NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

viernes, 10 de junio de 2016

Busquen al prófugo Gerez ya!

Causa Andrés Nuñez

Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil exigimos a la justicia una estrategia real de búsqueda y detención del ex Oficial Inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Pablo Martín Gerez, imputado y prófugo desde hace más de 25 años en la causa por el secuestro, torturas, asesinato y ocultamiento del cuerpo de Andrés Nuñez por agentes de la Brigada de Investigaciones de La Plata, hecho ocurrido el 27 de septiembre de 1990.
Asimismo exigimos la pronta realización del juicio oral y público al comisario Luis Raúl Ponce, detenido en la misma causa hace mas de 3 años, tras dos décadas de estar prófugo, y sin que se haya realizado hasta hoy el debate oral correspondiente.


Pablo Martín Gerez, DNI 14.907.946, fue oficial inspector de la Brigada de La Plata, y como tal comandó el grupo operativo que en septiembre de 1990 secuestró, torturó y desapareció a Andrés Nuñez de su casa de Villa Elisa. Oriundo de General Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario Mario “Chorizo” Rodriguez, proveer el campo de aquella localidad donde descuartizaron, quemaron y enterraron a Andrés, y que era custodiado por un primo suyo.
La familia de Andrés ha aportado información sobre la familia de este criminal, ha pedido reiteradamente que el Estado se haga cargo de su responsabilidad para detener a este peligroso criminal y ponga a disposición herramientas para una investigación seria.
En una fenomenal tomada de pelo, en 2009 una abogada se presentó en la causa a nombre de Gerez que, aún prófugo, reclamaba la prescripción de la imputación y firmaba de puño y letra el recurso. Ocupada en otros urgentes menesteres, ninguna estructura de inteligencia policial ni judicial tiró de esa piola para ubicar a Gerez.
El ministerio de Seguridad de la provincia ha demostrado en estos años su real interés en la causa.
En 2005, mediante Resolución N°1620 ofreció de 20 a 50 mil pesos a quien aporte información para localizar a Gerez. En la sección “Búsqueda de personas” de la página del Ministerio no se actualizan los datos de la causa Nuñez desde hace 15 años, y aparece como instructor de la causa el juez Horacio Nardo, ya jubilado. (http://www.sistemas.mseg.gba.gov.ar/profugos/mostrarProfugo.aspx?idProfugo=72&tipo=2)
(http://www.mseg.gba.gov.ar/migra/Recompensas/Profugos%202005/gerez%20pablo%20martin.html)
Los muchachos del Ministerio también separan a los “ex policías” de los civiles, y dividen los casos por el delito imputado. Curiosamente, en la sección de “ex policías” no hay prófugos por torturas o apremios ilegales. Hacen aparecer a todos como prófugos por “violaciones a los DD.HH.”, “robo-extorsión” y “asociación ilícita-encubrimiento”. A Gerez lo ubican como prófugo por “homicidio”, al igual que lo hicieron durante años con Dos Santos, Gonzalez y Ponce, y pese a que la causa Nuñez en instrucción y en el juicio en que se condenó a Dos Santos y Gonzalez en 2010, y que tiene en espera de juicio a Ponce, es por torturas seguidas de muerte. (http://www.sistemas.mseg.gba.gov.ar/profugos/index.aspx?idDelito=5)
Desde la familia de Andrés estamos pidiendo que se incluya a Gerez en el programa “Buscar” del Ministerio de Justicia de la Nación, que se presenta como “de coordinación para la búsqueda de personas ordenadas por la Justicia” e incluye a prófugos en causas por crímenes de lesa humanidad, personas que hubiesen sido víctimas del delito de sustracción de menores en el marco del Terrorismo de Estado, y, como en el presente caso, personas que hubiesen tomado parte en la comisión de delitos que, por su gravedad o complejidad, justifiquen la recompensa para el suministro de información. (http://www.jus.gob.ar/la-justicia-argentina/programa-buscar.aspx)
La tardanza del Estado en llevar a juicio a estos criminales sólo genera más impunidad.
En marzo pasado murió impune el juez Amilcar Benigno Vara, destituido en jury en 1998 por su complicidad en el ocultamiento de la verdad en 27 casos de gatillo fácil y torturas durante la década del '90. Vara fue juez y parte en la causa Nuñez: fue el primer instructor del expediente, para ocultar la fuga de los responsables, a la vez que uno de los testigos del expediente mencionó que en la noche del crimen el juez se habría presentado en la Brigada de La Plata y había recomendado desaparecer el cuerpo torturado y sin vida de Andrés.
El juicio a Ponce, que tenía fecha para diciembre de 2013 y fue pospuesto, era la oportunidad de ampliar esa acusación y detener a Vara por este crimen. Y si bien eso no podrá ser, entendemos que están superadas todas las trabas dilatorias de la defensa de estos policías asesinos, y que no hay más excusas para llevar a Ponce a juicio ya mismo. Mucho más teniendo en cuenta que la Suprema Corte bonaerense ya se ha pronunciado ampliamente sobre la pretendida prescripción de este tipo de delitos. En mayo de 2013 el máximo tribunal de la provincia resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 4 policías responsables del asesinato y ocultamiento del cuerpo de Andrés. La Suprema Corte ordenó seguir investigando el caso al entender que se está ante una "grave violación de los derechos humanos con aptitud para comprometer la responsabilidad internacional del Estado". A su vez, en voto de marzo de 2014, el máximo tribunal provincial desechó los planteos de prescripción de la defensa de los imputados Ponce y Gerez y opinó que la gravedad del delito endilgado “impone extremar la diligencia judicial en procura de la identificación y sanción de sus responsables”.
Pese a los gobiernos que dicen defender los Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad han asesinado en todo el país desde 1983 a más de 4.600 personas con el gatillo fácil, las torturas y el fusilamiento público. La Bonaerense es denunciada por más de 1.200 casos mensuales de aplicación de tormentos en sedes policiales. Y hay más de 210 casos de desaparición forzada vinculada a motivos sociales y políticos registrados en las últimas 3 décadas.
Andrés Alberto Nuñez fue secuestrado en su domicilio la madrugada del 28 de septiembre de 1990 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, Estancia El Roble, donde lo incineraron sobre una chapa dentro de un tanque australiano en desuso. El caso de Andrés fue símbolo de la continuidad de las prácticas represivas con que la Policía bonaerense de la dictadura siguió actuando durante la gestión de Eduardo Duhalde, Alberto Piotti y Pedro Klodzyck en los ’90, y que hoy nos sigue asesinando con el gatillo fácil a un pibe de los barrios populares cada 26 horas.
En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos y Alfredo Gonzalez fueron condenados a perpetua por las torturas seguidas de la muerte de Andrés, sentencia confirmada en agosto de 2012.

GEREZ NOS TOMA EL PELO 

Por todo esto, la lucha por justicia en el caso de Andrés no está concluida.

*JUICIO Y CASTIGO A PONCE, GEREZ Y TODOS LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE ANDRÉS NUÑEZ. 
* EL PASO DEL TIEMPO SÓLO GENERA IMPUNIDAD. BASTA DE RETRASOS. 
*BASTA DE MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS. 
*BASTA DE NUEVOS DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA. 

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FACIL.
Familiares y amigxs de Omar Cigarán-Mauricio Andrada-Andrés Nuñez,
COB La Brecha, Colectivo Piedra Papel y Tijera, Correpi La Plata, Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional, HIJOS La Plata, Juventud Guevarista, La Retaguardia, Patria Grande, Surcos.

Facebook - Colectivo Contra el Gatillo Fácil
colec.cegf@gmail.com

Columna del Colectivo en “De Mañana es Mejor” por Radionauta FM -
Mirna Gomez y Julio de HIJOS hablando sobre el tema.
https://archive.org/details/160608DeMananaEsMejor499GatiloFacil

SEGUIR LEYENDO [+]

miércoles, 1 de junio de 2016

Fuera el cómplice Juan Carlos Marín del gremio del estado.

ACA ESTAN LAS PRUEBAS
Por HIJOS La Plata


Desde HIJOS La Plata seguimos exigiendo al Congreso Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la expulsión del gremio de Juan Carlos Marín, mencionado como cómplice del Genocidio en las declaraciones de varios sobrevivientes. Los testimonios se escucharon en el juicio realizado en 2015 en La Plata, donde se juzgó el accionar de la Armada y Prefectura a través de la Fuerza de Tareas Nº5 (http://juicioft5.blogspot.com.ar/) en la zona fabril de Ensenada, Berisso y La Plata. Los ex detenidos lo sindicaron como colaborador activo de los genocidas y entregador de compañeros mientras desempeñó el cargo de Secretario General de ATE Ensenada durante la última dictadura.
A más de 40 años del golpe genocida es sabido que si bien los asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones en el radio de la FT5 fueron llevados a cabo en su gran mayoría por personal de Armada y Prefectura, no fueron ajenos a manera de instigadores, entregadores y participes necesarios la burocracia sindical, los directivos de empresas, así como miembros del Poder Judicial, convirtiendo a las FFAA y de Seguridad en los sicarios que a través del terror, por un lado eliminara físicamente a todo aquel que se oponía a sus planes y por otro aleccionara al conjunto de la sociedad con el fin de paralizar toda reacción a esa política de terror, hambre y represión.
La complicidad con el Terrorismo de Estado de las cúpulas sindicales y de los directorios de las empresas de la zona de Río Santiago, fue palmaria en el transcurso de las audiencias del juicio a la FT5. Pero esa persecución empezó mucho antes del golpe, como lo prueba la gran cantidad de material sobre el Astillero y sobre las distintas fábricas de la región que posee la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (DIPPBA), así como los secuestros y asesinatos selectivos realizados meses antes del golpe, fueron llevados a cabo por la triple A, al mando de José López Rega, Ministro de Bienestar Social durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón.
Así lo demuestran los casos del “Pato” Noriega, operario del ARS asesinado en su casa el 11 de diciembre de 1975, y de los delegados de Propulsora Siderúrgica Salvador Delaturi y Carlos Scafide, asesinados el 13 de enero de 1976 por encargo de la UOM, y cuyos cuerpos aparecen dinamitados en Ignacio Correa luego de que la coordinadora de gremios en lucha convoque a un paro regional. También lo demuestran los secuestros y asesinatos de los trabajadores del Astillero Fortunato Andreucci, Pedro Gutzos y José Luis Lucero, ocurridos el 19 de marzo de 1976, y que son la prueba fehaciente de que los servicios de inteligencia se encontraban dentro de las fábricas y contaban con la complicidad de los directivos y de la burocracia sindical.
Varios testigos y sobrevivientes han dado detalles concretos en el juicio de esta complicidad que señalamos. Ante las afrentas de quienes dicen que “no hay prueba suficiente” para cuestionar a Marín, les recordamos que:

En el juicio “FT5” y a la pregunta sobre el rol del gremio del estado ante su detención, la trabajadora del Astillero Ana María Nievas fue muy clara: “El jefe de seguridad vino con el secretario de ATE, que era Juan Carlos Marín y me acusaron de montonera. El sindicato y la empresa entregó nombres de los trabajadores”. El 13 de enero de 1976 asesinaron a su cuñado, Juan Carlos Scafide, y al “Pampa” Delaturi. Al respecto, Nievas dijo: “Mi cuñado era un gran delegado que había sido amenazado por (Rubén) Diéguez” (Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica La Plata). Nievas, junto con su hermana, fue forzada al exilio. Cuando volvió de Italia fue al Astillero y la echaron. Pidió un certificado que conste que había trabajado, puesto que la empresa la había despedido por “abandono de trabajo”. Después de 31 años, en 2006, fue reincorporada, junto a 14 compañeros. Hoy es otra vez trabajadora de Astillero Río Santiago. Tiene 71 años, pero a pesar de su edad, no le reconocen los aportes para poder jubilarse.

Américo Piccinini, trabajador del ARS, sumó más datos al rol de la conducción de ATE Ensenada en los años de dictadura. Dijo que “nunca hicieron nada para defendernos” y que “señalaron a los compañeros como activistas”. Contó que la conducción del gremio, a cargo de Juan Carlos Marín y su patota, andaban armados, y recordó a un personaje llamado “El Negro” Llanos, que amedrentaba a los delegados combativos con el revólver en la cintura. Fue tajante al señalar que si no fueron cómplices “¿Por qué no se llevaron preso a uno solo del sindicato?”.
Piccinini también señaló que el Estado nunca le dio la reparación histórica ni laboral por haber sido despedido estando secuestrado, y que recién fue reincorporado al Astillero en 2006, junto a otros 12 compañeros. Pese a ello, nunca le reconocieron los años de trabajo y, aún hoy, un grupo de 26 trabajadores está reclamando ese reconocimiento para poder jubilarse.

Mario Peláez, trabajador del Astillero, dijo en este juicio que el secretario general de ATE Ensenada los denunció a él y a otros compañeros ante la policía de Ensenada. Contó cómo la burocracia sindical de ATE, aliada del gobierno nacional de Isabel de Perón, se oponía a la organización de los trabajadores que exigían el cumplimiento de sus derechos. Pelaez relató que en una ocasión se tenía previsto que la presidenta Martínez de Perón visitara el predio de Astillero en ocasión de la botadura de un barco, pero la oposición de los trabajadores provocó la suspensión de esa visita. Y que a partir de hechos como ése, los obreros combativos eran mal vistos por el sindicato. Contó, además, que Juan Carlos Marín era secretario general de ATE en ese momento, persona que actualmente, sigue en funciones en jubilados de ATE Ensenada, recientemente elegido. En la audiencia acusó de cómplices a la conducción de ATE, y reclamó al Gobierno Provincial y al Estado Nacional, que todavía no le reconocen los aportes para su jubilación, al igual que a muchos compañeros.

Pedro Niselsky, también trabajador del Astillero, relató en la audiencia que un día después de su secuestro, su señora recibió un telegrama de ARS comunicando su despido. Luego sería reincorporado en el 2006. Acusó al sindicato y a la dirección de Astillero Río Santiago por haberlo despedido y colaborado. Actualmente le niegan su jubilación.

Luis María Di Gaetano, operario de Astillero, dijo que los marinos tenían un listado de trabajadores muy posiblemente entregado por la propia empresa. Afirmó que el sindicato no hizo nada por ayudar a los trabajadores secuestrados ni a sus familias, y que en cambio tenían “fichado” a todo el personal en cuanto a sus adscripciones políticas.

Luis Córdoba, reseñó que trabajaba en la sección de alistamiento eléctrico en Astillero y había sido electo delegado de la línea combativa en el '75. Le habían ganado a la burocracia de ATE Ensenada, conducida por Juan Carlos Marín, las elecciones de paritarios para discutir los Convenios Colectivos de Trabajo. Por entonces, ya venía sufriendo amenazas de parte de la conducción del gremio: “Me ponían papeles en la caja de herramientas que decían “borráte porque sos boleta”. Describió a las patotas armadas del gremio como “verdaderas bandas”.

Silvina Arias, hija de Diego Arias, trabajador de Astillero, despedido en marzo del '76 y secuestrado cuatro meses más tarde y asesinado en el denominado operativo “5x1”, dijo en el debate que la tarde previa al secuestro de su padre, él había estado hablando con un amigo y compañero del Astillero y le había dicho “nos vamos a tener que ir”. Ya sabían de la suerte que habían corrido otros compañeros y amigos como Peláez y Gutzo y que el sindicato ATE Ensenada estaba entregando listas a la Marina.

Mariela Sander, hija de Luciano Sander, delegado en Astillero entre los años '69 y '72, también asesinado en el denominado operativo “5x1”, relató además que tras el secuestro de Ana Nievas en marzo del '76, su padre había ido a ver a Juan Horvart, secretario general de ATE nacional y además padrino de uno de sus hijos. Horvat le dijo “Andáte, no te puedo ayudar”. Cuatro meses más tarde fue secuestrado y asesinado.

Dionisio Puz, trabajador y delegado combativo del Astillero, dijo que habían tenido un conflicto gremial y la empresa decidió cerrar las puertas cuando estaban de paro. Afirmó que “con la dirección de Astillero, y el gremio y las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo” y agregó que ATE Ensenada “colaboró muchísimo con las listas negras para que nos detuvieran a nosotros” por lo cual señaló a la conducción como colaboradores.
Del sindicato recordó a varios representantes, como Nilo Bergeonneau (Bergenó), Morales y Marín. Confirmó el hecho en que antes del golpe, Marín fue a la comisaría donde estaba detenida Ana Nievas y la acusó de “montonera” frente a la policía. Relató que en otra ocasión el grupo de los delegados combativos fue sacado con armas del sindicato por la conducción burocrática, cuando estaban redactando un borrador del Convenio Colectivo que hoy está vigente.

Ante todo esto, nos preguntamos por qué la conducción de ATE Ensenada sigue sosteniendo a personajes como Marín. Como lo hizo hace dos semanas en la asamblea anual de memoria y balance donde, en una actitud vergonzosa se decidió, no solo no expulsarlo ni apartarlo del cargo, sino que se dispuso llevar el apoyo y respaldo de la seccional al Congreso Nacional de la asociación, expresando que no cuentan con pruebas suficientes en contra del “compañero Marín” y hasta tanto la justicia no se expida seguirán manteniéndolo en el cargo. En consecuencia, los sobrevivientes del Genocidio jubilados en la actualidad tienen como vicepresidente de su centro de jubilados a la persona que los entregó.
Con su ambigua posición ATE Ensenada pone en duda las declaraciones de los sobrevivientes realizadas en el juicio bajo juramento de verdad, donde se dio testimonio del accionar de la conducción gremial y los directivos de la fábricas en la dictadura, de la existencia de listas negras, de la inacción del gremio ante los despidos masivos, ante los secuestros, asesinatos y desapariciones de trabajadores en su mayoría pertenecientes a listas opositoras a la oficialista Azul y Blanca.
Nosotros afirmamos que es gracias a las palabras de los sobrevivientes, de los familiares, de los vecinos, de sus declaraciones que se pueden llevar adelante los juicios y lograr las condenas a los genocidas. Al igual que hizo el Estado cómplice durante décadas, ATE Ensenada nos piden más pruebas a nosotros, cuando en realidad son ellos como gremio los que deberían aportar toda la información que poseen, adoptar un rol activo frente a los juicios y exigirle al Estado que entregue los archivos de la dictadura y las pruebas que ellos si poseen.
Por eso les decimos que poner en duda la palabra de las víctimas es garantizar la impunidad de los genocidas, y eso es lo que está haciendo ATE Ensenada.
Por todo esto exigimos a la conducción nacional del gremio un poco de coherencia.
Tanto el Estatuto de ATE como el Reglamento del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados incluyen un régimen disciplinario que contempla sanciones de suspensión del gremio “por irregularidades en el desempeño de sus funciones como directivo o afiliado”, “por encontrarse privado de su libertad en razón de orden judicial dispuesta en proceso que le siga por delito cometido en perjuicio de una asociación sindical” (Artículo 11); así como de expulsión “por haber sido condenado por la comisión de delito en perjuicio de una asociación sindical” o “haber incurrido en actos susceptibles de acarrear graves perjuicios a la asociación sindical o haber provocado desordenes graves en su seno”. (Artículo 13).
Aquí están las pruebas. La expulsión es facultad privativa de la Asamblea, Congreso Provincial, Consejo Federal o Congreso Nacional. La conducción del gremio sabrá lo que debe resolver.

REPUDIAMOS LA DECISIÓN DE ATE ENSENADA DE RESPALDAR CÓMPLICES DEL GENOCIDIO.

EXIGIMOS AL CONGRESO NACIONAL DE ATE LA EXPULSION DE JUAN CARLOS MARÍN.

SEGUIR LEYENDO [+]