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martes, 28 de mayo de 2013

CICLO de CHARLAS - próxima

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LA MEMORIA EN RUINAS. El kirchnerismo y los Centros Clandestinos de Detención.

El Estado argentino se ha dedicado a gestionar los ex Centros Clandestinos de Detención con la misma ambigüedad con que encara el resto de sus políticas de Derechos Humanos. En particular se han dedicado a privilegiar algunos lugares por sobre el conjunto de la ex dependencias militares y policiales del Terror de Estado, a “resignificarlos” como si se tratara de cualquier galpón cultural, a marcarlos como prebenda que premie el apoyo a su proyecto político, o bien como simples emprendimientos inmobiliarios públicos o privados.
Desde junio de 2011 existe una ley nacional (N° 26.691) que declara Sitios de Memoria a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal hasta diciembre del ‘83. Claro, el articulado destaca que la ley comprende sólo los lugares sobre los que existen “pruebas suficientes sobre su funcionamiento como CCD” y que la constatación se hará sobre la base del informe de CONADEP, del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y los testimonios en procesos judiciales.
La responsabilidad de la secretaría de DDHH de Nación en este tema es central, no sólo porque gestiona el ANM, sino porque según la ley es autoridad de aplicación de políticas que completen las investigaciones sobre los Sitios, actualizar su nómina, gestionar la cesión de los espacios, preservarlos, recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió.
Ocurre que, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, la Secretaría que conduce Martín Fresneda se ha dedicado exclusivamente a lo que denominamos la política de “la baldosa y la foto”. Al 24 marzo 2013, el área de prensa de la Secretaría informa triunfalmente que “ya suman 60 los lugares señalizados en todo el país por estar vinculados al terrorismo de Estado”, es decir que, aun siendo la señalización una acción sesgada del organismo por sobre su responsabilidad de investigar y preservar los espacios, sólo han señalizado el 10 % de los 600 CCD identificados por la CONADEP hace 28 años.

Cuatro experiencias concretas ilustran la desidia que señalamos sobre los Sitios de Memoria:


BIM3

Lo ocurrido con el predio del ex Batallón de Infantería de Marina N°3 (BIM3), ubicado en 122 y 52, límite entre La Plata y Ensenada, muestra un camino de desidias abonado con negocios inmobiliarios del Estado.
El accionar represivo de la Armada en la zona operaba a través de denominado “Grupo de Tareas Nº 5”, desde el BIM3 y en conjunto con el Hospital y Liceo Naval, el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, el CCD “La Cacha”. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Swift y Astilleros.
El BIM3 funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de la infantería de Marina Eduardo Fracassi, Roberto Wulff  de La Fuente y Oscar Abriata, y han sido identificados decenas de represores como los vicealmirantes Luis Mendía, Antonio Vañek, Pedro Santamaría, Juan Lombardo, el capitán de Fragata Biglioni (alias “Pato”) y el capitán de corbeta Galindez (alias “Lobo” o “Bruto”). Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de detenidos desde y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.
No habiendo resguardado nunca la Justicia las 9 hectáreas del lugar como prueba judicial, la Marina se desprendió de los terrenos en diciembre de 2000 y los cedió a un holding empresario chileno, que propuso instalar un centro comercial con hipermercado, cines, y patio de comidas. El proyecto generó una disputa entre La Plata y Ensenada por la instalación de hipermercados, que se destrabó cuando la Provincia evaluó negativamente el impacto ambiental de la iniciativa.
En julio de 2001 desde HIJOS La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las investigaciones. Tres años más tarde se propuso instalar una alcaldía para alojar presos, a lo que se Ensenada se opuso con un proyecto de expropiación.
En octubre de 2005 HIJOS y AEDD enviamos una carta al Secretario de DD.HH. nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde sumábamos información sobre los represores de la FT5 y exigíamos que el presidente Kirchner expropiara para  investigarlo y darle uso educativo y cultural. Nada de eso sucedió.
En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno. Por entonces, el rector de la Universidad de La Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido “Museo de la Memoria”. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA el complejo que la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban laboratorios del Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la UNLP, por  un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló la Estación de Bombeo del Poliducto La Plata-Puerto Rosales. Grandes negocios para ambas partes.
En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector,  Fernando Tauber, con la obra de la nuevas facultades ya adjudicadas. En enero de 2011, al inauguar la Universidad de Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció que los fondos para construir en el ex BIM3 finalmente estaban disponibles. Y en Abril de 2012 se inauguró la nueva sede de la Facultad de Psicología, mientras el Dr. Tauber declaraba: “hoy comienza a tomar forma un viejo anhelo de nuestra comunidad”. Seguramente se refería menos al ideario de Memoria, Verdad y Justicia que a la continuidad del proyecto inmobiliario en la nueva sede de la facultad de Humanidades, obra que se estima inaugurada para los primeros meses de 2014, y que está mucho más avanzada que la causa N°35 por los crímenes de la “FT5”, que duerme su siesta impune en el tribunal del hoy renunciado Juez Corazza, y tiene sólo 9 represores procesados desde septiembre de 2011.


ARANA

En la provincia de Buenos Aires los funcionarios kirchneristas vienen injuriando la memoria de los CCD de manera repetida. Así sucedió con el predio del Destacamento de Arana, en las afueras de La Plata, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció el hallazgo de restos óseos calcinados en abril de 2008 en las excavaciones realizadas en torno de un muro que divide el patio interior del exterior del lugar. Casi instantáneamente, la entonces secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, adelantó que el gobierno provincial pretendía que el lugar "se convierta en un Museo de la Memoria porque allí están las cenizas de los militantes populares". Inmediatamente, el espacio “Justicia Ya” de La Plata comenzó a solicitar al gobernador Scioli y al juez Corazza la necesidad del desalojo de la policía bonaerense del destacamento policial, ya que la dependencia continuaba funcionando regularmente, y entendiendo que la tarea principal era conservar las excavaciones efectuadas por el EAAF y poder avanzar en la realización de excavaciones pendientes y peritajes sobre el interior del lugar, ello resultaba, cuando menos dificultoso en el estado de ocupación del inmueble. Tras una larga insistencia, en 2009 el Juzgado de Corazza solicitó al ejecutivo bonaerense el desalojo del Destacamento de Arana. Sin embargo, la iniciativa oficial sobre el predio siguió adelante. Voceros de la secretaría anunciaron por entonces que la obra se realizaba “con el objetivo de preservar la prueba judicial”.  Derotier de Cobacho consideró que “Arana es memoria, es respeto por nuestros desaparecidos, por los sobrevivientes y por sus familiares. Es la forma que hoy tiene el estado provincial de acompañarlos y decirles esto jamás va a volver a ocurrir”. “Justicia Ya” respondió con un comunicado titulado “No al museo del horror” donde afirmó su repudio a cualquier proyecto de memorialización que implique la convivencia con las fuerzas represivas y la exhibición de restos humanos, ya que “la presencia y ocupación del lugar por la misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio (…) significa una gravísima afrenta a la verdadera justicia y por lo tanto a la memoria colectiva de toda la ciudadanía”.  Desoyendo toda las críticas de los organismos, el gobernador Scioli  apuró su agenda en medio de la campaña electoral, y el 6 de octubre de 2011, tras inaugurar obras de un laboratorio en teleconferencia con la presidenta Cristina Fernández, participar de un “encuentro con la militancia 2.0”, en exclusiva comitiva oficial  y con la policía funcionando en la entrada del predio, presentó las obras de Arana. La prensa de gobernación difundió un escueto comunicado donde se afirmó que “la tecnología adoptada permite minimizar el impacto producido sobre el terreno a preservar, dada la sensibilidad y las características de los hallazgos”. En verdad el gobierno de la provincia invirtió 758.000 pesos para montar la iluminación y el mejorado del camino de acceso, más una estructura flotante de hierro y vidrio sobre las fosas halladas. Para minimizar los reclamos de los organismos, pero con el “museo del horror” ya inaugurado, Scioli afirmó que se comprometían a trasladar la presencia policial del edificio que funciona delante de las nuevas obras, cosa que aún hoy no se realizó.
La medida fue una muestra más de cuál es la verdadera política de Derechos Humanos de la gestión Scioli, que pretende darse aires progresistas cuando es en realidad la conducción política de la fuerza de seguridad más corrupta y asesina de nuestro país. Medidas como esta afectan la memoria de los sobrevivientes y la búsqueda de los familiares mucho más de lo que el Estado parece contemplar.


CAMPOMAR

El grandioso negociado que pende sobre el predio de la ex fábrica textil Campomar de Valentín Alsina, partido de Lanús,  sintetiza la impunidad con tres actores: la Justicia desestima las denuncias acumuladas por un grupo de vecinos sobre el funcionamiento del predio en dictadura, una empresa privada socia del kirchnerismo realiza allí un jugoso emprendimiento inmobiliario, y el poder político local y nacional convalidan la situación de impunidad.
En julio del año pasado la presidenta anunció en videoconferencia el lanzamiento del proyecto “Nuevo Valentín Alsina”, un emprendimiento de departamentos suntuarios con que el intendente Darío Díaz Perez pretende disfrazar la vista del ingreso a su partido desde Capital Federal. La construcción es regenteada por la empresa Electroingeniería, una ex humilde firma cordobesa fundada en los ’70 por los hermanos Ferreyra que, de dedicarse a construir tableros eléctricos, pasó con el kirchnerismo a conformar el poderoso Grupo Eling SA que realiza tendidos eléctricos interprovinciales y grandes emprendimientos como Yaciretá, Termozulia y el Corredo Amazónico a Bolivia.
Auspiciada por el Banco Provincia y el municipio de Lanús, la empresa promociona el emprendimiento como “Edificios en Altura con Calidad de Vida, una importante oportunidad para adquirir un inmueble en un lugar estratégico del país. Ubicado a 15´ del Obelisco”. La inmobiliaria “Díaz Perez” de la familia del intendente ofrece los departamentos a estrenar desde 200 mil dólares.
Con este panorama, los vecinos se decidieron a investigar el pasado del predio. Establecieron que en Valentín Alsina era vox pópuli que en la ex fábrica Campomar funcionó un centro clandestino de detención, que en el predio fueron hallados dos cráneos humanos (uno entre el ‘80 y ‘82 y otro en abril del ‘84), que en ocasiones descendían en el terreno helicópteros con personal militar, que en las calles que circundan a predio se hallaron en dictadura ropas manchadas de sangre, y aportaron un testigo ex detenido desaparecido que afirma haber sido alojado en el predio en su paso por 3 CCD de la zona.
Con esa información, y el patrocinio de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentaron una medida de amparo ante la Cámara Federal de La Plata, encargada de investigar los CCD del “Circuito Camps”.
En septiembre pasado los jueces Vallefín, Compaired, Nogueira, Calitri y Alvarez otorgaron una medida cautelar para preservar el predio. Mientras incorporaron informes de la CPM, de la SDHN, el EAAF, receptaron testigos e hicieron un reconocimiento del lugar. Luego la Cámara decidió extender la cautelar, pero delimitó el alcance de la medida sólo sobre parte del predio. Allí mandaron a Gendarmería a pasar un georradar que detecta remoción del terreno, pero sin control judicial. Finalmente, los jueces a los que nunca les alcanzan las pruebas para investigar a los genocidas concluyeron en que no hay prueba suficiente para afirmar que el lugar fue un CCD y habilitaron a la empresa a continúa construyendo con el compromiso de informar a la Cámara si se encontraba algo. Sin embargo, el camarista platense Leopoldo Schiffrin opinó en disidencia que como no se agotaron los medios investigativos y existe duda razonable sobre la utilización del predio para tareas represivas en dictadura, no se justifica plenamente el levantamiento de la medida de no innovar. Los vecinos piden que se termine de investigar como se debe.
En diciembre pasado la política de la placa y la foto llegó a Valentín Alsina: en un acto con presencia del intendente, de funcionarios de las secretarías de DDHH de Nación y provincia, y de ex detenidos acólitos del gobierno K, se señalizó la Comisaría 3ra de Valentín Alsina como ex CCD y actual Sitio de Memoria. Obviamente, no hubo ni una palabra sobre Campomar, ubicada a 5 cuadras de allí. Nadie querría arruinar un acto político para perder un gran negociado.


LA ESMA

Pero sin dudas el punto cúlmine de la gestión de los espacios de Memoria como cotos del circooficialista es lo que sucede en la ex ESMA. Desde la Agrupación HIJOS La Plata repudiamos oportunamente la afrenta a la memoria de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos realizada el fin de año pasado en el predio por el elenco de intrépidos y obsecuentes funcionarios kirchneristas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de DDHH de la Nación, que realizaron, defendieron (y minimizaron el cachetazo que significó hacer) “un asado” en uno de los mayores lugares de exterminio de la última dictadura. Frente a esta canallada, acompañamos a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en su reclamo por un debate serio respecto al destino de los espacios de memoria.
En la “Propuesta para el predio de la ESMA y el campo de deportes” que la AEDD hizo en 2004, mientras se discutía ampliamente los futuros usos del espacio cedido por el Estado Nacional el 24 de marzo de ese año, se aportaban criterios sólidos y fundamentados para lo que se avizoraba como una utilización desmedida del predio. Los compañeros decían claramente que para revertir tantos años de políticas de impunidad implantadas desde el Estado era clave el reconocimiento pleno de la existencia de centros clandestinos de desaparición y exterminio “sin desvirtuar su significación como tales a través de su utilización para otras actividades” y que “no puede ni debe diluirse lo que allí ocurrió detrás de otras actividades, aunque se trate de prácticas que estén vinculadas a los DDHH en su concepción más general”. Desde entonces, la Asociación se oponía a lo que se venía perfilando como “la instalación de instituciones educativas u oficinas públicas”, porque “se establecería un movimiento rutinario y cotidiano de alumnos, profesores, funcionarios, empleados, público y proveedores e implicaría la instalación de la infraestructura necesaria (bares, kioscos, comedores, guarderías infantiles, playas de estacionamiento) que vaciarían de contenido los lugares donde se planificó, se puso en marcha y se concretó un genocidio”. Y se sugería que “no se produzca ningún cambio al tejido histórico de valor cultural”, y que en caso de darse “los cambios que se realicen sean esencialmente reversibles” y “tengan un impacto mínimo”.
Nada de esto fue tenido en cuenta al calor de la almoneda que la cooptación kirchnerista realizó sobre amplios sectores del movimiento de Derechos Humanos, y que puede observarse hoy mismo con la instalación en el predio del “Espacio Cultural Nuestros Hijos” regenteado por la Asociación Meldorek-Madres de Plaza de Mayo, la “Casa de la Militancia”, arriendo del sector oficialista de hijos de desaparecidos cedido por la ministra Alicia Kirchner, el “Centro Cultural Haroldo Conti” que tutela la presidenta y gobierna el obsekuente Eduardo Jozami, el “Archivo Nacional de la Memoria” asignado al ex abogado respetable Ramón Torres Molina, el Canal Encuentro del cineasta oficial Tristán Bauer, el “Instituto Espacio Para la Memoria” integrado por representantes del ejecutivo y legislativo a la par de algunos organismos kirchneristas, y otros kioscos que todas las organizaciones oficialistas recibieron como medida de prenda por su incondicional apoyo al gobierno.
Alak y Fresneda pretenden continuar ahora la avanzada con un proyecto de “Puesta Museográfica” que prevé hasta la alocada idea de ubicar una fuente en el sótano del Casino de Oficiales de la ex ESMA. Y los HIJOS Kapital mostraron recientemente su respeto a la historia y significación del espacio con la realización de un video en el predio, donde los propios referentes de la organización cantan loas a la presidenta disfrazados para un carnaval carioca.

El debate sobre las formas de uso de los sitios de memoria no está cerrado, mucho menos ante la carnavalesca disputa que los sectores oficialistas realizan sobre los espacios. Pero este escándalo nos remite a otra discusión más profunda, que tiene que ver con el rol de los organismos de DDHH en una coyuntura como la actual. Debate que, cada vez más, no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se legitima a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica no se hace desde los despachos ministeriales, o los espacios físicos recuperados al Estado de ayer para legitimar al de hoy, sino que emerge desde la exploración teórica y práctica, en la formación y en las calles, sobre cómo inscribirse en el campo de la liberación humana. Aquella liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsekuencia pretende encerrar a los luchadores sociales.

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