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lunes, 9 de mayo de 2011

SANTA FE › LA JUSTICIA FEDERAL DESPROCESO AL EX JUEZ FEDERAL DE SANTA FE, VICTOR MONTTI.

Ahora el jefe de Brusa es inocente

Había sido procesado por falsedad ideológica y encubrimiento por omisión de denunciar torturas a detenidos en la última dictadura militar. Pero ahora, la Cámara lo desprocesó por todos los cargos al considerar que las denuncias no fueron probadas.


Por Juan Carlos Tizziani,

Desde Santa Fe

La Cámara Federal de Rosario revocó el procesamiento del ex juez federal de Santa Fe, Víctor Manuel Montti y dictó su "falta de mérito" por todos los delitos de lesa humanidad que pesaban sobre él, entre ellos los "apremios ilegales" al ex diputado justicialista Orlando Barquín, la omisión de denunciar tormentos que padecieron otros dos presos políticos, Roberto Cepeda y José Villarreal y negarle asistencia médica a Cepeda. En un fallo dividido, la Cámara exculpó a Montti por falta de pruebas, al considerar que Cepeda incurrió en "numerosas contradicciones", Villarreal dejó "dudas" en su relato y los dichos de Barquín "carece de credibilidad". Los tres se toparon con Montti en los centros clandestinos de la dictadura, entre ellos la comisaría 4ª, lo denunciaron durante 30 años y recién pudieron llevarlo a juicio cuando cayeron las leyes de impunidad y la causa avanzó a pesar de la excusación masiva de jueces y conjueces -hasta que quedó en manos del abogado Ricardo Lazzarini y una supuesta "cosa juzgada" que protegía a Montti desde 1984, dictada por el ex juez federal Héctor Trippichio, quien lo benefició con el sobreseimiento sin siquiera indagarlo.

En el juicio al ex juez federal Víctor Brusa y a otros cinco represores, uno de los denunciantes, Francisco Klaric, dijo que Montti integraba la "patota judicial" de la dictadura. El jefe era el ex juez federal Fernando Mántaras, activo colaborador de la represión que murió impune. El número dos y secretario penal, Montti. Y el otro ladero, Brusa, ya condenado a 21 años de prisión por "apremios ilegales" en ocho casos. En la escala jerárquica, Montti era el superior de Brusa, después asumió como juez federal Nº 2 de Santa Fe (entre setiembre de 1983 y octubre de 1984), más tarde se radicó en la provincia de Santa Cruz y se jubiló como fiscal general en Mar del Plata.

Montti había sido procesado el 12 de marzo de 2010, cuando Lazzarini lo consideró "penalmente responsable" de cuatro delitos de lesa humanidad: "falsedad ideológica", "encubrimiento por omisión de denunciar" las torturas a Cepeda y Villarreal, "omisión de auxilio" a Cepeda y "apremios ilegales" a Barquín, todos en "concurso real". Pero ahora, la Cámara lo desprocesó por todos los cargos y dictó su "falta de mérito" al considerar que las denuncias no fueron probadas. La resolución se adoptó en un pleno de la Cámara por cuatro votos a favor (José Toledo, Elida Vidal, Edgardo Bello y Carlos Carrillo) y la disidencia Fernando Barbará, quien votó para que se confirme el procesamiento y se rechacen los agravios de la defensa. La sexta camarista Liliana Arribillaga está apartada de las causas de lesa humanidad.

En la sentencia de 15 fojas, la Cámara comparó los relatos de Cepeda, Villarreal y Barquín que constan en la causa: algunos, aportados hace 35 años en expedientes que armó la dictadura para perseguirlos, en 1976 y 1977. Otros, en el arranque de la democracia, en 1984, o ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, en 1999, en el jury que terminó con la destitución de Brusa. Y por último, los que brindaron en 2003 y 2007, en la investigación a Montti. Y en los tres casos, la conclusión de la Cámara fue la misma: la mayoría consideró que las denuncias contra el ex juez no estaban probadas y por lo tanto, lo benefició con una "falta de mérito". Barbará fue el único que votó por confirmar el procesamiento.

Según la Cámara, de los testimonios de Cepeda "surgen numerosas imprecisiones", Villarreal dejó "dudas" que "impiden tener por probado los hechos atribuidos" a Montti y los dichos de Barquín "carecen de credibilidad" para procesar al imputado.

Barquín acusó a Montti de obligarlo a firmar una declaración arrancada bajo torturas en un centro clandestino y judicializada por Mántaras, en un expediente que es la prueba de la infamia. Es un papel que lo obligaron a firmar a punta de picana torturadores del Ejército que dependían del jefe del Area 212. "Me volvieron a decir que firmara y al negarme, me colocaron un paño especial dentro de la capucha que me provocaba de acuerdo con el control que hacían un estado de asfixia, en forma intermitente. Igualmente me quemaban el pecho con cigarrillos y fósforos, reconozco la voz del oficial que antes me había interrogado, finalmente, sometido por los castigos y casi desvanecido, paralizado todo el cuerpo lo que hace que me revise un médico, firmé"", dijo Barquín.

La Cámara se preguntó entonces "cuál podría ser la declaración que Montti le quiso hacer firmar" a Barquín "si la única existente se encontraba firmada y fueron explicadas por el testigo las circunstancias de esa firma. Por el contrario, la existente en la causa judicial, donde intervino Montti y que corresponde a una fecha posterior a la prestada ante el Area 212 es una rectificatoria de aquélla, y a la vez, ratificatoria de la primera prestada en el Juzgado, por lo cual no se presenta como probable que Montti lo hubiera amenazado para que firme una declaración ya firmada (o sea, la del Area 212)", agregó el tribunal.

"En síntesis, carecen de credibilidad los dichos del testigo y sobre esa base no puede afirmarse la probable comisión de hecho ilícito alguno. Por lo expuesto, corresponde revocar el procesamiento y dictar auto de falta de mérito respecto a Víctor Montti", concluyó la Cámara.

El ascenso de Víctor Brusa



El abogado Rodolfo de Aguirre era secretario del Juzgado Federal de Santa Fe hasta que el ex juez Fernando Mántaras lo echó del cargo. En el juicio a Víctor Brusa, en 2009, De Aguirre relató cómo operaba Mántaras y su grupo. "Mántaras era un personaje nefasto, un nazi", dijo. El otro secretario del Juzgado era Víctor Montti y Brusa operaba como "sumariante" en las causas con detenidos políticos. "Mántaras era pro milico y yo no. Decía que había que pensar con la cabeza y no con el corazón. Él decía que había que apretar", explicó De Aguirre.

¿Mántaras lo echó por negarse a apretar? le preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal.

No dije eso. Dije que yo discrepaba con su forma de pensar, sobre el apriete. A Montti no lo iba a echar, si eran del mismo pensamiento.

¿Por qué Mántaras no lo iba a echar a Montti? insistió la jueza Andrea Creus.

Porque pensaban igual- contestó De Aguirre.

Fuente: Rosario 12, domingo

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EL DIARIO MIRADAS AL SUR, ADVIERTE POR CANDIDATURA DE SORIA

Domingo 08/05/11

Esta es la segunda nota que una pluma ligada al Gobierno Nacional critica la candidatura de Carlos Soria en Río Negro. Antes, había sido Horacio Verbitzky. Ahora, Agustín Álvarez Rey, de Miradas al Sur, brinda un lapidario recuento de la trayectoria del ex jefe de la SIDE durante el Gobierno de Duhalde. Para muchos, es una señal del Gobierno Nacional. La nota afirma que el kirchnerismo le está soltando la mano, y que “Pichetto está arrepentido” de apoyarlo.

Por: DDB-AP

Foto: fue publicada por DDB, luego por Página/12, y por Miradas al Sur.

La nota de Miradas al Sur, vuelve a publicar la foto que en su momento sacó a luz Diario Digital Bariloche. Hace un tiempo, el mismísimo Horacio Verbitzky también tomó la fotografía en cuestión, y además realizó una nota en la que advertía al Gobierno Nacional sobre la deslegitimación del Proyecto Nacional y Popular con candidaturas como la de Carlos Soria. La nota, “Batalla Cultural y Fuego Amigo”, fue considerada como una “bajada de línea” del Gobierno Nacional, ya que la vinculación directa del periodista de Página/12 con la Presidenta Cristina Fernández, es ampliamente conocida.

Ahora, se suma la nota de Agustín Álvarez Rey, de Miradas al Sur, medio que también tiene una estrecha vinculación a la estrategia del kirchnerismo en todo el país. Su Director, Eduardo Anguita, es un periodista e intelectual que apoya al Gobierno Nacional, y sus vínculos son directos.

Aquí publicamos la nota completa:

“El espía que se fue al frío”

Carlos Soria, vinculado con el criminal de guerra Eric Priebke, ex Side y hombre del riñón de Duhalde, apunta a la gobernación de Río Negro. Un almuerzo con el criminal de guerra nazi Eric Priebke, la responsabilidad política –como parte de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia Del Estado (Side)– en los asesinatos de Maximiliano Kosteky y Dario Santillán, y su pertenencia confesa al duhaldismo sirven para trazar el perfil del actual intendente de la ciudad de Roca, Carlos Soria, y candidato a gobernador de Río Negro por el Partido Justicialista.

Soria creció en la política de la provincia a la sombra de José Luis Manzano, fue electo tres veces diputado por el PJ, llegó a ser ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en la administración Duhalde y luego, ya con Eduardo Duhalde como presidente, fue el número dos de la Secretaría de Inteligencia. Desde allí, junto con Oscar Rodríguez, ordenó el espionaje de las organizaciones sociales, pidió la elaboración de informes de inteligencia destinados a justificar la represión y criminalizó la protesta social, a la cual denominaba: “nueva amenaza subversiva”.

Un mes después de asumir, en febrero de 2002, la Side ya había informado sobre la infiltración de las Farc entre los movimientos piqueteros y las asambleas barriales, que en ese momento eran los actores centrales de la movilización social. El 26 de junio de 2002, junto a Juan José Álvarez fue el encargado de informar a Duhalde y al jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

En el juicio que se sustanció contra los responsables materiales de la “masacre de Avellaneda”, Soria declaró: “Yo analizaba junto a los ministros la situación y siempre surgían los mismos temas: cacerolazos, caos, cortes de ruta, escarches. Este –dijo en referencia a la movilización del 26 de junio de 2002– era un caso testigo porque por primera vez todas las organizaciones sociales se ponían de acuerdo. No lo podíamos permitir. La democracia funciona con orden”.

El abogado del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), Claudio Pandolfi, explicó que “Soria sostuvo, en el juicio por los asesinatos de Dario (Santillán) y Maxi (Kosteky) que, estábamos en situación pre revolucionaria y que se estaban uniendo sectores sociales creando situaciones complejas que hacían peligrar al Estado. Y señaló que ante esa coyuntura, el Estado debía dar un mensaje claro y contundente. De esa manera justificó la represión”.

En cuanto a su despeño, Pandolfi sentenció: “Soria es quien, en teoría, presentaba los informes de Inteligencia. Digo en teoría porque lo único que acercaron a tribunales fueron carpetas con recortes periodísticos con notas y declaraciones de algunos dirigentes. Como mínimo, poco serio”.

En tanto, durante su gestión en la Side, Soria también fue denunciado por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien lo acusó de espionaje interno ilegal. La entonces senadora presentó una carpeta con pruebas sobre las instrucciones de la Side que comandaba Soria para hacer seguimientos de Néstor Kirchner a fin de detectar hábitos, comitivas, entorno, infraestructura y posibles puntos débiles.

Pero los problemas de Soria con la Justicia no terminan allí. El candidato a gobernador de Río Negro también fue presidente de la Comisión Bicameral de seguimiento de la causa Amia. Su tarea al frente de esa comisión terminó con una denuncia en su contra por encubrimiento.

Los años no parecen haber mejorado la performance pública de Soria. El intendente de Roca definió, según denunciaron las organizaciones sociales provinciales, como “unos indios, que estaban en tolderías, haciendo chiqueros. Unos sucios” a las 220 familias que participaron durante la última semana de una toma de tierras en reclamo de una solución habitacional. Al respecto José Rodríguez, dirigente de Miles, definió a Soria como parte de una “derecha rancia”.

Ante la enumeración de antecedentes la fragmentación del kirchnerismo rionegrino de cara a la elección de cargos provinciales aparece como lógica. Si bien el PJ de Río Negro prescindió de las elecciones internas y consagró como candidato a gobernador a Carlos Soria, la decisión no sólo no fue tomada con agrado desde algunos sectores del kirchnerismo provincial, sino que ha debilitado seriamente las chances del justicialismo de alcanzar una victoria a nivel provincial.

La confirmación de la candidatura de Soria provocó la ruptura de La Cámpora en Bariloche, la pérdida del apoyo de todo el kirchnerismo no peronista, el silencio de la mayoría del kirchnerismo peronista, el distanciamiento de todos los movimientos sociales y un comunicado de la CGT de Río Negro en el cual advirtió que no acompañará.

En tanto, si bien el senador rionegrino y jefe de bloque, Miguel Ángel Pichetto había apoyado públicamente a Soria al decir que “es un buen candidato para la gobernación de Río Negro”, desde su entorno aseguran que está arrepentido de explicitar su acompañamiento.

“Pichetto no tuvo el apoyo de Kirchner en 2007 para ser gobernador, y sabía que probablemente no lo tuviera ahora tampoco. Por eso, tuvo que bajar su candidatura. Más allá de esto, él está arrepentido de haber bancado públicamente la candidatura de Soria”, señaló un conocedor del entorno del titular de la bancada K en el Senado.

Así las cosas, el kirchnerismo buscaría tener candidato propio en otra fuerza y así capitalizar a los distintos sectores que acompañan al proyecto encabezado por la presidenta Cristina Fernández pero están enfrentados con Soria.

El silencio de todos y cada uno de los representantes parlamentarios del kirchnerismo rionegrino consultados por Miradas al Sur hace pensar que nada aún está definido y que un nuevo candidato, consustanciado con la profundización del modelo, podrá sumarse a la contienda electoral en los próximos días. En Río Negro, ya lo dan por hecho.

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