NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

sábado, 24 de octubre de 2015

Inseguridad es más Policía en la calle.

Comunicado de prensa: 


Hoy, 24 de Octubre en horas del mediodía fue apresado el dirigente del Centro por los DDHH Hermanos Zaragoza y miembro de nuestra Multisectorial Oscar Yomha.
Un operativo conjunto de la policía local y la bonaerense de tres motos y cinco patrulleros lo detuvo esposándolo y conduciéndolo detenido a la Comisaría 1° de La Plata. En el mismo operativo fue golpeado un compañero y maltratado otros que trataron de impedir que se llevaran a Oscar.
Con la rápida respuesta de un grupo de compañeros ante la convocatoria de nuestra multisectorial a concentrarnos frente a esa sede policial y la intervención de los abogados militantes populares, se logró la libertad de Yomha
Denunciamos la detención arbitraria así como el maltrato por parte de las viejas y "nuevas" policías que siguen con las mismas prácticas de siempre. Denunciamos el intento de armar una causa en base a una información falsa. Al pato lo detuvieron por ser consecuente en la lucha contra la impunidad, por estar siempre junto a los chicos de la calle organizando actividades para sostener la olla popular, aún sobrellevando una enfermedad que lo obliga a 3 diálisis semanales (al ser detenido venía de una).
Reivindicamos la inmediata solidaridad de los compañeros que acudieron para exigir la libertad de Oscar, así como de aquellos que llamaron a la comisaría para interceder por él.

*Exigimos el cese de la persecución a los que luchan.
*Exigimos el castigo a los responsables de la detención a Oscar Yomha.
*No a la formación de causas a los luchadores.
a la cárcel deben ir los responsables del hambre de los chicos de la calle y no los que los defienden
a la cárcel deben ir los genocidas que continúan impunes y no los que luchan contra la impunidad.

MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

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domingo, 18 de octubre de 2015

CONVOCAMOS a la lectura de la Sentencia en el juicio a la FT5.

Lunes 19 de Octubre de 2015 - Desde las 10 hs. (Veredicto por la tarde) Tribunal Oral Federal 1 – 4 entre 51 y 53.

En Astilleros Río Santiago hubo más de 200 presos políticos, 43 desaparecidos y 1.300 renuncias forzadas de trabajadores durante la dictadura. En este debate sólo se contemplan los casos de 19 compañeros del Astillero víctimas del plan genocida. Además hubo12 desaparecidos Propulsora y 11 en el Frigorífico Swift. Idéntica situación se generó en SIAP, Indeco, OFA, Batisti y Káiser Aluminio, Petroquímica General Mosconi, Hilandería Olmos, la textil Sniafa, Corchoflet, empleados públicos, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de La Plata. No todos ellos están contemplados en este juicio. Sólo por la acción de las querellas, este juicio pasó de incluir 40 a 55 víctimas de la FT5. No se juzgó el rol de las burocracias sindicales ni de los directorios de las empresas cómplices del genocidio. Tampoco se juzgaron los delitos sexuales que surgieron en el debate, ni se profundizó en la apropiación del hijo de Norma Raggio Baliño de Balbuena, desaparecida desde el BIM3. En estos años de juicios a los genocidas, en La Plata hubo 11 sentencias en las que fueron condenados 69 represores y uno fue absuelto. De esas 11 sentencias sólo se encuentran firmes 6, por resolución de la Corte Suprema y Casación y las últimas 5, las que más represores sentenciaron, aún no tienen confirmación de ninguna instancia. Y de acuerdo a las causas abiertas, el Estado propone juzgar, para el Circuito Camps (es decir 29 CCD en toda la zona), más los crímenes de la Armada y Prefectura y la causa por el CNU, a sólo 150 represores, cuando en realidad hubo una estructura de centenares de represores y de miles de compañeros secuestrados, torturados, exiliados, asesinados y desaparecidos en la región.

 Por todo eso, seguiremos pidiendo: JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS.  JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES CIVILES (EMPRESARIOS, JUECES, CURAS Y BURÓCRATAS SINDICALES).  RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS.  BASTA DE BANALIZAR LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN. 

 HIJOS La Plata Octubre de 2015

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viernes, 16 de octubre de 2015

NO ESTUVIERON TODOS LOS GENOCIDAS, NI TODOS LOS COMPAÑEROS

Desde HIJOS La Plata, y el espacio Justicia Ya La Plata del que somos parte, venimos sosteniendo desde la reapertura misma de las causas seguidas contra los integrantes de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, que las investigaciones penales y los juicios a los genocidas deben ser efectuados en un marco conjunto, dadas las evidentes características de masividad, planificación e interrelación de los gravísimos crímenes que en ellos se debaten. Así también, en nuestra intervención en las anteriores causas elevadas a juicio en La Plata manifestamos claramente la necesidad jurídica del juzgamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país durante los años '76/'83 agrupándolos por centro clandestino de detención, o bien por circuito represivo, como es en este caso referido a los distintos CCD de la Armada y Prefectura. Hemos manifestado hasta el cansancio en los tribunales de instrucción que los principios de economía procesal y verdad jurídica material imponen, de la misma forma, adoptar este criterio de modo de conseguir una investigación acabada y eficiente de los sucesos ocurridos. Y señalamos en todos los ámbitos que de no adoptar ese criterio, el plan represivo y la cadena de responsabilidades se perderán inevitablemente en la incoherencia de innumerables causas seguidas como hechos independientes y sólo por unos pocos casos en cada oportunidad. Obviamente, no resulta el criterio de unificación por centro clandestino de detención, el único adecuado. Por ello, propiciamos oportunamente en la causa 1/SE, la existencia de una investigación para todos aquellos casos de asesinados, o víctimas no vistas en ningún centro clandestino de detención, que dio origen a la causa N° 183. En este sentido ha sido una conquista de este reclamo el hecho de que en este debate se estén juzgando los casos de Ricardo Nuez y Roberto José De la Cuadra, ya que pese a no conocerse por cuál de los distintos C.C.D. de la Fuerza de Tareas 5 han pasado, está probada la participación de la Armada en la persecución que sufrieron y en sus posteriores secuestros y desapariciones forzadas. En el caso de la presente causa, si bien la investigación surgió a partir de denuncia de la existencia de un centro clandestino de detención en la Escuela Naval, posteriormente, se amplió el criterio a la actuación represiva de la Fuerza de Tareas N 5, es decir que el criterio investigativo y de imputación trascendió el análisis de los hechos sucedidos en un C.C.D. para extenderse a la participación de toda la FT5, es decir todos los hechos represivos cometidos en nuestra zona por la Armada Argentina y la Prefectura Naval subordinada a ésta. Por ello mismo este proceso ha resultado fragmentario y no ha incluido todos los casos de los que la justicia tiene sobrada prueba de la actuación de la Armada y Prefectura en las jurisdicciones fabriles que le asignaba su propio esquema represivo en el Plan De Capacidad (Placintara de 1975) en nuestra zona. El origen de estas actuaciones, es el requerimiento fiscal del Dr. Sergio Franco, a partir de la denuncia de María Laura Chino, sobre la existencia de un CCD dentro de la Escuela Naval. El fiscal sostuvo en su denuncia, que allí habrían funcionado como centros clandestinos de detención los edificios de la Base Naval, la Escuela Naval, el ex Liceo Naval, la delegación de Prefectura Naval Argentina y el Hospital Naval. Tomado como base el testimonio de Carmelo Cipollone, quien había declarado sobre su secuestro a manos de la Armada ante la CONADEP (con legajo de referencia N°6290) y también en el Juicio Por la Verdad de La Plata, se sustanció un expediente que pretendía encaminarse al esclarecimiento de todos los crímenes denunciados ante la justicia federal como parte del plan represivo desplegado por la Armada y Prefectura en Ensena, Berisso y La Plata. Posteriormente, y mediante sucesivas ampliaciones del requerimiento fiscal inicial, el Juzgado Federal N°3 de esta jurisdicción, a cargo del Dr. Arnaldo Corazza, precisó el objeto de la causa, lo que provocó incluso el cambio de la carátula inicial. El expediente pasó a ser denominado “Fuerza de Tareas N° 5”, y encabezaba debidamente las imputaciones el Comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek. Así la justicia consideró que esta Fuerza de Tareas llevó adelante un intenso accionar represivo ilegal, principalmente dirigido contra trabajadores que se desempeñaban en las empresas ubicadas en el polo industrial de las ciudades de Berisso y Ensenada, perpetrando de este modo, hechos ilícitos calificables como delitos de lesa humanidad. Al momento del retiro de la actividad del Dr. Corazza, el expediente fue asumido por el Dr. Manuel Humberto Blanco, titular del Juzgado Federal N°1 y en subrogancia en el Juzgado N°3. Resulta significativo que en el auto de elevación elaborado por el Dr. Blanco se mencione como un testimonio “de gran importancia para componer el itinerario seguido por las víctimas que fueron secuestradas por la FT5” el relato prestado ante el fuero por Ana María Nievas, cuando en realidad su caso nunca fue tenido en cuenta para realizar las imputaciones de rigor. Tal como ha sucedido en casos anteriores, el Dr. Blanco conformó nuevamente una causa “residual”, con los hechos que quedaron fuera de las indagatorias iniciales a los imputados. Resultaría sobreabundante, volver a insistir con lo que genera la fragmentación de las causas: las consecuentes dificultades probatorias, la reiteración de juicios orales, la re victimización de testigos, es algo que de manera patente ya conoce la justicia de instrucción, y este tribunal recepta como instancia posterior. Pues bien, el pedido de ampliación de indagatorias realizado por Justicia Ya en el debate, y que fue positivamente aceptado por el TOF1, es símbolo de lo que estamos señalando. Nuestro requerimiento de ampliación de las indagatorias en pleno debate se basó en los testimonios de una docena de víctimas que escuchamos en el debate, pero que en su mayoría ya habían prestado declaración en la instrucción de la causa y en los Juicios por la Verdad. De manera que la posibilidad objetiva de subsanar aquellas omisiones de la instrucción en el debate, no desmerece en absoluto nuestra crítica a la característica con que este expediente llegó a la instancia de juicio oral, porque aún así, no forman parte de este juicio todas las víctimas que sufrieron la persecución, el secuestro, la aplicación de tormentos, el homicidio y el ocultamiento de los cuerpos como parte del plan genocida. De hecho resulta muy sugerente que estando obligado el Estado argentino a esclarecer estos crímenes, sean las querellas las que deban cargar la responsabilidad de utilizar la prueba existente para señalar que existen más víctimas y más represores responsables de los delitos aquí ventilados. Y más sugestivo resulta que la acusación de parte del Estado en este proceso, aún con las razones técnicas que esgrima, no acompañe el pedido de incluir en las imputaciones a las víctimas a las que se ha escuchado en este debate o cuyos familiares han relatado con detalle los hechos sucedidos. Fueron parte de este debate los relatos Silvina Arias, Mariela Sander y Silvia Crespo, cuyos familiares, Diego Arias, Luciano Sander y Rodolfo Crespo, a criterio de la justicia no debían formar parte en este proceso de las víctimas de la Fuerza de Tareas 5. También se escuchó el testimonio de Florencio Laurini, trabajador del Astillero secuestrado en el invierno de 1977, y de Roberto Almada, empleado del Swift que pasó 3 días en Prefectura en el invierno de 1977. Ambos casos, y el de varios de sus compañeros, no fueron tomados en cuenta en este proceso. Afirmamos entonces que el desguace de las causas contra los genocidas reproduce y es funcional a la impunidad. El desmembramiento de los procesos que deben ser investigados en conjunto abre la posibilidad de sentencias disímiles con distintos criterios en cuanto a autoría, participación, monto de la pena y efectividad de la condena, en causas con identidad de hechos, imputados, y víctimas. Insistimos en lo peligroso que es el camino que se abre al desguace y a criterios de selectividad arbitrarios de hechos e imputados. En estos casos la selectividad implica una toma de posición por parte de la justicia respecto a los límites que deben imponerse al juzgamiento del genocidio cometido en la última dictadura. Ha sido, es y será el objetivo de esta querella que los procesos contra los genocidas insuman el mínimo tiempo posible con el único límite de que esta urgencia –más que justificada luego de casi 40 años de impunidad- sea compatible con los derechos de los acusados. Por ello resulta inadmisible el argumento alguna vez esgrimido acerca del retardo de justicia que implicaría llevar a cabo las indagatorias y procesamientos imprescindibles para completar las instrucciones de las causas. Muy por el contrario, afirmamos que sí significa un real retardo de justicia elevar a su etapa oral las causas como se viene haciendo: en un verdadero desguace que implica una sucesión casi infinita de juicios orales en los que se investigarían los mismos delitos y se acusaría a los mismos imputados. De esta manera, fue en marzo de 2014 que el dr. Manuel Humberto Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y que necesariamente implicaría la conformación de una causa residual. El Dr. Blanco dio lugar al minúsculo requerimiento formulado por la fiscalía en el expediente: en total 10 genocidas por 40 casos para una zona que, junto con Capital Federal, Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina. En el camino murieron impunes 2 de los represores imputados, con lo cual se acotó el objeto de la causa. Con esto, no se elevó a juicio más que a una pequeña parte de los partícipes de los hechos en juzgamiento, porque nuevamente la Justicia adopta un criterio imputativo por el cual solo algunos de los mandos superiores y agentes de inteligencia fue indagado por los delitos cometidos. Pero además, de la propia información obrante en la causa se desprende el carácter fragmentario que ha tenido la investigación de la represión de la Armada y Prefectura en nuestra zona. Por ejemplo, en el informe sobre el BIM 3 y el CIFIM elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas dependiente del Ministerio de Defensa, se da cuenta de que durante el año 1976 sólo en el BIM 3 revistaron al menos 22 oficiales, 76 suboficiales y 615 soldados conscriptos. La Memoria Anual correspondiente al '76 de la Jefatura de Infantería de Marina define que la zona de Río Santiago presentó la particularidad de tener una “alta densidad de población de infantes de marina”. La justicia también conoce la existencia de un informe elaborado por el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2010, en base a un relevamiento de los Boletines Navales Reservados, de los legajos personales y del material obrante en la ex-DIPBA referidos al período '76-'83. Allí se detalla la revista activa de 68 oficiales de la Armada que cumplieron funciones en la Fuerza de Tareas 5 entre 1975 y 1982. En ese listado figura que varios oficiales que actuaron en los años más duros de a represión, 1976 y 1977, se encuentran fallecidos, como: - el oficial Edgardo Bonanni Rey, jefe de la Compañía de Tiradores del BIM 3 en 1976. - el oficial Mario Cazaux, integrante de la Escuela Naval y jefe del Estado Mayor de la FT5. - el oficial Oscar De Salas, Segundo Comandante del BIM3 en abril de 1977. - el oficial Eugenio Noziglia, Segundo Comandante del BIM3 entre dic del '76 y julio del '77. - y el oficial Silvio Eduardo Galindez (alias “Lobo”), de actuación en el BIM3 como Jefe de la Compañía “H” en el '76 y '77 (sobre quien, a la fecha del informe, junio de 2010, no obraba constancia de fallecimiento en la Cámara Nacional Electoral). Pero muchos otros represores que figuran en el mencionado informe continúan con vida y no han sido requeridos por la justicia. En el informe citado figuran por lo menos 25 oficiales que actuaron entre el 16 de enero de 1976 y el 18 de mayo de 1977, período en que se cometieron los delitos que estamos juzgando. Entre ellos podemos nombrar a: - el oficial Eduardo René Fracassi, Vicealmirante y Comandante de Infantería de Marina durante el año 1976 (desde julio de 2014 está siendo juzgado en Bahía Blanca por su responsabilidad en 38 casos de secuestros y torturas y 10 homicidios como parte de la Fuerza de Tareas 9). - el oficial Roberto Luis Alemano, que también actuó en la Escuela Superior de Infantería de Marina (ESIM) y en la ESMA. - el oficial Oscar Castro, Comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio, que actuó al mando del sr. Fernández Carró, imputado en autos. - el oficial Osvaldo Emilio Colombo, que actuó como jefe de la Sección de Tiradores del BIM3 y luego en la ESMA. - el oficial Guillermo Jorge Duhalde, jefe del Área de Personal de la FT5, que se encargaba del control del personal detenido. - el oficial Argimiro Luis Fernández, citado en este juicio por las defensas como testigo de los hechos pese a haber sido Comandante del BIM3 y jefe del Estado Mayor de la FT5 en el año '77. - el oficial Haroldo Santillán, Jefe a cargo del área de Automotores y Comunicaciones del BIM3. - los oficiales Basilio Lemos, Horacio Luján, Eduardo Menghini y Raúl Sanchez, actuantes en las distintas áreas de inteligencia y Contra-Inteligencia de la FT5. Sólo esta pequeña lista mencionada supera la cantidad de imputados en este juicio. Como sabemos, muchos de los testigos han mencionado en el debate que los operativos de secuestro se realizaban en grupos de entre 15 y 20 oficiales de la Armada. Y muchos se preguntaban, por qué además de los 8 aquí juzgados, dónde está el resto de los responsables de esos crímenes. Pues bien, cuando decimos que en este proceso no están todos los responsables del genocidio cometido por la Armada en nuestra zona, no hacemos aseveraciones en abstracto, ni señalamos potenciales colaboradores, sino que afirmamos en base a la propia documentación que figura en la causa que, con el mismo criterio de imputación de base que los 8 imputados en este juicio, existen por lo menos otros 25 represores responsables de los hechos aquí juzgados identificados con legajo, función y período de revista en distintas dependencias de la FT5. En Astilleros Río Santiago hubo más de doscientos presos políticos, 43 desaparecidos y 1.300 renuncias forzadas de trabajadores durante la dictadura. En este debate sólo se contemplan los casos de 19 compañeros del Astillero víctimas del plan genocida. Hubo12 desaparecidos Propulsora y 11 en el Frigorífico Swift. Idéntica situación se generó en SIAP, Indeco, OFA, Batisti y Káiser Aluminio, Petroquímica General Mosconi, Hilandería Olmos, la textil Sniafa, Corchoflet, empleados públicos, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de La Plata. Sólo por la acción de las querellas, este juicio pasó de incluir 40 a 55 víctimas de la FT5. No se juzgó el rol de las burocracias sindicales ni de los directorios de las empresas cómplices del genocidio. Tampoco se juzgaron los delitos sexuales que surgieron en el debate, ni se profundizó en la apropiación del hijo de Norma Raggio Baliño de Balbuena, desaparecida desde el BIM3. En estos años de juicios a los genocidas, en La Plata hubo 11 sentencias en las que fueron condenados 69 represores y uno fue absuelto. De esas 11 sentencias sólo se encuentran firmes 6, por resolución de la Corte Suprema y Casación y las últimas 5, las que más represores sentenciaron, aún no tienen confirmación de ninguna instancia. Y de acuerdo a las causas abiertas, el Estado propone juzgar, para el Circuito Camps (es decir 29 CCD en toda la zona), más los crímenes de la Armada y Prefectura y la causa por el CNU, a sólo 150 represores, cuando en realidad hubo una estructura de centenares de represores y de miles de compañeros secuestrados, torturados, exiliados, asesinados y desaparecidos en la región. Por todo eso, seguiremos pidiendo: JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS. JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES CIVILES (EMPRESARIOS, JUECES, CURAS Y BURÓCRATAS SINDICALES). RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. BASTA DE BANALIZAR LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN. HIJOS La Plata Octubre de 2015

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miércoles, 7 de octubre de 2015

Si no hay justicia, hay ESCRACHE!!!

Desde HIJOS La Plata reivindicamos el escrache realizado al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá, responsable político, junto a Eduardo Duhalde y Aníbal Fernández, de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Consideramos que el escrache es una herramienta de denuncia ante la impunidad de la que siempre gozaron los asesinos de tantas generaciones de militantes en lucha, por lo tanto la acción realizada por los compañeros nos parece sumamente válida para señalar a quiénes no les tiembla el pulso cuando tienen que perseguir y criminalizar a los luchadores populares.
A su vez repudiamos las declaraciones de Solá, realizadas en los medios de (des) información, acusando de “violentos e infiltrados”, a los compañeros que realizaron el escrache.


A 13 años de la masacre de Avellaneda exigimos:
-       Juicio y Castigo a los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi.
-       Llamado a indagatoria y procesamiento de todos los funcionarios Nacionales y Provinciales en el momento de la masacre.
-       Basta de criminalizar la protesta.

Darío Santillán y Maximiliano Kosteki presentes!!!
HIJOS La Plata

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martes, 6 de octubre de 2015

El debate sobre los CCD en la experiencia del BIM3

DARSE CONTRA UN MURO

 

Por HIJOS La Plata
Desde HIJOS La Plata señalamos la soberana elusión del debate sobre la banalización de lugares que han sido Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura, que realizó el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, Aníbal Viguera, y autoridades secundantes.
La realización de nuestra parte de un mural en una pared del nuevo edificio de la Facultad, emplazada sobre el predio del Batallón de Infantería de Marina 3, parece haber despertado el horror de sectores demócratas que hacen usufructo con dineros públicos de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Nuevamente recibimos acusaciones infundadas de antidemocráticos o violentos, esta vez en un “Mensaje a la comunidad” publicado por el decanato.
Nosotros decimos: no es verdad que no hubo posibilidad de diálogo. De hecho estuvimos media hora discutiendo alternativas con el vicedecano de la FaHCE, Mauricio Chama, que primero en actitud conciliadora y luego en franca defensa irrestricta de su coto, cerró las posibilidades de poder hacer la pintada y dijo que tomábamos el lugar “por asalto”. A ello se sumó la queja de la docente María Laura Lenci que “no podía creer” lo que estaba sucediendo.
Pero aquí no estamos discutiendo la blancura de la pared de un edificio público, que tranquilamente puede volver a blanquearse para emular las construcciones de la armada o para hacer un mural homenaje al Decano Viguera. Estamos hablando de la utilización que hace el Estado nacional, y la UNLP como parte de éste, de espacios que probadamente han funcionado como parte de la maquinaria del Terrorismo de ese mismo Estado hace 40 años.
Para hablar de ello, hay que refrescar lo que desde HIJOS venimos diciendo sobre la historia en democracia del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 Almirante Eleazar Videla:
- Abandonado el predio por la Armada en abril de 1999, el Estado se desentendió del espacio abriendo el interés a los privados.
- En 2000 la propiedad del terreno fue adquirida por CENCOSUD, un holding empresario que preveía instalar un hipermercado Jumbo, once cines, un centro comercial y un patio de comidas. La iniciativa fue saludada por la gestión de Ensenada pero despertó oposición política en La Plata y el Concejo Deliberante pidió por unanimidad a la Provincia que niegue la habilitación correspondiente. Las razones fueron el perjuicio económico a comerciantes y el impacto ambiental: nada sobre el pasado del predio y su preservación.
- En 2001 HIJOS La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las investigaciones por los delitos de lesa humanidad allí cometidos. Tres años más tarde se propuso instalar una Alcaldía para alojar presos, esta vez legalizados, a lo que Ensenada se opuso con un proyecto de expropiación. 
- En 2005, mientras reclamamos al director municipal de DD.HH. Daniel Fabián que preserve el predio, sólo obtuvimos como respuesta: “si quieren hacemos un acto, lo traemos al Flaco (por Nestor Kirchner) y sacamos una foto en la puerta”. El mismo año HIJOS y AEDD enviamos una carta al Secretario de DD.HH. nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde sumábamos información sobre los represores de la FT 5 de la Armada,y exigíamos que el Estado expropiara el predio para investigarlo y así dar impulso a las investigaciones de la causa por aquellos crímenes. Nada de eso sucedió.
- En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno. Por entonces, el rector de la Universidad de La Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido “Museo de la Memoria” del BIM 3.. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA el complejo que la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban laboratorios del Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la UNLP, por un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló la Estación de Bombeo del Poliducto La Plata-Puerto Rosales. Grandes negocios para ambas partes.
- En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector, Fernando Tauber, con la obra de la nuevas Facultades ya adjudicadas. En enero de 2011, al inaugurar la Universidad de Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció que los fondos para construir el proyecto del Dr. Tauber en el ex BIM3 finalmente estaban disponibles.
- En Abril de 2012 se inauguró la nueva sede de la Facultad de Psicología, y dos años más tarde, con acto de la presidenta Cristina Fernández incluido, la nueva sede de la facultad de Humanidades.
- En marzo de 2014 el juez Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y con una reciente segunda tanda de querellantes recién presentada por el espacio Justicia Ya. Pero en realidad Blanco no hizo más que dar lugar al exigüe requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas (2 murieron impunes) para una zona que, junto con Capital Federal Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.


Con todas estas razones, nos permitimos señalar al sr. Viguera, al sr. Chama y a la sra. Lenci que NO ALCANZA con “hacer visible el hecho” de que están funcionando en un CCD cuando el Estado Nacional está obligado por la ley N°26691 no sólo a señalizar los CCD sino a preservarlos como prueba judicial, completar las investigaciones, actualizar su nómina, recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió. Acorde a la política de “la placa y la foto” que desarrolla la gestión del secretario de DDHH Martín Fresneda el resultado en el BIM3 es un deslucido cartel que no incluye ni los nombres de los compañeros que pasaron por allí.
NO ALCANZA con “el desafío de habitar un lugar cargado de sentidos con la responsabilidad política de mantener viva la memoria” cuando el proyecto de realizar una facultad sobre el BIM3 formó parte del Pan Estratégico de la UNLP desde 2007, como parte del avance patrimonial de la UNLP en la zona del Bosque Norte. Ha sido muy significativa la defensa que la gestión Viguera ha hecho de la apuesta político-inmobiliaria de la gestión K en la educación terciaria, cuando en este caso se justificaba diciendo que se mudaban de un predio (7 y 48) inaugurado por la dictadura de Onganía, sin agregar que se iban a otro predio que fue CCD de la dictadura de Videla, Massera y Agosti cuyos crímenes continúan impunes.
NO ALCANZA con saber y asumir “que la memoria es objeto de múltiples debates” cuando hay hechos fácticos irreversibles de los que el Estado no está dispuesto a hacerse cargo: no puede utilizarse ni re-significarse un predio donde se cometieron crímenes de Lesa Humanidad hasta que no se completen las investigaciones judiciales de esos hechos.
La UNLP sabe que se compró un problema con este tema, y NO ALCANZA con asumir “las discusiones, las tensiones y conflictos y las distintas maneras posibles de utilizar el espacio y sus modos de habitar un sitio de memoria, reconociendo la pluralidad de voces, sin imposiciones” cuando ha habido una apropiación del predio que para el Sr. Viguera y los sres. Raúl Perdomo, y sus antecesores Azpiazu y Tauber, parece haber generado una legitimidad de origen inmaculada, sacra como el poder que da la capacidad de hacer grandes negocios inmobiliarios, y desde la cual se nos convoca luego a participar democráticamente de una decisión tomada por pocos.

 

El pasado lunes 5 de octubre acompañamos la inspección ocular que realizó el TOF1 de La Plata en el marco del juicio a la Fuerza de Tareas 5, y que incluyó la recorrida por 4 lugares que funcionaron como CCD de la Armada y Prefectura en nuestra zona. La denuncia que hicimos sobre la falta de preservación del BIM3 nos quedó chica al comprobar el abandono total, la falta de señalización y la desidia generalizada que se vive en los predios del ex Liceo Naval, la sede de Prefectura Puerto La Plata y el ex Hospital Naval Militar. Allí, los ex detenidos, que habían visitado esos lugares en 2010 en la instrucción de la causa que ahora está en juicio oral, destacaron que en 5 años los lugares siguen modificándose pese a estar abiertas las investigaciones por los crímenes allí cometidos. EL Estado argentino parece necesitar otros 12 años de gestión progresista para cumplir la tarea de preservación que no cumplió en este gobierno.
La inspección ocular del pasado 5 de octubre concluyó en el predio del BIM3, con la presencia del ex detenido Mario Peláez, que dio detalles de lo que habían sido los portones de acceso lateral al Batallón, así como el área de enfermería y la sala de tortura, lindantes estos a pocos metros de límite perimetral del Batallón con el Hospital Naval. Lo hizo sobre un plano del BIM3 aportado al TOF1 en persona por los sres. Viguera y Chama. Lo sugerente del caso fue que Pelaez no pudo señalar materialmente los lugares que se marcaban a fuego en su memoria porque la UNLP está construyendo nuevas instalaciones en esos exactos lugares. El trabajador de Astillero Río Santiago, Mario Pelaez, fue secuestrado por la Armada el 16 de enero de 1976 y pasó 3 días en el BIM 3, lugar que conocía porque había refaccionado como albañil y pintor unos años antes. “Yo voy a seguir denunciando, le guste a quien le guste”, dijo Pelaez al final de la jornada.
Tal es nuestra convicción respecto al BIM3.

BASTA DE BANALIZAR LOS EX CENTROS CLANDESTINOS
BASTA DE NEGOCIOS CON LA MEMORIA
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS MARINOS GENOCIDAS DE LA ZONA

HIJOS La Plata

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