NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

domingo, 22 de mayo de 2011

Diálogo abierto con Atilio Boron este martes 24 de Rawson 106, a dos cuadras de Avenida Rivadavia al 4100

Cátedra Che Guevara

Universidad de los Trabajadores - IMPA

Todos los martes de 19 a 21 hs. en Rawson 106, a dos cuadras de Avenida Rivadavia al 4100

Martes 24 de mayo

Diálogo abierto con

Atilio Boron

sobre su nuevo libro

ROSA LUXEMBURG:

"¿Reforma social o revolución?"

Martes 31 de mayo


El Che Guevara y la historia de América Latina

(próximamente enviremos los textos del Che sobre este tema para debatir ese martes 31)

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Detenido un represor a partir de testimonios de ex conscriptos

Detalles de un operativo

Carlos Tomás Macedra logró mantenerse en el anonimato durante 35 años. Ex conscriptos que declararon en la causa de Campo de Mayo lo identificaron como el asesino de Florencia Villagra y el secuestrador de Gustavo Cabezas, y fue detenido. El relato desde adentro.

Por Victoria Ginzberg
Los soldados que hicieron el Servicio Militar en 1976 con José Luis Aguas.

El 10 de mayo de 1976, Gustavo Alejandro Cabezas y Florencia María Villagra estaban repartiendo panfletos en una plaza de Martínez cuando fueron abordados por un grupo de la Sección Segunda de la Compañía Demostración de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo a cargo del teniente primero Carlos Tomás Macedra. A Gustavo lo subieron a un auto y se lo llevaron. Florencia logró desprenderse del soldado que la sujetaba y empezó a correr. Recibió un disparo en la espalda y murió. El relato del hecho figura en la declaración de José Luis Aguas, que en ese momento era un conscripto. Aguas vio y sintió cómo ella se apagaba. La agonía duró un minuto. Hasta que dejó de respirar. Al rato llegó la policía. Un agente se acercó, se agachó al lado del cuerpo e intentó sacarle el reloj y una cadenita. Aguas le mostró la pistola. “Si la tocás, te mato”, lo amenazó.

Macedra está preso. Fue arrestado hace diez días. Había logrado pasar desapercibido durante 35 años. Su nombre no figuraba en la lista de represores denunciados por los organismos de derechos humanos. No fue reconocido por los sobrevivientes, pero ahora fue mencionado por los conscriptos que están declarando en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Estos nuevos testigos permitieron acceder a datos y responsables hasta ahora ocultos y, en este caso, reconstruir en detalle el operativo en el que se secuestró a Gustavo Cabezas y se asesinó a Florencia María Villagra.

Los dos jóvenes fueron interceptados el 10 de mayo de 1976 por un grupo de uniformados en la plaza de Martínez. Eso lo narró el mismo día del hecho José Carballo, que estaba con los chicos mientras repartían o pegaban unos volantes alrededor de la plaza. Carballo, que desapareció el 3 de junio de ese año, logró evadir la patrulla del Ejército y fue a la casa de Thelma Jara de Cabezas –la mamá de Gustavo– a avisar que se habían llevado a sus compañeros.

Aguas relató ante el tribunal que abordaron a Gustavo y Florencia porque mientras patrullaban por la zona su jefe los identificó como “sospechosos”. “El chico era joven, no tendría 18 años, de pelo medio largo, de tez blanca. Y la chica de la misma edad, muy bonita de cara, tenía una campera de jean tipo Lee. Macedra los separa y comienza a interrogar. Estaban muy nerviosos y lo que decían no coincidía”, narró Aguas.

–Estos hijos de punta algo traen, fijate debajo de los autos si hay panfletos o algo que hayan tirado por ahí –le dijo Macedra a Aguas.

El conscripto vio pegatinas en algunas fachadas que hablaban de una reunión universitaria o política. Cuando miró debajo de los autos, vio una bolsa pequeña, pero intentó disimular. Debajo del camión había otra que Macedra también vio, así que no la dejó pasar. El jefe le dijo que la levantara y volviera a la plaza.

Gustavo y Florencia estaban rodeados por soldados. Macedra sacó su 45, le pegó al joven en la cabeza y le dijo: “Hijo de puta, vas a cantar todo lo que sabés”. Los conscriptos se sorprendieron, se quedaron “pasmados” (en palabras de Aguas). El chico sangraba. Lo subieron a la camioneta boca abajo. Florencia logró zafarse de la persona que la estaba sujetando y salió corriendo. Avanzó treinta o cuarenta metros, hasta que Macedra sacó su pistola y gritó: “Parate o te mato”. Tiró dos disparos hacia arriba. El tercero fue hacia el centro de la espalda de la chica, que cayó al piso. Dos soldados, que venían corriendo desde la camioneta, se quedaron paralizados a unos quince metros de Florencia. Aguas se acercó al cuerpo. Florencia jadeaba. El charco de sangre era grande.

El soldado le dijo a Macedra que estaba viva y que había que llamar a una ambulancia. “No, dejá, yo sé dónde le pegué”, fue la respuesta. Aguas se quedó a su lado mientras agonizaba e impidió que un policía rapiñara el cadáver. No vio qué pasó con Gustavo. Un compañero le dijo que lo habían subido a un patrullero.

Cuando llegaron al cuartel, los conscriptos comentaron entre ellos lo que había pasado. Los que se habían quedado dijeron que lo habían escuchado por radio. Que lo habían informado como un enfrentamiento. Los que acababan de llegar aseguraron que no había sido así. Era de madrugada y se fueron a dormir. A las seis de la tarde, Macedra juntó a todo el grupo. “Quiero que sepan que matar a una persona no es nada grato, yo también estoy mal por el hecho sucedido, pero gracias a las declaraciones del detenido hemos encontrado esta bandera y en un domicilio un polígono de tiro”, les dijo y desplegó una bandera del ERP. (Gustavo y Florencia militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, vinculada con Montoneros). Los soldados se mantuvieron en silencio. Macedra agregó: “Ustedes vieron que me tuve que defender, pues me disparó con el treinta y ocho que llevaba en su cartera”. Y se fue. Los conscriptos coincidieron en que lo que decía Macedra no era cierto, pero que era la versión que debían dar para no tener problemas si alguien preguntaba. Muchos estaban nerviosos y no querían salir a patrullar nunca más.
Una colimba particular

“Con esta declaración y la detención de Macedra queda comprobada la importancia de los testimonios de los que hicieron la conscripción en aquellos años. Demuestra que los oficiales y su-boficiales van presos. Tanto los querellantes como los familiares de las víctimas creemos que los conscriptos no tenían más opción que estar ahí, ellos no tienen responsabilidad, incluso hay colimbas desaparecidos, pero necesitamos que se acerquen para que nos ayuden a saber qué pasó con nuestros familiares”, dijo a Página/12 Daniel Cabezas, hermano de Gustavo, que impulsa junto con abogados y familiares de desaparecidos en Campo de Mayo una campaña para que los ex conscriptos se presenten como testigos. A diferencia de la ESMA, en Campo de Mayo hay pocos sobrevivientes y el relato de los ex soldados obligados puede revelar nombres de represores desconocidos o detalles sobre el destino de las víctimas, como en este caso.

Durante su declaración, Aguas narró que entró al Servicio Militar a principios de 1976. Fue destinado a la Escuela de Comunicaciones con asiento en Campo de Mayo y luego al Arsenal Esteban De Luca, en Boulogne. Apenas llegado, le informaron que habría un golpe de Estado. Le enseñaron a entrar en viviendas y desplazarse en patrullas por la ciudad. Golpeaban domicilios, revisaban personas, entraban a hoteles transitorios de la Panamericana, entre otras cosas. “Una vez –contó– se detuvo a una persona porque no tenía documentos y así fue que se detuvo a varias, que eran trasladadas a la comisaría de Boulogne. Casi siempre era a esa comisaría y muy rara vez a la de San Isidro y José León Suárez. Cuando pasábamos por las comisarías dentro del patrullaje, algunos policías decían que alguna persona que habíamos detenido, que no era nadie en especial, no la veríamos más. Primero creí que era una bravuconada, pero después nos dimos cuenta, cuando de- saparecieron dos compañeros de comando y servicios, cuyos nombres no recuerdo, que aquello podía ser cierto.”

Aguas reveló que durante uno de esos “patrullajes” Macedra violó a una chica que había detenido en un “control de autos”. Que él y sus compañeros estuvieron como “grupo de apoyo” en un operativo en la zona de Martínez donde murieron dos personas y que también los llevaron a un sitio donde, según les dijeron, estaba escondido Mario Roberto Santucho, el líder del ERP. Allí se limitaron a mirar, pero “cuando terminó el hecho un grupo de soldados que actuó ingresó a la casa y cuando salían, muchos de ellos vomitaban. Se rumoreaba que en el lugar se encontró un matrimonio, un bebé y otra chica más. Los soldados se preguntaban qué grupo de extremistas estábamos buscando si era una familia”.

El testigo no tuvo contacto con los sitios que, dentro de Campo de Mayo, fueron usados como centros clandestinos de detención. No vio tampoco a secuestrados pero aclaró que cuando hacían guardia, nadie quería que le tocara el puesto 6 porque desde ese lugar se escuchaban gritos de lamentos y de personas que pedían ayuda.

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Legajos desaparecidos

Como en Capital y San Isidro, en San Nicolás estudian viejos casos que pueden ayudar a encontrar jóvenes que fueron apropiados. Pero allí, hay 44 expedientes que no aparecen y un juez que se resiste a entregar dos legajos.
El fiscal de San Nicolás Juan Patricio Murray.
Por Irina Hauser
La fiscalía federal de San Nicolás, que encabeza Juan Patricio Murray, investiga 66 expedientes de guarda y adopción que tramitaron durante la última dictadura, con la sospecha de que al menos algunos de ellos pudieron haber escondido la entrega de hijos de desaparecidos. Es el mismo tipo de rastreo que, como reveló Página/12, están realizando el juez Norberto Oyarbide en los juzgados de menores de Capital Federal y la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el juzgado (de la fallecida Ofelia Heft) que dio en adopción a Marcela y Felipe Noble Herrera, mientras la Corte Suprema bonaerense arma una base de datos de consulta permanente sobre procesos de adopción durante el terrorismo de Estado. El caso de San Nicolás pone en evidencia no sólo las irregularidades en los trámites originales de guarda, sino los mecanismos del propio Poder Judicial para, aún hoy, impedir la reconstrucción de historias de vida y la restitución de la identidad de los chicos apropiados. Tan es así que de los expedientes que están en la mira hay 44 que no aparecen, y hasta le abrieron una causa a un juez por resistirse a entregar dos legajos.
El ex juzgado de menores (ahora de responsabilidad penal juvenil) de San Nicolás funciona en una casa. Los expedientes de guardas que ya no están en uso fueron quedando amontonados en una habitación al fondo. “Prácticamente a la intemperie, sucios, con manchas de humedad, rotos”, describía un informe de un grupo de especialistas de Abuelas de Plaza de Mayo, que participaron en esta investigación. “Cuando un joven quiere iniciar una búsqueda sobre su origen biológico esta información es fundamental, dato que los empleados (judiciales) no pueden desconocer”, resaltaba el documento. Tanto Abuelas como la fiscalía que asumió la pesquisa parten de la idea de que el recorrido y las anomalías en los papeles que dan cuenta de guardas y adopciones durante la dictadura podrían facilitar el hallazgo de chicos nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres secuestrados. A su vez, esta información ayudará a establecer la responsabilidad de los jueces en las apropiaciones, a las que procuraron dar aspecto de legalidad.
El equipo de investigaciones de Abuelas pidió al juzgado de San Nicolás 66 expedientes que debieron haber tramitado allí. La respuesta fue que sólo había 22 y el resto era imposible encontrarlos. La mayoría de los que aparecieron son del período 1976-1979, cuando el juez a cargo era Carlos Marchetti, el mismo que la semana pasada la Cámara Federal de Rosario ordenó volver a investigar por las irregularidades advertidas en la adopción de Manuel Gonçalves Granada, quien había sido entregado a personas conocidas del magistrado, y recuperó su identidad en 1995.
Marchetti había dado en guarda a Manuel a una prima de su primo. Nunca publicó edictos ni solicitadas para intentar hallar a su familia biológica y el único papel que daría cuenta de “citaciones cursadas a los familiares” sería falsa: estaba firmada supuestamente por el principal Jorge Russo, que dijo que no conocía a Marchetti, y además por su rango no podía rubricar ese trámite. Los adoptantes figuraban como casados –aunque no lo eran– y se obviaron los informes socioambientales propios de una adopción. En 1977, a una pareja de San Nicolás que preguntaba por el chiquito, el juez les dijo: “Muerto el perro se acabó la rabia”. Reconstruir todo esto no fue sencillo ya que faltaba lo fundamental para poder empezar: había sido arrancada la hoja del libro índice que es la que permite identificar el expediente de guarda. En muchos de los casos que están bajo investigación sucedió lo mismo. Faltan esa y otras páginas.
Manuel Goncalves se convirtió en el impulsor de la investigación contra Marchetti, el juez civil de Lomas de Zamora Juan Delfín Castro y otros funcionarios judiciales que posibilitaron la supresión de su identidad. El juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo los había sobreseído con el increíble argumento –revertido por la Cámara– de que la culpa había sido de Ana, la mamá de Manuel, que como forma de protegerse y protegerlo había cambiado su nombre y el de su bebé.
Los 66 expedientes que Abuelas y la fiscalía de Murray rastrean se corresponden con niños que son hallados y entregados al juzgado como “NN”. Los documentos fueron requeridos al actual juez de esa dependencia, José Emilio Luciano. La primera respuesta del magistrado fue que las causas de guarda con fines de adopción habían sido remitidas a juzgados civiles. Sin embargo, allí informaron que los datos de los libros del juzgado de menores eran inexactos. No fue el único entuerto que tuvieron las Abuelas y la fiscalía con el juez Luciano. Cuando pidieron la búsqueda de los papeles de un caso específico que había sido señalado por la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) como el de un probable hijo de desaparecidos, tanto su juzgado como el de la jueza civil Amalia Fernández Balbis contestaron que no los encontraban. El 21 de marzo último fueron intimados por la Suprema Corte bonaerense a “efectuar una exhaustiva búsqueda”, “con la celeridad que el caso amerita”. Para ese entonces, Luciano ya tenía abierta una causa por resistencia a la autoridad por negarse a dar los expedientes de dos menores hijos de desaparecidos. Murray pidió la indagatoria de Luciano a fines del año pasado, pero hasta ahora el juez Villafuerte Ruzo no le hizo lugar.
Luciano fue secretario de Marchetti en el Juzgado Penal Número 3 de San Nicolás entre 1979 y 1984. Allí tramitó la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi en la que fue sobreseído hacia finales de la dictadura el ex subcomisario Luis Abelardo Patti. Luciano luego devino fiscal y, finalmente, juez de menores. Marchetti se fue a la actividad privada. Es abogado personal de Naldo Brunelli, secretario general de la UOM local quien, según fuentes judiciales, tiene un hijo adoptivo dado en guarda por Marchetti en 1977.
Los 44 expedientes faltantes siguen sin aparecer. Como informó este diario, según explicó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, el 30 por ciento de los 104 nietos que pudieron recuperar su identidad “fueron robados por procedimientos de guarda y adopción”, lo que demuestra la importancia de poder sacarlos a la luz.

Agencia de Noticias DH: agenciadenoticiasdh@gmail.com

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