NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

domingo, 25 de diciembre de 2016

JUSTICIA POR VICTOR GONZALEZ


El 24 de diciembre se cumplieron cuatro meses de su asesinato. Seguimos exigiendo justicia por Víctor Gonzalez.

En la mañana del 24 de agosto de 2016 encontraron asesinado de un tiro por la espalda a Víctor Gonzalez, de 17 años en calle 60 e/ 1 y 115, frente al cuerpo de caballería de la Policía bonaerense. Víctor, al igual que los muchos pibes asesinados en la región, es otra víctima del aparato represivo del Estado. En la causa, el principal sospechoso es el oficial superior de la policía bonaerense, capitán Guillermo Salas, actual jefe de calle de la comisaría 9°, que practica regularmente la recaudación ilegal a los comerciantes, y las detenciones arbitrarias y persecución a los pibes pobres en la zona.
El disparo por la espalda que asesinó a Víctor hace inaceptable la típica excusa policial de la ¨legítima defensa¨.

La versión mas cercana a la realidad indica que el policía persiguió al joven desde su auto y disparó cuatro tiros con su arma reglamentaria antes de darse a la fuga. Víctor iba en moto con al menos un acompañante, que sería testigo presencial de los hechos pero estaría oculto para preservarse.
La causa estuvo un mes a disposición exclusiva de la bonaerense para manipular la prueba y sin permitir a la familia el acceso al expediente. La fiscal del caso, Leila Aguilar, no quiso recibir a la familia. La jueza Marcela Garmendia no avanzó con prueba sustancial para encontrar al responsable. El asesinato de Víctor no es un caso aislado. La persecución, la tortura y el asesinato a través del gatillo fácil son prácticas sistemáticas del brazo armado del Estado.

Este no es un caso aislado, porque ya son más de 4.900 las personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 a la fecha, en sus distintas modalidades de “gatillo fácil”, torturas y asesinatos en sede policial o penitenciaria. Como Víctor, la mayoría son jóvenes pobres de entre 15 y 25 años.

La Comisaría 9ª de La Plata tiene un largo historial represivo. El caso de Miguel Bru, secuestrado, torturado y desaparecido en esa seccional en agosto de 1993 es el más emblemático. Pero también está el caso de Daniel Migone, asesinado con la misma modalidad en noviembre de 2005. La 9ª también se especializa en la persecución y hostigamiento a las compañeras trans y travestis en la zona roja.
En los ultimos años muchos de los titulares de las comisarías platenses fueron ascendidos a la Departamental. Muchos de ellos, incluyendo al jefe de la Departamental Centro Dario Camerini, están hoy denunciados por complicidad por la aparición de 36 sobres con 154 mil pesos de la recaudación ilegal en la Jefatura Departamental.

La gestión de Daniel Scioli en la provincia de Bs As nos dejó un territorio militarizado y vaciado de políticas sociales en salud, educación, trabajo y cultura. La duplicación de los efectivos de la Bonaerense, las nuevas Policías Comunales, las cárceles saturadas de pobres tienen su efecto concreto: más de 500 víctimas de gatillo fácil, desaparición forzada, torturas y abandono en sedes policiales y penitenciarias entre 2007 y 2015. La gestión de Maria Eugenia Vidal promete profundizar este camino, con la seguridad al mando de Pablo Bressi, responsable de la Masacre de Ramallo y ex jefe de Narcotráfico de la bonaerense.

Seguimos exigiendo:

-JUSTICIA POR VICTOR GONZALEZ Y POR TODXS LXS PIBXS ASESINADXS POR LA POLICÍA

-BASTA DE HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN A LOS PIBES DE LOS BARRIOS

-BASTA DE GATILLO FACIL 

-NI UN PIBE, NI UNA PIBA MENOS

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL 
Familiares y amigos de Omar Cigarán, Mauricio Andrada, Victor Gonzalez y Andrés Nuñez/ COB La Brecha/ Correpi/ Frente Popular Darío Santillán-CN/ HIJOS La Plata/ La Retaguardia/ Corriente Surcos/ Juventud Guevarista-Unión del Pueblo/ Unión por los DDHH/ Liga Socialista Revolucionaria.


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domingo, 4 de diciembre de 2016

TRANSICIONES

Reflexiones sobre del estado de los juicios a los genocidas a diciembre de 2016

Por HIJOS La Plata

"Para Enrique “Cachito” Fukman,
que nos enseñó el camino y sus dificultades."


En su texto de comienzos de la década pasada “Conflictos de la memoria en la Argentina” el reconocido historiador, psicólogo y ensayista Hugo Vezzetti afirma que en el surco de los Derechos Humanos sigue abierta “una recuperación pública y una edificación política y jurídica de la memoria y de una acción efectiva sobre el pasado”. (1) Vezzetti señala que en la experiencia argentina de constitución de una memoria social, que ha sido herencia de la dictadura, “en la intersección de memoria y política se sitúan las apuestas decisivas e inciertas de una formación duradera, equilibrada, de la relación justa entre memoria del pasado e imaginación y voluntad proyectadas al futuro”. Ninguno de esos elevados conceptos parecen representar un valor en esa suerte de conocimiento adquirido sobre lo que produjo la dictadura, y de lo que “quedó definitivamente atrás” como propio del Estado criminal, superación que se ha dado por sentada en cada uno de los gobiernos constitucionales en Argentina del '83 a la fecha.
Quienes conocíamos la performance del represor Daniel Scioli en la violación masiva de derechos en La provincia de Buenos Aires desechamos el año pasado el mal menor y el balotaje de los Derechos Humanos como rumbo político, porque sostenemos la independencia del Estado y los gobiernos como eje fundante. Sin desconocer lo que el triunfo de Macri auguraba, analizamos ahora las consecuencias de las políticas de una gestión que ingresó a la Casa Rosada instalando una falsa contradicción entre “lo pasado”, esto es un absoluto de crisis, conflicto y divisiones, y el “futuro” como un abstracto de unión y prosperidad que ellos vendrían a representar. Trasladada a las políticas de Derechos Humanos esa interesada dicotomía muestra a los actuales detentadores del poder estatal haciendo agua por varios flancos: desde las calurosas recepciones del secretario nacional del área, Claudio Avruj, a familiares y admiradores de varios reos encarcelados por delitos de lesa humanidad, hasta las expresiones del gestor cultural Darío Lopérfido poniendo en duda el símbolo de los 30.000 desaparecidos, pasando por la negación de Macri de la responsabilidad del Estado en el genocidio denominándolo “guerra sucia”, y con puntos álgidos en la visita del presidente Obama, Nobel de La Paz que bombardeó 7 países en 6 años, en una sentida fecha como el 24 de marzo, y la venia al desfile de los genocidas del Operativo Independencia en Tucumán en la conmemoración oficial del Bicentenario de la independencia, no hacen más que mostrar a los funcionarios del gobierno tal cual son y, si se permite la exageración, “piensan” los procesos de Memoria. Lo que el kirchnerismo no supo ni quiso impulsar presa de los propios límites y contradicciones de su intervención política (Carlos Pedro Blaquier y Cesar Milani, socios políticos de la gestión y testigos de lo que afirmamos), el macrismo lo atrasa. Atrasa porque no aporta en lo más mínimo a profundizar o cuestionar las representaciones habituales del pasado reciente y en su patriotismo de shopping abona a los perimidos argumentos típicos de la derecha como que pedir justicia es “buscar revancha”. Atrasa porque está lejos de interesarle plantear un marco de recuperación
y de sentido de la Memoria en el presente, y está más cerca de echar mano al lenguaje autojustificador castrense del Genocidio, que por otra parte le pertenece por una cuestión de clase. Y atrasa porque si en la última década el Estado vociferaba logros intentando impostar el lenguaje de las víctimas, lo que genera chispazos no menores cuando las voces de nuevas víctimas o sus familias reclaman contra la persistente omnipotencia del Estado, ahora asistimos a una transición donde los Derechos Humanos pasan a un segundo plano, o mejor al nivel de lo que el español Ortega y Gasset llamaba “barbarie del especialismo”. (2) Si el filósofo fundó el término desde la derecha para analizar la irrupción social del hombre-masa y la atomizacion de la cultura en el siglo XX contra el conocimiento holístico, resulta que hoy las elites gobernantes de la tecno derecha en el siglo XXI se caracterizan por buscar representar la opinión del hombre medio, acrítica, anti-histórica y despolitizante, pero siempre desde el espacio de poder.


LOS JUICIOS
En este contexto, el balance anual del estado de los juicios a los genocidas comienza por reafirmar el estancamiento general del proceso que se venía evidenciando. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 29 de noviembre de 2016 el Estado argentino sólo efectivizó 167 juicios orales y 1 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 168 juicios hubo 1.033 procesamientos, y como resultado se dictaron 918 condenas sobre 712 represores, hubo 103 absoluciones, 9 muertos impunes mientras duraba el proceso y 3 apartados durante el juicio, por un universo de 5.015 víctimas. (Los guarismos pueden verificarse en la base de datos de HIJOS La Plata en www.hijosprensa.blogspot.com)
Esto quiere decir que en 10 años de juicios alrededor del 43% del total de los 2.400 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 38% de aquel número de procesados fue condenado. Como venimos diciendo, y habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 10 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los 260 que fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.
Además, si seguimos tomando como referencia los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 712 condenados siguen representando, a más de una década de anuladas las leyes de impunidad, un poco más de 1 represor condenado por cada CCD. Para completar el cuadro, el 40% de los procesados y condenados goza del beneficio de la detención domiciliaria, y hay menos de 180 represores con condena firme, es decir confirmada por los tribunales superiores del país, siendo que en muchos casos eso define si se los aloja en cárcel común o en sus casas. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes, donde según datos del Ministerio Público Fiscal a agosto de 2016 el 61 % de los 10.624 presos del Servicio Penitenciario Federal está encarcelado preventivamente, es decir sin condena, y donde 9 de cada 10 jóvenes adultos presos, generalmente por infracción a la ley 23.737, cumple la preventiva como ejecución anticipada de pena.
Con un pico de actividad en 2012 los juicios vienen decreciendo desde entonces tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. No se ha podido mantener aquel tope de dos decenas y media de juicios con un centenar y medio de condenas cada año, ya que de 25 juicios en 2012, pasamos a 24 en 2013, 20 en 2014, 21 en 2015 y sólo 15 procesos terminados a fines de noviembre de este año. Aún con varios procesos en curso con fecha de sentencia para diciembre, lejos se está de modificar la caída de los últimos años.
Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 4 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores.
Tampoco se avanzó masivamente en las complicidades civiles, esto es empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical. En marzo pasado se condenó al empresario del transporte Marcos Levin junto a tres policías salteños por el secuestro y torturas de un chofer de la empresa La Veloz del Norte, y en abril recibió 12 años por encubrir homicidios y tormentos y como integrante de asociación ilícita el ex juez Roberto Catalán, en el proceso realizado contra Menéndez y otros jerarcas del 3er Cuerpo de Ejército en La Rioja que incluía el caso por secuestro y torturas de Plutarco Schaller, denunciante junto a otros sobrevivientes y a la familia de Ledo de Cesar Milani como integrante de las patotas de la represión en esa provincia. La efectiva indagatoria al general K, que como joven suboficial firmaba la deserción de soldados desaparecidos, se hizo esperar otro año y solo fue citado a dar explicaciones en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.
Respecto a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos, mientras quedan casi 380 casos de restitución de identidad por resolver, sólo dos hechos fueron llevados a juicio este año, llevando a 22 los procesos específicos realizados en 10 años por aquel delito. En abril pasado fueron condenados en Santa Fe el policía Juan Perizotti y el ex juez Luis María Vera Candiotti por la apropiación de María Carolina Guallane. En el caso de Candiotti también se lo sentenció por prevaricato en un juicio que incluyó otros 20 casos de secuestros, torturas y homicidios. También en Santa Fe pero en septiembre pasado, se condenó a la apropiadora, hija de un civil de inteligencia de Fuerza Aérea, y a la médica que facilitó la entrega en el caso de José Luis Maulin Pratto, nieto recuperado 120 que debió dar una dura batalla por recuperar su verdadero apellido.
También tuvieron sentencia este año importantes procesos que van completando el complejo esquema real de la represión del Plan Sistemático de exterminio desplegado en todo el país en dictadura. El juicio por los CCD La Ribera y La Perla, que incluía 716 casos registrados desde fines de 1975 y sobre un amplio arco de represores militares, policiales, penitenciarios y civiles de inteligencia, arrojó un fallo con 38 condenas, la mayoría a perpetua, y con 5 represores absueltos de todos los cargos. Se trata del juicio más importante de Córdoba, del 3er Cuerpo de Ejército y de todos los concluidos hasta ahora en estas causas, siempre en término de la cantidad de víctimas.
El proceso específico por el “Plan Cóndor”, que antes sólo había sido revisado parcialmente en causas por los CCD “A.B.O.”, “Automotores Orletti” y “Vesubio” llegó a su fin en mayo pasado con 15 condenas sobre 109 víctimas, en su mayoría por asociación ilícita y tormentos dada la coordinación represiva que significó el operativo, aunque también arrojó dos absoluciones.
Tras distintas postergaciones, concluyó en mayo el juicio por el secuestro y homicidio en 1983 de los militantes de Montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Las condenas a los jefes militares Pascual Guerrieri y Luis Muñoz y a los policías Luis Patti y Juan Spataro compensan una causa que se inició sobre el final de la dictadura y que había sido manipulada y cerrada en procura de impunidad. Sin embargo las absoluciones de los jerarcas Reynaldo Bignone, Rodolfo Rodríguez y otros policías señalados en el caso hicieron incompleto el sentido del fallo.
El único proceso realizado por los crímenes cometidos en jurisdicción del Comando del V Cuerpo del Ejército, denominado “La Escuelita 4” fue un verdadero bochorno. El proceso volvió a sentar en el banquillo a varios de los condenados en 2009, 2012 y 2014, pero con imputación por 28 casos distintos tanto de los CCD "La Escuelita", como la comisaría 24° de Cipolletti y delegaciones de la Policía y Servicio Penitenciario federales y de la Gendarmería. Los jueces Guido Otranto, Alejandro Silva y Marcos Aguerrido probaron delitos gravísimos, de hecho es la primera vez que se dictan condenas en Neuquén por el homicidio de personas que permanecen desaparecidas, pero solo aplicaron una perpetua al jefe de la subzona militar, más 12 condenas menores de entre 4 y 10 años a connotados represores como Jorge Di Pasquale, Raúl Guglielminetti, Gustavo Vitón e Hilário Sosa, y hasta dos condenas a 3 años en suspenso para probados integrantes de las patotas de la zona y con el polémico criterio de ser coautores en solo 1 caso. Además absolvieron a 4 represores, coincidentemente nuevos imputados, por beneficio de la duda.
Poco se ha avanzado también en lo que respecta al período represivo previo al golpe, aunque este año comenzó a juzgarse la megacausa por el Operativo Independencia en Tucumán y recibieron condena en CABA 5 represores de la Triple A, entre ellos Jorge Conti, Carlos Villone y Julio Yessi, en una causa por asociación ilícita con penas menores. Con igual ambivalencia, está por llegar a sentencia el juicio contra un importante grupo de genocidas de la CNU en Mar Del Plata, pero se frustró dos veces el inicio de la causa contra dos represores de ese grupo de la derecha peronista en La Plata.

LAS NOVEDADES
La verdadera mala nueva sobre la revisión de los crímenes del Terror de Estado fue el infame fallo del 9 de junio de este año donde la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con voto mayoritario de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, y disidencia de Ana María Figueroa, decidió anular la sentencia de 2013 sobre la Masacre de Capilla del Rosario, o causa “Carrizo”, absolver a los tres condenados y ponerlos en libertad. (3) En lo esencial Riggi y Catucci consideraron que los hechos no encuadran en la categoría de crímenes contra la humanidad porque "no se encuentra acreditado por ningún medio de prueba o directamente no existía" a esa época "un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil" y porque "estaba debidamente instalado un gobierno constitucional elegido por más del 60 por ciento de los votos del padrón electoral".
En principio cabe destacar que estos dos jueces opinantes fueron funcionarios del poder judicial tanto en el Camarón como en la dictadura. Pese a que hace años hay elementos en las autopsias que demuestran que hubo ejecuciones (repetidos balazos en tórax y nuca), es interesante detenerse en la valoración que realizaron los jueces del contexto en el que se sucedieron los hechos, esto es agosto de 1974, ya muerto Perón y gobernando Isabel Martínez. El doctor Riggi opinó que si bien había un clima de violencia y se perpetraban crímenes y atentados cometidos por distintas agrupaciones o bandas, en todo caso el Estado respondía como contrapartida y con “probables excesos en la forma de enfrentar y reprimir dichas conductas”. Es más, citó profusamente el discurso de Perón tras el ataque al cuartel de Azul en enero del '74, no solo en cuanto afirmaba que el gobierno nacional atacaría “al mal en sus raíces, echando mano a todos los medios y movilizando todos los recursos necesarios”, sino también cuando señalaba que “el movimiento nacional justicialista movilizará, asimismo, sus efectivos para ponerlos decididamente al servicio del orden y colaborar estrechamente con las autoridades empeñadas en mantenerlo”. Por su parte la doctora Catucci entendió que el suceso no se corresponde con un plan sistemático, descalificó a los testigos por conceptuarlos partícipes de hechos delictivos y llegó a decir que “sin desconocer que el resultado letal de muerte de los individuos que no lograron huir como sus compinches (SIC) y que es lo que llevó a percibirlos crímenes de lesa humanidad, esa concepción no puede asentarse en el resultado sino en todas las circunstancias que permitieron apreciar las diferencias con aquéllos”.
El fallo es un alerta importante porque se trata de un tribunal federal de segunda instancia, que revisa lo actuado en primera instancia por los tribunales orales, y que ha argumentado con inconsistencias y arbitrariedades varias. La discusión que se abre con este fallo sobre el carácter real de los delitos investigados, porque todavía hay resistencias judiciales a reconocer plenamente que hubo crímenes de Estado entre 1973 y 1976 y que esos crímenes son delitos de lesa humanidad, con todo lo que la definición conlleva. Si no fueron crímenes de lesa humanidad, como pretenden Riggi y Catucci, fueron crímenes de guerra, que tampoco prescriben. La mayor paradoja de este fallo, que ya ha sido apelado por las querellas del juicio y recurrido por el Fiscal General, es que se pronuncia justificando la represión ilegal durante un gobierno democrático, y principalmente por tratarse de una gestión constitucional, que es desarrollada por magistrados que integraron el poder judicial durante la última dictadura y siguen en funciones 40 años después para revisar aquellos hechos. Es allí donde aparece el verdadero “elemento político” de los fallos en este tipo de juicios.
Pero sabemos que este tema lleva a un dilema político. Así como el alfonsinismo negoció y puso un freno a la investigación de los crímenes de la dictadura con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la gestión menemista intentó sembrar la impunidad superlativa y perdonando con indultos desde el Estado y con pretensión de igualdad a los asesinos de la dictadura, a los criminales de la guerra de Malvinas y a los compañeros militantes con causas pendientes por su actividad política en los '70. En 2007 una verdadera caja de Pandora se abrió cuando el impresentable juez Espartacus Oyharbide pretendió citar a indagatoria a Isabel Martínez de Perón por los crímenes de la Triple A, y la ciudad de Buenos Aires apareció afichada con carteles firmados por la CGT, la Fraternidad y las 62 Organizaciones que rezaban: '”No jodan con Perón”. Hoy los juicios por crímenes de lesa humanidad no pueden ser nuevamente el límite de otro pacto político de impunidad. La responsabilidad del gobierno peronista, y de muchos de sus funcionarios y verdugos vivos, en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de lesa humanidad, son ya innegables. Es hora de discutir a fondo la organización desde el Estado de la represión a los opositores políticos antes del golpe y condenar esos crímenes. (4)

LA PLATA COMO TUBO DE ENSAYO
Para La Plata el 2016 fue un año de disputas más que de concreciones. Por un lado se realizaron los juicios por las desapariciones de Daniel Omar Favero y Paula Álvarez, que debería haber formado parte del juicio “Circuito Camps” de 2012, se condenó al represor del Regimiento 7 del Ejército Lucio Ramírez por 2 homicidios y un secuestro en casos residuales del juicio “Unidad 9” de 2010, y finalmente se inició el primer proceso en nuestra ciudad contra agentes de la Policía Federal por un raíd represivo de tres homicidios y tres desapariciones en octubre de 1977, causa que tiene muertos impunes y un prófugo como revés.
Por otra parte sucede que el 2016 comenzó en La Plata con el otorgamiento masivo de domiciliarias a los condenados a fin de 2015 en el juicio por la estructura represiva de la Armada y Prefectura en nuestra zona, conocido como “Fuerza de Tareas 5” y a otros represores como jefe de la Unidad Regional La Plata de la bonaerense en dictadura, Horacio Elizardo Luján, con dos condenas a perpetua a cuestas; al ex integrante del Destacamento 101 del Ejército Ricardo Von Kyaw, que estuvo prófugo 4 años y fue capturado en Panamá; al ex integrante de las patotas de la Brigada de Investigaciones de San Justo, Alfredo Boan. Si en el juicio FT5 sólo a través del pedido de nuestra querella de Justicia Ya La Plata se había logrado poner las cosas en su preciso lugar y sentenciar por primera vez en estos procesos a los represores como co-autores del delito internacional de Genocidio, a tres meses de aquel fallo la sala II de Casación (jueces Pedro David, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma) benefició a la mayoría de los condenados con la domiciliaria fundando la decisión en razones humanitarias genéricas y sin tener en cuenta que han sido responsables de delitos gravísimos.
A través de este año también se desenvolvió el conflicto de poder desatado en el Tribunal Federal 1 de nuestra ciudad, el único que venía realizando los procesos orales y con un desempeño cada vez menos parejo. La renuncia del juez Carlos Rozansky y el cambio de composición del tribunal no auguraron avances ni mejoras. De hecho el nuevo TOF1, con Germán Castelli, Jorge Michelli y Roberto Lemos Arias, se despachó en agosto con un fallo favorable al otorgamiento de la domiciliaria al símbolo de la represión en nuestra zona, el múltiples veces condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, extinto de acción penal en la apropiación de Clara Anahí Mariani Teruggi y principal señalado en la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez. Echando mano al seudo argumento de la “razón humanitaria” el tribunal se dejó llevar por la manipulación de los informes periciales de parte de la defensa del represor, que quería devolverlo a su chalet de Boulevard del Nuevo Bosque entre Guaraníes y Tobas de la ciudad de Mar del Plata. Sólo con la movilización popular y con solidez en los planteos unificados en los recursos de las distintas querellas de los organismos de DDHH logramos visibilizar la gravedad de tamaña decisión. En noviembre pasado Casación anuló el fallo del tribunal platense (votos del joven manos de pliegos Mariano Borinsky y del menemista Gustavo Hornos, con disidencia del juez K Juan Gemignani) y sostuvo que “las patologías que presenta Etchecolatz pueden ser tratadas dentro de la unidad de detención donde se aloja", que es lo que varias querellas planteábamos como criterio general desde el comienzo de la cuestión.
En un contexto donde el propio Ministerio Público Fiscal reconoce en sus informes que en la “década ganada” el 40% de los represores judicializados cumplió arresto domiciliario (más de 400 genocidas), (5) y donde pocos tienen en cuenta que hasta el represor con más condenas en el país, Luciano Menéndez con 13 perpetuas y dos condenas menores, goza del beneficio de vivir en un casa, éste es el peligro real que enfrenta la ejecución de condena en estos juicios: ser una mera formalidad.
En este sentido, para quienes revisamos cotidianamente la situación de las causas es útil dar a conocer que se está dando un festival de recursos de parte de los represores tanto procesados como condenados en La Plata, donde abundan no sólo los pedidos de domiciliarias, sino de salidas a estudiar, a casarse, a visitar parientes y hasta de vacaciones. Utilizando a su favor la tardanza del Estado en estos procesos, también avanzan con los pedidos de cese de prisión preventiva.
Mientras en muchos sectores preocupa la continuidad en abstracto de los juicios a los genocidas, va quedando cada vez más en evidencia que la tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuros juicios. Nosotros seguiremos exigiendo la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio.
Con esto suman 85 los genocidas condenados en La Plata en 15 juicios desde la reapertura de las causas, menos de la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una zona que contó con al menos 15 CCD y miles de víctimas de la represión, y mucho más para una jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de como las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.
Pero además hay en La Plata unas 17 causas fragmentadas en instrucción, entre ellas las relativas a las Brigadas de Investigaciones de Lanús, Quilmes, Banfield y San Justo, con procesamientos que repiten los mismos imputados y que en definitiva incluyen nada más que 8 decenas de represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, aun presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 170 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone.
Con la causa por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, de la que se cumplieron 10 años de encubrimiento en septiembre, como elemento de impunidad que trasunta estos procesos de revisión del pasado reciente, comienza a dibujarse un panorama donde, si en algún momento los juicios de la ciudad de La Plata eran el faro para avanzar contra tanta impunidad acumulada, hoy nuestra jurisdicción muestra los límites generales del proceso de una pretendida “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.

(1) Hugo Vezetti, “Conflictos de la memoria en la Argentina. Un estudio histórico de la memoria social”, en http://historizarelpasadovivo.cl/downloads/vezzetti.pdf

(2) Jose Ortega y Gassett, “La barbarie del especialismo”, en “La rebeli'on de las masas”.




Seguimos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.
CARCEL COM'UN, PERPETUA Y EFECTIVA.
BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.
HIJOS LA PLATA

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Contacto - 0221 155892221

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miércoles, 23 de noviembre de 2016

ESCRACHE A UN MURAL DEL COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FACIL


El sábado 19 de noviembre realizamos un mural pidiendo justicia por los asesinatos de Mauricio Andrada e Ismael Perussatto a manos del policía Cristian Daniel Duarte, perteneciente al Grupo Halcón. La realización del mural se da en a poco tiempo que conseguimos, con gran esfuerzo y lucha, que la causa fuera elevada a juicio para el 22 de febrero de 2018. El mural refleja, ni más ni menos, lo que está en la propia causa.
A solo 3 días de realizado el mural, y el mismo día que tuvimos una audiencia preliminar de cara al juicio con la presencia del asesino, nos encontramos con pintadas que cubren el nombre del asesino de Mauricio e Ismael. Se los acusa de “chorros” y que por ello fueron fusilados. A confesión de parte, relevo de prueba. Quienes cobardemente quieren silenciarnos, revelan su pensamiento, el mismo que va a llevar a Duarte a la cárcel: la vida de un pibe no vale nada. Vale decir que no hay prueba de ningún “arrebato” por parte de Ismael y Maruicio. La respuesta de Duarte fue 7 disparos por la espalda, un verdadero fusilamiento. Al día de hoy, Duarte sigue libre, portando arma y en actividad. Además, fue ascendido en la Policía por Scioli, Granados y Casal en 2015.
Estas provocaciones nos ponen alertas, más aún cuando la derecha gobierna y envalentona a su mano de obra, pero están lejos de amedrentarnos. La impunidad policial, avalada por el poder político y judicial, nos tendrá siempre en la vereda de enfrente, pintando las caras de lxs pibxs que nos asesinaron, mirando y denunciando a sus asesinos y cómplices.

¡Justicia por Mauricio Andrada e Ismael Perussatto!
¡Apartamiento inmediato de la fuerza del policía Cristian Daniel Duarte!
¡Basta de gatillo Fácil! ¡Ni unx pibx menos!

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FACIL
Familiares y amigos de Omar Cigarán, Mauricio Andrada y Andrés Nuñez/ COB La Brecha/ Correpi / Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional/ HIJOS La Plata/ Liga Socialista Revolucionaria / La Retaguardia/ Corriente Surcos/ Juventud Guevarista / Unión por los DDHH.

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jueves, 20 de octubre de 2016

DOBLE GATILLO FÁCIL A JUICIO EN LA PLATA

Un agente del grupo Halcón será juzgado por el asesinato de 2 jóvenes

En febrero de 2014 el agente Cristian Daniel Duarte asesinó con su arma reglamentaria a Ismael Perusatto y Mauricio Andrada. Quiso hacer pasar el caso como “legítima defensa” ante un robo. La justicia penal platense determinó que el caso se discutirá en juicio oral en febrero de 2018. Duarte llegará en libertad al debate y activo en la fuerza.

El Tribunal Criminal Nº3 de La Plata, integrado por Andrés Vitali, Ernesto Domenech y Santiago Paolini fijó fecha de inicio para el debate que juzgará al policía bonaerense Cristian Daniel Duarte por los homicidios de Mauricio Andrada e Ismael Perusatto, en un hecho ocurrido el 12 de febrero de 2014 en calle 71 entre 23 y 24.
Duarte irá a juicio en febrero de 2018, por haber disparado sobre Ismael “Beiby” Perussatto (de 20 años) y sobre Mauricio Andrada (de 17 años), en un supuesto “arrebato” que hasta ahora no ha sido probado. El Halcón sacó su arma reglamentaria y, en lo que intenta hacer pasar como legítima defensa frente a un robo violento, gatilló cuatro veces contra los jóvenes, según lo muestran las 4 vainas servidas de 9mm pericias realizadas en el lugar del hecho.
Perusatto recibió un disparo por la espalda y murió momentos después intentando alejarse sobre la moto en que se desplazaban, mientras que Andrada estuvo 40 días luchando por su vida con un tiro en la columna que le ingresó por la axila. Falleció el 17 de marzo de 2014 en el Hospital San Juan de Dios.

El agente del grupo Halcón está acusado de “doble homicidio en ocasión de robo” y sin embargo sigue activo en la fuerza. Hace poco, y en etapa de instrucción de la causa, sus letrados denunciaron que habría sufrido otro episodio de intento de robo en el que debió volver a usar su arma. Si bien hoy el expediente por el doble homicidio está avanzado, la causa inició de la peor manera: a 9 meses del hecho el Juez de Garantías Nº 1 de La Plata, Federico Atencio, creyó la versión de Duarte y dispuso su sobreseimiento. Observando más al imputado que a las pericias, Atencio argumentó en extenso sobre las prerrogativas de la legítima defensa, para terminar afirmando que Duarte actuó con “racionalidad indiscutible” frente a una agresión ilegítima, y que en todo caso cometió una defensa putativa, es decir considerada legítima sin serlo, pero que “la nocturnidad, la alteración de su ánimo y el temor por las consecuencias fatales” justifican a Duarte y definen al hecho de matar a dos personas como un “error esencial, decisivo y excusable”. Con esto parecía que todo quedaba allí. Pero el fiscal Marcelo Romero y la mamá de Mauricio como particular damnificada apelaron la decisión. Duarte había dicho en indagatoria frente a Romero que sufrió golpes en el suelo y que para defenderse utilizó la técnica de “doble tap”, es decir levantarse y realizar 2 disparos a zonas no vitales para anular la amenaza sin matar. La pericia que ilustra esta nota muestra en parte que disparó avanzando, en 4 oportunidades, a zonas vitales y en distintas posiciones, es decir con la situación ya controlada.

Ante esta evidencia, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, presidida por Raúl Dalto, revocó el sobreseimiento y dispuso la elevación a juicio. A su vez la a Comisión Provincial por la Memoria presentó un informe sobre el caso pidiendo que se garantice el acceso a la verdad y se produzca un debate pleno. En las últimas actuaciones de la causa, el fiscal Romero afirmó que “la versión brindada por el imputado no es conteste con las conclusiones periciales arribadas”. Esas dudas llegan incluso a las afirmaciones del principal testigo del hecho, Rodolfo Galeano, un taxista y ex policía cuyo vehículo fue baleado por Duarte e intentó corroborar la versión del Halcón, y cuyos dichos según Romero “no resultan en un todo coincidente”.
Aun así, el asesino Duarte sigue libre, portando arma y escalando posiciones en la fuerza. En abril de 2015 el Ministerio de Seguridad informó el ascenso del teniente Duarte, clase 1974 y legajo 158.459, a teniente primero. El dato figura en el Boletín Informativo N°17/15 del ministerio, y en una tanda de re-escalafonamiento afirma en general que el personal ascendido “reúne las condiciones de idoneidad necesarias, el perfil profesional y funcional, destacándose por el compromiso en el ejercicio de sus funciones”.
Esta burla a los familiares de Mauricio e Ismael intenta justificarse en la excusa de que no hay nada que impida ascender a Duarte porque “han tomado intervención de su competencia las Juntas de Calificaciones correspondientes, la Auditoría General de Asuntos Internos y la Dirección de Personal”. Y más allá de que su carrera se decida en un proceso interno administrativo, la voluntad de mantener dentro de la fuerza a policías acusados de homicidio de jóvenes pobres, y ascenderlos como si nunca hubieran tenido una mancha en su historial, fue una decisión política habitual para el gobernador Daniel Scioli y el ministro Alejandro Granados.
De hecho Duarte no es cualquier vigilante de escritorio. Es integrante de un cuerpo de elite de la bonaerense, el Grupo Halcón, con capacitación específica de tiro, negociación en toma de rehenes, manejo de situaciones de crisis, perímetros de seguridad y custodias especiales.Sobre esta división la propia policía informa que del total de postulantes de ingreso, el 40% califica para iniciar el curso y solo el 10% lo finaliza. Duarte es uno de esos privilegiados que, además de ser defendido por el equipo de abogados del ministerio de Seguridad, con 1 metro 80 de estatura y más de 90 kilos de músculo intenta hacer creer que fue doblegado por un escuálido joven de 17 años y que no le quedó otra que asesinarlo, igual que a su compañero que los miraba desde la moto.
Este no es un caso aislado, porque ya son más de 4.700 las personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 a la fecha, en sus distintas modalidades de “gatillo fácil”, torturas y asesinatos en sede policial o penitenciaria. Como Mauricio e Ismael, la mayoría son jóvenes pobres de entre 15 y 25 años. Y eso no es una casualidad, sino una política de Estado.
Estos 2 años de lucha no fueron fáciles para la familia de Mauricio, pero hemos estado al lado de su mamá en el reclamo de justicia.
Convocamos a todas las organizaciones a acompañarnos una vez más en las futuras audiencias del juicio, porque sabemos que cuando el imputado viste uniforme policial la presencia popular hace la diferencia en los fallos de la justicia.

Seguimos exigiendo:
- JUSTICIA POR MAURICIO ANDRADA, ISMAEL PERUSATTO Y POR TODOS LXS PIBXS ASESINADXS POR LA POLICÍA.
- APARTAMIENTO DE LA FUERZA YA AL POLICIA CRISITAN DANIEL DUARTE.
-BASTA DE GATILLO FÁCIL.
-NI UNX PIBX MENOS.


COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL
Familiares y amigxs de Omar Cigarán, Mauricio Andrada y Andrés Nuñez, Ceprodh, COB La Brecha, Correpi La Plata, Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional, HIJOS La Plata, Juventud Guevarista, La Retaguardia, Unión por los DDHH, Patria Grande, Surcos.

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CHARLA DEBATE CONTRA LAS DETENCIONES ARBITRARIAS

VIERNES 21 DE OCTUBRE A LAS 19 HS. 
EN EL CENTRO CULTURAL ROBERTO SANTORO (ESPAÑA N° 287)
AVELLANEDA


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martes, 27 de septiembre de 2016

26 AÑOS SIN ANDRÉS NUÑEZ - 26 AÑOS LUCHANDO POR JUSTICIA

Este 28 de septiembre se cumplen 26 años del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Andrés Nuñez. Desde Familiares y Amigos de Andrés realizaremos una jornada cultural y de lucha por justicia para recordarlo y reafirmar nuestro compromiso de no abandonar la pelea hasta que el último de los responsables de su crimen pague por lo que le hicieron.
Este año será el sábado 1 de Octubre, desde las 14 hs, en la Plaza Juan Manuel de Rosas, ubicada en 13 y 60 de La Plata, a pocos metros de la ex Brigada de Investigaciones. Habrá radio abierta con intervención de familiares de víctimas de la represión de Estado, luchadores populares y amigos que siempre han estado junto a nosotros en estos años. Tendremos la presencia de varios músicos solidarios que nos acompañarán con su arte, y colocaremos una baldosa para recordar a Andrés.

Los esperamos.
Familiares y Amigos de Andrés Nuñez.


Andrés Alberto Nuñez fue secuestrado en su casa de 119 y 78 la madrugada del 28/9/90 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y con la excusa del robo de una bicicleta fue llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, en la Estancia El Roble, donde lo incineraron dentro de un tanque australiano en desuso.
A 26 años del secuestro, asesinato y desaparición de Andrés, sus familiares y amigos ratificamos nuestra voluntad inquebrantable de buscar verdad y castigo a todos los responsables de los hechos. El caso de Andrés fue símbolo de continuidad de las prácticas represivas con que la Maldita Policía Bonaerense de la dictadura siguió actuando durante la gestión del gobernador Eduardo Duhalde, del jefe Pedro Klodzyck y del comisario Mario “Chorizo” Rodríguez en los ’90.
En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González fueron condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte, sentencia confirmada en agosto de 2012. Pero no actuaron solos. Durante 20 años el coautor del crimen, Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo de la justicia. Capturado en agosto de 2012 en una cinematográfica persecución en Neuquén, Ponce se encuentra a espera de juicio. Uno de los máximos responsables de la muerte de Andrés, el policía Pablo Martín Gerez, permanece prófugo. La familia de Andrés pide a los ministros Germán Garavano, Gustavo Ferrari y Cristian Ritondo que arbitren los medios para detener a este peligroso criminal para poder enjuiciarlo.
El ex juez Amílcar Vara (destituido en 1998 en juicio político por encubrimiento en la causa Nuñez, Bru y en otros de 25 casos de crímenes policiales) murió impune en marzo de 2014. Pese al intento de cerrar la causa, en mayo de 2013 la Suprema Corte bonaerense dijo que el caso de Andrés es una “grave vulneración a los DD.HH.” y resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 4 policías responsables del encubrimiento del caso: Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga.
Pasados 26 años de los hechos, la justicia no ha mostrado una estrategia real de búsqueda y detención del ex policía Gerez, imputado y prófugo desde hace más de 25 años en la causa Nuñez. Pablo Martín Gerez, DNI 14.907.946, fue oficial inspector de la Brigada de La Plata, y como tal comandó el grupo operativo que en septiembre de 1990 secuestró, torturó y desapareció a Andrés de su casa de Villa Elvira. Oriundo de General Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, proveer el campo de aquella localidad donde descuartizaron, quemaron y enterraron a Andrés, y que era custodiado por un primo suyo.
La familia de Andrés ha aportado información sobre los contactos de este criminal, especialmente sobre su madre, que vive en General Belgrano. Se ha pedido reiteradamente que el Estado se haga cargo de su responsabilidad para detener a este peligroso criminal y ponga a disposición herramientas para una investigación seria para encontrarlo.
En una fenomenal tomada de pelo, en 2009 una abogada se presentó en la causa a nombre de Gerez que, aún prófugo, reclamaba la prescripción de la imputación y firmaba de puño y letra el recurso. Ocupada en otros urgentes menesteres, ninguna estructura de inteligencia policial ni judicial tiró de esa piola para ubicar a Gerez. La tardanza del Estado en llevar a juicio a estos criminales sólo genera más impunidad.
Sabemos que el caso de Andrés no es el único. Pese a los gobiernos que dicen defender los Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad han asesinado en todo el país desde 1983 a más de 4.800 personas con el gatillo fácil, las torturas y el fusilamiento público. La Bonaerense es denunciada por más de 1.200 casos mensuales de aplicación de tormentos en sedes policiales. Y hay más de 210 casos de desaparición forzada vinculada a motivos sociales y políticos registrados en las últimas 3 décadas.

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jueves, 22 de septiembre de 2016

10 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ - 10 AÑOS DE IMPUNIDAD Y ENKUBRIMIENTO

EL CASO LOPEZ EN 20 PUNTOS
Por HIJOS La Plata


1. EL HECHO
El 18 de septiembre de 2006 se produjo la desaparición forzada de Jorge Julio López, militante político en la década del '70 y sobreviviente de los Centros Clandestinos de Detención de la Policía Bonaerense y como tal testigo de cargo, en el marco del primer juicio oral de envergadura que llegaba a sentencia en Argentina con posterioridad a la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final por los crímenes de lesa humanidad acontecidos en la última dictadura militar. Esa causa judicial sentó precedente dentro del derecho argentino, tras utilizarse por primera vez la figura de Genocidio, y en consecuencia la primera condena judicial que contemplaba ese delito en nuestro país. López fue desaparecido el mismo día donde debían exponerse los alegatos de su querella, en el juicio seguido contra el ex Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz.

2. EL TESTIGO
Jorge Julio López nació en 1929 en General Villegas, Provincia de Buenos Aires. De joven se vino a La Plata para trabajar en algunas quintas de la zona, y después durante más de cuarenta años como albañil. Se construyó su propia casa en la esquina de 140 y 69 en el barrio de Los Hornos. Allí mismo participó desde 1973 de las actividades de la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” de la JP y Montoneros de La Plata.
La represión de Estado desató una persecución sobre ese grupo militante entre octubre y noviembre de 1976, secuestrando a una docena de personas del mismo barrio, acribillando y quemando la sede de la Unidad Básica. La mayoría de los compañeros militantes de ese espacio permanecen desaparecidos. Julio López fue secuestrado por primera vez de su casa en Los Hornos en la noche del 27 de octubre de 1976.

3. EL TESTIMONIO
López testimonió por primera vez en el Juicio por la Verdad en julio de 1999. Contó que estuvo desaparecido durante 160 días hasta que fue legalizado. Después permaneció 812 días detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en la Unidad 9 y fue liberado en junio de 1979.
También participó en dos inspecciones oculares realizadas por la Cámara Federal de La Plata en los ex CCD en agosto de 2001, y señaló los lugares de ejecución y exterminio de cuerpos. Pese al paso del tiempo había detallado todo el horror vivido en su secuestro en unos cuadernos con textos y dibujos. Allí contaba su paso por los Centros Clandestinos del Destacamento y Pozo de Arana, las Comisarías 5ta. y 8va. y su blanqueo como detenido legal en la Unidad 9. El testimonio mencionaba a decenas de secuestrados a los que pudo reconocer o saber su nombre, así como más de una docena de represores como Garachico, Aguiar, Urcola, Gijena, Basualto, Orellana, Gómez, Ponce, Guallama o el propio Etchecolaz. Su caso estuvo patrocinado por la querella del espacio Justicia ya La Plata. Nilda Eloy, integrante de la Asociacion de Ex Detenidos Desaparecidos, recuerda que antes de ingresar a dar su testimonio en el juicio a Etchecolatz, en julio de 2006, López pidió permiso para hablar de la militancia en Los Hornos y afirmó “va por los compañeros”.

4. EL GENOCIDA
El comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz fue formalmente Director General de Investigaciones de la Policía bonaerense entre 1976 y 1979. En realidad fue el coordinador de los Grupos de Tareas que regenteaban los CCD, comandaba personalmente los operativos de secuestro y presenciaba las sesiones de tortura y los fusilamientos. Así lo prueba su presencia y rol de mando en la masacre cometida en la casa Mariani-Teruggi de calle 30 entre 55 y 56, donde fueron asesinados 5 militantes Montoneros y apropiada Clara Anahí Mariani Teruggi, nieta de la fundadora de Abuelas, Chicha Mariani.
En su testimonio, López contó que Etchecolatz y Guallama estaban presentes en el operativo de su secuestro, y que estando en la Comisaría 5ta. en una sesión de tortura, apareció el comisario gritando “¡Ahora vas a cantar gringo!”, mientras ordenaba que subieran la intensidad de la picana.
Además relató que durante su secuestro en el “Pozo de Arana”, compartió encierro con una joven pareja militante que conocía del barrio de Los Hornos. Eran Patricia Dell ´Orto y Ambrosio De Marco. Patricia le pidió a Julio que si salía, fuera a su casa, avisara a su familia dónde se encontraba y que le transmitiera a su pequeña hija cuánto la quería. Días después de ese encuentro, López pudo observar la macabra ejecución de Dell ‘Orto y De Marco dirigida por Etchecolatz.
Habiéndose negado a declarar durante el juicio de 2006, con López ya desaparecido y tras conocer la contundencia de los testimonios en su contra, el genocida amenazó al Tribunal 1 de La Plata antes de recibir sentencia con una frase que lleva 10 años sin aclararse: “No es este tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan”.

5. EL CIRCUITO CAMPS
El esquema represivo del Terrorismo de Estado en nuestra zona se denominó “Circuito Camps”, en alusión al general Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense durante la última dictadura. Comprendía más de 29 Centros Clandestinos de Detención en todo el conurbano, desde el Comando de Operaciones Tácticas en Martínez, hasta los chupaderos de Arana en el sur de La Plata y pasando por las Brigadas de Investigaciones de Lanús, San Justo, Quilmes y Banfield entre otras. Por estos lugares de horror pasaron miles de secuestrados que sufrieron torturas, violaciones, asesinatos y robo de bebes. Cada centro cumplía una función específica como fichaje, ablande, deposito, exterminio y blanqueo de detenidos.
En La Plata los centros más importantes fueron la Brigada local, las comisarias 5ta. y 8va., el Destacamento y la Casona de Arana, la sede de Infantería y Caballería, y la Unidad 9.
La reconstrucción del funcionamiento de este esquema solo se pudo realizar por el aporte de los sobrevivientes y ex detenidos, ya que el Estado nunca se dignó a investigarlo seriamente. La mayoría de los crímenes cometidos en estos campos continúan aún impunes.

6. EL SEÑUELO.
Dos días después de la desaparición de López, apareció un cadáver acribillado con disparos calibre 9 mm, y calcinado, en el Camino Negro, lugar paradigmático para la ciudad de La Plata donde las organizaciones paramilitares de la derecha peronista CNU y Triple A asesinaban a los militantes populares en el período de terrorismo estatal previo al golpe de 1976. En ese hecho la propia Policía bonaerense informó a la prensa que el cadáver correspondía a Jorge Julio López. Este homicidio fue el primer hecho mafioso para generar confusión en la investigación de la desaparición de López: la persona había sido asesinada el día martes 19 (fecha en que se leía el veredicto de la causa Etchecolatz) y calcinada al día siguiente. La identidad de la persona nunca fue corroborada, si bien se supo posteriormente que los rasgos no se correspondían con las características de López.

7. LAS LLAVES.
A fines de noviembre de 2006 apareció un juego de llaves debajo de un rosal en el jardín de la casa de López. Si bien correspondían a la familia, no se pudo determinar desde cuando estaban allí. Las pericias de la Gendarmería y la Policía bonaerense son contradictorias: una mencionaba que las llaves llevaban poco tiempo en el jardín, la otra afirmaba que hacía más de tres meses que estaban a la intemperie. Lo único cierto fue que a dos meses del hecho el lugar del hallazgo nunca había sido rastrillado debidamente. Por ese jardín habían pasado varias veces el gobernador Felipe Sola y el ministro de seguridad León Arslanián en visita a la familia. Para los organismos de DDHH fue un nuevo mensaje mafioso.

8. LOS RASTRILLAJES
Desde el comienzo de su intervención en la causa López, la Policía Bonaerense se encargó de sembrar pistas falsas y estropear las más creíbles. Realizaron un rastrillaje en la localidad de Atalaya, partido de Magdalena, a solo 5 días de la desaparición de López y sin que de la causa surjan motivos suficientes. En el operativo participaron cinco policías, tres de la División Canes y dos de la Comisaría 3ra. de Los Hornos a cargo del capitán Eduardo Zaffino, en un auto sin identificación y con ropas de civil. Según los testimonios de los propios policías, los perros se dirigieron desde la ruta hasta la casa de Rubén Darío Durso, Delegado Municipal de Atalaya.
En lugar de agotar el procedimiento, los policías se pusieron a merendar en la casa del delegado mientras los perros quedaron afuera. Luego se llevaron los perros y sin labrar acta dejaron dos vigilantes de guardia. La misma noche una comitiva volvió a la casa de Durso, con los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri, la jefa de la Departamental La Plata, Victoria Huck, el jefe de la Distrital La Plata, Marcelo Medoro y el capitán Zaffino, hoy condenado por el fusilamiento de Darián Barzábal en un patrullero de la Comisaria 3ra. Pese a que los perros reconocieron en la casa prendas y un colchón con rastros de López, desviaron los rastros y abandonaron el rastrillaje por “lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante”. Idénticas irregularidades se produjeron con materiales resultantes de investigaciones paralelas realizadas por la policía bonaerense.

9. EL ALLANAMIENTO CANTADO
Desde el primer momento los organismos de DDHH sostuvieron que había que investigar a los represores recluidos en el penal federal de Marcos Paz, donde se encontraban alojados Etchecolatz y otros genocidas. Se pidió que el juez realizara un allanamiento. Sin embargo, el procedimiento se realizó seis meses después y en las peores condiciones. El juez Corazza resolvió no realizar un allanamiento, medida judicial que por sentido común debe llevarse a cabo sin previo aviso al Servicio Penitenciario, y en la que puede participar el juez y la querella. Sin embargo, diez días antes el juez se reunió con el Ministro de Justicia de la Nación pidiéndole que se hiciera cargo del operativo. El resultado fue que el 23 de marzo de 2007 se realizó una requisa en el penal de Marcos Paz a cargo del propio Servicio Penitenciario Federal, sin la presencia del juez ni de ningún otro funcionario judicial y con la participación de integrantes de la SIDE, la Policía Federal y la Bonaerense.
Recién en octubre de 2014 los fiscales Marcelo Molina y Juan Martin Nogueira pidieron la indagatoria de siete agentes del SPF, por irregularidades en el registro de visitas al pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz en los meses siguientes a la desaparición de López.

10. LA AGENDA
En el allanamiento cantado se secuestró una agenda perteneciente a Etchecolatz. Allí figuraban los datos de Susana Beatriz Gopar, policía bonaerense en actividad que había actuado en Interpol durante la dictadura y que vivía a 5 cuadras de la casa de López. Un vecino de López había dicho en la causa que lo había visto la mañana de su desaparición “entre la verdulería y Edelap”, es decir, en calle 66 entre 137 y 138, parado de espaldas a la calle y de frente a las fachadas, como buscando algo. En esa exacta dirección vivía Gopar, que además era una de los 9 mil agentes de la Bonaerense de la dictadura que estaban activos al momento de la segunda desaparición de López.
Citada a declarar en el Juicio por la Verdad en septiembre de 2007, Gopar dijo “no fui secretaria de Etchecolatz”, “estuve muy poco en la dirección de Investigaciones. Viví con carpetas médicas”. Aseguró que no conocía a Etchecolatz y al preguntársele de dónde habría sacado su número telefónico Etchecolatz, afirmó “no sé, a mi casa no llamó y eso puede constatarlo por mi número, ni yo lo llamé”.
A pedido de la querella se ordenaron tareas de inteligencia, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó seguimientos e intervino sus líneas de teléfono. Frente a la trascendencia pública de la pista, el ministro León Arslanián decidió pasar a retiro a Gopar en una fecha simbólica, el 18 de septiembre de 2007, fecha del primer aniversario de la desaparición de López. Otro dato inquietante aportaba sospechas: Gopar era oriunda de Pehuajó, ciudad donde Etchecolatz había trabajado a comienzos de los setenta y de donde era oriundo el médico policial Carlos Falcone, uno de sus visitantes en Marcos Paz. Pese a las evidencias de que la mujer había mentido ante la justicia, y ante los pedidos de allanamientos de su casa por la querella de la causa, ni el juez Corazza ni el fiscal Sergio Franco aceptaron avanzar.
A fines de 2008 la pista de Susana Gopar volvió a activarse. Algunas de las escuchas de la PSA sobre la sospechosa fueron enviadas a la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE (denominada “Ojota” por sus siglas) y nunca fueron devueltas. para tratar de limpiar el audio. Pero el material nunca regresó. La cuenta de correo electrónico de Gopar también fue interceptada, y pese a que había información sobre el CCD de Arana, nunca se profundizó la investigación. Finalmente, Susana Gopar se mudó de  su casa de Los Hornos sin ningún allanamiento.

11. LA BONAERENSE
Existió una mecánica de “blanqueo” en la causa judicial de las investigaciones realizadas en forma paralela y sin control judicial por las fuerzas de seguridad e inteligencia, que sólo a partir de los reclamos de los organismos de DHH fueron ingresadas al expediente. Para colmo, varias pistas importantes de las investigaciones fueron entregadas por el gobernador Felipe Solá a una comisión cuyos responsables fueron partícipes de la dictadura como el Superintendente Roberto Silva, ingresado en la Bonaerense en marzo del 77. Otra pista donde una de las personas investigadas tenía relación familiar con miembros de la fuerza en actividad con acceso a la causa fue asignada a Oscar Alberto Farinelli, oficial activo en la Dirección General de Inteligencia (DIPBA) de la Bonaerense durante la dictadura. Eso quiere decir que estaba en esa función cuando López fue secuestrado y desaparecido en 1976. Farinelli llegó a Jefe de esa Dirección en 1997 y fue hasta 2007 titular de un organismo de similares funciones, la Superintendencia de Evaluación de la Información para la Prevención del Delito. Mientras tanto, algunas otras líneas de investigación derivadas de testimonios inverosímiles ocuparon cientos de fojas. Es necesario destacar un caso surrealista: el 25 de diciembre de 2006 se realizó un procedimiento en base a las declaraciones de una persona de origen peruano, residente en Argentina, quien se comunicó telefónicamente con una amiga que vive en Perú la que, según el declarante en la causa, “por la noches se convierte en águila”. La justificación policial de la inclusión de este elemento en la causa fue que “en uno de sus vuelos nocturnos la mujer-pájaro avistó a Julio López en un campo cercano a La Plata”. Esta declaración provocó la movilización de tres comisarías y un procedimiento que incluyó decenas de traslados, móviles, identificación de personas y declaraciones testimoniales.

12. LA SIDE
La querella de los organismos de DDHH requerimos al juez Corazza que pidiera al Servicio de Inteligencia del Estado todo el material de sus tareas de inteligencia previo al juicio a Etchecolatz de 2006. La SIDE negó haber efectuado tareas respecto de ese juicio pero, con un contenido claramente intimidatorio, envió un informe sobre el juicio al capellán policial Christian Von Wernich, siguiente juicio oral en La Plata. Por otra parte, sin notificar al juez federal y con aval del gobierno de Néstor Kirchner, la SIDE entregó a familiares y allegados de López una flota de teléfonos celulares y radio Nextel para entorpecer la investigación: generando escuchas falsas, inutilizando otras verdaderas y ocultando cruces telefónicos, medidas básicas en la investigación de un secuestro. Además figuran en la causa detallados informes de inteligencia de la SIDE respecto de familiares, vecinos y amigos de López, pero ni una sola línea sobre el entorno de Etchecolatz.

13. EL ENKUBRIMIENTO
El gobierno kirchnerista, que cooptó y se embanderó con la lucha de los organismos de Derechos Humanos, jamás se ocupó debidamente del caso López. La primera respuesta que tuvimos fueron afirmaciones del ministro del Interior Aníbal Fernández que minimizó el tema diciendo que López podía “estar tomando el té en la casa de la tía”.
El presidente Néstor Kirchner dio varios encendidos discursos pidiendo (sin mencionar si a Dios o a la casualidad) por la aparición de López. Sin embargo con el tiempo dejó de mencionar al “compañero Tito” y se olvidó del tema. El gobernador Felipe Solá trató tardíamente de ofrecer un programa de “Vigilancia y Atención de Testigos en grado de Exposición” para atender a los testigos con residencia en territorio bonaerense. En una entrevista con el Ministro de Seguridad León Arslanián, los organismos de DDHH recibimos la inaceptable respuesta de que sólo se controlaba al 40 % de la Policía bonaerense, y que el resto no le respondía. Ante tamaña afirmación, solicitamos que Arslanián informara que cantidad activa de integrantes de la fuerza habían ingresado en dictadura. Así recibimos un listado de más de 9 mil agentes que cumplían el requisito. Sin comprometerse en el caso, tanto Arslanián como Solá salieron a afirmar a los medios que creían que López estaba muerto.
En una audiencia con el gobernador Daniel Scioli los organismos de DDHH exigimos medidas concretas en el caso: que se separe a la policía bonaerense de la causa; que se exonere de la fuerza a los que participaron en la investigación por reiterados encubrimientos, manipulaciones y entorpecimientos en los procedimientos; que se exonere a los policías que revistaron en centros clandestinos de detención entre 1976-1983; que se revisen nuevos nombramientos en la fuerza desechando a policías formados durante los años de la dictadura y que se inhabilite para funcionar a todas aquellas agencias de seguridad privadas que tengan represores en sus filas. En toda su gestión el gobernador no dio respuesta a ninguno de los reclamos.
Llevado el reclamo ante el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, le transmitimos nuestro malestar por el estado de la causa, por la inoperancia, la complicidad y el encubrimiento que ejercieron durante aquel tiempo los funcionarios y las fuerzas de seguridad, le solicitamos que intervenga por denegación de justicia en este caso que tiene gravedad institucional. La Corte nunca intervino. La presidente Cristina Fernández jamás mencionó a López en sus discursos, y en un acto en el colegio Nacional de La Plata contrastó a la dictadura con la democracia y se animó a decir: 'Hoy por suerte nadie desaparece y estamos todos vivitos y coleando”.

14. LA JUSTICIA COMPLICE
El expediente por la segunda desaparición de López es un verdadero laberinto de la impunidad, que ningún gobierno se atreve a desandar. Con 45 cuerpos principales, 58 legajos, cada uno con una pista de investigación diferente, y 74 anexos integrados por transcripciones telefónicas, a 10 años de los hechos no tenemos ningún indagado ni procesado ni detenido. Y lo que se puede mencionar como “novedades” cada año que pasa son hechos laterales de la investigación principal.
El primer juez de la causa, Arnaldo Corazza, se dedicó a desperdiciar el tiempo, seguir pistas inconducentes en connivencia con la policía y enturbiar aquellas que dirigían la pesquisa a Etchecolatz y su entorno.
Además, los organismos de DDHH logramos correr de la causa a los camaristas Ramón Alberto Durán y Alicia Di Donato, a quienes recusamos por haber sido funcionarios de la dictadura y por tener estrechos vínculos con la policía bonaerense. Al cumplirse 2 años del caso, y justo cuando se estaban activando las líneas referidas a los represores, los abogados de la familia de López, Alfredo Gascón Cotti y Hugo Wortman Jofré (conocidos abogados de grupos empresarios) pidieron que se investigara a todos los jueces, fiscales y abogados de los organismos de DDHH involucrados en la causa, con la supuesta presunción de que no tomaron recaudos para cuidar al testigo. En febrero de 2009 Corazza se excusó de seguir investigando aduciendo la "violencia moral" que le provocaba la denuncia, que lo sindicaba como parte responsable del secuestro.
Luego la causa paso al juez Manuel Humberto Blanco, además juez electoral y partícipe de las intrigas políticas que ese rol conlleva. Sin asumir control sobre la actuación de las fuerzas policiales en la investigación, en 2012 el juez aprovechó la instrucción de un expediente residual de la causa de Comisaría 5ta., que incluía el paso de López por ese CCD, para desacreditar su testimonio, calificarlo de “vago” e “impreciso”, decir que “el albañil debería haber comunicado a los organismos correspondientes los aberrantes sucesos mucho tiempo antes” y que “lamentablemente, el tiempo transcurrido opera en detrimento de la búsqueda de la verdad”. Blanco murió en septiembre de 2014 y dejó esta opinión como legado en la causa López. Un legado de impunidad donde se invierten los valores y las responsabilidades, donde el Estado siempre cuestiona y sale indemne, y donde son las víctimas las que cargan con el peso de reconstruir el horror para obtener Justicia.

15. LAS AMENAZAS
Los atentados a los testigos en los juicios de Lesa Humanidad no terminaron con el caso López, aunque ninguno fue tan lejos. La seguidilla de amedrentamientos, privaciones momentáneas de la libertad y ataques a testigos en diversos puntos del país nunca cesó. Poco después del caso López, en diciembre de 2006, el militante Luis Gerez, testigo en una de las causas contra el represor Luis Patti, fue secuestrado en Escobar y retenido durante dos días hasta que apareció en Garín con signos de tortura. En la misma zona, pero en mayo de 2008, el ex detenido y militante de la Casa de la Memoria de Zarate, Juan Puthod, fue secuestrado cuando se dirigía desde ese lugar hacia la radio donde conducía un programa. En marzo de 2010 la serie de amedrentamientos se cobró la primera víctima fatal: Silvia Suppo, ex detenida y querellante en varias causas en jurisdicción del Comando del 2do. Cuerpo del Ejército, fue asesinada de doce puñaladas en su negocio de artículos de cuero, ubicado en pleno centro de Rafaela. Desde el comienzo, la versión policial trató de imponer el móvil del robo y hoy el caso sigue impune. La lista de hechos es muy larga, pero digamos que no faltaron las amenazas durante el juicio a 14 represores de la Unidad 9 de La Plata en 2010, así como una granada enviada el mismo año por correo a un testigo en una causa en Baradero, y el secuestro y devolución en pleno centro porteño en abril de 2011 de Víctor Martínez, testigo del asesinato del obispo Carlos Ponce de León en 1977.
Sobradas veces, los organismos de DDHH hemos reclamado que la única política efectiva de protección a los sobrevivientes del Terrorismo de Estado es la mayor celeridad en los procesos de condena de todos y cada uno de los implicados en el Genocidio de la última dictadura, sintetizada en la consigna “Cárcel común, perpetua y efectiva”.

16. LA LUCHA
Desde los organismos de DDHH del espacio Justicia Ya La Plata señalamos desde el primer momento que lo de López se trataba de una desaparición forzada vinculada al juicio a Etchecolatz. Por eso nos decidimos, junto a las organizaciones políticas y sociales de la izquierda local a crear la herramienta política para desarrollar la protesta en la calle: la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada, que nació con el caso López.
Durante varios años marchamos todos los 18 de cada mes reflotando la vieja consigna de “Aparición con Vida Ya”, esta vez de López. Realizamos charlas, volanteadas, radios abiertas, murales, videos y sostuvimos movilizaciones de miles de personas todos los 18 de septiembre.
En 2013 hicimos una campaña de presentación masiva de Habeas Corpus por López, para obligar a la justicia a dar una respuesta formal. Todos fueron rechazados con argumentos del tipo “no corresponde”, “resulta inadecuado” y “todas las medidas ya han sido evacuadas”. Al ver agotada la vía judicial local en 2014 llevamos la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y en 2015 ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, pidiendo que tomen el caso y se pronuncien sobre el tema. En las presentaciones afirmamos que el Estado argentino no aseguró las condiciones necesarias para avanzar en la obligación de asegurarles a las victimas una investigación seria y objetiva que permita determinar todas las responsabilidades del caso vinculadas con el accionar ilegítimo por parte de los distintos funcionarios públicos.

17. LOS CRUCES DE DATOS
En 2008 los organismos de DDHH conseguimos que se apartara a la Policía bonaerense del caso y que se asignaran las tareas de investigación a la Policía Federal y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Ante el cambio de fuerza, los entrecruzamientos telefónicos se demoraron, con la excusa de que la fuerza provincial utilizaba un software denominado “VAIC”, pero la PFA y la PSA otro llamado “I2”. Para el traslado de una fuerza a otra del 'crudo' de la información aportada por las compañías telefónicas se demoró meses y las fuerzas federales no actuaron juntas: cuando la PSA logró procesar toda la información a mediados de 2011, la Federal no había concluido de cargar los datos. En ese contexto, por decisión del Ministerio de Seguridad de Nación dejó de actuar la PSA, y se debió remitir toda la información a la Federal. Recién en marzo de 2012 la Policía Federal terminó de cargar los datos, pero una vez que ello ocurrió argumentaron “inconvenientes técnicos” que no le permitían operar el sistema. Ante esto, y por pedido de los fiscales, la PSA volvió a la causa y determinó más de 5 millones de llamadas a analizar, tarea que todavía no concluyó.

18. LAS HIPOTESIS.
Las principales pistas del caso pueden aglutinarse en los ejes “Entorno de Etchecolatz”, “Atalaya”, “Chicano”, “Falcone” y “Servicio Penitenciario Bonaerense”. Todas ellas fueron enviciadas por la Bonaerense, la SIDE y los Jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco para garantizar impunidad.
Desde el primer momento los organismos de DDHH aportamos a la causa la denuncia sobre la existencia de bandas mixtas de policías retirados y en actividad vinculados a Etchecolatz, y luego un testigo de identidad reservada fortaleció esta hipótesis. Varias líneas giran en torno a Etchecolatz, su entorno privado y familiar, y los policías que formaron parte del Circuito Camps y López mencionó en su testimonio. Hay también una línea que involucra a miembros del SPB, donde también hay interesados en que los juicios por crímenes de lesa humanidad no avancen. A las pistas “Atalaya” y “Gopar”, explicadas más arriba, se le sumaban otras. En 2007 hubo en la causa allanamientos a seis viviendas en Ensenada, Lomas de Zamora y La Plata realizados por el Superintendente de Investigaciones de la bonaerense, Hugo Matzkin, sin la presencia de funcionarios judiciales. Algunos de los allanados fueron el coronel retirado Anselmo Palavezzatti, el comisario retirado Aldo Conter y Oscar Raúl Chicano, secretario privado de Etchecolatz durante la dictadura. Este policía fue identificado a partir de fotos del acto realizado en la Casa Mariani-Teruggi el 12 de agosto del 2006 al que había concurrido López, y donde se ve a Chicano parado a pocos pasos detrás de él. Un testigo de identidad reservada relató a la bonaerense una reunión de ex militares y ex policías realizada en febrero de 2006, de la que participó Chicano, en la que se mencionaba la existencia de grupos de combate en todo el país para llevar adelante un golpe de Estado y hablaban del avance de los juicios de lesa humanidad. En los allanamientos fueron secuestradas armas, teléfonos celulares, agendas, un cuadro con un águila y una esvástica, computadoras, folletos del Partido Popular de la Reconstrucción (PPR, vinculado a Mohamed Alí Seineldín), volantes sobre la recompensa por López, materiales químicos y una pistola del Ejército. Sin embargo, Corazza no vio motivos para llamar a indagatoria a nadie.
En otra pista, un informante de la policía afirmó que López había sido secuestrado en un auto que pertenecía al ex médico de la bonaerense Osvaldo Falcone, vinculado a Etchecolatz y asiduo visitante en Marcos Paz entre agosto y septiembre de 2006. El auto fue hallado en 2009 desmantelado en una casa del barrio de San Jacinto, al sur de Mar del Plata. Se allanaron dos casas de Falcone, en Mar del Plata y Pehuajó, se le secuestró documentación y se lo citó en la causa, pero como testigo. El informante aseguraba que el cuerpo de López habría sido tirado en la zona de La Serena, en Mar del Plata. Falcone se desvinculó del hecho y no se siguió la pista.
Finalmente, otra de las investigaciones tiene en foco a un ex integrante del Ejército, cuyos antecedentes pedidos por los fiscales fueron enviados tardíamente, retaceados y a desgano desde el Ministerio de Defensa y la propia fuerza castrense.
Etchecolatz hizo sucesivas presentaciones en la causa López, y pidió declarar porque, según dijo, "tenía información y prueba para aportar". Nunca lo hizo porque en varias oportunidades se negó a ser trasladado y por escrito sólo aportó información ya publicada por los medios.

19. LOS PAPELITOS
Un nuevo episodio se sumó a la macabra cadena de provocaciones que Etchecolatz desplegó sobre el tema López. En octubre de 2014, y mientras estaba concluyendo el juicio por delitos cometidos en el CCD “La Cacha”, el genocida exhibió entre sus manos dos veces un pedazo de papel con una frase manuscrita, donde vagamente podía leerse “Julio López” y “secuestrar”. Ambos hechos fueron captados en las audiencias por los fotógrafos. Todo ocurrió mientras el genocida estaba en el estrado, junto con otros acusados y efectivos del servicio penitenciario que lo custodiaban, en una posición en la que cualquier medio periodístico podía captar la secuencia.
Etchecolatz estaba imputado en el expediente por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, junto a otros 3 policías. Durante las diversas indagatorias del juicio se había referido a López como “el testigo ilustrado”, sugiriendo que su testimonio había sido inventado. Cuando el incidente de los papelitos tomó estado público, los fiscales del juicio imputaron al represor ante el juzgado Federal N°1 de La Plata por los delitos de intimidación y perturbación al ejercicio de las funciones públicas.
Pero la avanzada del represor no quedó allí. En abril de 2015 el presidente del Tribunal Federal 1, Carlos Rozansky, denunció que recibió intimidaciones graves contra él y sus colaboradores en llamados telefónicos, mensajes de voz en los celulares, correos electrónicos y cartas. El juez dijo que la campaña comenzó luego de que se conocieran los fundamentos de la sentencia del juicio “La Cacha”, y realizó la denuncia penal 1 por entender que había “una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios”. En esas investigaciones, fue detenido Gustavo Luis Ureña, de 62 años, quien enviaba correos electrónicos y llamadas anónimas reivindicando al genocida Etchecolatz y augurando a sus amenazados el mismo destino que López.
Pero lo más grave del caso es el efecto que causó esta campaña de amenazas: Rozansky, se excusó de participar en todas las causas en las que esté procesado Etchecolatz, es decir la mayoría de los expedientes a la espera de juicio en La Plata. El “efecto Etchecolatz” se repetirá y seguirá creciendo, opacando el desempeño de un tribunal que comenzó su tarea condenando ejemplarmente a Etchecolatz en 2006, y que se va desdibujando en el potencial rol de nuevos magistrados más permeables a los planteos de los defensores de los genocidas, como el otorgamiento de domiciliarias, la existencia de atenuantes a la hora de dictar condenas o las “dudas razonables” para sobreseer a probados asesinos. Esto afectará el futuro de los juicios contra los genocidas en La Plata, que ya viene siendo fragmentario y tardío.

20. LA DOMICILIARIA
A poco de cumplirse 10 años de la segunda desaparición forzada de López, la situación de impunidad llegó a extremos impensados. El pasado 22 de julio el TOF 1 de La Plata concedió el arresto domiciliario a Etchecolatz en algunas causas donde ya fue sentenciado. Si bien la medida no se hará efectiva porque el represor está condenado en otras causas y detenido en procesos pendientes de juicio, con esta medida sólo generan mayor impunidad. Los jueces Germán Castelli y Jorge Michelli no tuvieron en cuenta que el genocida está hoy condenado a 3 cadenas perpetuas, más una sentencia de 25 años y otra de 7, todo ello por delitos gravísimos como el secuestro, tortura y homicidio de decenas de militantes políticos y por el robo de al menos una niña apropiada por los represores. La defensa del genocida había pedido la domiciliaria apelando a la ley 24.660, que habilita el beneficio a mayores de 70, enfermos terminales, o quienes no puedan tratar su dolencia en un hospital. Este año dos informes médicos, uno del Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza y otro del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema, venían sosteniendo la decisión de mantener al genocida con todas las atenciones necesarias, pero en la cárcel. Sin embargo los médicos del Servicio Penitenciario, José Francos y Nelsy Medina, declararon ante el TOF 1 que sugerían la domiciliaria “considerando la situación desde una óptica humanitaria”. Beneficiar a los genocidas con domiciliarias es desconocer que el requisito de la edad no es una causal de aplicación automática para la concesión del beneficio, y que crímenes gravísimos como los que se están juzgando deberían quedar excluidos de estos privilegios. Lo contrario es avalar que el Estado se desentienda de ofrecer todas las garantías de atención médica a los represores. Pero en un país con justicia de clase el mismo Estado no garantiza condiciones de detención mínima a los miles de pobres diablos presos por atentar contra la propiedad privada.
Etchecolatz se ha encargado en estos años de tensar la cuerda sobre sus beneficios hasta llegar al ridículo, como cuando denunció que en la cárcel no tenía peluquero ni pedicuro y argumentó que el pelo largo “vulnera el resguardo de higiene”. La campaña de sus abogados por su definitiva y efectiva domiciliaria no cesa: han presentado un recurso de Habeas Corpus, donde curiosamente reconocen que el represor realizó una huelga de hambre para desmejorar su estado de salud y así presionar por su situación. Los fiscales platenses denunciaron a los médicos penitenciarios por falsear la historia clínica del genocida para beneficiarlo. Así, Etchecolatz fue ganando terreno en varias causas, y obligó a la justicia a unificar una decisión sobre su lugar de alojamiento.
En el juicio de 2006 el mismo TOF1 que ahora lo beneficia, le había quitado la domiciliaria y lo había considerado “peligroso para sí y para terceros” tras secuestrarle un arma en su casa. En la misma casa donde ahora pretende volver: Boulevard del Nuevo Bosque entre Guaraníes y Tobas, Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata.
Pero el problema no es nuevo. Durante el gobierno kirchnerista se otorgaron 440 domiciliarias a genocidas y otras 50 en el gobierno de Macri. Eso significa que, según datos oficiales del Ministerio Publico, hay al menos 490 represores procesados o condenados disfrutando en sus casas.

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