NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 30 de noviembre de 2010

LA CAUSA DE FABIÁN SAMPIETRO

Se elevó la carátula de apremios ilegales a torturas
lunes 29.11.10

por APDH LA PLATA.

Este lunes se inició el juicio que persigue a los penitenciarios Marcos, Demola y Rojas de la Unidad 45 de Melchor Romero por los hechos ocurridos en julio de 2006 en perjuicio de Fabián Sampietro, quién ha pasado los últimos 23 años de su vida en la cárceles del país.
La víctima fue la primera en prestar declaración, y describió paso por paso lo que vivió cuatro años atrás. “Me dispararon con balas de goma, me pegaron un culatazo, me ataron de pies y manos, me arrastraron por el piso, me golpearon, me orinaron, me metieron el dedo en el ano. En fin, me sentí humillado y sin duda fueron torturas”, expresó Sampietro tras una extensa declaración.
La novedad de la jornada tiene que ver con la interrupción del juicio por parte de la jueza que interviene en la causa debido al petitorio formado por la representante del Ministerio Público Fiscal y los representantes de Nelson Fabián Sampietro, el Dr Oscar Rodríguez y el Dr Guerrero Iraola para elevar la causa de “apremios ilegales y vejámenes” a “tortura”.
Hubo nueve puntos clave que el Dr Rodríguez argumentó para dar cuenta de lo que vivió Sampietro, desde los disparos con balas de goma hasta los diversos insultos y golpes recibidos el 6 de julio de 2006 en la Unidad 45 de Melchor Romero.
En la misma solicitaron conforme el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, la ampliación del requerimiento, para así encuadrar la figura en la prevista en el artículo 144 ter .1 del Código Penal. Esto es, el delito de Torturas, basándonos también en el artículo 1 de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En razón de lo expuesto se solicitó a la Jueza del Juzgado Correccional 4 se declare incompetente, y así remita la causa a un Tribunal Oral en lo Criminal.
Asimismo pidieron que se remita a la Jurisdicción Federal por tratarse la calificación bajo análisis de un delito de Lesa Humanidad, por ende, que cae en dicha jurisdicción.
Finalmente la Jueza receptó los planteos de las partes acusadoras declinando su competencia y remitiendo la causas a la Secretaría de Presidencia de Cámara para su sorteo, aduciendo también que no era competente para expedirse sobre la naturaleza de lesa humanidad del delito.
Vale destacar que tanto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata como la Asociación de Trabajadores del Estado fueron los veedores del juicio.
Sampietro destacó su intención de provocar una conciencia social en los penitenciarios ya que "se producen torturas sistemáticas en las cárceles del país". Asimismo mostró en el juicio las distintas heridas que les han hecho en diversas cárceles, como la pérdida de la visión en un ojo, la pérdida de media docena de dientes, las múltiples heridas por "culetazos" y la quebradura de huesos en distintas partes del cuerpo.

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Comenzó el juicio contra dos apropiadores.

Se trata de Omar Alonso y Juan Carlos Herzberg a quienes se los acusa por la apropiación ilegal de la hija de María Elena Isabel Corvalán y Mario César Suárez Nelson, ambos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.
El Tribunal que preside el Dr. Carlos Rosanski dio comienzo el lunes 29 de noviembre del 2010 al juicio oral y público contra Omar Alonso y Juan Carlos Herzberg.
Según la causa, este último se desempeñó durante la etapa del terrorismo de estado como Capitán de Navío de Infantería de la Marina y es quien le habría entregado a Omar Alonso y su mujer, a María Natalia Suárez Nelson, hija de desaparecidos.
Luego de leer solo una parte de la requisitoria de elevación a juicio, la defensora del Ministerio Público Fiscal afirmó que Alonso ya fue sometido a proceso judicial y que aquellos pronunciamientos judiciales están firmes, agregando que los hechos por los que fue absuelto son los mismos que se le juzgan ahora. La defensora sostuvo que hubo un error judicial “Alonso estuvo sometido a proceso, estuvo detenido, fue sometido a un proceso que ya concluyó “.
En el año 2007, Arnaldo Hugo Corazza decretó el procesamiento de Omar Alonso por la apropiación de la hija de María Elena Isabel Corvalán y Mario César Suárez Nelson, ambos desaparecidos durante la última dictadura. Seis meses después, en abril de 2008, haría lo mismo con el Capitán de Navío Juan Carlos Herzberg, quien fue mencionado en reiteradas oportunidades como el entregador de la niña nacida durante el cautiverio de su madre, sin embargo, el Doctor Corazza sostuvo que no tenia elementos para su procesamiento y le dictó la falta de mérito
Respecto a ello, el abogado querellante por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo Emanuel Lovelli, sostuvo que el análisis de ADN de la joven es una prueba nueva que se ha adquirido para averiguar y aseverar la identidad de María Natalia. Asimismo y basándose en el derecho internacional, sostuvo que es válido el avance de la investigación a fines de conocer la verdad respecto a la identidad de la victima.
Tras un cuarto intermedio el doctor Rosanski citó a declarar al señor Omar Alonso. Con bastón y algunas dificultades para caminar el hombre de 71 años de profesión comerciante se sentó ante el Tribunal y dijo:”Nunca antes tuve una causa, ni una infracción de tránsito”.
Reiteradas veces el magistrado le preguntó si entendía y sabía las razones por las cuales estaba procesado a lo que el imputado contestó que sí y dijo que aceptaba la irregularidad cometida de “haber anotado él y su señora a María Natalia”.
A medida que el relato progresaba, los hechos se hacían más confusos y poco claros. Respecto a como llega la niña a sus brazos, dijo que un día tomando té con su mujer se enteró de que Herzberg le iba a entregar una nena. En relación a ello se remitió a que trabajaba todo el día, “dormía cuatros horas” y que no se podía ocupar de las cosas respecto a ese tema.
Según el imputado, estaba en Buenos Aires de viaje y al llegar a su casa se enteró que ya era padre: “Tenés un nena hermosa”, le decían sus familiares quienes celebraban la llegada de la niña.
En ese momento, Alonso le preguntó a Herzberg de donde provenía la niña y el capitán de navío le dijo que era” la hija de la hija de un superior de Infantería”, que se querían deshacer de ella y que con unos papeles se iba a solucionar todo.
“Yo a Natalia la siento mía, me levantaba a las siete de la mañana para comprarle el chupete”, dijo el imputado a la vez que contaba anécdotas de algunos momentos junto a ella como cuando la llevó a “Disney World más de 15 veces.”
En el año 1986 Natalia es llevada a Paraguay y allí contrae matrimonio con tan solo 18 años de edad. “Ella dice que yo la obligué a casarse para evitar que se haga el ADN, eso es mentira, ella me pidió un poder para casarse”, sostuvo Alonso e intentó desmentir de manera insistente las declaraciones de María Natalia y su esposa de que las maltrataba.
Los imputados
OMAR ALONSO: En agosto de 1977 el comerciante platense Omar Alonso recibió, retuvo e inscribió como propia a la hija recién nacida de Mario César Suárez Nelson y María Elena Corvalán, quien probablemente había dado a luz en la maternidad clandestina que funcionó en el Penal de Olmos, tras permanecer detenida-desparecida en el CCD La Cacha. A Omar Alonso se le imputan los delitos de sustitución de la identidad, sustracción, retención y ocultamiento de una niña menor de diez años y la falsificación de los instrumentos públicos destinados a acreditar su identidad. Llega a la instancia de juicio oral beneficiado por la detención domiciliaria que goza desde el año 2009, cuando cumplió la edad de 70 años.
JUAN CARLOS HERZBERG: El Capitán de Navío de Infantería de Marina Juan Carlos Herzberg fue un funcionario de alto rango dentro del aparato represivo, entre el 18 de febrero de 1977 y el 17 de febrero de 1978, se desempeñó como Comandante de la Fuerza de Tareas nº 5 que operaba en el área geográfica de La Plata, Berisso y Ensenada. En el Plan de Capacidades -PLACINTARA 75- la Armada Argentina se refiere a la fuerza que encabezaba Herzberg como “FUERTAR 5” o como “Agrupación Río Santiago". Padrino de bautismo de la víctima, fue señalado en distintos testimonios como quien entregó a la niña en el domicilio que figura en el certificado de nacimiento como el lugar del parto fingido. Actualmente goza de arresto domiciliario en Luis María Campos 1419, 16º A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los hechos
El 10 de junio de 1977, en un operativo dirigido por la Marina, Mario César Suárez Nelson fue asesinado en la casa que compartía con su compañera María Elena Isabel Corvalán, para ese entonces ambos militaban en la organización Montoneros. Al día siguiente, el Diario La Nación informaba que “en una finca de la calle 8 entre 82 y 83, de la ciudad de La Plata (…) el avance de los propios efectivos hizo que sus ocupantes huyeran de la vivienda, circunstancia en que se logró abatir a uno de ellos logrando el otro de sexo femenino eludir el cerco”. El cuerpo de Mario nunca fue recuperado. Ese mismo día María Elena, estando embarazada de casi ocho meses, fue secuestrada y trasladada al centro clandestino de detención (CCD) conocido como “La Cacha”, que funcionó en las afueras de La Plata. A fines de junio María Elena fue sacada del CCD para dar a luz presumiblemente en la maternidad clandestina que funcionó en la cárcel de Olmos. Pasados unos días la volvieron a llevar a “La Cacha” y quienes compartían su cautiverio supieron que había tenido una niña a la que había llamado Lucía, pero que ya no estaba con ella. Fue entonces, a principios de agosto, que su hermano Juan Manuel Ricardo Corvalán recibió el llamado de una mujer que dijo ser partera y que había atendido a su hermana cuando dio a luz a una niña que había nacido por cesárea.El 8 de agosto de 1977, el imputado Juan Carlos Herzberg entregó a la niña nacida en cautiverio al matrimonio conformado por Omar Alonso y María Luján Di Mattía en su domicilio particular sito en calle 39 nº 662, 2ª A de la ciudad de La Plata, y estos la inscribieron como hija biológica, valiéndose de un certificado de nacimiento suscripto por el médico Francisco Antonio Bosia.
Delitos

La sustracción de los hijos de las mujeres ilegalmente detenidas en los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura, y su posterior entrega a terceras personas, fue uno de los pilares del plan criminal.
En esta causa se juzgarán las conductas de las personas involucradas en los hechos delictivos descriptos, los cuales han sido calificados como sustracción, retención y ocultamiento un menor de diez años de edad, en concurso ideal con sustitución de identidad (artículos 146 y 139, inciso 2, del Código Penal, en función del artículo 54 del mismo cuerpo de normas) A los delitos mencionados, se suman el delito falsificación ideológica de documento destinado a acreditar la identidad de las personas (art. 293, 2do párrafo), a su vez en concurso real con el delito falsificación ideológica de documento público (art. 293, 1er párrafo).
fuentes: APDH La Plata y Abuelas de Plaza de Mayo - Filial La Plata.

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¿Derechos humanos?

27 de noviembre de 2010

Darío Aranda

El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.
“Este Gobierno no reprime la protesta social”. Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió (y repite) la Presidenta, ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.
Gildo Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos mutuos.
Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. “Exigimos respeto” es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.
La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron.
En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.
Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar: “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.
Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.
Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos.
Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.
Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta.
En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional.
Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia.
Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre asambleas socioambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la Presidenta.
La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el Gobierno tomó en favor del pueblo.
El asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quiénes dicen estar del lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos asesinatos.
Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios “algo habrán hecho”.



leer tambien:
http://colectivoamericamestiza.blogspot.com/2011/02/el-gobierno-de-cristina-y-sus.html

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viernes, 5 de noviembre de 2010

Plan de lucha por la libertad de Roberto Martino, Karina Germano López, Carlos Olivera y José Villalba.


(AW) El próximo miércoles 10 de noviembre se inicia un plan de lucha para lograr la libertad de Roberto Martino; Karina Germano López y José Villalba. En esa fecha, el compañero Martino comenzará una huelga de hambre. Buenos Aires 1 de noviembre de 2010 (Comité por la libertad de Martino).
Miércoles 10 de noviembre: Comienza la huelga de hambre Roberto Martino.
Lunes 15 de noviembre: Corte de Callao y Corrientes y movilización para instalar una carpa en el Congreso. En la misma, compañeros que irán rotando realizaran un ayuno.
Las propuestas a las organizaciones es si pueden participar del ayuno con grupos de compañeros por 12 hs, 24 hs o las que puedan. Se realizaran: charlas debates, cine-debate y distintas actividades. La idea es tratar de realizar una o más actividades por día.
Jueves 18 de noviembre: nuevo corte de calle.
Martes 23 de noviembre: movilización masiva a Comodoro Py; ese día se realiza la audiencia oral y pública en la Cámara de Casación Penal por la liberta de Roberto Martino y la misma movilización exigirá la libertad de Karina Germano López ya que su causa está en una sala de los tribunales de dichos tribunales.
Viernes 19 de noviembre: festival en el Congreso.
Viernes 3 de diciembre: Fin del ayuno y unificación con la jornada de lucha contra la criminalización de la protesta convocada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Próxima reunión organizativa: jueves 4 de noviembre a las 18 hs en Ademys (Venezuela 1455 dpto 9). Invitamos a todas las organizaciones del campo popular.
Comité por la libertad de Martino.

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jueves, 4 de noviembre de 2010

Un tema complejo se hace visible en la agenda política provincial: la inseguridad.

Desde los diarios, la radio y la televisión, se realiza una descripción sesgada, y superficial de robos, asesinatos y secuestros, reduciendo la seguridad de la sociedad a la ejecución de algunos delitos del Código Penal.

El Gobierno Provincial, legitimado por estos discursos circulantes, impulsa el tratamiento legislativo de un proyecto que apunta al control social y la restricción de las libertades individuales y colectivas, la modificación del Código Contravencional o de Faltas vigente.

Ante esto debemos decir que: El origen de los delitos y la violencia tienen raíces complejas y profundas, tanto sociales como institucionales: la falta de equidad social y de distribución de la riqueza, el desempleo, la exclusión y la desarticulación de las políticas educativas.

Además el sistema policial-judicial al reducir intencionalmente el concepto de delito, oculta otros como la trata de personas, el narcotráfico a gran escala, el tráfico de armas, los desarmaderos, la estafa y la evasión de empresarios y la corrupción de funcionarios y políticos. Estos delitos no sólo ocasionan un daño social mucho mayor, sino que a través de sus nefastas consecuencias sociales están entrelazados con el origen de los delitos “de calle”.

Por su parte los códigos contravencionales han sido usados históricamente para detener sin orden judicial. Sancionan comportamientos ambiguamente tipificados, lo que abre la posibilidad de ser multado/a o encerrado/a por ser considerado “sospechoso/a” o “peligroso/a”, criterio definido por el “olfato policial”.

Cuando se pide “que la policía gane las calles” se está haciendo referencia a la ampliación del poder que los y las agentes tendrán para detener a personas, ampliando su poder discrecional. Desde la asunción del gobernador Scioli, las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad apelaron a principios autoritarios en el uso de la fuerza y colocaron el eje en darle mas "potencia de fuego a la policía". De la mano de esto la Policía de la Provincia profundizó la detención de jóvenes y adolescentes por el simple hecho de ser portadores de un estigma. Se utilizan figuras inconstitucionales como “contravenciones”, “detenciones por averiguación de identidad”, aprehensiones injustificadas (a posteriori registradas como “entrega de menor”) y “pedidos de paradero” o “captura” contradiciendo lo establecido en la Constitución y fallos internacionales Estas medidas constituyen un mecanismo de persecución y control social de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

El proyecto de Código Contravencional o de Faltas del Gobernador avanza en la criminalización de la protesta social y profundiza la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad, otorgando más facultades discrecionales y arbitrarias a la Policía Bonaerense. Así se podrá meter presos a vagabundos, mendigos, borrachos, cuidacoches, limpiavidrios, travestis y prostitutas. Los que participen de despedidas de solteros o tomen una cerveza. Tampoco las personas podrán cubrirse el rostro en la calle, gritar en su propia casa o participar en marchas, piquetes, corte de calles o escribir graffitis y leyendas. Al mismo tiempo no se desarrollan políticas de promoción e inclusión que apunten a dar solución a la desigualdad social. Medidas que nunca han sido llevadas a cabo por ausencia de una voluntad política de asignarles recursos, mientras sí se destina cada vez más dinero para políticas de encierro y castigo. Este conjunto de medidas represivas y discriminatorias afectarán fundamentalmente a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, dando un manto de legalidad a muchas prácticas que ya existen, lo que lejos de ser una solución al problema de “inseguridad” agrava otros.

Todo esto profundiza un modelo social que, ante el aumento de la pobreza, de descontento social y, por lo tanto, de la organización y la protesta popular, sólo responde invisibilizando y encerrando al pobre y prohibiéndonos a todos y todas organizarnos y expresarnos.

No queremos una sociedad “controlada” bajo las armas y la amenaza constante de una institución corrupta.

Queremos una sociedad justa donde las políticas públicas de seguridad inclusivas, solidarias y democráticas, aseguren trabajo digno, salud, educación y vivienda para todas y todos.

Los códigos contravencionales son inconstitucionales.

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