NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

viernes, 27 de mayo de 2011

Más civiles involucrados con los “vuelos de la muerte”.

La Justicia busca terminar con pactos y represores reciclados.

La detención de uno de los habituales empleados del Aeropuerto de Mendoza –contratado por la empresa Aerolíneas Argentinas–, el “Colorado” Ricardo Rubén Ormello, sorprendió a los mendocinos el pasado 10 de mayo. La orden la dio el juez federal Sergio Torres y quien se ocupó de hacerla cumplir en la provincia fue el juez federal de Mendoza Walter Bento. [+]

No fue el único apresado, junto a él capturaron a Alejandro Domingo D’Agostino, Enrique José de Saint Georges y Mario Daniel Arru, quienes habrían piloteado uno de los llamados “vuelos de la muerte”. La causa es un desprendimiento de los crímenes de la ESMA y tiene por objeto investigar “el sistema de eliminación física de personas utilizado en la última dictadura militar para deshacerse de las víctimas del terrorismo de Estado”.

Esos vuelos consistían en arrojar desde aeronaves en pleno vuelo al Río de la Plata o al Mar Territorial Argentino a personas que habían sido privadas de su libertad por el Grupo de Tareas, que operaba en lo que inicialmente fue creado como un instituto de formación naval. Estamos hablando de la puesta en marcha de un dispositivo que requería de una aceitada coordinación entre centros ilegales de detención y distintos aeropuertos del país o bases militares que contaban con pista de aterrizaje.

Cada embarque de prisioneros constituía de por sí una acción conjunta y sistemática, pergeñada en el marco de la denominada “lucha contra la subversión”. Fue Adolfo Scilingo quien la puso de manifiesto en 1995 en una serie de entrevistas que le hiciera el periodista Horacio Verbitsky, autor de un texto periodístico fundamental: El vuelo. Confesiones de un oficial de la armada.

Hasta ese momento ningún protagonista había revelado cómo era eso de arrojar al menos unas 2.000 personas al mar. Scilingo reveló que se los trasladaba con vida, se les inyectaba una dosis de pentotal para mantenerlos adormecidos y ya a bordo del avión se les iba quitando la ropa y empujando al vacío. Cuando confesó esa secuencia siniestra, Scilingo, que estaba en libertad, señaló que él había escrito cartas al ex dictador Jorge Videla, al ex presidente Carlos Menem, solicitándoles que se informara al país sobre el tema, y a modo de protesta consignó: “Me ordenaron actuar al margen de la ley y me transformaron en delincuente”.

Antes de semejante confesión, en Mendoza ya alguien había puesto por vez primera en entredicho el silencio pactado entre los integrantes de las fuerzas de seguridad durante los años de plomo. Se podría decir que fue la primera confesión judicializada. Ocurrió a comienzos de la democracia, cuando la justicia federal abarcaba toda la zona de Cuyo y desde San Luis llegaban noticias sobre la existencia de un testigo llamado Jorge Vázquez.

El hombre relataba que había trabajado como policía y que se abrió de eso poco después. Murió en circunstancias sospechosas hace varios años. Hubo dudas sobre si se trataba de un arrepentido. Lo cierto es que debido a los datos que aportó con su testimonio, el juez federal González Macías pudo determinar el sitio preciso donde la patota del coronel Carlos Plá había escondido los cuerpos asesinados de los militantes de la Juventud Peronista de San Luis, entre ellos, el de Graciela Fiochetti, una joven estudiante que vivía en el pueblo de La Toma. Sus restos fueron devueltos a su madre en 1986, todo el pueblo de La Toma se movilizó hasta el cementerio del lugar dando muestras de apoyo y afecto. El caso llegó a las tapas de los diarios nacionales ya que Plá se atrincheró en el Ministerio de Defensa, diciendo que resistiría cualquier orden de detención con su pistola Browning 9 mm.

El caso del suboficial Rubén Ricardo Ormello reabre el mismo interrogante que pendía sobre Vázquez, es una duda razonable ya que no todo aquel que se decide a hablar es un arrepentido. Una cosa es hablar en un contexto de impunidad, y otra muy distinta es hacerlo cuando la Justicia está avanzando. De acuerdo con las últimas informaciones, Ormello negó haber participado de los vuelos de la muerte y negó también haberles relatado los pormenores de los mismos a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, lo hizo años atrás, cuando regían las leyes de impunidad. Y el caso es que dichos testimonios llegaron a oídos del juez federal Sergio Torres. De acuerdo con Página 12, la escena de las confesiones fueron los hangares de Aeroparque de la empresa Aerolíneas Argentinas y los militares de Ezeiza. Básicamente Ormello había contado que él era cabo segundo en la Armada, con 21 años y oficio de mecánico motorista. Que se colocaba un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Que venía un “tordo” con un maletín y se paraba en el portón del avión y era ahí que a los prisioneros se los bajaba “medio en bolas y como en pedo” y con los ojos tapados. Ellos los sentaban en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval (sic). Los apilaban adelante y cuando ya estaba listo salían a volar. Cuando les avisaban, empezaban a arrastrar los cuerpos y a tirarlos por el portón. Todo esto lo contaba de lo más distendido, con naturalidad, como quien se había limitado fríamente a cumplir una orden. Hasta su aprehensión, Ormello estuvo viviendo en Godoy Cruz, la única imagen que se tiene de él es la que subió él mismo a su perfil de Facebook rodeado de su familia.

Stuhldreher, marca registrada. Otra novedad surgida en los últimos días es el procesamiento del ex oficial del Ejército Luis Alberto Stuhldreher. Pieza clave de la represión ilegal en San Rafael –fue el primer intendente de la dictadura militar por decreto de Jorge Rafael Videla– y ex socio de la dirigencia radical entre 1999 y 2005. La historia de esa sociedad se remonta a 1971, cuando pasó a revistar al Liceo Militar General Espejo. Fue instructor de varias camadas de cadetes, entre ellos, Julio Cobos y Roberto Iglesias.

Más tarde las relaciones se profundizaron. Cobos le dio un lugar en el Ministerio de Seguridad. Más precisamente en la Dirección de Logística, cargo que ocupó desde el 2003 hasta el 2005. No se trató de una designación sin más, ya que ninguno de los dirigentes radicales ignoraba el pasado de torturas y secuestros del oficial retirado.

Tres años atrás, el periodista Jorge Fernández Rojas revelaba que Stuhldreher había sido el encargado de la seguridad de distintos organismos municipales entre 1999 y 2002 siendo su destino principal el bastión radical: la capital de Mendoza. Como prueba concreta de sus nexos políticos consta que tanto el oficial retirado como Roberto Grillo, ministro de Seguridad de Julio Cobos, compartían la representación legal de una misma firma de seguridad privada en Mendoza: ASIFAR, Agencia de Seguridad e Informaciones Fabril de Rosario. Mientras esa empresa estuvo bajo el mando de Stuhldreher, toda la custodia de los “objetivos” municipales de la capital fueron adjudicadas a él, incluso los actos radicales, como por ejemplo el lanzamiento de la candidatura de Víctor Fayad a diputado nacional. Hay que decir que Grillo no sólo inició uno de los peores ciclos en la política de seguridad mendocina (antirreformista y de neto cuño represivo) sino que además usó su investidura para defenestrar la defensa de los derechos humanos (continúa en esa misma línea, esfuerzo que despliega vía Twitter).

Stuhldreher estiró como pocos los tiempos de la impunidad. No sin ayuda de otro funcionario radical. La historia remite al 2007, cuando el juez federal Raúl Acosta pidió su detención. Estaba implicado en una veintena de desapariciones producidas durante su mandato en San Rafael, entre ellas la de Héctor Aldo Fagetti. Ahí es cuando entra en acción su abogado, el doctor Eduardo Mestre Brizuela, ex camarista federal y hermano del radical cordobés Ramón Mestre (interventor de Corrientes y ministro del Interior durante el gobierno de De la Rúa).

Eduardo Mestre Brizuela logró desligar a Stuhldreher de la causa presentando un escrito de falta de mérito ante la Sala de la Cámara Federal de Apelaciones que antes él mismo había integrado. O sea, quienes debían decidir eran sus anteriores colegas; ninguno de ellos se apartó pese a la evidente falta de ética. Julio Petra, Enrique Sosa Arditi y Carlos Pereyra González fueron los camaristas que le dieron lo solicitado al representante de Stuhldreher, esto es, la falta de mérito en uno de los hechos. Y como quien no quiere la cosa, accedieron a lo pedido en otro escrito para hacer extensiva esa falta de mérito a una decena más de causas, todas originadas en hechos criminales diversos. Se trata de una barbaridad jurídico-penal pocas veces vista en el derecho.

Una cosa así sólo es entendible en razón de los lazos y los compromisos posdictadura.

En 1987, Mestre Brizuela era el camarista que archivaba el expediente por el caso del matrimonio Manrique-Terrera, desaparecidos desde 1976. Lo hizo en nombre de la Ley de Obediencia Debida cuando esta no debía aplicarse a los casos en los que había bebés involucrados. Precisamente en el caso Manrique Terrera había un bebé de 8 meses involucrado, era Celina, la hija del matrimonio desaparecido, recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo en el 2007.

Pese a este antecedente, a finales del 2001 Mestre –jubilado luego de una larga trayectoria judicial– pasó a conducir el Instituto de Seguridad Pública, organismo creado por la Reforma Policial de 1999, destinado a la formación de los nuevos policías. Con el fracaso de Roberto Grillo al frente del ministerio, arribó Miguel Bondino, quien nombró a Mestre Brizuela en la Dirección de Inteligencia Criminal. Durante ese período, se sucedieron graves violaciones a los derechos humanos, el gatillo fácil se cobró la vida de tres jóvenes y otros tantos eran arrestados por protestar por el lamentable estado de las escuelas.

Más que una retórica represiva. En el 2007, la revista Veintitrés sacaba a la luz quién era el interlocutor del gobierno de Cobos con la cámara empresarial que agrupa a las agencias de seguridad privada. Se trataba de Fernando Morellato, un ex policía imputado por torturas. Las habría cometido en noviembre de 1976 en la Comisaría 25 y lo curioso es que escribió con su propia mano una nota que podría calificarse de tragicómica, pidiéndole prestada a la Policía Federal “una picana eléctrica para interrogar a Oscar Ramos y Daniel Iturgay”, los dos desaparecidos. Tiempo después Morellato se hizo conocido como presidente de un club de fútbol local (Atlético Argentino) y se dedicó, como Stuhldreher y otros ex policías expulsados de la fuerza –mano de obra desocupada como Ignacio Medina, Alfredo Siniscalchi, Eduardo Smaha Borzuk– al negocio de la seguridad privada. Al asumir Alfredo Cornejo, actual intendente de Godoy Cruz pero por entonces ministro de Seguridad de Julio Cobos, le estrechó la mano a Morellato como gesto de celebración del convenio que se acaba de firmar entre el Poder Ejecutivo y las empresas privadas de seguridad. La “filosofía” de ese acuerdo pergeñado por Cornejo era que esas agencias privadas colaborasen en todo momento y lugar en la aprehensión de cualquier sujeto que pueda ser un “sospechoso”.

También el cargo que ocupó durante casi toda la democracia Luis Miret –el camarista procesado por complicidad con delitos de lesa humanidad– en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo fue por un designio del radicalismo gobernante en 1985. El pasado 29 de abril se realizó una audiencia pública a la que asistió Miret para hacer uso de su derecho de defensa ante el tribunal y en su larga exposición intentó convencer a los mendocinos de que él recién se enteró de que había desparecidos con la realización del Juicio a las Juntas Militares, o sea en 1985. También aseguró que tuvo la oportunidad de hablar con muchos abogados de personas detenidas durante la dictadura y que con ellos coincidía en que era improducente (sic) investigar las denuncias que se hacían por torturas las cuales en 1976 eran absolutamente inverosímiles.

Otro que aportó su granito de arena en esta historia es el senador nacional de la UCR Ernesto Sanz, quien negó el año pasado la destitución del camarista Julio Petra. Por entonces Sanz integraba el Consejo de la Magistratura y debía entender una acusación contra Petra por una causa ocurrida durante la última dictadura militar. Todos los consejeros del oficialismo se volcaron por el enjuiciamiento ya que las pruebas eran claras: Petra había excarcelado al sargento Osvaldo Martel a pesar del contundente relato de una de sus víctimas, la jueza Margarita Camus, hija del ex gobernador sanjuanino Eloy Camus. En su momento, el dictamen del Consejo se volcaba a favor de la destitución de Petra, ya estaban decididos a ello los consejeros oficialistas Carlos Kunkel, Diana Conti y Nicolás Fernández, pero quien no dio su aval fue el radical Ernesto Sanz. De igual modo, desde entonces más denuncias se han realizado contra el juez Petra, quien ya está procesado por Walter Bento por proteger a represores y obstaculizar el avance de las causas por los crímenes de lesa humanidad durante los años ’70.

veintitres.elargentino.com

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Juicio oral a los trapitos de Rafaela

SANTA FE: SE DESDOBLO LA INVESTIGACION JUDICIAL DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO

El juez Rodríguez recibió el expediente que había tramitado su colega de Rafaela, Alejandro Mognaschi, tras el asesinato de Suppo y desglosó la parte del supuesto crimen por encargo y despachó el resto al Tribunal Oral de Santa Fe.
Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, desdobló la investigación del asesinato de Silvia Suppo. Elevó al Tribunal Oral de Santa Fe una parte de la causa para que sean juzgados los dos detenidos por el homicidio, un trapito de Rafaela, Rodrigo Sosa, de 19 años, y su primo, Rodolfo Cóceres, de 21, y resolvió seguir investigando por cuerda separada la hipótesis del crimen por encargo, como le ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el debate, el tribunal estará integrado por los jueces santafesinos María Ivón Vella y José María Escobar Cello, más un tercer magistrado de Rosario o de Paraná que deberá designarlo la Cámara Nacional de Casación Penal en las próximas semanas, mientras que los dos imputados, Sosa y Cóceres, serán asistidos por el defensor oficial, Fabio Procajlo, el mismo que defendió al ex juez Víctor Brusa y a otros represores de la dictadura.

El doctor Rodríguez elevó la causa a juicio oral sin muchas diligencias. Recibió el expediente que había tramitado su colega, el juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi, tras el asesinato de Suppo, el 29 de marzo del año pasado, desglosó la parte del crimen por encargo y despachó el resto al Tribunal Oral de Santa Fe.

Antes del fallo de la Corte que radicó la causa en el juzgado de Rodríguez, el juez Mognaschi estaba a punto de elevar la investigación a juicio oral en los Tribunales de Rafaela. Incluso, la fiscal Cristina Fortunato había hecho el requerimiento de elevación a juicio, cuando se planteó el conflicto de competencia y Mognaschi tuvo que elevar el expediente a la Corte nacional. Por lo tanto, vale repasar los últimos movimientos de la causa:

*1º de febrero. La fiscal de Rafaela firma la requisitoria de elevación a juicio para que Sosa y Cóceres sean juzgados por un tribunal de Rafaela.

* 21 de febrero. El procurador general de la Nación subrogante, Luis Santiago González Warcalde, dictamina que es competente en la causa el juez Mognaschi.

* 29 de marzo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación "comparte y hace suyos la descripción de los hechos y del trámite de la contienda de competencia", pero como "no puede descartarse que la muerte de Silvia Suppo" esté vinculada a su condición de víctima y testigo de delitos de lesa humanidad, ordena que la causa quede radicada en el juzgado de Rodríguez. El fallo fue votado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y sus colegas Elena Higth de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zafarroni.

*1º de abril. La Corte notifica al juez Mognaschi.

* 6 de abril. Mognaschi remite el expediente a Rodríguez.

* 11 de abril. El juez Rodriguez recibe el expediente el 325/10 "Cóceres, Rodolfo y Sosa, Rodrigo s/homicidio agravado", se avoca "al conocimiento de la causa" y resuelve tramitar por cuerda separada otro expediente Nº 325 Bis/10 para investigar la hipótesis del crimen por encargo, que cuando se planteó el conflicto de competencia con Mognaschi se negó a profundizar dos veces.

* 20 de mayo. El Tribunal Oral de Santa Fe recibe el expediente 325/10, reserva las pruebas en la Secretaría de Derechos Humanos y le pide a la Cámara Nacional de Casación Penal que "designe un juez ad hoc para integrar el tribunal en la presente causa".

Esto significa que la investigación llega a juicio oral, tal como la había dejado el juez Mognaschi y con la requisitoria de elevación a juicio que firmó la fiscal Fortunato, el 1º de febrero, en un escrito de dieciocho fojas.

Según la fiscal, las confesiones de Sosa y Cóceres de haber asesinado a Suppo "son verosímiles" y se ensamblan con "las pruebas reunidas de la causa". Y entendió que "se encuentra acreditado con el grado de probabilidad necesaria, no sólo la responsabilidad de los autores, sino la mecánica del hecho, excediendo con creces una sospecha o mera "posibilidad", siendo los elementos incriminantes positivos superiores y preponderantes a los negativos".

"La voluntad realizadora de los imputados ha estado directamente encaminada a la producción del resultado, quedando así evidenciado su claro desprecio por la vida humana que constituye entonces el motivo de la agravación de la figura penal seleccionada", el homicidio agravado. "La poca importancia que los autores le han otorgado a la vida, subestimándola al punto de sacrificarla sin miramientos en aras de alcanzar el éxito en la consumación del delito conexo robo al que consideraron de mayor importancia para salvaguardar su impunidad se presenta aquí en forma diáfana", concluyó Fortunato.

www.pagina12.com.ar

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Quienes saludaron al médico Savioli, sospechado por delitos de lesa humanidad

25 de Mayo de 2011

juicio-represores

El juicio por la Subzona 14. El médico Savioli estaba sospechado.

El ex médico policial Juan Héctor Savioli no podrá ser juzgado por los delitos de lesa humanidad por el más implacable e irrevocable suceso dentro de una causa judicial: su muerte.

Pero a pesar de que se sumaron testimonios y pruebas en su contra, su muerte desató una decena de participaciones, como si se tratara de un prestigioso profesional, entre las que se cuentan las del Colegio Médico y de la diputada nacional del PJ Cristina Regazzoli.

Las pruebas contra Savioli por su actuación con torturados de la Subzona 14 se sumaron en el juicio realizado el año pasado. Por eso en el decimocuarto punto del fallo que emitió el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa (integrado por los jueces José Mario Tripputi, Armando Márquez y Eugenio Krom) se ordenó, entre otros policías y miembros del grupo de tareas de la Subzona 14, investigar al médico Juan Héctor Savioli.

El punto decimocuarto del fallo decía: “Décimo cuarto: disponiendo se extraigan testimonios de las declaraciones brindadas por Máximo Pérez Onetto, Juan Héctor Savioli, Miguel Ángel Gauna, Carmelo Carnovale, Oscar López y Humberto Riffaldi ante el Tribunal y otras sedes, para su remisión al Juzgado Federal de esta ciudad, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los nombrados...”.

Es decir que los elementos reunidos en esta fase al Tribunal Oral lo convencieron de que había una sospecha contra Savioli.

Además, el militante e investigador Marcelino Acosta, en base a la reconstrucción de los testimonios en el sumario administrativo, en las causas abiertas y en su investigación, pidió al Colegio Médico sea sancionado (juntos a otros médicos policiales y militares), lo que nunca ocurrió.

Testigos

Una de las testigos y víctimas de la Subzona 14 fue la estudiante de la UTN de General Pico Graciela Espósito. Ubicó a Juan Héctor Savioli en las celdas de la Seccional Primera. Fue ese médico quien le recetó pastillas, que por la grave situación de torturas vividas le provocaron una adicción de por vida.
También Zelmira Regazzoli (quien también suscribió una participación) ubica a Savioli en las celdas de tortura. Pero se trata de una situación compleja: Savioli era el médico de la familia Regazzoli y a pesar de eso Miyi sufrió graves torturas sicológicas ya que fue obligada a presenciar torturas de otras presas, entre ellas las estudiantes de la UTN de General Pico. Luego de recibir esas torturas (de índole sicológica) fue atendida por el médico Savioli.

Diputada

Cristina Regazzoli tuvo una comentada aparición en el juicio por la Subzona 14. A pesar de que nunca se la identificó con acciones y reclamos por los derechos humanos y por las víctimas, en el juicio protagonizó una suerte de puesta en escena: se paró delante de los represores y los miró durante unos segundos. Luego siguió su camino.
Ahora la diputada nacional Cristina Regazzoli publicó, por la muerte del médico Savioli, una breve participación: “María Cristina Regazzoli participa con pesar su fallecimiento”.

Otras participaciones

Pero hubo otras instituciones que, desconociendo lo actuado por la Justicia Federal y los testimonios de las víctimas de la represión, expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Savioli como si hubiera muerto un prestigioso profesional y no un ex funcionario sospechado de delitos de lesa humanidad.

El listado de las instituciones que firmaron las participaciones por el médico sospechado incluye al Colegio Médico de La Pampa, a la Fundación Colegio Médico y al Consejo Superior Médico de La Pampa. Se desconoce si esas instituciones consultaron a todos sus afiliados y asociados para expresar el pésame por tan nefasto personaje.

Es más: en esas instituciones hay pedidos para que tomen medidas contra Savioli y los otros médicos, Máximo Pérez Onetto, Atilio Cornachione y Miguel Aragón. Estos dos últimos no fueron acusados por el Tribunal Oral Federal, pero sí por organismos de derechos humanos.

El Colegio Médico, el Consejo Superior Médico y la Fundación Colegio Médico están integrados por profesionales que juraron defender la vida. Savioli integró -reveló el juicio- una maquinaria que cometió delitos de lesa humanidad: el juicio pendiente debía esclarecer su grado de participación.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Pampa ya expresó su postura por los cuatro médicos: pidió que el actual jefe de Sanidad, Miguel Aragón, sea apartado y señaló a los otros tres: Savioli, Cornachione y Pérez Onetto.
Pero no fue el único caso en el sistema de salud que amparó a quienes participaron en la represión durante la dictadura militar. La misma situación se produjo con el médico Eduardo Pinchevsky (funcionario durante la gestión del ex gobernador Carlos Verna), de quien se supo que fue delator en el centro clandestino La Perla, que funcionó en cercanías de la ciudad de Córdoba. Durante muchos años estuvo en Toay, un lugar de fuerte arraigo militar, en cuyas unidades estuvieron emblemáticos represores, como por ejemplo el coronel Horacio Losito (fue jefe en Toay y ahora condenado por la Masacre de Margarita Belén).
También estaba en el sistema público de salud el enfermero Daniel Mario Bazán, quien actuó en el ataque a la casa del hijo de “Chicha” Mariani donde secuestraron a su nieta Clara Anahí, un operativo en el que intervinieron el ex comisario Miguel Etchecolatz y el ex comisario Ramón Camps.

www.eldiariodelapampa.com.ar

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El Máximo Tribunal rechazó un planteo de Jorge Rafael Videla por su prisión preventiva

Fue ante una presentación de la defensa del ex presidente de facto en la causa por el secuestro de los hermanos Gutheim. Además, la Corte Suprema de Justicia rechazó planteos similares de otros imputados por delitos de lesa humanidad

application/pdfVidela s/prórroga prisión preventiva 8.37 Kb.

application/pdfVidela por secuestro extorsivo 8.14 Kb.

En los expedientes V.6.XLV y V.428.XLVI, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por mayoría los recursos extraordinarios federales interpuestos por la defensa de Jorge Rafael Videla. En estos legajos se cuestiona el mantenimiento de la prisión preventiva de Videla en el marco de la causa Nº 27.241, que se instruye por el delito de secuestro extorsivo reiterado en perjuicio de Federico Guillermo y Miguel Ernesto Gutheim, ocurridos durante el último gobierno militar. Para decidir de esa manera los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni, se remitieron a un precedente del Tribunal (Fallos 330:5082 “Guerrieri”) que había desestimado un planteo similar.

En tanto, en los expedientes R.35.XLVII, G.113.XLVII, C.111.XLVII, D.25.XLVII, M.109.XLVII y P.44.XLVII, el Tribunal desestimó las quejas articuladas por las defensas de Luis Alberto Ricchiutti, acusado como coautor de los delitos de retención, ocultamiento y supresión de identidad de un menor de 10 años, en concurso ideal entre sí, los que a su vez concurren en forma real con falsedad ideológica de documento público y documento público destinado a acreditar la identidad de las personas bajo la modalidad “hacer insertar”; Carlos Orlando Generoso, acusado en la causa ESMA; Juan Andrés Cabrera, acusado como autor de delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de tormentos en 19 oportunidades en concurso real con homicidio en 14 oportunidades; Adolfo Miguel Donda, Catalino Morel y Jorge Luis Peratta, estos últimos también acusados por la comisión de delitos de lesa humanidad sucedidos durante el último gobierno militar. En el fallo, los ministros Highton de Nolasco, Petracchi, Zaffaroni y Argibay consideraron que la pretensión era inadmisible (art. 280 del CPCyCN).

Por otra parte, en el expediente A.1121.XLVI, el Tribunal decidió desestimar el recurso extraordinario federal articulado por la defensa de Juan Carlos Avena, Raúl Antonio Guglielminetti, Julio Héctor Simón, Guillermo Víctor Cardozo, Raúl González, Luis Juan Donocik, Eduardo Emilio Kalinec, Oscar Augusto Isidro Rolón, Ricardo Taddei y Eugenio

Pereyra Apestegui, que venía cuestionando la decisión del TOF Nº. 2, que había prorrogado sus prisiones preventivas. Los jueces Highton de Nolasco, Petracchi, Zaffaroni y Argibay consideraron que la pretensión era inadmisible (art. 280 del CPCyCN).

www.cij.gov.ar

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Nuevo impulso para el enjuiciamiento de los responsables de la Masacre de Trelew

Gentileza de Radio Futura 90.5 (La Plata)
www.fmfutura.com.ar

Lunes 16 de mayo de 2011

Entrevistas a Alicia Leichuk de Bonet, esposa de una de las víctimas fatales de los asesinatos, y a Mariana Arruti, guionista y directora de la Película Trelew

A comienzos de mayo, la Corte Suprema de la Nación rechazó un planteo de los militares implicados en la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972. En este sentido, el ex capitán de Fragata Sosa y el contraalmirante retirado Mayorga pretendían que el expediente caratulado como “Ministerio de Defensa –C.S.F.A.– s/investigar la actuación del personal militar a raíz de la tentativa de evasión del grupo subversivo alojado en la base aeronaval Almirante Zar” fuera cerrado por “extinción de la acción”.

El fallo de la Corte no solo negó el pedido de los acusados sino que consideró que estuvo “mal concedido”, pues debió haber pasado antes por el “tribunal intermedio”, es decir la Cámara Nacional de Casación Penal, donde la pretensión de los militares acusados debió haberse agotado.

A partir de ahora, el camino para el enjuiciamiento de los responsables de la Masacre de Trelew quedó allanado y podría ser inminente el inicio del juicio en los tribunales de Rawson. Alicia Leichuk de Bonet, esposa de Rubén Bonet que fuera uno de los fusilados en la base Almirante Zar de Trelew, señaló a RAP que uno de los máximos impulsores del avance judicial de la causa fue el propio ex presidente Néstor Kirchner, quien durante su mandato se comunicó personalmente con ella y otros familiares de las víctimas del 22 de agosto de 1972.

Alicia Leichuk, que vive en Francia desde 1974, relató los detalles de las jornadas posteriores a los asesinatos de presos políticos y aseguró que los familiares de las víctimas, así como muchos habitantes de Rawson, Trelew y poblaciones aledañas que repudiaron los hechos, fueron maltratados y perseguidos por las sucesivas dictaduras que culminaron en 1983.

Por otra parte, Mariana Arruti, guionista y directora de la película “Trelew”, señaló, en comunicación telefónica con RAP, que en 2006 fueron descubiertas actividades de espionaje sobre población civil que todavía siguen realizándose en la base naval Almirante Zar. A 39 años de la masacre, los mecanismos ilegales continúan funcionando en gran medida, al menos en la implementación de dispositivos de inteligencia en el marco del Estado de derecho.

Escuchar Alicia Leichuk, ex esposa de Rubén Bonet, una de las víctimas fatales de los asesinatos.
Parte 1

Parte 2
Parte 3
Parte 4

Escuchar Mariana Arruti, guionista y directora de la Película Trelew.
Parte 5

Parte 6

Rap, Colectivo de colectivos - Lunes a viernes de 10 a 12 hs

http://radiofuturalaplata.blogspot.com/2011/05/nuevo-impulso-para-el-enjuiciamiento-de.html

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Que se enciendan 1000 velas contra la impunidad.

Jueves, 26 de Mayo de 2011

(AW) Hay dos Bariloches, hay dos realidades, hay tres muertos por la brutal represión de junio de 2010. Un Bariloche pide justicia






Bariloche, 24 de mayo de 2011.

Por Laura Ferman
23 de mayo de 2011 "Nos han dejado con los brazos vacíos"
17/5/2011, 11 meses sin justicia.
19/5/2011 comienza el juicio al cabo Colombil, acusado de disparar el arma que diera muerte a Diego... "visiblemente" candidato a ser la cabeza que se entregue para lograr la tan ansiada "paz social" del Bariloche "pseudo fascista"
21/5/2011 balean la casa de la familia de Mariela y los hermanos de Diego Bonefoi.

23/5/2011 Recusan al Juez de la causa de los asesinatos de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas...
Podemos seguir enunciando las fechas de la impunidad, las fechas de la vergüenza del Poder Político y Judicial de la Provincia de Río Negro...
Fechas de la impotencia y el dolor de familiares de las victimas...
Fechas que ponen, cada vez, de manifiesto la división de concepciones e ideologías a cerca de la vida de los pobladores de nuestra ciudad...
Manchadas de sangre tienen las manos el poder político de esta ciudad, desde el intendente hasta cada uno de los concejales que se escudaron tras el silencio y la indiferencia, ni hablar de quienes osaron apoyar la marcha "por más seguridad" del 21/6/2010.
Manchadas de sangre tienen sus manos el gobierno de la provincia, que cada tanto nos dan pruebas claras de su impunidad, de lo afianzado y viciado de la red de corrupción que los contiene.
Manchadas de sangre tienen las manos la "justicia" de esta provincia, que pretende acallar el dolor de la muerte con dilaciones, silencios cómplices, recusaciones, inacción y fallos mediocres.
Manchadas de sangre tienen la manos el gobierno nacional "ausente, "indiferente", que a preferido ignorar el Terrorismo de Estado de junio de 2010 y la injusticia de los once meses que le prescederieron...
No vamos a disculparnos por no apreciar el patrimonio arquitectónico y las vidrieras comerciales del centro de la ciudad, más, que la vida floreciente de los jóvenes de nuestros barrios...
En nuestras manos hubieron "piedras" que dijeron "BASTA" de injusticia, de desocupación, de abusos, de abandono...
En nuestras manos solamente hay reclamos de educación, salud, justicia para TODOS...
En nuestras manos solamente hay contenidas banderas que claman "JUSTICIA"....
En nuestras manos hay la apertura para contener las manos de las madres que han perdido a sus hijos...
No podrán vencer con estas embestidas, las manos de aquellos que trabajamos por la justicia. Valgan estas palabras como una "amenaza" de que continuaremos luchando...
No nos han vencido, y a estas alturas, debieran irlo sabiendo.

http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=6725&Itemid=63

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CORREPI – BOLETÍN INFORMATIVO Nº 609

24 de mayo de 2011

Sumario:

1. Perfeccionan la política represiva contra los luchadores.

2. Para muestra basta un "botón".

3. Agente antidrogas narcotraficante y penitenciario ladrón.

4. Democracia, dictadura, la tortura continúa.

5. Morón: La UTN enreja, gendarmería amenaza, Sabatella filma.

6. Los paramilitares de Abu Dhabi.

7. Próximas actividades.

PERFECCIONAN LA POLÍTICA REPRESIVA CONTRA LOS LUCHADORES

El autoproclamado gobierno de los derechos humanos continúa con su política de reprimir con el mayor consenso posible. El 29 de marzo de este año se reunió el Consejo de Seguridad Interior (CSI), que agrupa a todos los ministros del país, de los que dependen las fuerzas de seguridad provinciales, a fin de implementar una política común para reprimir la protesta social.

Teniendo en cuenta que estamos en épocas electorales es lógico que busquen la mejor manera de hacerlo con el menor costo político posible. Por ello esta última semana hasta se cuidaron de hablar de represión y utilizaron eufemismos del tipo “control de la protesta social”, o “control inteligente de la protesta” para “evitar cualquier tipo de desborde”.

El plan consiste básicamente en tratar de cooptar la eventual protesta y, si no se logra, ahí sí aplicar la represión. Recaerá sobre aquellos que salgan a luchar en forma independiente. Ese es el significado que debe darse a declaraciones que indican que el procedimiento represivo consistirá en determinar cuál es el conflicto, quiénes son los actores principales y detectar a los “potenciales actores desestabilizadores”. Es decir, se hará inteligencia y, si no se los puede cooptar se los reprimirá. Se señala además que habrá un grupo especial listo para entrar en acción “como último recurso”.

Así, quienes se organicen y salgan a luchar por mejores condiciones de vida en forma independiente del gobierno deberán esperar el intento de cooptación, la saturación de fuerzas de seguridad en el lugar de la movilización y la actuación de grupos de élite especializados en la represión de la protesta.

Esta decisión política será coronada luego con el armado de causas a los luchadores apelando a artilugios legales que transformarán al ejercicio de derechos básicos, como luchar por mejores condiciones de vida, en delitos con penas durísimas.

Actualmente CORREPI defiende a tres compañeros militantes del PTS acusados de cortar dos avenidas durante el conflicto de Kraft-Terrabusi. El dato es la forma en que seleccionaron a los compañeros imputados: buscaron caras conocidas en las fotos y videos policiales y las compararon con fotos de otros actos y de las páginas web de las organizaciones políticas. Así, ubicaron a los compañeros Juan Oribe, Jesica Calcagno y Patricio del Corro y les achacaron ser los “responsables” de los cortes. El 2 de agosto es el juicio oral.

Este 24 de mayo los compañeros Pedro Kuperman y Rubén Saboulard van a juicio por dos movilizaciones efectuadas en noviembre y diciembre de 2009. Los policías los identificaron por ser quienes habitualmente hablan con ellos para avisar por dónde van a ir. Nuevamente, puede verse el procedimiento que realiza el estado para castigar a quienes osan organizarse y luchar.

En todos los casos los jueces y fiscales intentan utilizar las figuras penales más graves, es decir, las que contienen una pena mayor.

Es lo que ocurre con los compañeros Hospital, Merino, (militantes de Causa Ferroviaria y del PO), Morales (militante de Causa Ferroviaria) y Belliboni (militante del PO) quienes fueron acusados por extorsión, que contiene una pena de hasta diez años de prisión, por las protestas ocurridas el 23 de diciembre de 2010 en la estación Constitución, donde no estaban los compañeros. Los identificaron con tareas de inteligencia de la policía (División Roca), por fotos y videos y seguimiento y vigilancia en las casas. Los mismos policías que hicieron esas tareas están imputados como co-responsables del plan criminal que terminó en el asesinato de Mariano Ferreyra.

El 2 de marzo de este año, doce trabajadores ambulantes y dos militantes de la TPR fueron detenidos durante una movilización cerca de la estación Avellaneda del Ferrocarril Roca. Reclamaban el pase a planta permanente de los vendedores. El juez federal Armella, de Quilmes, el mismo que interviene en la persecución de Hospital, Merino, Morales y Belliboni, también los acusó del delito de extorsión, además de interrupción del servicio ferroviario, del tránsito, lesiones y resistencia a la autoridad. La causa fue iniciada por un gerente de UGOFE y como testigos están ofrecidos los mismos policías que están imputados en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Para estos jueces, fiscales y empresarios, es extorsión reclamar por un derecho.

Otro compañero, el “Neno” Abella, de la agrupación gremial ferroviaria “4 de Octubre” fue acusado y se lo llevará a juicio, entre el 8 y el 10 de junio, por realizar pintadas en la estación Constitución el día posterior al asesinato de Mariano Ferreyra. Se le imputa el delito de daños y, concretamente, pintadas de organizaciones a las que no pertenece. Lo acusa el mismo gerente de UGOFE que persigue a los vendedores ambulantes, a Hospital, Merino, Morales y Belliboni y declaran contra el compañero los mismos policías cómplices del asesinato de Mariano.

Esos ejemplos concretos muestran que la supuesta nueva política de “control inteligente de la protesta social” es nada más que un eufemismo para decir que continuarán perfeccionando la política represiva sobre los luchadores, política que tiene como protagonistas y socios al gobierno, a los empresarios, a la burocracia sindical, a la policía y a los jueces y fiscales.

PARA MUESTRA BASTA UN "BOTÓN"

El 9 de octubre de 2002, un chico de 19 años, Enrique Redondo Martínez, que era arquero del Club Atlético Victoriano Arenas (Primera D) y un ex cabo de la policía federal de 41 años, Martin Venturini, se cruzaron por la calle en una barriada de Remedios de Escalada.

El saldo, tres disparos sobre el joven, dos de ellos mortales. El juicio oral se inició, como muchas veces ocurre, después de 9 años y con el policía en libertad, con una causa que estuvo contaminada desde el primer momento con el encubrimiento protagonizado por la comisaría 4ª de Lanús, que, para proteger al colega federal, trató de tirar carne podrida señalando como autor del hecho a un individuo que, a la postre, resultó que estaba muerto hacia un año.

En el juicio que acaba de terminar, a la hora de los alegatos, momento en que el fiscal, la defensa y el abogado de la víctima repasan lo sucedido en el juicio y piden sentencia, el fiscal Jorge Michelini, en lugar de pedir que lo condenaran, directamente pidió que la absolución, con el argumento de que "el joven portaba un arma y por eso fue legitima defensa". Así, simplificó el trabajo del defensor del policía homicida, que, claro está, pidió lo mismo. Por su lado, el abogado de la familia del pibe asesinado pidió condena por homicidio simple a 12 años de prisión.

Durante el juicio, varios testigos sostuvieron la versión de la querella: el chico y el policía se conocían de antes, siempre jugaban juntos a las cartas en una sociedad de fomento por lo que la versión de que el chico fuera armado y a cara descubierta a asaltar a un hombre conocido, no resulta verosímil. El arma que le adjudican al muerto no tenía sus huellas y no había sido disparada, entonces ¿donde está la legitima defensa?.

El fiscal y el defensor basaron su alegato en un sólo testigo, dueño de una metalúrgica, que dijo que un empleado de él había llevado en un coche a dos chicos que buscaban a ese policía y uno sería Enrique.

Una vez más vemos como funciona la justicia para el pueblo: un homicida que dispara tres veces sobre un joven es exculpado con meras especulaciones por quien debe acusarlo pese a todas las pruebas que en su contra. Una vez más un policía de gatillo fácil es justificado por un fiscal que usa como herramienta las leyes que les brindan los legisladores, todos ellos convenientemente encubiertos por las mentiras que titulan los medios: otro “delincuente abatido”. Y en esa justificación, poco importa si está probado que el policía tiró a matar tres veces, que el arma atribuida al pibe no tuviera sus huellas ni hubiera sido disparada, que la historia del robo fuera ni que nadie lo viera. Igual que poco importó al fiscal Michelini que Diego Gallardo muriera apaleado en la 3ª de Avellaneda tras una sesión de tormentos que para él no fue tortura sino apremios.

El martes 24 estará la sentencia. Sabemos cómo cuesta condenar a un policía cuando el fiscal también acusa, siempre por la figura menor que tenga a mano, como homicidio culposo o simple en lugar de homicidio agravado; homicidio preterintencional en lugar de torturas seguidas de muerte, o apremios en lugar de torturas, etc.). Esta vez se confirmará la indignación, pero no sorprenderá si lo absuelven.

AGENTE ANTIDROGAS NARCOTRAFICANTE Y PENITENCIARIO LADRÓN

Un oficial principal de apellido Varece, que prestaba servicios en el estratégico Registro Único de Información de Narcotráfico, dependiente de la Superintendencia de Drogas, fue detenido hae unos días, tras un allanamiento ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide y realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los investigadores llegaron a Varece tras cinco mese de escuchas telefónicas que lo vincularon con una banda que compraba y vendía drogas a nivel local. Tenían un departamento en la calle Corrientes donde hacían “delivery" de cocaína. El efectivo fue detenido en su propia oficina de Drogas Peligrosas.

Por otra parte, un agente penitenciario bonaerense fue detenido cuando una comerciante lo reconoció mientras caminaba por el centro de La Plata y lo señaló como el autor de un robo en su local.

Efectivos policiales aprehendieron al agente y entre sus ropas le hallaron un celular que había sido robado días atrás a esa mujer.

Durante la investigación, averiguaron que estuvo presente en más de diez asaltos a comercios de venta de calzado e indumentaria en la ciudad de La Plata cometidos entre abril y lo que va de este mes.

Se trata de un hombre de 39 años, quien trabajó como agente penitenciario en el penal de Sierra Chica. Quedó acusado de haber cometido 11 asaltos a comercios de la ciudad.

Diríamos que estos casos son “el colmo” si no no fuera porque, lamentablemente, son simples muestras del normal funcionamiento de la institución policial y de cada uno de sus integrantes. A esta altura no caben dudas: el negocio del delito es organizado por el aparato represivo del estado.

DEMOCRACIA, DICTADURA, LA TORTURA CONTINÚA

No solo a la policía se le escaparon “un par” de golpes, sino que a la justicia, se le escapó la subinspectora Natalia Verón, prófuga por un año y detenida recién el sábado pasado.

Claro que no fueron solo “un par” los golpes que recibieron los tres jóvenes que, en la madrugada del 20 de julio del año pasado, fueron, además, humillados y picaneados en la Comisaría 23 de la Capital Federal. La prófuga y dos policías más fueron procesados por tortura y detención ilegal; otros seis policías por no evitar ni denunciar las torturas (ver Boletín nº 569, Picanas en Palermo.

Algo parecido, y no es casual, pasó también el año pasado, pero en octubre y en La Plata. Héctor Alonso, que en ese momento tenía 17 años, fue sorprendido en las calles de su barrio, en Tolosa, por agentes de la comisaría 6ª de La Plata.

Los policías le pegaron, lo subieron a un patrullero y, entre amenazas de tiros de gracia y empujones al Río de La Plata , lo llevaron a la dependencia, donde alrededor de veinte oficiales se fueron turnando para aplicarle técnicas de tortura, bien conocidas por la fuerza, tales como el “submarino seco” y el “submarino húmedo” sin dejar de golpearlo.

Héctor, como los tres jóvenes de Capital, denunció haber sido víctima de torturas, pero la impunidad no se vistió de escape en La Plata , sino que la denuncia se convirtió en la excusa para alargar los tormentos.

La atrocidad no cesa de actualizarse. Hasta el día de hoy, Héctor no sólo es perseguido y acosado por policías de civil (entre los que pudo identificar a dos de sus torturadores) y autos sin identificación; sino que en enero pasó veinte días detenido imputado por un homicidio en grado de tentativa. El fiscal Cartasegna, frente a quien, paradójicamente, realizó la denuncia de lo ocurrido en octubre, fue quien ordenó allanamientos en su domicilio, y su abogada afirma que, como ésa, le imputaron decenas de causas.

La gravedad del caso hizo que la Organización Mundial Contra la Tortura le solicitara al estado nacional, al gobierno provincial y al municipal que tomaran medidas de protección y de reparación a la víctima. Por parte del ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense pasaron a disponibilidad a ocho policías de la dependencia, pero la Comisión Provincial por la Memoria denunció que dos de esos agentes retomaron su trabajo en la misma comisaría y volvieron a acosar a Héctor, a quien nadie protege.

Esta Comisión, como si fuese ajena al estado que la creó, pide a los órganos judiciales, al estado provincial y subsidiariamente al nacional, responsable del cumplimiento de los tratados internacionales, “que investiguen las torturas y se brinde protección al joven, para garantizar su vida y para que esta democracia no se cobre otra víctima de la violencia policial”.

Nosotros, desde CORREPI, haciendo memoria como acto político, repetimos que no es un policía, que es toda la institución: la federal, la de La Plata , la que se supone que se le escapa al estado que la forma, la que impune sigue torturando, la que esta democracia parece necesitar.

MORÓN: LA UTN ENREJA , GENDARMERÍA AMENAZA, SABATELLA FILMA.

Al lado de la Universidad Tecnológica de Haedo, en el “progresista” partido de Morón, desde hace más de 30 años existe una canchita de barrio que es usada por los pibes y no tanto. La dirección de la universidad, en homenaje a la seguridad de los que tienen, ha decidido enrejarla para instalar allí un estacionamiento.

Para custodiar y llevar adelante esta decisión, un par de gendarmes han sido apostados allí provocando la bronca e indignación de la vecindad que no encuentra razón de ser ni a las rejas ni a la presencia milica.

Poco a poco los vecinos van organizando la resistencia, y, poco a poco, también, la respuesta de la fuerza represiva va creciendo al amparo de la impunidad de que goza en el municipio sabatellista: en dos oportunidades, desde dos autos identificados como Renault 19 gris, patente THF478 y Fiat Uno blanco, patente AHE166, los vecinos fueron intimidados, en el primer caso esgrimiendo armas reglamentarias.

Mientras esto ocurre en una barriada emblemática del satelismo K, se anuncia con toda la pompa que se sumarán 50 cámaras más de vigilancia ciudadana, a las ya numerosas instaladas por todo el partido de Morón.

Por las sendas de las sociedades con privilegios de clase y de la mano del estado que los garantiza, todos los caminos conducen a la represión, aunque se tomen los atajos del progresismo.

LOS PARAMILITARES DE ABU DHABI

Esta semana, el New York Times sacó a relucir una nota donde se investiga la situación paramilitar en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).

El jeque Mohammad Bin Yazed firmó un contrato por 529 millones de dólares con un hombre de experiencia en el rubro paramilitar, que supo participar en Blackwater.

Tanto Bien Yazed, la burguesía de los Emiratos Árabes Unidos y el Departamento de Estado estadounidense están preocupados sobremanera por evitar que la ola de reivindicaciones del pueblo árabe (primavera árabe) afecte sus intereses, es decir, el petróleo y el económico, ya que estos 800 mercenarios fueron destinados a oleoductos y rascacielos.

Las fuerzas paramilitares fueron reclutadas en Sudáfrica y Colombia, ya que el perfil buscado es el de tropas que tengan experiencia en conflictos paramilitares. No obstante, participan de la formación los grupos especiales del Reino Unido, EEUU y Francia, dejándonos bien en claro que a la hora de reprimir al pueblo unen sus fuerzas.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Martes 24 de mayo, desde las 13:00, concentración frente a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, Tacuarí 138, para exigir la absolución de los compañeros Oscar Kuperman y Rubén Saboluard.

Miércoles 8 de junio, desde las 11, concentración frente a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, Tacuarí 138, para exigir la absolución del trabajador ferroviario Daniel “Neno” Abella.

Lunes 4 de julio, desde las 9:00, concentración en Mendoza 2417 de San Justo, La Matanza , durante el juicio oral contra el policía federal Luciano Gaete Ossandón, asesino que fusiló a “Kunky” Méndez (14).

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110.

www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.

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CORREPI

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar

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