NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 29 de diciembre de 2015

Solidaridad con Chicha Mariani y Elsa Pavón.

Comunicado de prensa Justicia Ya La Plata.


Justicia Ya La Plata hace público por este medio su más amplia solidaridad con Chicha Mariani y con Elsa Pavón.
La incansable búsqueda por parte de una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, en lo personal y en lo de la inmensa mayoría del pueblo, pareció tener un final feliz con el encuentro de quien creyó era Clara Anahí. Sin embargo la confirmación del lazo sanguíneo vía ADN, hecha por un laboratorio privado cordobés, era una primera instancia a la que le faltaba la validación en la justicia. Errores y apresuramientos comunicativos llevaron a dar por corroborado el hallazgo de Clara Anahí Mariani Teruggi a pesar de faltar el paso por la justicia.
Sin embargo, queremos denunciar que sobre estos errores se han montado una serie de especulaciones políticas que intentan ocultar la responsabilidad del estado en el hecho que a 39 años Clara Anahí siga sin aparecer al igual que los más de 400 jóvenes a los que la dictadura genocida, de muy pequeños robó a sus madres y cambió su identidad. Responsabilidad que es del actual gobierno pero que también lo fue de los anteriores desde la recuperación de la democracia hasta hoy.
Pese a que el Estado debió velar por el efectivo cumplimiento de su responsabilidad, mediante la apertura total e irrestricta de todos los archivos, así como el de preservar el Banco Nacional de Datos Genéticos, ideado por Chicha Mariani, el gobierno anterior lo utilizo como coto político, en su pelea por la apropiación de los DDHH, utilización denunciada públicamente por la propia Chicha, por Elsa Pavón, Mirta Baravalle y otras abuelas, junto a sectores vinculados a la lucha por los DDHH.
Denunciamos que en instancias en que Chicha y su amiga y compañera en estos 39 años Elsa Pavón, necesitan de toda la solidaridad que el momento exige, esas denuncias han sido utilizadas en forma cobarde y artera para agraviar a Elsa y veladamente también a Chicha por sostener esta postura.
Exigimos la mayor transparencia del BNDG para que se pueda realizar una nueva prueba de ADN con nuevas muestras y con la presencia de Peritos de Parte, así como la reserva de una parte de las muestras para hacer una contra-prueba en un laboratorio independiente y que no haya actuado en este caso, como única garantía para encontrar resultados concluyentes.

*El estado es el responsable de que aparezca Clara Anahí y los más de 400 jóvenes con identidad desaparecida durante la dictadura.
*Apertura de todos los archivos
*Solidaridad con Chicha Mariani y Elsa Pavón.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS NO NOS RECONCILIAMOS


CONTACTOS DE PRENSA:
Nilda Eloy: 221-155865035
Carlos Zaidman: 221-155731407


Asociación de Ex - Detenidos Desaparecidos, María Laura Bretal, HIJOS La Plata, Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), agrupación La Retaguardia, Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, Comité de Acción Jurídica (CAJ), Federación Universitaria de La Plata (FULP) y Liberpueblo.

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miércoles, 16 de diciembre de 2015

21 MESES SIN MAURICIO ANDRADA

Exigimos la inmediata elevación a juicio oral de la causa!
No premien a los asesinos!
JUEVES 17/12 – 10HS – Tribunales 7 Y 56


Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil convocamos a concentrarnos en las puertas de los Tribunales, ubicado en 7 y 56, para exigirle al Poder Judicial y Político que se eleve a juicio la causa de Mauricio Andrada e Ismael Perusatto.

El 12 de febrero de 2014 el policía, integrante del grupo Halcón, Cristian Daniel Duarte asesinó con su arma reglamentaria a Mauricio Andrada (17 años) e Ismael “Beiby” Perusatto (20 años) en calle 71 entre 23 y 24 de La Plata. Duarte disparó 5 veces sobre los pibes, alegando la “legítima defensa” en un robo que aún no está probado. “Beiby” murió al instante, mientras que Mauri estuvo 40 días luchando por su vida. Falleció el 17 de marzo de 2014 en el Hospital San Juan de Dios.

Ante los cambios de gobiernos, seguimos exigiendo justicia y denunciando la profundización de las políticas represivas. Como siempre suceden en las causas judiciales donde están implicados agentes de las fuerzas de seguridad como principales asesinos de jóvenes pobres, avanzan de manera muy lenta y llenas de irregularidades. Sabemos que tenemos una justicia burguesa y patriarcal, a la cual presionaremos para que también defienda al pueblo trabajador.

El fiscal de la UFI Nº 6, Marcelo Romero, procesó a Duarte por “doble homicidio en ocasión de robo” (IPP: 06-00-006348-14), sin embargo el agente sigue transitando las calles platenses con su arma en la cintura. La justicia penal, a través del Juez de Garantías Federico Atencio, le creyó y lo sobreseyó en primera instancia afirmando que el error de Duarte fue “esencial, decisivo y excusable”. A primera vista se observan las contradicciones en las declaraciones testimoniales entre Duarte y un “supuesto testigo” que presenció el hecho (Rodolfo O. Galeano, ex agente policial de la Bonaerense).

Por su parte, Duarte señaló que los jóvenes lo hicieron caer al piso donde luego le propinaron patadas, y aseguró no ver a ninguna persona en el lugar al momento de disparar, asegura que fuero dos disparos a Mauricio y otros –sin especificar- a Ismael. Mientras que Galeano, “supuesto testigo del hecho”, declaró circular con su taxi por ese lugar y tener que hacerse a un costado de la calle al ver “semejante enfrentamiento”, y en ningún momento relató verlo a Duarte tirado en el piso recibiendo golpes. Una de las primeras irregularidades de la causa.
Se le suma el no cuidado del lugar del hecho para realizar las pericias correspondientes. Otra testigo, Mónica Alvino, indicó: “pude ver que los peritos en presencia de los testigos revisaron la mochila que tenía puesto el herido, la cual pude ver que contenía una gorra, también sacaron una bolsita, chiquita hecha con un trozo de nylon color verde claro, la cual fue desechada en el inodoro de una vecina del lugar”. Ante dicho panorama de la causa judicial, cómo se explica la decisión del juez Atencio de sobreseer al policía. Declaraciones contrapuesta, pericias irregulares, la gran mayoría de los testigos son agentes de seguridad y en ningún momento escucharon la voz de los familiares de los jóvenes fallecidos.

Por ello, la familia de Mauricio y el fiscal Romero apelaron la medida solicitando la resolución en juicio oral, argumentando que “la versión brindada por el imputado no es conteste con las conclusiones periciales arribadas en virtud de la operación de autopsia. El relato del testigo Galeano no resulta en un todo coincidente. El imputado posee conocimientos especialísimos respecto del resto de la ciudadanía en cuanto a sortear amenazas contra la integridad física”. La causa se encuentra, desde septiembre pasado a definir en la Sala 2 del Tribunal de Casación, a cargo del juez Fernando Mancini.

No se trata de un caso aislado sino que son miles los y las pibas que mueren por causa de gatillo fácil en nuestra ciudad. Recordamos a Omar Cigarán, Ezequiel Heredia, Juan Martín Yalet y muchos más. Los gobiernos pasan y la represión sigue.

Cabe recordar que lejos de apartarlo de la fuerza, en abril de 2015 el gobierno de Daniel Scioli ascendió a Duarte a teniente primero, con la aclaración de que reúne “las condiciones de idoneidad necesarias y los demás requisitos para su promoción”. Una vez más repudiamos al poder político que encubre y premia a los policías de gatillo fácil por la labor cumplida. Los gobiernos pasan y la represión sigue; no se tratan de prácticas de una sola institución (en este caso, policial) sino que la represión es una política de Estado.

Seguiremos acompañando a la familia de Mauricio, nos movilizaremos y estaremos en las calles cuando sea necesario. Exigimos al Tribunal de Casación, Sala 2, que confirme inmediatamente el procesamiento del asesino Duarte, apartado de la fuerza, y que se eleve la causa a juicio oral.

- JUSTICIA POR MAURICIO ANDRADA, ISMAEL PERUSATTO, Y TODOS LXS PIBXS ASESINADXS POR LA POLICÍA.
- APARTAMIENTO DE LA FUERZA Y JUICIO AL POLICIA CRISTIAN DANIEL DUARTE.
-BASTA DE GATILLO FACIL.
-NI UN PIBE, NI UNA PIBA MENOS.

CONTACTO DE PRENSA:
Julio (HIJOS La Plata) 0221 155892221 


COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FACIL
(((Familiares y amigxs de Omar Cigarán-Mauricio Andrada-Andrés Nuñez, Casa por los DD.HH. Hermanos Zaragoza, Ceprodh, COB La Brecha, Colectivo Piedra Papel y Tijera, Corall Grupo Antirrepresivo, HIJOS La Plata, Olla Popular de Plaza San Martín, Patria Grande))).

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martes, 15 de diciembre de 2015

REGALITOS DE NAVIDAD

Tres represores beneficiados por la justicia platense en causas de Lesa Humanidad

Al reciente apartamiento del coronel Héctor Gamén en 3 causas, se suma el otorgamiento de domiciliaria a Juan Carlos Herzberg, revocado 1 mes atrás en la sentencia del juicio FT5, y el sobreseimiento de Luis Ponce en la causa residual de Comisaría 5ta, donde estaba procesado por el secuestro de Jorge Julio Lopez en 1976.

Por HIJOS La Plata

La justicia penal federal platense continua desplegando generosidades de fin de año sobre los represores de la última dictadura: este mes apartó de las causas por “incapaz” al jefe de operaciones e inteligencia del Ejército en nuestra zona, envió a su casa al marino Juan Carlos Herzberg, que suma 3 condenas y ya violó la domiciliaria ocultando un arsenal en su casa, y sobreseyó al policía Luis Raúl Ponce en la acusación por el primer secuestro de Jorge Julio López en su casa de Los Hornos.
Mientras en muchos sectores preocupa la continuidad en abstracto de los juicios a los genocidas, los tribunales de instrucción y el encargado de realizar los debates orales demuestran con sus decisiones la emergencia real de los procesos en La Plata, donde en 12 años sólo se ha condenado a 70 de los 160 represores procesados en estas causas. La tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuro juicios.



El coronel desorientado
Como informábamos hace poco, e titular del juzgado Criminal y Correccional N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, decidió apartar el pasado 2 de diciembre al coronel Héctor Humberto Gamén, alias “Toto” o “Beta”, de las causas por los delitos cometidos en los CCD “Pozo de Quilmes, “Pozo de Banfield” y Brigada de San Justo. Lo hizo siguiendo un pedido de la defensa del represor, que arguyó una resolución del TOF 1 de CABA en la causa por el CCD “Sheraton” donde se, había dictaminado que no se encontraba en condiciones de estar a juicio.
Los hechos investigados en La Plata se le atribuyen por su responsabilidad de mando en el Comando del Primer Cuerpo del Ejército durante los primeros 2 años de la dictadura. De hecho, como segundo comandante de la Brigada de Infantería X, con sede en el barrio Hipódromo de La Plata, y como jefe de la Central de Reunión de Información (CRI) de La Tablada, Gamén coordinó las tareas de inteligencia y operaciones de las patotas militares y policiales en los CCD del Circuito Camps y los de la Zona I del Primer Cuerpo.
Los informes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de junio de este año afirmaron que Gamén estaba clínicamente compensado y sin evidencias de patologías físicas agudas, pero se lo notaba “desorientado en tiempo y espacio y con marcha vacilante”. Un segundo informe, ya con peritos de parte, habría corroborado que sus facultades mentales “no encuadran en la normalidad psicojurídica”, que “reviste la forma clínica de Deterioro neurocognitivo moderado a grave” y que “no se encuentra en condiciones de afrontar su derecho de defensa en juicio”.
En este caso se ordenó que Gamén sea peritado trimestralmente para determinar si recupera su capacidad de ser sometido a juicio. El genocida sólo fue condenado en 2011, en el primer tramo del juicio por los crímenes cometidos en el CCD “El Vesubio”, y con su nueva situación zafó de tres procesos en la Plata y dos en Comodoro Rivadavia.


El marino escoriado
En la sentencia del juicio por los crímenes de la “Fuerza de Tareas 5” de la Armada, el Tribunal Oral Federal N°1 había condenado el 19 de octubre pasado a Juan Carlos Herzberg, ex director del Liceo Naval y comandante de dicha fuerza en dictadura, a 25 años de prisión como coautor del delito internacional de Genocidio. Además. Había revocado, por mayoría de los jueces Carlos Rozansky y César Alvarez, las domiciliarias a todos los represores juzgados en el debate.
En tal decisión pesó, en el caso de Herzberg, el hecho de haberse descubierto durante el juicio que el marino ocultaba en su casa, o en poder de sus familiares, municiones y 11 armas de fuego: 8 calificadas “de guerra”, entre las calibre 12/70, las pistolas Smith &Weson, la Beretta, la Browning, los Winchester y hasta un fusil Máuser.
Pero dos meses más tarde la sentencia fue morigerada por otra resolución del TOF 1, que con votos de los jueces Alvarez y Castelli le volvió a otorgar el beneficio de la domiciliaria e informó que los últimos partes médicos afirman que Herzberg “deambula con dificultad, no autoválido, requiere asistencia parcial para higiene, vestido y alimentación”, “sufrió un golpe en la Unidad 28 del SPF que le produjo escoriaciones en el rostro, y será operado de cadera en el Hospital Naval Pedro Mallo el 18 de diciembre”.
Los jueces, que a partir d ella salida de Rozansky de los juicios serán la nueva mayoría en próximos procesos, determinaron que cumpla arresto domiciliario hasta que sea operado “y en función de
la evolución post operatoria, deberá volverse a analizar la modalidad de cumplimiento de la condena”.
En tanto el juez Rozansky recordó en su voto el incidente de las armas y opinó que “los crímenes por los cuales fue condenado Juan Carlos Herzberg, resultan de una magnitud claramente superior a la de cualquier escoriación, patología física o a la edad que figura en su documento de
identidad”. Por ello votó por su alojamiento en cárcel común con todos los cuidados o en un hospital penitenciario, y agregó que “enviarlo a su domicilio, donde no tendrá mayores restricciones, como si tienen los miles de condenados por nuestra justicia, transforma en la práctica, en mera formalidad, las condenas impuestas”.
Herzberg fue condenado en 2010 a 10 años de prisión por la apropiación de la hija de desaparecidos María Natalia Suarez Nelson Corvalán, y en 2014 a otros 12 años por “complicidad en el Genocidio perpetrado durante la última dictadura” en 3 casos de secuestros juzgados en el proceso referido al CCD “La Cacha”. Con la nueva decisión, y pese a acumular 3 sentencias en su contra, volverá a mirar la vida desde el departamento de Luis María Campos al 1400 de CABA.
Varios hechos recientes, que no han tenido la suficiente trascendencia, vienen a relativizar todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. El último refiere a Luciano Benjamín Menéndez, el “Chacal”, el jefe del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército en dictadura, condenado 12 veces a perpetua y con 2 sentencias más de 20 años de prisión, el genocida con más condenas de los 148 juicios que se hicieron en los últimos 9 años; que goza de prisión domiciliaria por razones de salud fue descubierto por una chica, a las 4 de la tarde, sentado solo, suelto, libre y sin custodia en una sala de espera médica, y cuyo detalle puede verse en https://www.facebook.com/laucharevista/?fref=nf



El policía impune ayer y hoy
Pero los presentes de fin de año no terminan allí. En otra resolución que va pintando sus amplios criterios en la toma de decisiones, el juez Kreplak decidió sobreseer en la causa N°21, residual de Comisaría 5ta, al represor Luis Raúl Ponce de la acusación que cargaba por el secuestro de Jorge Julio Lopez en su casa de Los Hornos el 27 de octubre de 1976. Tanto en sus declaraciones en instrucción como en el juicio a Miguel Etchecolatz de 2006, Lopez había mencionado que en su secuestro había reconocido a un joven oficial de apellido Ponce, que manejaba el móvil donde lo trasladaron a Arana, así como el que lo llevó de la Comisaría 8va a la Unidad 9 para su blanqueo. Lopez agregó que creía recordar que el agente se llamaba “Jorge Ponce” y que lo conocía del barrio.
Ponce también está procesado en la causa por torturas seguidas de muerte al joven Andrés Nuñez, ocurrida el 27 de septiembre de 1990 en la Brigada de Investigaciones de La Plata, donde comandaba un grupo de calle. Tras estar más de 20 años prófugo, Ponce fue detenido en agosto de 2012 en Junín de los Andes con identidad falsa, y se encuentra a la espera de juicio alojado en la Alcaidía Roberto Pettinato. Llamado a indagatoria en diciembre de 2012 en la causa por Comisaría 5ta, Ponce negó las acusaciones y trató de argumentar que Lopez había mencionado a un “Jorge Ponce”, que él no se llamaba así y que nunca había vivido en Los Hornos.
Más allá del detalle, en la causa consta el testimonio del policía Gabriel Ernesto Gonzáles, integrante de la Dirección de Investigaciones al mando de Etchecolatz, que dijo que “éste le había ordenado tareas de coordinación con las diferentes unidades regionales que funcionaban en la provincia de Buenos Aires, razón por la cual debía viajar constantemente a bordo de un auto conducido por un chofer de apellido Ponce”. También consta el relato del policía Luis Marcelo Vera ante la Conadep en 1984, que había sindicado a Ponce (“morocho, de pelo negro, en ese entonces usaba bigote, mas bien morrudo”) y a un oficial “Jaime” como agentes que operaban en Arana, donde “se torturaba y se quemaban los cadáveres de las personas que fallecían durante la tortura o en 'enfrentamientos'”.
En el derrotero de la causa, la Cámara Federal había confirmado el procesamiento de Ponce por el secuestro de Lopez en diciembre de 2012, y en marzo de este año el anterior juez de la causa, Eduardo Di Lorenzo había cerrado la instrucción y elevado el proceso a juicio en conjunto con hechos de Arana y Brigada de Investigaciones no juzgados en el juicio “Circuito Camps” de 2012.
Sin embargo, el 11 de diciembre el Dr. Kreplak resolvió sobreseer a Ponce con el argumento de que la fiscalía no había sostenido la acusación. De hecho el Ministerio público se había opuesto a la elevación a juicio en relación a Ponce y había pedido reconfirmar las testimoniales de Gonzáles y Vera. Sin detallar que éstos se hayan desdicho, según los fiscales “si bien las pruebas reunidas podían sustentar el procesamiento, no resultaban suficientes para formular acusación”. Hasta se animaron a afirmar que no alcanzaba para sostener la acusación en un juicio oral “la sola consideración de los testimonios de la víctima Jorge julio Lopez”. Además de poner en cuestión la palabra de las víctimas, los fiscales desligan con ello su propia responsabilidad en el hecho de que Lopez no podrá reafirmar en debate sus dichos por estar nuevamente desaparecido.
Como detalle final, Kreplak se encargó de aclarar que “el proceso en orden al hecho descripto no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado el imputado”. Con ello se olvida Kreplak de Jorge Julio Lopez y de Andrés Alberto Nuñez.
Por el caso de Jorge julio Lopez, por el que fue condenado sólo el comisario Etchecolatz en 2006, también está acusado Jorge Antonio Bergés, en el mismo expediente del que ahora fue separado Ponce. Y a más de 9 años de su segunda desaparición forzada, por lo cual no hay imputados ni procesados, se conforma una nueva burla a la memoria del compañero.

Hoy más que nunca, para juzgar de manera plena la participación de agentes militares, policiales, penitenciarios y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, y en su llegada al debate oral. Si en 12 años sólo se juzgó al 40% de los represores procesados en todo el país, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que el 60 % restante no podrá esperar otros 12 o 15 años y quedará impune si no se acelera el proceso, como los 230 procesados que fallecieron en esta década.
Este 24 de marzo, a 40 años del golpe, debemos imponer este reclamo en la agenda al nuevo gobierno, sumando todas las luchas contra la impunidad de los crímenes de Estado en democracia.

HIJOS La Plata
Diciembre de 2015

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lunes, 14 de diciembre de 2015

Balance de los juicios a los Genocidas a diciembre de 2015

FIN DE UN CICLO


Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 hasta diciembre de 2015. Destacamos sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen sentencia de primera instancia de un tribunal federal del país, porque dan una idea más acabada del número de condenas a que se ha llegado en estos años.

Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal( www.mpf.gov.ar y www.fiscales.gob.ar) y del Poder Judicial (www.cij.gov.ar). Nuestra base de datos puede consultarse en www.hijosprensa.blogspot.com.ar

Otro año de caída
Con 17 juicios parciales concluidos y 115 condenas en lo que va de 2015, las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar a los genocidas. El debate político por la continuidad de los juicios en el gobierno de Macri ha ocultado los déficit de un proceso que se ha estancado hace 3 años. Las magras cifras de condenas que arrojó el período 2013/2015 hizo detener en los hechos un proceso había crecido desde 2010. Si se había tocado un techo de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año promedio, este año fue menos productivo y termina de consolidar la caída general del proceso.
Lo más probable es que reste sólo 1 sentencia en lo que queda del año: el juicio realizado en Capital federal a los apropiadores de Pablo Athanasiu Laschan, y aunque todos sean condenados no cambia el panorama general.
Desde la caída de las leyes de impunidad al 10 de diciembre de 2015 el Estado argentino sólo efectivizó 148 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 148 juicios hubo 869 procesamientos, y como resultado se dictaron 778 condenas sobre 634 represores, 80 absueltos y 9 muertos impunes mientras duraba el proceso y 2 apartados durante el juicio, por un universo de 3858 víctimas. Esto quiere decir que en 12 años alrededor del 40% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 30% de aquel número de procesados fue condenado. Es interesante aquí plantear que habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 12 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 12 o 15 años y quedará impune (como los 230 procesados que fallecieron en estos 12 años) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.
Además, si seguimos tomando como referencia los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 643 condenados siguen representando, a más de una década de anuladas las leyes de impunidad, un poco más de 1 represor condenado por cada CCD. Para completar el cuadro, hay menos de 130 represores con condena firme, es decir confirmada por los tribunales superiores del país, siendo que en muchos casos eso define si se los aloja en cárcel común o en sus casas. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado.
Entonces, comparado con los 200 mil represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 2 mil procesados, ese 32% de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.

Cifras generales
Si analizamos lo que fueron las distintas zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, y subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías y servicios penitenciarios provinciales se han hecho:
- 37 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo (Bs.As. y La Pampa) con 198 condenas. Agregamos aquí el detalle de que en 2015 sólo se realizaron 2 procesos en este ámbito: la causa por la represión en Junín y contra agentes del Batallón 601 por asociación ilícita.
- 30 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo (NEA) con 150 condenas. Nuevamente, en 2015 sólo hubo 2 procesos en esta jurisdicción: la causa contra el subjefe de policía de Formosa y la conocida como “Saint Amant 2” en Rosario.
- 44 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército (NOA) con 264 condenas. Es esta la jurisdicción donde más juicios hubo este año (7 procesos), a la vez que donde más condenas ha habido en general, incluidas las 28 de este año sólo en el juicio que se realizó en San Luis.
Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del noroeste bonaerense vemos que el juzgamiento fue de 13 procesos con 53 condenas, la mayoría por hechos del CCD Campo de Mayo. Este año sólo concluyó en esta jurisdicción el juicio N°11 por hechos de aquella sede de mando militar, referidos a crímenes cometidos desde la Comisaría de Villa Ballester.
Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 10 juicios que condenaron a 71 policías y militares: 3 procesos en Neuquén, 3 en Chubut, 3 en Bahía Blanca (el último compartió imputaciones con efectivos de la Armada) y 1 en Río Negro.
En cuanto a los crímenes de la Armada, sólo se logró condenar a un total de 50 marinos, 9 prefectos y 8 civiles cómplices de esas patotas. Este año se logró la condena a 5 marinos y 3 prefectos en La Plata, en el juicio a la Fuerza de Tareas 5; además de 9 marinos y 4 prefectos sentenciados en la causa “Fracassi” de Bahía Blanca; la apropiadora de Javier Penino Viñas y los de Florencia Reinhold Siver, delitos cometidos desde la Escuela de Mecánica de la Armada. Precisamente, continúa su curso el tercer tramo por los crímenes de la Escuela de Mécánica de la Armada, que lleva 3 años de audiencias, donde han muerto impunes casi una decena de represores, y que se ha convertido en el proceso judicial más complejo de las historia penal argentina.
Además sólo 13 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea y sus patotas condenados a la fecha: este año se sentenció a 2 oficiales de la 5ta Brigada Aérea en el juicio desarrollado en San Luis, y a 5 oficiales de la Fuerza Aérea y un civil de Inteligencia de esa fuerza en la causa Mansión Seré 2 en San Martín. Y hubo sólo 11 integrantes de Gendarmería condenados, en CABA, Córdoba, Tucumán y San Martín.
Por último, en 2015 hubo 2 novedades importantes: el ex juez Manlio Martínez fue el primer ex funcionario judicial de la dictadura condenado por secuestros, prevaricato y asociación ilícita; mientras que los espías del Batallón 601 Leonardo Sánchez Reisse, Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle, que habían llegado procesados por 3 secuestros extorsivos de empresarios entre 1979 y 1981, fueron absueltos por mayoría por el TOF6 de Capital, que entendió cosa juzgada, y transformó el proceso en el primer juicio en que todos los procesados fueron dejados en libertad.

Grises y negros
Curiosamente venimos escuchando desde los sectores del kirchnerismo que cada año que se iniciaba sería realmente “el año de los juicios”, valoración propia de quien analiza en abstracto el proceso en lugar de ir a los números concretos. Si tomamos los últimos 5 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento tuvo un pico en 2012 y desde entonces viene decreciendo tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. Ni siquiera se ha podido mantener aquel tope de dos decenas y media de juicios con un centenar y medio de condenas cada año. El proceso venía creciendo desde las 19 juicios con 114 condenas de 2010, pasando a 21 procesos finalizados con 86 condenas en 2011. Como decimos, en 2012 fueron 25 juicios llegados a sentencia con 131 condenas, y en 2013 aunque se estancó en 23 juicios concluidos creció a 161 condenas. Fue a partir de allí que comenzó a decaer el proceso, llegando en 2014 a 20 juicios con 96 condenas y en 2015 a sólo 17 procesos con 115 condenas, es decir que se volvió a los promedios de 2010, cuando se había pegado el gran salto.
Es tan inocultable el estancamiento de la tendencia que el optimismo que trasmitía el habitual informe sobre el estado de las causas que el Ministerio Público Fiscal publica cada fin de año, se reflejó en un relevamiento estrictamente estadístico este año, dejando de lado los análisis detallados de otros años y sin siquiera alertar sobre el hecho básico de que más procesamientos con menos juicios por años generan un cuello de botella difícil de sortear. (1)
Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 4 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores; mientras que los “mega-juicios” (10 represores o más) han caído a 3 sobre 20 en 2014 y 4 sobre 17 en 2015.
Poco se ha avanzado también en lo que respecta a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos, contemplados en las figuras de supresión de identidad, retención y ocultamiento de un menor, falsificación de documento público y supresión de identidad. Como dijimos, este año sólo llegaron a sentencia los casos Penino Viñas y Reinhold Siver, mientras quedan casi 400 casos de restitución de identidad por resolver.
En donde se ha comenzado a desandar años de impunidad es en la comisión de delitos sexuales como parte del plan represivo, pero como un delito autónomo al de tormentos. Y si bien esta posición sigue siendo resistida por la mayoría de los tribunales del país, a los 2 represores condenados hasta el momento (Musa Azar y Miguel Garbi en Santiago del Estero) en los últimos años se han sumado condenas por violación y abuso deshonesto en los juicios Vesubio 2, Villa Urquiza de Tucumán, Mansión Seré 2, Armada de Bahía Blanca y Comisaría de Villa Ballester.
Sin embargo falta mucho para lograr imponer un criterio amplio de violencia sexual, que no se reduzca solo a las violaciones o abusos, sino también la exposición a la desnudez, los insultos, el ir al baño con un hombre mirando, la higiene personal, y todo lo que implicaba ser objeto de cosificación dentro del CCD. Estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres han sido invisibilizadas durante mucho tiempo, por la vergüenza, la culpa, el temor y la estigmatización de las que son objeto las mujeres afectadas. Hoy es tiempo de que la justicia recepcione de una vez por todas estos hechos para dar cuenta completa de o que sucedía en los CCD.

Domiciliarias y reconciliación
El polémico editorial del diario La Nación, publicado insidiosamente horas después de resuelto el balotaje presidencial, ha reinstalado el debate sobre la significancia profunda de los juicios al igualar primero a todos los organismos de Derechos Humanos con el proyecto político del kirchnerismo, y al intentar luego confundir al pueblo sobre el proceso de juzgamiento con supuestas “nuevas violaciones de derechos humanos”. (2)
La derecha, que se ha cansado de quejarse de que los organismos defendemos “los derechos de los delincuentes”, sale ahora a pedir a los “políticos responsables” y a “los jueces compenetrados de su misión” actuar “en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal”, es decir el retardo de los juicios y la impunidad biológica de los peores asesinos de nuestra historia tranquilos y en sus casas.
Pero el reclamo de la “tribuna de doctrina” de los Mitre no es el único eje cuestionador de la cárcel común: a ellos se suma un sector de los familiares y víctimas de terrorismo encabezados por Graciela Fernández Meijide y Norma Morandini, que confunden la reconciliación impune con el cumplimiento igualitario de la ley. (3)
Recordamos que este debate tiene un grave antecedente de septiembre de 2014, cuando la Corte Suprema reabrió la polémica por las domiciliarias a los genocidas, tras flexibilizar su propio criterio y otorgarle, por razones médicas, la domiciliaria a Roque Pappalardo, condenado a perpetua por el TOF de Mar Del Plata en marzo de 2012 por el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. El cambio de criterio fue patente, porque hasta ahora la Corte priorizaba la cárcel común al contemplar que los genocidas conservan poder y capacidad logística de fugarse y complicar las investigaciones.
Sobre esas grietas se montan los sectores que buscan impunidad para cuestionar todo el proceso como una revancha. Con este antecedente cabría preguntarse entonces cuánto pesarán a partir del nuevo escenario político los reclamos del vocero de la derecha, cuando el propio Estado ha reconocido que en esta década el 40% de los represores judicializados cumplió arresto domiciliario, mientras hoy queda un 25% del total de 2.100.


La Plata sigue impune
Para La Plata el año 2015 sumó 8 condenas condenas en el juicio por la estructura represiva de la Armada y Prefectura en nuestra zona, conocido como “Fuerza de Tareas 5”. Pero el juicio siguió marcando el clásico desgüace de las causas. Tras tener 10 años la causa en sus manos, la justicia sólo procesó a un puñado de marinos y prefectos de la cadena de mandos. Varios sobrevivientes, que hacía años habían aportado su testimonio a la causa, así como víctimas de secuestro y homicidio cuys familiares fueron convocados al juicio no fueron tenidos en cuenta en el proceso. Muchos de esos casos fueron incluidos al final del debate por la intervención de nuestra querella de Justicia Ya y sin el acompañamiento de la fiscalía. Y antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 represores: el prefecto Tomás Méndez y el segundo comandante del BIM3 Antonio Mocellini.
Una vez más, sólo a través del pedido de nuestra querella de Justicia Ya, se logró poner las cosas en su preciso lugar: por primera vez en estos juicios logramos las condenas de los represores como co-autores del delito internacional de Genocidio. Porque si bien en otros fallos la sentencias marcaron que estos delitos se habían cometido en el “marco de un genocidio” que si bien fue un avance no definía que quienes habían sido los autores de estas atrocidades eran los responsables directos del genocidio, luego y más cercano en el tiempo logramos las condenas como “complicidad en el genocidio”, la complicidad, a nuestro entender, tampoco marcaba claramente al genocida, todos lo habían ayudado pero específicamente ninguno era genocida. De ahí que consideramos a este fallo que ubica claramente a este grupo como parte de los GENOCIDAS responsables con participación activa y directa en el genocidio.
Quedó también en evidencia con este juicio el rol activo en la represión de los directorios de las empresas más importantes, la complicidad de la burocracia sindical y la desidia sobre los lugares utilizados por la Armada y prefectura en Berisso y Ensenada, que se encuentran abandonados, sin señalizar o reutilizados en franca especulación inmobiliaria.
Con esto suman 70 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, menos de la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una zona que contó con al menos 15 CCD y miles de víctimas de la represión, y mucho más para una jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de como las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.
Pero además hay en La Plata unas 25 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a un centenar represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, aun presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 170 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone.


Conclusión
La puesta en la balanza de estos 12 años de juicios ha tenido tantos vaivenes como los alineamientos políticos de la última década. Incluso la pretensión del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, referida a concluir los juicios en 2015 (4) parece hoy un mal chiste, cuando no un manotazo de ahogado, de quien quiere maximizar su tarea antes de irse, pero que de ninguna manera es practicable porque no puede hacerse a las apuradas lo que no se planificó anteriormente.
Hasta el juez Daniel Rafecas ha reconocido que en estos juicios “el modelo procesal aplicable, es vetusto y concede demasiadas ventajas defensistas que demoran permanentemente el progreso de la causa hasta el juicio oral”. (5)
Esas voces, que destacan el abandono de aquel rol de garante de impunidad y olvido que por 15 años había mantenido el Poder Ejecutivo nacional, basan su convicción de la continuidad de los juicios en que la mayoría de la sociedad apoya los juicios. Para nosotros, que no dejamos nunca de estar en las calles denunciando los crímenes de Estado de ayer y de hoy, estos nuevos 12 años están marcados por la segunda desaparición forzada de Jorge julio Lopez y el asesinato de Silvia Suppo, hechos sobre los que seguimos sin obtener respuesta del Estado Nacional y provinciales sobre estos gravísimo crimen perpetrados contra la continuidad de los juicios a los genocidas en nuestro país, y que cubrió con un manto de impunidad ese pretendido proceso de justicia. El expediente por la segunda desaparición de Lopez es un verdadero laberinto de la impunidad, que ningún gobierno se atreve a desandar. Quizás porque han pactado con las viejas prácticas de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, que han asesinado a más de 4600 personas con gatillo fácil y torturas, y desaparecido a más de 200 en 32 años de democracia. Recordemos que este año la campaña de amenazas sobre el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata tuvo sus efectos: el presidente del Tribunal, Carlos Rozansky, se excusó de participar en todas las causas en las que esté procesado el comisario Miguel Etchecolatz y que lleguen a sus manos para realizar los juicios orales. La pulseada comienza a ganarla Etchecolatz, símbolo de la represión en nuestra zona, que de alguna manera elije quién lo juzgará torciéndole el brazo a uno de los tribunales más prolijos de toda la justicia Federal de nuestro país.
Pero esta puesta en perspectiva histórica del Genocidio y de las consecuencias de la tardanza de 30 años del Estado en iniciar el juzgamiento de aquellos crímenes parece ser poca cosa frente a nuevas incertidumbres que se abren con la gestión de la derecha macrista, que ha dado sobradas muestras de que posee más apego por el emprolijamiento de la gestión para los negocios que por la Memoria contra el Genocidio. Así lo preanuncian los currículum del joven de la Fundación Konrad Adenauer y nuevo ministro de Justicia, Germán Garavano, como el de su próximo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, hombre de la Daia en épocas de Rubén Beraja, mentor del pacto PRO-FPV para le gestión de edificio de la ESMA y quien le acercó a Macri a Jorge “Fino” Palacios.
En general, y siempre comparando lo que se ha avanzado con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo. Eso se logrará sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que debemos imponer en la agenda al nuevo gobierno, sumando a este reclamo todas las luchas contra la impunidad de los crímenes de Estado en democracia.
Lo único claro es que todas aquellas organizaciones de Derechos Humanos independientes del Estado y los gobiernos, que luchamos tantos años por reabrir estos procesos, no cejaremos en el reclamo a partir del nuevo escenario político nacional. Debemos redoblar la presencia en las calles y avanzar con mayor claridad en nuestros planteos políticos sobre los juicios. La primer prueba de ello será el 24 de marzo, cuando se estén cumpliendo 40 años de inicio de la dictadura. Y un primer balance lo tendremos en septiembre próximo, al cumplirse 10 años del segundo secuestro de Lopez.

A 40 años del golpe genocida seguiremos luchando por:

- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
- JUICIO A LAS BANDAS FASCISTAS QUE ACTUARON PREVIO AL GOLPE, A LOS CÓMPLICES EMPRESARIALES, ECLESIÁSTICOS Y DE LA BUROCRACICA SINDICAL.
- RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. NO AL TRASLADO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.
- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ.
- BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO.
- BASTA DE GATILLO FÁCIL. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS.
- BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES.


30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡¡¡PRESENTES!!!
¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!

HIJOS LA PLATA


(1) http://infojusnoticias.gov.ar/upload_archivos/10484_100091_InformeLesa_final.pdf
(2) http://www.lanacion.com.ar/1847930-no-mas-venganza
(3) https://www.youtube.com/watch?v=ItE-Y2vExdo
(4) http://memoria.telam.com.ar/noticia/fresneda-aspira-a-que-los-juicios-concluyan-en-2015_n2549
(5) http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=65

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¡Cuidado! Genocida suelto


El ex médico de la policía bonaerense Jorge Antonio Bergés fue uno de los tantos criminales siniestros que colaboraron con la última dictadura militar. Este nefasto personaje participó en la tortura y desaparición de muchos compañeros y compañeras. Además, asistió los partos de compañeras detenidas y fue el responsable de, al menos, 16 apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio. En el año 1986 Bergés fue condenado a prisión pero las leyes  de obediencia debida y los indultos lo dejaron en libertad. En el año 1987, fue declarado persona no grata en Quilmes, ciudad donde reside actualmente. En el año 2004 fue nuevamente condenado a 7 años de prisión junto con el ex comisario Etchecolatz. Sin embargo, desde enero del 2014 y de manera poco clara, la justicia le otorgó a Bergés la posibilidad de cumplir su condena en su domicilio de Quilmes Oeste.
Creemos que esto es un nuevo retroceso en la lucha por la memoria, verdad y justicia. No admitimos que los responsables de tanto dolor para nuestro pueblo gocen del beneficio de la prisión domiciliaria. Este es otro de los tantos casos donde la justicia no se realiza, donde el Estado no la garantiza. Es necesario que todos los colaboradores de la dictadura paguen con prisión común los crímenes de lesa humanidad cometidos. Crímenes contra los que luchamos aún en la actualidad. No olvidamos que durante los últimos 12 años hubo cantidad de casos de tortura y desapariciones, de los que este gobierno que se retira es responsable. Julio López, Luciano Arruga, Marita Verón y los pibes que todos los días son víctimas de gatillo fácil son la contracara de un Kirchnerismo que tanto discurso hizo de los DDHH.
En Quilmes quien fuera intendente de facto entre 1979 y 1981, Julio Cassanello, sigue cumpliendo funciones en el estado dentro del Poder Judicial. Recordemos también, que el “Pozo de Quilmes”, ex centro clandestino de detención, donde Bergés actuaba, todavía hoy funciona como una comisaría. 
Otro caso que pone de manifiesto la necesidad de seguir denunciando la represión institucional es el de los conocidos acuerdos entre las fuerzas represivas, los servicios de inteligencia y las universidades. El rector de la UNQUI, Mario Lozano, firmó este año un convenio con la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) para legitimar el espionaje y la persecución de militantes populares, profundizando la criminalización de la protesta social. Convenio que sigue la línea que marcó a nivel nacional la aprobación de la “Ley antiterrorista”, el proyecto X y la designación de Cesar Milani, quien hasta hace pocos meses fuera Jefe del Ejército, acusado por la desaparición del soldado Ledo durante la última dictadura militar. legado que dejó el gobierno saliente y el cuál entendemos que retomarán quiénes ocupen los sillones de aquí en adelante. Muestra del rumbo que tomará el próximo gobierno en materia de DDHH es la columna editorial del diario La Nacion del día 23 de Noviembre, donde retoman de manera totalmente repudiable la teoría de los dos demonios y piden beneficios para los genocidas condenados.
El Estado no es garantía de Memoria, Verdad y Justicia, y demuestra constantemente defender intereses opuestos al interés común de todo nuestro pueblo. Es por eso que la lucha debemos darla en las calles. Exigimos que se respeten los derechos humanos de ayer y de hoy. Exigimos justicia por todos los crímenes del Estado contra el pueblo.

Convocamos a una movilización y señalización del domicilio de Bergés, reclamando:

Cárcel común para Jorge Antonio Bergés y todos los asesinos y torturadores.

Apertura de los archivos de la última dictadura.

Desmantelamiento de los edificios utilizados como centros clandestinos de detención.

Justicia por todas las víctimas de gatillo fácil y la represión de Estado.

No a la impunidad de ayer y de hoy!

30.000 compañeros detenidos-desaparecidos,
¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!

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domingo, 13 de diciembre de 2015

La justicia platense apartó al represor Héctor Gamén de las causas de Lesa Humanidad

¿NI UNO MENOS?
Por HIJOS La Plata


El genocida fue segundo jefe de la Brigada de Infantería X y titular de la Central zonal de Inteligencia del Ejército que diezmaron con sus patotas la zona sur del conurbano. Se le dictó “incapacidad sobreviniente”. Sólo fue condenado por sus crímenes del CCD “El Vesubio”. Con esto queda fuera de los más importantes juicios que se vienen en La Plata uno de los peces gordos de la represión en nuestra zona.

El titular del juzgado Criminal y Correccional N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, informó el pasado 2 de diciembre su resolución sobre el incidente planteado por la defensa del coronel Héctor Humberto Gamén, alias “Toto” o “Beta”, sobre su incapacidad para continuar afrontando los procesos en su contra.
La defensa, a cargo del abogado Gerardo Ibañez, había pedido la suspensión de la acusación contra Gamén en la causa por el Pozo de Quilmes y había citado una resolución del TOF 1 de CABA en la causa por el CCD “Sheraton” que en octubre pasado y luego de una “profusa labor pericial”, había dictaminado que el represor no se encontraba en condiciones de estar a juicio, por lo cual pedía al tribunal platense que resuelva en consecuencia.
Gamén fue condenado a prisión perpetua en 2011, en el primer tramo del juicio por los crímenes cometidos en el CCD “El Vesubio”, y compartió sentencia con Hugo Pascarelli y 5 penitenciarios Federales. De aquella sentencia zafó el jefe del CCD, Pedro Durán Sáenz, que murió durante el debate oral.
Pero además, Gamén estaba procesado con prisión preventiva en 3 causas del Circuito Camps: las referidas a las Brigadas de Investigaciones de Quilmes, Banfield y San Justo, que están cercanas al juicio oral. Y llevaba 2 procesamientos más en Comodoro Rivadavia como jefe de la IX Brigada de Infantería en la subzona 53.
Los hechos investigados en La Plata se le atribuyen por su responsabilidad de mando en el Comando del Primer Cuerpo del Ejército durante los primeros 2 años de la dictadura. De hecho, como segundo comandante de la Brigada de Infantería X, con sede en el barrio Hipódromo de La Plata, y como jefe de la Central de Reunión de Información (CRI) de La Tablada, Gamén coordinó las tareas de inteligencia y operaciones de las patotas militares y policiales en los CCD del Circuito Camps y los de la Zona I del Primer Cuerpo.
La mentada “profusa labor pericial” sobre Gamén refiere a un primer informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema fechado en junio de este año, donde las doctoras Elena Foschini y María Chamot concluyen en que si bien el imputado estaba clínicamente compensado y sin evidencias de patologías físicas agudas, se lo notaba “desorientado en tiempo y espacio y con marcha vacilante”. Un segundo informe, ya con peritos de parte, habría corroborado que sus facultades mentales “no encuadran en la normalidad psicojurídica”, que “reviste la forma clínica de Deterioro neurocognitivo moderado a grave” y que “no se encuentra en condiciones de afrontar su derecho de defensa en juicio”. Sin objeciones del fiscal que interviene en la causa de CABA, Martín Nikilson, el tribunal porteño ordenó suspender el proceso contra Gamén y ordenó que sea peritado trimestralmente para determinar si recupera su capacidad de ser sometido a juicio.
En este último sentido, existe un antecedente en los 148 juicios que concluyeron desde anuladas las leyes de impunidad, donde el represor Aldo Carlos Máspero, procesado por crímenes cometidos en el CCD “La Cueva” de Mar del Plata, había sido declarado incapaz en 2012, pero un año más tarde recobró la lucidez y fue llevado a juicio y condenado a perpetua en 2014 en el tercer tramo de aquel proceso.
La decisión del juez Kreplak de apartar a Gamén en causa “Pozo de Quilmes” se hizo extensiva esta semana a los expedientes por el “Pozo de Banfield” y Brigada de San Justo, donde compartía la preventiva desde hace más de 3 años con otros 30 represores. Con esto queda fuera de los más importantes juicios que se vienen en La Plata uno de los peces gordos de la represión en nuestra zona. Durante el juicio por “el Vesubio”, al que Gamén asistió a todas las audiencias en libertad, se conoció un dato revelador de su legajo: su superior inmediato, el general Juan Bautista Sasiaíñ, reconocía que tenía poder de decisión sobre matar o preservar la vida de un secuestrado al corroborar “su participación de hecho o de asesoramiento en todas las decisiones en que hubo que decidir el destino de los delincuentes subversivos. En esto siempre estuvo en primera línea. No hay General de Brigada que no lo haya visto apretar la cola del disparador”.

Como venimos sosteniendo, la tardanza del Estado en juzgar a los genocidas y la pereza que presenta la situación actual de la política de Juicio y Castigo, la palpable improvisación en la ejecución de herramientas que completen y aceleren el proceso, nos produce a muchos un efecto inverso al que debería generar la de una pretensión de Justicia: la sospecha de que cada juicio que se concreta fuera no la posibilidad de continuar avanzando con otras investigaciones por demás lejanas, sino la clausura del necesario esclarecimiento de responsabilidades sobre hechos, víctimas y verdugos que han sido arbitrariamente relegados de los debates que se han efectivizado.
El reciente debate político por la continuidad de los juicios en el gobierno de Macri ha ocultado los déficit de un proceso que se ha estancado hace 3 años. Las magras cifras de condenas que arrojó el período 2013/2015 hizo detener en los hechos un proceso había crecido desde 2010. Si se había tocado un techo de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año promedio, este año fue menos productivo y termina de consolidar la caída general del proceso.
Y como sabemos, para juzgar de manera plena la participación de agentes militares, policiales, penitenciarios y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, y en su llegada al debate oral. Si en 12 años sólo se juzgó al 40% de los represores procesados, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que el 60 % restante no podrá esperar otros 12 o 15 años y quedará impune si no se acelera el proceso, como los 230 procesados que fallecieron en esta década.
Eso se logrará sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que debemos imponer en la agenda al nuevo gobierno, sumando a este reclamo todas las luchas contra la impunidad de los crímenes de Estado en democracia.

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miércoles, 2 de diciembre de 2015

Barañao y el Banco de Datos Genéticos



Con Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología de los K que mantendrá su empleo con Macri, no sólo Monsanto y los laboratorios se aseguraron la continuidad de sus intereses en ese ministerio.
Vale recordar que con Barañao se ejecutó uno de los zarpazos más descarados de los gobiernos K contra el movimiento de derechos humanos: el desguace del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y su traslado del Hospital Durand al edificio del ministerio, en Palermo.
El BNDG es un preciado botín. Fue creado en 1984 por la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, encabezadas por "Chicha" Mariani. Desde entonces fue un instituto público dedicado a identificar a los hijos apropiados por la dictadura y también casos ocurridos en democracia, en forma gratuita. Un centenar de nietos fueron identificados gracias al BNDG.
En 2009, el kirchnerismo hizo aprobar en el Congreso un recorte de las competencias del BNDG y su traspaso a la órbita del ministerio de Ciencia. Su pretensión es convertir el BNDG en la plataforma para el desarrollo de la "medicina genómica" (personalizada) en sociedad con el capital privado. Para "coordinar" el traspaso Barañao nombró a Hernán Dopazo, un lobbista de los grandes laboratorios. Recientemente fueron designados, mediante de un "concurso hecho a medida", dos accionistas de laboratorios genéticos privados.
Familiares, organismos de derechos humanos independientes como el Colectivo Memoria Militante, Hijos La Plata y Apel, junto con Abuelas históricas como "Chicha" y Elsa Pavón, denunciamos este operativo, que aún sigue su trámite en la Justicia. El gobierno porteño de Macri, por su parte, primero guardó silencio cómplice. Más tarde, bloqueó un proyecto de declaración contra el traslado del BNDG presentado en la Legislatura por Marcelo Ramal, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Luego, dejó correr el traslado ilegal de muestras y equipos. Finalmente, ratificó a Barañao. Las conclusiones son evidentes.
Estela Carlotto y las Abuelas oficialistas apoyaron a Barañao. Con su continuidad, Macri ratifica la orientación social de la ciencia pública al mismo tiempo que explora un punto de apoyo entre los organismos de derechos humanos que acompañaron su gestión.
No al desguace del Banco Nacional de Datos Genéticos. No al traspaso.

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sábado, 21 de noviembre de 2015

EN LA PROVINCIA LA REPRESIÓN CRECIÓ CON EL PROYECTO

Balance represivo de la gestión Scioli

“El Estado de Derecho tiene
el rostro amable del Estado Benefactor
y el rostro siniestro del Estado Terrorista”.
Alfredo Grande - “Terrorismo Puro”,
publicado en Pelota de Trapo el 15/1/15

La gestión saliente del gobierno en la provincia de Buenos Aires, en cabeza de Daniel Scioli y Gabriel Mariotto, generó más de 600 víctimas de su aparato represivo. Pero además de continuar las prácticas represivas heredadas, la gestión duplicó la cantidad de efectivos de la Policía Bonaerense, a los que sumó las policías Comunales, y logró superar el límite histórico de presos en el Servicio Penitenciario. Dos de los principales responsables de esta política, el ministro de Justicia Ricardo Casal y el de Seguridad, Alejandro Granados, impulsores de la policialización de las problemáticas sociales, son propuestos en la potencial administración nacional de Scioli. La gestión de Vidal promete profundizar este derrotero en la Provincia.

Por HIJOS La Plata


Advertencia
Cada vez que conocemos un nuevo caso de gatillo fácil o de muerte violenta en una comisaría o una cárcel en la provincia de Buenos Aires nos preguntamos cuántos jóvenes más va a asesinar el aparato represivo y cuántos ha asesinado a través de las más de tres décadas de vigencia del Estado de Derech@. Y una vez más, al no haber estadísticas oficiales y ser siempre información en elaboración, encontramos que sólo el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos independientes y con una mirada crítica del accionar del Estado arroja un poco de luz a la cuestión. Por eso realizamos este informe en base al inagotable “Archivo de Casos” que realiza la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que puede consultarse en http://www.correpi.lahaine.org/

El listado completo de los más de 600 casos tomados como base para elaborar estas conclusiones pueden verse en el PDF adjunto.

Los Datos Crudos
Desde que asumió el poder el 10 de diciembre de 2007, el gobierno de Daniel Scioli ha asesinado a al menos 618 personas que no representaban peligro para terceros o que estaban bajo su custodia a través de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el Servicio Penitenciario Bonaerense y las agencias de Seguridad Privada habilitadas por el Ministerio de Seguridad bonaerense.
Desde el caso de Julio César Zárate, asesinado el 14 de diciembre de 2007 por el suboficial Moraña de La Bonaerense, hasta un joven de 20 años asesinado por una efectivo del CPC de Hurlingham el 21 de octubre pasado, la gestión Scioli ha demostrado su aptitud para desplegar políticas de control social sobre la población.
Con un pico de 98 casos de asesinados por el aparato represivo en 2009, la represión creció en la provincia del candidato presidencial del oficialismo a razón de 50 casos promedio por año. 

CASOS POR AÑO. Total 618 casos.

Respecto a las modalidades más frecuentes, el “gatillo fácil” está al tope del ranking de la gestión, con el 51% de los casos (315 en 8 años), seguido por las muertes traumáticas en las cárceles bonaerenses (220 en 8 años) que representan el 35% del total. La modalidad denominada “gatillo fácil” incluye los casos en que, dentro o fuera de actos de servicio, agentes de la policía, penitenciarios o vigiladores privados pretenden resolver a los tiros hechos delictivos menores, peleas vecinales o reyertas personales, así como lisos y llanos homicidios en abuso de poder o para “hacer estadística” en el marco de causas fraguadas. Se incluyen también casos de robo, narcotráfico y trata en delitos gestionados por policías que son “abatidos” por sus camaradas de arma.
La mayoría de las muertes en sede policial corresponden a personas detenidas por contravenciones o averiguación de antecedentes, no por acusaciones penales. Muchas de ellas refieren a desapariciones forzadas para encubrir previas torturas.
Las muertes en las 50 sedes del Servicio Penitenciario Bonaerense engloban muertos por armas blancas administradas y/o toleradas por los penales, muertes por golpes, torturas y abandonos médicos, así como los “suicidios” puestos en escena para ocultar en muchos casos las denuncias de previas torturas o venganzas personales e institucionales.

MODALIDADES. Total 618 casos.

La división de los crímenes de Estado en la Provincia de Buenos Aires según la fuerza a la que pertenecen sus perpetradores sigue registrando indiscutidamente a la Policía Bonaerense y a los vigiladores privados como campeones de tiro. Con el 64% de lo casos de muertes a manos de agentes armados por el gobierno de la provincia, supera el 36% de muertes en encierro correspondiente al Servicio Penitenciario.


POR FUERZA. Total 618 casos.

La modalidad del “Gatillo Fácil” ha recorrido los 8 años de la gestión Scioli con un promedio de 39 casos anuales. Hasta se han registrado casos dobles, como el ocurrido en enero de 2010 en la villa San Jorge (Don Torcuato), donde la policía perseguía a los tiros a dos sospechosos del robo de un auto y un escopetazo mató a Julio Villanueva, de 60 años, que estaba en la puerta de un negocio. Los vecinos se movilizaron en repudio del hecho, y fueron reprimidos por la policía, que mató a uno de los manifestantes, Facundo Vargas, de 16 años.
En La Plata estos crímenes de uniforme han sido una constante. Recordamos sólo algunos casos como el de Ezequiel Heredia, de 18 años, asesinado de un disparo en la cara el 5 de diciembre de 2009 en el barrio Hipódromo por el policía Sergio Mariano Leonel Aguirre. Omar Cigarán, de 17 años, fue asesinadoen febrero de 2013 por el oficial Diego Walter Flores, tras sufrir acoso y hostigamiento policial en el barrio Hipódromo. Braian Mogica, de 16 años, fue fusilado por el agente Gabriel Yuguet, custodio del gobernador Scioli, cuando dijo confundir una explosión del escape de la moto en que iba el chico con un disparo. Mauricio Andrada e Ismael Perussatto, de 17 y 20 años, fueron fusilados en febrero de 2014 por el agente del Grupo Halcón Cristian Daniel Duarte, en lo que el policía declaró “legítima defensa” ante un intento de arrebato.
Las nuevas estructuras del servicio de calle continúan las prácticas de amedrentamiento, como los casos de los hermanos de Heredia y Cigarán, que son hostigados constantemente por el CPC zona 12 de La Bonaerense en el mismo barrio Hipódromo.
En agosto de este año, Juan Martín Yalet, de 35 años, fue detenido tras una entradera y fue fusilado esposado en la parte trasera del patrullero por personal del CPC y la Comisaría 9na.
No es menos significativo que en muchos de estos casos los policías continúan procesados pero activos en la fuerza, son ascendidos y, en todos estos casos, son patrocinados por la defensa del equipo de abogados del Ministerio de Seguridad provincial, encabezados por el Dr. Fernando Ariel Pedersoli, en una clara muestra de solidaridad de cuerpo del ministro Granados con sus muchachos.
No han faltado en estos años el uso del patrullero como arma letal, en lo que refiere a muertos atropellados, como el caso de Miguel Angel Serrano, de 19 años, atropellado en bicicleta y con saña por el policía de la Comisaría 3ra de Los Hornos Marcelo Palomo, que se fugó. O el de un joven de 15 años en Tres de Febrero, que en abril de este año huía de la policía en una moto que no tenía papeles, y en un operativo cerrojo, lo interceptaron con un patrullero que abrió la puerta cuando pasaba, causando que la cabeza del pibe impactara con el vidrio de la ventana.
Tampoco han escaseado los hechos en que los policías resuelven sus relaciones sentimentales con el arma reglamentaria, como el del sargento Miguel Maso de la Comisaría 1a de Quilmes, que fusiló a su ex pareja y su nuevo novio en enero de 2010.
En cuanto a las muertes por torturas o “suicidados” en sede policial, la gestión Scioli registra al menos 51 casos. Además del caso emblema de la lucha contra la tortura y la desaparición de menores, Luciano Arruga, están los de Franco Escudero, de 20 años, torturado y ahorcado con un cable coaxil el 24 de marzo de 2008 en la Comisaría de Lobos; el de Germán Portal, de 21 años, detenido y ahorcado en la Comisaría de Villa Elisa en noviembre de 2008; el de César Gómez, de 18 años e integrante de la comunidad boliviana detenido en abril de 2009 en la Subcomisaría de Los Cardales (Exaltación de la Cruz), torturado y arrojado a las vías del Mitre; el de Gabriel González, de 36 años, detenido en 2011 con un brote psicótico en una Comisaría de San Isidro y “ahorcado” en su celda, o el de Luciano Peralta, de 34 años, detenido por error en Ringuelet y asesinado en la celda tras pasar por tribunales.
También hay acreditadas muertes en encierro en los Centros de Recepción de menores, como los casos de Cristian Candela, de 16 años, y Damián Caballero, de 17 años, muertos en noviembre de 2008 en el C.R. de La Matanza, que había sido inaugurado diez días antes en medio de la polémica por la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, no contaba con enfermeros, ni vehículos para traslados, ni teléfono. Tras estos casos el instituto fue clausurado "preventivamente" y todos los menores distribuidos.
Con un promedio de 40 muertes traumáticas por año en el Servicio Penitenciario Bonaerense, según datos del Comité Contra la Tortura de la Comisión provincial por la Memoria, las cárceles en la provincia siguen siendo una maquinaria de violencia y exterminio de su población, con al menos 220 muertos en la gestión Scioli.
En mayo de este año se hizo el juicio por el asesinato de Patricio Barros Cisneros, de 26 años, preso en la UP 46 de San Martín, que el 28 de enero de 2012 fue molido a golpes frente a su familia y las visitas por 8 penitenciarios que luego fraguaron un suicidio y le plantaron una faca. Barros Cisneros presentaba trompadas, patadas, bastonazos y hundimiento del globo ocular, por lo que en una condena dispar, 5 de los agentes fueron condenados a 10 años por tortura seguida de muerte, un sexto fue absuelto, otro se ahorcó en la Alcaldía de Avellaneda antes de llegar al juicio y hay un prófugo. Junto con los casos Miguel Bru y Andrés Nuñez, es uno de los pocos procesos en los que se pudo condenar a oficiales provinciales por asesinar aplicando tormentos.
De la misma manera, muchos internos que lograron denunciar esas prácticas en el SPB recibieron reprimendas, como Juan José Ojeda, asesinado a golpes por penitenciarios de la UP49 de Junín en noviembre de 2010.
Y si bien la mayoría de los casos de muerte violenta en el SPB se debe a la proliferación de armas blancas (42%), un gran porcentaje (32%) mueren por padecer enfermedades graves o crónicas, o haber recibido lesiones intramuros, y sufrir abandono médico hasta morir y otro tanto (26%) son presentados como suicidios, en muchos casos para encubrir golpizas y homicidios previos.
Se registran incluso hechos extremos de muerte de bebés hijos de internas del Servicio, como los de Santino Villalba, un niño de 21 días muerto en febrero de 2014 por abandono médico en la Unidad Penal 33 de Los Hornos, donde estaba alojada su madre, que había sido declarada inimputable; o el de Oriana, una bebé de 45 días muerta en marzo de 2014 en la Unidad 54 de Florencio Varela porque a su madre se le negó la atención médica adecuada.
No deja de preocupar que el principal blanco de la represión como Control Social siguen siendo los jóvenes pobres. En la gestión Scioli, el 43% de las personas asesinadas por el aparato represivo corresponde a menores de 25 años, en su mayoría víctimas del gatillo fácil.


POR EDAD. Total 618 casos.

Contrasta con esta cifra la insistente campaña con la baja de edad de imputabilidad para delitos graves, promovida por Scioli desde su primer mandato en la provincia, siendo que las estadísticas de la Procuración de la Suprema Corte bonaerense (1) indican que en los últimos 6 años un promedio de sólo el 5% del total de los delitos cometidos en la provincia son realizados por menores de 18 años, y en su mayoría son delitos contra la propiedad.
En resumen, la política represiva de quien ha sido elegido por el oficialismo para “profundizar el modelo” o “hacer frente al avance de la derecha” representa el 12% del total de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde el retorno de gobiernos constitucionales en 1983, que suma 5 mil muertos en todo el país.
No es de extrañar si tenemos en cuenta que de esos 5 mil casos, más del 60% se produjeron en los últimos 12 años. A su vez, el 45% de esos casos se produjeron en la provincia de Buenos Aires entre 1983 y 2015.
Pero el telón de fondo de esta descripción del siniestro proceder del aparato represivo en “LA PROVINCIA” es sin dudas una persistente conflictividad social evidente en las desigualdades sociales existentes: la expulsión a la marginalidad de miles de jóvenes que son luego la excusa exacta para volver a pertrechar, esta vez como nunca en la historia, el aparato represivo.
El mayor exponente de las paradojas de las que se alimenta el “Estado presente” hoy por hoy esta a la vista, ya que los mismos jóvenes de la clase trabajadora, el sector más dinámico de la sociedad sometido a la precarización de su vida, son cooptados como agentes por las instituciones policial y penitenciaria, intrínsecamente asesinas y corruptas, que les ofrecen una salida rápida a su situación individual, un salario que supera al de un docente con antigüedad, y un arma durante las 24 horas, todo a cambio de olvidarse de su origen en la clase trabajadora.
Entonces, pese a los reiterados discursos referidos a una “mayor inclusión” supuestamente generada en esta década, subsiste una construcción de poder que no cuestiona en lo más mínimo las crudas cotidianeidades de la democracia representativa y la economía capitalistas, y en cambio se sirve de sus propios límites para profundizar las políticas de Control Social: saturar los barrios de policías, llenar las cárceles de pobres con prisión preventiva como pena anticipada, vaciar las políticas sociales en salud y educación, pretender bajar edad imputabilidad como un fetiche del discurso de “inseguridad” y un largo etcétera.



Es la política
Los hombres clave en las áreas de Seguridad y Justicia de la gestión Scioli han sido funcionales a la continuidad de las políticas de seguridad basadas en la legitimación de la represión de Estado desde sus aparatos policial y judicial, para garantizar la desigualdad y la impunidad reinantes. Un somero repaso de la gestión en Seguridad y Justicia así lo confirman.
El primer ministro de Seguridad de la gestión, el fiscal Carlos Stornelli, asumió el mando de la institución armada más grande del país (52 mil efectivos) y conformó un equipo de colaboradores con viejos cuadros de La Bonaerense y la Policía Federal, con el mejor cuadro de la Policía Científica, Daniel Salcedo, al mando. Le propuso a la plana mayor policial un pacto mafioso: "Les pedimos lealtad, discreción y honestidad. Nosotros también seremos leales con ustedes". Con profuso empeño deconstruyó el atisbo de reforma policial de su predecesor León Arslanián y entregó a la propia fuerza la conducción, la planificación y la caja.
Stornelli promovió la puesta en marcha de un Código Contravencional que otorgaba un poder exorbirtante a la Policía y le confería facultades discrecionales para detener personas, pero el proyecto no pasó por la Legislatura y debió retirarse en mayo de 2010 en medio de varias puebladas y grupos de vecinos armados en reclamo contra la “inseguridad”. Durante su gestión se produjeron la mayor cantidad de casos de gatillo fácil de la gestión, con un pico de 46 casos en 2009.
El ministro de Justicia Ricardo Casal, que fue agente del Servicio Penitenciario Bonaerense durante la última dictadura, se dedicó al comienzo de su mandato a que la Legislatura provincial le aprobara más de 20 proyectos, entre ellos reiteradas reformas al Código Procesal Penal para limitar las excarcelaciones.
Lo que generó con ello fue la profundización de las cárceles como lugares de castigo y de aniquilamiento humano: un récord histórico de casi 35000 personas detenidas en el SPB en 2014, con una tasa de encarcelamiento de 218,5 personas cada 100 mil; 20.986 hechos de torturas o malos tratos contenidos en los 9.822 hábeas corpus o acciones urgentes que se presentaron ante el Poder Judicial sólo por parte de la Comisión Provincial por la Memoria; 90 % de las causas del sistema penal provincial son casos de personas detenidas en flagrancia por La Bonaerense, sin orden judicial previa; a abril de 2015, sólo el 39,6 % de los detenidos se hallaba condenado mientras el 45,7 % sufría hacinamiento y represión con prisión preventiva; y más del 50 % de los detenidos cumple condena por delitos contra la propiedad.
Tras consolidar ese modelo como “superministro” en las carteras unificadas de Seguridad y Justicia entre 2010/2013, con Juan Carlos Paggi al frente de La Bonaerense, el ex penitenciario Casal, mencionado por Scioli como su potencial ministro de Justicia nacional, está en las antípodas de la propuesta hecha por el militante paraguayo y preso en Marcos Paz, Agustín Acosta: dejar de actuar como farsantes e hipócritas ante la cruda realidad de persecusión y prisionización de los pobres.
En una increíble pirueta hacia atrás, y golpeado por las inocultables evidencias de corrupción, procedimientos irregulares, narcotráfico, apremios ilegales, falseamiento de evidencias físicas y de causales de muerte en los niveles más altos del Ministerio Público y la conducción policial provinciales en los casos de Candela Rodríguez en 2011 y de las inundaciones de La Plata en 2013, Scioli volvió a separar los ministerios de Justicia y Seguridad, colocando a la dupla Casal/Granados como continuidad de sus políticas hasta hoy. (2) y (3)
Alejandro Granados, denunciado por organizar escuadrones de la muerte contra pibes de los barrios más humildes de Ezeiza con la metodología del secuestro y ejecuciones extrajudiciales, asumió el cargo con 32 mil efectivos y declarando que “estamos en guerra con los delincuentes y la guerra hay que librarla: a matar o morir”. Se refería menos a su propia tropa que a la población pobre de la provincia, ya que ratificó la asesoría del ex jefe Juan Carlos Paggi y a Hugo Matzkin al frente de la fuerza. Con ello le devolvió todo el poder a La Bonaerense y declara hoy con orgullo que finalizará su gestión con “un total de 95.000 hombres operativos, de los cuales 77.000 serán efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 18.000 integrantes de la Policía Local."
Una de las herramientas legales que la gestión Scioli puso en marcha para la utilización discrecional de ese ejército azul fue la declaración de la “Emergencia en Seguridad” en abril de 2014, que declaraba tal situación por el término de doce meses. En este sentido ha sido clara la denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria sobre el espíritu y el alcance de aquella medida. Pese a la pobre posición política del presidente de la institución frente al balotaje, sobre todo de quien conoce la realidad de la gestión Scioli en Derechos Humanos como pocos, citamos su informe sobre los primeros efectos de la medida, donde se afirmaba que en la propuesta “se confirma y promueve una concepción de la seguridad pública fundada en la lógica de la guerra contra el crimen”, ya que “el gobierno provincial refiere a los enfrentamientos de la fuerzas de seguridad con supuestos delincuentes (164), donde no sólo se reivindica como positivo que hayan ocurrido sino que designan como resultados positivos los 'delincuentes heridos' (64) y 'delincuentes abatidos' (35). Se construye y propicia de este modo un escenario bélico en el cual la muerte se asume como resultado natural y esperable de las políticas públicas”. (4) Si bien el resultado no es natural, sí es esperable cuando el propio sheriff que oficia de ministro llamó a meter bala.
La “nueva gran invención” de Scioli/Granados fueron las Policías Locales, que se idearon inicialmente por el pensador progre de la seguridad, Marcelo Saín, para distritos de más de 70.000 habitantes y conceptuadas como la “puesta en valor de la descentralización”. Efectivizadas por decreto, Scioli detalló que sus efectivos realizarían “tareas preventivas” como controles vehiculares, recorridas en zonas comerciales y barriales y acompañamientos en corredores escolares, entre otras acciones.
El acortamiento por Granados del curso básico de los nuevos efectivos a 6 meses, y su exclusiva utilización para generar un impacto de shock preventivo tuvo sus primeros efectos en 2015.
En La Plata, con 731 agentes y a una semana de su lanzamiento, tuvo 5 incidentes graves: en marzo un agente que intentaba descender de su moto, baleó a otro en la pierna; en el mismo mes una de las armas que portaba uno de los oficiales se disparó “involuntariamente”; en abril un agente local fue demorado por poseer marihuana y cocaína en su auto y en julio un agente de 23 años, egresado de la primera promoción de la fuerza, fue detenido acusado de robar un auto junto a tres cómplices.
Estos hechos motivaron la intervención de la Policía Local por el Ministerio de Seguridad bonaerense, lo cual no evitó el primer caso de gatillo fácil de la flamante fuerza: el joven estudiante tandilense Rafael Cobo, de 26 años, fue baleado en el interior de un centro cultural por el agente Julián Cabañas, de 35 años, que fuera de servicio y notoriamente alcoholizado había discutido con su mujer, también Policía Local, y comenzó a los tiros indiscriminadamente con su arma reglamentaria. Herido en el abdomen, Rafael se recuperó y dio cuenta del accionar del policía.
Sin embargo, el hecho sólo motivó la renuncia en septiembre pasado del titular de la fuerza local, Jorge Campostrini, aunque nunca se concretó la audiencia pública solicitada al intendente Bruera por la seguidilla de hechos. Firme en sus convicciones, el ministro Granados, que ya fue mencionado en una potencial cartera de Seguridad del ex motonauta, continúa afirmando que “cuando Daniel Scioli sea presidente, vamos a replicar en las grandes ciudades del país la policía local”. (5)
La tendencia a devolver todo el poder a la camarilla de comisarios de “La Mejor Maldita Policía del Mundo” promete profundiazrse con la gestión de la gobernadora electa María Eugenia Vidal, que en un involuntario chiste ha dicho “no vengo ni a hacer sólo purgas ni a darles sólo respaldo, vengo a hacer las dos cosas". Al parecer el elegido para ocupar la cartera de Seguridad es Cristian Ritondo, un viejo cuadro menemista vinculado a la SIDE a través de Miguel Ángel Toma. Ritondo fue vice ministro del Interior de Duhalde en el interinato 2002-2003, bajo la gestión de Jorge Matzkin, uno de los personajes claves en el armado de la Masacre del Puente Pueyrredón.
No se descarta que entre los asesores de Ritondo esté Eugenio Burzaco, hombre formado en la Universidad de Georgetown (Washington), que sucedió al “Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana y debió renunciar tras la represión a la toma de tierras en el Parque Indoamericano de diciembre de 2010. Burzaco es gerente de la consultora de seguridad Templar S.A., y fue quien confeccionó los equipos técnicos de Macri en la Metropolitana. (6) Allí conformó lo que el psicólogo Alfredo Grande denominó una “terapia de grupo para los represores sueltos, donde la pedagogía clásica ha sido el gatillo fácil”. Un dato no tan difundido es que la Metropolitana contaba en 2013 con un 5% de efectivos en rangos operativos que eran o fueron militares, mayoritariamente de la Armada. De hecho, la fuerza lleva 24 muertos en 6 años, 6 de ellos por gatillo fácil. El último caso es el del joven Lucas Cabello, de 20 años, baleado en La Boca por el oficial Ricardo Ayala, de 24, mientras volvía de la panadería con su hija y su mujer.
La información aquí analizada intenta entonces mostrar lo invisibilizado y naturalizado de la represión, para instalar la discusión de que, por su alcance y extensión, las muertes a manos de agentes policiales, penitenciarios y de seguridad privada que padece el pueblo trabajador responde a una política de Estado. Ponemos en crisis con esa definición el engañoso concepto de “Violencia Institucional” que desde las esferas gubernamentales han elegido como eufemismo para hacer frente a las consecuencias de su propia política represiva. Si el Estado comete delitos contra las personas no se trata de “violencia”. Por eso decimos: “SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN DE ESTADO”. Una problemática que lejos estamos de superar y que recrudece con las nuevas versiones de la “Seguridad Democrática”. Dar la discusión sobre la represión en democracia y señalar a sus responsables es crucial para discutir en serio la situación de violación a los Derechos Humanos en nuestro país.
Y quienes decidan optar por el mal menor el 22 de noviembre, ya están alertados de lo que representa su elección.

(1)
http://www.mpba.gov.ar/web/estadisticas.php
(2)
http://www.senado-ba.gob.ar/archivos/comision_asesinato_candela_rodriguez/4_Responsabilidades.pdf
(3)
http://www.cij.gov.ar/nota-13110-Fallo-reconoce-oficialmente-89-v-ctimas-fatales-de-la-inundaci-n-del-a-o-pasado-en-La-Plata.html
(4)
http://blog.comisionporlamemoria.org/wp-content/uploads/2014/08/Informe.pdf
(5)
http://www.mseg.gba.gov.ar/mjysseg/Gacetillas%20Prensa/Gacetillas/Abril15/17-04-15b.html
(6)
http://www.sitemplar.com.ar/quienes.php

HIJOS La Plata
Noviembre 2015

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