NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

miércoles, 30 de mayo de 2012

CONTINÚA EL ESPLENDOR DE LA IMPUNIDAD BIOLÓGICA.

MURIÓ EL GENOCIDA ALEJANDRO ARIAS DUVAL

Confirmando tristemente las denuncias que los organismos de Derechos Humanos independientes de la gestión actual venimos haciendo sobre la situación de impunidad de que gozan los represores de la última dictadura pese a la reapertura de los procesos judiciales en su contra, el pasado viernes falleció impune otro genocida: el coronel del Ejército y ex jefe del Destacamento 101 de Inteligencia ALEJANDRO AGUSTÍN ARIAS DUVAL. Con su muerte quedan impunes cientos de delitos de los CCD Comisaría 5ta y de “La Cacha”, pero principalmente escapa a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en dictadura en La Plata.

Alejandro Arias Duval era Coronel del Ejército Argentino desde el 31/12/75. Con ese grado se desempeñó en el Batallón de Inteligencia 601 hasta el 15/12/76, fecha en la cual fue designado como jefe del Destacamento de Inteligencia 101 en la ciudad de La Plata (calle 55 entre 7 8), dependiente del Comando en Jefe del Ejército, Jefatura II Inteligencia. En su legajo consta que uno de los superiores jerárquicos que calificaban a Arias Duval en el período 75/76 fue el General de División Carlos Guillermo Suárez Mason, titular de la Zona I del Comando del Ejército, del cual dependía la Comisaría 5ta de La Plata. Recién en 1979 pasó a desempeñarse, en comisión, en la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires.

Arias Duval era uno de los 26(-1) represores juzgados en el juicio “Circuito Camps” desde septiembre pasado y pese a su alto mando en la estructura represiva, se lo acusaba por sólo los 4 casos de la casa Mariani-Teruggi y 10 casos de secuestros y torturas del CCD Comisaría 5ta: Raúl Abelardo Mingo, Alfredo Pedro Bravo, Héctor Hugo Malnatti Salazar, Mirta Pérez, Elba Nidia Videla de Medrano, Fernando Ernesto Blanco Stradolini, Roberto Rómulo Quispe Herrera, Adolfo Agustín Ramírez, Héctor Ramírez y Eduardo Esteban Mingo.

Como prueba de la existencia de los hechos y de su responsabilidad penal se destacó en lo que iba del juicio la relación de Arias Duval, en su carácter de jefe del Destacamento 101 de Inteligencia, con el CCD que funcionó en la Comisaría 5ta de La Plata y, en general, con todo el circuito represivo denominado “Circuito Camps”. Fue probada la vinculación que durante la etapa del terrorismo de Estado tuvo la Policía de la Provincia de Buenos Aires con las Fuerzas Armadas y, en particular, con el Ejército y sus áreas dedicadas a la realización de las tareas de inteligencia realizadas en la llamada “comunidad informativa”, en la que participaban las 3 armas y las policías para realizar seguimientos o bien secuestros y torturas a través de las cuales se extraía información a las víctimas. En el juicio se recordó se recordó que la ciudad de La Plata se hallaba incluida en la órbita del comando de la Zona I, dependiente del Primer Cuerpo del Ejército, subzona 11, que tenía como comando a la Xma Brigada de Infantería y como órgano de inteligencia al Destacamento 101 de La Plata, cuyo máximo responsable, a partir de fines de 1976, fue Alejandro Agustín Arias Duval. A su vez se mencionó en que está probada la relación existente entre el Destacamento de Inteligencia 101 con el área operacional 113, que tuvo actuación operativa directa en los centros clandestinos de esta ciudad, incluso los que funcionaron en el interior de dependencias de la Policía. Queda claro hoy que si la jefatura del área 113 se encontraba en el Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata, las operaciones de inteligencia tendría que proveerlas el área especializada más cercana orgánica y fácticamente, o sea, el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata que, por lo demás, se hallaba en pleno centro de la ciudad (calle 55 Nro 617/619, e/7 y 8), a pocas cuadras de la Brigada de Investigaciones de La Plata (55 e/13 y 14), de la Comisaría 5ta (diagonal 74 e/23 y 24) y del propio Regimiento 7 (19 e/50 y 54).

Por otra parte, se señaló que el derrotero de Arias Duval en el área de inteligencia no comienza con la Jefatura del Destacamento 101, sino que antes de ello prestó funciones en el Batallón de Inteligencia 601, órgano principal de inteligencia del arma Ejército. Esta dependencia funcionó –como todas las áreas de inteligencia de cada comando de zona- como centro de recepción y remisión de información, dependiente de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército.
De hecho, el Batallón 601 tenía por debajo de su estructura la llamada Central de Reunión, que tenía a cargo “Grupos de Tareas” que eran periféricos a este y la información que recolectaban se transmitía a la Central y posteriormente al Batallón. Desde allí se organizaban y se implementaban los operativos, comandados por la dependencia de cada zona y se sometía a las personas detenidas a interrogatorios para extraer la mayor cantidad de información.

Está claro a esta altura que en nuestra región la “Comunidad Informativa” tuvo uno de sus mayores exponentes, además del Destacamento 101, en la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Este organismo tenía un rol protagónico en el esquema represivo del “Circuito Camps” y constituía, sin dudas, uno de los muchos puntos de enlace entre las Fuerzas Armadas y la policía.

El caso del ataque a la casa de la familia Mariani-Teruggi revela a las claras este eslabonamiento entre el aparato represivo del Ejército y de la Policía y, más precisamente, entre sus áreas de inteligencia. Antes del ataque a la casa, el Batallón 601 y por ende sus destacamentos, ya contaban con información previa sobre las víctimas y continuaron actuando sobre el entorno luego del ataque. Pero además se ha acreditado que el Destacamento 101, comandado por Arias Duval, también tuvo una intrínseca relación con el sistema de centros clandestinos de detención que operaba en la zona (como los de la Brigada, el Destacamento de Arana, la comisaría 5ta de La Plata y La Cacha) para, en propias definiciones, “neutralizar y aniquilar al oponente”, que eran “todas las organizaciones o elementos integrados en ellas existentes en el país o que pudiera surgir del proceso que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/o obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer”.


Vista Actual del Destacamiento.

Para entender el peso de la acción del genocida Arial Duval, cabe decir que la función de las unidades de inteligencia militar –a cargo del Destacamento de Inteligencia 101, fue diseñar y controlar el accionar represivo, seleccionando blancos, determinando el orden de los detenidos, asignándoles un destino de acuerdo a un patrón operacional y planificar la continuidad en el tiempo y el terreno de la actividad contrainsurgente. Este accionar no era improvisado ni espontáneo, se enmarcaba estrictamente en Reglamentos, Normas, Manuales y Órdenes de combate de las Fuerzas Armadas. En el organigrama interno del Destacamento de Inteligencia 101 estaba establecida la figura del jefe, cargo que era ejercido por un coronel o teniente coronel; del 2do jefe, un teniente coronel o mayor y que a su vez significa el ejercicio de la jefatura del estado mayor; y luego los jefes de cada sección (Reunión interior, Grupo de Actividades Especiales, Central de Reunión, y Logística), cargo que ocupaban capitanes o tenientes primeros.

En la investigación sobre “La Cacha” que elevó a juicio el Juez Humberto Blanco en marzo pasado, figuran 18 represores imputados por 127 casos de secuestros, torturas y homicidios y 3 apropiaciones. Las principales imputaciones, junto con agentes de la Armada, el SPB y sus jefes políticos, corresponden a integrantes de las distintas secciones del Destacamento 101 e incluían a su jefe, Arias Duval. Esto quiere decir que una de las cabezas máximas de la inteligencia militar en la zona no será parte del próximo juicio que se realizará en La Plata el año que viene, porque pasó a integrar la irreversible cifra de 302 represores muertos sin condena desde la caída de las leyes de impunidad.

Si el ejemplo de Rodolfo Walsh nos supo decir que las FFAA no eran “el fiel de la balanza entre ‘violencias de distintos signos’ ni el árbitro justo entre ‘dos terrorismos’, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte”, podemos decir en este caso que la muerte impune de tantos genocidas, último eslabón en una larga cadena de evasiones de la justicia, sigue inclinando el fiel de la balanza hacia la impunidad: 302 genocidas muertos impunes vs. 289 condenados.
Arias Duval quedará en la historia como uno de los genocidas que proporcionó a la estructura represiva clandestina los medios necesarios para cumplir con sus propósitos, o lo que los franceses tan bien enseñaron a sus alumnos locales: su aparato de inteligencia.

HIJOS LA PLATA
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martes, 29 de mayo de 2012

CONTINÚA EL ESPLENDOR DE LA IMPUNIDAD BIOLÓGICA.

MURIÓ EL GENOCIDA ALEJANDRO MURIÓ EL GENOCIDA ALEJANDRO AGUSTÍN ARIAS DUVAL.

Más Impunidad Biológ...
Confirmando tristemente las denuncias que los organismos de Derechos Humanos independientes de la gestión actual venimos haciendo sobre  la situación de impunidad de que gozan los represores de la última dictadura pese a la reapertura de los procesos judiciales en su contra, el pasado viernes falleció impune otro genocida: el coronel del Ejército y ex jefe del Destacamento 101 de Inteligencia ALEJANDRO AGUSTÍN ARIAS DUVAL. Con su muerte quedan impunes cientos de delitos de los CCD Comisaría 5ta y de “La Cacha”, pero principalmente escapa a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en dictadura en La Plata.
Alejandro Arias Duval era Coronel del Ejército Argentino desde el 31/12/75. Con ese grado se desempeñó en el Batallón de Inteligencia 601 hasta el 15/12/76, fecha en la cual fue designado como jefe del Destacamento de Inteligencia 101 en la ciudad de La Plata (calle 55 entre 7  8), dependiente del Comando en Jefe del Ejército, Jefatura II Inteligencia. En su legajo consta que uno de los superiores jerárquicos que calificaban a Arias Duval en el período 75/76 fue el General de División Carlos Guillermo Suárez Mason, titular de la Zona I del Comando del Ejército, del cual dependía la Comisaría 5ta de La Plata. Recién en 1979 pasó a desempeñarse, en comisión, en la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires.
Arias Duval era uno de los 26(-1) represores juzgados en el juicio “Circuito Camps” desde septiembre pasado y pese a su alto mando en la estructura represiva, se lo acusaba por sólo los 4 casos de la casa Mariani-Teruggi y 10 casos de secuestros y torturas del CCD Comisaría 5ta: Raúl Abelardo Mingo, Alfredo Pedro Bravo, Héctor Hugo Malnatti Salazar, Mirta Pérez, Elba Nidia Videla de Medrano, Fernando Ernesto Blanco Stradolini, Roberto Rómulo Quispe Herrera, Adolfo Agustín Ramírez, Héctor Ramírez y Eduardo Esteban Mingo.
Como prueba de la existencia de los hechos y de su responsabilidad penal se destacó en lo que iba del juicio la relación de Arias Duval, en su carácter de jefe del Destacamento 101 de Inteligencia, con el CCD que funcionó en la Comisaría 5ta de La Plata y, en general, con todo el circuito represivo denominado “Circuito Camps”. Fue probada la vinculación que durante la etapa del terrorismo de Estado tuvo la Policía de la Provincia de Buenos Aires con las Fuerzas Armadas y, en particular, con el Ejército y sus áreas dedicadas a la realización de las tareas de inteligencia realizadas en la llamada “comunidad informativa”, en la que participaban las 3 armas y las policías para realizar seguimientos o bien secuestros y torturas a través de las cuales se extraía información a las víctimas. En el juicio se recordó se recordó que la ciudad de La Plata se hallaba incluida en la órbita del comando de la Zona I , dependiente del Primer Cuerpo del Ejército, subzona 11, que tenía como comando a la Xma Brigada de Infantería y como órgano de inteligencia al Destacamento 101 de La Plata , cuyo máximo responsable, a partir de fines de 1976, fue Alejandro Agustín Arias Duval.  A su vez se mencionó en que está probada la relación existente entre el Destacamento de Inteligencia 101 con el área operacional 113, que tuvo actuación operativa directa en los centros clandestinos de esta ciudad, incluso los que funcionaron en el interior de dependencias de la Policía. Queda claro hoy que si la jefatura del área 113 se encontraba en el Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata , las operaciones de inteligencia tendría que proveerlas el área especializada más cercana orgánica y fácticamente, o sea, el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata que, por lo demás, se hallaba en pleno centro de la ciudad (calle 55 Nro 617/619, e/7 y 8), a pocas cuadras de la Brigada de Investigaciones de La Plata (55 e/13 y 14), de la Comisaría 5ta (diagonal 74 e/23 y 24) y del propio Regimiento 7 (19 e/50 y 54).
Por otra parte, se señaló que el derrotero de Arias Duval en el área de inteligencia no comienza con la Jefatura del Destacamento 101, sino que antes de ello prestó funciones en el Batallón de Inteligencia 601, órgano principal de inteligencia del arma Ejército. Esta dependencia funcionó –como todas las áreas de inteligencia de cada comando de zona- como centro de recepción y remisión de información, dependiente de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército.
De hecho, el Batallón 601 tenía por debajo de su estructura la llamada Central de Reunión, que tenía a cargo “Grupos de Tareas” que eran periféricos a este y la información que recolectaban se transmitía a la Central y posteriormente al Batallón. Desde allí se organizaban y se implementaban los operativos, comandados por la dependencia de cada zona y se sometía a las personas detenidas a interrogatorios para extraer la mayor cantidad de información.
Está claro a esta altura que en nuestra región la “Comunidad Informativa” tuvo uno de sus mayores exponentes, además del Destacamento 101, en la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Este organismo tenía un rol protagónico en el esquema represivo del “Circuito Camps” y constituía, sin dudas, uno de los muchos puntos de enlace entre las Fuerzas Armadas  y la policía.
El caso del ataque a la casa de la familia Mariani-Teruggi revela a las claras este eslabonamiento entre el aparato represivo del Ejército y de la Policía y, más precisamente, entre sus áreas de inteligencia. Antes del ataque a la casa, el Batallón 601 y por ende sus destacamentos, ya contaban con información previa sobre las víctimas y continuaron actuando sobre el entorno luego del ataque. Pero además se ha acreditado que el Destacamento 101, comandado por Arias Duval, también tuvo una intrínseca relación con el sistema de centros clandestinos de detención que operaba en la zona (como los de la Brigada , el Destacamento de Arana, la comisaría 5ta de La Plata y La Cacha) para, en propias definiciones, “neutralizar y aniquilar al oponente”, que eran “todas las organizaciones o elementos integrados en ellas existentes en el país o que pudiera surgir del proceso que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/o obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer”.
Vista ACtual del Des...
Para entender el peso de la acción del genocida Arial Duval, cabe decir que la función de las unidades de inteligencia militar –a cargo del Destacamento de Inteligencia 101,  fue diseñar y controlar el accionar represivo, seleccionando blancos, determinando el orden de los detenidos, asignándoles un destino de acuerdo a un patrón operacional y planificar la continuidad en el tiempo y el terreno de la actividad contrainsurgente. Este accionar no era improvisado ni espontáneo, se enmarcaba estrictamente en Reglamentos, Normas, Manuales y Órdenes de combate de las Fuerzas Armadas. En el organigrama interno del Destacamento de Inteligencia 101 estaba establecida la figura del jefe, cargo que era ejercido por un coronel o teniente coronel; del 2do jefe, un teniente coronel o mayor y que a su vez significa el ejercicio de la jefatura del estado mayor; y luego los jefes de cada sección (Reunión interior, Grupo de Actividades Especiales, Central de Reunión, y Logística), cargo que ocupaban capitanes o tenientes primeros.
En la investigación sobre “La Cacha” que elevó a juicio el Juez Humberto Blanco en marzo pasado, figuran 18 represores imputados por 127 casos de secuestros, torturas y homicidios y 3 apropiaciones. Las principales imputaciones, junto con agentes de la Armada, el SPB y sus jefes políticos, corresponden a integrantes de las distintas secciones del Destacamento 101 e incluían a su jefe, Arias Duval. Esto quiere decir que una de las cabezas máximas de la inteligencia militar en la zona no será parte del próximo juicio que se realizará en La Plata el año que viene, porque pasó a integrar la irreversible cifra de 302 represores muertos sin condena desde la caída de las leyes de impunidad.
Si el ejemplo de Rodolfo Walsh nos supo decir que las FFAA no eran “el fiel de la balanza entre ‘violencias de distintos signos’ ni el árbitro justo entre ‘dos terrorismos’, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte”, podemos decir en este caso que la muerte impune de tantos genocidas, último eslabón en una larga cadena de evasiones de la justicia, sigue inclinando el fiel de la balanza hacia la impunidad: 302 genocidas muertos impunes vs. 289 condenados.
Arias Duval quedará en la historia como uno de los genocidas que proporcionó a la estructura represiva clandestina los medios necesarios para cumplir con sus propósitos, o lo que los franceses tan bien enseñaron a sus alumnos locales: su aparato de inteligencia.
HIJOS LA PLATA

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lunes, 21 de mayo de 2012

Pozo de Banfield: Wolk Prófugo

Causa “Pozo de Banfield” Una instrucción pobre, con un represor prófugo.
Confirmando la caracterización de los juicios a los genocidas que las organizaciones de DDHH independientes venimos haciendo, que son tardíos, fragmentados y estirados indefinidamente, en abril pasado el Juez Arnaldo “No Puedo” Corazza decidió elevar a juicio oral la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD conocido como “Pozo de Banfield”. La tarea del juez se limitó a declarar clausurada la pobrísima instrucción que, pese al importante aporte de prueba que los organismos de DDHH realizaron, lo llevó a imputar a sólo 7 represores por este campo. El resto de los casos, como siempre, quedará para inciertos próximos juicios. 
El Pozo 
Ubicado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, el “Pozo” funcionó como centro clandestino de detención entre los años 1974 y 1978 en lo que era la Brigada de Investigaciones de Banfield. Es importante destacar que este CCD registra detenidos ilegales desde el año 1974, ya que allí fueron alojados una decena de compañeros secuestrados y torturados por la Triple A, y que posteriormente fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Incluso allí fue asesinado en la tortura el 17 de noviembre de 1974 Víctor Taboada, cuyo caso marcó los inicios de la mecánica del Terror de Estado en la década del ‘70. A partir de 1976 el “Pozo” dependió del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 3 del Ejército Argentino (La Tablada). Dos de los últimos secuestrados que estuvieron desaparecidos en Banfield fueron Adriana Chamorro y Eduardo Atilio Corro que relataron el proceso de desmantelamiento del lugar en octubre de 1978. Por este CCD pasaron alrededor de 292 detenidos. Y los organismos contabilizaron más de 200 represores vinculados a su funcionamiento. Una de las características específicas del “Pozo de Banfield” fue su papel relevante en el circuito de centros clandestinos que funcionó como apoyo para el llamado “Plan Cóndor”, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur parcialmente probada en el juicio que en marzo de 2011 condenó a sólo 4 genocidas por los casos de 65 compañeros que pasaron por el CCD “Automotores Orletti”, y que en el caso de Banfield alojó a parte del grupo de uruguayos militantes del MLN-AMS-GAU secuestrados entre diciembre del ’77 y mayo del ’78.Otra marca distintivas del “Pozo de Banfield” fue el gran número de embarazadas vistas allí y la cantidad de partos que se produjeron en ese lugar. Los casos de Adriana Calvo, que dio a luz en el auto que la trasladaba de Comisaría 5ta de La Plata a Banfield; el de Silvia Isabella Valenzi llevada del Pozo de Quilmes a parir al Hospital Iriarte de Quilmes, alojada en Banfield y apropiada su hija; y el de Stella Maris Montesano que dio a luz a su hijo Martín en una celda del CCD y desaparecida igual que su esposo Jorge Ogando; son sólo algunos de los que dan cuenta de la maternidad clandestina funcionaba en este CCD. Martín Ogando, Paula Logares y Victoria Moyano son algunos de los niños apropiados desde este lugar de muerte. 
La Causa 
Iniciada en febrero de 2006 a raíz de una denuncia presentada por HIJOS, la causa N° 26 Pozo de Banfield tuvo un tortuoso derrotero. En 2008, los organismos querellantes pidieron la imputación de cerca de 2000 represores en la causa, por todos los compañeros que pasaron por el campo. En 2010 Corazza decidió procesar, a instancias del requerimiento fiscal, a 6 genocidas (4 de ellos ya procesados en otras causas y pertenecientes a la cadena de mandos), e imputó como procesados nuevos al comisario Miguel Wolk y a Raúl Carlos Rodriguez. Fue sugestiva la imputación de Wolk, alias “El Patón" o "El Alemán”, quien fue uno de los jefes del Pozo de Banfield, porque durante años la justicia lo daba por muerto. Sólo ante la denuncia de una compañera ex detenida que lo reconoció en la calle, a partir de lo cual se determinó que vivía en el barrio marplatense de Punta Mogotes y seguía cobrando su jubilación, se lo pudo imputar en la causa. Pese a ello, la indagatoria a Wolk se realizó sin avisar a las querellas y se lo liberó por las famosas “razones de edad y salud”. En septiembre de 2011, con Corazza de vacaciones se reiteró infructuosamente el pedido. Finalmente, el 23 de marzo pasado, Justicia Ya! La Plata presentó una queja por retardo de justicia en causas que se investigan en el Juzgado Federal Nº3 a cargo de Corazza. Anteriormente, el colectivo había solicitado varios pedidos de indagatoria de alrededor 200 represores que actuaron en el Pozo de Banfield por los delitos cometidos contra más de 300 víctimas y que se describen en el Trabajo de Recopilación de Datos sobre ese campo realizado por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. La insistencia peticionaba la INMEDIATA DETENCIÓN E INDAGATORIA de todos los responsables, desde el entonces dictador Jorge Rafael Videla, hasta los comisarios, oficiales, suboficiales y agentes que se desempeñaron en el Pozo de Banfield y en el Pozo de Quilmes, cuyos nombres, apellidos y números de legajos entregaron al juez hacía ya 4 años. La compañera de Justicia Ya! Irene Ipolitto, que persiguió a Corazza durante años para que instruyera la causa como debiera hacer, reflexiona que “indudablemente hay una decisión política de no avanzar más que las viejas cadenas de mando y seguir argumentando, tomando como base lo que dice el código, que si no hay compañeros que hayan visto a los represores en los campos no los vana acusar. Creemos que a esta altura esas son excusas, y que exigir eso de los compañeros es no haber entendido nada de cómo funcionó la represión en el Circuito Camps: que los compañeros estuvieron todo el tiempo tabicados y que, por supuesto, los represores no aparecían mostrando la cédula y diciendo ‘yo soy fulano de tal’. Esos argumentos no se sostienen más”. Un mes después de esto, el 24 de abril de este año, Corazza se despachó con varios “no ha lugar” por pedidos de oposición a la elevación a juicio de la causa en estas condiciones, declaró la prescripción de la acción penal sobre el genocida Ignacio Oscar García “en virtud del fallecimiento del mismo”, y elevó la actuación al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°II de La Plata para realizar el juicio. 
Las Excusas 
“No tengo personal”, “estoy con otra causa”, “estoy cansado y nervioso”, “no soy Superman” y “a este paso vamos a terminar las causas en el 2040” fueron las excusas que varias veces dio Corazza a los organismos querellantes con cínica elocuencia. En resumen serán serán 7 represores llevados a juicio en esta causa: Rodolfo Aníbal Campos ( ), Ibérico Saint Jean (militar, gobernador de facto de la provincia), Miguel Etchecolatz (Director General de Investigaciones), Juan Miguel Wolk (Comisario. Jefe del CCD), Raúl Carlos Rodríguez (policía, segundo de Wolk), Jaime Smart (Ministro del gobierno defacto de la Provincia), y Jorge Antonio Bergés (médico policial). De todos ellos, sólo 3 son específicos de este CCD (Bergés, Wolk y Rodriguez), los otros son imputados por cadena de mandos. Las víctimas incluidas en el que será uno de los juicios de 2013 en La Plata son 134, entre ellas las apropiaciones del hijo de Gabriela Carriquiborde, de Carlos D´Elia Casco, María Lavalle Lemos, Victoria Moyano Artigas y Martín Ogando Montesano. El tribunal asignado, integrado por Nelson Jarazzo, Alejandro Esmoris y Jorge Micheli, no garantiza ninguna esperanza, si tenemos en cuenta que en agosto de 2009 Jarazzo y Esmoris protagonizaron una cachetada judicial en el proceso desarrollado en Mar del Plata por el caso del secuestro y desaparición de Carlos Labolita. En un juicio parcial y fragmentado en el que se juzgaba tan solo a 2 represores (el general Pedro Mansilla y el Coronel Alejandro Duret) la sentencia del Tribunal ratificó un criterio con el que muchos jueces federales afrontan los juicios a los genocidas: la condena a cárcel perpetua pero domiciliaria en el caso de Mansilla y la absolución lisa y llana de Alejandro Duret pese a tener todas las pruebas a disposición para condenarlo. Esto marcó un precedente muy grave. Duret fue jefe y responsable de inteligencia del Grupo de Artillería Blindada 1 de Azul en 1976 y fue señalado por la viuda de Labolita como integrante del grupo de tareas que secuestró a Labolita y que volvió a allanar la casa de la familia cinco días después del secuestro, llevando consigo al militante secuestrado con signos de tortura. Aun así los camaristas Jarazo y Esmoris consideraron insuficientes estas irrefutables pruebas y con ello pusieron en duda el valor del testimonio de los sobrevivientes y testigos. Recién el 10/04/2012 la Corte Suprema de Justicia confirmó el rechazo de la prisión domicilia, cosa que publicó en el sitio oficial de Internet C.I.J en la misma fecha. Lentamente, la causa llegó a la Cámara de Apelaciones de La Plata el 27 de abril y recién el 4 de mayo el Juez Arnaldo Corazza ordena su detención. Pero Wolf ya no estaba. Su abogado comunicó el día 3 de mayo que la hija denunció su “desaparición” en la Comisaría 5ta de Mar del Plata ese mismo 27 de abril. HOY WOLK ESTA PROFUGO. SIN NINGUN REGISTRO, SIN NINGUNA EXPLICACION, EXCEPTO LA DE LA IMPUNIDAD Y LA COMPLICIDAD DE LA JUSTICIA. 
En esta causa, como en varias más, la justicia llegará tarde y a cuentagotas. Pero por la memoria de Adriana Calvo y Virginia Ogando, querellantes en la causa que no llegarán a ver el juicio, estaremos allí para exigir Juicio y Castigo a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros. 
HIJOS LA PLATA

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lunes, 14 de mayo de 2012

16/05 12hs. Charla en Trabajo social en el aula 3





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lunes, 7 de mayo de 2012

JUICIOS A LOS GENOCIDAS: MÁS CONDENAS A CUENTAGOTAS

Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 hasta marzo de 2012. Destacamos sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen condena de un tribunal federal del país, porque dan una idea más acabada del número de condenas a que se ha llegado en estos años.

Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) y del Poder Judicial (www.cij.gov.ar). Cabe destacar que si bien los organismos del Estado realizan seguimientos o informes coyunturales sobre los juicios, su ponderación de las cuantificaciones siempre están marcadas por la media de su respuesta como órgano público ante demandas populares, es decir, se muestra sólo lo que conviene a la rendición de cuentas de una actividad burocrática, relegando los problemas estructurales (políticos y operativos) que atraviesan al tema. Intentamos con estas líneas sumar a la discusión sobre el estado real del proceso de juzgamiento iniciado hace más de 8 años, sus contradicciones y avances, la profundidad de su razón de ser y la necesidad completarlo cuanto antes. Poder contar con estas cifras es importante para evaluar con argumentos sólidos el proceso de juzgamiento. Los datos nos confirman la significancia de la investigación independiente sobre estos temas, y nos inducen a pensar que lo sustancial no es sólo cuantificar qué hizo una gestión de gobierno en abstracto, sino comparar la dimensión real de participación de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad en el Terrorismo de Estado, que supera ampliamente los varios miles de ejecutores, con el último impulso de condena que se viene dando desde 2003.

La presidenta Cristina Fernández hizo hace poco un acto de abandono del optimismo que venía manifestando sobre el proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura. Lo hizo en una fecha clave: el de 10 diciembre de 2011, día internacional de los DDHH. En ocasión de su reasunción de mando ante el Congreso de la Nación dijo, casi librando el proceso a su propia suerte: “Y yo decía, tengo acá una frase del discurso que pronunciara con motivo de la asunción en el 2007 que, si me permiten, lo voy a leer textualmente, referido, precisamente, a los juicios de derechos humanos: ‘Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato- me refería obviamente al mandato que se iniciaba el 10 de diciembre del 2007-, estos juicios que han demorado más de treinta años en ser iniciados, puedan ser terminados’. Si bien se registra un gran avance en los mismos, lo único que sueño y lo único que le pido a la Justicia de mi país, es que el próximo presidente que tenga que prestar juramento el 10 de diciembre del 2015, no tenga que volver a pronunciar esta frase y hayamos dado vuelta definitivamente una página tan trágica de nuestra historia”.
Lo que propone la presidenta es técnicamente impracticable. Sobre todo si pensamos que en 8 años de caídas las leyes de impunidad se juzgó al 15% de los represores procesados, que son una ínfima parte de los que participaron del genocidio, y que la cantidad de juicios por año es constante al igual que el promedio de imputados por juicio. ¿A través de qué solución voluntarista habríamos de pensar que en la mitad de tiempo se hará una tarea que, así planteadas las cosas, llevará varias décadas si es que los represores no deciden morirse antes?.

En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo, que se logra sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que este gobierno no está dispuesto a dar. Por ello, la voluntad manifiesta del oficialismo de “clausurar esta etapa histórica”, será una efectiva clausura, pero que dejará a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo.

En Marzo de 2012 se cumplieron 8 años y medio de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, tiempo en que el Estado argentino sólo efectivizó 68 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 68 juicios estuvieron procesados 314 imputados (algunos represores en varias causas), donde hubo 289 condenas, 24 absoluciones y dos muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 1436 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 15 % del total de los 1.800 procesados desde 2003 fue condenado, y en la mitad de los casos con codenas menores al máximo de la pena.

Para un balance rápido sobre la situación de impunidad es interesante comparar los datos de condenas con los de represores muertos antes que la justicia llegue a condenarlos, porque da una pauta de la falta de celeridad del proceso. La balanza sigue inclinando hacia la impunidad, ya que son 292 genocidas muertos impunes contra 289 condenados.

Los últimos ocho genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena. El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes. En diciembre pasado, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. En febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. El último caso nos tocó de carca en La Plata, ya que se trata de la muerte de Rubén Oscar Páez, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata e imputado en el juicio “Circuito Camps” que desde octubre pasado se desarrolla en nuestra ciudad. La muerte de Paez, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti y Osvaldo Sertorio en la instrucción de estas causas, no hace más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones. Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 años venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.

Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 1.800 procesados, ese 15 % de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.
En cuanto a las zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías provinciales se han hecho:
- 24 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo con 99 condenas.
- 16 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo con 56 condenas.
- 19 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército con 80 condenas.
Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento fue de solo un proceso: el que en Abril de 2011 condenó a Luís Patti, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y dos genocidas más, por 5 casos en hechos represivos cometidos en el partido de Escobar y zona de influencia.
Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 2 juicios que condenaron a 14 policías y militares que actuaron en los CCD “La Escuelita” de Neuquén, las comisarías de Sierra Grande y Viedma y la Escuela de Cadetes de Viedma.
En cuanto al resto de las fuerzas represivas, sólo se logró condenar a 21 integrantes de las patotas de la Armada y un civil, Juan Herzberg en la Causa Alonso de La Plata, por el caso de apropiación de Natalia Suarez Nelson-Corvalán, a Justo Ortiz y Roberto Pertusio en la causa de Base Naval de Mar del Plata y a 17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA. Además sólo 4 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha (Pedro Barda, Cesar Comes, Hipólito Mariani y Gregorio Molina) en las causas Mansión Seré y Área Mar del Plata. Y hubo sólo 1 integrante de Gendarmería condenado, Víctor Enrique Rei, en el caso de la apropiación de Alejandro Adrián Fontana-Sandoval.

Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 68 procesos realizados, más de la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron.
Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 45 % de los represores fueron condenados al máximo de la pena (prisión o reclusión perpetua). En efecto, el 17 % de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 38 % menos de 25 años.
Además hubo 24 polémicas absoluciones, de las que destacamos el caso del genocida Alejandro Duret en la causa por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; el del represor Miguel Angel Trimarchi, perdonado en el juicio por la Masacre de Fátima por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal; el caso del torturador de la Policía Federal Juan Carlos Falcón, eximido en el juicio parcial del Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Capital Federal; el reguero de perdones que despachó el TOF Nº 1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total de 31, en el proceso por los hechos de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia y el escandaloso perdón en los 13 casos en que se acusaba al torturador Juan Carlos Rolón en el juicio parcial por hechos ocurridos en la ESMA. De hecho, entre los 17 juicios realizados en 2011, hubo absoluciones de 7 genocidas en 6 de ellos. Estos casos alertan sobre la necesidad de completar las investigaciones incriminatorias preliminares sobre cada imputado para arribar a la etapa oral sin dar posibilidad a las “dudas” absolutorias.
Hay que destacar un estancamiento en la cantidad de procesos que se realizan cada año, si se pondera que en 2010 se realizaron 19 juicios con cerca de 150 condenas y en 2011 fueron 21 juicios en todo el año con sólo 85 condenas (la mitad de ellas a perpetua) y 7 absoluciones, por un total de 448 casos de víctimas del Terrorismo de Estado. Es grave el estancamiento de la tendencia, a corroborar este año, si se tiene en cuenta que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios de 2006, los 2 de 2007, los 5 de 2008 y 13 de 2009. Y que según datos del poder judicial, hasta junio de 2012 son 12 los juicios orales que tienen fecha de inicio confirmada y que se realizarán en Mar del Plata, Capital, Comodoro Rivadavia, Rosario, Neuquén, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja, Salta y Santa Fe. Sumados a los 7 que se están realizando desde 2011 sumarían sólo 19. En marzo de 2012 llegó a sentencia la Causa por Carlos Alberto Moreno en Mar del Plata.
Más pesimista es el balance sobre 2011 al corroborar que, salvo en la Causa ESMA, en la mayoría de los procesos de este año se juzgó a menos de 10 represores por causa, siendo que se tuvieron en cuenta hechos y centros represivos tan importantes como los CCD “Orletti”, “Vesubio”, la “causa Urondo”, la masacre de “Margarita Belén” y la segunda versión de la causa “Las Palomitas”. Además en 2011 hubo sólo 4 procesos por supresión de identidad y apropiación de hijos de desaparecidos, en los casos Cabandié y Evelin Karina Bauer Pegoraro en Capital Federal, Martínez Aranda-Goya en San Juan y por los mellizos Negro-Valenzuela en Paraná. Y más allá de que se está realizando el juicio por el “Plan Sistemático” de apropiación de hijos de desaparecidos, que sólo contempla 34 casos (27 de ellos nacidos en cautiverio), estos datos marcan la urgencia de un replanteo sobre la política de restitución de los más de 400 niños apropiados a los que falta devolverles su verdadera identidad, más aún cuando el proceso no está acompañado del castigo penal a todos los apropiadores.

Para La Plata el año 2011 no sumó grandes cambios, ya que si bien comenzó un proceso largo con 26 represores imputados por unas 300 víctimas, en 2011 sólo se pudo condenar al guardia cárcel de la Unidad Penitenciaria N° 9, Pedro César Guerrero, juzgado en una causa residual de la de “Unidad 9” de la que quedó afuera gracias a haberse profugado en la etapa de instrucción, y donde fue condenado a sólo 9 años de prisión por 7 de los 15 casos de torturas a presos políticos de los que se lo acusaba. Suman 20 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU.

Por último, hay en la jurisdicción federal de La Plata unas 15 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a 54 represores a ser juzgados en próximos juicios.
Casi la única novedad a mencionar respecto a los reclamos de los organismos de DD.HH sobre mayor celeridad en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica de CCD o de Circuito represivo y contra la revictimización que el esquema fragmentado de juicios está planteando, se refleja en una tardía y tibia propuesta de la Cámara de Casación Penal, que prometió convocar a un plenario especial en febrero de 2012 para “fijar reglas prácticas” para agilizar los juicios. En realidad esa es una facultad que este tribunal (encargado de revisar los procesos llegados a sentencia como instancia anterior a la Corte Suprema) siempre tuvo, pero nunca usó y que lo transformó en un verdadero obstáculo que acumulaba más de 100 recursos por año en expedientes de lesa humanidad y con ello estiraba el proceso de condenas. Según un informe reciente de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de Derechos Humanos de la Procuración General, en 2011 Casación revisó sólo 6 sentencias, y de los represores sentenciados, sólo 43 tienen condena firme. En cuanto a su propuesta para agilizar los juicios y preservar a los testigos, en la resolución N°20/2011, titulada “sobre testigos víctimas”, el tribunal propone genéricamente “arbitrar los medios necesarios para disminuir y/o evitar cualquier agravamiento en la condición psicológica de las víctimas”. La promocionada Acordada N°1 de 2012, firmada por algunos de los jueces que se cansaron de otorgar excarcelaciones a los genocidas como Eduardo Riggi, Raúl Madueño y Ángela Ledesma recoge los siguientes viejos reclamos de las querellas: En instancias de impugnaciones, movilizar sólo las piezas imprescindibles de la causa y no todo el cuerpo; en cuanto a plazos procesales, se rechazarán planteos que no decidan las cuestiones principales y retarden innecesariamente; se deberá citar a juicio y a ofrecimiento de prueba a todas las partes en conjunto, remitiéndoles la causa a tiempo; se llamará a audiencia preliminar al juicio con todas las aprtes para acordar limitar la prueba a lo más relevante, así como producir allí la lectura de requerimientos de elevación para acelerar el juicio; se dará la posibilidad de reproducir en audiencia testimonios de otros juicios en soportes audiovisuales, pertinentes por conexidad; y con ello sustituir el testimonio en persona por soporte audiovisual o por escrito, excepto oposición de alguna parte, donde el tribunal debe requerir motivo e interés puntual y luego resolver sin afectar el derecho a control de la prueba o a repreguntar; se tratará evitar divulgar datos personales de las víctimas y testigos, y no utilizar agentes de seguridad para notificarlos; y limitar la extensión de los alegatos de querellas y defensas y las últimas palabras de los imputados para noestirar los procesos.

En realidad estos conceptos sólo sugieren a las Cámaras Federales un ideal de acción en cuestiones formales, sobre todo para acelerar los debates orales, cuestiones que si bien son importantes, no alcanzan para romper la estructura de impunidad que la propia instrucción infinita y fragmentada de las causas termina imponiendo como realidad que, a más de 8 años de caídas las leyes de impunidad, siga habiendo más genocidas muertos impunes que efectivamente condenados.

A 36 años del golpe genocida seguimos luchando por:

- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
- JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION O CIRCUITO REPRESIVO.
- RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. - JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ Y DE LUCIANO ARRUGA.
- BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO.
- BASTA DE GATILLO FÁCIL. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS.
- BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES.

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
PRESENTES!!!

¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!

HIJOS LA PLATA

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