibe por una hemorroide crónica le hicieron en Marcos Paz una colonoscopía sin anestesia que lo dejó sangrando: “Uso toallas femeninas para no manchar la silla”, dijo, y agregó que “esto es por ser preso de lesa humanidad, si fuera preso común me atenderían mejor”. Y hasta se animó a emular a su ex mentor Carlos Di Sandro al asegurar que “en la historia del mundo la lengua ha matado más que la espada”, una críptica declaración que Pomares y sus compinches de la CNU aún vivos sabrán mejor que nadie lo que significa.
El juicio está llegando a su etapa final ya que, según lo estipulado por el tribunal, el lunes 28 de agosto se escuchará una ampliación de declaración del “Indio” Castillo y se dará inicio al alegato de la fiscalía.

LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL LUNES 28 DE AGOSTO A LAS 10 HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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jueves, 17 de agosto de 2017

DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA: DISTINTOS GOBIERNOS, LA MISMA IMPUNIDAD.

Pese a la campaña de confusión de los medios de comunicación, Santiago Maldonado está desaparecido. Ni perdido, ni extraviado. Aun así, no es el primer desaparecido en democracia, ni tampoco el primero después de Jorge Julio Lopez.
La continuidad de la práctica represiva de desaparecer personas tras detenerlas ha sido moneda corriente en todos los gobiernos durante los últimos 34 años. Hoy el macrismo suma una nueva víctima a la lista de más de 215 casos de desaparición forzada en “democracia, esta vez la de Santiago, “EL LECHU”, conocido compañero militante anarquista de La Plata, solidario y comprometido con las luchas populares.


LOS HECHOS
Desde martes 1 de agosto  Santiago Maldonado se encuentra desaparecido, luego de la brutal represión de gendarmería al interior del Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut) por parte de más de cien efectivos de esa fuerza nacional de la que es responsable la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.
Las fuerzas de seguridad responsables de la represión fueron los Escuadrones de Gendarmería N°34 de Bariloche, N°35 de El Bolsón, N°36 de Esquel, el Escuadrón de Ramos Mejía y Rawson, encabezadas en forma personal por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti.
Este repudiable funcionario fue asesor de Patricia Bullrich cuando era diputada y saltó con ella al gabinete nacional. Fue abogado defensor de genocidas procesados por crímenes de lesa humanidad en juicios realizados en Entre Ríos y La Pampa, sostuvo que aquellos procesos eran la “legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político” y atacó la legalidad de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura.
Esto es una clara muestra más de la relación que persiste entre la Impunidad de ayer y de hoy, denuncia que venimos realizando desde HIJOS hace más de 22 años. 


CONSIDERACIONES SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 
La definición estricta de la  desaparición forzada de personas vigente en la Ley 26.679 es “la privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad”. Recordemos que el Artículo 142 ter del Código Penal, modificado por esa ley, no hace exclusivos en la definición de este delito a los casos con resultado de muerte probada o presunta, sino que pone el acento en la concurrencia de la complicidad estatal y la negativa a reconocerla o informarla debidamente.
En nuestro país la mayoría de los casos de desaparición de personas no se investigan, o bien llegan a juicio con figuras penales morigeradas o fragmentarias (como los apremios, las vejaciones, y en los menos de los casos la tortura seguida de muerte) que no explican la dimensión real de la prepotencia impune con que actúan los agentes del Estado en la represión cotidiana.
Por eso, para denunciar las desapariciones forzadas negamos el homicidio simple y la averiguación de paradero, y afirmamos que se trata de verdaderos hechos de desaparición cometidos por parte de agentes del Estado. Esto es lo que sucede con Santiago, se niega su desaparición efectuada por parte de la gendarmería, y solo se investiga el hecho como una averiguación de paradero.

LOS DATOS 
Desde 1983 hubo más de 210 casos de desaparición forzada en todo el país.
Pese a la continuidad de los gobiernos constitucionales, tantas veces defendida como garantía suficiente del respeto a la vida y la libertad ambulatoria, la protección frente a las detenciones arbitrarias y las torturas, los casos se han seguido acumulando con los años.
Los picos represivos en materia de desaparición forzada han sido los años 1994 (17 casos), 1997 (12 casos), 2001 (13 casos), 2003 (13 casos), 2006 (13 casos) y 2009 (13 casos).
Esto implica que durante los seis años del gobierno de Alfonsín se produjeron el 7% de las desapariciones forzadas, durante los diez años del Menemismo el 33%, en los 3 años en que Gobernó De La Rúa 9%, en la gestión de Duhalde también el 9%, y durante los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se produjeron 39% del total de desapariciones.
Estos datos evidencian por qué el Kirchnerismo y todos sus aplaudidores intentan lavarse la cara reclamando a cuatro voces la aparición con vida de Santiago, y ocultando que durante su gobierno desaparecieron al menos 90 personas. Entre  estos podemos mencionar los emblemáticos casos de Iván Torres (Chubut-2003), Sergio Ávalos (Neuquén-2003), Julio Lopez (La Plata. Bs. As.-2006), Luciano Arruga (Bs. As.-2009), Luciano González (Chubut-2009), Mario Golemba (Misiones-2008),  Daniel Solano (Río Negro-2011).
La provincia de Chubut, en la que desapareció Santiago, es una de las que cuenta con mayor índice de desapariciones forzadas, con 15 casos desde 1983 a 2017. Allí fue desaparecido Luciano González de 41 años en 2009, detenido por el GEOP en Cerro Centinela en el marco de un operativo de cacería al poblado de Corcovado (Departamento Futaleufú), por la muerte de un policía y en un hecho represivo similar al de Cushamen. Sus restos fueron hallados e identificados en 2013 y el caso sigue impune.
No podemos tampoco dejar de mencionar que durante el gobierno de Cristina F. de Kirchner, el genocida César Milani, como jefe mayor del ejército fue el encargado del armado de la estructura represiva en la Patagonia y en todo el país.
Además que en relación a los pueblos originarios se encargaron de hostigar, robarle tierras a la comunidad Quom.
Pero, por supuesto de todo esto los Kirchneristas no dicen ni una palabra.
 Descargar documento: 

ALGUNAS MODALIDADES 
Varios son los “casos testigo”, en los que el desprecio por la vida, la selectividad represiva, la desidia investigativa y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad como una corporación encubridora son el eje conductor. En casos como los de Andrés Nuñez, Miguel Bru, (durante el gobierno de Carlos Menem), y de Iván Torres, (durante el gobierno de Néstor Kirchner), la pretendida denuncia de un delito menor se convirtió en secuestro, seguido de torturas en sede policial y ocultamiento del cuerpo para encubrir los hechos anteriores.
En casos como los de Luciano Arruga y Jonathan “Kiki” Lezcano, la persecución previa de la policía da paso a las detenciones, que se suceden en torturas, homicidio y ocultamiento del cuerpo “blanqueándolo” en el sistema formal de Hospitales, Morgues y Cementerios con la complicidad de toda la estructura estatal de gestión de la muerte.
Si bien puede señalarse a un actor básico como ejecutor, la práctica de la desaparición forzada no es exclusiva de los agentes de policías provinciales o federales, como lo muestra el caso de Sergio Ávalos, donde la detención fue practicada en un sitio de diversión nocturna por su sistema de seguridad, que contaba con 40 integrantes del Ejército que realizaban adicionales.
En otra modalidad típica, como los casos de Daniel Solano y Mario Golemba, la detención arbitraria y la eliminación de las víctimas se realizó por agentes del Estado en combinación con grupos económicos sobre conocidos referentes de organización sindical de base que luchaban contra situaciones de explotación laboral.
Pero quizás el hecho que marca a fuego esta práctica perversa, y que une la continuidad del aparato de poder organizado para reprimir, es la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, porque se trata de un sobreviviente del Genocidio expuesto como testigo en una causa de lesa humanidad que dio inicio al proceso de juzgamiento de los crímenes del Terror de Estado con renovada impunidad. Definen el caso el señalamiento de las organizaciones de DDHH a la propia Policía Bonaerense, el silencio del gobierno Kirchnerista al respecto, pese a la gravedad material y simbólica que presenta, y la apertura de una nueva categoría: el ex detenido desaparecido en dictadura, aparecido y vuelto a desaparecer en democracia.

LA RESISTENCIA:
 

Hace varios años los pueblos originarios vienen sufriendo la persecución, criminalización, y represión, además  del robo constante de sus tierras por parte de empresarios como Benetton o hasta los de la propia familia del presidente Macri. En todo el territorio, estos crímenes se incrementan cada vez más.
Por eso el ataque del Lof en Resistencia de Cushamen, porque necesitan aleccionar y borrar del mapa a los que luchan y resisten. Por eso la desaparición de Santiago, para intentar ejemplificarnos una vez más, para implantar el terror y el pie de plomo, creyendo que con eso van a dominar la rebeldía de los oprimidos. Rebeldía que los 300.000 compañeros detenidos desaparecidos nos enseñaron con el ejemplo de su lucha, poniéndole el cuerpo a las balas de los milicos asesinos.
Rebeldía  que hoy con este gobierno de cipayos represores continua más vigente que nunca.


APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO! CON VIDA TE LLEVARON, CON VIDA TE QUER
EMOS!


FUERA LA GENDARMERIA DE ESQUEL!

MACRI, P.BULLRICH Y NOCETI SON RESPONSABLES!!!

LIBERTAD YA A FACUNDO JONES HUALA!

ESCLARECIMIENTO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE TODOS LOS DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA!

BASTA DE REPRIMIR AL PUEBLO!

HIJOS LA PLATA

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jueves, 10 de agosto de 2017

DECIMA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

LÚCIDOS CONTRA DESMEMORIADOS

En una nueva jornada del juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares dos testigos de las defensas de los asesinos no lograron velar el oscuro pasado de la derecha peronista. Además, dos testigos de la querella de Justicia Ya echaron luz sobre el pasado de la banda de la CNU y su activo rol en la represión del terrorismo de Estado.

Por HIJOS La Plata


En primer término dio su testimonio Juan Destéfano, ex presidente de Racing Club, ex secretario general de la UOM Avellaneda y ex secretario general de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires en la gestión del burócrata sindical de la derecha peronista Victorio Calabró entre 1974 y 1976. Convocado por la defensa de Pomares, Destéfano, sufrió 18 meses como detenido ilegal en dictadura en los CCD de Puesto Vasco y COT de Martínez y Arana, y ya había testimoniado en el juicio al capellán policial Christian Von Wernich en 2007. El testigo no logró exprimir lo suficiente su memoria pese al alto cargo que ocupó en la Gobernación. Contó que conoció a Pomares y Castillo en los pabellones 10 y 11 de la Unidad 9, cuando fue legalizado como preso político y ambos asesinos estaban detenidos en una causa por tenencia de armas y robos que cometían haciéndose pasar por policías en paralelo a los secuestros y ejecuciones de la CNU.
Destéfano, que se definió en la audiencia como “peronista ortodoxo, de Perón y Evita”, fue detenido junto a casi todos los ministros del gabinete de Calabró, como el titular de la cartera de Economía, Ramón Miralles, de Asuntos Agrarios, Pedro Goin, y corrió el mismo destino que familiares, socios y empleados del banquero y empresario David Graiver. Al respecto dijo que “todos fuimos tachados de subversivos” y agregó curiosamente que “en la mayoría de los casos erróneamente”.
Develando nuevamente la intención de la defensa de presentar a los asesinos como víctimas de la dictadura, Destéfano definió a Pomares como “un joven normal, que no fue subversivo. En la cárcel forjamos una amistad, al igual que con todos los que padecimos semejantes injusticias”.
Consultado por su tarea como secretario general de la Gobernación contestó que era la mano derecha del gobernador, y que se encargaba de realizar la coordinación institucional desde el ejecutivo provincial con los presidentes de las cámaras de senadores y diputados. Por las dudas aclaró: “Nunca recibí a los integrantes de la CNU como funcionario, sólo los vi como preso en la Unidad 9”. Requerido para que explique qué directivas había impartido Calabró a sus ministros frente al clima de violencia que se vivía, trató de explicar que siempre se actuó “con la policía y dentro de la ley” y que “éramos todos peronistas y católicos, de manera que por orden expresa del gobernador estaba prohibido maltratar o torturar a nadie”.
A una pregunta específica sobre si conoció el Documento Reservado del Consejo Superior Peronista de octubre de 1973, que ordenaba combatir por cualquier medio, perseguir y expulsar a los “infiltrados marxistas” del movimiento, respondió simplemente “no”.
Preguntado sobre si conocía al dirigente de la Agremiación de Empleados por Reunión del hipódromo asesinado por la CNU, Carlos Domínguez, dijo que no. E Indagado sobre cómo era la relación de la Gobernación con la Dirección Provincial de Hipódromos, y si conoció si hubo conflictos gremiales en el ámbito, dijo que suponía que había reclamos por salarios, pero que en la conducción del hipódromo estaban los funcionarios Edwin, Néstor Otero e Isidoro Donaires, y agregó “nosotros no pisábamos el hipódromo porque se nos acusaba permanentemente de que Calabró tenía caballos de carrera, entonces estaba vedado ir”.  En realidad ya desde su rol de vicegobernador de Oscar Bidegain, obligado a renunciar por Perón por vincularlo a la Tendencia Revolucionaria, Calabró aspiraba a acumular poder político y realizar negociados manejando la Dirección de Hipódromos, la presidencia del Banco Provincia y la jefatura de Policía.
Todo el gabinete de Calabró, que esgrimía amplios acuerdos políticos con el ministro José López Rega y con la burocracia de la CGT nacional y platense, conocía a Domínguez por encabezar la huelga que paralizó el turf entre diciembre del ’75 y enero del ’76. Tal es así que la Dirección de Hipódromos, que dependía directamente de la Gobernación, publicó una solicitada tergiversando los reclamos de la Agremiación y declarando ilegal la huelga impulsada por los trabajadores. En este mismo debate, la hija de Domínguez relató que en un episodio de fines del ’75 en que su padre caminaba con su madre por el centro de La Plata fue levantado por una patota que lo llevó directamente al despacho del gobernador Calabró y le dijeron “levantá la huelga porque te hacemos boleta”.
La memoria del secretario del “Taño” Calabró parece ser muye endeble a sus 83 años, pero tanto las familias de las víctimas como los sobrevivientes del genocidio saben muy bien quién fue cada quién en aquellos años. Al concluir su testimonio Destéfano fue aplaudido tibiamente por un grupo de seis personas que acompañaron el juicio en evidente apoyo a los asesinos Castillo y Pomares. Todo un símbolo.

A continuación fue presentado en calidad de testigo el genocida de la Policía Bonaerense Julio César Garachico, condenado a cadena perpetua en 2014 por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en noviembre de 1976 y señalado en su testimonio de 2006 por Jorge Julio Lopez como uno de sus torturadores en los CCD de Arana. Lo insólito de la situación, que un genocida sea llamado como testigo, no se sostuvo por mucho tiempo. Convocado por el abogado defensor del asesino Castillo, el represor contestó las preguntas de rigor se adujo como última ocupación “trabajar en una empresa privada en el sur durante 15 años”. Dijo que a Pomares y Castillo los conoció en Marcos Paz por compartir la detención por cometer delitos de lesa humanidad.
Garachico, oficial principal de la Unidad Regional La Plata de la bonaerense, debería estar imputado en esta causa por su complicidad liberando las zonas en los secuestros y torturas cometidos por la CNU en La Plata.
Preguntado por si participó en 1976 de “algún operativo o allanamiento” en el domicilio de alguno de los imputados, dijo que en abril o mayo de ese año lo enviaron a un operativo en la casa de Castillo. “Una señora me hizo pasar y Castillo no estaba. Listo. No hubo nada raro”. Afirmó no acordarse si intervino en actuaciones judiciales sobre la banda de la CNU, pero que recordó se secuestraron algunas cosas robadas “de un hecho en Villa Elisa”. Según el represor las cosas secuestradas, en su mayoría electrodomésticos, luego se las llevó el Ejército desde la Unidad Regional. En ese momento la farsa se develó: el testigo le reconoció al abogado que lo llamó a declarar que “Usted me pregunta cosas que yo no recuerdo. En realidad yo ni sabía a qué venía acá. Me enteré hoy a la mañana”. A semejante confesión al Dr. Buján no le quedó otra que decir: “No tengo más preguntas”. Como a todos los represores de la dictadura, al “Gordo” Garachico no le conviene recordar que estuvo a cargo de la patrulla policial que detuvo a la banda de Castillo el 29 de abril de 1976, cuando el grupo de tareas de la CNU intentaba secuestrar a Juan Carlos “Vaca” Arias, que relató el hecho en las audiencias de este juicio. Hasta entonces las autoridades militares y el jefe de la Unidad Regional, Carlos Masulli, encargaban a Garachico y al suboficial Alberto Bilardo la tarea de liberar las zonas para que la CNU pudiera perpetrar sus secuestros y asesinatos.
Para ubicar al represor-testigo en su lugar, la querella del espacio “Justicia Ya” le preguntó por los hechos que se investigan en el juicio y dijo desconocerlos. Requerido por los procedimientos que realizaba la Policía bonaerense en aquellos años, dijo que no recordaba. Pero además se le hizo una pregunta fundamental: “¿Usted puede aportar algún dato sobre el paradero del señor Jorge Julio Lopez?”. El represor se mostró asombrado y dijo “¿Pero qué es esto?”. La causa que investiga la desaparición de Lopez en 2006 aporta varios datos interesantes que responderían a la pregunta de Garachico. En octubre de 2006, cuando Lopez lo mencionó en su testimonio, gestionaba el casino Punto y Banca en Puerto Madryn. Circulaba por la ciudad en un auto de alta gama y realizaba “tours de juego” junto a encumbrados funcionarios menemistas como Carlos Spadone y Moisés Ikonicoff, pero al quedar en evidencia se desvinculó de la empresa y se fugó. Fue detenido en Mar Del Plata en abril de 2012, por un dato aportado exclusivamente por la querella de los organismos de Derechos Humanos.
Según el testimonio de Lopez, Garachico integraba el “grupo de picaneadores” que actuaba en el CCD de Arana junto a represores como Hugo Guallama, Carlos “Manopla” Gomez, Gregorio Medina, Manuel Aguiar, Francisco Urcola, Raúl Muñoz, José Orellana, Jorge Ponce, Tránsito Gigena, “Rudi” Calvo y el propio Miguel Etchecolatz. A 11 años del segundo secuestro y desaparición de Lopez no hay un solo imputado por el crimen. El espectro del testigo ausente continúa sobrevolando los juicios de lesa humanidad de La Plata, en momentos en que las desapariciones forzadas en democracia se renuevan con el caso de Santiago Maldonado.


A continuación se escuchó un completo y extenso testimonio de dos horas de parte del profesor de Historia y Doctor en Ciencias Sociales por la UNLP, Juan Luis Besoky, convocado por la querella del espacio Justicia Ya La Plata para describir el contexto histórico en que se cometieron los crímenes de la CNU, principalmente a través de los conceptos de su tesis doctoral “La derecha peronista. Prácticas políticas y representaciones (1943-1976)”.
En una exposición que resulta irreproducible para una síntesis como la actual, y que se alargó por las preguntas que los propios jueces realizaron queriendo ilustrarse sobre el período histórico, el despliegue conceptual de Besoky se basó en desarrollar 5 puntos esenciales:

                             -  El origen de la CNU en otros grupos de la derecha nacional como Tacuara, y su prédica desde el nacionalismo católico, y el anticomunismo. La figura central del profesor Carlos Di Sandro, su obra y su acción política bendecida por Perón. El concepto de “sinarquía” como la elaboración de un otro a combatir.
                             -  El desarrollo alentado desde el Estado de los grupos de la derecha peronista para combatir la “infiltración marxista” en el movimiento y expulsar a los gobernadores y otros funcionarios de la Tendencia Revolucionaria.
                               -  La presencia del Documento reservado del Consejo Superior Peronista de octubre de 1973 como elemento de puesta en marcha del accionar represivo del Estado, desde diversos grupos para-estatales como la CNU.
                               -  La elaboración de un andamiaje de legislación represiva en el tercer gobierno peronista para, como la Ley de Asociaciones Profesionales, la Ley de Prescindibilidad de empleados públicos , las leyes 20.642 de reforma del código penal, 20.840 de represión de delitos “terroristas” y el decreto secreto de 1.302 del denominado Operativo “Topo”, que legalizaba la “lucha contra la subversión”.
                              -  La continuidad del esquema represivo del tercer gobierno peronista en la dictadura a partir de los decretos de “aniquilamiento de la subversión”, y la prolongación de objetivos con el cambio de modalidades hacia una mayor centralización del mando en las Fuerzas Armadas.

En un intento por deslegitimar la impecable exposición de Besoky, el abogado de Castillo se atrevió a consultarlo por la fuentes de su tesis, a lo que el profesor respondió que la mayoría de las fuentes eran las propias publicaciones de la derecha peronista (como la Juventud Sindical, la JPRA o la propia CNU), la prensa escrita o entrevistas a militantes de la ortodoxia peronista. En el mismo sentido el defensor de Pomares trató de confundir al testigo y preguntó si un peronista de derecha podía ser considerado “subversivo” por la dictadura: Besoky respondió con altura que la mayoría de los militantes de la derecha que fueron detenidos luego fueron liberados, suerte que no corrió el grueso de los militantes de izquierda secuestrados, fueran peronistas o de otras vertientes de la izquierda local.
El aporte del testigo resulta ineludible para comprender el contexto real en que se produjeron los crímenes del terrorismo de Estado en el tercer gobierno peronista. Algunos de los trabajos de Besoky pueden consultarse en


La última testigo fue la directora del área de Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Claudia Bellingeri, quien realiza tareas peritaje judicial sobre el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
La perito presentó al tribunal un informe realizado por la CPM que incluye los registros de la DIPPBA tanto de la CNU como organización criminal, como las fichas policiales de los imputados Castillo y Pomares, pasando por los legajos que la policía confeccionó de varias de las víctimas de esta causa, como Carlos Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini.
Bellingeri desarrolló la existencia de varios legajos referidos a la CNU en la Mesa de “Factor Estudiantil” de la DIPPBA que dan cuenta de que la Policía bonaerense conocía a la banda de Castillo desde sus inicios en el año 1967. Los archivos describen las actividades políticas del grupo como charlas y actos, y sus intervenciones violentas en distintas facultades de la UNLP como Arquitectura y Agronomía. Los documentos también dan cuenta de los estrechos lazos de la CNU con la JPRA, la Juventud Sindical Peronista y las 62 Organizaciones.
A esa altura de la jornada, el presidente del TOF1, Germán Castelli, cortó la exposición de la testigo alegando que el Tribunal tenía otros compromisos “impostergables” y se comprometió a seguir escuchándola en la siguiente audiencia.

LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL LUNES 14 DE AGOSTO A LAS 10 HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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viernes, 4 de agosto de 2017

DESAPARICIÓN FORZADA DE SANTIAGO MALDONADO

SOLICITAMOS LA MAYOR DIFUSIÓN.


Compartimos un Spot denunciando la desaparición forzada de Santiago Maldonado en la represión que la Gendarmería desató en el Lof en Resitencia de Cushamén, en Esquel-Chubut, en tierras ancestrales mapuches que pretende usurpar el empresario italiano Luciano Benetton.



Sumamos un entrevista a Fernando Jones Huala, hermano del Lonco Facundo Jones Huala, realizada por los compañeros de Radio Futura de La Plata y que describe la situación.




APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO

POR LA LIBERTAD DE FACUNDO JONES HUALA.
BASTA DE REPRESIÓN AL PUBELO MAPUCHE.
EL ESTADO ES RESPONSABLE.



SOLICITAMOS LA MAYOR DIFUSIÓN.

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