NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

miércoles, 26 de marzo de 2014

A 38 años... SIGUE LA IMPUNIDAD, SIGUE EL ESCRACHE!

Escrache al Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata

Escrache al Destacam...
A 38 años del golpe genocida estuvimos en las calles de La Plata y Capital con los organismos de DD.HH. independientes repudiando la impunidad de ayer y de hoy. 
En La Plata fuimos a escrachar el edificio del Destacamento 101 de Inteligencia, y todo lo que simboliza. 

A través de lo que la Memoria popular pudo reconstruir en todos estos años de lucha contra la impunidad, sabemos que después del golpe el Ejército genocida realizó una zonificación del territorio del país, para llevar adelante la represión. En ese esquema, la ciudad de La Plata y su zona de influencia pertenecía a la Zona 1 (Comando del Primer Cuerpo del Ejército) - Subzona 11 - Área 113. En esa Subzona 11, y desde esta sede de La Plata, pero también con subsedes en San Nicolás, Mar del Plata y Junín, actuó la Inteligencia militar. 

INTELIGENCIA MILITAR: aquella de la que fue parte en dictadura el general Cesar Milani, hoy jefe del Ejército por decisión del gobierno. 
INTELIGENCIA MILITAR: aquellos represores que cumplieron un rol central, pero que forman una mínima porción de los 470 condenados en estos años de juicios. 
INTELIGENCIA MILITAR: una frase contradictoria en sí misma, para mencionar a una institución a la que no le cabe otra definición que la de asesina del pueblo. 

3...

Sabemos que este lugar comenzó a funcionar como parte del esquema global de la represión del Terrorismo de Estado desde octubre del '75, es decir desde antes del golpe de Estado del 24 de Marzo del '76. Sabemos que si bien todas las agencias del Estado fueron parte de la represión, hubo una hegemonía del Ejército, al que se subordinaban tanto las fuerzas policiales provinciales, como las federales de Gendarmería y Prefectura. 

Y sabemos que según las propias directivas del Consejo de Defensa, y como lo han reconocido varios jerarcas del genocidio, la actividad de inteligencia fue prioritaria en el plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones. Y de allí que, si el Ejército llevaba el mando, y la inteligencia era prioritaria, los Destacamentos de Inteligencia actuaban como las unidades operativas principales a la hora de ejecutar el plan represivo. 

4...

Aquí se reunía información. Según los propios manuales militares “información exacta, racional y reciente” para desplegar la acción de los grupos de tareas. Destacamentos como este fueron comandados por personal militar especialmente entrenado en los cursos de la llamada Escuela Francesa. Y además fueron integrados por personal civil de inteligencia (conocido como PCI), que infiltraban escuelas, universidades y fábricas; y además interrogaban a los secuestrados y eran guardias en los Centros Clandestinos.


5...


Desde diciembre pasado se está juzgando a 16 represores de este Destacamento, como parte de los crímenes cometidos en el CCD “La Cacha”, en un juicio fragmentado, incompleto y tardío. Pero los jefes de este lugar, los coroneles Ricardo Campoamor y Alejandro Agustín Arias Duvall, murieron impunes antes de llegar al juicio. Y otros importantes represores de este lugar, como Ricardo Von Kyaw y Teodoro Gauto continúan prófugos fuera del país y no se dignan a extraditarlos. La realidad nos indica que a 10 años de reabiertos los juicios, decenas de agentes de este Destacamento ni siquiera están procesados. 

En el juicio por “La Cacha” tuvimos que soportar las mentiras de varios de esos represores que actuaban acá. El jefe de la sección “Reunión Interior” de este Destacamento, Pedro Palavezatti, reconoció que sólo en esa sección había no menos de 80 represores; y quiso desligar a “La Cacha” de este Destacamento, como si no formaran parte del mismo esquema represivo. 
También en el juicio, el Personal Civil de Inteligencia Claudio Grande, que se quiere hacer pasar hoy como un respetable veterinario de la ciudad, quiso hacernos creer que acá sólo hacían tareas administrativas, resúmenes de prensa o correo entre distintos órganos de inteligencia. 

Claudio Grande...

Muchos testimonios de familiares y sobrevivientes en el Juicio por la Verdad y en las audiencias del juicio por “La Cacha” nos cuentan la verdad sobre lo que acá se hacía: 
El traslado de los detenidos en los Centros Clandestinos desde y hacia este lugar, como parte de las tareas de la “Comunidad Informativa” de la represión. 
El engaño a que sometían a los familiares cuando venían a este lugar a preguntar por sus desaparecidos, y les decían que no sabían nada o que estaban bien cuidados, o que los tenía otra fuerza. 
Y la utilización de este espacio como lugar de control de los compañeros liberados, para que vinieran a reportarse ante el control militar de su libertad. 

6...

A 38 AÑOS DEL GOLPE FUIMOS A SEÑALIZAR Y ESCRACHAR ESTE EDIFICIO. 

Este edificio, que en los '70s pasó de manos privadas al Estado, que dirigió desde el pleno centro de la ciudad la represión en dictadura, que estuvo décadas abandonado, y que pasó desapercibido para la mayoría de la sociedad qué era lo que aquí se hacía. Hoy venimos a señalizarlo. 
Pero no de la manera hipócrita con que lo hace el Estado, desde sus secretarías, sus placas y su desidia. Transformando a los ex centros clandestinos en Museos del Horror, como se quiere hacer en la ESMA, o haciendo con estos predios negociados inmobiliarios, como pasa en el BIM 3. 
Venimos con la movilización popular, para dejar en este lugar una marca. 
Una marca que le cuente a toda la sociedad que en este lugar se planificó el genocidio, y que la mayoría de los represores que aquí actuaron continúan impunes. 

7...

Como decimos siempre 

SI NO HAY JUSTICIA HAY ESCRACHE, 
Y EL ESCRACHE LO CONSTRUIMOS ENTRE TODOS. 
POR LA MEMORIA DE LOS QUE YA NO ESTÁN 
Y CON LA LUCHA DE TODO EL PUEBLO. 

HIJOS LA PLATA 

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domingo, 23 de marzo de 2014

ANTE EL ANUNCIO DEL RECITAL EN EL POZO DE ARANA ESTE 24 DE MARZO NO A LA FIESTA SOBRE LOS HUESOS DE NUESTROS COMPAÑEROS!


Ante el anuncio de público conocimiento que convoca a un recital de Las pastillas del Abuelo y otras bandas en el sitio donde funcionara durante la dictadura el campo de concentración conocido como Pozo de Arana decimos:        
En diciembre de 2008 se produjo en ese sitio, como resultado del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, el primer hallazgo de restos humanos de detenidos-desaparecidos en el terreno de un lugar que funcionó como campo de concentración.
En reiteradas oportunidades -siendo la última en marzo de 2011- pedimos, solicitamos, exigimos de todas las maneras y por todas las vías a nuestro alcance, el total desalojo de presencia policial del lugar donde todavía funciona un destacamento.
La causa judicial por delitos cometidos en el CCD Arana se encuentra en etapa investigativa desde hace 10 años, y a la fecha solamente se ha condenado a una mínima cantidad de los genocidas responsables de los hechos allí sucedidos.
La presencia y ocupación del lugar por la misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio, de la misma policía que debe ser investigada por su responsabilidad en la desaparición de Jorge Julio López, quien fuera uno de los desaparecidos que fueran llevados y torturados a Arana, de la misma fuerza responsable de la desaparición de Luciano Arruga, de los asesinatos de Andrés Nuñez, Miguel Bru,  Darian Barzabal por nombrar algunos de los cientos de asesinados por torturas, gatillo fácil, enfrentamientos fraguados, supuestos suicidios en comisarías, etc., lejos de significar un acto reparatorio es a todas luces un hecho de violencia a la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos en el Destacamento de Arana, a todos sus familiares, compañeros de militancia y amigos.
La utilización y banalización del sitio con un recital es una gravísima afrenta. Nos ofende, nos afecta, no queremos show, no queremos exhibiciones, somos comunidad de pertenencia de los restos humanos allí encontrados, y aunque no hayan sido identificados, son nuestros compañeros, y queremos JUSTICIA!
Expresamos nuestro más enérgico repudio a la actividad organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos aires, y exigimos, una vez más, que el gobernador Daniel Scioli ordene el inmediato desalojo del Destacamento de Policía en Arana, a fin de garantizar la desafectación completa del predio de presencia policial y la consecuente preservación de pruebas judiciales realizadas y pendientes.
Exigimos también que se restrinja e impida el ingreso de cualquier tipo de público (funcionarios, público general, medios de comunicación, etc) a los sectores del predio en los que se hallaron restos humanos, especialmente a la instalación de pasarelas que permitan realizar recorridos y circulación de público por los sectores donde se encuentran los restos de los detenidos-desaparecidos asesinados en el lugar.

NO A LA FIESTA SOBRE LOS HUESOS DE NUESTROS COMPAÑEROS!
INMEDIATO DESALOJO DE LA POLICÍA DEL DESTACAMENTO DE ARANA!
NO A LA EXHIBICIÓN DE RESTOS HUMANOS DE NUESTROS COMPAÑEROS!
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS!
APARICIÓN CON VIDA DE NUESTRO COMPAÑERO JORGE JULIO LÓPEZ!

Contacto de prensa:
Carlos Zaidman (AEDD): 221 155731407 


Firmas:
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos
HIJOS La Plata
Casapueblos (España)
Codo a Codo (España)
Campaña apoyo juicios a los genocidas (España)
Sindicato Solidaridad Obrera (España)

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POR LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD


Desde la sanción de la ley 26.548 en 2009,  de creación de un nuevo Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el kirchnersimo viene generando varios descalabros en el tema de la restitución de los hijos de desaparecidos apropiados durante la última dictadura militar, como el intento de traslado físico del Banco y la disvirtuación de objeto fundacional, con la excusa de la aceleración de una de las políticas centrales referidas a la tan macionados pero poco respetados de Memoria, Verdad y Justicia.

Preocupados, y tras varios pedidos de entrevistas e informes a los funcionarios del área involucrada, incluidos el propio ministro Lino Barañao y el gobierno macrista, que busca desligar cualquier responsabilidad respecto a la manipulación de la que está siendo objeto el BNDG, los organismos y familiares no alineados con el gobierno no obtuvimos explicaciones suficientes sobre los motivos y modalidades del traslado.

Como último recurso, en agosto pasado hicimos un abrazo al actual Banco en el Durand y tuvimos que presentar una medida cautelar en el fuero Contencioso Administrativo para generar una discusión seria sobre el tema. Planteamos objeciones de constitucionalidad de 2 artículos de la ley, y requerimos la preservación de todas las muestras existentes en el actual BNDG, no sólo las referidas a lesa humanidad. En septiembre el Juez Ernesto Marinelli dictó una medida preliminar y detuvo el traslado hasta aclarar las objeciones de fondo.

Como respuesta a esta medida, desde el Ministerio de Ciencia  se justificó el acotamiento del objeto del Banco porque “existen otros laboratorios públicos que pueden hacer la tarea” de otros casos relativos a filiación que no sean lesa humanidad. Lo que el ministro Barañao no aclara, es que, aún con la existencia de otros laboratorios, que además no tienen  la experiencia del Banco para trabajar  en identificaciones, ello no excluye la responsabilidad del Estado a normar el acceso universal al derecho a la identidad y no generar el vacío legal que la nueva ley abre.

En sintonía con el ministro, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo realizó una intervención judicial en la cautelar para defender el traslado copiando los argumentos del Ministerio. En el mismo escrito presentado al juez, Abuelas destaca el elevado status del BNDG en el Durand, pero pregona la optimización de su funcionamiento. Y con ello, al defender el acotamiento del objeto de la entidad y su traspaso, no considera nunca la  posibilidad de excluir del derecho adquirido a la Identidad a aquellos que han sido víctimas de desapariciones forzadas después del 10 de diciembre de 1983, subestiman la búsqueda de personas cuyo paradero se desconoce por motivos relacionados a la represión durante la democracia, no menos importantes, ya que sobrepasan los 200 casos a través de las últimas 3 décadas. Y además se olvidan de las personas que buscan afirmar su identidad adulterada por distintos motivos sociales, y que la nueva ley de 2009 no contempla.

En diciembre de 2013 del juez Marinelli, rechazó el pedido de medida cautelar de suspender el traslado del BNDG. El fallo dispone, sin embargo, como medida de mayor resguardo, que se trasladen todas las muestras y registros existentes en el BNDG, incluidos aquellos que no estén vinculados al terrorismo de Estado.

Por lo tanto, a 38 años del Golpe Genocida, y ante la preocupación que nos genera que finalmente se dicte una sentencia definitiva y se convalide el traspaso del BNDG, hemos decido presentar ante la justicia un AMICUS CURIAE para poner en conocimiento de los jueces que la lucha por la presrevación del BNDG es acompañada por distintas personalidades vinculadas a la lucha por los DDHH.

Además, en el marco del 24 de marzo queremos  denunciar nuevamente ante toda la sociedad, que el desguace del BNDG es una maniobra más por parte del Kirchnerismo de apropiación de las banderas históricas de la lucha contra la impunidad de los crímenes del Terrorismo de Estado, al igual que el  traspaso del control de los ex centros de detención de la ciudad de Buenos Aires al orden total de la gestión nacional, los juicios fragmentados y a cuentagotas, y la  banalización de los espacios de Memoria.

Pero algo queda claro entre tantas mentiras y desprolijidad: El titular de las muestras existentes en el Banco no es el Estado Nacional, sino los familiares de desaparecidos, que tenemos total legitimidad para cuestionar al Estado, responsable del traslado, si las garantías no están brindadas. Y en todo caso, no se puede argumentar que la pretensión del Estado de búsqueda de la Verdad, que es su obligación, puede estar por encima del derecho de los familiares.



NO AL TRASPASO Y VACIAMIENTO DEL BNDG

RESTITUCIÓN DE TODOS LOS JÓVENES APROPIADOS

A 38 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA LA LUCHA CONTRA EL VACIAMIENTO DEL BNDG SIGUE DE PIE!



Espacio de coordinación Todos x el BNGD

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viernes, 21 de marzo de 2014

¡A 38 años del golpe genocida, escrache popular al pozo de Quilmes!


20 de marzo  Escrache...

Basta de impunidad!
Expropiación de todos los ex-centros clandestinos de detención!

Hace años que diversas organizaciones sociales y políticas del distrito venimos movilizándonos todos los 24 de marzo a la actual DDI (ex Pozo de Quilmes durante la última dictadura), para llevar adelante un escrache popular, para que toda nuestra ciudad sepa que en ese espacio que hoy sigue funcionando como una dependencia de la policía bonaerense, se torturó y desapareció gente; para que se sepa que ese lugar formó parte del circuito genocida que se llevó la vida de 30.000 compañeros, que vino a destruir los sueños y proyectos de transformación del pueblo argentino y la clase trabajadora.
El golpe de Estado llevado adelante el 24 de marzo de 1976 desplegó un genocidio que tuvo por objetivo acabar con la organización de los trabajadores que luchaban por un proyecto político y económico de país distinto, distinto al de entonces y distinto al de hoy. El genocidio tuvo por objetivo aniquilar físicamente a miles de personas que se organizaban para derrotar todas las injusticias de este sistema. A su vez, el golpe de Estado fue la condición necesaria para la implantación del neoliberalismo en nuestro país. Fue parte de una ofensiva a nivel internacional de la clase empresarial. Hoy, a 38 años del golpe genocida, las banderas de socialismo por las que nuestros compañeros desaparecidos lucharon, siguen vigentes. Porque siguen vigentes el hambre, la exclusión, los mono
Los empresarios que junto al imperialismo yanqui orquestaron el golpe, aún hoy siguen beneficiándose del sistema de explotación con las garantías que les otorgan los gobiernos locales.
Es por esto que la lucha de ayer no puede separarse de la lucha de hoy. Los 30.000 desaparecidos no lucharon por una sociedad en la que César Milani, participante activo del último genocidio, sea el Jefe del Ejército. Los 30.000 desaparecidos no pelearon por una sociedad en la que las balas de la represión policial se lleven a un pibe por día a causa del gatillo fácil, tampoco por una sociedad en la que continúan las desapariciones, como la de Julio López, Luciano Arruga o las miles de desaparecidas a causa de la trata de personas.
La memoria oficial es una memoria a medida de las aspiraciones hegemónicas del kirchnerismo, rápidamente se convierte en estática conmemoración o icono vacío.
Los juicios a los genocidas están estancados. A más de 10 años de anuladas las leyes de impunidad, el Estado argentino sólo condenó a 470 represores en todo el país, menos de 1 genocida condenado por cada uno de los 600 Centros Clandestinos de Detención que hubo en dictadura. Sigue habiendo decenas de represores prófugos, otros que siguen muriendo impunes y la mitad de los procesados gozando de la prisión domiciliaria. Es claro que la pretensión de castigo de estos juicios tiene un límite fijado por el Estado, 2 mil represores en todo el país, una cifra que está lejos de representar la dimensión real del aparato represivo genocida.
En La Plata, donde deberían investigarse los más de 29 CCD del Circuito Camps, llegamos a 38 años del golpe genocida con 46 represores, mientras hay otros 90 represores a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso de juzgamiento que nos proponen en la zona, no incluye más que 150 represores.
Mientras tanto sigue pendiente la búsqueda de los jóvenes apropiados durante la dictadura, porque queda por restituir la identidad del 80% de los 500 casos denunciados
históricamente. Y el Banco Nacional de Datos Genéticos, órgano central en esta tarea, hoy está siendo desguazado por el traslado de su sede y tergiversado su objeto fundacional hacia los negocios con la genética. Queda pendiente dilucidar la participación histórica y la responsabilidad penal de los integrantes de la Iglesia Católica, verdaderos agentes de inteligencia del plan criminal como Jorge Bergoglio, Emilio Graselli y tantos otros. Así como la responsabilidad de la mayoría de los jueces y médicos policiales en la entrega de los niños.
La señalización de los Sitios de Memoria se ha transformado en la política de la foto, la placa y el discurso: sólo señalizaron 76 de los 600 CCD, y no se impulsa la investigación sobre los centros que no sean emblemáticos. A los más conocidos se los quiere transformar en circos de la memoria, como se intenta hacer con el proyecto de Museo en el Casino de Oficiales de la ESMA.
La causa por los crímenes en el Pozo de Quilmes es otra muestra de la desidia que el Estado pretende hacer pasar como justicia: a más de 10 años de reabierto el expediente hay sólo 20 genocidas procesados, sólo 6 por su actuación específica en el CCD, y todo esto por un lugar donde pasaron más de un centenar de compañeros detenidos. En la causa hay varios represores con domiciliaria, otros prófugos y otros a los que directamente se les dictó la falta de mérito.
Desde los sectores populares no entendemos otra forma de la memoria que no sea activa, aquella que se apropia críticamente de la historia y la reconoce raíz, basamento del hoy y del mañana. No basta con recordar o señalar qué se hizo en los Centros Clandestinos de Detención, es preciso visibilizar la sociedad por la que los desaparecidos pelearon.
El gobierno municipal propone señalizar la DDI como espacio de tortura; desde las organizaciones sociales y políticas del distrito decimos que con eso sólo no alcanza y convocamos el 20 de marzo a un escrache popular del predio que denuncie las violaciones a los derechos humanos que allí se cometieron y que vuelva a poner en alto las banderas por las que nuestros 30.000 compañeros lucharon y por las que seguimos luchando hasta el día de hoy.

¡A 38 años del golpe genocida, escrache popular al pozo de Quilmes!
Basta de impunidad! Expropiación de todos los ex-centros clandestinos de detención!

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lunes, 17 de marzo de 2014

A 38 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA contra la reconciliación, la impunidad, los museos y la represión… SEGUIMOS RESISTIENDO


A 38 años del golpe genocida la política de Derechos Humanos del kirchnerismo muestra una elaborada farsa en cada una de las temáticas referidas a la impunidad de los crímenes del Terrorismo de Estado. 

Los juicios están estancados. A más de 10 años de anuladas las leyes de impunidad, el Estado argentino sólo condenó a 470 represores en todo el país, menos de 1 genocida condenado por cada uno de los 600 Centros Clandestinos de Detención que hubo en dictadura. Es claro que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo genocida. 

Mientras tanto seguimos buscando a nuestros hermanos apropiados, porque queda restituir su identidad al 80% de los jóvenes que aún continúan sin conocer su verdadero origen. Y el Banco Nacional de Datos Genéticos, órgano central en esta tarea, hoy está siendo desguazado y tergiversado su objeto fundacional. 

La señalización de los Sitios de Memoria se ha transformado en la política de la foto, la placa y el discurso: sólo señalizaron 76 de los 600 CCD, y no impulsan la investigación sobre los centros que no sean emblemáticos. A los más conocidos los transforman en circos de la memoria, como se quiere hacer con el proyecto de Museo en el Casino de Oficiales de la ESMA. 

Los 30 años de una democracia meramente formal se coronaron con la designación del represor César Milani al frente del Ejército, en busca de la injerencia militar en la supuesta “lucha contra el narcotráfico” y hacia la reconciliación con las Fuerzas Armadas asesinas del pueblo. 
Desde HIJOS La Plata continuamos el camino de la lucha y la denuncia, junto a los organismos de DD.HH. independientes del Estado y junto a los trabajadores. Seguimos señalando a gobiernos como éste, que criminalizan la protesta, utilizan la represión como control social y dan continuidad a la explotación y el saqueo. 

Y mientras se profundiza el ajuste sobre los trabajadores crece la represión y la criminalización de las luchas. La gestión de los Kirchner acapara más de la mitad de los casos de gatillo fácil desde 1983, la mayor cantidad de casos de procesados por luchar, y la vergonzosa condena al grupo de petroleros de Las Heras por luchar contra el impuesto al salario. 

Desde diciembre pasado se está juzgando a 13 represores del Destacamento 101, como parte de los crímenes cometidos en el CCD “La Cacha”, en un juicio fragmentado, incompleto y tardío. Pero los jefes de este lugar, los coroneles Ricardo Campoamor y Alejandro Agustín Arias Duvall, murieron impunes antes de llegar al juicio. Y otros importantes represores de este lugar, como Ricardo Von Kyaw y Teodoro Gauto continúan prófugos fuera del país y no se dignan a extraditarlos. La realidad nos indica que a 10 años de reabiertos los juicios, decenas de agentes de este Destacamento ni siquiera están procesados.


A 38 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA 
contra la reconciliación, la impunidad, 
los museos y la represión… SEGUIMOS RESISTIENDO

23 DE MARZO 17 HS PLAZA SAN MARTÍN - LA PLATA

HIJOS LA PLATA

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viernes, 14 de marzo de 2014

ANTE LA VISITA DE LA PRESIDENTA AL BIM 3,

DESDE HIJOS LA PLATA DECIMOS...



Antes que el festejo de inauguración de cualquier nuevo edificio público está la Memoria de hombres y mujeres ausentes por responsabilidad del Estado. La Memoria de los compañeros militantes revolucionarios de los '70 y de todas las víctimas del Terror de Estado que lucharon por otro país diferente al de aquellas décadas, y mucho menos parecido al actual. La probable enumeración de logros edilicios en nuevas universidades nacionales que la presidenta quizás hará el viernes 14 de marzo en La Plata, no deja de parecernos una nueva afronta. En su última visita a la ciudad, donde hace falta Jorge Julio Lopez, se encargó de decir a sus acólitos reunidos en el Colegio Nacional que ahora gracias a la democracia “nadie desaparece y estamos todos vivitos y coleando”. En esta ocasión se nota la apuesta político-inmobiliaria de la gestión K en la educación terciaria, pero esta vez nos representa una oportunidad para señalar los crímenes impunes de uno de los centros operativos más grandes de los grupos de tareas de la Armada en la ciudad, que jugaron un rol central en la represión al combativo movimiento obrero de la ribera del Río de la Plata hace casi cuatro décadas. Lo ocurrido con el predio del Batallón de Infantería de Marina N°3 (BIM 3), ubicado en 122 y 52, límite entre La Plata y Ensenada, muestra un camino sembrado de desidias judiciales, abonado con las semillas de deficiente Nemosina, y madurada esta en jugosos negocios inmobiliarios del Estado.

El accionar represivo de la Armada en nuestra zona operaba a través de denominado “Grupo de Tareas Nº 5”, desde el BIM3 y en conjunto con el Servico de Intelgencia Naval (SIN), el Hospital Naval y el Liceo Naval, más el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, el CCD “La Cacha”. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el Swift, Astilleros Río Santiago e YPF.
El BIM 3 funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de la infantería de Marina Eduardo Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata, y han sido identificados decenas de represores como los vicealmirantes Luis Mendía, Antonio Vañek, Pedro Santamaría, Juan Lombardo, el capitán de Fragata Biglioni (alias “Pato”) y el capitán de corbeta Galindez (alias “Lobo” o “Bruto”). Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.
En más de tres 38 años nunca se resguardaron las 9 hectáreas del predio como prueba judicial. La Marina se desprendió de los terrenos en diciembre de 2000 y los cedió a un holding empresario chileno, que propuso instalar un centro comercial con hipermercado, cines, y patio de comidas. El proyecto generó una disputa entre La Plata y Ensenada por la instalación de hipermercados, que se destrabó cuando la Provincia evaluó negativamente el impacto ambiental de la iniciativa.
Hoy el intendente de Ensenada, el kirchnerista Mario Secco, festeja la nueva sede universitaria como una supuesta victoria del necesario emprendimiento público por sobre la desmedida ambición privada. En realidad, desde julio de 2001 con HIJOS La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las investigaciones. Tres años más tarde se propuso instalar una Alcaldía para alojar presos, esta vez legalizados, a lo que Ensenada se opuso con un proyecto de expropiación.
En 2005, mientras reclamamos al director municipal de DD.HH. Daniel Fabián que preserve el predio, sólo obtuvimos como respuesta: “si quieren hacemos un acto, lo traemos al Flaco (por Nestor Kirchner) y sacamos una foto en la puerta”. El mismo año HIJOS y AEDD enviamos una carta al Secretario de DD.HH. nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde sumábamos información sobre los represores de la FT 5 de la Armada,y exigíamos que el Estado expropiara el predio para investigarlo y así dar impulso a las investigaciones de la causa por aquellos crímenes. Nada de eso sucedió.
En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno. Por entonces, el rector de la Universidad de La Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido “Museo de la Memoria” del BIM 3.. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA el complejo que la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban laboratorios del Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la UNLP, por un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló la Estación de Bombeo del Poliducto La Plata-Puerto Rosales. Grandes negocios para ambas partes.
En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector, Fernando Tauber, con la obra de la nuevas Facultades ya adjudicadas. En enero de 2011, al inaugurar la Universidad de Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció que los fondos para construir el proyecto del Dr. Tauber en el ex BIM3 finalmente estaban disponibles. Y en Abril de 2012 se inauguró la nueva sede de la Facultad de Psicología, mientras Tauber declaraba: “hoy comienza a tomar forma un viejo anhelo de nuestra comunidad”. Seguramente se refería menos al ideario de Memoria, Verdad y Justicia que a la nueva sede de la facultad de Humanidades, obra que fue inaugurada recientemente. Esto porque la obra en el BIM 3 siempre estuvo mucho más avanzada que la causa federal N°35 por los crímenes de la FT5 en nuestra ciudad, que durmió años su siesta impune en los tribunales platenses a cargo del siniestro juez Humberto Blanco, y que a más de 10 años de anuladas las leyes de impunidad no ha llegado a condenar a un solo marino por su accionar específico en el esquema represivo contra el activismo obrero en la zona.


A comienzos de este marzo de 2014 el juez Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y con una reciente segunda tanda de querellantes recién presentada por el espacio Justicia Ya. Pero en realidad Blanco no hizo más que dar lugar al exigüe requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas para una zona que, junto con Capital Federal Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.
Antonio Vañek, comandante de la FT5, Jorge Alberto Errecaborde, director del Liceo Naval, Juan Carlos Herzberg, comandane del Batallón, José Casimiro Fernández Carró, segundo comandante y jefe a cargo del armamento del BIM3, Ángel Antonio Mocellini, comandante del grupo de tareas de la FT5, el ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3, Roberto Eduardo Fernando Guitian, los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, y los oficiales de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza; serán llevados a juicio como únicos responsables de las patotas de Massera en la zona, y además por una cantidad ínfima de los compañeros que pasaron por el Centro Clandestino que en estas horas visita Kristina alegremente.
Eso es lo que, a casi 4 décadas de los hechos, el Estado está dispuesto a reconocer como el total accionar del denominado “Plan de Capacidades” o “Placintara”, que desde noviembre del '75 determinó tareas a la Armada con vistas a lo que luego se institucionalizó como el exterminio de toda resistencia organizada a la dictadura. El “Placintara” que fiscales y jueces investigan sólo incluye los casos de unas 40 víctimas: 3 desaparecidos, otros 35 sobrevivientes y 2 homicidios.
Hay una memoria que no se construye con inauguraciones de edificios, sino que merece justicia. La Memoria de los compañeros Miguel Orlando Galvan Lahoz y Roberto Pampillo (asesinados por la Armada y la Policía Bonaerense en octubre del '76 en 7 y 58), de Guillermo Di Bastiano (secuestrado el 13 de septiembre de 1977 y destinado al Batallón 3), de Jorge Guastapaglia (que compartió cautiverio con Di Bastiano), de Carlos García (levantado en abril de 1977 por ser delegado de la sucursal del Banco Comercial, alojado sin capucha en el BIM, torturado y perseguido porque su hermano Horacio era delegado del frigorífico Swift), de José Panettieri (profesor de Historia en las facultades de Humanidades, Ciencias Económicas y Periodismo, secuestrado en el BIM en noviembre del '76 y previamente removido de sus cargos por la intervención de Guillermo Gallo en la UNLP por “factores de alto potencial de perturbación”), por la primera detención de José Luis Barla (que estuvo primero en el BIM 3 en marzo del '76 y luego en “La Cacha” en agosto del mismo año), por Osvaldo Busetto (estudiante de Arquitectura en La Plata, secuestrado en Plaza San Martín, herido y operado en el Hospital Naval de Río Santiago, y luego desaparecido en el circuito Arana/Pozo de Quilmes/Pozo de Banfield), y por el caso de María Eliana Acosta Velasco (chilena, de 34 años, detenida en La Plata en setiembre de 1976 y recluída en el BIM 3 -caso integrante de las querellas por Plan Cóndor); y por tantos otros compañeros cuyos verdugos aún están impunes.
Seguramente ninguno de estos nombres serán evocados por la presidenta en el acto del BIM 3 en 2014. Quizás la Sra Fernandez ni siquiera sepa el interesante dato de que según el testimonio de una ex enfermera del Hospital Naval Río Santiago, en Juicio por la Verdad en el '99, se supo que las religiosas francesas Alice Dumont y Leonide Duquet habrían pasado por esa dependencia luego de ser secuestradas por la Armada. Marta Ayala, que se desempeñó en el Hospital Naval desde diciembre de 1976, relató que los empleados de ese lugar trabajaban bajo una intensa presión de sus superiores militares y civiles: "Nos instruían para que no habláramos de lo que hacíamos en el Hospital", dijo ante la Cámara Federal de La Plata. Y contó que en el Hospital, en esa época, había micrófonos ocultos y teléfonos intervenidos, y que al salir los empleados debían usar una contraseña: "Si no hacíamos esto, nos bajaban con un FAL. Había gente armada por todos lados. Cuando salían, a los oficiales les decían que tenían 'canilla libre', que significaba vaciar los cargadores". Ayala reveló que “había cabos y oficiales que decían que se quedaban con las prendas de los detenidos, como camperas y zapatillas", y que "todos sabíamos que en el primer piso estuvieron internadas las monjas, una enfermera me dijo que las vio”. Hasta contó que el almirante Emilio Massera visitaba el Hospital "a tomar mate", y que también el capitán Alfredo Astiz, condenado por la Justicia francesa por el asesinato de las monjas, estuvo en el Hospital en la época del conflicto por el canal de Beagle.
Estos datos, como el resto de la información clave para hacer avanzar la instrucción de las causas contra los genocidas, no vienen ni vendrán nunca de la sistematización de las investigaciones de parte del Estado. Son fruto de la Memoria Popular que se resiste a ser ninguneada. Pero el Estado argentino se ha dedicado a gestionar los ex Centros Clandestinos de Detención con la misma ambigüedad con que encara el resto de sus políticas de Derechos Humanos. En particular se han dedicado a privilegiar algunos lugares específicos por sobre el conjunto de las ex dependencias militares y policiales que desplegaron el Plan Sistemático de Represión, y a “resignificarlos” como si se tratara de cualquier galpón cultural, a marcarlos como prebenda que premie el apoyo a su proyecto político, o bien como jugosos emprendimientos inmobiliarios públicos o privados.
La responsabilidad de la secretaría de DDHH de Nación en este tema es central, no sólo porque gestiona el incompleto Archivo Nacional de la Memoria, sino porque según la ley es autoridad de aplicación de políticas que deben completar las investigaciones sobre los lugares que fueron Centros Clandestinos de Detención, debe actualizar su nómina, debe gestionar la cesión de los espacios, preservarlos, recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió.
Ocurre que, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, la Secretaría que conduce Martín Fresneda se ha dedicado exclusivamente a lo que denominamos la política de “la placa y la foto”. A marzo de 2014, la Secretaría informa triunfalmente que “ya suman 76 los lugares señalizados en todo el país por estar vinculados al terrorismo de Estado”, es decir que, aun siendo la señalización una acción sesgada del organismo por sobre su responsabilidad de investigar, promover las causas y preservar los espacios, sólo han señalizado el 13 % de los 600 CCD identificados por la CONADEP hace 28 años.
Las nuevas facultades en el BIM 3 se comenzaron a construir antes de que se termine de investigar los crímenes de la Armada en La Plata, y ahora se inauguran cuando la causa fragmentada por esos hechos recién fue elevada juicio oral, a realizarse en no menos de 2 años. A 10 años de anuladas las leyes de impunidad, en La Plata tenemos 1 sólo marino genocida condenado, Juan Carlos Herzberg, este año también juzgado por su actuación en “La Cacha”. En todo el país son sólo 36los navegantes del Terror condenados. En el caso del BIM 3 todo el tiempo y el esfuerzo por prsrvar el predio parecen haber sido en vano, ante un Estado enceguecido en la sed inmobiliaria para obtener un nuevo coto de caza político, aunque se construya sobre las ruinas del recuerdo de los compañeros.

Por eso decimos:
- BASTA DE BANALIZAR LOS EX CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN.
- JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
- RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JÓVENES APROPIADOS.

HIJOS La Plata.
Marzo de 2014.

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