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domingo, 5 de junio de 2011

El franquismo y los “padres” del robo de bebés

Publicado el 5 de Junio de 2011

Antonio Vallejo-Nágera fué el jefe de los Servicios Psiquiátricos del ejército de Francisco Franco, autor entre 1938 y 1939 de cinco informes que tituló Biopsiquismo del fanatismo marxista.

Los textos analizan “las relaciones entre las cualidades biopsíquicas del sujeto y el fanatismo político-democrático-comunista”, y fueron el “marco científico” en el que el dictador español se basó, no sólo para eliminar a sus enemigos políticos en la Guerra Civil, sino además perpetuar ese dominio a sus hijos, encarcelando a mujeres embarazadas y apropiándose de miles de criaturas nacidas en cautiverio para “mejorar la raza” y “reinsertar a esos individuos en la hispanidad”.
Padre de la psiquiatría española, el médico ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar en 1910. Durante la primera Guerra Mundial, cumplió el rol de agregado militar en la embajada en Berlín, donde experimentó por primera vez en campos de prisioneros. Ya con el franquismo en el poder, uno de sus trabajos sostenía que “la medicina exige una política, el marxismo es una enfermedad y en nuestras manos está en gran parte su tratamiento”.
En 1937, en su libro Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza, pide agradecer “a Nietzsche la resurrección de las ideas espartanas acerca del exterminio de los inferiores orgánicos y psíquicos, a los que llama parásitos de la sociedad. La sociedad moderna no admite tan crueles postulados en el orden material, pero en el moral no se arredra en llevar a la práctica medidas incruentas que coloquen a los tarados biológicos en condiciones que imposibiliten su reproducción y transmisión a la progenie de las taras que les afectan. El medio más sencillo y fácil de segregación consiste en internar en penales, asilos y colonias a los tarados, con separación de sexos.” Ideas que, finalmente, Franco llevó a la práctica en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña, durante la época de la República.
En la dictadura argentina, uno de los que apoyó la teoría del psiquiatra fue el general Agatino Di Benedetto, médico subdirector del Hospital Militar de Campo de Mayo entre 1976 y 1977, y a cargo de su Dirección entre 1978 y 1979. Campo de Mayo operó bajo el Comando de Sanidad Militar.
Di Benedetto también fue uno de los que reconoció durante los juicios a los represores que existieron decretos y órdenes de qué hacer con las mujeres embarazadas, y cómo proceder con los recién nacidos clandestinamente. Con una premisa que era de cumplimiento obligatorio: separar inmediatamente al niño de su madre, aniquilar a la mujer e ingresar a las criaturas a un sistema de listas para su entrega posterior.

Fuente: Tiempo Argentino

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El caso del "buchón" de los represores: "A Simone no lo echamos para no hacer lo mismo que la dictadura".

La nómina fue elaborada por el Archivo Nacional de la Memoria.

Oscar Alfredo Simone aparece en la lista de informantes civiles del Archivo Nacional de la Memoria, órgano que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su nombre figura en la página 80 del documento, junto con su DNI. (Ingresá a la nota y bajá la lista.)

Fue tema central de debate a mediados del año pasado: a comienzos de agosto, la revista Veintitrés publicó una lista de informantes civiles de la dictadura donde apareció el, por entonces, coordinador de la Inspección General de Vías y Medios de Transporte, Oscar Alfredo Simone. Sorpresivamente, el "acusado" sugirió que se trataba de otra persona y el tema quedó en "stand by".

"Simone, Oscar Alfredo", en la nómina del ANM.
Sin embargo, en el sitio oficial del Archivo Nacional de la Memoria (ANM, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) aparece una nómina del personal civil de Inteligencia que colaboró con la dictadura donde se observa el nombre del funcionario junto con su DNI.
Ante este nuevo material, el ministro de Gobierno de la provincia, Félix González, instruyó a la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini, para que se acelere el sumario que inició interinamente el Ministerio de Infraestructura contra Simone. Ubaldini también preside la Comisión Provincial de la Memoria, encargada de suministrar información al Archivo Nacional de la Memoria.
El ANM fue creado en 2003 tras la asunción de Néstor Kirchner. Un año más tarde, el 25 de mayo de 2004, el expresidente decidió que el organismo funcione en el viejo edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). El Archivo, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, elaboró un listado de víctimas de desaparición forzada y una nómina del personal civil de Inteligencia en la dictadura.
Ingresá a este link para ver y/o guardar el archivo; "Simone, Oscar Alfredo" aparece en la página 80.

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Justicia incapaz de investigar

A través de un comunicado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche dijo que el Poder Judicial de la provincia de Río Negro es incapaz de investigar con seriedad los crímenes que se cometen desde el poder del Estado.(…)

La burocracia judicial realiza formalismos y simula operatividad, sin poder ocultar que el sistema penal es un fracaso en todas sus dimensiones”.
Lo dijo en relación a la investigación del caso de Guillermo Garrido, el joven que apareció muerto en la comisaría de El Bolsón, en enero pasado, apenas una hora después de haber sido detenido por un accidente de tránsito. El doctor Ricardo Calcagno consideró que no hay delito, que Garrido “se suicidó” y cerró la causa. En tanto, sus familiares insisten en que el joven no tenía motivos para suicidarse y exigen que se siga investigando hasta hallar a los responsables.
Al respecto, la APDH señaló que “ya sea por su escandalosa selectividad para criminalizar tan sólo a los sectores más vulnerables, como por su favorecimiento a quienes delinquen desde las estructuras del poder del Estado, el archivo de la causa en la cual apenas se investigó la muy dudosa muerte del joven Garrido en el interior de una celda de la Comisaría de El Bolsón es otra muestra más de esa ceguera y esa complicidad”.
La abogada de la familia de Garrido, Marina Schifrin, apeló la decisión de archivar la causa (apelación que ahora debe resolver la cámara segunda). La letrada manifestó irregularidades desde la misma detención del joven: “Hay choques mucho más importantes por los cuales no dejan a la gente detenida”. Aclaró además que ya estaba resuelto el tema del seguro del auto y afirmó que “por una cosa así, es raro que alguien se suicide, no alcanzó a estar una hora en la comisaría”. Respecto al cierre de la causa, Schifrin aseguró: “Nunca veo que en tres meses pasen a archivo, tenemos una batería de medidas probatorias para ofrecer y nos cierran en las narices la causa. El 5 de abril el juez ordena el archivo y el 8 de abril recién pudimos ver el expediente”.

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Y en Chubut también…

En setiembre de 2010, el cuerpo sin vida de Gonzalo Julián Antillanca, de 19 años, fue arrojado desde un auto en plena calle del barrio UPCN de Trelew.

La policía dijo en un primer momento que el joven había muerto producto de un coma alcohólico.
Pero la versión empezó a caer, cuando una testigo de identidad reservada denunció que vio cómo el cabo Martín Solís, de la seccional cuarta de Trelew, le ordenaba al chofer de un patrullero que bajara el cadáver de Julián que estaba en el baúl.
A su vez, el padre del joven logró que se hiciera una autopsia que determinó que el motivo de la muerte no fue un exceso de alcohol sino fuertes golpes en la nuca. Además, un estudio complementario encontró, en el patrullero, muestras de tejido con el ADN de Antillanca.
Según denuncia la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, desde el gobierno provincial y la cúpula policial, se intentó desviar la investigación presentando testigos falsos y permitiendo que manejara la investigación la misma fuerza acusada, es decir la policía.
Actualmente, están imputados en la causa el cabo Martín Solís, con los cargos de partícipe primario y encubrimiento del homicidio; y el comisario Carlos Sandoval con los cargos de encubrimiento del homicidio y falsificación de documento público. Todas las acusaciones son agravadas por la función pública que ejercían. Solís además está bajo arresto domiciliario (detenido en una cárcel ya sería demasiada justicia…)
La familia de Julián realizará el próximo 24 de mayo una marcha en Trelew para exigir justicia. Ese día, Julián cumpliría años.

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Justicia cómplice

Viernes, 03 de Junio del 2011

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia levantó el procesamiento a los 16 policías imputados por la desaparición de Iván Torres.

La Cámara fundamentó su decisión al afirmar que “se ha impedido a los imputados puedan conocer con exactitud por cuales hechos se dicta la resolución que los agravia, ni las concretas razones por las cuales se estima probada su intervención y participación en la desaparición de Iván Torres".
Este fallo se da mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúa qué fecha fijar para la audiencia en la que el Estado argentino deberá responder por la desaparición forzada de Iván.
Iván Eladio Torres desapareció el 2 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia. Era albañil y sufría permanentes hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte de la policía local. Varios testigos vieron cómo efectivos lo detenían en la puerta de una heladería y lo llevaban a la comisaría primera, último lugar en el que se lo vio con vida.
Además, en el transcurso de la investigación, que lleva ya ocho años, seis testigos del caso aparecieron muertos en extrañas circunstancias (baleados, suicidados, etc.).

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Bariloche: Condena al gatillo.

Viernes, 03 de Junio del 2011

La Cámara Primera del Crimen de Bariloche condenó a 20 años de prisión al policía Sergio Colombil por el asesinato de Diego Bonefoi, ocurrido en junio de 2010.

(Analia Rodriguez - Red Eco) Río Negro - Sergio Colombil, cabo de la policía rionegrina, fue condenado por el delito de "homicidio calificado por abuso funcional", se le impuso además una "inhabilitación absoluta" por 20 años.
La Fiscalía y la querella habían pedido la condena a cadena perpetua, mientras que la defensa del oficial solicitaba un máximo de 6 meses de prisión al argumentar que el disparo que mató al joven había sido accidental.
Diego Bonefoi tenía 15 años cuando fue asesinado el 17 de junio de 2010 con un disparo por la espalda que impactó en su cabeza. Al tomar conocimiento del asesinato del joven, los vecinos se manifestaron contra la comisaría 28, a la que pertenecían los policías involucrados. Esta manifestación fue reprimida por el grupo anti-motines BORA que ocasionó decenas de heridos y dos muertos más: Nicolás Carrasco, de 16 años, y Sergio Cárdenas, de 29.
Al finalizar el juicio, el padre de Diego, Sandro Bonefoi manifestó a FM Gente de Radio estar satisfecho con la condena, y aseguró que seguirán acompañando a las familias de Carrasco y Cárdenas para que se haga justicia. A su vez, adelantó que iniciarán acciones legales para llegar a los responsables políticos de estas muertes: “Esto es para que Larreguy y Cufré sienten cabeza, que sepan que tienen que estar con el pueblo y no con la corrupción. Basta de trata de personas, de discriminación, de pegarle a los pibes en la calle. Por Diego y por tantos casos que han quedado impunes sería muy bueno que Larreguy y Cufré estén sentados en el banquillo dando respuesta a las otras muertes que han quedado”.
El ministro de Gobierno provincial, Diego Larreguy, y el secretario de Seguridad, Víctor Cufré, continúan siendo investigados junto con el jefe de la policía, comisario general Jorge Villanova; otros jefes policiales, y varios efectivos del BORA. Los familiares de los jóvenes, junto a organizaciones de derechos humanos y sociales, han pedido cantidad de veces las renuncias de los funcionarios, y se han movilizado cada mes para exigir justicia y denunciar reiterados episodios de persecución policial.
Al poco tiempo del asesinato de Diego, su hermano Fabio Bonefoi, de 18 años, fue a un hotel, acompañado de un amigo, a buscar trabajo. Al presentarse, lo hicieron esperar y llamaron a la policía. Los efectivos lo detuvieron, lo golpearon duramente y le practicaron un simulacro de ahorcamiento al tiempo que le advertían que no ande por el centro de la ciudad.
Unos meses más tarde, en noviembre, Sandro Bonefoi, fue apresado y acusado de agredir a la mujer de un policía que estaba destruyendo material de difusión por el caso de Diego y en contra del gatillo fácil.
A su vez, la madre de Diego denunció que un día después de que la fiscalía y la querella pidieran que el cabo Colombil fuera condenado a prisión perpetua, varios policías balearon el frente de su casa al grito de “ahora vayan a llorar a Dieguito, chorros” mientras ella y sus hijos dormían.
Por otro lado, la investigación judicial es continuamente entorpecida. El juez Martín Lozada, que investigaba los asesinatos de Carrasco y Cárdenas, fue separado del caso en mayo de este año luego de haber citado a declaración indagatoria al secretario de seguridad Víctor Cufré y a varios jefes policiales.
Los camaristas de Bariloche hicieron lugar a un pedido del abogado de los policías investigados que pidió separar a Lozada del caso con el argumento de que tiene “enemistad” con la policía, un pedido apoyado por el Fiscal.
En un primer momento, Lozada tuvo el caso Bonefoi pero fue apartado luego de dictarle el procesamiento al policía acusado, Sergio Colombil, condenado hoy a 20 años de prisión.

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Incendio y muerte en la Unidad 20 del SPF.

MURIERON DOS INTERNOS DEL PSIQUIATRICO DEL SPF UBICADO JUNTO AL BORDA.

El fuego se desató en la celda de uno de los internos, ubicada en la Sala de Tratamiento Individual. Falleció junto a otro privado de libertad. El CELS responsabilizó al Estado por el deterioro de la infraestructura.

Dos personas que estaban privadas de su libertad en el Servicio Psiquiátrico Central para Varones (Unidad 20 del Servicio Penitenciario Federal) murieron ayer en un incendio ocurrido dentro de esa dependencia. El edificio, ubicado en Barracas, lindero al Hospital Borda, sufrió el siniestro “alrededor de las 3 de la madrugada” de ayer, en la habitación de uno de los internos fallecidos, según informó el SPF, a través de un comunicado. Además de los dos muertos, hubo otro presidiario, dos miembros del personal carcelario y un bombero que resultaron heridos, aunque ninguno de ellos de gravedad. Todavía se desconoce si el inicio del fuego fue accidental o intencional. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales entendieron lo ocurrido como parte de la “crisis estructural” de las instituciones de encierro.

David Díaz Ríos y Leandro Nahuel Muñoz fueron los internos que reportó como muertos el Servicio Penitenciario Federal. Ambos estaban encerrados “en la Sala de Tratamiento Individual, por prescripción del psiquiatra de turno, Emiliano Hayquel”, miembro del dispositivo civil que gestiona en la unidad el Programa Nacional del Interno con Enfermedad Mental Grave.

Una fuente de ese equipo, que prefirió no revelar su nombre, le dijo a Página/12 que, aunque no sabe “si hubo un cortocircuito o si Muñoz ingresó con un fósforo –ya que el incendio se produjo en su habitación–, si hubiesen funcionado bien las cámaras de videos de las piezas, si el material de las mismas fuese ignífugo y si hubiera ventana para observar al internado, no tendría que haber pasado esta tragedia”. Y a eso sumó que “Muñoz tenía un cuadro psiquiátrico para el que este edificio, de 150 años, no está preparado”. Sin embargo, contó que “la semana pasada se practicó un simulacro de incendio, y funcionó de forma impecable”.

En la misma línea, a través de un comunicado, desde el CELS responsabilizaron al Estado y definieron lo ocurrido como parte de la “crisis estructural” de las instituciones de encierro del país, y “de las graves violaciones a los derechos humanos” a los internos de éstas. Las celdas donde estaban los fallecidos suelen ser “espacios cerrados, sin ventilación” y “con paredes acolchadas que deberían contar con un tratamiento ignífugo adecuado”, cuestionaron. Ahora investigará todas esas líneas la Fiscalía de Instrucción número 11.

Pese a versiones que indicaban su funcionamiento dentro del Hospital Borda, la Unidad 20 sólo aloja detenidos con trastornos mentales derivados por la Justicia y no coordina actividades con el hospital, aclararon desde ambas instituciones.

Durante el incendio intervino personal del Cuartel III de Bomberos Voluntarios de Barracas, que trabajó durante dos horas hasta que logró sofocar el fuego. También asistieron al lugar agentes de la comisaría 28ª y unidades del SAME.

Tras el suceso, todos los internos fueron evaluados médicamente en el lugar, y un interno que resultó herido levemente “fue internado en el Penna”, informaron desde el Ministerio de Salud de Ciudad. Asimismo, debieron ser atendidos en el Hospital Penna los adjutores principales de la Unidad 20 Nahuel Mugica y Sergio Portillo debido a daños sufridos en los primeros instantes de iniciado el fuego, pero se encuentran fuera de peligro. Un oficial de bomberos también resultó afectado por la inhalación de gases, aunque no sufrió un daño de consideración.

Informe: Leonardo Rossi.

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MARIA EUGENIA VIDAL: “APELAREMOS”

La Justicia obligó al gobierno porteño a incluir a las familias de "La Veredita" en un plan de viviendas.

Con una fuerte custodia policial y de Gendarmería, camiones recolectores de residuos y topadoras derribaron algunas de las precarias viviendas asentadas sobre la vereda de la calle Portela, en el Bajo Flores. En tanto, la jueza porteña en lo Contencioso Administrativo, Elena Liberatori, ordenó al gobierno porteño que incorpore a las familias damnificadas al programa de vivienda transitoria y les otorgue una cuota única de 7.200 pesos para paliar la situación. Pero la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, desconoció la medida y anticipó que la apelará.

La orden de la jueza refiere al régimen denominado de "solución habitacional transitoria" está "previsto en el artículo 13 de la ley 341" y es "instrumentado por el programa de Vivienda Transitoria del Ministerio de Desarrollo Social", que depende de la candidata a vicejefa de gobierno Vidal, quien dijo desconocer el fallo. "Cuando seamos notificados, apelaremos", dijo.

Al hacer lugar a una medida cautelar presentada por los ocupantes del predio, la magistrada también dispuso el pago de una cuota sólo a las personas censadas e identificadas como habitantes del lugar.

Lo que exigen las familias es una vivienda. Pero se les había ofrecido 700 pesos por mes y 1.200 a los que tienen familia. Esas cantidades de dinero fueron las que el Ministerio de Desarrollo Social les otorgó en respuesta a la demanda de ser incluidos en un plan de viviendas.

Mientras tanto, en predio ubicado en Riestra y Portela las topadoras continúan con el derribo de casillas, que son desprendidas del suelo en palas mecánicas y arrojadas en camiones de residuos. Mientras, personal de las policías Federal y Metropolitanas custodian el lugar.

El abogado de las familias, Lisandro Teskiewicz explicó que el otorgamiento de esa cuota única está destinada a que "las familias puedan establecerse en una vivienda transitoria hasta que se les facilite acceder a un crédito para la vivienda".

Explicó que esa medida significa que el Gobierno porteño deberá disponer de "un asistente social por familia para que las acompañe a realizar los trámites destinados a obtener la viviendas transitorias y luego el crédito para una definitiva".

Esta mañana, un grupo de unas 60 personas aceptó dejar el lugar y fue censado para recibir el subsidio de 700 a 1.200 pesos, ante la presencia del ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Luego de que esas personas decidieron dejar el predio, hasta que las topadoras destruyeron las casillas.

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ASESINATO DE MARIANO FERREYRA

Piden el procesamiento de los policías como "partícipes necesarios"

Dos querellantes en la causa por el crimen del militante del Partido Obrero (PO) reclamaron a la jueza Wilma López que procese a los agentes de la Federal que estuvieron en los hechos del 20 de octubre pasado, como "partícipes necesarios" del homicidio. Se trata de una causa paralela a la que están involucrados el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y los otros nueve miembros de la patota vinculados al crimen, que irán a juicio oral.

Al cerrar la etapa de investigación y enviar a juicio oral a Pedraza -que será juzgado por el Tribunal Oral Criminal 21- y los otros nueve acusados, la magistrada anticipó que continuaría analizando la responsabilidad de siete policías federales que estaban en el lugar y liberaron la zona para que la patota actuara. Es en este intersticio que las querellantes colaron los pedido de procesamientos para el comisario mayor Hugo Ernesto Lompizano, del subcomisario Luis Alberto Echavarría, del oficial principal Gastón Maximiliano Ezequiel Conti y del comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, jefe de Control de Líneas de la PFA, entre otros.

Así pretenden que se investigue el accionar de los policías que actuaron en el operativo de seguridad el 20 de octubre del año pasado en el barrio porteño de Barracas, cuando Ferreyra fue asesinado de un balazo. Los abogados querellantes Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú sostuvieron que "el personal policial fue parte activa (y no por simple omisión) del plan urdido para aleccionar a los trabajadores tercerizados (de la línea Roca) y sus acompañantes”, entre los cuales estaba el militante del PO.

Según el argumento de las letradas, “sin la cooperación” de los policías, “acordada de antemano y cuidadosamente coordinada con los ejecutores de los homicidios, no hubiera podido perpetrarse el hecho investigado”. El texto afirma que los agentes de la Federal "conocían de antemano la situación y la alta probabilidad de un ataque violento de la Unión Ferroviaria (UF), además de facilitarlo, apartándose y abriendo camino a la patota de la UF".

En la causa el fiscal Fernando Fiszer pidió ya a la jueza que dicte procesamientos por "abandono de persona calificado e incumplimiento de deberes de funcionario público". Por su parte, los querellantes también los acusaron de permitir que se sacaran las armas del lugar y de "garantizar que se perdiera o directamente se encargaron de eliminar evidencia crucial, como vainas y plomos".

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-169420-2011-06-03.html

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Reabren el caso de Neruda

El proceso se suma a otras causas abiertas para determinar responsabilidades en las muertes de importantes personas en manos de los organismos represivos de la Junta Militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990.

Desde Santiago: Por Christian Palma

El juez Mario Carroza abrió ayer una investigación por la querella presentada el pasado martes por el Partido Comunista (PC) para que se investigue el presunto asesinato del poeta y Premio Nobel Pablo Neruda, ocurrida 12 días después del golpe de Estado que instaló la dictadura de Augusto Pinochet.

Este proceso se suma a otras causas abiertas para determinar responsabilidades en las muertes de importantes personas en manos de los organismos represivos de la Junta Militar que gobernó Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Se trata, además de Neruda, del ex presidente socialista Salvador Allende, del ex presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva y del ex ministro de Allende José Tohá, padre de la actual presidenta del partido opositor PPD. A esas causas se suman otras 726 solicitudes de investigación por casos de muertes no aclaradas.

Hace unos días, el PC manifestó diversos interrogantes frente a las causas que rodearon el fallecimiento del Premio Nobel de Literatura (1971), quien murió en la clínica Santa María el 23 de septiembre de 1973, la misma donde falleció Frei Montalva a principios de los ’80. En ese escenario, habían solicitado a Carroza investigar si el poeta –militante PC– murió asesinado y no debido a un cáncer de próstata, según estableció el relato oficial de los hechos. Carroza es el mismo juez que lleva adelante las diligencias para dilucidar la muerte de Allende.

Las dudas las planteó el chofer y asistente personal de Neruda, Manuel Araya, que a comienzos de mayo, en una publicación mexicana, sostuvo que el creador de Veinte poemas de amor y una canción de- sesperada fue asesinado con una inyección aplicada por un doctor y no a causa de la afección que padecía.

El juez citará a declarar a Manuel Araya, pues en la querella se estableció que su “declaración es esencial para el establecimiento de los hechos, por lo que se requiere que a la brevedad ponga a disposición del Tribunal todos los antecedentes de que dispone”.

Además, el magistrado determinó incautar la ficha clínica y otros antecedentes relacionados con la internación de Neruda en la Clínica Santa María y solicitó al Registro Civil datos respecto de la defunción del poeta como el certificado médico. La Policía de Investigaciones quedó así con una contundente orden para indagar.

Según dirigentes del PC, a los dichos de Araya se adicionan diversas declaraciones como, por ejemplo, la del ex embajador de México en Chile Gonzalo Martínez, que estuvo con Neruda un día antes de su muerte.

“Esta querella ha sido presentada porque han surgido versiones que desmienten lo que hasta ahora considerábamos la versión oficial sobre la muerte de Pablo Neruda”, aseguró Guillermo Teillier, presidente del PC chileno.

Algunos recortes de prensa de la época desestimaron la versión dada por la autoridad y se especuló que el asesinato evitaría el exilio de Neruda y su probable rol opositor contra el gobierno de Augusto Pinochet en el exterior.

Con todo, ayer la Fundación Pablo Neruda –que administra todo el legado del poeta, incluida sus casas-museo en Santiago, Isla Negra y Valparaíso– desmintió, a través de un comunicado, la versión de Araya.

“No existe evidencia alguna ni pruebas de ninguna naturaleza que indiquen que Pablo Neruda haya muerto por una causa distinta del cáncer avanzado que lo aquejaba.”

La misiva agrega que “no parece razonable construir una nueva versión de la muerte del poeta, sólo sobre la base de las opiniones de su chofer, el señor Manuel Araya, quien viene insistiendo en este asunto sin más prueba que su parecer”.

Neruda y Allende eran grandes amigos. A partir del 11 de septiembre, día del golpe de Estado que incluyó un cobarde bombardeo a La Moneda y que terminó por derrocar al ex presidente socialista, Neruda vio afectada su salud hasta que falleció por sus complicaciones de un cáncer de próstata, sumado al deterioro emocional y del asedio de las fuerzas golpistas, que arrasaron con sus bienes. Eso hasta ahora.

Araya, de 65 años, en una conversación con AFP, añadió que “el asesino fue Pinochet, que mandó a matar a Neruda para que no se le vaya del país, porque su carácter de intelectual no le convenía para tenerlo de opositor”.

Sin embargo, la fundación describe que el golpe militar, la muerte de Salvador Allende y la persecución desatada contra otros de sus amigos “agravó su estado de salud, hasta el punto de que, en las difíciles condiciones creadas por la represión de esos días, tuvo que ser trasladado de emergencia desde su casa de Isla Negra –en la costa chilena– a la Clínica Santa María, el 19 de septiembre”.

Sin embargo, el ex colaborador del Vate agrega que “lo llevamos a internar por seguridad, porque corría peligro. Estaba preocupado y nervioso, pero bien de salud, temía que lo mataran”.

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