NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

miércoles, 21 de diciembre de 2011

Represores a Cultura

La Secretaría de Cultura, dirigida por Jorge Coscia, contrató a la empresa de seguridad Organización Anselmi para vigilar el patrimonio de varias dependencias. La empresa está dirigida por un represor acusado de delitos de lesa humanidad. El ofrecimiento de tareas de inteligencia de la compañía y su posible participación en la desparición de Julio López fueron ignorados por la institución gubernamental a la hora del contrato. Luego de pasar a retiro, muchos represores de la última dictadura encontraron en el negocio de la seguridad privada una buena forma de camuflarse en la sociedad civil y pasar desapercibidos, aunque sin abandonar sus viejas prácticas, para las cuales se creen infalibles expertos. Uno de ellos, Rolando Oscar Nerone, encontró resguardo en la empresa de seguridad a cargo de la vigilancia de la Secretaría de Cultura de la Nación, dirigida por Jorge Coscia, y varias de sus dependencias.

La causa judicial que investiga el accionar de la Triple A –banda de choque paraestatal impulsada por el gobierno de Juan Domingo Perón, en particular, por su ministro de Acción Social José López Rega– da cuenta de que Rodolfo Walsh fue el primero en advertir a una célula paramilitar ligada a la Policía Federal encargada de investigar, identificar y secuestrar a exiliados políticos latinoamericanos. Un antecedente directo del Plan Cóndor de represión coordinada en Latinoamérica. El responsable de inteligencia de ese grupo, según pudo comprobar Walsh, era un comisario hasta entonces ignoto: Rolando Oscar Nerone.

Foto de Rolando Oscar Nerone en su legajo personal de la Policía Federal

Nerone se especializó en este área y formó parte de las acciones represivas de la dictadura, según consta en su legajo policial, al que tuvo acceso plazademayo.com. Sin embargo, quizás el accionar de este represor no quede impune, ya que su caso llegó a la justicia. A mediados de este año, el juez federal Daniel Rafecas procesó a Nerone por la desaparición de la argentino-uruguaya Victoria Lucía Grisonas, ocurrida el 26 de septiembre de 1976 en la casa en la que vivía con su marido uruguayo Roger Julien y sus dos hijos, Anatole, de cuatro años, y Victoria, de casi 1 año y medio. Ambos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33) de Uruguay.

En la tarde de ese 26 de septiembre, fuerzas del ejército argentino y el uruguayo, la Policía Federal y la Side irrumpieron en la casa de los Julien Grisonas. Roger Julien intentó defenderse con una pistola, y uno de los disparos hirió a Nerone en su pierna izquierda. Esto se encuentra asentado en legajo personal del inspector donde se detallan las “lesiones sufridas el 26.9.1976, al resultar herido por delincuentes subversivos cuando realizaba un allanamiento”.

La pareja intentó huir con sus dos hijos al hombro, pero fueron detenidos. Según la confesión del represor Eduardo Ruffo, que formó parte del operativo, ante la inminente detención Julien se tomó una cápsula de cianuro y murió en la calle a los pocos segundos, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Victoria y sus hijos fueron trasladados al centro clandestino de detención Automotores Orletti, aunque los niños fueron abandonados en 1979 en una plaza de Valparaíso, en la república de Chile, lo cual permite sostener que su destino fue decidido en el marco del Plan Cóndor de represión coordinada entre las dictaduras latinoamericanas. Los niños se transformaron, en 1983, en los primeros dos nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo.

Hasta su procesamiento, Rolando Nerone, de 64 años, se mantuvo en el anonimato. En el último tiempo se desempeñó como Director Técnico de la empresa de seguridad privada Organización Anselmi SRL, según el registro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actualizado el 25 de noviembre de 2011. Un listado en la página web de la compañía indica que esta empresa trabaja actualmente para la Secretaría de Cultura de la Nación, y se encarga de custodiar al menos nueve edificios que dependen se su órbita, entre los que se destacan el Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace), la Manzana de las Luces, el Museo Mitre, el Museo del Cabildo y el Instituto Nacional Sanmartiniano.

Según pudo comprobar plazademayo.com, el Palais de Glace, en Posadas 1725, y el InstitutoNacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, en Montevideo 671, cuentan actualmente con los servicios del personal de Anselmi SRL, cuyo uniforme consiste en una camisa gris, pantalón negro y zapatos al tono. En el caso del Palais, son al menos 8 personas las encargadas de custodiar el edificio.

Plazademayo.com intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el secretario de Cultura Jorge Coscia para consultarlo acerca de la contratación de esta agencia de seguridad signada por los antecedentes de su directo técnico.

Coscia se negó a responder personalmente.

Finalmente, el departamento de prensa de esa entidad señaló a este sitio que “el vocero Manuel Sosias explica que la contratación se realizó con el dueño de la empresa y que no se conocían los antecedentes ni accionar de Nerone”.

Cabe preguntarse si no corresponde una investigación exhaustiva de las agencias de seguridad a ser contratadas por organismos del Estado, ya que ha sido comprobado una y otra vez que la mano de obra desocupada de la dictadura encontró en ellas un refugio laboral contemporáneo. “Muchos de los exonerados de las fuerzas armadas y de las policías provinciales por delitos de lesa humanidad supieron ´reciclarse´ como directivos técnicos de estas empresas, ya que se presentan como ´expertos de la seguridad´”, explica Martín Medina, autor del libro Quién custodia a los custodios.

Por otro lado, la Organización Anselmi, cuyo director es el represor Nerone, ofrece entre sus servicios la realización de tareas de inteligencia entre las que incluye el espionaje sobre “perturbadores profesionales”, la investigación de “sabotajes”, “huelgas”, “conflictos” y “faltas intencionales”. También ofrece investigar “antecedentes ambientales de trabajo” y “políticos”. Estos servicios, que llenarían de orgullo a cualquier fuerza de represión ilegal, se exhiben de manera explícita en su página web.

No sólo eso. En 2007, la secretaría de Derechos Humanos, con el objetivo de intentar dar con el paradero de Jorge Julio López, entregó a la justicia federal un listado de empresas que podrían estar vinculadas a represores de la última dictadura. Entre ellas figura Organización Anselmi.

Todos estos antecedentes a los que se puede acceder con la mayor facilidad fueron ignorados por la dependencia gubernamental de la que dependen los quehaceres de la cultura nacional a la hora de entregarle la seguridad de sitios que resguardan nuestro patrimonio. Un error que Coscia debería enmendar de inmediato, a la vez que dar explicaciones.

de plazademayo.com 21/12/2011
Por Camilo Pupt

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martes, 20 de diciembre de 2011

LISTA DE LOS QUE VOTARON LA LEY "ANTITERRORISTA" EXIGIDA POR EL GAFI EN DIPUTADOS.


QUE EL MUNDO CONOZCA ESTA ESCORIA ENTREGUISTA!

Apellido y Nombre Bloque político Provincia
ABDALA de MATARAZZO, Norma Amanda Frente Cívico por Santiago Santiago del Estero AFIRMATIVO
ALBRIEU, Oscar Frente para la Victoria - PJ Rio Negro AFIRMATIVO
ALONSO, Maria Luz Frente para la Victoria - PJ La Pampa AFIRMATIVO
ARAGON, Santiago Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
ARREGUI, Andres Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
AVOSCAN, Herman Frente para la Victoria - PJ Rio Negro AFIRMATIVO
BALCEDO, Maria Ester Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
BARRANDEGUY, Raúl Enrique Frente para la Victoria - PJ Entre Ríos AFIRMATIVO
BASTERRA, Luis Eugenio Frente para la Victoria - PJ Formosa AFIRMATIVO
BEDANO, Nora Esther Frente para la Victoria - PJ Córdoba AFIRMATIVO
BERNAL, María Eugenia Frente para la Victoria - PJ Jujuy AFIRMATIVO
BERTONE, Rosana Andrea Frente para la Victoria - PJ Tierra del Fuego AFIRMATIVO
BIANCHI, Ivana María Frente Peronista San Luis AFIRMATIVO
BIANCHI, María del Carmen Frente para la Victoria - PJ Cdad. Aut. Bs. As. AFIRMATIVO
BIDEGAIN, Gloria Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
BLANCO de PERALTA, Blanca Frente para la Victoria - PJ Santa Cruz AFIRMATIVO
BRAWER, Mara Frente para la Victoria - PJ Cdad. Aut. Bs. As. AFIRMATIVO
BRILLO, José Ricardo Movimiento Popular Neuquino Neuquén AFIRMATIVO
BROMBERG, Benjamín Frente para la Victoria - PJ Tucumán AFIRMATIVO
BRUE, Daniel Agustín Frente Cívico por Santiago Santiago del Estero AFIRMATIVO
CALCAGNO, Eric Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
CARLOTTO, Remo Gerardo Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
CARMONA, Guillermo Frente para la Victoria - PJ Mendoza AFIRMATIVO
CASELLES, Graciela María Frente para la Victoria - Partido Bloqui San Juan AFIRMATIVO
CATALAN MAGNI, Julio Cesar Frente para la Victoria - PJ Tierra del Fuego AFIRMATIVO
CEJAS, Jorge Alberto Frente para la Victoria - PJ Rio Negro AFIRMATIVO
CHIENO, Maria Elena Frente para la Victoria - PJ Corrientes AFIRMATIVO
CIAMPINI, Alberto Frente para la Victoria - PJ Neuquén AFIRMATIVO
CIGOGNA, Luis Francisco Jorge Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
CLERI, Marcos Frente para la Victoria - PJ Santa Fe AFIRMATIVO
COMELLI, Alicia Marcela Movimiento Popular Neuquino Neuquén AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
CORDOBA, Stella Maris Frente para la Victoria - PJ Tucumán AFIRMATIVO
CURRILEN, Oscar Rubén Frente para la Victoria - PJ Chubut AFIRMATIVO
DATO, Alfredo Carlos Frente para la Victoria - PJ Tucumán AFIRMATIVO
de PEDRO, Eduardo Enrique Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
DEPETRI, Edgardo Fernando Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
di TULLIO, Juliana Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
DIAZ BANCALARI, José María Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
DIAZ ROIG, Juan Carlos Frente para la Victoria - PJ Formosa AFIRMATIVO
DONKIN, Carlos Guillermo Frente para la Victoria - PJ Formosa AFIRMATIVO
ELICECHE, Carlos Tomas Frente para la Victoria - PJ Chubut AFIRMATIVO
ELORRIAGA, Osvaldo Frente para la Victoria - PJ Entre Ríos AFIRMATIVO
FELETTI, Roberto Frente para la Victoria - PJ Cdad. Aut. Bs. As. AFIRMATIVO
FELIX, Omar Frente para la Victoria - PJ Mendoza AFIRMATIVO
FERNANDEZ SAGASTI, Anabel Frente para la Victoria - PJ Mendoza AFIRMATIVO
FERRA de BARTOL, Margarita Frente para la Victoria - PJ San Juan AFIRMATIVO
FERREYRA, Araceli Frente para la Victoria - PJ Corrientes AFIRMATIVO
FIORE VIÑUALES, Cristina Renovador de Salta Salta AFIRMATIVO
FORCONI, Juan Carlos No Integra Bloque Santa Fe AFIRMATIVO
FORTUNA, Francisco Jose Córdoba Federal Córdoba AFIRMATIVO
FRANCIONI, Fabián Marcelo Frente para la Victoria - PJ Córdoba AFIRMATIVO
GALLARDO, Miriam Graciela Frente para la Victoria - PJ Tucumán AFIRMATIVO
GARCIA LARRABURU, Silvina Frente para la Victoria - PJ Rio Negro AFIRMATIVO
GARCIA, Andrea Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
GARCIA, María Teresa Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
GARNERO, Estela Córdoba Federal Córdoba AFIRMATIVO
GDANSKY, Carlos Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
GIACCONE, Claudia Alejandra Frente para la Victoria - PJ Santa Fe AFIRMATIVO
GIANNETTASIO, Graciela María Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
GONZALEZ, Juan Dante Frente para la Victoria - PJ Mendoza AFIRMATIVO
GONZALEZ, Nancy Susana Frente para la Victoria - PJ Chubut AFIRMATIVO
GRANADOS, Dulce Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
GROSSO, Leonardo Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
GUCCIONE, José Daniel Frente para la Victoria - PJ Misiones AFIRMATIVO
GUTIERREZ, Mónica Frente para la Victoria - PJ Córdoba AFIRMATIVO
GUZMAN, Olga Elizabeth Movimiento Popular Neuquino Neuquén AFIRMATIVO
HARISPE, Gaston Nuevo Encuentro Buenos Aires AFIRMATIVO
HELLER, Carlos Nuevo Encuentro Cdad. Aut. Bs. As. AFIRMATIVO
HERRERA, José Alberto Frente Cívico por Santiago Santiago del Estero AFIRMATIVO
IANNI, Ana Maria Frente para la Victoria - PJ Santa Cruz AFIRMATIVO
IBARRA, Mauricio Unión por San Juan San Juan AFIRMATIVO
JUNIO, Juan Carlos Isaac Nuevo Encuentro Cdad. Aut. Bs. As. AFIRMATIVO
KOSINER, Pablo Francisco Frente para la Victoria - PJ Salta AFIRMATIVO
KUNKEL, Carlos Miguel Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
LANDAU, Jorge Alberto Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
LARROQUE, Andrés Frente para la Victoria - PJ Cdad. Aut. Bs. As. AFIRMATIVO
LEDESMA, Julio Rubén Corriente de Pensamiento Federal Buenos Aires AFIRMATIVO
LEVERBERG, Stella Maris Frente para la Victoria - PJ Misiones AFIRMATIVO
LOTTO de VECCHIETTI, Inés Beatriz Frente para la Victoria - PJ Formosa AFIRMATIVO
MARTINEZ, Oscar Ariel Frente para la Victoria - PJ Santa Fe AFIRMATIVO
MENDOZA, Mayra Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
METAZA, Mario Alfredo Frente para la Victoria - PJ Santa Cruz AFIRMATIVO
MIRKIN, Beatriz Graciela Frente para la Victoria - PJ Tucumán AFIRMATIVO
MOLINA, Isauro Frente para la Victoria - PJ Catamarca AFIRMATIVO
MONGELO, José Ricardo Frente para la Victoria - PJ Chaco AFIRMATIVO
MORENO, Carlos Julio Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
MOUILLERON, Roberto Mario Union Peronista Buenos Aires AFIRMATIVO
NAVARRO, Graciela Frente Cívico por Santiago Santiago del Estero AFIRMATIVO
NEBREDA, Carmen Rosa Frente para la Victoria - PJ Córdoba AFIRMATIVO
OLIVA, Cristian Rodolfo Frente Cívico por Santiago Santiago del Estero AFIRMATIVO
OPORTO, Mario Nestor Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
ORTIZ CORREA, Marcia Frente para la Victoria - PJ Catamarca AFIRMATIVO
ORTIZ, Mariela Frente para la Victoria - PJ Jujuy AFIRMATIVO
PAIS, Juan Mario Frente para la Victoria - PJ Chubut AFIRMATIVO
PASTORIZA, Mirta Ameliana Frente Cívico por Santiago Santiago del Estero AFIRMATIVO
PEROTTI, Omar Frente para la Victoria - PJ Santa Fe AFIRMATIVO
PERRONI, Ana María Frente para la Victoria - PJ Corrientes AFIRMATIVO
PIETRAGALLA CORTI, Horacio Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
PILATTI VERGARA, María Inés Frente para la Victoria - PJ Chaco AFIRMATIVO
PLAINI, Francisco Omar Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
PUIGGROS, Adriana Victoria Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
RAIMUNDI, Carlos Nuevo Encuentro Buenos Aires AFIRMATIVO
REDCZUK, Oscar Frente para la Victoria - PJ Misiones AFIRMATIVO
REGAZZOLI, María Cristina Partido Justicialista La Pampa La Pampa AFIRMATIVO
RIOS, Fabián Frente para la Victoria - PJ Corrientes AFIRMATIVO
RIOS, Liliana Frente para la Victoria - PJ Entre Ríos AFIRMATIVO
RISKO, Silvia Lucrecia Frente para la Victoria - PJ Misiones AFIRMATIVO
RIVARA, Raúl Alberto Union Peronista Buenos Aires AFIRMATIVO
RIVAROLA, Rubén Armando Frente para la Victoria - PJ Jujuy AFIRMATIVO
RIVAS, Jorge Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
ROBLEDO, Roberto Ricardo Partido Justicialista La Pampa La Pampa AFIRMATIVO
ROSSI, Agustín Oscar Frente para la Victoria - PJ Santa Fe AFIRMATIVO
RUIZ, Aida Frente Cívico por Santiago Santiago del Estero AFIRMATIVO
SABBATELLA, Martín Nuevo Encuentro Buenos Aires AFIRMATIVO
SALIM, Juan Arturo Frente para la Victoria - PJ Tucumán AFIRMATIVO
SANTILLAN, Marcelo Frente para la Victoria - PJ Tucumán AFIRMATIVO
SCIUTTO, Rubén Darío Frente para la Victoria - PJ Tierra del Fuego AFIRMATIVO
SEGARRA, Adela Rosa Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
SIMONCINI, Silvia Frente para la Victoria - PJ Santa Fe AFIRMATIVO
SOLA, Felipe Carlos Union Peronista Buenos Aires AFIRMATIVO
SOLANAS, Julio Rodolfo Frente para la Victoria - PJ Entre Ríos AFIRMATIVO
SOTO, Gladys Beatriz Frente para la Victoria - PJ Chaco AFIRMATIVO
TINEO, Javier Hector Frente para la Victoria - PJ La Rioja AFIRMATIVO
TOMAS, Daniel Frente para la Victoria - PJ San Juan AFIRMATIVO
UÑAC, José Rubén Frente para la Victoria - PJ San Juan AFIRMATIVO
VILARIÑO, José Antonio Frente para la Victoria - PJ Salta AFIRMATIVO
VILLA, José Antonio Frente para la Victoria - PJ San Juan AFIRMATIVO
WAYAR, Walter Raúl Frente Peronista Federal Salta AFIRMATIVO
YARADE, Fernando Frente para la Victoria - PJ Salta AFIRMATIVO
YAZBEK, Ruben David Frente para la Victoria - PJ Catamarca AFIRMATIVO
YOMA, Jorge Raul Frente para la Victoria - PJ La Rioja AFIRMATIVO
ZIEBART, Cristina Isabel Frente para la Victoria - PJ Chubut AFIRMATIVO
ZIEGLER, Alex Roberto Frente para la Victoria - PJ Misiones AFIRMATIVO
— con Vital Maycar y Susana Conde.

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lunes, 19 de diciembre de 2011

19 Y 20: EL ESTALLIDO INCONCLUSO O LA MASACRE IMPUNE. 20/12 18hs PLAZA DE MAYO


19 Y 20: EL ESTALLIDO INCONCLUSO O LA MASACRE IMPUNE

El estallido de diciembre de 2001 desató una cacería. La represión causó 39 asesinados y caso 300 heridos. La mayoría de las causas por esos hechos están cerradas. Los condenados siguen libres y el máximo responsable, Fernando De la Rúa , fue sobreseído. En junio de 2012 comenzará el primer juicio oral y público.

A 10 años del 19 y 20 hubo miles de expedientes judiciales y miles de horas de declaraciones, pero ningún responsable jerárquico preso. En una total impunidad quedaron los casos de 39 personas asesinadas en 8 provincias: 14 en la de Buenos Aires, 9 en Santa Fe, 6 en Capital Federal, 3 en Entre Ríos, 3 en Córdoba, 2 en Corrientes, 1 en Tucumán y 1 en Río Negro.

Recordemos que la causa principal es la que se sigue en Capital Federal, donde están procesados por homicidio y lesiones culposas Jorge Santos (ex Jefe de la Policía Federal ), Raúl Andreozzi (ex Superintendente de Seguridad Metropolitana), Norberto Gaudiero (ex Director General de Operaciones) y Enrique Mathov (ex Subsecretario de Seguridad de la Nación ). Todos ellos fueron responsabilizados por los homicidios que damnificaron a Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez, y por las lesiones culposas de un importante número de víctimas.

Mientras tanto, en otro legajo conexo se instó a la elevación a la etapa oral de los casos de los policías Víctor Belloni, Orlando J. Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez, Sebatián Saporiti, Horacio B. Berardi, Mario Seia, Norberto Sabbino, Ariel Firpo Castro y de Jorge Varando, personal de seguridad privada del Banco HSBC. Los cargos en este 2do proceso son por los homicidios dolosos, lesiones y abuso de armas, que damnificaron, entre otros, a Marcelo Dorado, Sergio Sánchez, Alberto Márquez, Martín Galli, Paula Simonetti y Gustavo Benedetto en distintos sectores de la ciudad de Buenos Aires.

Los abogados querellantes de las familias de la víctima son Daniel Stragá y María del Cármen Verdú (por CORREPI), Rodrigo Borda (por el CELS) y Rodolfo Yanzón (por FIDELA).

En noviembre de 2010 la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó por mayoría el sobreseimiento de Fernando De la Rúa en la causa.
El criterio que siguió la mayoría del tribunal (jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah) parte de negar que la declaración del estado de sitio pueda haber colocado al presidente de la Nación en "posición de garante" de la vida e integridad física de los ciudadanos en un contexto de conmoción interior.

El criterio contrario, que no prosperó, es que el presidente de la Nación tenía la obligación de tomar recaudos para preservar la seguridad de las personas, ante la evidencia de que podían producirse desbordes de las fuerzas de seguridad, ya que desde las más altas esferas de su Gobierno se fijó que el objetivo de la actuación policial era impedir la llegada de manifestantes a la Plaza de Mayo, y que por ello tenía el deber de controlar y supervisar el desempeño de las fuerzas policiales y de los funcionarios de su Gobierno encargados del área de seguridad interior.
Destacamos Algunos casos de Capital e interior del país en los que la justicia avanzó poco o nada:
- Los asesinatos de los jóvenes Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos “Petete” Almirón (todos de entre 24 y 30 años) siguen en instrucción después de 10 años de ocurridos.
- Por el homicidio de Luis Marquez (de 57 años) se juzgará a 4 policías que llegarán libres al juicio oral.
- Y la causa por el asesinato de Gustavo Benedetto (de 30 años), donde estuvo preso 3 años el jefe de seguridad privada del HSBC Jorge Varando (que fue liberado en 2004), quedó cerrada sin respuestas. Según las pericias, desde el banco HSBC se dispararon 60 balas en 30 segundos, pero se liberó a Varando porque no se pudo probar qué bala mató a Bendetto.
- En el interior del país la situación no varía demasiado, ya que en Rosario, el asesino de Claudio “Pocho” Lepratti, el policía Velásquez, fue liberado. Igual que los otros 5 policías que lo encubrieron. En Rosario siguen impunes los asesinatos por balas policiales de Romina Iturain (de 15 años), José Rodríguez, Luis Fernández, Elvira Avaca, Ramón Arapi y Juan Torres. En Córdoba hay sólo 1 policía imputado por asesinar en la represión a David Moreno (de 13 años). En la Provincia de Buenos Aires, de 14 homicidios, sólo 2 llegaron a juicio, los de Ariel Salas de 31 años y Damián Ramirez de 14 años.

Una vez más, como en los casos Kosteki-Santillán, Fuentealba, y otros, las responsabilidades políticas por la represión a la protesta social son separadas de los ejecutores materiales de los homicidios. Se condena a los policías que matan, pero los funcionarios políticos que ordenan son protegidos por la Justicia. Esto es lisa y llanamente diluir las responsabilidades del esquema represivo en quien aprieta el gatillo, como si actuara por voluntad propia y sin un mando político.

Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre del 19 y 20 de Diciembre de 2001.
Este 20 de diciembre de 2011 marchamos a las 17 hs desde Congreso a Plaza de Mayo.

A 10 años del estallido del 2001, continua la impunidad. Este 20 de diciembre marchamos de plaza Congreso a plaza de Mayo.

-Contra el tarifazo de CFK
-La criminalización de la protesta social
-La ley antiterrorista (que firmó CFK en el 2007 y este 14/12/11 se volvió a votar el endurecimiento de las penas).

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viernes, 16 de diciembre de 2011

La era del macroendeudamiento

La presidenta Cristina Fernández dedicó parte de su discurso de asunción por su segundo mandato, al tema de la deuda pública. Sus afirmaciones al respecto distan de la realidad que marca una etapa de profundización del endeudamiento público.
(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina - La presidenta habló acerca de la supuesta política de desendeudamiento y de la independencia que dio a la Argentina haber cancelado la deuda con el FMI. Dio datos de la relación de la deuda con el producto bruto interno (PBI) y del porcentaje que hoy representa el pago de deuda también en relación al PBI. Hizo referencia además sobre el rol que juegan los llamados Fondos Buitres y otros acreedores ante los tribunales internacionales.
Sobre estos temas, Héctor Giuliano, Licenciado en Administración e investigador del tema de la deuda, conversó en el programa radial Al Oeste de FM En Tránsito.
Desendeudamiento: En su último informe sobre la Deuda Pública del pasado (30/9/2011) el Ministerio de Economía habla de un stock de deuda de 175.300 millones de dólares que significan un nuevo incremento en relación al informe del trimestre anterior.
Decíamos en nuestro artículo anterior sobre el tema: “Esta tendencia se dio durante todo el 2010 y continúa durante este año (sólo basta con mirar los informes oficiales: 147.000 millones de dólares a fines de 2009, 157.000 millones al 30/6/2010; 160.000 millones al 30/9/2010, 164.000 millones al 31/12/2010 y 173.000 millones de dólares al 31/3/2011)”
”Lo que dice la presidenta se contradice con la información oficial del propio Ministerio de Economía y del Presupuesto nacional (...) La deuda está aumentando a un ritmo de 10 mil millones de dólares por año, o sea que está ocurriendo exactamente lo contrario a lo que dice el gobierno. (…), afirmó Giuliano. Llegando a fin de este año la deuda aumentaría 12.200 (contra un aumento de 9.800 millones previsto en el presupuesto) y para el año próximo el presupuesto prevé un aumento de 11.700 millones, especificó.
Hay que tener en cuenta que este incremento es producto de que la nueva deuda que se contrae es superior a la que se cancela. En el presupuesto 2012, por cada 5 pesos que el estado central estima gastar, uno será para pagar intereses de deuda. Significan un 10 por ciento del total de gastos y un 20 por ciento de los gastos de la Administración Central
Relación Deuda Pública/PBI: Esta es la relación que utiliza el gobierno para sostener que hay desendeudamiento. Esta relación, que estaba a principio de la gestión kirchenrista en 130 %, representa, según datos a setiembre de este año, 42,7%,
Al respecto, Giuliano plantea que esta relación es engañosa. En primer lugar porque soslaya que la deuda sigue creciendo en valores absolutos (tal como está detallado en los datos de crecimiento trimestral ya mencionados).
En segundo lugar porque, como hemos dicho en otros artículos, la deuda que se publica no incluye ni las deudas de provincias y municipios (que son parte de la deuda nacional), ni la de empresas públicas, organismos oficiales, la del Banco Central con el Tesoro. Tampoco incluye la deuda no presentada a canjes (que aun está en default), ni la deuda no registrada (constituida por la capitalización de intereses que no se llegan a pagar, indexaciones de deudas ajustadas por el índice CER y pagos futuros por cupones ligados al PBI). Si se sumara todo esto llegaría a 300.000 millones de dólares, según calcula Giuliano. Y por lo tanto la relación deuda/PBI llegaría a un 73 %.
Pago de Deuda en relación con el PBI: La presidenta afirmó en su discurso que hoy solamente se destina el 2 por ciento del PBI al pago de la deuda púbica. Giuliano plantea nuevamente que esta relación de pago debería realizarse con el total de la deuda y no con el producto bruto. Además, el gobierno no aclara que lo que se paga es solamente intereses y no capital.
Los pagos de intereses totalizarán este año 9.000 millones de dólares. El proyecto de Ley de Presupuesto 2012 prevé un 10.200 millones para el próximo año. En el 2013 se estiman que los intereses serán de 13.000 millones, y 17.000 millones para el 2014
Los intereses que se capitalizan por no llegar a poder pagarse (cerca de 1.500 millones) no están incluidos en los cálculos del presupuesto. A esto se suman los vencimientos de capital que tampoco se pagan y cuya refinanciación generan más intereses (40.000 millones en 2012, 43.000 millones en 2013 y 46.000 millones para el 2014).
En la estructura actual de la deuda pública, la mitad es con el propio Estado a través de organismos como la Anses (que no es plata del estado sino de los jubilados) y con el Banco Central (que no esta para prestarle al estado sino para respaldar la base monetaria). Ambos le prestan a la Tesorería Nacional.
Fondos Buitres: La presidenta también dedicó un párrafo al papel de los llamados fondos buitres (fondos de inversión que le han hecho juicios a Argentina). Al respecto, Giuliano reflexionó que el gobierno - más allá de las palabras presidenciales de que estos fondos buscan cadáveres pero no van a “carroñar” sobre la Argentina - no ha desconocido la competencia de estos tribunales extranjeros. No se objetó la ilegitimidad de la deuda y se aceptó la competencia de estos tribunales (como el CIADI)
“Estamos en una plena era de macroendeudamiento”, aseguró Héctor Giuliano.
Nosotros nos preguntamos: si el país está creciendo desde hace 8 años ¿por qué la deuda sigue aumentando? O dicho de otro modo ¿por qué hace falta endeudarse en el marco de un modelo de constante crecimiento?


Entrevista realizada a Héctor Giuliano en el programa Al Oeste (Fabiana Arencibia y Sergio Lucarini) -Fm En Tránsito 93.9 (Castelar)

Falacia del desendeudamiento
Relacion Deuda Publica vs PBI
Intervención de tribunales extranjeros
Nota relacionada:
El crecimiento (de la deuda) sigue marcando tendencia

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Ley antiterrorista o terrorismo de Estado


(AW)Ante un contexto social donde hay miles de luchadores procesados, donde el reclamo por salario, trabajo precario, libertad y democracia sindical, vivienda y tierra provoca ocupaciones, acampes y cortes de calles y rutas. Todo esto sería causal de terrorismo, aunque ampare un derecho constitucional y se trate de una protesta legítima.

Comunicado de Prensa

Postura de la CTA frente a la ley Antiterrorista
¿Todo luchador será un terrorista?

Estamos en un contexto social donde hay miles de luchadores procesados, donde el reclamo por salario, trabajo precario, libertad y democracia sindical, vivienda y tierra provoca ocupaciones, acampes y cortes de calles y rutas.

Estamos también en un marco político donde la señora Presidenta reta permanentemente a las organizaciones sindicales, las demoniza, las acusa de boicot y pretende ubicar los reclamos en un "protestódromo" en Plaza de Mayo.

Y estamos además en una crisis financiera global cuyos coletazos ya están llegando a nuestro país de la mano de los techos salariales, los tarifazos encubiertos y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares.

En este marco el gobierno presenta sigilosamente en el Congreso Nacional un proyecto de modificación de la actual ley antiterrorista por exigencia del G1 y del Grupo de Acción Financiero (GAFI) bajo la promesa de recibir un certificado de "país confiable" para recibir inversiones extranjeras.

Por ese motivo, el proyecto duplicaría las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal si se comete por una organización o individuo con la finalidad de generar terror en la población o de "obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla".

De esta manera, juntar fondos para los mapuches presos acusado de terroristas en Chile, intentar cambiar el veto presidencial al 82 % móvil, tomar un terreno ante la falta de vivienda o bloquear una calle por cortes de luz sería causal de terrorismo como hoy lo es de procesamiento para miles de compañeros, aunque nos ampare un derecho constitucional y se trate de una protesta legítima.

Por todo lo expuesto, la Central de Trabajadores de la Argentina repudia la intención del mencionado proyecto, deplora la defensa que hacen de ese mamarracho jurídico algunos diputados autodenominados "progresistas" y convoca al movimiento obrero, a las organizaciones sociales y al conjunto del pueblo a resistir democráticamente su aprobación en el Congreso Nacional aunque nos acusen de terroristas.

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Mexico: Muerte, tortura y desaparición.

Viernes, 16 de Diciembre de 2011

(AW) El pasado 12 de Diciembre ante la falta de respuesta gubernamental a pedidos educacionales, en el Estado de Guerrero realizaron una movilización pacífica unas 400 personas. Dijeron "Ya tenemos luz verde" y sin mediar palabra, y aparentemente drogados, policías, militares y paramilitares comenzaron a lanzar granadas y disparos a quemarropa provocando la muerte de tres estudiantes: Gabriel Echeverría de Jesús, Jorge Alexis Herrera Pino y José David de Espíritu. Denuncian torturas a las 20 personas detenidas/desaparecidas que fueron aprisionados en la movilización.

polis_13/12/11

Reproducimos Comunicado de la Escuela Normal Rural a donde pertenecían los estudiantes asesinados.

... de la Escuela Normal Rural "Raul Isidro Burgos" de Ayotzinapa

A TODA LA POBLACIÓN EN GENERAL
PRESENTE

Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), Organización Campesina del Municipio de Tecoanapa.

La escuela normal rural de Ayotzinapa es para hijos de campesinos, obreros y artesanos, y en su historia se ha caracterizado por ser una escuela formadora de conciencia y por saber defender los derechos que nos corresponden.

Los problemas en que se encuentra nuestra normal de Ayotzinapa son muy fuertes, ante los cuales nosotros como cada año entregamos nuestro pliego petitorio, esta vez fue el día 9 de septiembre del presente año, se hizo llegar a la secretaria de Educación Guerrero, al gobernador del estado y a las autoridades educativas correspondientes, el pliego petitorio, donde algunas de las demandas fueron el aumento a la matrícula escolar y plazas para los egresados. Sin que se obtuviera una respuesta satisfactoria ya que solamente se aplazó la reunión para el día 4 de octubre, misma que de nueva cuenta fue cancelada y se pospuso para el día 9 de noviembre, misma que se vuelve a cancelar acordando realizarse para el día 6 de diciembre, sin que esta se llevara a cabo hasta 12 de Diciembre.

Ante esta situación como organización estudiantil se decidió emprender acciones encaminadas a lograr la audiencia con el gobernador ya que la preocupación principal es el nuevo ingreso a la normal que no se tiene asegurado para este año por lo que advertimos una clara intención del gobierno del estado de desaparecer a la Normal de Ayotzinapa.

Nosotros nos vimos obligados a tomar otras medidas de presión, por lo mismo que no nos dan solución y se niegan a nuestras audiencias. En este sentido el día 12 de diciembre un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa salieron a manifestarse de forma pacífica, realizando actividades de entrega de volantes para informar a la sociedad de la situación que prevalece al interior de la escuela en la Autopista del Sol, a la altura del hotel Parador del Márquez, cuando sin mediar palabra alguna se presentaron grupos de policías ministeriales, granaderos, policías federales, militares y paramilitares y al instante comenzaron a disparar gases lacrimógenos, por lo cual los compañeros buscaron resguardarse para evitar caer en provocaciones, pero los policías y paramilitares presuntamente drogados comenzaron a disparar a quemarropa contra los compañeros, mujeres y niños de organizaciones sociales que se encontraban en apoyo.

Como resultado de esta masacre hay 3 estudiantes muertos de nombres Gabriel Echeverría de Jesús, Jorge Alexis Herrera Pino y José David de Espíritu, mismos que fueron privados de la vida por impactos de armas de alto poder y granadas de fragmentación, cabe mencionar que aún sin vida, los cuerpos inertes de los compañeros fueron salvajemente golpeados, pisoteados y ultrajados por los diferentes cuerpos de seguridad que participaron en esta matanza.

Hasta el momento el número de heridos se calcula en 30 personas algunos de ellos en riesgo de perder la vida pues recibieron impactos de armas de fuego de diversos calibres, además de 20 detenidos y desaparecidos. Asimismo manifestamos que a los compañeros detenidos se les ha estado torturando en donde los tienen recluidos con el único propósito de que se declaren culpables de agredir a los cuerpos de seguridad, por lo cual solicitamos la inmediata intervención de la Comisión de Derechos Humanos para evitar que a estos compañeros desaparecidos y detenidos se les siga torturando.

Por todo lo anterior EXIGIMOS:
Destitución y juicio político para el autor intelectual de esta masacre del gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero!
Destitución y juicio político para el procurador de Justicia del Estado Alberto López Rosas!
Justicia para las familias de los estudiantes que perdieron la vida!
Solución a nuestro pliego petitorio!

ATENTAMENTE
Por la liberación de la juventud y clase explotada!

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martes, 13 de diciembre de 2011

Mexico: Comunicado urgente.

El día de hoy, 13 de diciembre, siendo las 12 horas, aproximadamente 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, tomaron la caseta de salida de la carretera Chilpancingo-Acapulco, para exigir el cumplimiento a sus peticiones de educación al gobierno del Estado de Guerrero. A las 12:30 se presentaron elementos de la Policía Federal y Policía de la Fuerzas Especiales, los cuales abrieron fuego contra los estudiantes, así como persecución contra ellos golpeándolos y deteniéndolos a varios de ellos. Nos confirmaron a las 12:50 que hay 3 muertos, hay heridos y muchos detenidos.

Pedimos a todas las organizaciones sociales, civiles y de derechos humanos que estén atentas a la situación y a la defensa y denuncia de los hechos que se susciten de este ataque a los estudiantes normalistas.

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD
______________________________
Pitágoras 1210-16, Col. Del Valle
03100 México DF
México
Tel./Fax: 0052-55-5604 5642
colectivo@contralatortura.org
www.contralatortura.org

Fuente: Enlace Zapatista

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Rompiendo el cerco... carta a CFK.

Señora presidenta:

Le escribo estas líneas luego de que dos amigos que militan en el kirchnerismo me relataron con seria preocupación que hay crímenes aberrantes cometidos por el Estado que usted dirige de los cuales ni se entera, que hay cuestiones que no le llegan porque se las ocultan. Estamos hablando de violaciones tremendas y cotidianas a los derechos humanos, perpetradas durante su gestión y la de su difunto esposo por instituciones y hombres bajo sus mandos y el de los gobernadores. Se trata del Servicio Penitenciario Federal, Policía Federal y las distintas policías y servicios provinciales. El argumento es idéntico al que en su momento esgrimían quienes sostenían que el Brujo López Rega había creado "un cerco" que impedía a la Jota Pe, entre otros, llegar al general Perón. Del mismo modo, ahora habría hombres de su gabinete, asesores y personajes tras las sombras que le recortan información y manipulan las denuncias que debería atender.
Si es así, está usted en serios problemas: Nadie mató más hijos del pueblo en el encierro y en los barrios del pobrerío que el Estado kirchnerista, luego de la última dictadura cívico militar. Durante el kirchnerismo se elevó el número de presos y cautivas de 22 mil a 70 mil, aunque ahora se registran alrededor de 66 mil. Por su parte, los distintos servicios penitenciarios del país despliegan un plan sistemático de represión clandestina destinado a la muerte o a aniquilar la entidad humana de los seres privados de libertad. Este último concepto no es especialmente mío, en palabras similares lo afirmó la doctora Cristina Beute, fiscal federal de Neuquén en ocasión de presentarse el libro "Cárceles de Mala Muerte", días atrás. En el mismo evento, Lolin Rigoni, de Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle sostuvo que los presos de hoy son los desaparecidos de los '70. Si tiene dudas, ambos testimonios fueron escuchados por un nutrido auditorio, además de constar en mí archivo personal.

¿Quién debe morir en una cárcel?

Señora, usted sabe como abogada que nadie debe morir en una cárcel -salvo grandísima excepción-, dado que existe -en teoría- un criterio sanitario que para permanecer tras las rejas hay que tener 18 años y poseer un estado más o menos saludable. Ya que si un ser humano preso está herido o enfermo, de acuerdo a la ley, debe ser internado. Si tiene más de 70 años, generalmente accede al arresto domiciliario. Y si padece una enfermedad terminal debe morir en su casa o en el hospital. Y acá viene lo indignante, señora. La tasa de mortalidad es superior en la cárcel que fuera de ella, donde están todos los grupos de riesgo, donde suceden desde las muertes súbitas de los bebés hasta los incidentes de tránsitos, donde están los hombres y mujeres muy ancianos y aquellos que no acceden a alimentos ni a la salud porque fueron despojados de todo derecho. ¿Cómo explica usted que en un sitio en el que nadie debiera morir sucumben más personas que en la "sociedad libre" cuyos guarismos de decesos deberían ser infinitamente superiores?
Le comento, tampoco fue un descubrimiento mío, un abogado asesor del Estado planteó este tema, días atrás, durante la presentación del Informe Anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en el Congreso Nacional. Dos centenares de personas lo escucharon y aún guardo sus palabras en mi archivo personal.
Y para colmo, tal como lo denunciaron compañeros de Ciudad Interna, en su momento, y otras organizaciones de presos y cautivas, las muertes son por herida corto-punzante, ahorcamiento, fracturas múltiples, entre otras causas, que señalan claramente responsabilidad de sus agentes. A veces provocadas por los "coche bomba", es decir los presos reclutados por sus hombres para "tercerizar" la masacre, lo que agrega aún más responsabilidad estatal y califica a los homicidios. Pero aún si alguien muriese de enfermedad en una prisión también es una responsabilidad del Estado que usted dirige, junto a los provinciales, según corresponda. Y ni hablar en el caso de los "inmolaciones" donde el servicio penitenciario se destaca como principalísimo organismo de ayuda al suicida. Por caso, ¿sabía usted que la picana eléctrica se aplica en prisiones argentinas, como también el submarino seco o húmedo, la bienvenida, el plaf-plaf, el pata-pata, la pirámide humana, la introducción de palos en el ano, simulacros de fusilamientos? Le pido que no crea en mis palabras, lea "Cuerpos castigados", investigación de la conocida socióloga Alcira Daroqui y Carlos Motto, donde queda establecido que el 64 por ciento de los presos fue torturado (creo que un porcentaje alto de ese 36 restante calló por miedo, comprensiblemente), con las sevicias más crueles, no solo por los uniformados de requisa o "la pesada", sino también por médicos y enfermeros del SPF que, en su mayoría, se suman entusiastas a los asesinatos y a su posterior silenciamiento. Todo lo que refiero se perpetró durante el kirchnerismo ¿No lo cree? Pues, en el volumen están los testimonios.
Dígame, ¿no ve ahora un poco más claro el plan sistemático de represión estatal para la muerte o el aniquilamiento de la entidad humana del que hablábamos más arriba?

Mujeres en prisión

Señora, ¿sabía que se obliga a mujeres en el encierro a desnudarse y hacer flexiones, como en la dictadura, o que se realizan requisas vaginales y anales aunque las prohíba la ley? ¿Sabía que hay compañeros y compañeras que optan por decirles a sus familiares que dejen de visitarlos para evitarles esta requisa humillante, ellos también la sufren, y así se pulverizan los vínculos más cercanos y necesarios? Aunque recogí muchos testimonios personalmente sobre este tema, prefiero recomendarle el libro "Mujeres en prisión". Se trata de una investigación realizada por un equipo conformado por profesionales, todas mujeres, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
En el mencionado volumen, por ejemplo, se halla el siguiente fragmento: "Cabe destacar que muchas veces las detenidas señalan que estas prácticas violentas o los controles e inspecciones de sus espacios y sus cuerpos son ejercidos por varones, lo que suele ser vivido como un plus violento y degradante del ejercicio del poder penitenciario sobre ellas. A este respecto una entrevistada describe lo siguiente: "Una requisa fue muy violenta, fue muy humillante, nos hacían desnudar delante de hombres, rompieron todo. El médico se reía detrás del pabellón. Estuvimos dos horas de pie contra la pared hasta que hicieron la requisa" (Unidad 3).
Por mi parte, he comprobado como madres entre rejas llaman por teléfono a sus hogares e interrogan: "¿Te bañaste?, ¿hiciste la tarea? Realmente me emociona ver el esfuerzo de cuidar a los hijos desde el encierro. Aunque, en ocasiones, ese esfuerzo y ese amor no pueden vencer a la ferocidad que se ensaña con los más débiles. Entonces, le pregunto, señora, ¿tiene algún sentido negar el arresto domiciliario a una mujer, madre y jefa de familia, para desarticular la misma y promover el desamparo de los pibes y chicas que generalmente terminarán también institucionalizados? ¿Le encuentra algún sentido? ¿Y si no se lo encuentra, por qué no toma una iniciativa en esa dirección?

Codo a codo

Señora, ahora le brindaré una reflexión de un ser humano en situación de cárcel por demás interesante: "Cuando se piensa en el servicio penitenciario, hay una tendencia a identificarlo con la imagen del carcelero, una especie de máquina idiota de aplicar sufrimientos. Y creo que no estaría de más recordar aquí que en la cárcel- ese dispositivo de control y castigo- trabajan, codo a codo con el carcelero, una legión de profesionales: criminólogos, médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, docentes. Todos ellos avalan y justifican las prácticas cotidianas de aquella máquina. Los psiquiatras te mantienen lo suficientemente drogado como para que no pienses ni cuestiones. Los psicólogos elaboran «perfiles» de l@s pres@s, que servirán a su vez a los criminólogos para determinar el «tratamiento» adecuado a la población en función de categorías como conflictividad, adaptación al régimen, liderazgo negativo; los médicos (cuando están) te observan morir y luego certifican paros cardiorrespiratorios, sin distinción de razas, sexo o religión ni -por supuesto- causa real de la muerte. A la vez, nada de esto sería posible sin la cobertura que buena parte del Poder Judicial aporta a la «familia penitenciaria», mediante la desestimación sistemática de recursos de amparo y hábeas corpus interpuestos por l@s detenid@s y la escasa (y nula, en muchos casos) investigación de los delitos cometidos por personal de «la familia».
Para quienes habitamos las prisiones no es novedad, pero es imprescindible repetirlo una y otra vez: es el Estado, a través de sus múltiples agencias y funcionarios, el que tortura y mata en las cárceles argentinas".

Traslado de Devoto

Señora, ahora quiero referirle sobre este tema una posición contraria al que le han recomendado sus asesores.
En días previos a las elecciones primarias, usted anunció el traslado de ésta cárcel a un descampado de Mercedes. En Devoto hay cerca de 1700 presos, usted, como mujer militante, ¿realmente cree posible que los familiares, todos pertenecientes al pobrerío, que viven en La Boca, Soldati o Lugano, entre otros barrios, puedan costear el viaje a Mercedes? ¿No pensó que se van triturar los lazos que, por el contrario, debieran afianzarse? Vuelvo a recordarle su condición de abogada. Usted sabe bien que los letrados de oficio, en general, van mal, tarde o nunca a ver a sus defendidos, eso cuando el penal les queda cómodo. Imagínese si así van a Devoto, como lo harán a Mercedes. ¿De verdad no advirtió que se verá afectado el derecho a la defensa en juicio de centenares de personas?
Por otra parte, estoy seguro que conoce la trayectoria del Centro Universitario Devoto, es un ejemplo en todo en el mundo y surgió mucho antes que a usted, dizque, le aplicaran el cerco. ¿Sabía que el CUD solo posee un 7 por ciento de reincidencia frente a casi un 50 de quienes no estudian allí? ¿Sabe que el traslado va a desintegrar al CUD? ¿Le parece que los docentes de la UBA, talleristas, ONGs y otros, podrán viajar a Mercedes como lo hacen a Villa Devoto, sin perder los empleos, por ejemplo?
Señora, si antes un vecino compró una casa más barata por estar ubicada cerca de la cárcel, ahora no resulta ético multiplicar el patrimonio inmobiliario sobre el sufrimiento de otros, y menos ético es ganar votos con ello. Y le informo que somos muchos los que nos oponemos a esa medida, incluidos vecinos del barrio de Villa Devoto.

¿Cuál es su verdadero poder de decisión?

Señora, por si no se enteró debo decirle que el CUD, en 25 años de existencia, jamás había sufrido un ataque tan feroz como el que debió enfrentar durante su gobierno. El cabecilla de esa cruzada contra estudiantes y docentes universitarios fue Alejandro Marambio Avaría, jefe de asesinos y torturadores, al frente del SPF de 2007 a 2011. Si es posible, quisiera razonar junto a usted: Marambio era titular de una Dirección Nacional, que es menos que una Subsecretaría de la cual depende, que es menos que la Secretaría a la cual se supedita, que es menos el Ministerio que integra, que es menos que la Jefatura de Gabinete y que es menos que la presidenta de la Nación en la línea política administrativa de gestión. ¿Cómo es posible que un funcionario de sexta categoría, decida sobre la vida y la muerte con total impunidad, resuelva quienes ingresan y quienes no a un penal, gradúe la intensidad del verdugueo a los familiares, prohíba la entrada a un organismo de derechos humanos, niegue el ingreso a Devoto al embajador de Francia, elabore un obstáculo tras otro para impedir el contralor de la Procuración Penitenciaria de La Nación y robustezca sus bolsillos con negociados, entre otros.
Marambio fue sostenido, durante toda su nefasta gestión, por todos sus funcionarios, señora, desde Julio Alak hasta Aníbal Fernández, a pesar de las innumerables denuncias que contra él proliferaron por parte de familiares, organismos, periodistas, presos y cautivas y hasta familiares de agentes penitenciarios.
Me pregunto, ¿debemos creer que nunca se enteró?
Y, encima, ahora el intelectual a la carta Horacio González, entre otros, lo blanquea invitándolo a dar charlas en la Biblioteca Nacional a pesar que durante su gestión crecieron geométricamente las muertes, torturas y latrocinios en las cárceles federales.

Desmilitarización y control popular

Señora, ya habrá advertido que milito en las filas del abolicionismo, la cárcel no sirve nada más que para destruir la entidad humana y solo rinde, a quienes la regentean, grandes dividendos luego derivados a cuentas suizas y lujos de funcionarios. Así lo demuestran sus más de 2 siglos de existencia devastando a los más pobres. Este tipo de cárcel surgió con el capitalismo, y llegará el día en que será un oprobioso recuerdo.
Pero la única opción al abolicionismo no es la barbarie sangrienta que se desarrolla en su gestión. Usted dice bien cuando afirma que nuestro país es uno de los 10 en el mundo que tienen matrimonio igualitario. Pero omite que las personas gays o trans soportan un plus de castigo, cuanto menos en las cárceles de hombres, donde la homofobia es política oficial. Y lo que calla es que nuestro país es uno de los poquísimos del planeta que mantiene un servicio penitenciario militarizado. ¿Realmente lo cree necesario? ¿Le parecen indispensables las balas, los fusiles y la garroterapia para ocuparse del estudio, la salud y el trabajo de los seres humanos en prisión? Según todas las opiniones recogidas es el principal obstáculo, precisamente. Si ya es imposible educar para la libertad en el encierro, es absurdo creer que se puede lograr bajo el terror permanente.
Por otra parte, le recuerdo en 2004, su marido firmó un pacto internacional contra la tortura y otros tratos inhumanos, el mismo establece la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención mediante el cual organismos humanitarios, ONGs, etc, pueden auditar, controlar, denunciar, llegar sorpresivamente a los penales y de esa manera poner freno a la masacre en estos nuevos campos de concentración. Estamos casi en 2012 y no existe tal mecanismo, solo media sanción en diputados, un cajoneo que nadie puede soslayar y un control popular que no se efectúa.
¿No está de acuerdo con lo de campos de concentración? Bueno, así lo definió la Coordinadora Anticarcelaria, que integro. Así los nombra, por caso, Gladys Rodríguez, secuestrada durante la dictadura y hoy referente de Zainuco, así los nombra Alicia Bernal, militante de fierro de la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario, así los nombra Adriana Revol, luchadora popular de Córdoba, entre cientos de militantes y así lo creo yo. Y, sobre todo, así los nombran cautivos y presas cuyas identidades reservo para evitarles represalias. Los nuevos campos no son iguales a los de la dictadura argentina del 76', como aquellos no eran exactamente iguales a los del nazismo. Pero, la represión estatal y clandestina, la tortura diaria (picana, submarino, simulacros de fusilamiento, señora) y las muertes silenciadas son elementos comunes a todos.
Es mí deber advertirle que los crímenes cometidos por el Estado son imprescriptibles e inamnistiables. Y, quiero citarle un fragmento del jurista internacional Carlos Slepoy -de gran actuación en el juicio a las dictaduras militares de Videla y Pinochet-,escrito en el libro "Cárceles de Mala Muerte", referido a las violaciones a los derechos humanos: "A diferencia de los estados dictatoriales, a los que se supone violadores de esos derechos, a los estados democráticos se les presume su protección. Desde este punto de vista es más grave que los delitos que comentamos sean cometidos por los estados democráticos. Precisamente porque se amparan en las leyes para vulnerarlos".
Señora, esto significa que los autores materiales y mediatos serán buscados para su castigo por siempre. Por eso creo que sus asesores y funcionarios no le hacen ningún favor edificando el cerco que le impide ver y escuchar la realidad. Quizá sea hora de pedir perdón al pueblo por estos crímenes y comenzar por desmilitarizar la fuerza nefasta, porque más tarde o más temprano deberán responder por la masacre.

La convicción

Señora, sé que usted y sus asesores dirán que fue respaldada por más del 50 por ciento de los votos. Y es verdad. Pero aunque hubiese obtenido el cien por cien de los sufragios, estoy seguro, nadie, ni uno solo de los hombres y mujeres que la votaron, lo hicieron para que se torture a seres humanos en el encierro y esposados, para gozar con las muertes impunes, para obligar a presos a salir a robar automóviles a las calles y violar a sus mujeres si se niegan y asesinarlos si la negativa persiste. Y aunque sí muchos o todos hubiesen respaldado estas aberraciones, usted sabe que los crímenes no se someten a plebiscito, se castigan.
Por eso, con un conjunto de compañeros y compañeras seguiremos con la firme convicción de romper el cerco. Es decir, si el cerco es tan sólido que no llega su respuesta a esta carta, en ese caso, escribiremos las que fueran necesarias hasta escuchar su voz sobre el tema y lograr que la cárcel se discuta en la agenda pública. Cada vulneración de los derechos de los seres humanos en prisión, o de sus familias, se transformará en una carta, y en otra, y otra y otra. Hasta romperle el cerco. Lejos de una amenaza, el aviso es tan solo para contarle que el empeño surge del profundo dolor que nos interpela.
Me quedan muchas cosas en el tintero, pero esta misiva ya se ha hecho bastante extensa. Solo quiero, antes de despedirme, recordarle el pensamiento que manifestó un argentino sobre el tema en cuestión en relación con su persona: "Sé que una de las asignaturas pendientes que tendrá que llevar Cristina adelante es el mejoramiento profundo del Sistema Penitenciario Argentino, es una tarea central para consolidar profundamente la política que todos nosotros, todos los que estamos acá y la mayoría de los argentinos, creemos respecto a los derechos humanos....", Néstor Kirchner, presidente de la Nación, en el acto de demolición de la Cárcel de Caseros, noviembre de 2007.
Sin más, en espera de su respuesta, la saluda respetuosamente:


Oscar Castelnovo
DNI 12.752.072
oscarcastelnovo@yahoo.com
AgruPasión Para la Libertad
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011

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lunes, 12 de diciembre de 2011

2011, UN AÑO DE JUICIOS A CUENTAGOTAS

Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde el año 2003 a diciembre de 2011, que destaca sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen condena de un tribunal federal del país. Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) y del Poder Judicial (www.cij.gov.ar). Cabe destacar que si bien los organismos del Estado realizan seguimientos o informes coyunturales sobre los juicios, su ponderación de las cuantificaciones siempre están marcadas por la media de su respuesta como órgano público ante demandas populares, es decir, se muestra sólo lo que conviene a la rendición de cuentas de una actividad burocrática, relegando los problemas estructurales (políticos y operativos) que atraviesan al tema. Intentamos con estas líneas sumar a la discusión sobre el estado real del proceso de juzgamiento iniciado hace más de 8 años, sus contradicciones y avances, la profundidad de su razón de ser y la necesidad completarlo cuanto antes. Poder contar con estas cifras es importante para evaluar con argumentos sólidos el proceso de juzgamiento. Los datos nos confirman la significancia de la investigación independiente sobre estos temas, y nos inducen a pensar que lo sustancial no es sólo cuantificar qué hizo una gestión de gobierno en abstracto, sino comparar la dimensión real de participación de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad en el Terrorismo de Estado, que supera ampliamente los varios miles de ejecutores, con el último impulso de condena que se viene dando desde 2003. En Agosto de 2011 se cumplieron 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, tiempo en que el Estado argentino sólo efectivizó 58 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 58 juicios estuvieron procesados 287 imputados (algunos represores en varias causas), donde hubo 263 condenas, 23 absoluciones y un muerto impune mientras duraba el proceso, por un universo de 1271 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 15 % del total de los 1.800 procesados desde 2003 fue condenado, y en la mitad de los casos con codenas menores al máximo de la pena. Para un balance rápido sobre la situación de impunidad es interesante comparar los datos de condenas con los de represores muertos antes que la justicia llegue a condenarlos, porque da una pauta de la falta de celeridad del proceso. La balanza sigue inclinando hacia la impunidad, ya que son 283 genocidas muertos impunes contra 257 condenados. Los últimos cinco genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”, Rubén Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, Pedro Alberto Duran Saénz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención, Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa excusado por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena. El último, y más reflejado en los medios de comunicación, fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud y murió impune con varios procesos pendientes. Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 1.800 procesados, ese 15 % de condenados es menos auspicioso que los datos defendidos desde los sectores oficiales. En cuanto a las zonas represivas y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías provinciales se han hecho:   - 20 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo con 87 condenas. - 13 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo con 50 condenas.   - 17 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército con 80 condenas. Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento fue de solo un proceso: el que en Abril de 2011 condenó a Luís Patti, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y dos genocidas más, por 5 casos en hechos represivos cometidos en el partido de Escobar y zona de influencia. Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 2 juicios que condenaron a 14 policías y militares que actuaron en los CCD “La Escuelita” de Neuquén, las comisarías de Sierra Grande y Viedma y la Escuela de Cadetes de Viedma. En cuanto al resto de las fuerzas represivas, sólo se logró condenar a 21 integrantes de las patotas de la Armada y un civil, Juan Herzberg en la Causa Alonso de La Plata, por el caso de apropiación de Natalia Suarez Nelson-Corvalán, a Justo Ortiz y Roberto Pertusio en la causa de Base Naval de Mar del Plata y a 17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA. Además sólo 4 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha (Pedro Barda, Cesar Comes, Hipólito Mariani y Gregorio Molina) en las causas Mansión Seré y Área Mar del Plata. Y hubo sólo 1 integrante de Gendarmería condenado, Víctor Enrique Rei, en el caso de la apropiación de Alejandro Adrián Fontana-Sandoval. Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 58 procesos realizados, más de la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron. Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 45 % de los represores fueron condenados al máximo de la pena (prisión o reclusión perpetua). En efecto, el 17 % de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 38 % menos de 25 años.   Además hubo 23 polémicas absoluciones, de las que destacamos el caso del genocida Alejandro Duret en la causa por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; el del represor Miguel Angel Trimarchi, perdonado en el juicio por la Masacre de Fátima por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal; el caso del torturador de la Policía Federal Juan Carlos Falcón, eximido en el juicio parcial del Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Capital Federal; el reguero de perdones que despachó el TOF Nº 1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total de 31, en el proceso por los hechos de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia y el escandaloso perdón en los 13 casos en que se acusaba al torturador Juan Carlos Rolón en el juicio parcial por hechos ocurridos en la ESMA. De hecho, entre los 17 juicios realizados en 2011, hubo absoluciones de 7 genocidas en 6 de ellos. Estos casos alertan sobre la necesidad de completar las investigaciones incriminatorias preliminares sobre cada imputado para arribar a la etapa oral sin dar posibilidad a las “dudas” absolutorias. Parecieron tener razón los sectores oficialistas que bautizaron al 2010 como “El año de los juicios”, si recordamos que hubo ese año 19 juicios con cerca de 150 condenas. Tan verdad resultó aquello que este año la tendencia decayó a 17 juicios en todo el año con sólo 73 condenas (la mitad de ellas a perpetua) y 7 absoluciones, por un total de 380 casos de víctimas del Terrorismo de Estado.  Es grave el retroceso de la tendencia para este año, si se tiene en cuenta  que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios en 2006, 2 en 2007, 5 en 2008 y 13 en 2009. La distribución geográfica de los procesos continuó destacando a Capital Federal donde hubo 4 juicios con sentencia. Hubo 2 en Tucumán y 2 en Salta, y en las restantes jurisdicciones (La Plata, San Martín, Paraná, San Juan, Santa Fé, Mendoza,  Chaco, General Roca y Mar del Plata) un solo proceso. Más pesimista es el balance sobre 2011 al corroborar que, salvo en la Causa ESMA, en la mayoría de los procesos de este año se juzgó a menos de 10 represores por causa, siendo que se tuvieron en cuenta hechos y centros represivos tan importantes como los CCD “Orletti”, “Vesubio”, la “causa Urondo”, la masacre de “Margarita Belén” y la segunda versión de la causa “Las Palomitas”. Además hubo sólo 3 procesos por supresión de identidad y apropiación de hijos de desaparecidos, en los casos Cabandié en Capital Federal, Martínez Aranda-Goya en San Juan y por los mellizos Negro-Valenzuela en Paraná. Esto también marca un replanteo sobre la política de restitución de los niños apropiados, cuando esta no está acompañada del castigo penal a los apropiadores. Para La Plata el año no sumó grandes cambios, ya que si bien comenzó un proceso largo con 26 represores imputados por unas 300 víctimas, en 2011 sólo se pudo condenar al guardia cárcel de la Unidad Penitenciaria N° 9, Pedro César Guerrero, juzgado en una causa residual de la de “Unidad 9” de la que quedó afuera gracias a haberse profugado en la etapa de instrucción, y donde fue condenado a sólo 9 años de prisión por 7 de los 15 casos de torturas a presos políticos de los que se lo acusaba.   Suman 20 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. Por último, hay en la Jurisdicción federal de La Plata unas 20 causas en instrucción con 94 procesamientos sobre 62 represores a ser juzgados en próximos juicios. En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo, que se logra sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que este gobierno no está dispuesto a dar. Por ello, la voluntad manifiesta del oficialismo de “clausurar esta etapa histórica”, será una efectiva clausura, pero que dejará a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo. Para corroborar los datos desarrollados más arriba y ver más detalles específicos sobre cada juicio se adjunta más abajo una planilla de excel con todos y cada uno de los juicios realizados desde 2003 hasta diciembre de 2011, su agrupamiento pormenorizado por estructura de mando y algunas cifras totales de este proceso. Sumamos dos destacados en PDF de resumen de los juicios 2003-2011, de los de este año y de los procesados en causas pendientes en La Plata.   ADJUNTOS: http://www.scribd.com/doc/75460284 http://www.scribd.com/doc/75460277 http://www.scribd.com/doc/75460260 https://rapidshare.com/files/660378400/Causas_Dic_2011.xls A 35 años del golpe genocida seguimos luchando por: - CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS. - JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION O CIRCUITO REPRESIVO. - RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. - JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ Y DE LUCIANO ARRUGA. - BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO.  - BASTA DE GATILLO FÁCIL.  FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS. - BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES. 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES! AHORA Y SIEMPRE!

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jueves, 1 de diciembre de 2011

TODOS POR LIBERTAD DE CARLOS OLIVERA. 20/12, 11hs.

ATENCION: La audiencia por la libertad de Olivera, pasó al 20/12, 11hs. en los tribunales de Lomas de Zamora, Larroque y Camino Negro.

Reiteramos la invitación,de manera de organizar una fuerte concurrencia para obtener la libertad del compañero.

Comisión por la Libertad de Carlos Olivera

Lunes 5, 11 horas frente a los Tribunales de Lomas
Todos a la audiencia pública por la Libertad de Carlos Olivera

Luego de la enorme y representativa movilización por la libertad de Carlos Olivera, realizada el 17 de noviembre, los jueces que atendieron a la delegación de referentes políticos, sindicales, sociales y de derechos humanos se comprometieron a fijar fecha para la realización de una audiencia pública, una instancia decisiva para reclamar la liberación del compañero.

Finalmente en el día de hoy, el juzgado correspondiente anunció que la audiencia tendrá lugar el próximo lunes 5 en los tribunales de Lomas. Una excelente oportunidad para movilizar y decirle a la justicia que Carlos, que es inocente, debe permanecer en libertad, mientras dure su proceso, ya que el juicio se llevará adelante en el mes de febrero.

Por todo esto desde la Comisión por la Libertad de Carlos Olivera convocamos a todas las organizaciones y personalidades sindicales, sociales, democráticas, políticas y de derechos humanos a movilizarse ese día hacia las puertas del tribunal, a partir de las once horas. La cita es en Larroque y Camino Negro, Banfield.

TODOS POR LA LIBERTAD DE OLIVERA EL LUNES 5 A PARTIR DE LAS 11 HORAS EN LOS TRIBUNALES DE LOMAS.

Contra la represión, Organización y Lucha!
Fuente: CADH

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lunes, 28 de noviembre de 2011

Fiesta este viernes 2/11 en Trabajo Social (9 y 62). A LUCHAR Y GOZAR POR UNA EDUCACIÓN POPULAR!

A LUCHAR Y GOZAR POR UNA EDUCACIÓN POPULAR!
Ya estamos finalizando el año 2011, un año intenso para muchos en la facultad, en el trabajo y en la militancia...es por eso, que a esta fecha donde el calor comienza a ser costumbre y argumento para salir a divertirse, donde la sed comienza a molestar pues, queremos invitarlos a nuestra fiesta " A LUCHAR Y GOZAR POR UNA EDUCACIÓN POPULAR" este VIERNES 2 DE DICIEMBRE A LAS 22 HORAS EN LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL. Entrada $2 pe

¿Por qué luchando y gozando? por que también creemos que además de desarrollar estas tareas principales como estudiante, villero (poblador) y trabajador: concientizar, politizar y organizar con la pretensión de crear espacios críticos de construcción y organización de base, uno también lo pretende transformar con la base de búsqueda de la felicidad colectiva que nos arrebataron durante siglos, de goce y alegría, de conocer a tu entorno, compartir , etc.

Creemos que estos espacios de diversión y buenos momentos son necesarios para fomentar estas relaciones y de conocer otras culturas, otros gustos, otra gente, otros temas, etc.

Es por ello, que tendremos diferentes bandas: CUMBIA COLOMBIANA, ROCK, PACHANGA LIBERTARIA, etc..para bailotear y si se dá para UN BESATÓN POR LA EDUCACIÓN. También tendremos proyecciones, exposiciones, venta de comidas, de buenas y heladas birras... un excelente momento que no te puedes perder...

te esperamos

Movimiento Estudiantil Chilenos Lp

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29/11 19:15hs. en Rawson 106. Charla debate sobre el estallido del 2001

¿Que se vayan todos? A 10 años del 19 y 20 de diciembre de 2001., de la editorial grafica El rio suena.

graficaelriosuena@gmail.com /// TE: (11)15-64521950

29/11 19:15hs. en Rawson 106 - IMPA - Universidad de los Trabajadores.

¿Cómo se gestó la crisis que estalló en 2001? ¿Cómo se llegó a la nueva situación donde pareciera que nos encontramos en una “nueva normalidad”? En estas páginas el lector encontrará respuestas polémicas a estas preguntas. Organizado a manera de balance, ¿Que se vayan todos? A 10 años del 19 y 20 de diciembre de 2001 es un libro que convoca a varios militantes y referentes políticos y culturales, dirigentes obreros e intelectuales orgánicos al campo de los trabajadores y el pueblo que han sido protagonistas de este período de lucha para reflexionar sobre lo que va de la hegemonía menemista hasta la actualidad.

Escriben: Guillermo Caviasca, Andrea D'Atri, Fernando Esteche, Claudio Katz, Roberto Martino, Eduardo "Vasco" Murúa, Martín Ogando, Roberto Perdía, Rubén "Pollo" Sobrero, Natalia Vinelli, Vicente Zito lema.

Indice
Palabras iniciales, 5
Rebelión en las calles, por Guillermo Caviasca, 11
Entre rupturas y continuidades: “El modelo K”, por Roberto Perdía, 37
Los atolladeros de la economía latinoamericana, por Claudio Katz, 61
Desde la Rebelión Popular a construir la Revolución Nacional, por Fernando Esteche, 79
Canto de Homenaje, por Vicente Zito Lema, 99
Comunicación alternativa y lucha popular: Reflexiones a 10 años de la rebelión, por Natalia Vinelli, 103
La construcción de un reclamo. 2001-2011: Vaivenes de una década de lucha por el derecho al aborto, por Andrea D’Atri, 117
Un sindicato al servicio de los trabajadores y tren al servicio del pueblo, por Rubén “Pollo” Sobrero, 139
Ocupar, Resistir, Producir, por Eduardo “Vasco” Murúa, 161
El MTR y el 20 de diciembre: Memorias de una militancia, por Roberto Martino, 171
Con diez años menos. Apuntes apresurados sobre el movimiento estudiantil de la UBA (2001-2011), por Martín Ogando, 181

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viernes, 25 de noviembre de 2011

Arriba las manos... Esto es el ESTADO!

Profundizando el modelo Nacional & Popular...

Mas de 3300 personas asesinadas por el estado entre el 83 y el 2011. El 56% durante los 8 años del Kirchnerismo. La provincia de Buenos Aires tiene 45% de los casos (1526). 200 casos en los últimos 12 meses.


(Red Eco) Argentina
Desde 1983 hasta octubre de este año, 3.393 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado, en sus diferentes modalidades: gatillo fácil, crímenes en lugares de detención, por aplicación de torturas, además de muertes ocasionadas por la represión a la protesta social. El 56% de los casos ocurrió durante los ocho años de gobiernos kirchneristas, y casi 200 muertes en los últimos 12 meses.

El Archivo da cuenta además de que la práctica del gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias son patrimonio de todas las provincias, todos los gobiernos y todas las policías y fuerzas del país. Para los integrantes de Correpi, la represión es el elemento disciplinador por excelencia que utiliza el Estado. Y tiene dos manifestaciones claras: la represión preventiva y la selectiva. “(la preventiva es) aquella que se desata sobre el grueso de la población que potencialmente se muestra como posible cuestionadora del sistema.

El 95% de los casos, es sobre jovenes, casi adolescentes, entre 13 y 25 años, que corresponden a la franja más pobre de la sociedad. Esto se va repitiendo, va creciendo año tras año, y van apareciendo nuevos casos que no fueron registrados antes”, señaló Ismael Jalil. En este mismo contexto, definió a la represión selectiva: “Es la que se despliega sobre los sectores de la población que ya se encuentran organizados y cuestionando en alguna medida al poder establecido.

Esto es lo que ocurrió por ejemplo, en sus distintas modalidades, con los 16 muertos que registra la era K. Desde el año 2003 a la fecha hubo 16 muertos en el marco de la protesta social, donde desde Carlos Fuentealba podemos pasar por los 4 muertos del Indoamericano, los 2 de Formosa QOM, los 4 de Jujuy, y ahora obviamente en la modalidad tercerizada de la represión lo que es Mariano Ferreyra, y otra modalidad que también forma parte de la ´asistencia´ que el Estado le presta a la clase dominante, que es la muerte del militante del Mocase, Cristian Ferreyra”.

Los 8 años de gestión kirchnerista registran el índice más alto, desde 1983, de muertos en manos del aparato represivo del Estado, pero no se trata de una política exclusiva del gobierno nacional. “En orden a la proporción por habitante, la provincia que encabeza el más alto índice de represión es la provincia de Santa Fe. 446 casos, el 13 por ciento de los casos.

La provincia de Buenos Aires tiene 45% de los casos con 1526; pero en la proporción por millón de habitantes mientras Buenos Aires registra 98 casos por millón, Santa Fe registra 139 casos por millón. (…) Es el índice de represión más alto por millón de habitante del país”, explicó Jalil. Correpi elabora y presenta este Archivo de Casos desde hace 15 años, cuando el entonces ministro del Interior Carlos Corach intentaba deslegitimar las denuncias sobre su política represiva, pidiendo datos y números.

Este fue el comienzo de la sistematización de toda la información que les llegaba y que daba cuenta de que los llamados “confusos episodios”, donde morían “delincuentes de frondosos prontuarios” tras un “tiroteo” con la policía, no eran realmente así. “El episodio dejaba de ser confuso porque no había habido un tiroteo, sino que había solo una bala, y esa bala había entrado por la espalda, o por la nuca. (…) Después el tema que también nos llamaba la atención era que un pibe de 17, 18 años fuera un delincuente de frondoso prontuario. Empezamos a investigar todo este tipo de cuestiones”, afirmó Jalil al programa Al Oeste.

Así fue como de a poco el muro de invisibilización de estos casos se fue derribando.

Hoy, viernes, a las 18.30, se realizará una nueva presentación en Plaza de Mayo del Archivo de Casos de personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado. “Mientras el gobierno intenta despegarse de su responsabilidad de la represión, nosotros seguiremos denunciando y llamando a la organización frente a la represión. Porque lejos de ser una práctica del pasado, no sólo los números de nuestro archivo, sino la realidad, nos muestra que la represión sigue siendo política de estado, gobierne quien gobierne”, señalaron desde Correpi a través de la convocatoria al acto.


Entrevista a Ismael Jalil, integrante de Correpi, en el programa Al Oeste de FM En Tránsito
Represion Preventiva
Represion Selectiva
Casos Gobiernos K
Situacion en Santa Fe

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jueves, 24 de noviembre de 2011

QEP(NO)D. MURIO BUSSI

El represor se encontraba internado en el Centro Privado de Cardiología desde el lunes, pero ya sin asistencia mecánica desde el miércoles. Estaba siendo juzgado junto con Menendez y el Roberto “el tuerto” Albornoz, pero por su estado de salud fue apartado junto con Menendez.

El genocida Antonio Domingo Bussi fue internado de urgencia pero a horas de la internación se dejó de darle asistencia mecánica puesto que padecía una descompensación general en donde la muerte era inminente. Finalmente, el represor falleció esta tarde.

En el juicio del 2008 fue condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Bussi murió cumpliendo prisión domiciliaria, a pesar de que en el juicio se exigía que sea cárcel común y perpetua, por su edad y estado de salud se le concedió cumplir la condena en su hogar en un country de Yerba Buena.

Bussi fue ex comandante del Operativo Independencia (desde diciembre de 1975), ex jefe de la 5ta Brigada de Infantería.

Este jueves se inició en el Tribunal Oral Federal un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en donde se juzgará por el homicidio, secuestro y desaparición de 2 militantes montoneros el 12 de julio de 1976 al ex jefe de la Policía y de la patota del SIC, Roberto “el tuerto” Albornoz. Menéndez y Bussi también estaban imputados en la causa pero por el estado de salud de ambos fueron separados de la causa. Ya había sido apartado de otro juicio. Estaba procesado en más de 15 causas (por secuestros, violaciones sexuales, tortuta) y estaba imputado en otras 150 causas.

Murió en el marco de la impunidad de una justicia lenta e imparcial, que llega mal y tarde y que le concede privilegios a los genocidas aun cuando están condenados a perpetua, efectiva y en cárcel común.

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A 35 AÑOS DEL ATAQUE A LA CASA DE CALLE 30

DECLARACIÓN DE HIJOS LA PLATA. A 35 AÑOS DEL ATAQUE A LA CASA MARIANI-TERUGGI

El 24 de Noviembre de 1976 un operativo de fuerzas conjuntas policiales y militares atacó ferozmente la casa de calle 30 n° 1134, donde militaba el matrimonio de Daniel Mariani y Diana Teruggi y donde vivían con su hija Clara Anahí, de 3 meses de edad.

Al momento del ataque se encontraban en la casa Diana con su hija y los compañeros Daniel Mendiburu Elicabe, Roberto Porfidio, Juan Carlos Peiris y Alberto Bossio. El operativo fue cruento: se desplegaron cientos de efectivos que cercaron la manzana durante 6 horas y se utilizó armamento pesado para aniquilar lo que era un espacio de trabajo y militancia, donde se confeccionaba y se editaba la revista “Evita Montonera”.

Como parte de la bestial represión fueron asesinados todos los adultos, que habían sido perseguidos y fichados previamente por la inteligencia militar y policial del Batallón 601 y la DIPPBA. Daniel Mariani no se encontraba en el lugar, aunque fue rastreado y asesinado en agosto del ’77 en un operativo en otra casa militante en el barrio La Cumbre.

La impunidad policial intentó instalar durante 35 años la cínica versión de que Clara Anahí murió carbonizada en el ataque. Sin embargo nunca hubo registro oficial de su deceso, ni se entregó su cuerpo.

Este año se está realizando en La Plata el juicio que considera las responsabilidades de sólo 26 represores por hechos recortados de 5 Centros Clandestinos de Detención de la dictadura en la región y por el ataque a la casa de calle 30. En el debate los genocidas Miguel Etchecolatz, Norberto Cozzani, Hugo Guallama y Carlos García, participantes del operativo, insistieron sin pruebas en que Clara murió en la represión. Etchecolatz llegó a decir que “se la llevó la subversión”.

Pero en las audiencias del juicio quedó expresada la forma irregular en que los peritos médicos constataron los homicidios en aquel momento, así como se escucharon los testimonios de vecinos del barrio que aseguraron saber que Clara fue sacada con vida del lugar y entregada a sectores policiales por orden directa del jefe de la bonaerense Ramón Camps.

A 35 años del hecho seguimos acompañando a Chicha Chorobik de Mariani, abuela de Clara, en su lucha por justicia y en la búsqueda y restitución de la niña (hoy joven) a su familia.

No esperamos nada de los genocidas, responsables del Terrorismo de Estado y de la continuidad de los efectos del plan represivo, expresada en los más de 400 niños apropiados durante la dictadura que aún siguen desaparecidos. Será la lucha popular la que consiga que el Estado asuma su responsabilidad de investigar, completar el Banco de Datos Genéticos y establecer con ello una política seria de restitución de todos nuestros hermanos apropiados.

Porque en 8 años de caídas las leyes de impunidad sigue habiendo más genocidas muertos impunes que condenados. Porque aún las condenas, sin restitución, no son justicia. Y porque el país por el que lucharon los militantes en los ’70 no se parece en nada a este modelo de exclusión, saqueo y represión que ningún gobierno del ’83 a la fecha quiso modificar.

A 35 años del ataque a la casa MARIANI-TERUGGI seguimos exigiendo:

¿DÓNDE ESTÁ CLARA ANAHÍ MARIANI-TERUGGI?
JUICIO A TODOS LOS GENOCIDAS Y JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
RESTITUCIÓN DE TODOS NUESTROS HERMANOS APROPIADOS.
JUICIO Y CASTIGO A LOS SECUESTRADORES DE JORGE JULIO LOPEZ.
BASTA DE REPRESIÓN, HAMBRE Y SAQUEO.

HIJOS LA PLATA

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martes, 15 de noviembre de 2011

La justicia cómplice absolvió al represor del GEOP

(AW) En el día de hoy, 14 de noviembre de 2011, en horas de la mañana, el Tribunal Penal del Noroeste del Chubut absolvió de todos los cargos al único imputado en la causa de Corcovado: el comisario Miguel Gómez, responsable del grupo GEOP, que tomó el pueblo en marzo de 2009 y como en épocas de la dictadura cometió todo tipo de atropellos. Entre ellos la desaparición de Luciano González.-

Esquel, 14 de noviembre de 2011


Tribunales de Esquel: El Tribunal dictó la total absolución por los hechos del GEOP en Corcovado.

En el día de hoy, 14 de noviembre de 2011, en horas de la mañana, el Tribunal Penal del Noroeste del Chubut constituido al efecto, en la Sala de Audiencias del 2º Piso del Edificio de Tribunales de Esquel, dió lectura al fallo definitivo por los cargos formulados por el Ministerio Público Fiscal y la Querella, respecto a los hechos protagonizados por el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Chubut (GEOP) en la localidad cordillerana de Corcovado en Marzo de 2009. El fallo fue absolutorio, respecto de todos los cargos, contra el único imputado en la causa: el comisario Miguel Gómez, responsable de la fuerza policial en ese momento. Esta causa fue inciada a raíz de numerosas denuncias de particulares damnificados, a raíz de las actuaciones realizadas por esa fuerza en la localidad de Corcovado en marzo del año 2009, en la infructuosa búsqueda del prófugo "Mai" Bustos.
El fallo del Tribunal concluyó con una serie de recomendaciones para el Ejecutivo Provincial, al que se remitirá la decisión judicial, a los fines de que el Gobierno pueda evaluar y corregir lo que los magistrados calificaron de "excesos policiales", pero que no consideraron delitos.
Entre los considerandos del fallo, el tribunal expresó que el estado de alteración vivida por la comunidad influyó en los testimonios de las víctimas, que si bien no se los calificó como "falso testimonio", se los valoró como inexactos o exagerados.
Asimismo, el fallo consideró que el Gobierno Provincial tendrá que reparar los daños materiales causados a las familias afectadas, así como responder por las costas del proceso.
El fallo fue oído por una concurrencia bastante numerosa, que incluyó a familias de Corcovado afectadas por el accionar policial, y también personal de la fuerza policial.
La resolución judicial fue recibida con profundo desagrado, indignación y también sorpresa por las familias afectadas por los hechos que concurrieron a la sala de audiencias del edificio de Tribunales.
Recordemos que la fuerza policial especial realizó una serie de procedimientos que fueron calificados como violentos e innecesarios por las numerosas vícitimas que realizaron denuncias ante el Ministerio Público Fiscal. Cabe destacar que no todas las denuncias llegaron a juicio, sino sólo aquellas que la Fiscalía consideró factibles de probar en el Debate.
Inicialmente, la Fiscalía calificó los hechos como "Delitos de Lesa Humanidad", con lo que solicitó el pase de las actuaciones a la Justicia Federal. Este planteo fue rechazado por el Juez actuante, con lo que el proceso se desarrolló finalmente ante la Justicia local.
Durante dos semanas se realizaron distintas audiencias en el marco del juicio Oral y Público que se llevó adelante contra un único imputado, el Comisario Miguel Gómez. Entre otros testimonios se escuchó el del entonces Jefe de Policía de Provincia, Juan Luis Ale. Seis hechos de abuso de autoridad, cinco hechos de vejaciones y uno de privación ilegal de la libertad, fueron acusados por la Fiscalía y la Querella, con la solicitud de condena.
Esta reciente decisión judicial presenta un contraste muy fuerte con las fuertes condenas que sufrieron los otros protagonistas de los hechos, es decir, los integrantes de la familia Bustos, que ya fueron juzgados por la justicia local con anterioridad.
Quedan numerosos interrogantes sin resolver: en primer lugar, no aparece hasta ahora ningún responsable político por las decisiones de haber ordenado la actuación del GEOP en Corcovado, como tampoco por el desarrollo de los procedimientos en sí. Si bien el Tribunal cuestionó la existencia de personal policial encapuchado, no consideró que estos elementos configuren delito.
Otra de las cuestiones que quedan sin resolver, es porqué solamente fue imputado el comisario, ya que es evidente que de los hechos denunciados participaron numerosos efectivos, no solamente del GEOP, sino de otros sectores de la fuerza policial provincial.
Aún cuando no fue posible identificar a los responsables en el momento de los hechos, es razonable entender que la Policía Provincial tiene la obligación legal de aportar el listado completo del personal que participó de los operativos, que duraron varios días. Fue una falencia muy grande no haber llevado a todo el personal policial que estuvo en Corcovado en marzo de 2009 a Juicio Oral y Público, y que cada uno justifique se actuación.
Tampoco se puede ver hasta ahora quién responderá por los graves y numerosos daños morales sufridos por los vecinos y familias víctimas del accionar policial, donde debemos tener especialmente en cuenta la situación de menores, jóvenes, mujeres y personas de edad avanzada.
En síntesis, queda la fuerte sensación de que no hay Poder Judicial ni Ministerio Público Fiscal en Chubut que pueda hoy por hoy proteger a la ciudadanía ante el accionar desmedido de una fuerza policial, sea el GEOP o cualquier otra.
No caben dudas que después de este fallo, será inevitable que se abra una fuerte polémica sobre la situación de DDHH en Chubut, ante un estado que cada vez se parece menos a un Estado de Derecho.

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