NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

lunes, 23 de mayo de 2011

Cine documental. En diagonal 73 y 131 Sociedad de Fomento La Cumbre.


A 42 años del Cordobazo se proyectara el documental "Tosco, grito de piedra" para aportar a un debate necesario sobre el sindicalismo...

el film expone el pensamiento de Agustín Tosco, uno de los líderes sindicales más relevantes de la historia del movimiento obrero argentino. El documental se nutre con la intervención de testimonios cercanos a Tosco, que relatan sus caracteristicas personales y su accionar político. Con imágenes de archivo inéditas muestra, en paralelo con la historia del dirigente, todo el proceso histórico previo al Cordobazo, tanto la represión como la organización estudiantil y sindical que lo sustentó.

Hay momentos en que el pueblo sintetiza en la acción los pasajes más significativos de su historia”. Agustín Tosco


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Aparición con Vida de Luciano Arruga.

EN REUNIÓN CON PÉREZ ESQUIVEL Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE DDHH EL INTENDENTE DE LA MATANZA. ASEGURO QUE SE CIERRA EL DESTACAMENTO DE LOMAS DEL MIRADOR,LUGAR DONDE FUE VISTO CON VIDA POR ÚLTIMA VEZ LUCIANO ARRUGA.
LUCIANO PRESENTE!

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NO MAS REPRESION DEL ESTADO. ARRIBA LXS QUE LUCHAN!

Santa Cruz/ Crece la tensión por la presencia de Gendarmería

Una tensa calma prevalece en las localidades santacruceñas de Caleta Olivia, Cañadón Seco, Las Heras y Pico Truncado, ante la presencia de efectivos de Gendarmería nacional, que anoche fueron rechazados por una pueblada de ciudadanos de esa última localidad, confirmó el docente entrerriano Leandro Amatti, que dicta clases en esa localidad. “La pueblada evitó que ocurriera otra represión”, dijo pero aclaró que “hay intranquilidad en los piquetes, ya que se desconocen los motivos de la presencia de la fuerza en la ciudad”.
Amatti relató que en Santa Cruz, la docencia lleva adelante un paro por tiempo indeterminado “a partir de la golpiza que tuvieron los compañeros en esta provincia por parte de la patota de la Uocra”.
El entrerriano afincado en esa provincia manifestó que el gobierno del kirchnerista de Daniel Peralta “está inflexible y no llama a paritarias y ahora redobló la apuesta y mandó a Gendarmería nacional, que se ubicó en Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras”.
Amatti señaló que el viernes por la noche, efectivos de Gendarmería se movilizaron a Pico Truncado y allí fueron rechazados “por una pueblada de ciudadanos, docentes y trabajadores petroleros”.
Además recordó que actualmente, “hay una planta (la LH3) tomada por trabajadores del petróleo en Pico Truncado, en cuyo acceso están los docentes, y otra en Las Heras, donde se instalaron cuatro puestos mas de trabajadores de la educación, que están al costado de la ruta informando a la gente sobre el conflicto”.
Preocupado, Amatti reveló que el pueblo de Pico Truncado está en las rutas “porque manejamos información que Gendarmería se estaría por dirigir a esa zona. Ayer, el intento de esa fuerza de avanzar sobre los trabajadores quedó anulado, ya que cuando vieron que la gente se movilizó, se tuvieron que replegar”.
El docente aseguró que se generó una “red de alerta” pública que mantiene a la ciudadanía informada de los movimientos de Gendarmería. Sin embargo aclaró que “hay intranquilidad en los piquetes, ya que oficialmente nadie ha comunicado los motivos de la presencia de la fuerza en la localidad”.
El antecedente
El 15 de abril, el secretario general de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac), Pedro Muñoz, advirtió a AIM que “la feroz golpiza que sufrieron docentes santacruceños y militantes de ATE en manos de la patota oficial de la Uocra, no fue un enfrentamiento entre gremios: fue represión con mamelucos en lugar de uniformes, en zonas que fueron liberadas”.
Entonces, Muñoz también señaló que la entidad que lidera exigió a la junta directiva de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) que convoque a un paro nacional, “para que Nunca Más las tizas se tiñan de sangre”.

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Papel Prensa, un caso pendiente

Publicado el 22 de Mayo de 2011

La causa por presuntas violaciones a los Derechos Humanos en el traspaso de Papel Prensa a los accionistas privados La Nación, Clarín y La Razón, más el Estado bajo dominio de la dictadura todavía no llegó al despacho de Rafecas.

Dos fiscales federales platenses afectados a causas por violaciones a los Derechos Humanos ya dictaminaron que la operatoria podría constituir delito de lesa humanidad. Rafecas tiene experiencia en eso: la causa por las atrocidades cometidas en el Primer Cuerpo de Ejército pasó por su despacho.

Después de que el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza se declarara incompetente y decidiera enviar el expediente Papel Prensa a su colega porteño, las defensas de los imputados presentaron un recurso que mantiene las actuaciones todavía en la capital bonaerense.

De todas formas, Rafecas ya anticipó a sus colaboradores que ni bien reciba la causa reiterará su declaración de incompetencia y dejará trabada la cuestión para que un tribunal superior resuelva si él o Corazza deben avanzar con la pesquisa. La decisión podría tomarla la Cámara Federal porteña, aunque fuentes judiciales no descartaron que para zanjar la diferencia deba intervenir la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: Tiempo Argentino


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Se presenta en La Plata el premiado film documental: Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio.



Sinopsis

Para mediados de 1947, segundo año del primer gobierno de Juan Domingo Perón, hacía ya más de medio siglo que en el Norte de Argentina, se había impuesto el régimen de colonias aborígenes (antes llamadas reducciones). Estas colonias eran fundamentales para el sistema de control de la población originaria sobreviviente del genocidio iniciado cuatrocientos años antes por los conquistadores españoles. Eran una versión renovada de las antiguas reducciones religiosas y estatales, y concentraban a miles de personas de distintos pueblos que el Estado argentino sometía al trabajo esclavo para satisfacer las necesidades de ingenios, algodonales y obrajes.

El Ministerio del Interior era el organismo de gobierno que velaba por el buen funcionamiento del régimen de colonias. La policía y la Gendarmería Nacional , tenían a cargo el disciplinamiento y la represión. En 1947 los Pilagá que habían sobrevivido a sucesivas campañas de exterminio estaban siendo desplazados a tierras áridas o inundables. Aislados, y con su territorio reducido, no tenían otra salida que buscar trabajo en las industrias.

En octubre del 1947, en La Bomba , un paraje cercano a Las Lomitas, se cree que unos dos mil Pilagá se habían reunido para recibir de boca del carismático Tonkiet (Luciano) la noticia sobre un Nuevo Dios escrita en un libro hasta entonces desconocido para ellos: La Biblia. Las danzas y los tambores se mezclaron con los himnos bíblicos y resonaron durante muchas noches, y en el regimiento 18 de Gendarmería, distante a sólo un kilómetro del paraje comenzó a gestarse la represión planificada y ordenada por el Estado. La indisciplina tenía que cesar, la gente debía ser encerrada en un espacio controlado para ser enviada a trabajar. Aquella expresión de libertad cultural y religiosa podía ser contagiosa y el escarmiento no tardó en llegar. El día 10 de octubre, al caer la tarde, la Gendarmería Nacional apuntó sus armas contra la multitudinaria reunión, fusilando a cientos de personas. De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, la matanza se extendió varios días. Después de los fusilamientos del día 10, se iniciaron las persecuciones de testigos a través de los montes, las mujeres sufrieron violaciones y hubo más fusilamientos en las comunidades cercanas. Muchos niños murieron por las heridas de bala. Muchos ancianos y murieron vencidos por el cansancio y la sed, acorralados por las tropas que patrullaban el acceso a los arroyos. Los cadáveres no pudieron ser sepultados y continúan desaparecidos. Los sobrevivientes recuerdan las capturas y el encierro final. ¿Cómo pudieron ocultarse estos hechos durante tanto tiempo?

Durante más de sesenta años el pueblo Pilagá no tuvo oportunidad de contar lo sucedido, el terror fue sembrado con éxito, y también la mentira. Algunos historiadores, antropólogos y medios de comunicación hicieron su aporte para cubrir estos crímenes con un manto de silencio. Sin embargo la memoria de los sobrevivientes permaneció en espera de ser escuchada.

En el año 2006 la masacre de La Bomba da lugar a una demanda contra el Estado Nacional de características inéditas en el derecho argentino, fundada en los principios jurídicos de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. El juez federal Mario Bruno Quinteros ordena que un forense trabaje en la búsqueda de restos humanos y los sobrevivientes inician junto a él la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Este es el punto de partida para una lucha largamente demorada: la de la búsqueda de la verdad en la que deberán embarcarse las generaciones presentes y futuras.

Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio revela hechos deliberadamente ocultos, sin ser una película sobre el pasado, sino un vehículo para entender el presente. Está hecha de retazos de memorias personales que dan cuenta de una historia que urge conocer y asumir: la del genocidio de los pueblos originarios de la Argentina.

Prensa y Producción: Valeria Herrera (+5411)1555939463

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Las Abuelas pueden esperar tranquilas.


Por Martín Granovsky

En la Cámara de Representantes (diputados) de los Estados Unidos, 214 miembros pasarán a la historia por haberse negado a desclasificar documentos de inteligencia que ayuden a identificar nietos secuestrados en la dictadura argentina. A la cabeza estuvo el republicano Mike Rogers, diputado por Michigan y presidente de la Comisión de Inteligencia. Su argumento: “Tenemos que dedicarnos de lleno a Al Qaida. El tema de la Argentina puede esperar. Ya esperó 25 años. Unos años más no harán la diferencia”.

Maurice Hinchey, veterano de la Marina, opositor de la guerra de Irak del 2003 y diputado por Nueva York, fue el autor del proyecto de desclasificación y encabezó la minoría de 194 miembros que perdió la votación. Ni Rogers ni su staff contestaron las preguntas enviadas por este diario.

Consultado por Página/12, un vocero de Hinchey dijo ayer por la tarde: “No hay ninguna razón para sospechar que la iniciativa de Hinchey podría significar un problema para los esfuerzos en la lucha actual contra el terrorismo. Pensar eso sería ridículo”. Hinchey había piloteado una iniciativa similar para Chile en 1999. Tuvo éxito: los organismos de Inteligencia desclasificaron entonces 24 mil documentos que fueron útiles a la Justicia chilena.

En la Cámara baja la mayoría demócrata es de 240 contra 192 republicanos. El voto sobre la Argentina, de 214 contra 190, revela que además de los ausentes no todos los demócratas votaron por el proyecto de Hinchey. En el caso argentino, el Departamento de Estado (Cancillería) ya desclasificó un pelotón de documentos. Hinchey buscaba que hicieran lo mismo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina de Investigaciones Federales (FBI).

También los argumentos de Hinchey quedaron registrados para la historia de los derechos humanos. Esta fue la secuencia de su argumentación en la Cámara de Representantes:

- La Argentina y otros regímenes militares del Cono Sur realizaron la Operación Cóndor, que consistió en la captura y el asesinato de disidentes a través de las fronteras.

- La mayoría de los 30 mil desaparecidos fueron torturados y arrojados al agua.

- “Durante la dictadura, cientos de chicos nacieron en cautiverio y fueron entregados a miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que sus madres presuntamente eran asesinadas.”

- “Se descubrió la identidad de muchos de estos chicos, pero la mayoría no se conoce.”

- “Dada la relación estrecha (de los Estados Unidos) con sus contrapartes argentinas de las comunidades de inteligencia, seguridad y militar, es probable que la documentación de la comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos contenga información de gran valor útil para apoyar las nuevas investigaciones sobre la búsqueda de los hijos de los ‘desaparecidos’.”

- “Recomiendo que la Cámara se dirija al director nacional de Inteligencia para que suministre a los paneles de inteligencia de la Cámara y del Senado información relacionada con las violaciones a los derechos humanos del gobierno militar en la Argentina y que también sirva para echar algo de luz sobre los niños nacidos en cautiverio.”

- “Miles de familias esperaron más de 30 años para conocer el destino de sus seres queridos y hoy tenemos la oportunidad de hacer una contribución significativa a la verdad y a la justicia y ayudar el cierre de un capítulo problemático de la historia argentina.”

En su refutación de Hinchey, Rogers admitió que se trataba de un “asunto particularmente difícil en la Argentina” y que tal vez un pedido como el de su colega por Nueva York “pudiera aportar cierta información que terminara atenuando las heridas”. El problema, para el republicano por Michigan, es que aceptar el criterio de Hinchey “dañaría el esfuerzo actual de lucha contra el terror”. ¿De qué modo? Así: “Podría desviar a la comunidad de inteligencia de su misión de proteger a los Estados Unidos y nuestros intereses respecto de las amenazas actuales”. Y así: “Cuando uno piensa sobre qué difícil es obtener algo de información e identificar un alias en árabe, se da cuenta de que el aparato entero de inteligencia estuvo años tratando de desarrollar la pista que nos permitió traer a Osama bin Laden a la Justicia”. En su negativa a ayudar a las Abuelas, Rogers argumentó que la comunidad de Inteligencia reclama “más analistas y más recursos humanos”. Para él la iniciativa de Hinchey, “a pesar de su buena intención”, sería un perjuicio porque absorbería “recursos para un problema que tiene 20 o 30 años de antigüedad”.

“Lo lamento, pero hoy no podemos darnos ese lujo”, dijo Rogers. “La comunidad de inteligencia está preocupada porque los próximos seis meses serán cruciales y Al Qaida buscará retomar posiciones luego de haber perdido a su líder inspirador y sus puestos operacionales para lanzar un nuevo ataque. Tenemos que dedicar cada minuto de nuestro día a identificar a los que quieren matar norteamericanos o a ciudadanos de nuestros aliados.”

Agregó Rogers que “no es momento de interrumpir a nuestros analistas en contraterrorismo, a nuestros oficiales, a la CIA o a cualquiera de nuestras agencias de inteligencia ocupados en combatir a Al Qaida y ponerlos en actividades que sucedieron en la Argentina 25 años atrás”. Hinchey no se dio por vencido. Dijo que no era verdad que su proyecto tuviera algún costo significativo. “La operación (Cóndor) ocurrió en el pasado. La información que queremos obtener está disponible ya mismo. No insumirá recursos importantes y puede conseguirse muy muy rápido. Lo que pasó en la Argentina debe corregirse. Fueron hechos violentos que afectaron profundamente a la sociedad y se dieron en el contexto de muchas, muchísimas familias, muchas de ellas completamente inocentes. Los perjuicios fueron desastrosos. Lo que proponemos se puede realizar con facilidad y rapidez y la última vez que lo planteamos fue una iniciativa apoyada por todos de manera unánime.”

El diputado por Nueva York pidió a la oposición republicana que reconsiderase su postura. “Piensen bien en esto, en cuán importante es para la Argentina y para los Estados Unidos y con qué facilidad puede llevarse a la práctica. Nadie lo objetaría. Necesitamos hacerlo. Es algo honesto y será positivo, además de efectivo.”

Cuando consiguió por última vez el uso de la palabra, Rogers aludió a su propia experiencia. Con todo respeto por la pasión demostrada por Hinchey, contó que él mismo fue agente del FBI y sabe lo que significa un minuto para un oficial. “Es un minuto que se quita de un caso, de la búsqueda de información, de una investigación, del tiempo de alguien que trabaja como analista u opera en el terreno para conseguir datos y procesarlos.”

Fue en ese punto de su respuesta que Rogers dio su opinión en el sentido de que la restitución de chicos hijos de padres secuestrados y asesinados podía esperar, porque ya había pasado mucho tiempo. “Es probable que los próximos años no marquen una diferencia para este tema, pero sí serán importantes para la vida o la muerte de ciudadanos norteamericanos a manos de Al Qaida”, dijo. El presidente de la Comisión de Inteligencia dijo tener la esperanza de que el caballero, es decir Hinchey, no piense que él condena su esfuerzo. Simplemente, se trata de una cuestión de “prioridades de seguridad nacional”.

El proyecto original del diputado por Nueva York pedía información y documentos sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado, el batallón de Inteligencia 141 de Córdoba, el 601 del Estado Mayor, el 121 de Rosario, y también detalles sobre operaciones de colaboración con fuerzas de Brasil, Paraguay, Uruguay. Sobre los chicos nacidos en cautiverio, solicitaba información disponible que diera cuenta de los campos de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada, Automotores Orletti, La Perla, Campo de Mayo e Institutos Militares. Si la comunidad de Inteligencia se rehusara a desclasificar un documento, Hinchey quería saber de qué manera ese documento podía herir la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero Rogers y 213 diputados más opinaron que las Abuelas tienen tiempo y pueden esperar.

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