NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 26 de abril de 2011

Golpe militar: el papel de las grandes empresas.

Desde los años previos a la instauración de la dictadura militar, pero con mayor intensidad a partir del 24 de marzo del ’76, se generó una estrecha relación entre las patronales y las fuerzas represivas del estado. Empresas como Acindar, Ford, Siderca, Ledesma, Mercedez Benz y muchas más, impulsaron y sostuvieron con aportes y logística la represión contra los sectores trabajadores.

Por ANRed- E (redaccion@anred.org)

“Hubo un modus operandi común en el accionar de las empresas durante este período. Acindar es un caso ilustrativo. El 20 de marzo de 1975 esta empresa llevó adelante una medida ejemplificadora contra el movimiento obrero, al hacer ingresar y tomar control de la fábrica a las Fuerzas Armadas, policiales y parapoliciales” comentó Victoria Basualdo en conversación con integrantes de la RNMA.

“La represión implicó la persecución y encarcelamiento de tres camadas de dirigentes sindicales y la instalación de un centro de detención clandestino dentro de la empresa” agregó Basualdo, quien realizó una investigación específica sobre la participación de algunas empresas en la implementación del modelo económico propio de la dictadura.

Una de las características principales de la relación entre Acindar y las FF.AA. es la persona de Martinez de Hoz, quien fue ejecutivo de la empresa hasta la instauración del golpe militar, dónde desempeño el cargo de Ministro de Economía.

El caso de Acindar también es paradigmático por la fuerte organización de los obreros metalúrgicos, así como su relación en ese tiempo con otros sindicatos. Basualdo ratificó en la transmisión en vivo que la RNMA realizó por los 35 años del golpe genocida que “a la fecha, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución está intentando iniciar un proceso contra Martinez de Hoz por su participación en la organización intelectual de la represión y desaparición de trabajadores de esa empresa”.

Según la investigadora de FLACSO Argentina - CONICET “esclarece aun más la relación entre patronales y FF.AA. el hecho de que mientras en el país se producía un proceso de desindustrialización de la economía, con una reducción del 10% de la producción, estas empresas tienen una participación positiva y de concentración económica en esos años”.

En los casos de las industrias automotrices Basualdo asegura que “Ford también tuvo un centro de detención dentro de la fábrica y en Mercedes Benz desapareció la comisión interna gremial que organizaba a los obreros.

Hacia el final de la entrevista realizada mientras la marcha por Avenida de Mayo empezaba a circular, Basualdo recordó un documental llamado “Milagros no hay” en el que la periodista alemana Gaby Weber interroga a Un ejecutivo de Mercedez Benz de esos años que al ser interpelado sobre el crecimiento de la empresa durante los años del golpe, expresó que “milagros no hay”, en clara alusión a la represión e imposibilidad de protestar de los trabajadores.

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LA CONDENA A PATTI.

Esta semana el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín condenó a prisión perpetua en cárcel común a varios represores de la dictadura, incluido Luis Abelardo Patti.


Esta demorada sentencia contra Patti es una buena excusa para reflexionar sobre un par de cosas. Primero, tenemos que recordar bien, con el prontuario completo, quién es el ilustre condenado.

Porque hoy es fácil ponerse contento por esta sentencia, y tratar de apropiarse de un poquito del mérito de la condena. No faltó nadie que dejara de festejar la noticia. En primerísimo lugar, hizo su autobombo el gobierno. Desde el secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, pasando por su aliado, el diputado Jorge Rivas, hasta el jefe de los diputados oficialistas Agustín Rossi, todos celebraron la noticia y compitieron para elegir los términos más duros para referirse al nuevo condenado.

Ni que hablar de los bastiones oficialistas en los extintos organismos de DDHH, como Madres y Abuelas, o de los ex kirchneristas, hoy alineados en otras variantes “progres” del peronismo, como Victoria Donda y el resto de los ex Libres del Sur.

Pero, decíamos, primero hay que acordarse bien de quién estamos hablando. Este tipo que hoy está internado en la clínica Fleni de Escobar porque tuvo un accidente cerebrovascular, ya era policía en 1975. Trabajaba en el destacamento policial "Otero", en Victoria, en el que funcionaba un centro clandestino de detención. Sus superiores eran hombres del círculo íntimo del Gral. Ramón Camps.

Corría 1977 cuando, ya afincado en Escobar, la ciudad que 18 años después lo elegiría intendente, Patti intervino en el fusilamiento de tres chicos que jugaban al metegol de un bar de la zona. El militante comunista que denunció el hecho a un diario local, todavía está desaparecido.

Un poco más tarde, cerca del ocaso de la dictadura, Patti secuestró y mató a Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, militantes montoneros, causa por la que fue condenado. Pero en los primeros años después del ’83, no sólo los apologetas explícitos de la dictadura ayudaron a demorar la imputación penal. Sus principales defensores, por aquellos años, fueron Carlos Menem y Eduardo Duhalde, que se cansaron de repetir que había sido “un enfrentamiento”.

En enero del ’90, en Garín, Patti encabezó la partida policial que fusilo al joven Luis Selaye. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38, como siempre. Un policía “arrepentido”, es decir, enfrentado con Patti en la interna policial, declaró el 5 de enero de 1996 al diario Página/12 que antes del operativo, ese revólver estaba "en el despacho del subcomisario Patti, que siempre hablaba que debía ser utilizado para justificar un enfrentamiento". El ex subcomisario nunca fue procesado por este caso.

En septiembre de 1990, Patti dos presos comunes, Miguel Guerrero y Mario Barzola, denunciaron que Patti los había torturado. El Juez de San Isidro Raúl Borrino ordenó una serie de pericias, y comprobó que los presos habían sufrido tormentos por golpes, quemaduras, submarino seco y picana eléctrica. Lo mandó detener.

El escándalo fue mayúsculo. En medio de una campaña mediática dirigida a desacreditar la denuncia, la Cámara Penal de San Isidro, en un fallo memorable, "bajó" la carátula de tormentos a apremios ilegales. Patti fue inmediatamente excarcelado, la causa entró en el túnel que preanunciaba la prescripción, y la “gente de bien” respiró tranquila. El adalid de la seguridad, estaba seguro.

“Voy a ser claro para que se entienda -le dijo Patti al Diario Clarín en octubre de 1990- la policía, para esclarecer un hecho tiene que cometer no menos de tres o cuatro hechos delictivos. De lo contrario no puede esclarecer absolutamente nada. Esto ocurre en la Argentina y en cualquier parte del mundo. ¿Cuales son estos delitos? Privación ilegal de la libertad, apremios y violación de domicilios, entre otros. Y no queda otro camino que hacer eso. Cuando los comisarios no esclarecen hechos es porque, como se dice en nuestra jerga, no se la juegan”.

Ningún fiscal lo acusó por esas declaraciones, que, en cambio, aportaron una sonrisa a los mismos que hoy piden más seguridad.

Así, mientras iba a fiestas con su novia fashion, Liliana Caldini, y era enviado como si fuera el Inspector Gadget a investigar el crimen de María Soledad Morales en Catamarca, Patti fue dejando en el olvido sus andanzas de juventud en la dictadura, y se recicló como “policía de la democracia”.

El martes 13 de agosto de 1996, de nuevo en Página 12, Patti, ya todo un símbolo de la “lucha contra la inseguridad”, declaró que estaba en contra de “los policías que no hacen nada porque no tienen orden del juez” y les aconsejó “pegar una buena patada en el trasero a los sospechosos para obtener prueba”.

Su alianza con el partido justicialista le garantizó la intendencia de Escobar, y luego una banca de diputado, en 2005, que ya no pudo ocupar, porque los aires habían cambiado, y el viejo policía descubrió que, como decimos siempre, la lealtad no figura en el diccionario de la burguesía. Sus antiguos amigos lo abandonaron, e hicieron fila para pegarle. Total, su aparato represivo ya estaba dirigido por otros.

Entonces, hoy pueden condenar a Patti a perpetua y festejarlo, mientras sostienen con las dos manos la impunidad de los que hoy, con el mismo uniforme, cumplen esa tarea, la misma que el internado en Fleni ya no les puede garantizar.

CORREPI (nota del boletín informativo nº604)
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar

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Asamblea para discutir que docentes nos forman en la facultad.

NO MAS FUNCIONARIOS DANDO CLASES EN DERECHO!!
NO MAS SORIA EN LA FACULTAD!!

Discutiremos la denuncia que va a presentar el consejero estudiantil por la minoria, para que se realice un juicio académedico a Pedro L. Soria, de acuerdo al Estatuto de la Universidad.

_ Debatir el fallo discriminatorio del profesor Daniel H. Piombo, para que en la sesión el Consejo Directivo se expida sobre esto.

Participemos todos los estudiantes en nuestras desiciones!!

Jueves 15hs Asamblea en la facultad
17hs vamos todos al Consejo

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Juicio VESUBIO-Tribunal Oral Federal Cuatro (TOF 4)

Lunes 25 y Martes 26 de Abril de 2011-10.30 horas: (en el SUM de C. Py 2002), las Dras. Liliana Mazea y Sabrina Dentone alegarán por la querella JusticiaYa! en el juicio por algunos de los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como “el Vesubio”. El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 4 tiene a su cargo el proceso contra ocho genocidas por 156 casos.


LOS GENOCIDAS

Estos son los ocho represores a quienes se sigue el juicio:
- Héctor Humberto Gamen, 85 años, general de brigada retirado. Era segundo comandante de la Brigada de Infantería.
- Hugo Idelbrando Pascarelli, 82 años, coronel retirado. Era el jefe del área militar 114, donde funcionaba Vesubio.
- Pedro Alberto Durán Sáenz, 75 años, oficial de inteligencia de la Brigada. Era el jefe del centro clandestino. Se hacía llamar “Delta”.
- Ramón Antonio Erlán, 65 años, penitenciario (R), alias “Pancho”.
- José Néstor Maidana, 59 años, penitenciario (R), alias “el Paraguayo”.
- Roberto Carlos Zeoliti, 63 años, ex penitenciario, alias “Sapo”.
- Diego Salvador Chemes, 57 años, ex penitenciario, alias “Polaco”.
- Ricardo Néstor Martínez, ex penitenciario, alias “Pájaro”.


ALGUNOS REPRESORES POR ALGUNAS VÍCTIMAS

En este juicio, estarán sólo ocho genocidas por crímenes cometidos contra 156 compañeros, aunque por el CCDTyE Vesubio pasaron otros cientos. En diciembre de 2009, Justicia YA! aportó un listado de 200 víctimas que estuvieron secuestradas en ese campo de concentración indicando los testigos que lo prueban, así como una nómina de otros quince compañeros que también pasaron por ese centro clandestino y solicitó al juez Daniel Rafecas, a cargo de la instrucción, que tome medidas para probarlo. Estos datos así como los nombres de los 58 represores que nunca fueron indagados por los crímenes cometidos en El Vesubio surgieron de los testimonios que integran la causa.

Contactos de Prensa:
Guillermo Lorusso, AEDD, 15- 5179- 8041
Dra. Liliana Mazea, FIDELA, 15-5816-9178
Dra. Claudia Ferrero (APEL): 1556045905
Dra. Elea Peliche (AEDD): 1554287881
Dra. Liliana Molinari (CODESEDH): 1551766480

Convoca – Contacto:
Justicia YA! Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.

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Chile: Cuestionable decisión de la Justicia

24/04/2011


DDHH consideran una burla la libertad de militares condenados.

Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó como "una burla para las víctimas" la decisión de la Corte Suprema de permitir que cinco militares condenados por violaciones a los derechos humanos cumplan sus penas en libertad.

Los militares Angel Custodio y Sergio Arredondo fueron condenados a cinco años de cárcel remitidos; mientras que Francisco Pérez, Leonardo Quilodrán y Daniel Walker recibieron una sentencia de cuatro años bajo el régimen de libertad vigilada. Todos ellos fueron procesados y condenados por la muerte de nueve opositores a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

Según García, esta decisión de la Corte Suprema es una incongruencia por parte del Poder Judicial. Por su parte el diputado comunista Hugo Gutierrez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que las sanciones judiciales no tienen relación con la gravedad de los hechos. La Corte Suprema decidió, asimismo, que tres de los condenados deberán indemnizar con 30 millones de pesos (unos 64.000 dólares) a cada una de las familias de las víctimas.

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URGENTE- CHACO

Corte por tiempo indeterminado.

(AW) Familias de la comunidad QOMPI de Chaco se encuentran en estos momentos cortando la ruta provincial N°3 en reclamo de 50 vivendas que el gobierno provincial promete desde 2009. Aparentemente hay una presentación judicial a la fiscalía de la zona para pedir el desalojo de los manifestantes.

(Buenos Aires, 25 de abril de 2011. Agencia Walsh) Desde las 9 de la mañana de hoy decenas de familias de la comunidad toba Qompi se encuentran cortando la ruta provincial N°3 sobre el puente La Sirena a la altura de la localidad Villa Río Bermejito, camino a las localidades de El Espinillo y Castelli en la Provincia del Chaco. 50 viviendas son las que reclaman les sean entregadas ya que el gobernador Capitanich hace dos años prometió su construcción y entrega.
Esta mañana una camioneta 4x4, que los manifestantes no pudieron identificar, intentó cruzar el corte a toda velocidad y los compañeros de la comunidad Qompi entendieron esto como una amenaza declarada para que cesen su reclamo. Asimismo, existe una presentación de civiles pidiendo el desalojo de la protesta en la fiscalía de turno que corresponde a la zona. Esta situación les llevó a considerar el corte por tiempo indeterminado hasta conseguir sus viviendas y de no tener respuestas para esta noche anunciaron a esta agencia que pondrán carpas y llamaran a todas las personas que quieran acompañarles para darle aun más fuerza al reclamo.

Contacto. Edilberto Pérez (03732-224670)

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Benetton obtiene un fallo para desalojar a la Comunidad Santa Rosa Leleque. 03/03/11

Por Avkin Pivke Mapu-Komunikación MapuChe
avkinpivkemapu@yahoo.com.ar


Este martes el Juez Omar Magallanes, del juzgado de ejecución de Esquel, fijó un plazo de 10 días para que la comunidad Santa Rosa Leleque desaloje el predio, en disputa con el grupo italiano Benetton. La resolución es en el marco de la segunda causa entre la compañía y los Mapuche, que recuperaron el territorio hace 4 años.

Esquel.- Martín Iturburu Moneff, abogado patrocinador de la firma Benetton, en diálogo con FM del Lago, confirmó con beneplácito que el juez Magallanes resolvió a su favor el interdicto presentado para recuperar la posesión. Por su parte Edgardo Manosalva patrocinante de los Mapuche enfatizó, en declaraciones a radio Kaleuche, que “el derecho indígena brilló por su ausencia y se aboca exclusivamente a aplicar el derecho civil”.

Manosalva sostuvo que siente un “profundo estupor por el fallo”, lo calificó de defectuoso en cuanto su contenido y aseguró que en breve se presentará la apelación.

A fines del año pasado la comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque presentó en los Tribunales de Esquel un recurso de casación y otro de inconstitucionalidad con el objetivo de que la justicia se pronuncie por la suspensión del juicio que se sigue por las más de 500 hectáreas. En tanto Iturburu Moneff, indicó que a su entender, si bien la medida puede ser apelada a instancias superiores, "debe ser cumplida" a favor de la multinacional demandante.

La comunidad está ubicada 80 kilómetros al norte de Esquel, a la vera de la ruta 40.

El antecedente privado

A principios de febrero los estancieros de Chubut iniciaron una campaña donde descalificaron a las comunidades Mapuche-Tehuelche por recuperar tierras, a la vez "solicitaban" a la justicia tener en cuenta el sagrado derecho civil: la propiedad privada. Los terratenientes ven como un problema lugares como Leleque, Gan Gan y la zona cordillerana".

En declaraciones al diario El Patagónico, Ernesto Siguero, presidente de la Federación de Sociedades Rural del Chubut consideró que “pseudo comunidades aborígenes” se han instalado en campos de algunos de los asociados de esa entidad ruralista. Según su denuncia, se trata de “gente que dice ser de pueblos originarios”, pero no lo sería.

El dirigente ruralista confesó públicamente que habían mantenido reuniones con el Gobierno de Das Neves. Además manifestó su intención de “tener alguna reunión con gente de la Justicia para poder analizar este tema y ver que todo sea dentro del marco de la ley”. Siguero señaló que el problema se registra en lugares como Leleque, Gan Gan y la zona cordillerana del sur de la provincia.

Días después y en la misma sintonía, la presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Digna de Blanco, reforzó las "indicaciones" afirmando –en declaraciones al diario Jornada- que existe preocupación respecto a un derecho consagrado en la Constitución que es el de la propiedad privada y que no implica ninguna discusión sobre derechos de otros”. De esta manera los estancieros de Chubut dejaban en claro que hay que "aplicar la ley" desconociendo toda la legislación vigente que reconoce los derechos a los Pueblos Originarios.

Estos derechos están consagrados y establecidos en el Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la OIT y en el artículo 34 de la Constitución de Chubut.

Una percepción

A mediados de febrero, antes de conocer el fallo, Rosa Rua Nahuelquir señaló a el diario El Chubut que "más allá de que la justicia huinca diga que le pertenece a Benetton, nosotros vamos a seguir ahí, porque es una tierra ancestral de nuestros antepasados y ahí viviremos. Esperamos que una vez en su vida la justicia determine que es una causa justa para el Pueblo Mapuche. Si dicen lo contrario una vez más vamos a seguir creyendo que la justicia no existe, porque lamentablemente si llegaran a fallar en contra: la justicia no existe, existe la injusticia”.

Cabe recordar que también a finales de febrero, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia realizaron el relevamiento territorial en la comunidad de acuerdo a la aplicación de la Ley Nacional 26.160, normativa que frena los desalojos y ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la realización del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.

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Ordenan Desalojo a Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque

A poco tiempo de celebrarse los 4 años de reafirmación territorial, en el día de ayer 1 de marzo, se llevó adelante la notificación de una orden de desalojo para la comunidad Mapuche -Tehuelche Santa Rosa Leleque.

Una vez más la justicia, a través del juez Omar Higinio Magallanes, responde a los pedidos del magnate italiano Luciano Benetton, quién a través de la “Compañía Tierras del Sud Argentino” lo venían solicitando.

Mañana jueves, a partir de las 11 horas, se llevará a cabo una concentración en Tribunales de Esquel, para repudiar los atropellos sufridos por la Comunidad Mapuche Sepúlveda como así también repudiar la orden de desalojo para la comunidad Santa Rosa Leleque y para hacer valer nuestros derechos como Pueblo pre-existente.

Contactos:
Rosa Rua Nahuelquir: (02945) 15417481

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