NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

viernes, 21 de octubre de 2011

POR QUÉ HIJOS La Plata NO APOYA A CFK, ni a ningún CANDIDATO!!!!

La agrupación HIJOS La Plata es el nombre con que durante sus 16 años de existencia como organismo de Derechos Humanos independiente del Estado y de los gobiernos supimos nuclearnos los hijos e hijas de compañeros desaparecidos, fusilados, exiliados, presos políticos y también jóvenes comprometidos con la lucha contra la impunidad en nuestro país. En todo este tiempo trabajamos en la reconstrucción de la memoria histórica de los procesos políticos argentinos, en la búsqueda de juicio y castigo para los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura y el período represivo previo, y en la denuncia de la represión policial e institucional en la actualidad.
Estos 16 años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en la contienda social. Ya que entendemos que el único que puede violar los Derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia para poder seguir denunciando la impunidad de la violencia institucional es una premisa básica que no todos parecen aceptar.
El plan criminal que en los ´70 secuestró y desapareció a 30.000 compañeros tiene un nombre preciso, y se denomina Genocidio. La realidad confirma que en la Argentina “democrática”, una vez finalizado el genocidio aplicado por la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del modelo. Se ha reformulado el concepto de la doctrina de la “seguridad nacional” por el de políticas de “control social”. Pero estos conceptos son sólo dos caras de la misma moneda, y tienen como fin amedrentar y disciplinar a la clase de cuyo seno nace la resistencia a las políticas de desigualdad y exclusión social.
La continuidad del plan genocida se despliega hoy con políticas de autocracia y corrupción policial, gatillo fácil en aplicación permanente como amedrentamiento social a los desposeídos y judicialización de los que no son útiles a los fines de este modelo de “crecimiento con base en la exclusión”. Esta es la verdadera doble política de Derechos Humanos que el kirchnerismo ha utilizado para darse aires progresistas en su gestión y lograr una aprobación popular semi-duradera en un país que continúa presentando las tensiones propias de un esquema social de desigualdad, pero donde se ha consolidado un sector oficial acrítico en el movimiento de Derechos Humanos, que cumple el rol de convalidar lo poco que se hace en detrimento de lo mucho que queda por exigir en la materia.
Hoy a 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 54 juicios orales con sentencia en todo el país. Sólo alrededor del 13 % del total de procesados desde 2003 fue castigado (en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena), y 21 genocidas fueron ABSUELTOS. Pero además, si bien hay otros 388 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad; además de haber 36 represores prófugos de la justicia y 259 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia o condenados pero con procesos pendientes.
Así, estos procesos reproducen la impunidad, porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, mientras el conjunto de miembros de las FFAA, Seguridad e Inteligencia quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos.
La continuidad del esquema represivo es palmaria: las fuerzas de “seguridad” de los gobiernos que se sucedieron desde diciembre de 1983 hasta hoy han asesinado con el gatillo fácil a más de 3.139 personas, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 25 años. Más de la mitad de los casos corresponden a los gobiernos de los Kirchner.
La justicia selectiva utiliza jueces y fiscales para encarcelar a los que menos tienen o a los que se oponen a este modelo de explotación y saqueo. El aparato judicial al servicio de la judicialización de la protesta y la criminalización de la pobreza. El mismo al que nunca le alcanzan las pruebas contra los genocidas de ayer y los represores de hoy. Los luchadores populares son perseguidos, amenazados y agredidos, como la represión al pueblo Qom en Formosa, la vía libre a las patotas sindicales en el asesinato de Mariano Ferreyra, la arremetida de la Federal en el conflicto social en Villa Soldati, o los casos de los militantes Roberto Martino, Raúl Lescano, y Fernando Esteche, presos y condenados en causas armadas por ser referentes de sus organizaciones.
En nuestra provincia es clara la politica de Derechos Humanos del kirchnerismo a través de las iniciativas retrógradas de la gestión Scioli-Casal como solución policial a los problemas sociales. Con un Código Contravencional que recorta las libertades de todos los que no entran en su esquema de sociedad. Las cárceles y comisarías han eclosionado por el endurecimiento de la legislación penal, y siguen siendo depósitos de personas sin el menor respeto a derechos y garantías. El 70% de los presos bonaerenses no tiene juicio iniciado.
La política económica neoliberal del crecimiento con base en la exclusión y el saqueo continúa. Los servicios, las tierras y los recursos naturales siguen extranjerizados. El 40 % de los trabajadores cobran salarios en negro y la mayoría de los blanqueados perciben parte en iguales condiciones, los aumentos que se dieron por decreto fueron absorbidos por la inflación. Mientras tanto no se democratiza la participación sindical, no se genera trabajo genuino ni se universalizan los planes sociales, y se desfinancian las escuelas, los hospitales y la masa salarial de sus trabajadores.
Gobiernos como el de los Kirchner generan, NO sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de doble discurso en materia de derechos humanos y la cooptación política para repartir prebendas. Algunos de los que hace unos años estaban juntos en la calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas y no por juicios recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre, se ven hoy como si estuvieran a años luz de la lucha.
Los HIJOS somos retoños legítimos de los mejores hijos de este pueblo y la “legalidad” no nos sustenta. Vemos cómo muchos combativos, perseguidos y encarcelados en su tiempo, están hoy en espacios de poder y defienden la “legalidad” tanto como se han olvidado de la legitimidad, así como también otros, que siempre estuvieron en la vereda opuesta, aprovechan estos espacios para defender una legalidad de humanismo reformista.
Así como en estos 16 años no apoyamos a ningún gobierno hambreador y represor del pueblo, reafirmamos la voluntad de exigirle al Estado las mismas cosas que venimos exigiendo durante tanto tiempo, sin importar que se llame Menem, De la Rua, Kirchner, Ibarra, Macri, Solá, Scioli o Cristina Fernández, porque lo que está en juego es la vida y la dignidad de todo un Pueblo.
A quienes se reagruparon en “H.I.J.O.S. Regional La Plata”, y que ven en el actual gobierno una posibilidad de cambio, queremos expresarles que estamos convencidos de que es imposible que esta administración, con su política meramente testimonial, haga florecer en la realidad el país con el que soñamos, con el que soñaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los caídos en la lucha. Principalmente porque no creemos que el proyecto K sea la construcción que torcerá los destinos de la historia, ya que hoy mismo continúa vigente en ella la lógica de responder con todo el “peso de la legalidad” a la legitimidad incontestable de los reclamos populares, porque la pugna distributiva continúa inclinando el contrapeso de la balanza hacia los que más tienen, y porque las mayorías estaremos de una u otra manera allí cuando el paso hacia “lo nuevo” se construya genuinamente en serio.
Ante esta coyuntura, los HIJOS seguimos exigiendo la reparación del daño histórico que causó la dictadura y su plan económico. Pero no sólo requerimos el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices políticos, civiles y religiosos, la nulidad de los indultos a los asesinos uniformados, la restitución de nuestros hermanos apropiados, la apertura de todos los archivos de la represión y la preservación de los CCD para la investigación sobre lo que allí ocurrió, sino que también pretendemos que el cúmulo de injusticias sociales al que hoy asistimos sea resuelto. Porque creemos que los Derechos Humanos son cosas de todos los días, y mientras exista impunidad y se sigan violando los derechos políticos, económicos y sociales, seguiremos la lucha. Y si no fuera así, invitamos a aquel que vea que estos factores que analizamos se han modificado, que nos diga acaso con qué lente mágica observa la realidad.

HIJOS La Plata - 16 años de lucha
No olvidamos – No perdonamos – No nos reconciliamos

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Testimonio de Leonardo Fossati y Carlos Zaiman.


Testimonio de Leonardo Fossati, nieto recuperado.

“Mi mamá estaba atada de pies y manos”

Relató que nació en la Comisaría 5ta. de La Plata y que supo los detalles por la ex detenida Adriana Calvo, que murió el año pasado. “Las personas que la tenían secuestrada insultaban y torturaban a mi mamá mientras yo nacía”, describió.

Por Alejandra Dandan

Varias veces dijo que está bien todo lo que se hizo, pero todavía falta. Que si un día él mismo no hubiese tenido dudas sobre su identidad, a lo mejor nunca hubiese sabido que sus padres están desaparecidos. “Es importante para mí decir esto –les dijo Leonardo Fossati a los integrantes del Tribunal Oral 1 de La Plata–. Mis viejos continúan desaparecidos, a mis abuelos les robaron la vida, a mí me robaron la identidad y a mi hijo también: son cuatro generaciones que sufrieron de forma directa.”

Leonardo declaró en La Plata en el juicio por el Circuito Camps, como lo había hecho en abril en las audiencias del plan sistemático de robo de bebés. Pero ayer, cuando habló, de alguna manera, era otro. Después de la declaración de abril, el tribunal del plan sistemático le pidió que los acompañara en una inspección ocular a la Comisaría V de La Plata, el mismo lugar, la misma cocina, donde había empezado su historia. “Todavía no entiendo cómo este centro de detención donde desaparecieron mis viejos, me robaron a mí y a otra beba sigue funcionando como comisaría. A mí me tocó conocerlo en circunstancias del juicio del plan sistemático porque tuve que ver el lugar donde yo nací, donde desapareció muchísima gente. ¿Que esté a dos metros del lugar donde vecinos de La Plata vayan a hacer las denuncias y a buscar un lugar donde confiar? ¿En el mismo lugar donde secuestraron, torturaron y desaparecieron a sus propios vecinos?”

Leonardo es una de las 281 víctimas del juicio a parte de la patota de la Bonaerense. Entre ellas hubo once mujeres embarazadas, tres niños nacidos en cautiverio y cuatro secuestrados con sus padres. Leonardo es uno de ellos. Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo guiaron las preguntas. Intentaron situar el nacimiento en el contexto de la comisaría, que es uno de los ámbitos sobre los que se buscan pruebas en este debate. La vida de Leonardo, aquella que empezó cuando salió de ahí, con la intervención de una partera y una familia que se supone que lo crió de buena fe forman parte de otro expediente, en una causa paralela.

“Nací el 12 de marzo de 1977 en la cocina de la comisaría, donde estaba mi mamá, atada de pies y de manos –dijo él–. La habían trasladado para dar a luz, las personas que la tenían secuestrada la insultaban y la torturaban mientras yo nacía. En esas circunstancias nací y esto lo sé gracias a diferentes testimonios, como por ejemplo el de Adriana Calvo, que me lo contó de forma personal, y tuve la posibilidad de leerlo en diferentes testimonios.”

Leonardo, sus anteojos y la nuca pegada al pelotón de represores sentado a sus espaldas. Miguel Etchecolatz se paró en algún momento, ejerciendo ese poder de centro que convierte sus movimientos más leves en blanco de las cámaras.

“Adriana Calvo ayudó a mi mamá en todo el trabajo de parto. Cuando empezó con contracciones fue Adriana la que la ayudó y llamó a los guardias, por decirles de alguna manera, y fue ella la que me contó después del parto que yo estuve uno o dos días con mi mamá en esa celda hasta que una de las personas entró diciendo que el coronel me quería conocer. Me sacó de los brazos de mi mamá y nunca se supo más nada de mí.”

A sus padres, Beatriz Inés Ortega y Rubén Leonardo Fossati, los secuestraron el 21 de enero de 1977 en Quilmes. Beatriz estaba embarazada de siete meses, era militante de la UES. Rubén militaba en la JUP. Antes de llevarlo a la Comisaría V, pasó por el Pozo de Arana. En 2004, Leonardo se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo. El 11 de agosto de 2005 el juez Arnoldo Corazza le dio el nombre de sus padres.

“Cuando conocí toda esta historia mi hijo ya tenía ocho años y nos tocó a los dos transitar por este camino, el cual fue muy duro, porque en mi caso particularmente yo busqué mi historia. Yo me acerqué a las Abuelas con dudas y yo tenía expectativas de poder encontrar la verdad, más allá de que uno nunca está preparado para enterarse de que sus padres están desaparecidos y que fueron torturados, yo era consciente de que me podía encontrar con eso, pero en el caso de mi hijo con ocho años... fue una situación muy dura...mientras fue pasando el tiempo le pude contar por qué nos tocaba recién a esta altura de la vida conocer a nuestra verdadera familia.” La idea de una familia más amplia que la nuclear es a la que inscribió en la trayectoria de los efectos de los campos: tiene tía materna, dijo, tiene tía paterna, primos y abuelos maternos. Pero les dijo a los jueces que no tiene a sus abuelos paternos porque “fallecieron a causa de estos hechos”. Al abuelo se le disparó una leucemia con el secuestro de su hijo y a su mujer un accidente cerebrovascular que la dejó postrada en silla de ruedas durante tres años, antes de la muerte. “Así que les agradezco la oportunidad –les dijo a los jueces– y les pido que continuemos este camino"

Señalan a El Oso

Antes de Leonardo Fossati declaró Carlos Zaiman, querellante de la causa, ex secuestrado de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Su testimonio tuvo dos ejes. Situó el funcionamiento de la brigada como lugar de ingreso y distribución de prisioneros y señaló por primera vez a Carlos “El Oso” García como uno de los integrantes de la patota de su detención. Carlos lo reconoció en las primeras jornadas del juicio. “La persona que fue la que me secuestró es el señor García –dijo–. Es el que se me acerca en la vereda con el arma blanca en la mano y posteriormente vuelvo a ver en dos oportunidades.” Primero, detalló, en la casa de sus padres poco antes del secuestro. Y luego después de la liberación, treinta días después.

Declaraciones de Carlos Zaidman

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Documento que se leyó el 20/10 a un año del asesinato de Ferreyra.

Juicio y castigo a TODOS los culpables

Hoy, 20 de octubre, se cumple un año del asesinato de Mariano Ferreyra y de las gravísimas heridas recibidas por Elsa Rodríguez y otros militantes. En un país donde la mayoría de los crímenes contra el pueblo queda impune, la inmensa movilización popular logró encarcelar a José Pedraza y a la patota que, bajo sus órdenes, perpetró el asesinato. Esa gesta popular colocó, a veinticuatro horas del crimen, a más de 60.000 personas en las calles de la Capital, junto a las marchas, paros y cortes que se llevaron adelante en todo el país, con un reclamo unánime: juicio y castigo a TODOS los culpables. Otras acciones posteriores, como el festival multitudinario que trajo a Calle 13 a la Argentina, lo refrendaron después. Ese es el mismo reclamo que traemos hoy, 20 de octubre, a esta plaza. Lo que hemos logrado por Mariano sólo puede ser un aliciente para llegar hasta el final en la cadena de responsabilidades por este crimen político y para impulsar una batalla a fondo contra la criminalización de la protesta social y las patotas. Por todo esto, nos hemos convocado a esta Plaza en este día 20.

El crimen de la tercerización laboral

La lucha por Mariano sacó a la luz el infame negociado de las tercerizaciones en el ferrocarril, por el cual miles de trabajadores perciben un salario inferior al que les corresponde por la misma tarea que realizan los compañeros bajo convenio. En el caso del ferrocarril, quienes lucraban con esta precarización eran los jefes de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, propietarios de varias de las cooperativas truchas que empleaban trabajadores en condiciones indignas. Los ferroviarios tercerizados y quienes los acompañaban se pusieron de pie contra ese negociado. La burocracia sindical lo defendió a sangre y fuego: el crimen de Mariano pretendió ser un castigo ejemplar contra los tercerizados que luchaban por pasar al convenio y quienes los apoyaban. Contra lo que pretendieron afirmar -y siguieron afirmando- voceros oficiales como el ministro Tomada, en el crimen de Mariano no hubo "enfrentamiento" alguno: los tercerizados y los militantes que los apoyaban fueron emboscados por la patota de Pedraza cuando ya se retiraban de la zona de las estaciones ferroviarias.

Incluso después del crimen de Mariano, el gobierno y las privatizadas rechazaron una y otra vez la incorporación de los tercerizados a la planta. Las sucesivas medidas de lucha de los ferroviarios fueron objeto de ataques políticos e incluso represivos contra el movimiento de lucha de los tercerizados y las fuerzas que los apoyaban. Mientras tanto, Pedraza y los suyos intentaban zafar de su responsabilidad criminal. Pero la acción obrera y la tenaz movilización popular desbarató uno y otro intento: miles de tercerizados tuvieron que ser incorporados a la planta y Pedraza fue a la cárcel. Si hoy, en esta plaza, reivindicamos estas conquistas, es para decir: queremos el juicio y castigo a TODOS los culpables. Queremos el desprocesamiento de los luchadores y el fin de las patotas.

No a la impunidad

Estamos a pocos meses del inicio del juicio oral a Pedraza y su patota. Las tentativas de impunidad no sólo se despliegan en su favor, sino también de los cómplices y participes necesarios en este crimen contra la clase obrera. Ello se expresa en las tres causas que se encuentran abiertas: la causa contra la patota, contra la policía y por el intento de coimas a la Cámara de Casación.

En la causa principal, la patota de la Unión Ferroviaria y sus jefes, José Pedraza y el "Gallego" Fernández, tienen su procesamiento confirmado por homicidio calificado contra Mariano y en tentativa contra los compañeros Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

En esa causa, la valoración del plan criminal que aquí denunciamos sólo puede dar lugar a una condena: prisión perpetua para los organizadores y ejecutores del plan criminal. Pero denunciamos también la tentativa de exonerar a las otras partes necesarias del crimen: los privatizadores de la Ugofe y el aparato represivo del Estado.

A pesar de haber otorgado licencias laborales en favor de muchos de los que luego integraron el grupo de choque contra los tercerizados, los directivos de Ugofe no han sido imputados. A lo sumo, fueron convocados como testigos, es decir: como simples espectadores. Al mismo tiempo, la investigación sobre la conducta de la policía fue separada de la causa principal. En ese expediente paralelo, jueces y fiscales apenas admiten para los comisarios, subcomisarios y oficiales un "abandono de persona"; esto es, una mera negligencia y no lo que ocurrió: su participación necesaria en un escenario criminal, donde la "liberación de la zona" fue premetidada facilitó la acción de la patota y su posterior huida.

En la causa contra los comisarios, subcomisarios y oficiales de la Federal, varios de sus abogados defensores fueron colocados por el propio Ministerio de Seguridad, a través de su Dirección de Asuntos Jurídicos. Nos referimos al ministerio encabezado por Nilda Garré, quien debutó en sus funciones deteniendo e impulsando el procesamiento a los luchadores ferroviarios y a los militantes y organizaciones que los apoyaban.

Por último, en la causa por las coimas que intentaron los defensores de la Unión Ferroviaria sobre los jueces de la Cámara de Casación, se revela todo el poderío económico que siguen desplegando los asesinos, a partir del lugar que continúan ocupando en el ferrocarril privatizado. No es un dato menor que las coimas millonarias -según lo revelan las escuchas judiciales- provinieran de la caja del Belgrano Cargas, que Pedraza aún cogerencia. Pero lo mismo ocurre con la Sociedad de Operaciones Ferroviarias y la Administración de Inversiones del Ferrocarril, entes oficiales que manejan poderosos recursos y que están encabezados por personeros directos de Pedraza. Lo mismo ocurre con la Subsecretaría de Transporte, al frente de la cual continúa Antonio Luna, hombre de La Fraternidad, cuya comisión directiva encubre al número cuatro del gremio, Julio Sosa, acusado de pertenecer a los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea entre 1974 y 1980.

La permanencia de los hombres de Pedraza en el ferrocarril es sólo un aspecto de la protección del poder político sobre la burocracia sindical. Esa protección se expresa, todos los días, en la impunidad con que actúan sus patotas y en la propia persecución estatal y judicial sobre los luchadores, avalada desde el gobierno. A su turno, la sociedad entre esa burocracia, los privatizadores y el Estado continúa el vaciamiento de un sistema ferroviario en ruinas, que todo el tiempo se cobra víctimas fatales.

Después de Mariano Ferreyra

Después del crimen de Mariano, se produjeron gravísimos hechos contra los luchadores populares, a la escala de todo el país. Sólo un mes después, tres dirigentes de la comunidad Qom fueron asesinados en La Primavera (Formosa) por las fuerzas policiales al mando del gobernador kirchnerista Gildo Insfrán. Al poco tiempo, en la Capital, otros tres compañeros en reclamo de vivienda eran asesinados en el Parque Indoamericano, en medio de la represión que comandaron la Federal de Aníbal Fernandez y la Metropolitana de Mauricio Macri. También se produjo la sospechosa muerte del dirigente campesino chaqueño Mártires López, aún no esclarecida. En julio, la lucha por la tierra se cobró la vida de varios compañeros en Libertador (Jujuy), donde la policía de otro gobernador oficialista actuó en defensa del monopolio explotador de los Blaquier. La acción represiva no ha cesado tampoco sobre los luchadores obreros que desafían a las patronales y a las burocracias, como los compañeros petroleros de Santa Cruz o el compañero Olivera, del Sitraic. Mientras Olivera está preso, se ha revelado que otro burócrata sindical, Gerardo Martínez, fue integrante del Batallón 601 de Inteligencia bajo la dictadura.

Hoy existen miles de compañeros procesados, perseguidos o con amenazas de desafuero en todo el país, entre los que se cuentan delegados obreros de base, estudiantiles, dirigentes políticos y de derechos humanos. Desde esta tribuna reclamamos la libertad de Oñate y Olivera, y el desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares.

Pero tampoco ha cesado la acción de las patotas y la criminalización de los luchadores. Lo han vivido los delegados de la Línea 60, con los reiterados ataques contra ellos y sus familias por parte del mismo triángulo represivo que llevó adelante el crimen de Mariano: la burocracia sindical, la patronal y el Estado, en este caso con su pasividad cómplice. Venimos a esta marcha después de haber derrotado, también con la movilización, otra enorme provocación contra los ferroviarios que luchan. En este caso contra Rubén "Pollo" Sobrero, virtualmente secuestrado e incomunicado durante 72 horas, en un operativo fraudulento de la Justicia y los aparatos de inteligencia, que tuvo como instigador y vocero al jefe de Gabinete del gobierno nacional, Aníbal Fernández. No es casual que la provocación contra Sobrero se produzca en las vísperas del aniversario de Mariano. Después del encarcelamiento de Pedraza, el régimen político y social que lo sigue protegiendo necesita colocar en el banquillo de los acusado a los luchadores ferroviarios. Es una nueva tentativa de encubrir el crimen de Mariano, con los mismos argumentos que usaron desde el primer día: presentar a los hechos de Barracas como un "enfrentamiento" e igualar a las víctimas con los victimarios. Rechazamos esta nueva tentativa de impunidad y señalamos: ¡basta de persecución a los luchadores ferroviarios! Que vayan al banquillo los que deben estar allí: las patotas, los privatizadores, los represores, así como sus encubridores y jefes políticos.

Culminanos este acto señalando que el de Mariano Ferreyra fue un crimen político. Porque involucró al Estado, a las burocracias sindicales que lo sirven, a sus aparatos de represión y a los capitalistas que usufructúan el ferrocarril privatizado. Pero también porque terminó con la vida de un militante revolucionario.

Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, organizador de la Federación Universitaria de Buenos Aires en el CBC de Avellaneda, palpitaba todas y cada una de las luchas obreras de su zona. Pero también fue un apasionado del teatro, del cine, de la música, de la amistad y la juventud militante, que es la que lucha por una sociedad sin explotadores ni explotados. Mariano forma parte de una generación obrera y juvenil que hoy -en las fábricas, colegios y facultades- se pone de pie para dotar a los sindicatos, federaciones estudiantiles y organizaciones barriales de una nueva dirección para sus luchas. Por todos ellos, por Mariano, por Elsa, por todos los luchadores criminalizados o perseguidos, desde esta plaza decimos:

1. Juicio, condena y prisión perpetua a Pedraza y a toda la patota que asesinó a Mariano Ferreyra e hirió a Elsa y a los otros compañeros.

2. Juicio y castigo a los policías, responsables políticos y empresariales cómplices del crimen. Que los policías sean juzgados por lo que les cabe: partícipes necesarios de un homicidio.

3. Juicio y castigo a los responsables de los crímenes contra todos los militantes populares asesinados desde entonces, los compañeros Qom, los del Parque Indoamericano, los de Jujuy.

4. Basta de persecución a Sobrero, a los ferroviarios procesados, a los compañeros de la Línea 60 y a todos los luchadores obreros populares. Basta de patotas sindicales. Libertad a Oñate, a Olivera, a Germano y a todos los presos políticos y luchadores sociales.

5. Fuera los agentes de Pedraza y los privatizadores del ferrocarril. Por su renacionalización bajo gestión de los trabajadores.


Firman más de un centenar de organizaciones obreras, estudiantiles, de derechos humanos y partidos políticos.

fuente: Prensa PO

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